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Cartel electoral do PSOE para as eleccións de 1982

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Cartel electoral do PSOE para as eleccións de 1982

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Cartel electoral do CDS para as eleccións de 1982

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Cartel electoral do CDS para as eleccións de 1982

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Leopoldo Calvo Sotelo xura o seu cargo como presidente do goberno (febreiro 1981)

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Leopoldo Calvo Sotelo xura o seu cargo como presidente do goberno (febreiro 1981)

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FRANCO EXHUMADO: Así ha sido la EXHUMACIÓN e INHUMACIÓN del DICTADOR

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González e Aznar no primeiro debate electoral televisado (1993)

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González e Aznar no primeiro debate electoral televisado (1993)

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Una cuadrilla de jornaleros recoge aceitunas en una finca de Jaén. jose manuel pedrosa

"Sin el Plan de Empleo Rural (PER) tendríamos mucha menos gente en nuestros pueblos porque habría tenido que emigrar". Enrique Puñal, veterano alcalde de Los Cárcheles (Jaén) por el PP ha sido testigo de la transformación de su municipio en las dos últimas décadas. La pavimentación de las calles, la red de abastecimiento y saneamiento, la construcción de parques, naves industriales y otras infraestructuras básicas se han hecho posible gracias a la inversión de poco más de 1,6 millones recibida desde 1997 por esta localidad de apenas 1.500 habitantes de la Sierra Mágina jiennense.

Como le ocurre a más de 300 pueblos en toda Andalucía, Los Cárcheles no tiene más sustento económico que el monocultivo del olivar. Por eso, el millar de jornales que cada año se generan en el PER -ahora denominado Profea- resultan vitales para mantener la población. "Es el pilar fundamental del desarrollo para los pequeños municipios", abunda Gonzalo Rus, alcalde de IU en Lupión, una localidad de poco más de 900 habitantes en el centro de la provincia jiennense.

El PER, un programa anual de inversiones creado en el año 1984, goza hoy de la aprobación de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque siga siendo tema recurrente de los ataques que la comunidad recibe desde el exterior. Ataques que, casi siempre, están basados en el desconocimiento sobre la realidad del medio rural. Así, el PER va a tener este año una inversión de 215 millones. Pero un coste que, frente a lo que se cree erróneamente, llega a ocho comunidades autónomas: Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla-León, Canarias y Andalucía, que es la que más recibe con 147,7 millones.

Los jornales que los trabajadores eventuales agrarios (unos 500.000 en Andalucía) echan en el PER es lo que da derecho al cobro de la prestación mal llamada subsidio agrario y a la renta agraria, creada en 2003. Pues bien, el coste anual del subsidio y la renta agraria apenas supera los 700 millones de euros, un gasto que supone poco más del 2% de todo el gasto nacional de desempleo, que supera los 32.600 millones anuales.

En febrero de este año cobraron el subsidio y la renta agraria 132.034 personas, frente a los más de tres millones de perceptores del desempleo en todo el país. En Andalucía y Extremadura, las dos comunidades que concentran el 67% de todos los eventuales agrarios del país, solo lo cobran el 23,12% de todos los que, potencialmente, tienen derecho.

Los trabajadores que acreditan 35 peonadas (este año 20 tras la rebaja del Gobierno por el impacto de la sequía) reciben una prestación de 426 euros durante seis meses (la media del desempleo contributivo es de 860 euros). Al cabo de un año, los trabajadores reciben unos 2.556 euros, una cantidad que se duplica en el caso de los mayores de 52 años. No obstante, teniendo en cuenta que cada mes hay que cotizar 86,70 euros (el conocido sello agrario) la renta media disponible de los peones agrarios ronda los 1.500 euros al año. "¿Alguien se cree de verdad que, con ese panorama, un trabajador va a rechazar un empleo? Si lo dicen es por desconocimiento o por mala fe", se pregunta y se replica el socialista Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, provincia que tiene casi el 10% de todos los eventuales agrarios del país.

"De Despeñaperros hacia arriba se desconoce todo lo del PER y por eso nos califican de pedigüeños", apunta Reyes, contrariado por el hecho de que el coste global del PER y el subsidio y la renta agraria (unos 900 millones anuales) apenas suponga el 15% de lo que cada año se llevan el 6,5% de los agricultores de más rentas de fondos europeos (6.000 millones).

Reyes lidera en las últimas semanas la ofensiva de ayuntamientos, sindicatos, partidos y otros agentes andaluces para reclamar al Gobierno de la nación un plan especial de empleo ante la constatación de que muchos jornaleros no podrán reunir las 20 peonadas necesarias para cobrar el subsidio.

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"Sin el Plan de Empleo Rural (PER) tendríamos mucha menos gente en nuestros pueblos porque habría tenido que emigrar". Enrique Puñal, veterano alcalde de Los Cárcheles (Jaén) por el PP ha sido testigo de la transformación de su municipio en las dos últimas décadas.

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España ha tenido dos leyes sobre el aborto, aprobadas ambas por gobiernos socialistas. Hasta 1985 la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito. Solo se permitió por un breve espacio de tiempo en Cataluña durante la II República entre 1936 y 1938, en plena guerra civil.

A partir de 1985 se despenalizó en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto. En 2010 se aprobó la ley de plazos actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación.

En diciembre de 2013, el Gobierno del Partido Popular presentó una reforma de la ley del aborto que eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes (en vez de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre.

Ante la falta de consenso, Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley en septiembre de 2014, lo que provocó la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia.

En febrero de 2015, el PP ha registrado en el Congreso una nueva reforma de la ley del aborto, pero esta vez puntual, para exigir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo. La ley de 2010 les permite abortar sin consentimiento aunque las obliga a informar a sus padres salvo en caso de que exista riesgo de violencia familiar. Las jóvenes de 15 años o menores necesitan siempre permiso paterno.

La ley del aborto de 1985

La primera ley del aborto (la Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal) lo despenalizó en tres supuestos: en cualquier momento si existe "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con " graves taras físicas o psíquicas".

La despenalización del aborto en los años 80 supuso un importante cambio social para los mujeres en los primeros años de la democracia. Aún así, esta primera ley contemplaba de seis meses a un año de cárcel (o multa de 6 a 24 meses) para las que abortaran fuera de los tres supuestos.

El "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre", que permitía abortar sin límite de tiempo, requería "un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto". El dictamen era prescindible si existía riesgo vital para la mujer.

En el caso de las "graves taras físicas o psíquicas" del feto, que permitía la interrupción dentro de las 22 primeras semanas, también hacía falta un dictamen previo "emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto".

En el caso de la violación era necesaria la denuncia para abortar en las 12 primeras semanas.

El Partido Popular recurrió entonces la primera ley del aborto del PSOE ante el Tribunal Constitucional, que respaldó los tres supuestos.

El último Gobierno de Felipe González intentó introducir un cuarto supuesto en 1995 para permitir la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que supusiera un conflicto personal, familiar o social para la mujer, pero el adelanto de las elecciones dejó en el aire el cambio legislativo.

La ley del aborto de Zapatero

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una nueva ley del aborto que es la que aún está vigente. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".

El PSOE llevaba en su programa de 2004 el compromiso de reformar la ley del aborto, pero no fue hasta 2009 cuando el Consejo de Ministros aprobó un nuevo proyecto de ley que establecía el aborto libre en las primeras 14 semanas.

La nueva ley entró en vigor el 5 de julio de 2010. El Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite pero rechazó su suspensión cautelar hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto algo que todavía está pendiente.

La legislación actual permite a la mujer interrumpir su embarazo en las 14 primeras semanas. Solo se exige que haya sido informada "sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad" y que haya transcurrido un plazo de tres días desde la información hasta la realización de la intervención.

En el caso de "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" sigue siendo necesario un dictamen de un médico distinto al que practica el aborto. En el caso de "riesgo de graves anomalías en el feto" o de "anomalías fetales incompatibles con la vida" es necesario un informe de dos especialistas. Si de lo que se trata es de una "enfermedad extremadamente grave e incurable" lo tiene que confirmar un comité clínico.

La ley de 2010 establece que la decisión es de la mujer a partir de los 16 y solo obliga a informar de ella a uno de los representantes legales de la menor, padre o madre, excepto en los casos que dicha situación puede provocar "un conflicto grave" o peligro de "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos" o se produzca una "situación de desarraigo o desamparo".

La reforma fallida de Gallardón

El anteproyecto de ley que acabó retirando el PP eliminaba el aborto libre y limitaba los supuestos para abortar a dos: violación dentro de las 12 primeras semanas y riesgo para la salud psíquica y física de la madre en las 22 primeras.

Eliminaba el supuesto de la ley de 1985 de malformación del feto y establecía que solo estaría permitido en este caso si había una "anomalía fetal incompatible con la vida" que cause un daño psíquico a la madre.

El PP incluía en su programa electoral la modificación de esta norma "para reforzar la protección del derecho a la vida" aunque sin especificar cómo lo haría.

El anteproyecto del PP establecía que en el caso de las menores de 18 años los padres tendrían que dar su consentimiento y que, si había discrepancias, resolvería un juez.

Ahora, el Grupo parlamentario 'popular' en el Congreso ha presentado una nueva reforma solo para modificar el tema de las menores.

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Las leyes del aborto en España: de la ley de supuestos de 1985 a la de plazos de 2010 - RTVE.es

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España ha tenido dos leyes sobre el aborto, aprobadas ambas por gobiernos socialistas. Hasta 1985 la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito. Solo se permitió por un breve espacio de tiempo en Cataluña durante la II República entre 1936 y 1938, en plena guerra civil.

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Da LGE á LOMCE: as leis educativas españolas da democracia

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Da LGE á LOMCE: as leis educativas españolas da democracia

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Desde 1970, España ha sufrido muchos cambios en educación, como da cuenta de ello las siete leyes educativas que se han ido aprobando desde el año 1970, pero lo cierto es que ha habido tres leyes que han sido las vertebradoras de la educación en España. La de 1970, que tuvo vigencia hasta 1990, la LOGSE que derogó la primera, y la LOE de 2006. La Ley Wert nace con la idea de dejar sin aplicación estas dos últimas por no haber cumplido con los objetivos educativos en España, según el PP.

Se trata de la primera ley educativa del PP, ya que la que intentó aplicar José María Aznar en 2002, nunca entró en vigor al ser derogada por un Real Decreto Ley por Zapatero.

Desde 1970 nos hemos referido a la norma que regula la enseñanza de diferente manera: La Ley General de Educación dio paso a la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, que a su vez abrió camino a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. La famosa LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo precedió a la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. Las dos últimas fueron la Ley Orgánica de Educación de Zapatero, y la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

SIETE LEYES EDUCATIVAS EN DEMOCRACIA

1. La LGE, 1970 (Franco-UCD). LA LEY DE ENTRADA A LA DEMOCRACIA

La Ley General de Educación se aprobó en el tardofranquismo, pero llegó a estar vigente hasta 1980. Fue impulsada por el ministro de Educación José Luis Villar Palasí, y estableció la enseñanza obligatoria hasta los catorce años. Tras ocho años de Educación General Básica, se accedía al llamado Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o a FP (Formación Profesional). Esta Ley consiguió modernizar los estamentos educativos en España.

2. La LOECE. 1 9 8 0 (UCD). UNA LEY MARCADA POR LA CONSTITUCIÓN Y EL GOLPE DE ESTADO

Esta Ley, la primera plenamente en democracia, fue elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez con la Constitución de 1978 recién estrenada. El PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución, y el TC le dio la razón en bastantes puntos Tras la sentencia, la UCD debía haber revisado la Ley de forma profunda, pero el golpe de Estado del 23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE lo evitó. Por ello jamás entró en vigor.

3. La LODE, 1985 (PSOE). INTRODUCE EL CONCIERTO

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) incorporó el sistema de colegios concertados.

4. La LOGSE, 19 90 (PSOE). LA LEY QUE PONE FIN A LA LGE Y QUE OTORGA UN GRAN PESO EDUCATIVO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), por un lado supone el fin de la LGE de 1970, y por otro introduce entre otras medidas, la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Es la Ley que permite a las comunidades autónomas redactar una parte muy importante de los contenidos educativos. Se adapta a un modelo más tecnológico en la educación, y amplía la escolaridad obligatoria a los 16 años. Introduce la ESO.

5. La LOPEG, 1995 (PSO E). LA LEY PERTIERRA NACIÓ CON LA OPOSICIÓN DEL PROFESORADO

Es la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Conocida como Ley Pertierra, fue aprobada con los votos a favor de PSOE, CiU y PNV. Votaron en contra PP, IU y CC. Esta Ley fue rechazada de pleno por los sindicatos de profesores, que consideraban que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. El PSOE defendió que la Ley fortalecía la parti

La LOCE. 2002. (PP). LA ÚNICA LEY DEL PP... NUNCA LLEGÓ A APLICARSE

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), promulgada en 2002 durante el gobierno de José María Aznar nunca llegó a aplicarse. La Ley pretendía reformar y mejorar la educación en España, según el gobierno, pero lo cierto es que llegó muy tarde, en la segunda legislatura de Aznar, y fue paralizada en 2004 cuando Zapatero llegó al gobierno.

6. La LOE, 2 006. (PSOE). LA LEY DE ZAPATERO TRAJO LA POLÉMICA CON EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró la Ley Orgánica de Educación (LOE), fue publicada en el BOE en mayo de 2006, y aprobada en el Congreso con amplia mayoría gracias al apoyo de CiU, ERC, PNV, ICV, CC, y EA. PP votó en contra e IU se abstuvo. Uno de los puntos que más revuelo causaron fue el de incluir voluntario la asignatura de religión, eso sí, de oferta obligatoria para los centros educativos. Esta Ley incluye la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia obligatoria y evaluable, en detrimento de Lengua y Literatura, cuyas horas lectivas se redujeron en 25 horas. La crítica más amplia a esta Ley estaba dirigida a la menor exigencia al alumnado, con la posibilidad de pasar de curso con materias suspendidas. Además, el PP consideró que Educación para la Ciudadanía suponía la incursión del Estado, como adoctrinador en la moral de los estudiantes.
7. La LOMCE. 2013. (PP) LA LEY WERT, LA MÁS POLÉMICA DE TODAS, NACE CON UNA AMPLÍSIMA OPOSICIÓN
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es la propuesta de reforma de la LOE y de la LOGSE, dos leyes socialistas en aplicación y a las que el PP siempre se opuso. Ha encontrado numerosas voces que piden la dimisión del ministro Wert, y la Ley ha sido calificada como sectaria, discriminatoria y retrógrada. Vuelve a dar plena validez académica a la asignatura de Religión, recupera las pruebas externas de evaluación o reválidas, recorta las becas universitarias y establece concierto con los colegios que separan por sexo a los alumnos. Ha encontrado fuerte oposición en todos los grupos políticos, así como en el profesorado y en el alumnado que han desembocado en manifestaciones, concentraciones y huelgas, como la general del 16 de mayo de 2013.

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De la LGE a la LOMCE: Así son las siete leyes educativas españolas de la democracia

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Desde 1970, momento en el que entró en vigor la Ley General de Educación con Franco, y vigente durante los primeros años de democracia, se han sucedido diferentes leyes educativas (dos con UCD, y cuatro con el PSOE).La Ley Wert será la primera del Partido Popular, ya que en 2002 promulgó Aznar la Ley Órganica de Calidad de la Educación, que nunca llegó a aplicarse por la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder en 2004.

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¿Te acuerdas? - El referéndum de la OTAN (1986) - RTVE.es

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¿Te acuerdas? - El referéndum de la OTAN (1986). ¿Te acuerdas? online, completo y gratis en A la Carta. Todos los informativos online de ¿Te acuerdas? en RTVE.es A la Carta

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Firma do Tratado de Adhesión de España á CEE en 1985

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Firma do Tratado de Adhesión de España á CEE en 1985

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Composición do Congreso dos Deputados nos gobernos socialistas (1982-1996)

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Composición do Congreso dos Deputados nos gobernos socialistas (1982-1996)

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A Lei do divorcio de 1981 e outras conquistas sociais posteriores...

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A Lei do divorcio de 1981 e outras conquistas sociais posteriores...

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Manifestación a favor del divorcio en Madrid, en 1981 RICARDO MARTÍN

Cuatro décadas de camino en democracia han alumbrado un país que no se reconoce en el espejo con aquél que dejó a su muerte, ese 20 de noviembre de 1975, el dictador Franco. Costó un poco desprenderse de los grises y las sombras de la dictadura, pero los años de camino y de conquistas sociales han alumbrado una España más abierta, más igualitaria, más educada e infinitamente más moderna.

Realidades y patrones asumidos hace 40 años parecen hoy día imposibles. A principios de los años setenta no era posible el divorcio, las mujeres no podían comprar un piso y necesitaban el refrendo del padre o del marido para cualquier gestión -bancaria, por ejemplo--; además, el concepto de 'dote' se recogía en algunos convenios colectivos para las mujeres que dejaban de trabajar al casarse. Por no hablar de que los anticonceptivos estaban prohibidos. Como lo estaba, totalmente, el aborto. En aquellos años, los homosexuales y las lesbianas eran considerados peligrosos y perseguidos -y muchos encarcelados-- por la ley de vagos y maleantes.

"Afortunadamente poco queda ya de todo eso. España emprendió un camino hacia una sociedad mucho más laica y más social y eso lo ha marcado todo: los patrones de convivencia, de relación, de tolerancia", afirma Consuelo del Val Cid, decana de Sociología de la UNED. Han cambiado los modelos de familia, de educación y bienestar social. "Las políticas sociales han evolucionado de manera espectacular", apunta Del Val.

Sin embargo, incide Del Val, no hay que bajar la guardia. "Ya lo hemos visto. Puede haber pasos atrás. Si nos descuidamos estos logros pueden peligrar. En cuanto el activismo queda en el cajón puede haber regresiones", dice. Los intentos de los más conservadores y de la jerarquía de la iglesia católica, que tantos años paseó de la mano del dictador, para dificultar el camino hacia las conquistas sociales no han cesado.

Tres grandes conquistas sociales han marcado, por encima de muchas otras, el camino hacia la España de hoy: la ley del divorcio, la despenalización del aborto y la ley de matrimonio igualitario. Así ha sido el camino:

El divorcio | La ley del aborto | El matrimonio igualitario

El derecho a acabar un matrimonio y el camino hacia la familia diversa

El 7 de septiembre de 1981, a las diez de la mañana, el magistrado José Luis Garallo, titular del Juzgado de Primera Instancia de Santander, firmó el divorcio de Julia Ibars y Vidal Gutiérrez. La pareja, sin hijos y que llevaba tiempo sin convivir, presentó la demanda de mutuo acuerdo. La suya, radiada en todos los medios de comunicación del país, fue la primera sentencia de divorcio de España desde 1938. La primera en 43 años que volvía a disfrutar de un derecho instaurado en la República y derogado por Franco. Un derecho que costó años de agrios debate, y de dura oposición de los más conservadores, restaurar.

En aquel país que dejó el dictador a su muerte, el divorcio era un derecho legislado en la práctica totalidad de los Estados europeos, con la excepción de Irlanda, Andorra, el Estado Vaticano y Malta. En España, existía la nulidad matrimonial de la Iglesia; eso sí, previo pago, lo que contribuía aún más a la desigualdad. Pero disolver un matrimonio ante los tribunales era inviable.

En 1975, el 71% de los españoles se mostraban a favor de la posibilidad de romper contratos civiles de matrimonio, según el informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas). En 1978, cuando ya se hablaba de divorcio y el debate había anclado en la calle, el 60% de los ciudadanos era partidario de una ley que permitiera esa opción, según el CIS. En diciembre de 1980, eran ya el 83% los españoles partidarios del divorcio.

Pero entre el llamado 'píccolo divorcio', a imagen del existente en Italia, que tantas trabas ponía para disolver un matrimonio, y otras legislaciones la diferencia era grande. Sobre todo en los argumentos admitidos como causa de separación. "La batalla fue para tener una ley civilizada y otra difícil", apunta Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la Complutense.

Finalmente, el 22 de junio de 1981, con el Gobierno de la UCDE presidido por Leopoldo Sotelo, el Parlamento aprobaba el divorcio, de nuevo. Se hizo a través de un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil en materia matrimonial. Y para acceder a él exigía una separación previa de al menos dos años para confirmar la "situación de quiebra conyugal irremediable". "No podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos", defendió la ley el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez.

Desde entonces, más de 1,5 millones de parejas han disuelto sus matrimonios. Aquél derecho a no estar con la misma pareja durante toda la vida, que tan polémico fue en la España del tardofranquismo -el Obispo de Siguenza-Guadalajara llegó a decir que era "una invitación a la infidelidad"--, se ha normalizado hoy en la sociedad española.

Con el enorme cambio que supuso la aprobación del divorcio, señala Consuelo del Val Cid, decana de Sociología de la UNED, se iniciaba una España diversa. La familia, aquella formada por un hombre y una mujer unidos en el contrato 'sagrado' del matrimonio, pasaba (y con los años cada vez más) a convertirse en las familias; en plural. Hogares monoparentales, uniones de hecho, familias reconstituidas (formadas tras las rupturas), matrimonios entre personas del mismo sexo.

En esos primeros años de aprobación del divorcio, todavía era algo tabú, mal visto, señalado. Tres décadas después, el vuelco ideológico del país ha sido inmenso y ya pocos se sorprenden de que un matrimonio termine; de hecho, las bodas han perdido fuelle -de los 5,8 matrimonios por cada mil habitantes registrados en 1981 se ha pasado a menos de 4-. La ley, además, adaptándose a los tiempos, se ha reformado un par de veces para agilizar el trámite -con los llamados divorcios rápidos, por ejemplo, que ya no exigen esa separación previa--. Ahora, los matrimonios pueden, incluso, divorciarse ante notario.

Qué lejano suena hoy esa separación entre 'divorcistas' y 'no divorcistas' que tanto sonaba en la España postfranquista. Aquella en la que el debate sobre las disoluciones matrimoniales era encendido y virulento. Porque el camino para la aprobación de la ley no fue sencillo. El mismo Fernández Ordoñez, llegó a declarar en una entrevista a la revista Interview que el proceso había sido complicado. "La recuerdo como una de las batallas más duras de mi vida. He tenido que luchar con los grupos integristas de mi propio partido", dijo. Las tensiones dentro de la UCD, efectivamente, fueron inmensas.

Ordoñez y el resto de partidarios de la nueva regulación -sí, los llamados divorcistas-tuvieron que enfrentarse también a los duros embates de la jerarquía de la iglesia católica. La Conferencia Episcopal, que había gozado de tanto poder durante la dictadura y bajo cuyo dictado moral se había regido durante años la sociedad española, se sentía amenazada, y emprendió una agresiva campaña contra cualquier tipo de apertura.

En noviembre de 1978, el cardenal Tarancón afirmó que, con el proyecto de permitir el divorcio, había en marcha una campaña contra la estabilidad de la familia. En febrero de 1979, el episcopado fue más allá, e hizo un llamamiento a los católicos para que, en las elecciones legislativas que se celebrarían un mes más tarde, no votaran a los partidos que apoyaban el divorcio y el aborto. Es decir, partidos como el PSOE o el PCE. El creyente, dijeron, está obligado en conciencia a obrar coherentemente con su fe cuando acude a las urnas. Sin embargo, aunque ganó las elecciones la UCD de Adolfo Suarez, no obtuvo mayoría absoluta, y el PSOE obtuvo algo más del 30% de los votos.

En febrero de 1981, cuando el proyecto ya estaba sobre la mesa a falta de la luz verde del Congreso, otro documento de la Conferencia Episcopal Española afirmaba: "Si el proyecto de ley [de divorcio] llegara a promulgarse tal y como está formulado, quedaría seriamente comprometido el futuro de la familia en España y gravemente dañado el bien común de nuestra sociedad".

Pero pese a los ataques, el proyecto se aprobó. Y no se cumplieron los vaticinios de quienes decían que se iban a producir 400.000 divorcios de golpe. "Poco a poco todo el mundo lo aceptó. Lo más chocante es que luego muchos conservadores que hicieron posible para evitar la ley se divorciaron. Ejemplo de ello es la familia de Franco. La hipocresía fue enorme", apunta Alberdi.

Pero si la llamada ley del divorcio tuvo un simbolismo especial y supuso un gran cambio en la sociedad española, fue otra reforma legal la que inauguró esa apertura oceánica, señala Alberdi. En mayo de 1981, se reformo otro punto del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Un cambio, apunta la socióloga, que consagraba la igualdad total de hombres y mujeres -que ya dictaba la Constitución-- dentro del matrimonio y la de todos los hijos ante la ley. Esta medida acabó con la situación de predomino de y superioridad del marido y padre, y se equiparó a todos los hijos, sin importar su origen.

"Dejó de haber 'hijos naturales' que, además del estigma social, no tenían derecho sucesorio y no podían investigar quién era su padre. Estos cambios son los que han cocinado una transformación paulatina pero importantísima, porque han igualado la situación de las familias y construyendo nuevas fórmulas de igualdad", sostiene.

Hoy, son ya uno de cada tres los hijos que nacen fuera del matrimonio, frente a los apenas 4.4% de 1981. La diversidad familiar es una realidad. Carmen Santos es un ejemplo de ello. Tiene 44 años y una hija de siete. Decidió tenerla sola, y el núcleo que forma junto a ella es una de las 1,7 familias monoparentales que hay en España, según la Encuesta Continua de Hogares del INE (de 2014). Como ella, este tipo de hogares está dirigido mayoritariamente por mujeres (85%). Las uniones entre hombre y mujer siguen siendo mayoritarias, pero ya no pasan tanto por el altar; y menos consagran su vínculo afectivo ante la iglesia. Si a principios de los ochenta sólo el 5,6% de las bodas eran civiles, ahora son más del 60%. Además, cada año se celebran en torno a 3.000 matrimonios entre personas del mismo sexo y las familias reconstituidas son ya casi un 7% del total de hogares.

El divorcio | El matrimonio igualitario

Del aborto clandestino a la maternidad libremente decidida

Aquel vuelo de Madrid a Londres iba lleno de mujeres. Alguna, acompañada de su pareja o quizá de su hermana, pero la mayoría viajaban solas. Eran unos muy tardíos años setenta o primeros de los ochenta del siglo pasado, en España el aborto estaba prohibido y muchas de esas mujeres iban a la capital británica a interrumpir su embarazo. En ese avión, acompañando a una amiga, también volaba una jovencísima Delia Blanco. "Nos habíamos enterado de la posibilidad de abortar en el extranjero a través de una organización de mujeres, y habíamos hecho lo imposible por reunir el dinero", cuenta Blanco. Recuerda el nerviosismo de muchas por la intervención, porque estaban solas, porque era la primera vez que salían, no ya del país, sino de su ciudad, de su casa.

La primera portada de 'El País Semanal', en 1976.

Pero en la España de la época, el aborto estaba penado con hasta 12 años de cárcel y las mujeres con un embarazo no deseado se veían obligadas a recurrir a arriesgadas intervenciones clandestinas o, quienes podían pagárselo, a viajar a Londres o a Ámsterdam, donde la legislación sí las amparaba. Pero hasta allí, rememora Blanco, que en esa época empezaba a militar en los movimientos feministas y que hoy es diputada del partido socialista, sólo llegaban quienes tenían contactos y podían pagarlo. "El proceso era caro, entre el viaje y la clínica podía suponer unas 20.000 pesetas de la época; el equivalente al sueldo medio de un mes", rememora Justa Montero, cofundadora a mediados de la década de los setenta de la comisión Pro Derecho al aborto.

"Así, muchísimas mujeres acudían a aborteras o empleaban métodos 'caseros', como introducirse en la vagina detergente, alcohol... agujas de coser. La ilegalidad nunca freno los abortos", dice Montero. En esos años se practicaban alrededor de 300.000 intervenciones clandestinas al año, según cálculos de la época del Tribunal supremo. Prácticas que se saldaban con unas 3.000 muertas al año. Solo se contemplaba como eximente la interrupción de un embarazo no deseado para preservar la honra de la mujer y de la familia. Y había mujeres en la cárcel por haber abortado.

Pero desde los viajes a Londres y las agujas de coser, el cambio en la sociedad ha sido espectacular. En la España de 2015, pese a la continua oposición de los más conservadores, el derecho a una maternidad libremente decidida se ha consolidado. Desde julio de 2010, las mujeres no tienen que justificar su decisión para abortar hasta la semana 14 de gestación. Y, tras ese plazo, pueden seguir recurriendo a esta prestación sanitaria gratuita si cumplen una serie de supuestos médicos.

El camino desde la criminalización hasta la cristalización del derecho al aborto, no obstante, ha sido largo. Pese a que tras la muerte de Franco, paulatinamente, los movimientos de mujeres empezaron a reclamar la interrupción voluntaria del embarazo, tuvieron que pasar casi diez años desde la muerte del dictador para que se abriese el primer resquicio de cambio. En 1983, un año después de la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Gobierno, pese al profundo debate interno, aprobó la despenalización del aborto.

Inmediatamente, el Grupo Popular -que junto a la jerarquía católica llevaba años alertando del "desastroso" devenir de España a causa del aborto o del divorcio- presentó un recurso contra la ley ante el Constitucional, que la suspendió hasta 1985. Ese año, el Alto Tribunal dictaminó que los derechos de la mujer "no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus ". Y que solo puede primar el derecho a la mujer a acceder a un aborto si se da alguno de los tres supuestos marcados por la ley: violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. El Gobierno se vio obligado entonces a hacer unos retoques a su ley, pero en 1985, con los mimbres marcados por el Constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo se despenalizó en España en esos tres supuestos.

"La sentencia supuso que el aborto dejaba de ser un delito, pero solo en esos supuestos que debían ser confirmados por un médico. El 90% de las mujeres alegaban problemas de salud mental y las intervenciones se hacían, pero con una inseguridad absoluta tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios", remarca Empar Pineda, histórica feminista y durante muchos años portavoz de la clínica Isadora de Madrid. "No había ninguna libertad de elección, la ley era pésima, pero fue lo menos malo que se pudo lograr, teniendo en cuenta el lastre histórico, social y político del país", afirma Pineda.

Pese a algunos intentos de modernizarla y sacar adelante una regulación más permisiva, la ley que despenalizaba el aborto se mantuvo sin que se tocara una coma durante 15 años. En ese tiempo, pese a los continuos embates de la derecha más conservadora, ni siquiera el Gobierno popular de José María Aznar (1996-2004) se decidió a emprender una reforma a la baja. Era complicado, España se situaba en ese entonces como uno de los países más restrictivos de la Unión Europea. Durante el Gobierno de Aznar, se realizaron en España más de 500.000 abortos; una realidad que le costó al PP durísimas críticas de la jerarquía católica.

En 2007, los signos de que la ley del aborto estaba caduca empezaron a hacerse cada vez más visibles. Ese año, esa inseguridad jurídica que resalta Pineda se hizo mucho más patente cuando la policía entró en varias clínicas de Madrid y Barcelona para requisar los expedientes de mujeres que habían interrumpido su embarazo. En algunos casos, recuerda Luisa Torres, trabajadora social y portavoz en ese tiempo de la histórica clínica Dator de Madrid, se presentaron en casa de algunas de ellas. "Vivimos una campaña de acoso contra los derechos de las mujeres brutal", critica Torres.

El escándalo de las clínicas de aborto, y la evidencia de inseguridad y del riesgo para la privacidad de los historiales clínicos que evidenció, reactivó las movilizaciones feministas, que exigían sacar el aborto del Código Penal. Y tras el caso, y la presión de las organizaciones de mujeres y de profesionales sanitarios, el Gobierno socialista empezó a diseñar una ley más moderna, similar a las vigentes en el resto de países de la Unión Europea.

En junio de 2010, entraba en vigor la ley de salud sexual y reproductiva. Inmediatamente recurrida por el Partido Popular ante el Constitucional y virulentamente atacada por los sectores más conservadores. En 2012, meses después de la llegada de Mariano Rajoy y del PP al Gobierno, su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, empezó a esbozar una reforma de la ley del aborto que dificultaba el acceso a la prestación. La nueva norma se presentó en 2013, y, efectivamente, trasladaba a España casi 25 años antes. El proyecto de ley permitía el aborto solo en dos casos: violación y riesgo grave para la salud de la mujer, y endurecía las condiciones de alegar ese caso. El proyecto Ruiz-Gallardón no recogía, por ejemplo, la opción de abortar por anomalías fetales muy graves, incurables o mortales.

La intención del Gobierno de Rajoy encendió una movilización ciudadana sin precedentes. A las organizaciones feministas y de mujeres se sumaron otras entidades que salieron a la calle en manifestaciones masivas, como la del 'tren de la libertad', en febrero de 2014. Ese día, miles de personas salieron a la calle para reclamar el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, sobre su maternidad. Un derecho que ya se había consolidado en España.

Ya en 1981, el 57% de los españoles se mostraba de acuerdo con que se despenalizara el aborto, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 1985, año en el que se despenalizó finalmente es porcentaje había aumentado hasta el 65%. En 2013, en pleno debate sobre el endurecimiento de la ley planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy, los partidarios de que la mujer decida libremente son el 75% de los ciudadanos. Y un 57% de los votantes del Partido Popular, según sondeos de la consultora Metroscopia.

La movilización social y la presión en sus propias filas convirtieron la reforma de la ley del aborto en el gran fracaso de la legislatura del Partido Popular. Y el 23 de septiembre, el presidente del Mariano Rajoy anunció su intención de retirar la polémica reforma. El gran fiasco se llevaba por delante, horas más tarde, al diseñador de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón -que había iniciado la legislatura con la fama de ser uno de los más progresistas del Gabinete Rajoy-- presentó su dimisión como ministro, también dejó su escaño y todos los cargos del partido.

La reforma ha quedado en el cajón. Y el PP aún espera el dictamen del Constitucional. "Si ha habido un cambio que no podemos olvidar", incide no obstante Luisa Torres. Desde hace unos meses, se ha recuperado la obligatoriedad del consentimiento paterno para todas las menores. Hasta entonces, con la ley socialista, las chicas de 16 y 17 años no lo necesitaban; sólo debían informar en casa de su decisión, un paso que podían saltarse si contarlo les suponía un conflicto grave.

El divorcio | La ley del aborto

Derecho igualitario al amor

En 1974, un año antes de la desaparición del dictador, María D. fue condenada a una pena de "reeducación" por ser lesbiana. Se había dejado ver con varias novias, y en aquellos tiempos en los que los homosexuales y las lesbianas eran considerados peligrosos y se les perseguía y represaliaba por la ley de vagos y maleantes, eso le costó caro. María tenía 17 años y se la sentenció por ser "una homosexual rebelde a su familia", según argumentó el juez. Sus padres tenían contactos, y la chica terminó pagando la pena mínima: cuatro meses, que cumplió en una cárcel para mujeres de Alcázar de San Juan.

Como María, hasta el 31 de enero 1979 que se derogó esa ley -también llamada más adelante ley de peligrosidad social--, fueron condenadas cerca de 4.000 personas por ser homosexuales, según los cálculos de la Asociación de ex Presos Sociales. Aunque esta entidad cree que pudieron ser más: sus historiales están repartidos en instituciones policiales y penitenciarias, y no siempre se alegaba el delito de homosexualidad para condenarlos.

Una realidad que hoy, a Silvia Lorenzo y Celina Sellés les parece impensable en España. Estas dos jóvenes de 19 y 20 años son pareja desde hace tres, y aseguran que piensan casarse algún día. En la España de hoy, Lorenzo y Sellés, estudiantes de Ciencias Políticas, pueden hacerlo. La ley se lo permite desde 2005. Ese año, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante una ley que otorgaba igualdad de derechos total a las parejas del mismo sexo: igualdad para casarse, para adoptar, para amar.

Con ella, España se convirtió en el cuarto país en aprobar el matrimonio igualitario, tras Holanda, Bélgica y Canadá. Una norma que ha dado respuesta a una realidad social y que ha amparado a los nuevos modelos de familia. Modelos que hoy, en 2015, décadas después de esa ley de vagos y maleantes ya no son tan nuevos. En ese tiempo, unas 32.000 parejas formadas por personas del mismo sexo han formalizado su matrimonio.

El 30 de junio de 2005, con el respaldo de 187 diputados, el Congreso aprobó la ley que autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Una norma que solo tuvo el rechazo de diputados del Partido Popular (PP) y de Unió, y que un par de décadas antes habría sido absolutamente impensable. El cambio legal, en realidad, no era muy complejo. Se modificó el artículo 44 del Código Civil para, tras donde decía "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", añadir: "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo". Algo aparentemente sencillo, pero con un enorme trasfondo de derechos.

"El avance social con el matrimonio homosexual es un reconocimiento a todos los modelos de familia. En ese momento se dejó de ser ciudadano de segunda por amor y, con la ampliación de los derechos civiles de estas personas, se pasó también a reconocer y a amparar a los hijos de las familias homosexuales", apunta la diputada socialista Carmen Montón, ponente de la ley. Esa, recuerda, fue su primera intervención en el Congreso de los Diputados. Las primeras palabras de Montón, que hoy es consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.

Beatriz Gimeno, que estaba en la presidencia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) en ese momento, estuvo presente ese día en el Congreso, en la tribuna de invitados, compartiendo el momento junto a otra decena de activistas. "Tuvimos la sensación de que en todos aquellos años de lucha habíamos cambiado la mentalidad de la gente, y habíamos logrado que el matrimonio igualitario fuera algo de orgullo nacional. Se logró que fuese una cuestión de derechos humanos que suponía una sociedad más justa", dice. Gimeno -que hoy es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid- cuenta que tras la votación, ya en la calle, decenas de personas se acercaban para felicitar a los activistas. "Nos besaban, nos paraban, nos pitaban con los coches. Gente de todo tipo que se sentía orgullosa de lo que había ocurrido", dice.

Ese día, en el Congreso, el presidente Zapatero -que había acudido acompañado de diez ministros-- aseguró en su intervención que la ley suponía "un paso más en el camino de la libertad y tolerancia". "No estamos legislando para gentes remotas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros", dijo.

Pero ese "paso más", que tantos baches había atravesado, tuvo que pasar por encima de muchos más. El mismo día de su aprobación, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy anunció -como se anticipaba-que su formación estudiaría presentar un recurso de Inconstitucionalidad. Lo hizo. El 30 de septiembre de 2005, el PP recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional. Y la oposición al matrimonio igualitario continuaba.

Las críticas más duras procedieron del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española. Desde Roma la ley fue considerada "radicalmente injusta" y "contra natura". Los obispos españoles llamaron nuevamente a "oponerse por todos los medios legítimos" a la reforma y "abstenerse de toda complicidad con la injusticia". Unos diez días antes de histórico pleno del Congreso, unas 180.000 personas se manifestaron en Madrid contra la inminente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. A la marcha, convocada por la organización ultraconservadora Foro Español de la Familia acudieron 19 obispos, encabezados por el cardenal Antonio María Rouco, y una representación del PP. Asistieron su secretario general en ese entonces, Ángel Acebes, la responsable de Política Social, Ana Pastor, el de Política Económica, Miguel Arias Cañete; también los diputados Jaime Mayor Oreja o Federico Trillo, todos tras la una pancarta que decía Por el derecho a una madre y a un padre.

Pero manifestaciones aparte, ese mismo 2005, el 11 de julio, Emilio Menéndez y Carlos Baturín hicieron historia. La pareja, que llevaba 30 años, cuatro meses y 24 días juntos, se convirtió en la primera del mismo sexo en casarse en España. Lo hicieron en Madrid, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tres cantos. Después llegarían José e Ignacio. Luisa y María, Beatriz y Cecilia.

Los matrimonios se sucedían, también las iniciativas de los más conservadores para hacer retroceder la igualdad de derechos. En febrero de 2007, el Congreso rechazó una iniciativa popular para prohibir las bodas gais, presentada por el Foro de la Familia. Que las parejas gais se casaran, dijo entonces el portavoz del Foro, Benigno Blanco, causa "daño a la familia".

Fueron muchos, antes y después de la aprobación de la ley los que se oponían a la palabra matrimonio. Tampoco dentro de los movimientos asociativos LGTB hubo consenso en esto. Algunas ciudades y comunidades -empezando por Vitoria-- habían aprobado leyes de uniones civiles, que amparaban también a las personas el mismo sexo, y muchos, al considerar que España no estaba preparada para un paso mayor, apostaron por este sistema. Para pelear por la máxima, nació la FELGTB. Fue la federación quien negoció con Rodríguez Zapatero cuando entonces parecía poco probable que fuese a ganar las elecciones. Y lograron que introdujera la medida en su agenda.

"Sus opositores intentaron, para descafeinar la medida, que se llamara de muchas maneras, pero para nosotros tanto el simbolismo de que se llamara matrimonio, como su nivel práctico, era fundamental", señala Montón que junto a Miguel Ángel Fernández, David Jiménez y Pedro Zerolo -uno de los principales valedores de la ley-estuvo en el grupo que preparó la letra pequeña de la medida.

El carpetazo judicial al asunto llegó el 6 de noviembre de 2012. Ese día, un jueves, el Tribunal Constitucional blindó la Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Con ocho magistrados a favor (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) y tres en contra -todos ellos elegidos a propuesta del PP-- se resolvió que la norma es plenamente constitucional. Los jueces habían tardado siete años en resolver el recurso. En ese tiempo se habían celebrado 22.000 matrimonios entre personas del mismo sexo.

"Con mucha pedagogía, aguantamos el tirón de la manifestación a la que acudieron los obispos y el PP. En tiempo nos ha dado la razón. Ahora se ve con toda normalidad. También nos ha dado la razón con que quien se oponían están siendo protagonistas del derecho, o brindando por él", dice Montón. El pasado 18 de septiembre, Mariano Rajoy, uno de los firmantes del recurso de anticonstitucionalidad, y otros miembros de la cúpula de la formación política asistieron como invitados a la boda del vicesecretario sectorial del partido, Javier Maroto, y su pareja, Josema Rodríguez. Un gesto para enterrar definitivamente aquel recurso fracasado.

En 2005, más de la mitad de los españoles (56%) apoyaba el matrimonio igualitario, el 21% se oponía y un 11% se mostraba en desacuerdo con el término, según un sondeo de Metroscopia. Una década después, un 68% está de acuerdo en que la unión entre parejas del mismo sexo se llame matrimonio, según otra encuesta realizada también por Metroscopia en junio.

En unos años, en sólo un poco más de una generación, los gais, lesbianas, bisexuales y transexuales han pasado de considerarse ante el Estado como vagos y maleantes, a tener igualdad de derechos legales como ciudadanos, a poder constituir una familia igual que los heterosexuales. La reforma normativa que permitía el matrimonio igualitario marcó un punto culminante en la lucha por los derechos de los homosexuales, pero no el fin de la batalla. Cada año se registran en España unos 600 delitos de odio motivados por la orientación u orientación sexual. "La igualdad legal es el suelo sobre el que te apoyas, pero nunca el techo. Esto no acaba aquí, porque para que haya igualdad social se requiere un cambio cultural profundo, y eso lleva años. Aún queda mucha homofobia, LGTB-fobia", dice Gimeno.

El divorcio | La ley del aborto | El matrimonio igualitario

La paciencia

Manifestación contra las violencias machistas en Madrid el 7 de noviembre. Álvaro García

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Cuatro décadas de camino en democracia han alumbrado un país que no se reconoce en el espejo con aquél que dejó a su muerte, ese 20 de noviembre de 1975, el dictador Franco.

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Discurso de Su Majestad el Rey Juan Carlos I el 23 F de 1981 completo

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El asalto de Tejero al Congreso el 23-F de 1981, Noticias en el Archivo de RTVE - RTVE.es A la Carta

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Dimisión de Adolfo Suárez (28 xaneiro 1981)

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Dimisión de Adolfo Suárez (28 xaneiro 1981)

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ATRESPLAYER TV | Ver vídeos ¿DÓNDE ESTABAS ENTONCES? Una serie documental que arranca en 1977 (con las primeras elecciones democráticas celebradas en nuestro país tras la dictadura franquista) y finaliza 40 años después. El espacio cuenta la historia de estos años a través de las voces de sus ciudadanos, sus auténticos protagonistas.

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Docuweb: Unha viaxe polos 169 artigos da Constitución

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Docuweb: Unha viaxe polos 169 artigos da Constitución

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40 aniversario de la Constitución Española

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Celebra con EL PAÍS los cuarenta años de la Constitución aprobada el 6 de diciembre de 1978 por los españoles.

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Constitución Española: 40 Aniversario - RTVE.es

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Sigue los actos que conmemoran al 40 aniversario de la Constitución Española. Todas las noticias, vídeos y reacciones de los protagonistas en RTVE.es.

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Referéndum de la Constitución de 1978 - RTVE.es

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Congreso de los Diputados - Canal Parlamento

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As primeiras eleccións democráticas (15 xuño 1977)

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As primeiras eleccións democráticas (15 xuño 1977)

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No-Do: Elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras de la democracia en España - RTVE.es

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No-Do: Elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras de la democracia en España. Noticias en el Archivo de RTVE online, completo y gratis en A la Carta. Todos los informativos online de Noticias en el Archivo de RTVE en RTVE.es A la Carta

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LEY D'HONT - Así funciona el REPARTO de ESCAÑOS en ESPAÑA

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Paco Ibáñez e Rafael Alberti, "A galopar"

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Paco Ibáñez e Rafael Alberti, "A galopar"

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A galopar - Paco Ibáñez y Rafael Alberti

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Proclamación de Xoán Carlos I o 22 de novembro de 1975

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Proclamación de Xoán Carlos I o 22 de novembro de 1975

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Juan Carlos I, proclamación en las Cortes (22-11-1975)

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A "Marcha verde" sobre o Sáhara occidental

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A "Marcha verde" sobre o Sáhara occidental

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Informe Semanal - La "Marcha Verde" sobre el Sahara Occidental 1975 - RTVE.es

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Informe Semanal - La "Marcha Verde" sobre el Sahara Occidental 1975, Informe Semanal online, completo y gratis en A la Carta. Todos los informativos online de Informe Semanal en RTVE.es A la Carta

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Documental sobre el asesinato de Carrero Blanco

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La Transición - Victoria Prego - Web Oficial - RTVE.es

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La transición serie documental con la voz de Victoria Prego, que narra la Transición Española 1973 y 1977. Los 13 capítulos online de la Serie La Transición en RTVE.es