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A medida que se apilan viejas y nuevas exigencias de comunidades aborígenes que reclaman tierras fiscales o privadas por tener un vínculo ancestral y sagrado con ellas, hace 14 años que el Estado tiene la obligación de relevar todos los conflictos del país como punto de partida para encontrar una solución. Todavía no lo cumplió.

La ley 26.160 estableció en 2006 un primer paso para el reconocimiento estatal de los derechos de los pueblos originarios, prohibió los desalojos y puso un plazo de cuatro años para que el Gobierno elabore un registro de tierras ocupadas por las comunidades. Ante la demora en cumplir con ese relevamiento, la ley se prorrogó cada vez que se agotó el plazo que vuelve a vencer en 2021. El oficialismo prevé prorrogarla una vez más.

"Hay una deuda histórica de todas las administraciones de los últimos años sobre la situación indígena. La ley tiene que servir para hacer un diagnostico de situación a nivel nacional para pensar esquemas de devolución y reivindicación de tierras. Eso nunca pasó", dijo a LA NACION Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
https://www.lanacion.com.ar/politica/ademas-villa-mascardi-argentina-hay-al-menos-nid2439722/

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Hubo una alianza indígena, conformaron la asamblea de Guardianes Indigenas de América del sur y México (AGIASYM) en 2020 y reclamaron el respeto a las leyes constitucionales, refiriendo a la igualdad en el trato respecto al acceso de la salud del coronavirus. Ya que no se los estaba tratando y ayudando de igual forma en esta situación comparada con los demás. Como detalle, el texto se tradujo a las lenguas originarias como muestra de resistencia cultural ante esta falta de acceso y consideración sobre el coronavirus.

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Indígenas de América del Sur y México difundieron un manifiesto en el que reclamaron la aplicación "urgente" de leyes y tratados internacionales firmados por los estados y pidieron "igualdad en el trato a los originarios en la lucha contra el coronavirus", dijo hoy a Télam el omta (jefe) Samay Pachay, Roque Miguel Gil, jefe territorial de los Huarpes Pynkanta.

La Asamblea de Guardianes Indígenas de América del Sur y México (AGIASYM), conformada a partir del 21 de julio último tras la realización de un Congreso Internacional virtual convocado por los Huarpes Pynkanta de San Juan, Mendoza y San Luis, emitió un documento "fundante que recoge los reclamos de los pueblos indígenas de América del Sur y México", afirmó Gil.

El omta adelantó que el texto fue traducido a las lenguas originarias de los participantes "como muestra de resistencia cultural" y porque reúne los "pensares y decires" de más de 30 pueblos nación preexistentes que convergieron en un pedido "urgente" de reconocimiento de derechos "práctico", a partir de lo que reconocen como "la letra muerta de las leyes vigentes".

"Vemos con dolor cómo nuestros derechos continúan siendo mancillados y vulnerados" por el proceso de colonización global que "nos subsume hace más de 500 años a una cultura ajena, silenciando nuestras lenguas y alejándonos de nuestros territorios para explotarlos en su favor, despreciando nuestros saberes y negando nuestra preexistencia", relató.

Luego dijo que han "sobrevivido a este proceso inhumano, resistiendo al pensamiento único del poder y su destructiva forma de construirse sobre la memoria de nuestros pueblos".

"Conservando el camino de los ancestros, sin odio y con dignidad, señalamos a los diferentes gobiernos la desigualdad a la que históricamente fuimos sometidos", añadió.

"El Ser euro céntrico que impregna las representaciones políticas ha reconocido en sus normas constitucionales nacionales e internacionales nuestra preexistencia y vigencia, pero no la ha puesto en práctica, por lo que se ha convertido en letra muerta en muchos países, privándonos de los derechos elementales que son parte de nuestra identidad y nuestra cultura", agregó.

Con respecto al impacto del coronavirus en las comunidades, recordó que tras haber sobrevivido a "distintas pandemias", la del Covid-19 reveló "el racismo y la desigualdad, incluso en la políticas estatales y de Gobierno".

La máxima autoridad territorial del Pueblo Nacional Huarpe Pynkanta reclamó, en nombre de los pueblos de la Alianza, "el respeto a la leyes constitucionales de los países que apoyan el Buen Vivir" y a las normas internacionales "como el Convenio 169 de la OIT" y que los Estados que no lo reconocieron, "lo hagan con urgencia".

También reclamaron por el respeto de la propiedad comunitaria y la restitución de territorios sitios sagrados. (Art. 14 OIT); el reconocimiento y protección de las prácticas de Espiritualidad Indígena, de sus Instituciones, y sus autoridades (art. 5 y 12 de ONU y art. Xlll de la OEA).

Por último, pidieron que los Estados cumplan "con la creación de políticas públicas" en cuanto a derechos humanos vinculados a la salud, educación, alimentación e infraestructuras, con "amplia participación" de los pueblos indígenas y el respeto de la medicina ancestral y su soberanía alimentaria.

El manifiesto de la Alianza de los Guardianes Indígenas fue aprobado por los pueblos Diaguita, Wichi, Günum A Küna, Tehuelche, Charrúa, Comechingón, Qom, Guaraní, Mapuche, Ranquel, Guaraní, Kunza Atacama, Kolla, Kilmes, Diaguita Tolombon, Yanakona, Kilmes Ligua, Quichua Kayambi, Quichua Pastaza, Maya, Guampis, Wuayuu, Consejo Nacional Diaguita, Consejo Supremo Indígena Tarahumara, Nasa, Lule, Huarpe Pynkanta, Quechua y Tayta Ullpu.

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Alianza Indígena reclama la igualdad en el acceso a la salud contra el coronavirus

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Indígenas de América del Sur y México difundieron un manifiesto en el que reclamaron la aplicación "urgente" de leyes y tratados internacionales firmados por los estados y pidieron "igualdad en el trato a los originarios en la lucha contra el coronavirus", dijo hoy a Télam el omta (jefe) Samay Pachay, Roque Miguel Gil, jefe territorial de los Huarpes Pynkanta.

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Los integrantes de pueblos indígenas en el territorio argentino, más específicamente en Salta, exigen el cumplimiento de derechos ya que no son otorgados por el estado argentino.

Además, 13 organizaciones firmaron un documento donde explican como es su calidad de vida en los territorios que les fueron otorgados en la provincia. Este documento más algunas notas específicas, fueron enviadas al ministerio de Salud, Asuntos Indígenas, al instituto de Asuntos Indígenas y al Desarrollo social dentro de la provincia de Salta.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pagina12.com.ar/225775-pueblos-originarios-reclaman-politicas-publicas-indigenas&ved=2ahUKEwjYrrvq74zwAhV-rJUCHQY0AfEQFjAJegQIBhAC&usg=AOvVaw2j8IstGpVDaT9IuvHhHVK5&cshid=1618924401624

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Las organizaciones territoriales de pueblos originarios de salta se reunieron en la universidad nacional de salta para exigir el pleno cumplimiento de derechos reconocidos. Hicieron público un documento con todas sus demandas y reclamaron que se respete como sujeto de derecho y que se validen sus saberes sobre sustentabilidad.

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Las organizaciones territoriales de pueblos originarios de Salta que se reunieron en un encuentro el 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) emitieron un pronunciamiento para exigir el pleno cumplimiento de derechos reconocidos pero aún no garantizados por el Estado argentino.

Luego de dos días de debates en los que integrantes de pueblos originarios de toda la provincia expusieron las situaciones que viven en cada territorio, consensuaron enviar notas específicas a los ministerios de Salud y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social dentro de la órbita provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Además hicieron público un documento con todas sus demandas, con la firma de trece organizaciones de primer y segundo grado que comprenden prácticamente todo el territorio de la provincia. En el marco de la coyuntura electoral, insistieron en el reclamo de que los frentes políticos asuman "la agenda originaria". Y en el contexto latinoamericano denunciaron los hechos de violencia ocurridos en Ecuador contra los y las indígenas.

Los conflictos territoriales están presentes en casi todas las comunidades, por eso reclaman que el Estado acelere los procesos de ejecución y continuidad de la ley emergencia de la propiedad comunitaria indígena, 26.160, que dispone un relevamiento territorial de la propiedad comunitaria indígena.

Del mismo modo, solicitaron que se trate el anteproyecto de la ley de propiedad comunitaria indígena elaborada porel Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) y presentada en el Congreso de la Nación.

Tambien requirieron la sanción de una ley nacional de consulta y participación a los pueblos originarios, "proceso fundamental para la puesta en práctica del diálogo intercultural". Y el cumplimiento del protocolo de consulta y participación elaborado por ENOTPO y presentado en 2014 en el Congreso.

Saberes ancestrales

En materia de vivienda y hábitat reclamaron que se los respete como sujetos de derecho y que se validen sus saberes sobre sustentabilidad. También instaron a la plena aplicación de la ley de agricultura familiar, 27.118, con el presupuesto correspondiente y el establecimiento de políticas públicas específicas. Y la reforma, actualización y reglamentación de la ley provincial 7.121, de desarrollo de los pueblos indígenas de Salta.

En cuanto a salud, requirieron una atención que responda a las necesidades de los pueblos indígenas y exhortaron al ejecutivo provincial a que reglamente la ley provincial 7.856, normativa que prevé la conformación de una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional y que haya incluso facilitadores bilingües en los hospitales.

Otro de los reclamos es el acceso a la educación originaria, poder decidir sobre los contenidos de la enseñanza y que haya docentes idóneos en cada territorio

Restitución de los Niños de Llullaillaco

Por otra parte, el encuentro de pueblos originarios retomó un viejo reclamo a la provincia de Salta: "La urgente restitución" de los tres cuerpos de Niños de Llullaillaco, que se exhiben en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), creado especialmente para este objetivo.

El niño, la niña y la "doncella" fueron encontrados en 1999 cerca de la cima del volcán Llullaillaco y se conservaron de forma natural por más de 500 años, debido a las condiciones del lugar, a más 6.700 metros sobre el nivel del mar. Las organizaciones originarias demandan la prohibición de la exhibición de cuerpos humanos.

El documento público lleva la firma de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta; la Red del Pueblo Atacama Qullamarka; el Consejo de Organizaciones Wichí zona Bermejo; el Consejo de Caciques Wichí de Metan y Anta; el Consejo de Caciques del Pueblo Weenhayek; la Organización del Pueblo Chorote de Tartagal; la Organización de Pueblos Guaraní, Wichi, Chorote, Qom - Toba, Chulupí, y Tapiete (CCOPISA); la Agrupación de Comunidades Indígenas del Departamento San Martin; Honat Leles; el Pueblo Iogys; el Consejo del pueblo Tastil; el Pueblo Lules y la Federación Wichi Cuenca del Río Bermejo.

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Pueblos originarios reclaman políticas públicas indígenas | En defensa de la vida, la identidad y el territorio

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Las organizaciones territoriales de pueblos originarios de Salta que se reunieron en un encuentro el 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) emitieron un pronunciamiento para exigir el pleno cumplimiento de derechos reconocidos pero aún no garantizados por el Estado argentino.

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Ángela: Reclamo de justicia y respeto de los derechos de los pueblos originarios 

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Ángela: Reclamo de justicia y respeto de los derechos de los pueblos originarios 

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos reclama con urgencia al Estado Nacional, Provincial y Municipal un cambio drástico a estas graves situaciones que desmerecen el estado de derecho democrático que, con gran esfuerzo,  ha sido logrado.

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Argentina Indígena

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ha venido acompañando a los Pueblos Originarios en sus reclamos de justicia y respeto por sus derechos garantizados en la Constitución Nacional como en pactos y leyes nacionales e internacionales.

Con suma preocupación nuevamente denunciamos que, aún cuando se han dado algunos pasos positivos, grandes problemas persisten sin resolver, entre ellos:

Desconocimiento de sus derechos territoriales comunitarios.

Dificultades de acceso a la justicia por razones discriminatorias, idiomáticas, condición social y educativa.

Apertura de cientos de causas judiciales especialmente en la persona de sus autoridades, por reclamar lo que les corresponde, incluso defensa de sus propios territorios por derechos ancestrales.

Postergación y maltrato en hospitales que perjudican sus condiciones de salud.

Carencia de suficientes institutos educativos que reconozcan sus diferentes idiomas.

Discriminación por su cultura y marginación por su educación diferente.

Indiferencia y postergación de sus justos reclamos, ejemplo de esto el actual acampe indígena sobre Avda.9 de Julio desde hace cinco meses.

Violetas represiones policiales con muertos y decenas de heridos.

Quema de ranchos, documentos, enseres domésticos, herramientas y otros bienes.

Invasión de sus territorios con topadoras por parte de poderosos terratenientes, empresas agropecuarias, mineras y petroleras

Destrucción de sus cementerios, corrales, muerte de animales, desmontes y desplazamiento de comunidades.

Amenazas por parte de grupos armados que sirven por dinero a fuertes intereses económicos.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos reclama con urgencia al Estado Nacional, Provincial y Municipal un cambio drástico a estas graves situaciones que desmerecen el estado de derecho democrático que, con gran esfuerzo, ha sido logrado.

Ciudad de Buenos Aires, julio 2015

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Reclamo de justicia y respeto de los derechos de los pueblos originarios

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Asamblea permanente por los Derechos Humanos.

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La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales

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La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.
Acceso a la salud, agua y servicios
Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.
Consulta y participación
Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Un de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.
Acceso a la tierra
La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.
Represión y violencia policial
En un presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. En algunos casos, supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad como justificación para el hostigamiento y persecución a comunidades indígenas.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio. En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.
Una respuesta específica y urgente
En , efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Si bien el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, condenó el gravísimo episodio y suspendió a los efectivos involucrados, resulta particularmente relevante poner en el centro de atención estas prácticas policiales sumamente violentas sobre comunidades indígenas.

Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia.

Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades.

A principios de 2020, el gobierno federal promovió en el marco del Consejo de Seguridad Interior un acta acuerdo para crear una "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios", que intervenga en conflictos territoriales en la búsqueda de soluciones consensuadas. Hasta el momento, sólo tomamos conocimiento de la intervención de esta mesa en Río Negro. Es necesario que amplíe su intervención en otras provincias y conflictos y que las provincias comprometan su participación.

También resulta urgente organizar dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía y en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. A la vez, tienen que desarrollarse instrumentos que aseguren una participación auténtica de las comunidades, con información clara, formulada de manera sencilla y desde un abordaje intercultural para el desarrollo de medidas de autocuidado y cuidado mutuo.
Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Formosa, Asociación para la Promoción y el Desarrollo (APCD) Las Lomitas - Formosa, Centro Barrial Enrique Angelelli de Ing. Juárez - Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) - Formosa, Fundación Manos de Hermanos - Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez - Formosa, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).
Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar las leyes demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer el marco normativo de protección de las comunidades: una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.

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Comunidades indígenas: las desigualdades se profundizaron durante la pandemia

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La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del

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A lo largo de la historia, las comunidades originarias han buscado el reconocimiento y la legitimación de su identidad. Sin embargo, en la actualidad, conforman algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo.

La historia de los pueblos originarios consiste en una seguidilla de abusos, violaciones y desconocimiento de sus derechos, que continúa al día de hoy. Si bien se dieron los primeros pasos en el país para el reconocimiento de sus derechos, aun resta un largo camino.

En Argentina, convivimos con miles de comunidades originarias. Algunas habitan, aun hoy, paisajes recónditos y lejanos. Otras, comparten con nosotros las ciudades, luchando, día a día, por mantener su identidad y cultura.

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Tanto en el campo como en las ciudades, las más de 40 comunidades originarias que habitan en la Argentina reclaman por la recuperación de derechos tras décadas de negación y persecución.24 oct. 2019
http://www.unsam.edu.ar/tss/wp-content/uploads/2019/10/pueb-orig2.jpg

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Frente a la inacción gubernamental, algunos activistas intentan recuperar territorios ancestrales por cuenta propia en Centroamérica.

Costa Rica — Desde hace décadas, los integrantes de la tribu brörán, en el sur de Costa Rica, han querido recuperar lo que consideran tierra ancestral de las manos de agricultores que también la reclaman. Poco después, dijeron, los agricultores enardecidos salieron montados en caballos, motocicletas y camionetas. Elides Rivera, lideresa local de tierras indígenas, todavía tiene la grabación de la llamada que le hizo al comandante de policía para pedir ayuda: «Se lo pido con todo, todo el corazón».

El conflicto se dio a conocer a nivel internacional en 2016, cuando Berta Cáceres, una mujer lenca que se manifestaba en contra de una presa en Honduras, fue asesinada. Siete hombres fueron arrestados en ese caso.

Los asesinatos han sido más alarmantes en Costa Rica, que se había mantenido al margen de la violencia rampante de otros países en Centroamérica.

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Frente a la inacción gubernamental, algunos activistas intentan recuperar territorios ancestrales por cuenta propia. A menudo el precio es demasiado alto.

Manifestantes indígenas en Costa Rica después de la muerte de un activista a fines de febrero. Credit... Jeffrey Arguedas/EPA vía Shutterstock

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TÉRRABA, Costa Rica - Desde hace décadas, los integrantes de la tribu brörán, en el sur de Costa Rica, han querido recuperar lo que consideran tierra ancestral de las manos de agricultores que también la reclaman. Un fin de semana del mes pasado, llevaron su anhelo a la acción: entraron a las granjas, colgaron letreros y juraron que no se moverían de ahí.

Poco después, dijeron, los agricultores enardecidos salieron montados en caballos, motocicletas y camionetas. Armados con machetes, palos y armas de fuego, los granjeros se reunieron en la cima de la montaña durante horas, gritando amenazas, mientras los líderes indígenas imploraban la ayuda de la policía.

Elides Rivera, lideresa local de tierras indígenas, todavía tiene la grabación de la llamada que le hizo al comandante de policía para pedir ayuda: "Se lo pido con todo, todo el corazón".

Sin embargo, al poco rato, se desató una riña que derivó en la muerte de su sobrino, Jerhy Rivera, de 45 años, quien era activista a favor de los pueblos indígenas en la comunidad.

La muerte de Jerhy Rivera sucedió unas semanas después de que otro hombre indígena de un pueblo cercano recibió un disparo en una disputa territorial, y un año después de que un líder defensor de derechos territoriales en ese pueblo fue baleado a muerte en su hogar.

Durante los últimos cinco años, los conflictos por territorio y recursos naturales en la región han llevado a casi 200 confrontaciones y a la muerte de 60 personas indígenas, según el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos, una organización con sede en Londres.

Cuatro personas indígenas fueron asesinadas en un ataque en Nicaragua en enero, y más de una decena murió en Colombia tan solo en las primeras dos semanas de este año, según Naciones Unidas.

Las muertes en América Latina son el resultado de choques cada vez más violentos entre pueblos que han vivido en territorios durante miles de años y pobladores que llegaron hace mucho menos tiempo.

Desde México hasta Brasil, las tribus indígenas que luchan en contra de los agricultores, leñadores, mineros y otros intereses -a veces de manera agresiva- tienen la esperanza de recuperar las tierras de su comunidad.

En ocasiones, hasta dan la vida por ellas.

Y cuando lo hacen, los recién llegados a las tierras indígenas rara vez parecen pagar un precio de ley.

"Yo le dije a usted con fuerza y con firmeza porque estos criminales así van a seguir actuando", dijo Rivera al comandante de policía en un mensaje posterior. "Gracias, pero hoy sí dejaron que mataran a Jerhy."

Jerhy Rivera, padre de cuatro hijos, vendía gallinas y trabajaba para promover la conciencia sobre su tribu. En 2013, lo golpearon en una disputa con leñadores.

Era miembro de uno de los casi 800 pueblos indígenas en América Latina. Muchos de ellos nunca fueron colonizados tras la llegada de los españoles y los portugueses al continente, y conservaron sus lenguas y sus tradiciones.

A pesar de que algunos grupos sí tienen protecciones parecidas a las que reciben las reservas indígenas estadounidenses, el cumplimiento de estas suele ser laxo. Esto es particularmente cierto en áreas remotas o ricas en recursos naturales.

En Nicaragua, hogar de los misquitos, el gobierno ha emitido declaraciones en contra de la apropiación ilegal de tierras por parte de los colonos, pero no ha hecho nada para detenerla, dijo Laura Hobson Herlihy, catedrática en la Universidad de Kansas.

Cuatro personas indígenas fueron asesinadas en ese país en enero.

"Es una crisis humanitaria", dijoLottie Cunningham, abogada de derechos humanos misquito en la costa atlántica de Nicaragua.

Sin una avenida legal a la cual recurrir, las comunidades indígenas a veces se unen para desalojar a los recién llegados de las tierras, un proceso llamado "saneamiento". En Costa Rica se le dice "recuperación".

"Tenían camisas que decían 'saneamiento' en la espalda", dijo Herlihy. "Yo les decía, 'Hombre, eso es un blanco en la espalda'. Eso es tan peligroso. Hace que maten a mucha gente".

En muchos casos, los colonos que ocupan territorios indígenas no saben que infringieron la ley al comprar esas tierras. Muchos invierten los ahorros de toda su vida en los contratos de compraventa de las tierras y no están dispuestos a irse sin dar batalla.

Víctor Hugo Zúñiga, un hombre de 38 años, padre de tres hijos, es uno de los miles de agricultores no indígenas que viven en las tierras disputadas en Costa Rica. Dice que el gobierno le dio a su padre un terreno en el pueblo de Olán en 1972, cinco años antes de que las reservas indígenas se establecieran.

" No se le quitó a ningún indígena ni nada", afirmó. "Ahora, después de 45 anos de vivir acá, ¿cómo somos usurpadores?".

La mayoría de los agricultores en las disputas no tienen otro lugar adonde ir, dijo.

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Un tributo para Rivera en Costa Rica Credit... Juan Carlos Ulate/Reuters

Costa Rica, al igual que Nicaragua, empezó a ofrecer protecciones especiales a los pueblos indígenas y a sus territorios en la década de 1970.

Marcos Guevara, profesor de Antropología en la Universidad de Costa Rica que ha estudiado conflictos indígenas durante más de 30 años, dice que el brote de violencia se ha estado gestando desde hace décadas debido al cumplimiento deficiente de las políticas gubernamentales.

Cuando el gobierno les dio a los grupos indígenas franjas de tierra en 1977, se suponía que los agricultores serían compensados, pero solo fue así para algunos de ellos.

"Estos son problemas que el mismo Estado creó", sentenció Guevara.

A nivel mundial, los grupos indígenas de Centro y Sudamérica son los más asediados, según el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos, que cuenta con una base de datos de los ataques y los asesinatos de los activistas de derechos humanos.

Con 54 incidentes violentos en contra de negocios que luchan por los grupos indígenas el año pasado, Centroamérica ocupó el primer lugar en el mundo en este tipo de confrontaciones, según Adam Barnett, el vocero del grupo. Dijo que la cifra más alta venía de Honduras.

El conflicto se dio a conocer a nivel internacional en 2016, cuando Berta Cáceres, una mujer lenca que se manifestaba en contra de una presa en Honduras, fue asesinada. Siete hombres fueron arrestados en ese caso.

Los asesinatos han sido más alarmantes en Costa Rica, que se había mantenido al margen de la violencia rampante de otros países en Centroamérica.

Cindy Vargas, de 35 años, integrante de un grupo de mujeres brörán llamado Ruta de las Aves, dijo que Costa Rica se promocionaba como un país multiétnico y multicultural, pero que esa afirmación no iba más allá del folclore.

Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista ambiental indígena asesinada Berta Cáceres. Credit... Orlando Sierra/Agence France-Presse - Getty Images

"Pretenden ver a los indígenas como los que usan el traje, hacen comidas tradicionales y algunas danzas", dijo Vargas. "Costa Rica es un país de doble moral, al que lo único que le interesa es el folclore, pero no la aplicación a los derechos de los pueblos indígenas."

Ella dijo que uno de los terrenos que los indígenas recobraron el fin de semana de la muerte de Rivera le había pertenecido a su abuelo.

Luego de la muerte, un hombre se entregó a la policía y aseguró que le había disparado al líder indígena en defensa propia. Luego de una breve detención salió libre.

En enero, poco después del Año Nuevo, Mark Rivas, un líder juvenil misquito de 33 años, fue encontrado muerto en su hogar en Puerto Cabezas, Nicaragua. Incluso antes de que la policía investigara el caso, una estación de radio afiliada al Estado declaró que se trataba de un suicidio, dijo su padre, Carlos Hendy Thomas.

"Hablamos por la tierra, por los bosques y para callarnos nos matan", dijo Hendy. "Es la única forma de callarnos".

Paulina Villegas colaboró con este reportaje desde Ciudad de México.

Frances Robles es corresponsal de Estados Unidos e internacional con sede en Miami. Antes de unirse al Times, en 2013, trabajó en el Miami Herald, donde cubrió Cuba y tenía su sede en Nicaragua y Colombia. @FrancesRobles

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Los conflictos por las tierras indígenas se recrudecen en Centroamérica (Published 2020)

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Frente a la inacción gubernamental, algunos activistas intentan recuperar territorios ancestrales por cuenta propia. A menudo el precio es demasiado alto. Regístrate para recibir nuestro boletín con lo mejor de The New York Times.

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Dante.A - Conflicto Mapuche en Patagonia Chilena 

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Dante.A - Conflicto Mapuche en Patagonia Chilena 

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https://www.dw.com/es/conflicto-mapuche-lejos-de-resolverse/av-54426055

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El antropólogo Fernando Miguel Pepe, del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas , explicó a esta agencia que el Mecanismo de Expertos recomendó a las partes interesadas que adopten un enfoque basado en los derechos humanos respecto de la repatriación de los objetos de culto, los restos humanos y el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas.
Dicho enfoque exige el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la cultura, la propiedad, la espiritualidad, la religión, el idioma y los conocimientos tradicionales, remarcó

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El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reclamó este viernes que los museos de los estados miembros sean "descolonizados" y que se restituyan a sus pueblos originarios los restos humanos y objetos de culto, lo que fortaleció el pedido al Museo de Francia para que devuelvan los restos profanados de un tehuelche.

Así se expidió en un informe al que accedió Télam sobre la "Repatriación de objetos de culto, restos humanos y patrimonio cultural inmaterial con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas".

El documento no se refiere específicamente a los restos del Liempichún Sakamata, "gigante" tehuelche que es parte de "las colecciones" del Museo del Hombre de París, sino que se expidió de manera genérica sentando doctrina para todas las restituciones que invoquen los pueblos originarios.

La abogada Sonia Ivanoff, de la comunidad Mapuche Tehuelche Liempichún Sakamata, del Paraje chubutense Payagniyeo, confirmó a Télam que el pronunciamiento del Mecanismo de Expertos "nos servirá para demandar más fuerte ante la ONU contra el Estado francés para la restitución de los restos de Liempichún".

El tehuelche está en el museo de Francia desde 1896 cuando el conde Henry de La Vaulx profanó su tumba y llevó a Francia el esqueleto y su ajuar funerario compuesto por un estribo, pendientes y monedas -todo de plata-, además de 30 cajas de cráneos y otras joyas.

Desde el 23 de junio de 2015 se viene reclamando la restitución ante el museo parisino y a las autoridades francesas, pero hasta el momento los restos de Liempichún Sakamata siguen en el Museo del Hombre de París.

El antropólogo Fernando Miguel Pepe, del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI), explicó a esta agencia que el Mecanismo de Expertos "recomendó a las partes interesadas que adopten un enfoque basado en los derechos humanos respecto de la repatriación de los objetos de culto, los restos humanos y el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas".

"Dicho enfoque exige el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la cultura, la propiedad, la espiritualidad, la religión, el idioma y los conocimientos tradicionales", remarcó.

Sostuvo que "desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas venimos trabajando fuertemente para que se cumplan las leyes internacionales y nacionales. La titular del INAI ((Magdalena) Odarda es impulsora de las restituciones de los ancestros a sus territorios y, de la mano del Gobierno nacional, eso nos da más fuerza que nunca para acompañar ante Francia la restitución de Sakamata Liempichún".

El documento que emitió el Mecanismo de la ONU expresó que " los derechos de los pueblos indígenas a la religión, la cultura, la espiritualidad, la educación y los conocimientos tradicionales son vulnerados cuando otros adquieren, utilizan y retienen ilícitamente sus objetos culturales, restos humanos y patrimonio cultural inmaterial".

Remarcó que "entre los daños ocasionados figuran el menoscabo de la dignidad humana, la dificultad para el ejercicio de prácticas espirituales sin los objetos religiosos necesarios y la incapacidad de cumplir las obligaciones culturales de cuidar de los muertos y de los objetos de culto".

"Todo marco para la repatriación internacional de objetos de culto, restos humanos y patrimonio cultural inmaterial debería basarse firmemente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promoviendo en particular los derechos a la igualdad, la no discriminación, la libre determinación, la participación y la consulta", detalló.

Respecto a la repatriación de restos humanos, objetos de culto y bienes indígenas espirituales, intelectuales y de otro tipo "los Estados deben consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado, velando por que participen a través de sus propias instituciones representativas".

"Los museos, universidades y otras instituciones que mantienen colecciones deben colaborar para garantizar el respeto y la aplicación de la Declaración", insistieron.

Expresan que la Unesco, el Consejo Internacional de Museos, el Mecanismo de Expertos, "pueden ayudar a los museos a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos respecto de esas cuestiones y a conocer mejor sus obligaciones legales y éticas, así como las expectativas y las visiones del mundo de los pueblos indígenas. Las alianzas de este tipo resultan esenciales para la descolonización de los museos".

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La ONU pidió que los museos sean "descolonizados" y fortalece un reclamo tehuelche

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Lo hizo a través de un informe del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de Pueblos Indígenas. La resolución favorece un reclamo Mapuche para que el Museo del Hombre de París restituya los restos y objetos del Liempichín Sakamata, profanados en 1896.

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Pueblos indigenas, en el epicentro de los conflictos ambientales.

La lucha del pueblo indígena Waorani tuvo eco en la prensa internacional tras el dictamen de un tribunal en Ecuador: las compañías petroleras tienen prohibido operar en sus territorios amazónicos debido a los impactos negativos que la industria petrolera ha producido en la misma región.La región es la que tiene más países que han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, en el que se incluye este principio de consulta previa. "Lamentablemente, América Latina tuvo esta tradición de la hiperlegalización que después se queda en el papel”, dijo a DW Georg Dufner, Director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Sin embargo, reconoció que "Perú, Chile, Colombia y Costa Rica se han esforzado por tener procedimientos más claros y han tenido algunos avances en la implementación del Convenio”.
Otra razón de la alta participación de las comunidades indígenas en los conflictos ambientales es la riqueza que se encuentra en sus territorios.Los Estados tienen obligaciones internacionales relacionadas con proteger el ambiente que no están cumpliendo; el litigio es una forma de rendición de cuentas en la que los jueces les obligan a cumplir", dijo a DW Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
https://www.google.com.ar/amp/s/amp.dw.com/es/pueblos-ind%25C3%25ADgenas-en-el-epicentro-de-los-conflictos-ambientales/a-49953192

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Habla sobre el territorio que ocupan los indigenas, cuantos indigenas hay, como les afecta las leyes y los cambios politicos tambien habla de la ley de propiedad comunitaria indigena como se asesina a los indigenas por sus territorios y el abandono gubernamental hacia los indigenas

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Escrito en . Publicado en Argentina

Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, con una población total cercana a los 40 millones de personas. Los resultados de la Encuesta Complementaria sobre Poblaciones Indígenas, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, arrojan un total de 600.329 personas que se reconocen descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena.

El más reciente censo nacional de 2010 arroja un total de 955.032 personas autoidentificados como descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena. Son 35 los diferentes pueblos indígenas oficialmente reconocidos. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en varios estados provinciales. Además, están vigentes, con rango constitucional, el Convenio 169 de la OIT y otros derechos humanos universales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Argentina votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas frente a los cambios políticos

El año 2019 estuvo atravesado por procesos electorales y la decisión mayoritaria, expresada en las últimas elecciones presidenciales, de elegir un nuevo gobierno de otro signo político al de los últimos cuatro años. Esto impacta, sin lugar a dudas, en las políticas destinadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

A diferencia del gobierno anterior, en donde se endurecieron las políticas de seguridad, y se hostigó y criminalizó expresamente a las comunidades indígenas (Ver El Mundo Indígena 2018 y 2019), el discurso de este nuevo gobierno señala una transformación relevante en la relación con los pueblos indígenas, manifestando su voluntad de reconocer el territorio otorgando los títulos colectivos de propiedad de la tierra, y de implementar el derecho a la consulta, tal como lo expresó la flamante presidenta del Instituto Nacional de Asuntos indígenas. ¹

Sin embargo, también existen otros discursos en el mismo espacio político que señalan lo contrario. Incentivando las actividades extractivas -muchas de ellas en territorios reivindicados por comunidades indígenaspromoviendo el fracking en el yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta y, en definitiva, menospreciando la importancia de los bienes comunes naturales como el agua, cuya escasez ya se hace sentir en algunas regiones, afectando la producción y la calidad de vida, y cuyos efectos también se perciben en los cambios climáticos que se producen en la región.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDha llevado adelante junto con el Fondo Mundial para el Medio ambiente el apoyo estratégico a los territorios y las áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades locales en Argentina (TICCA, en la terminología global del proyecto). En otras palabras, "ecosistemas naturales y/o modificados que contienen importantes valores de biodiversidad, beneficios ecológicos y valores culturales, conservados voluntariamente por pueblos Indígenas y comunidades locales a través de leyes consuetudinarias u otros medios efectivos".

Este proyecto, a nivel global, tiene por objetivo sentar las bases de una relación diferenciada establecida entre los pueblos indígenas y su hábitat, precisamente por el cuidado que demuestran las comunidades indígenas por los ecosistemas, los que tienen impactos notables en el cambio climático, de repercusión mundial.

La jurisprudencia sigue siendo ambivalente, la legislación no fortalece ni a los derechos vigentes ni a las políticas declaradas, y los movimientos de mujeres indígenas conjugando la ética del cuidado con su preocupación por la madre tierra, son las llevan más enfáticamente las banderas del cuidado del planeta, movilizándose para que sus voces sean escuchadas.

Algunos avances (y retrocesos) en las decisiones judiciales

2019, como años anteriores, se destacó por decisiones judiciales muy potentes en relación a la protección de derechos indígenas, conviviendo con otras que siguen perpetuando perspectivas refractarias al contenido de la legislación vigente en materia de derechos de los pueblos indígenas. Como jurisprudencia positiva, se destaca la sentencia en el caso denominado "Rincón Bomba", que involucra al pueblo Pilagá de la provincia de Formosa, ² en relación a una masacre ocurrida en el año 1947, en donde el juez finalmente responsabiliza el Estado argentino.

Lo destacable de este fallo es su encuadramiento legal, ya que el juez declara que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma. Esta calificación legal es muy valiosa, dado que por primera vez se acredita en sede judicial las políticas de exterminio del Estado argentino, y se constata -vía judicialhechos históricos interpretados coincidentemente con todos los reclamos, demandas, y luchas del pueblo Pilagá. En el mismo sentido de esta "buena jurisprudencia" protectora de derechos, un juez de primera instancia en la provincia del Neuquén absolvió en una causa por usurpación a los miembros de la comunidad Campo Maripe, ³ comunidad asentada en la zona de explotación del yacimiento Vaca Muerta. Sin embargo, la absolución fue apelada y el Tribunal de Impugnación resolvió revocar la absolución ordenando la realización de un nuevo juicio, llevando adelante una valoración de la prueba que está más allá de su competencia y desconociendo tanto la calidad de indígenas de los imputados como los derechos indígenas vigentes.

La comunidad indígena presentó una impugnación extraordinaria al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, impugnación que fue rechazada. Este caso se encuentra ahora pendiente de sentencia definitiva.

Si bien las decisiones judiciales muchas veces acompañan decisiones políticas y avalan otro tipo de intereses, coexisten con otras sentencias que van receptando los derechos indígenas y que fallan en consecuencia. De todos modos, para las comunidades indígenas siempre postergadas, el avance en materia jurisprudencial es muy lento.

La siempre postergada ley de propiedad comunitaria indígena

Para superar definitivamente el despojo, el avance del neoextractivismo en territorio indígena, las causas penales por usurpación, los hechos violentos derivados de las reivindicaciones por la tierra, se vuelve cada vez más necesario lograr un debate sobre la ley de propiedad comunitaria indígena, derecho contemplado en la Constitución argentina (art. 75 inc. 17).

Si bien existe una legislación de emergencia (Ver el Mundo Indígena 2017 y 2018) que ordena llevar adelante un relevamiento técnico jurídico catastral -sin la pretensión de realizar aquí una evaluación del avance de dicho relevamientoun cambio estructural debe llegar a través de una ley de fondo, que pueda regular con detalle el procedimiento para acceder a los títulos colectivos de la tierra.

Existen hoy en el Congreso de la Nación (Parlamento) algunos proyectos para instrumentar la propiedad comunitaria indígena. Vale la pena remarcar que este proyecto de ley debe ser consultado con las comunidades, de allí que todo el proceso, tanto de debate parlamentario como de consulta a las comunidades indígenas, reviste un grado importante de complejidad. Uno de los proyectos mencionados es especialmente interesante; fue elaborado con referentes indígenas, y presentado en distintos foros regionales. ⁴ Incorpora no sólo un concepto correcto de propiedad comunitaria indígena: un derecho de raigambre constitucional autónomo, de carácter colectivo (relevante, cuando existe tanta confusión sobre si es un derecho real o qué tipo de derecho es), sino que lo robustece a partir de un conjunto de artículos enmarcados en la normativa jurídica internacional existente.

Sin embargo, es poco probable que se alcancen los consensos necesarios para su debate parlamentario. No existe un interés genuino por parte de los gobiernos en una ley que adjudique definitivamente el territorio a las comunidades indígenas; los intereses económicos que los atraviesan son muy potentes, y no es esperable que este "conflicto de intereses" se resuelva en el corto o mediano plazo.

Desnutrición, abandono y muerte en el norte argentino

Algunos hechos trágicos que atravesaron el 2019, pero que se remontan a la historia de algunas comunidades indígenas en el norte del país, y se proyectan a futuro, son muertes de niños indígenas por desnutrición. Las comunidades Wichís asentadas en la provincia de Salta se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, los diferentes gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales no han podido superar esta situación, ni formularon hasta el presente políticas y alternativas al hambre y al abandono.

En la región conocida como Chaco salteño se dan, desde hace años y episódicamente, situaciones que concluyen en la muerte. En general las condiciones de trabajo de las comunidades indígenas -conocido como trabajo golondrina, que implica traslado permanente-, las condiciones generales en las que viven, la desidia estatal y un contexto medio ambiental que se va deteriorando paulatinamente por los desmontes, las inundaciones periódicas (muchas veces como causa de esa desforestación), la ampliación de la frontera agrícola y las actividades extractivas, generan situaciones muy difíciles de revertir.

Las dificultades de acceder a la salud, de acceder a agua segura, y la ausencia de soluciones de fondo son razones que confluyen, no sólo para que las muertes sigan sucediéndose, sino para obligarlos a convivir con realidades que no tienen perspectivas de ser estructuralmente abordadas. Al escribir estas líneas, las muertes de niños Wichís vuelven a repetirse como un recordatorio del abandono en que se encuentran muchas de las comunidades indígenas en el país.

Mujeres indígenas, femicidios y terricidio

En julio de 2019 se llevó adelante el Segundo Parlamento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir. Mujeres de las 36 naciones indígenas se reunieron para debatir sobre aspectos estructurales. La determinación de la tierra y el cuerpo, la economía, el comercio justo, los "feminicidios" en las comunidades, la educación y la formación en prácticas ancestrales, fueron algunos de los temas que se incluyeron en el encuentro, y que va consolidando de a poco un espacio de mujeres indígenas, con una cosmovisión propia.

En octubre de 2019 las mujeres indígenas volvieron a denunciar y reclamar por sus derechos, ocupando pacíficamente el Ministerio del Interior. Sus demandas por situaciones de violencia, femicidio indígenas, despojos y desalojos de sus tierras, y "terricidio" -junto a algunos casos específicos de muertes violentas de sus hijosfueron el centro de sus reclamos. Interesante es detenerse sobre este nuevo concepto de terricidio, ⁵ al que definen como el asesinato de los ecosistemas, los pueblos que los habitan, y las fuerzas que regulan la vida en la tierra. El terricidio, en la mirada de algunas de las mujeres indígenas, avanza sobre el concepto de cambio climático (un concepto reduccionista desde su mirada), dejando de lado la visión antropocéntrica y focalizándose en una triple dimensión: ecosistemas, fuerzas energéticas o espirituales y pueblos indígenas.

El movimiento de mujeres indígenas se diferencia del movimiento feminista, y su objetivo es ser reconocidas como mujeres con su propia voz, antipatriarcales, luchadoras de la vida y cuyo principal estandarte es el derecho al buen vivir, núcleo duro de su cosmovisión.

Notas finales

El año 2019 concluye en un contexto social, político y económico de profunda crisis. Las comunidades indígenas también la padecieron, y sus organizaciones y referentes -opositores y oficialistas al gobierno que concluyó su mandatono pudieron alcanzar acuerdos de fondo que les permitiera proteger adecuadamente sus derechos, fortaleciéndolos como pueblos.

El año finalizó estrenando un nuevo gobierno y, al menos en apariencia, una nueva agenda política. Habrá que esperar todavía algunos meses para poder llevar adelante una evaluación sustantiva de su gestión, de cara a las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas. Sin embargo, las enormes contradicciones que atraviesan las líneas de acción de sus políticas, y que ya fueron manifestadas en numerosas declaraciones públicas, hacen prever importantes disputas internas, principalmente alrededor del modelo de desarrollo, su matriz energética y los reclamos cada vez más potentes de las comunidades indígenas, que precisamente giran alrededor de respetar la relación ancestral con su hábitat.

Si no se resuelve satisfactoriamente esta tensión, es esperable que se produzcan nuevos conflictos. Sin embargo, también existe la esperanza de un cambio de política que permita a los pueblos indígenas fortalecerse en sus territorios, abriendo las puertas al goce efectivo de derechos y sentando las bases para un genuino diálogo intercultural. Sólo el transcurso del tiempo podrá echar luz sobre las expectativas que hoy existen.

Notas y referencias

1. Ver entrevista a Magdalena Odarda, nueva presidenta del Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), en https://www.pagina12.com.ar/

2. "FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGA c/ PEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS"; N° FRE 21000173/2006.

3. "Campo, Juan Albino y otros s/ usurpación (art. 181 CP)".

4. Ver el informe presentado por Darío Rodríguez Dutch, Secretario de la Comisión Unicameral de los pueblos indígenas del Senado de la Nación sobre la socialización, debate y análisis del proyecto s-1984/19(Ex S 691/17) que establece el sistema de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, en talleres realizados en las provincias de Río Negro, Chaco y Salta, julio de 2019

5. Moira Millán, lideresa Mapuche, es quien comenzó a utilizar este concepto

Silvina Ramírez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Abogada. Doctora en Derecho. Docente de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Palermo. Miembro de la Asociación de Abogadxs de Derecho indígena (AADI) y asesora académica del Grupo Jurídico de Acceso a la Tierra (GAJAT) del CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo).
Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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defensores / defensoras de los derechos humanos indígenas

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Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, con una población total cercana a los 40 millones de personas. Los resultados de la Encuesta Complementaria sobre Poblaciones Indígenas, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, arrojan un total de 600.329 personas que se reconocen descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena.

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En salta los indígenas piden el cumplimiento de derecho que el gobierno argentino no les otorga,quieren tener más derechos,a la educación,que los maestros también puedan ser indígenas,que puedan tener lo mismo que el promedio.

Luego de dos días de debates en los que integrantes de pueblos originarios de toda la provincia expusieron las situaciones que viven en cada territorio, consensuaron enviar notas específicas a los ministerios de Salud y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social dentro de la órbita provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Quieren igualdad y el cumplimiento total de sus derechos,que  por ser indígenas Nono tengan menos derechos
https://www.pagina12.com.ar/225775-pueblos-originarios-reclaman-politicas-publicas-indigenas

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Martina: Pueblos originarios reclaman políticas públicas indígenas 

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Martina: Pueblos originarios reclaman políticas públicas indígenas 

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Reclaman al Estado el reconocimiento de sus instituciones, diálogo intercultural y el desarrollo de políticas públicas indígenas.
Los conflictos territoriales están presentes en casi todas las comunidades, por eso reclaman que el Estado acelere los procesos de ejecución y continuidad de la ley emergencia de la propiedad comunitaria indígena.

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Las organizaciones territoriales de pueblos originarios de Salta que se reunieron en un encuentro el 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) emitieron un pronunciamiento para exigir el pleno cumplimiento de derechos reconocidos pero aún no garantizados por el Estado argentino.

Luego de dos días de debates en los que integrantes de pueblos originarios de toda la provincia expusieron las situaciones que viven en cada territorio, consensuaron enviar notas específicas a los ministerios de Salud y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social dentro de la órbita provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Además hicieron público un documento con todas sus demandas, con la firma de trece organizaciones de primer y segundo grado que comprenden prácticamente todo el territorio de la provincia. En el marco de la coyuntura electoral, insistieron en el reclamo de que los frentes políticos asuman "la agenda originaria". Y en el contexto latinoamericano denunciaron los hechos de violencia ocurridos en Ecuador contra los y las indígenas.

Los conflictos territoriales están presentes en casi todas las comunidades, por eso reclaman que el Estado acelere los procesos de ejecución y continuidad de la ley emergencia de la propiedad comunitaria indígena, 26.160, que dispone un relevamiento territorial de la propiedad comunitaria indígena.

Del mismo modo, solicitaron que se trate el anteproyecto de la ley de propiedad comunitaria indígena elaborada porel Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) y presentada en el Congreso de la Nación.

Tambien requirieron la sanción de una ley nacional de consulta y participación a los pueblos originarios, "proceso fundamental para la puesta en práctica del diálogo intercultural". Y el cumplimiento del protocolo de consulta y participación elaborado por ENOTPO y presentado en 2014 en el Congreso.

Saberes ancestrales

En materia de vivienda y hábitat reclamaron que se los respete como sujetos de derecho y que se validen sus saberes sobre sustentabilidad. También instaron a la plena aplicación de la ley de agricultura familiar, 27.118, con el presupuesto correspondiente y el establecimiento de políticas públicas específicas. Y la reforma, actualización y reglamentación de la ley provincial 7.121, de desarrollo de los pueblos indígenas de Salta.

En cuanto a salud, requirieron una atención que responda a las necesidades de los pueblos indígenas y exhortaron al ejecutivo provincial a que reglamente la ley provincial 7.856, normativa que prevé la conformación de una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional y que haya incluso facilitadores bilingües en los hospitales.

Otro de los reclamos es el acceso a la educación originaria, poder decidir sobre los contenidos de la enseñanza y que haya docentes idóneos en cada territorio

Restitución de los Niños de Llullaillaco

Por otra parte, el encuentro de pueblos originarios retomó un viejo reclamo a la provincia de Salta: "La urgente restitución" de los tres cuerpos de Niños de Llullaillaco, que se exhiben en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), creado especialmente para este objetivo.

El niño, la niña y la "doncella" fueron encontrados en 1999 cerca de la cima del volcán Llullaillaco y se conservaron de forma natural por más de 500 años, debido a las condiciones del lugar, a más 6.700 metros sobre el nivel del mar. Las organizaciones originarias demandan la prohibición de la exhibición de cuerpos humanos.

El documento público lleva la firma de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta; la Red del Pueblo Atacama Qullamarka; el Consejo de Organizaciones Wichí zona Bermejo; el Consejo de Caciques Wichí de Metan y Anta; el Consejo de Caciques del Pueblo Weenhayek; la Organización del Pueblo Chorote de Tartagal; la Organización de Pueblos Guaraní, Wichi, Chorote, Qom - Toba, Chulupí, y Tapiete (CCOPISA); la Agrupación de Comunidades Indígenas del Departamento San Martin; Honat Leles; el Pueblo Iogys; el Consejo del pueblo Tastil; el Pueblo Lules y la Federación Wichi Cuenca del Río Bermejo.

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Pueblos originarios reclaman políticas públicas indígenas | En defensa de la vida, la identidad y el territorio

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Las organizaciones territoriales de pueblos originarios de Salta que se reunieron en un encuentro el 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) emitieron un pronunciamiento para exigir el pleno cumplimiento de derechos reconocidos pero aún no garantizados por el Estado argentino.

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La lucha del pueblo indígena Waorani tuvo eco en la prensa internacional tras el dictamen de un tribunal en Ecuador: las compañías petroleras tienen prohibido operar en sus territorios amazónicos debido a los impactos negativos que la industria petrolera ha producido en la misma región.

Este no es el único caso que se encuentra en los tribunales. Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/es/pueblos-ind%25C3%25ADgenas-en-el-epicentro-de-los-conflictos-ambientales/a-49953192

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Las causas históricas de estos reclamos son que los pueblos indígenas cuando los Europeos llegaron los desplazaron de su territorio y quieren recuperar parte de lo que era suyo. Además de este reclamo, en la noticia también las mujeres indígenas pelean por tener voz y voto en las asambleas comunitarias y la causa histórica es que no tenían los mismos derechos que los hombres históricamente.

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La marea verde, que sacudió el espacio público, social y político argentino, también alcanzó a las desconocidas sociedades comunitarias indígenas en las que se juegan normas ancestrales, las cuales, de todos modos, son aplastadas por la violencia del racismo y la discriminación dominantes.

A la lista de reivindicaciones históricas tales como territorio, defensa de los montes, derecho a la salud, al acceso al agua y a la educación intercultural bilingüe, se incorporó ahora el reclamo de voz y voto de las mujeres originarias en asambleas y organismos de decisión comunitaria.

La novedad del feminismo no es algo uniforme ni se da de la misma manera en las 1.653 comunidades en las que habitan los 38 pueblos indígenas reconocidos por el Estado argentino.

La razón: lleva tiempo la aplicación de leyes y derechos, normalmente surgidas de luchas y movilizaciones y también lleva tiempo un nuevo relacionamiento al interior de los vínculos de pareja y familiares.

Reclamo en la comunidad qom

Bashe Nuhem, qom (antes referidos como tobas), comunicadora, documentalista y vecina de Juan José Castelli, en la entrada al mítico Impenetrable chaqueño le dijo a Télam que en las comunidades indígenas "apuntamos a la descolonización y a la despatriarcalización".

Y puso en cuestión la participación política y social de las mujeres al considerar que "estamos muy flojos en ese sentido. Tenemos que sacudirnos el machismo que llevamos dentro nosotras las mujeres".

"En las comunidades en el Impenetrable está todavía muy anclado el machismo que mata, debilita, desacredita y nosotras lo sufrimos constantemente". "

Las relaciones de poder entre hombres y mujeres dan cuenta de la construcción de un nuevo relacionamiento, pero en general, describe Bashe Nuhem (significa "espíritu del monte" en lengua qom), los vínculos siguen signados por la "supuesta superioridad masculina" o machismo.

"En las comunidades en el Impenetrable está todavía muy anclado el machismo que mata, debilita, desacredita y nosotras lo sufrimos constantemente. Es una lucha permanente, nos pasa en la radio cuando queremos tocar un tema y nos ponen caras. Con la despenalización del aborto, muchos hermanos, incluso mujeres empezaron a decir que nosotras estábamos incentivando que ¡las jóvenes se sometan a un aborto!".

La situación de las mujeres mapuches

Desde Cushamen, noroeste de Chubut, Vanesa Martín (32 años), mapuche, referente de género e integrante de la comunidad Fofo-Cahuel ("caballo loco" en mapudungum), hizo hincapié en la situación de las pobladoras alejadas donde lo único que llega es Radio Nacional en una geografía esteparia, extensa, interminable.

"La realidad es que las mujeres que viven en la ruralidad están abandonadas a su suerte por parte de los Estados nacional y provincial. Ni hablar de los movimientos feministas. Y en los espacios comunitarios no se prioriza hablar sobre los derechos de las mujeres", explicó a Télam la joven.

"La realidad es que las mujeres que viven en la ruralidad están abandonadas a su suerte por parte de los Estados nacional y provincial. Y en los espacios comunitarios no se prioriza hablar sobre los derechos de las mujeres"."

Lo hizo al resaltar el papel de la radio pública en las comunidades: "Por suerte hoy, en la radio, hay áreas de género y pasan pequeños segmentos de información así que podemos escuchar sobre algunos derechos y sobre muchos femicidios que se dan en otros lugares".

Madre de tres niños, Vanesa exculpó a los movimientos feministas por "no llegar" a esos territorios "entiendo que estos espacios deben nacer desde cada lugar, cada localidad. Y desde cada mujer. Yo particularmente me creo feminista porque nací y crecí y sigo viviendo en una familia machista. Y me hice y me sigo construyendo por la lucha diaria de mis abuelas, de mi mamá, mis vecinas y cada una de las mujeres de mi comunidad".

Las definiciones de esta mujer mapuche están atravesadas por la experiencia e historia de su pueblo "remarla por una igualdad de oportunidades con los hombres es difícil. Es así desde la llegada del winka. Arrancaron nuestros valores. Para el pueblo nación mapuche la mujer es la representación máxima porque somos las que traemos vidas al mundo y estamos unidas a la madre naturaleza por todo lo que nuestro cuerpo transforma de manera diaria".

La economía, el acceso al dinero, también está en el debate de las mujeres originarias.

Vanesa, desde Cushamen, destacó como positiva "una salida desde el lado de los salarios. El Gobierno piensa en que estos derechos sean destinados a las mujeres desde la Asignación Familiar, la tarjeta Alimentar, el programa Potenciar que llega sólo a las mujeres y aunque los hombres se anotan no les sale".

Pedir voz en una asamblea

Bashe Nuhem se ríe al recordar una anécdota que muestra cuánto cuesta lograr el reconocimiento y respeto de los hombres en las comunidades: "hace un tiempo una compañera moqoit (mocoví) el marido, dirigente la mandó a preparar la comida para los asistentes a la asamblea. Nosotras nos miramos porque teníamos nuestras carpetas con propuestas para seguir con los procesos de lucha y la compañera entonces le respondió que no podía, o que podía pero no en ese momento porque nosotras las mujeres teníamos planteos para hacer".

"Se quedaron mirándonos de reojo, mal, pero nos plantamos, dijimos que nosotras tenemos que estar en la asamblea. Eso fue por primera vez e hicimos que muchos nos observen, sobre todo los hombres. Algunos comprendieron otros no y esto es el feminismo, con el que apuntamos a lo mismo: la participación pero una real", apuntó Bashe como síntesis de cualquier colectivo de mujeres indígenas.

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Las mujeres originarias pelean por tener voz y voto en las asambleas comunitarias

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La marea verde, que sacudió el espacio público, social y político argentino, también alcanzó a las desconocidas sociedades comunitarias indígenas en las que se juegan normas ancestrales, las cuales, de todos modos, son aplastadas por la violencia del racismo y la discriminación dominantes.

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