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Muy buen trabajo, deben mejorar la descripción teniendo en cuenta la consigna 1

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Arranca el mes de marzo y mientras el Gobierno intenta techar las paritarias 2023 en torno al 60%, algunos gremios ya tienen bonos y aumentos confirmados en marzo.

La inflación del 2022, que fue de 94,8%, y el dato de enero, que fue de 6% y deja un mal arrastre para el primer trimestre del año, repercutieron en la renegociación de las paritarias y marcarán la agenda de lo que sigue de 2023.

A esto se le suma que durante marzo los argentinos deberán afrontar varios incrementos de tarifas en servicios básicos -como agua y gas- transporte, combustible y prepagas, entre otros.

Hay dos gremios que además recibirán bonos para mejorar sus sueldos.

Paritarias: qué aumentos se vienen en marzo 2023

Gremios de distintas ramas pactaron aumentos y bonos durante estos meses que se reflejarán en marzo.

A partir de marzo las empleadas domésticas recibirán un nuevo aumento salarial según lo acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares el pasado noviembre.

El aumento de marzo será de un 4%, que se adiciona al 8% de diciembre, al 7% de enero y el 5%de febrero.De este modo, el salario que las empleadas domésticas cobrarán en marzo, correspondiente al mes de febrero, llegará con un 5% de suba, mientras que lo que corresponde ganar en abril tendrá un 4% extra.
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Aumentos de marzo: una por una, las subas que se vienen en transporte, gas, agua, prepagas y subtes

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó días atrás con las tres cámaras empresarias que integran la actividad -CAC, CAME y Udeca- el cierre de la paritaria anual para los trabajadores de comercio, y en el que obtuvo un incremento adicional al salario básico de convenio del 22,9%.

El convenio al que arribaron todas las partes se hará efectivo en dos tramos: por un lado, en febrero el salario básico incluido el presentismo será de $ 165.900; mientras que por otra parte, en marzo el sueldo básico alcanzará los $ 182.700.

Si bien en abril pasado se había arreglado una paritaria anual del 59,5% a pagarse en siete cuotas (6% en cada mes entre abril y junio; 10% en agosto y otro 10% en septiembre; 11% en noviembre; y 10,5% en enero de este año, la inflación galopante obligó a adelantar las cuotas. se pueden ver cómo quedan las escalas.

El convenio se hará efectivo en dos tramos en febrero y marzo

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) acordó que en el mes de marzo cobrarán un incremento del 18,39% sobre los salarios básicos. La próxima reunión de revisión será a partir del 1 de abril.

En tanto, en relación al bono que muchos ya percibieron de entre $ 200.000 y $ 300.000, las empresas tienen tiempo para liquidarlo en los últimos días de febrero hasta el 10 de marzo.

Los encargados de edificio alcanzados por el acuerdo firmado entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (Fateryh) y la Unión Administradores de Inmuebles (U.A.D.I.) cobrarán el último mes del súper bono que obtuvieron de $134.000, que será de $26.000 a liquidar con los salarios de febrero, en marzo.

Este mes de marzo percibirán un 8% de aumento. Y en abril, un 5,13% según el acuerdo paritario de los gremios para el 2023 con el objetivo de alcanzar el 97% de incremento frente al salario que recibieron en marzo 2022.

Este mes percibirán un 8% de aumento

Los gremios docentes acordaron con el Gobierno nacional un aumento del 43,9% para el primer cuatrimestre del año, por lo que se garantiza un inicio de clases sin conflictos.

Según publicó CTERA, el aumento fue del 43,9% para el primer cuatrimestre, por lo que el salario mínimo de un docente pasará de $ 90.338 a $ 130.000 a partir de marzo, y la paritaria quedará abierta y tendrá revisiones en mayo y julio.

El Sindicato Obreros y Empleados de la Industria de Chacinados, Tripería y sus Derivados (SOEICHA) firmó el cierre de su paritaria 2022 y acordó que percibirán el pago de una suma no remunerativa de $ 35.000 en marzo 2023.

Los colectiveros enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron un aumento salarial del 29,5% para el primer semestre del año. El incremento de haberes en marzo será del 10%. Y aún resta un 7% en mayo.

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Paritarias: qué trabajadores tendrán bonos y aumentos de sueldo en marzo

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Arranca el mes de marzo y mientras el Gobierno intenta techar las paritarias 2023 en torno al 60%, algunos gremios ya tienen bonos y aumentos confirmados en marzo.

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El presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acordaron hoy con representantes de los gremios un aumento que eleva el salario Mínimo Nacional Docente Garantizado a $ 90.338 en febrero y contempla, además, un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

El acuerdo alcanzado en el marco de la reunión paritaria, fue suscripto esta tarde durante un encuentro en el Salón Mujeres Argentinas, del que también participaron el Jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur; la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; el secretario general de UDA, Sergio Romero; la secretaria gremial de SADOP, Marina Jaureguiberry; el secretario adjunto de la AMET, Ernesto Cepeda, y el secretario general de la CEA, Fabián Felman.

"Es una vergüenza que durante cuatro años la paritaria nacional se suspendió, y es imperioso sostenerla para jerarquizar el rol del docente", afirmó el Presidente tras la firma del acta acuerdo de actualización paritaria, un mecanismo que "estoy contento de haber restituido" y que "debemos hacer que a nadie más se le ocurra que es posible que desaparezca", agregó.

Por último, el mandatario definió como "Estado tonto" al que "piensa que otro que no sea el Estado se va a preocupar de la educación pública. Eso es falso, eso es mentira", aseveró y añadió que "si queremos progresar, tenemos que seguir apostando a la inversión".

El incremento salarial se hará efectivo en tres tramos de $ 81.325 en diciembre, $ 84.500 en enero y $ 90.338 en febrero de 2023. En la reunión paritaria también se acordó un nuevo encuentro para febrero y un aumento del FONID de $ 11.000 en diciembre, y de $ 12.100 en enero y febrero del año próximo.

El ministro Perczyk resaltó que "a partir de la propuesta del Gobierno nacional el presupuesto votado del próximo año incluye una garantía del 1.33 % del PBI para la educación, lo que expresa una expansión que permite que la inversión siga creciendo".

"Es imprescindible garantizar la Educación como un derecho y una política de Estado, con el financiamiento adecuado y continuo, independientemente de las gestiones de gobierno, como condición necesaria para el logro de la justicia social y la transformación educativa", resaltó.

Por parte de la cartera educativa también estuvieron en la firma del acuerdo la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz; el secretario general del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango, y el director de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Luis Calderaro.

En tanto, en representación de CTERA asistieron la secretaria gremial, Angélica Graciano, y el secretario de acción social, Luis Branchi. Por la UDA, el secretario general de Formosa, Vicente García Insfrán, y el secretario general por Sección Capital, Norberto Cabanas. Y por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el secretario general Juan Monserrat.

También estuvieron el secretario adjunto de SADOP, José Luis Fernández, y Jorge Béseles, de la comisión directiva de AMET. Por la CEA participaron el secretario de Convenciones Colectivas, Juan Carlos Aguirre; la secretaria de Educación y Cultura, Laura Man, y el secretario de Finanzas, Omar Aita.

Por último, el Consejo Superior de Educación Católica estuvo representado por Adrián Álvarez, y la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada por Claudia Stringi y Carlos Camarottii.

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El Gobierno acordó con los gremios un nuevo aumento del salario Mínimo Nacional Docente Garantizado

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El presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acordaron hoy con representantes de los gremios un aumento que eleva el salario Mínimo Nacional Docente Garantizado a $ 90.338 en febrero y contempla, además, un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

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El Gobierno espera que las paritarias de 2023 se cierren en torno al 60 por ciento (@ATE_PromSocial)

Los gremios estatales firmaron con el Gobierno nacional un acuerdo para cerrar la paritaria de 2022 con un aumento anual de 97% que regirá hasta junio, informaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

El convenio salarial, rubricado por UPCN y ATE en una reunión que comenzó a las 15 en la cartera laboral, incluirá tres nuevos tramos de incrementos, a razón de 10% desde febrero, 8% en marzo y un 5,13% en abril, explicaron fuentes gremiales a Infobae.

"La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzó un acuerdo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional para el último tramo de la paritaria 2022 (vigencia desde el 1/06/2022 al 31/05/2023)", explicó el sindicato que conduce Andrés Rodríguez. "De ese modo, el incremento salarial de los trabajadores públicos nacionales totaliza un 97% de incremento", afirmaron.

Será, de esta forma, la finalización de la negociación paritaria de 2022. Todavía quedará pendiente, más cerca de mitad de año, el tira y afloje con el Gobierno nacional para el aumento de salarios de la paritaria 2023. El Poder Ejecutivo busca propiciar una pauta de acuerdos con un número más cercano al 60%, en línea con la expectativa de recorte de la inflación que proyecta el equipo económico.

"Esperamos iniciar a la mayor brevedad posible las conversaciones de la paritaria correspondiente al periodo 2023 que empieza a regir el 1° de junio del corriente año, donde apostamos a una baja inflacionaria que resguarde el poder adquisitivo del salario de los estatales", mencionó un comunicado de UPCN.

Durante la firma, Marcelo Bellotti, Secretario de Trabajo, señaló: "El desafío más grande, este año, será tener un proyecto estratégico donde el movimiento obrero sea el actor social más importante de la construcción de nuestra democracia social".

La ministra de Trabajo Kelly Olmos, junto al secretario general de la CGT Héctor Daer

Estuvieron presentes en la reunión, la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani; por parte de la cartera laboral, por la Dirección de Análisis Laboral del Sector Publico, Mara Mentoro; y la jefa del Departamento N°1 Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Juliana Califa. Por parte de UPCN asistieron Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Alejandra López Atía, Felipe Carrillo, Marta Farías y Hugo Spairani; mientras que por ATE estuvieron presentes Hugo "Cachorro" Godoy, Flavio Vergara, Mercedes Cabezas y Mariana Amartino.

En las primeras semanas del año algunos sindicatos comenzaron a realizar las últimas revisiones por cláusulas gatillo y acuerdos de renegociación de los convenios salariales a los que llegaron a lo largo del año. El gremio de comercio, por ejemplo, firmó hace diez días con las cámaras del sector un aumento anual del 101% a partir de un incremento del básico de convenio, que elevará el piso salarial de $139.000 a $182.700.

Otros sindicatos ya iniciaron sus negociaciones salariales para 2023. La conducción de la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, por ejemplo, y las cuatro cámaras empresarias de la actividad iniciaron la semana pasada de manera formal la negociación paritaria del año en el Ministerio de Trabajo por pedido del gremio, informó la entidad.

Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa nacional, Claudio Bustelo, indicó hoy que "el sindicato inició la negociación con idéntico concepto al pregonado siempre, es decir, que los trabajadores no sean la variable de ajuste".

La cuestión sobre un techo de 60% a las paritarias, para que sigan la proyección inflacionaria que hizo el Gobierno fue motivo de discusión en el ámbito sindical. "Las paritarias son libres y soberanas de cada sector" y que "la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste", dijo el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (Uocra).

La propia ATE salió al cruce de esa idea. El secretario adjunto nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo en un documento que "la baja de la inflación no está consolidada y nunca se cumplieron las previsiones presupuestarias", por lo que demandó la urgente revisión de la paritaria. "Es inadmisible que se pretenda determinar un techo del 60 por ciento a la discusión salarial de este año", sostuvo Aguiar en relación con una iniciativa de Economía, y añadió que ello "es contrario a las paritarias libres que siempre propuso el Gobierno".
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Los gremios estatales acordaron con el Gobierno un aumento de 97% para la paritaria de 2022

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El Gobierno espera que las paritarias de 2023 se cierren en torno al 60 por ciento (@ATE_PromSocial) Los gremios estatales firmaron con el Gobierno nacional un acuerdo para cerrar la paritaria de 2022 con un aumento anual de 97% que regirá hasta junio, informaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

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La Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores recibió jerarquía constitucional                                      

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Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el otorgamiento de jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a esta Convención.

Allí se establece que "los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional".

Dicha ley ubica a la convención al nivel de alcance de los tratados internacionales sobre derechos humanos y otorga mayor reconocimiento en materia de derechos hacia las personas mayores.

Tres adultas mayores, destinatarias de las políticas del ministerio.

Este instrumento fundamental determina y guía las acciones destinadas a esa población específica que se llevan adelante desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Si bien la Convención ya tenía rango de ley en Argentina, esta decisión amplía el estatus del marco normativo en el que se apoyan los programas y proyectos de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la SENAF.

Al lograr esta jerarquía constitucional, los derechos de las personas mayores están en paridad con los de otros grupos en situación de vulnerabilidad que están identificados y amparados en documentos internacionales que lograron igual rango, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

La Convención fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la XLV Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015 y aprobada por la ley 27.360.

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La Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores recibió jerarquía constitucional

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Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el otorgamiento de jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a esta Convención.

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El 15 de marzo celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. También se cumplen 40 años de aquel primer festejo de 1983, a iniciativa del activista malasio Anwar Fazal, con el objeto de conmemorar y reflexionar sobre los derechos de los usuarios y consumidores.

En nuestro país, la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) cumplirá 30 años, y también la incorporación de estos "nuevos derechos" en la Constitución Nacional a partir de su última reforma en el año 1994. Una ley que tuvo avances y retrocesos y que actualmente se encuentra articulada con el Código Civil y Comercial unificado, por lo que hace tiempo que el derecho del consumidor dejó de considerarse un microsistema para erigirse como nuevo paradigma en la resolución de la mayoría de los casos que llegan a los tribunales, atravesando todo el sistema de protección jurídica a la persona humana. Eso, al menos en los papeles.

El futuro del derecho del consumidor en Argentina está ligado a la solución de problemas inmemoriales como la inflación, la ineficiencia del Estado y la baja calidad institucional. Son elementos previos que mientras no logremos superarlos será muy difícil percibir la efectiva vigencia de este marco protectorio tan importante para las sociedades del presente, en el que las corporaciones están presentes desde el despertador hasta el colchón, prácticamente en cada minuto de nuestras existencias.

Desde lo técnico y estrictamente judicial, los cuatro ejes más relevantes para su desarrollo pasan por la gratuidad, el proceso, el daño punitivo y las acciones colectivas.

Pese a los reiterados fallos de la Corte, que no hacen otra cosa más que reafirmar lo dispuesto por la LDC acerca de que estas acciones gozan del beneficio de la gratuidad, en la mayoría de las provincias -Córdoba no es la excepción- todavía no existe la más mínima certeza del criterio que tendrá un juez o una cámara acerca de este aspecto fundamental para que los consumidores puedan acceder a la última etapa del sistema de resolución de conflictos, el Poder Judicial. Si bien algunos fallos -que son noticia- iluminan desde el reconocimiento básico de este derecho a los consumidores, es habitual que se condene a éstos a pagar costas, sin ningún tipo de repercusión para los funcionarios, quienes favorecen de este modo a los grandes grupos económicos, contra los cuales litigar da bastante miedo, justificado.

El proceso oral avanza, se impone y mejora los tiempos y la inmediación judicial. El día en que los directores de este proceso integren los principios procesales de la LDC con los de la oralidad, y dejen de resistirse al hecho tan simple de tratar de solucionar un conflicto desde la mirada de protección al ser humano, seguramente empezaremos a ver los frutos de este acierto de nuestra legislación adjetiva.

Con respecto al daño punitivo, cabe mencionar que la última modificación, de fines de 2022, permite mantener actualizado el monto de la sanción ejemplarizadora y disuasiva, que antes estaba sujeta a un tope ridículo en pesos, en el país más inflacionario del mundo. También en este aspecto es necesario que los casos de los consumidores dejen de considerarse aisladamente; que se entienda que por cada persona que reclama hubo cientos o cientos de miles que se resignaron y prefirieron pasar la página por la desconfianza en la Justicia, más que entendible cuando se trata de poner coto a las empresas que cuentan con equipos de abogados especializados en complicar y dilatar los juicios, porque llegaron a la conclusión de que económicamente les es más rentable el camino del expediente. En términos no sólo de inflación sino también de desgaste psicológico y moral, problemas ajenos al directorio de una sociedad jurídica.

Finalmente, tenemos el instrumento de los procesos colectivos como la mejor herramienta para solucionar conflictos de afectación masiva, algunos por los cuales no valdría la pena el juicio individual (los microdaños, como un cargo de comisión bancaria injustificado), y otros que por su envergadura tampoco podrían solucionarse analizando el caso en solitario. En este aspecto es en el que más se adeuda el compromiso estatal. No tenemos ley provincial ni nacional que regule las acciones colectivas, y en la práctica obtener un primer decreto puede demorar tanto como un juicio entero, que no es poco. Las presiones del poder económico y la falta de recursos para equilibrar la balanza se multiplican por la importancia que tendrían las sentencias favorables a los consumidores en este tipo de causas.

Con los enormes avances de la tecnología, en todos los ámbitos, siempre mediadas en su aplicación por las corporaciones, un futuro sin una protección del consumidor dinámica y eficiente será un futuro a merced exclusivamente del interés de lucro de los grandes imperios de la economía global. Por eso, hoy les deseamos ¡un feliz día a los derechos de los consumidores!, y los animamos a ser letra viva, voz, potencia y acción para un mundo más justo.
* Profesor de Derecho del Consumidor (UNdeC). Presidente de la Asociación de Consumidores (Adcoin) - Youtube.com/abogadovergara

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El 15 de marzo celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. También se cumplen 40 años de aquel primer festejo de 1983, a iniciativa del activista malasio Anwar Fazal, con el objeto de conmemorar y reflexionar sobre los derechos de los usuarios y consumidores.

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La nueva ley de vivienda 2023 es un proyecto impulsado por el ejecutivo para generar "orden en el sector de la vivienda". La norma refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar, favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles, protege de las situaciones de vulnerabilidad y combate la especulación inmobiliaria.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su voluntad política para aprobar la primera ley estatal de vivienda de la democracia es "total" y que espera llegar a un acuerdo con sus socios parlamentarios para sacarla adelante "antes de que termine esta legislatura".

"La voluntad política existe, es total, es diáfana, pero no tenemos 176 escaños, sino 153, y tenemos que hablar con otros grupos parlamentarios y espero que antes de que termine esta legislatura podamos alumbrar entre todos una ley muy importante sobre todo para los jóvenes de nuestro país", ha afirmado en la sesión de control del Senado, según informa Agencia EFE.

Las claves de la Ley de Vivienda

En líneas generales, con esta normativa, el gobierno prevé diferenciar las zonas de acuerdo al parámetro de "áreas tensionadas", que deberá ser solicitada por las Comunidades Autónomas en función de la evolución de los precios de alquileres en los últimos años, por encima de lo considerado "razonable".

Estas áreas podrían ser un barrio, un distrito, un municipio o una comunidad entera. Para ser "tensionadas", las áreas deberán haber contado con precios medios de arrendamiento que hayan crecido más de 5 puntos por encima del índice de precios al consumidor. Además, el importe debe representar más del 30% de los ingresos por hogar.

Para esas zonas, se diferenciará entre quien sea el propietario, si particulares o empresas con más de 10 viviendas (denominados como "grandes propietarios").

Por otra parte, en el caso de los particulares, se impulsarán medidas fiscales, mientras que para las empresas habrá topes de precios. El inquilino podrá exigir una prórroga forzosa del contrato.

Si se trata de un dueño "gran propietario", el precio de la renta mensual se definirá en base a un índice de precios de alquiler, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Si se trata de un particular, el precio seguirá siendo libre, acordado por las partes y los propietarios tendrán incentivos fiscales para no aumentar.
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Ley de vivienda: la expectativa de Sánchez por su aprobación

El presidente del Gobierno reafirmó su compromiso para impulsar una ley de vivienda "ambiciosa" y "transformadora" que sirva para "regular los alquileres y el mercado" y que sitúe el derecho a una vivienda digna y adecuada "por delante de los intereses financieros de los de siempre".

Sus declaraciones surgen como contestación a la senadora de ERC, Mirella Cortés, que le ha acusado de no tener voluntad política.

Cortés ha pedido además explicaciones a Sánchez por la "falta de transparencia y control" del Gobierno sobre la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y le ha exigido en especial que sea transparente con las "operaciones especulativas que realizó en Lleida con la venta de terrenos a empresas con vinculación en paraísos fiscales".

Según informó Agencia EFE, la senadora también ha denunciado que no hay forma de saber qué activos tiene esta entidad y ha recordado que incluso la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo recientemente que ni los ministerios ni el Gobierno tienen esa información.

Tras criticar que esos inmuebles no formen parte de un parque de vivienda pública, ha lamentado que la Sareb "priorice el beneficio económico" y que sea una entidad en la que "las puertas giratorias están a la orden del día" con un "concubinato indisimulado con los fondos buitres".
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Es así que Sánchez le ha replicado que la Sareb es la "respuesta fracasada de un gobierno d derechas a la anterior crisis financiera" y una "herencia envenenada" que recibió de la administración del PP, con 35.000 millones de euros de deuda.

Tras recordar que el Estado tomó su control en 2021, ha recalcado que desde entonces sus dos grandes objetivo son "impulsar un parque público de vivienda para alquiler asequible y potenciar la venta de activos para rebajar la mayor cantidad de deuda pública posible".

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Ley de vivienda: el Gobierno espera sacarla adelante en estos días, ¿de qué se trata?

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El presidente del Gobierno de España se ha mostrado confiado en que la Ley de Vivienda se aprobará en las próximas semanas.

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inauguró un nuevo Centro de Acceso a la Justicia en Miramar

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En un acto institucional organizado por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio, quedó formalmente inaugurado el Centro de Acceso a la Justicia de Miramar, provincia de Buenos Aires. La oficina cuenta con un equipo interdisciplinario formado e…

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Las de la Seguridad Social son pagos que reciben los trabajadores que no pueden seguir trabajando, ya sea por motivos de jubilación, viudedad o incapacidad debido a enfermedad o accidente. A su vez, estas pensiones se clasifican en dos categorías: contributivas y no contributivas.

Las contributivas son aquellas en las que el beneficiario ha cotizado el mínimo para acceder a ellas, mientras que las no contributivas son aquellas que perciben los trabajadores que no han cotizado el mínimo. Estas últimas van dirigidas a personas vulnerables que carecen de recursos suficientes.

Estas son las pensiones que caducan y lo que puedes hacer para no perderlas. (Imagen: archivo)

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El Ministerio de Trabajo es el encargado de otorgar las pensiones contributivas, que pueden ir desde los 743,21 euros al mes (la cantidad mínima) hasta los 3085 mensuales (la cantidad máxima). Por otro lado, las pensiones no contributivas son administradas por las comunidades autónomas. Cabe destacar que existen algunas pensiones que tienen un período de validez determinado y que, por lo tanto, caducan.

Las pensiones de la Seguridad Social que prescriben

La Seguridad Social indica que en algunos casos, el derecho a recibir ciertas pensiones puede prescribir después de cinco años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se produjo el hecho causante, incluso si los efectos se produjeron tres meses antes de esa fecha.

Es importante destacar que la mayoría de las pensiones tienen un plazo de validez, con excepción de cuatro de ellas, según indica el organismo público a través de su sitio web.

El derecho a recibir ciertas pensiones puede prescribir después de cinco años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se produjo el hecho causante. (Imagen: archivo)

Las pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y en favor de familiares no caducan. Sin embargo, esto no implica que no puedan interrumpirse y, por lo tanto, perderse. Algunas razones por las que una pensión puede ser interrumpida incluyen una reclamación extrajudicial del acreedor, una reclamación de la Seguridad Social o la apertura de un expediente de Trabajo.
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A continuación, detallamos los motivos por los cuales podrías quedarte sin tu pensión:

Superar el límite de ingresos establecidos en los requisitos para cobrar una pensión no contributiva. Las cuantías varían según la situación familiar del beneficiario.

No declarar los ingresos de la unidad de convivencia los tres primeros meses del año. Todos los años, hasta el 31 de marzo, se deben presentar los ingresos. De esta manera, la administración se podrá asegurar de que no se supera el máximo establecido.

Si se produce algún cambio en los datos personales, el beneficiario tiene la obligación de comunicarlo a la administración. Si los cambios afectan a alguno de los requisitos exigidos para solicitar el subsidio, podrías quedarte sin la pensión.

Si la Seguridad Social realiza una investigación y descubre alguna modificación relevante. Por eso es importante notificar lo antes posible cualquier cambio. La administración también puede solicitar a los pensionistas que abonen el importe cobrado indebidamente.

El derecho a recibir prestaciones puede caducar después de un año si no se han cobrado. Esto se aplica tanto para prestaciones únicas como a las de pago periódico. En ambos casos caduca "al año a contar desde el día siguiente de haber sido notificada en forma al interesado de su concesión".

En qué casos te pueden quitar la pensión

Existen cuatro motivos por los que la Seguridad Social puede suspender el pago de la prestación no contributiva. El incumplimiento de alguno de los requisitos puede conllevar la retirada de la prestación.

Qué hacer si me han quitado la pensión

Si un beneficiario ha perdido el derecho a la pensión por un cambio de las condiciones que causaron el hecho, p uede recuperarla cuando vuelva a cumplir los requisitos. Por ejemplo, si se supera el límite de ingresos establecido para recibir la pensión, se podría recuperar el derecho a la pensión una vez que los ingresos vuelvan a estar dentro del límite.

Asimismo, si se notifica a la administración un cambio en las condiciones familiares o de domicilio que puedan afectar al derecho a la pensión, también se podría recuperar dicha pensión.

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Atención, jubilados: estas son las pensiones que caducan y lo que puedes hacer para no perderlas

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Las de la Seguridad Social son pagos que reciben los trabajadores que no pueden seguir trabajando, ya sea por motivos de jubilación, viudedad o incapacidad debido a enfermedad o accidente. A su vez, estas pensiones se clasifican en dos categorías: contributivas y no contributivas.

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DERECHOS QUE PROTEGEN A LOS GRUPOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

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DERECHOS QUE PROTEGEN A LOS GRUPOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

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En apenas dos meses trepó casi cinco puntos porcentuales la estimación sobre pobreza infantil en Argentina (EFE)

Junto al dato puntual del nivel de pobreza en el segundo semestre del 2022, que según el Indec ascendió a 39,2% del total de la población, aparece una tendencia preocupante en la última década en varias dimensiones, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que analiza la evolución de la pobreza por ingresos, multidimensional, las carencias no monetarias y la situación social en los distintos estratos socioeconómicos de la Argentina.

Mientras algunos aspectos vinculados al contexto ambiental mejoraron desde 2010, empeoraron el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y a la seguridad social, pese a las medidas asistenciales adoptadas por el Estado.

Un período de bajo crecimiento económico -en particular del PBI por habitante-, de escasa creación del empleo privado registrado, de baja inversión privada y de alta inestabilidad (vía dólar e inflación) explican estos desalentadores resultados. Aun con una baja en el desempleo total, esta corriente de degradación no se ha detenido y así lo reflejan los centros urbanos que exhiben bajas tasas de desocupación y altos índices de pobreza, según los datos del Indec.

El estudio de la UCA refleja que el déficit de empleo y seguridad social no varió entre 2010 y 2022, al mantenerse en torno del 31% de la población; que creció el porcentaje de déficit en alimentos y salud del 20% al 27% en este período y, en particular, la inseguridad alimentaria severa pasó del 7% al 9 por ciento.

Además, mientras que mejoró el acceso a las redes de cloacas y agua corriente, no mejoraron las condiciones para acceder a una vivienda digna, tanto por tamaño apropiado para la cantidad de miembros del hogar, como de la calidad de los materiales.

Déficit de derechos de empleo y seguridad social Informe de la UCA de pobreza

Los datos son contundentes. Tanto que casi no requieren un análisis, pero aun así, estas son las principales conclusiones a las que arribó el equipo que dirige Agustín Salvia:

- En un contexto de mejoras variables, pero tendencialmente regresivas en materia de bienestar para el período 2010-2021, las evidencias dan cuenta de un aumento de la desigualdad estructural al interior del AMBA para una serie de dimensiones cruciales asociados a las condiciones materiales de vida y de integración social.

- En la Ciudad de Buenos Aires, algunas de las privaciones no monetarias manifiestan un carácter marginal como el caso del acceso a servicios básicos o muy reducidos, como el acceso a una vivienda digna.

- Para los partidos del Conurbano Bonaerense, estos aspectos asumen una incidencia muy superior, aunque registran una mejora a lo largo del período observado. Sin embargo, dada la desigual composición socioeconómica de ambas jurisdicciones, aumentó la brecha de desigualdad socio-urbana.

- Tanto en relación al acceso a la vivienda, los servicios básicos y a un medioambiente saludable, se observan mejoras asociadas a la inversión pública en materia de saneamiento y mejora ambiental.

- En cambio, otros aspectos registran una evolución desfavorable, particularmente en los últimos años, como el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y la seguridad social. Estos factores están asociados a la crisis, situación que se agravó aún más como consecuencia de la pandemi a.

Pobreza por estratos socioeconómicos Informe de la UCA de pobreza

- El impacto sobre el mercado de trabajo y sobre los ingresos reales de los hogares implicó un incremento de los niveles de pobreza por ingresos y de carencias en estas dimensiones.

- Como consecuencia de este proceso, el análisis de la evolución de la pobreza multidimensional muestra un incremento de la brecha entre los niveles de desigualdades estructurales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Conurbano Bonaerense, como expresión de la suerte corrida por diferentes segmentos sociales.

- Más en general, las áreas metropolitanas de América latina y el Caribe son territorios fragmentados en términos no sólo político-jurisdiccionales sino también socioeconómicos; esta segmentación social es un factor crucial que explica sus progresos, retrocesos, heterogeneidades y desigualdades, incluso, la (in)capacidad de poner en marcha políticas de desarrollo urbano sustentables.

- La reproducción de desigualdades no solo tiene lugar entre jurisdicciones, sino también al interior de cada una y de los propios segmentos sociales, haciendo cada vez más difícil la tarea de aplicar políticas de gobernanza metropolitana y de desarrollo humano integral.

Pobreza por ingresos y multidimensional Informe de la UCA de pobreza

- En los extremos de esta dinámica florecen los barrios cerrados, al mismo tiempo que la toma de tierras marginales por sectores expulsados de espacios con nuevos desarrollos inmobiliarios.

- Un desarrollo económico socio-productivo con efectos redistributivos en materia de ingresos, bienes y servicios públicos, capaz de permitir el progreso socioeconómico a los sectores más pobres y vulnerables, es condición necesaria para cualquier proceso de modernización urbana, e, incluso, para alcanzar de manera efectiva y sostenible programas de desarrollo urbano sustentables. De lo contrario, el resultado puede llegar a ser -tal como muestra el caso del AMBA- un desarrollo ampliado de la pobreza y la desigualdad urbana.

El último jueves, el Indec informó que en el segundo semestre del 2022 la pobreza, de la mano de una inflación que llegó al 95%, ascendió a 39,2% de la población, frente al 37,5% registrado un año antes.

Luego del pico del 60% alcanzado tras la implosión del 2001, el siguiente techo fue el 42% en la pandemia y cuarentena del 2020. Y del 35,5% registrado cuando el gobierno de Mauricio Macri finalizó su presidencia, el fenómeno no dejó de registrar incrementos, tal como lo reflejaron mes a mes las brechas crecientes entre la variación del valor de las canastas básicas de pobreza e indigencia y la tasa de inflación.

Entre 2007 y 2015, las cifras son borrosas por la distorsión de las estadísticas oficiales del Indec, una estrategia que llevó en 2014 a dejar de medir la pobreza y al entonces ministro Axel Kicillof a afirmar: "No tengo el número de pobres, es una medida estigmatizante".

El análisis de la UCA tiene el valor agregado de medir la pobreza multidimensional y dejar en claro que los ingresos cada vez son más insuficientes para mantenerse a flote dentro de la clase media.

Esta tendencia se registra pese al incremento de los planes sociales en la última década y a las diferentes iniciativas que buscaron sumar jubilados sin aportes al sistema previsional.

Un costado de la moneda podría indicar que, sin estos programas, los resultados actuales serían peores. El reverso es que, pese a este incremento de la asistencia social, el panorama mantuvo su tendencia declinante. Con una de las tasas de inflación más altas del mundo, solo superada por Venezuela, Zimbabue y Líbano, no hay por qué sorprenderse de estas cifras.
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Argentina empeoró desde 2010 en el acceso a la alimentación, la salud, al empleo y a la seguridad social

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Surge de un informe del Observatorio para la Deuda Social de la UCA al que accedió Infobae. Analiza las diferencias entre CABA y el conurbano, las causas y posibles soluciones a ese cuadro que se agrega a la pobreza por ingresos

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Aumentó la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los alimentos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los precios de los alimentos volvieron a subir con fuerza durante marzo y así también lo hizo la brecha entre el valor que recibe el productor y lo que termina pagando el consumidor en la góndola. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el tercer mes del año los valores de los agroalimentos se incrementaron 3,7 veces desde su salida del campo a los mostradores.

De esta manera, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), construido por la entidad empresaria, remarcó que el "efecto sequía comenzó a sentirse en la mesa diaria de los consumidores argentinos, quienes pagaron $3,7 por cada $1 que recibieron los productores". Así, la brecha creció 19,35% respecto a la medición realizada en febrero, cuando la diferencia se ubicó en 3,1 veces.

En promedio, la participación del productor explicó el 28,3% de los precios de venta final, detalló la entidad empresaria. En este sentido, la mayor participación la tuvieron los productores de pollo, con 67,4% del precio final, ya que su valor a la salida de los criaderos fue de $381,3 por kilo, mientras que el consumidor debió pagar, en promedio, $566 por kilo. En el otro extremo se posicionó la cebolla, con una participación del 6,3% recibiendo $14,2 por kilo, mientras que en góndola el precio alcanzó los $225,7.

En términos general, el IPOD Frutihortícola, que involucra los precios de las 19 frutas y hortalizas se multiplicaron por 5,9 veces en marzo, un 51,2% más con respecto a febrero 2023, incremento explicado, en gran parte, por productos como la lechuga, el tomate redondo, el pimiento, el brócoli y la acelga, mientras que el IPOD Ganadero, que toma en consideración cinco productos y subproductos de las diferentes actividades que lo integran, arrojó que el consumidor abonó 2,9 veces más de lo que recibió el productor, al igual que el mes anterior.

Como se dijo anteriormente, la cebolla fue la que mayor brecha mostró en marzo, con un incremento en la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor de 15,9 veces. Según explicó la entidad empresaria, "los precios del producto disminuyeron en ambos extremos de la cadena: el productor (-84%) y el consumidor (-18%). Los productores consultados informaron que en origen la caída respondió a la disminución de la exportación a Brasil, a lo que se suma una caída de demanda de la variedad Valencianita frente a la Calabresa".

Le siguieron en importancia el limón, con una brecha de 14,6 veces, la calabaza (10,6), la naranja (6,5) y la mandarina (6,1). En el caso de los cítricos, el primero registró una baja mensual del 61% en los precios al productor, explicada por el exceso de oferta, mientras que en góndola la disminución fue tan sólo del 1%. Por su parte, la naranja tuvo una suba de 51% en destino y una baja mensual de 40% en origen, que responde a que el precio anterior correspondía a la fruta que quedaba en cámara de frío -que suele ser más cara- y el actual es de la cosecha temprana, mientras que la mandarina, que registró un aumento del 105% en los precios al productor, mientras que en góndola el incremento fue del 68%, se dio porque calor "generó un daño irreversible en la fruta, por lo que la combinación entre sequía y altas temperaturas en zonas productoras ha generado una fuerte baja en la oferta".

Entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor, se encuentran 2 productos de origen animal y 3 hortícolas. En el caso del pollo, cuyo precio se incrementó en 1,5 veces, fue la brecha más baja del mes, seguido por los productores de huevo, con una diferencia de 1,9. En este caso, estas producciones son sistemas integrados, lo que significa que todos los actores de sus respectivas cadenas de valor son parte del riesgo del negocio. "Mientras los huevos se incrementaron 33,7% en origen y 31% en destino, los precios del pollo subieron 27,7% al productor y 21% al consumidor", destacó el trabajo.

En relación a los productos de la canasta frutihortícola, seriamente dañados por la incidencia de las altas y prolongadas temperaturas en las principales provincias productoras, se dio un aumento del tomate redondo y la lechuga al productor del 32,3% y 15,5%, respectivamente, mientras que la consumidor el salto fue del 30% y 26%. En contramano, en el pimiento rojo se observó una disminución del 53% en origen y 4% en destino.
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En marzo, los productores recibieron $1 por cada $3,7 que pagaron los consumidores

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Aumentó la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los alimentos. (REUTERS/Agustin Marcarian) Los precios de los alimentos volvieron a subir con fuerza durante marzo y así también lo hizo la brecha entre el valor que recibe el productor y lo que termina pagando el consumidor en la góndola.

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Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo aprobó oficialmente en 1985, Estados, organismos no gubernamentales, el sector privado celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor cada 15 de marzo. En 2023, el ENRE aprovecha la ocasión para recomendar la lectura del folleto Conocé tus derechos y de la guía Tenés derechos. Este Ente Nacional elaboró uno y otro material para los usuarios de las distribuidoras que controla, EDENOR y EDESUR.

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Día Mundial de los Derechos del Consumidor

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Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo aprobó oficialmente en 1985, Estados, organismos no gubernamentales, el sector privado celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor cada 15 de marzo. En 2023, el ENRE aprovecha la ocasión para recomendar la lectura del folleto Conocé tus derechos y de la guía Tenés derechos.

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La pérdida del poder adquisitivo y las malas condiciones laborales llevan a buscar nuevas fuentes de ingresos. (Shutterstock)

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre del 2022 confirmó una mejora en los índices de empleo, actividad y desocupación en el país, pero dejó un resultado preocupante en la medición de los "ocupados demandantes de empleo". Según el informe extendido (total urbano) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), hay 3.108.000 personas en la Argentina que tienen empleo, pero están activamente buscando una segunda fuente de ingresos.

De acuerdo a los especialistas esto puede significar dos cosas: o que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades mensuales, o que las condiciones de trabajo son muy malas. Fácilmente se pueden encontrar datos que respaldan cualquiera de las dos situaciones.

Por un lado, las estadísticas demostraron que en 2022 la Canasta Básica Total (CBT) -valor que representa el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir sus necesidades durante un mes- subió a mayor ritmo que los salarios, lo que da a entender que muchas familias pueden estar siendo "empujadas" debajo de la línea de la pobreza y de pronto sientan la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos.

En detalle, los datos oficiales revelaron que la CBT avanzó 100,3% entre enero y diciembre del año pasado, mientras que los sueldos tuvieron un ajuste nominal anual del 90,4%. Es decir que hubo una diferencia de 9,9 puntos porcentuales en ese período. La diferencia fue aún mayor con la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se encareció 103,8% durante el 2022 (13,4 puntos por arriba de los sueldos).

Los precios de los insumos de primera necesidad crecieron a mayor ritmo que los salarios en 2022. EFE

Por otra parte, los datos más recientes publicados por el Indec señalan que en el país hay 3,5 millones de asalariados (37,4% del total) que trabajan en la informalidad. Al ser trabajos no registrados, es normal que se den condiciones de precariedad laboral.

Además, los empleados informales tienden a ser los que mayor pérdida de poder adquisitivo sufren en períodos de alta inflación. De hecho, durante el 2022 los sueldos de los trabajadores en negro se ajustaron apenas un 65,4%, quedando extremadamente lejos de la inflación (94,8%) y de las canastas básicas que ajustan en base a ella.

Durante el último año abundaron las buenas noticias en relación al mercado laboral. Con el correr de los meses fue creciendo la tasa de empleo, bajando la desocupación y mejorando la tasa de actividad. Además, la Argentina superó por primera vez en la historia la barrera de los 13 millones de trabajadores formales.

Pese a esto, el problema de los "ocupados demandantes" se mantuvo siempre presente. Si bien la tasa bajó levemente entre el tercer trimestre de 2021 e igual período de 2022 (de 16,5% a 15,8%), la cantidad de trabajadores en búsqueda de un segundo ingreso siguió siendo alta.

De hecho, si se mira un poco más atrás, se observa que en 2020 la tasa de ocupados demandantes era un poco menor (15,4%) y con una "tasa de empleo" considerablemente más baja (37,4%), en un escenario de economía debilitada, a causa de la llegada de la pandemia del Covid-19.

De ahí, se puede concluir que, sin importar lo que pase con la tasa de empleo e incluso con la desocupación, siempre hay una proporción alta de argentinos que buscan una segunda fuente de ingresos. Tal es así, que el problema tiende a agravarse con el tiempo.

Lo preocupante, más allá de lo que implica que haya más de 3 millones de trabajadores insatisfechos con su empleo, es que el mercado laboral no da abasto para tanta demanda. Hay que tener en cuenta que, además de los "ocupados demandantes", hay también 1,3 millones de desocupados en el país. Es decir que en total hay más de 4,3 millones de personas en Argentina que compiten entre sí para conseguir trabajo.

Si se analizan los resultados por provincia, se ve claramente que el problema de los "ocupados demandantes" es una aparece en todo el territorio nacional. Solo cuatro jurisdicciones tienen una tasa de un dígito en ese factor de medición. Se trata de Misiones (8,7%), Formosa (9,5%), Chubut (9,7%) y Río Negro (9,9%).

En CABA, la tasa de "ocupados demandantes" es de 10,4%, una de las más bajas del país.

El resto de las provincias tienen una proporción de trabajadores demandantes de un segundo empleo mucho más alta. Algunas incluso llegan a superar el 20%. Las que peor se encuentran en este sentido son Tucumán (29,2%), Jujuy (23,7%) y Mendoza (23,1%).

Por su parte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Buenos Aires, las dos jurisdicciones con mayor cantidad de población en el país, tienen tasas de "ocupados demandantes" del 10,4% y 15,7% respectivamente.
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Más de 3 millones de trabajadores están buscando un segundo empleo en la Argentina

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La pérdida del poder adquisitivo y las malas condiciones laborales llevan a buscar nuevas fuentes de ingresos. (Shutterstock) La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre del 2022 confirmó una mejora en los índices de empleo, actividad y desocupación en el país, pero dejó un resultado preocupante en la medición de los "ocupados demandantes de empleo".

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Según la OIT, el 45% de los trabajadores en la Argentina son informales

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Las personas que trabajan en condiciones de informalidad en América Latina y el Caribe t ienen entre dos y cinco veces más probabilidades de encontrarse en situaciones de pobreza, en particular en un momento en el cual los ingresos de los hogares están siendo golpeados por el aumento de la inflación, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe.

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Losempleados de Comercio recibirán en mayo un aumento de 19,5% dividido en tres tramos no acumulativos, según el último acuerdo paritario, y además una suma fija no remunerativa de $ 25.000 que será dada en dos cuotas.

Según comunicaron, los incrementos se aplicarán sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N°130/75, tomándose como base de cálculo los valores expresados para marzo de 2023.

El acuerdo paritario 2023 abarca a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ( CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas ( UDECA).

Empleados de Comercio: ¿de cuánto es el aumento de la paritaria?

La suba de 19,5% se abonará en su valor nominal en tres tramos no acumulativos a dividirse del siguiente modo:

6,5% desde abril

6,5% desde mayo

6,5% desde junio

Empleados de Comercio: con el aumento, cuánto cobro en abril categoría por categoría

"Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de julio de 2023 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", comunicó la CAC.

Empleados de Comercio: ¿cuánto cobro en mayo 2023, categoría por categoría?

SUAF ANSES | Confirmado, este grupo cobra un nuevo bono en abril 2023, ¿quiénes acceden?

Categoría por categoría, los sueldos para quedaron del siguiente modo:

Nuevo bono para empleados de Comercio: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

La FAECyS pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa, por única vez y de naturaleza excepcional. Este será de dos cuotas de $ 12.500 cada una, a abonarse de la siguiente manera:

"Todo ello será conforme las prescripciones que dispone el art. 6 de la ley 24.241", aclara el comunicado oficial de la paritaria.

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Empleados de Comercio: con el aumento, cuánto cobro en mayo categoría por categoría

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Losempleados de Comercio recibirán en mayo un aumento de 19,5% dividido en tres tramos no acumulativos, según el último acuerdo paritario, y además una suma fija no remunerativa de $ 25.000 que será dada en dos cuotas .

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Los empleados de Comercio recibirán en este trimeste un aumento del 19,5% que será dividido en tres tramos de la paritaria 2023. Así lo definieron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector.

En el nuevo acuerdo paritario ambas partes determinaron una suba sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N°130/75. La base de cálculo utilizada tendrá en cuenta los valores del mes de marzo de 2023.
A esto se le suma una suma fija no remunerativa de $ 25.000 que será dada en dos cuotas, en abril y mayo de 2023. Ranking de paritarias 2023: los cinco gremios que ya abrocharon subas antes de junio

Empleados de Comercio: cómo quedan los salarios, categoría por categoría, tras el acuerdo paritario

El acuerdo paritario 2023 abarca a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ( CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas ( UDECA).

Empleados de comercio: ¿cómo se aplica el aumento según paritarias 2023?

El aumento de 19,5% se aplicará en tres tramos no acumulativos con este esquema:

"Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de julio de 2023 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) al respecto.

Paritarias 2023 empleados de Comercio: ¿cuánto cobro en mayo 2023, categoría por categoría?
SUAF ANSES | Confirmado, este grupo cobra un nuevo bono en abril 2023, ¿quiénes acceden?

Categoría por categoría, los sueldos para quedaron del siguiente modo:

Nuevo bono para empleados de Comercio: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

Además, los trabajadores dentro de convenio también recibirán una suma fija de $ 25.000 con las liquidaciones de abril y mayo, las cuales se sumarán al aumento.

La FAECyS pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa, por única vez y de naturaleza excepcional. Este será de dos cuotas de $ 12.500 cada una, a abonarse de la siguiente manera:

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Empleados de Comercio: cómo quedan los salarios, categoría por categoría, tras el acuerdo paritario

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Los empleados de Comercio recibirán en este trimeste un aumento del 19,5% que será dividido en tres tramos de la paritaria 2023. Así lo definieron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector. En el nuevo acuerdo paritario ambas partes determinaron una suba sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N°130/75.

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Hoy viernes, en el Teatro Sarmiento de la ciudad de San Juan, la funcionaria de la ANDIS estuvo junto al gobernador Sergio Uñac haciendo entrega de casi 1.000 pensiones no contributivas a sanjuaninos y sanjuaninas de toda la provincia cuyana.

"Hoy son casi 1.000 pensiones no contributivas más, y muchas van a sumarse gracias a estos operativos que montamos en la provincia para que la gente se acerque a traer la documentación", destacó Martínez y resaltó que, gracias al esfuerzo y el compromiso del trabajo mancomunado entre la Nación y la provincia, "esperamos que podamos seguir ampliando los derechos de todos y todas las personas con discapacidad".

Del acto también participaron el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Fabián Aballay; el director de Despliegue Territorial y Acceso de Beneficiarios de la ANDIS, Marcelo Villarreal; el secretario de Promoción Social provincial, Lucio González; el subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Marcos Andino y la directora para las Personas con Discapacidad de San Juan, Andrea Lepez.

Sobre los operativos desarrollados en la provincia, el ministro Aballay subrayó el importante trabajo desarrollado de la mano de la salud pública, que ha permitido a distintos centros de salud y a los hospitales, llevar adelante estos trámites de pensiones no contributivas.

"Son casi mil pensiones que estamos entregando y que hablan del gran compromiso que tiene el gobierno nacional para trabajar codo a codo. Esta política no es posible sin el esfuerzo y la colaboración de los funcionarios del gobierno provincial y nuestros pares del gobierno nacional", finalizó el Ministro.

Entre las personas que recibieron su pensión Marcela, de la localidad de Rawson, nos contó que está "muy emocionada" y que poder contar con ella finalmente le vá a "alivianar el aspecto económico en el desarrollo del día a día".

Además de Marcela, los otros beneficiarios que pudieron concluir hoy su trámite pertenecen a localidades de todo el interior de la provincia.

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San Juan: la ANDIS entregó 1000 pensiones no contributivas en la provincia

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"Es un orgullo muy grande lo que, tanto el gobernador y su equipo de trabajo, como los trabajadores y trabajadoras de la ANDIS, hemos hecho para restituir estos derechos", elogió la directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Paula Martínez.

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La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, acompañó a su par de Trabajo, Empelo y Seguridad Social, Raquel Kismer de Olmos, en la rúbrica del convenio entre las cámaras empresariales y la central sindical para garantizar el adecuado cumplimiento del artículo 179 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y su Decreto Reglamentario 144/2022. "Como Gobierno, tenemos un objetivo que atraviesa a todos los ministerios: achicar las brechas de desigualdad. Por eso, para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad este convenio tripartito es un orgullo, porque significa concretar un derecho de las trabajadoras y los trabajadores por el que se ha luchado muchos años: trabajar y que eso sea compatible con las tareas de cuidado", sostuvo Mazzina.

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El Estado nacional, la CGT, la UIA y la Cámara de la Construcción firman convenio para garantizar el cumplimiento de los espacios de cuidado en las empresas

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La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, acompañó a su par de Trabajo, Empelo y Seguridad Social, Raquel Kismer de Olmos, en la rúbrica del convenio entre las cámaras empresariales y la central sindical para garantizar el adecuado cumplimiento del artículo 179 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y su Decreto Reglamentario 144/2022.

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DERECHO DE LOS TRABAJADORES

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En el congreso, que fue presidido por el secretario General de la Federación, Walter Merkis, Perczyk aseguró que: "Estos espacios nos permiten discutir qué país queremos, qué universidad queremos, y eso lo tenemos que hacer todos".
"Hoy en todas las provincias argentinas hay una universidad y eso habla de un sistema de educación superior que tiene conquistas y desafíos, que ha incrementado la cantidad de docentes y estudiantes, y que permitió que aquellos que antes no podían hacerlo, hoy estén estudiando", graficó.

Agregó que "los que estamos acá sentimos mucho orgullo de nuestros trabajadores no docentes, por eso nos alegra poder compartir este congreso tan importante y reconocer lo que han hecho ustedes en todos estos años", afirmó Perczyk.

Y dijo: "El camino para resolver los problemas, no es eliminando los derechos de las y los trabajadores. No vamos a mejorar la Argentina con trabajadores con menos derechos, por eso tenemos que construir un país más justo y federal".

El Congreso tiene como propósito realizar un seguimiento y relevamiento de la actualidad de la Federación, de las universidades nacionales, de su obra social OSFATUN y del contexto político-sindical. También, se llevó a cabo el acto eleccionario para la renovación de la totalidad de autoridades de la Mesa Ejecutiva y demás cuerpos de la FATUN a nivel nacional por el período 2023-2027.

El evento contó con la presencia del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el subsecretario de Políticas Universitarias, Daniel López; y el subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga.

También asistieron el vicepresidente del CIN, Carlos Greco; rectores de universidades; intendentes; los integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional y de Congresales, como así también, miembros de los Consejos Directivos de los 58 Sindicatos de base adheridos.

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Perczyk participó del Congreso de Trabajadores Universitarios de FATUN

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En el congreso, que fue presidido por el secretario General de la Federación, Walter Merkis, Perczyk aseguró que: "Estos espacios nos permiten discutir qué país queremos, qué universidad queremos, y eso lo tenemos que hacer todos".

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DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco del Operativo Verano 2023, llevó adelante fiscalizaciones presenciales en parques acuáticos ubicados en localidades de la Costa Atlántica. Durante los operativos, el personal del organismo que conduce Carlos Castagneto detectó que uno de cada tres trabajadores presentaban algún tipo de irregularidad.

La mayor parte de las inconsistencias fueron encontradas en un tradicional complejo de entretenimiento con animales marinos en San Clemente del Tuyú. Los agentes de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) relevaron 169 empleados que dependían directamente del establecimiento y otros 66 en los locales gastronómicos que se encuentran en el interior del predio. Del total de 235 trabajadores que se desempeñaban en el parque de atracciones, 44 no habían sido incluidos en la Declaración Jurada del empleador; en tanto otros 36 mostraron diferencias entre la fecha de ingreso que figuraba en los sistemas de la AFIP y lo declarado por los propios trabajadores.

Por su parte, en un parque acuático de Santa Teresita, los inspectores de la DGRSS detectaron 11 empleados con irregularidades, sobre un total de 49 trabajadores relevados.

"Confiamos en la generación de trabajo genuino y de calidad, por eso desde la AFIP ratificamos nuestro compromiso de proteger y garantizar los derechos de las y los trabajadores, respetando la normativa laboral y mejorando la situación de quienes hoy están precarizados", aseguró la titular de la DGRSS, Mara Ruiz Malec.

Estos procedimientos se sumaron a los que realizó el organismo esta misma semana en otros parques acuáticos y piletas en territorio bonaerense, que permitieron desarticular maniobras de evasión previsional.

A lo largo de enero y febrero la AFIP lleva adelante el operativo Verano 2023, que consiste en fiscalizaciones presenciales en las principales localidades turísticas del país para prevenir y detectar posibles incumplimientos impositivos y garantizar los derechos laborales y el pago de las obligaciones previsionales de los trabajadores. En lo que va de la temporada, ya fueron fiscalizados más de 8500 establecimientos en los que intervinieron más de 400 agentes de la DGRSS y la Dirección General Impositiva (DGI).

De esta manera, el organismo busca desarticular eventuales maniobras de subfacturación y evasión fiscal en el marco de la fuerte reactivación económica que atraviesan los establecimientos relacionados a actividades de esparcimiento, principalmente en los pertenecientes a actividades de gastronomía, guarderías náuticas, turismo aventura, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios, alojamientos, paradores, parques de entretenimiento y proveedores de bienes y servicios.

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AFIP detectó informalidad laboral en un reconocido parque de animales acuáticos

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco del Operativo Verano 2023, llevó adelante fiscalizaciones presenciales en parques acuáticos ubicados en localidades de la Costa Atlántica. Durante los operativos, el personal del organismo que conduce Carlos Castagneto detectó que uno de cada tres trabajadores presentaban algún tipo de irregularidad.

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DERECHO QUE PROTEGEN A LOS GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

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DERECHO QUE PROTEGEN A LOS GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

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Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.

Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.

De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones

"Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación ", declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.

El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.

Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.

En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.

"Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo", precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero

La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que "las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero" y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.

Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.

Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

"Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos ", enfatizaron.

La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.

El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
*El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos no forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Prestan sus servicios a título individual y no reciben un salario por su trabajo.

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Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

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"Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación", dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.

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Trabajadores “en alerta” por la falta de materias primas en una industria que importa 90% de sus insumos

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La entidad gremial manifestó este martes que llegó a un nivel “crítico” de operatividad que pone en riesgo los puestos de empleo; no descartan medidas de fuerza

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DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS

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Los sueldos docentes parecen no alcanzar en la Argentina. Los datos muestran que es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro trabajo remunerado por fuera de la escuela. El porcentaje de docentes de primaria con otra actividad laboral (14,4%) está muy por encima del promedio regional (8,4%).

Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mariano Alu (Universidad de San Andrés), Samanta Bonelli y Martín Nistal (del Observatorio). El documento se basa en la información provista por los cuestionarios complementarios del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), llevado a cabo por UNESCO en 2019 en 16 países de América Latina en el nivel primario.

El sector docente en la Argentina tiene varias características distintivas. En primer lugar, es el país con mayor tasa de feminización de la profesión: el 94,6% son maestras mujeres. A nivel regional el porcentaje promedio de mujeres en la docencia es de 74,2%.

A su vez, es el segundo país en el que los docentes trabajan en dos o más escuelas. La cifra alcanza al 30,5% de los maestros de primaria, muy superior al promedio de los países de América Latina (11,4%), y solo superada por Brasil (38,6%). El pluriempleo, se creía, era un problema que azotaba a la secundaria con los llamados "profesores taxi", que se trasladan de una escuela a otra. Sin embargo, aunque en menor medida, en primaria también existe la problemática.

Es que la mayoría de los docentes de primaria argentinos están contratados por un turno escolar, equivalente a media jornada. "Este factor parece explicar la mayor proporción de docentes argentinos que trabajan en más de una escuela en comparación con sus pares de la región", asegura el informe. El 41,8% de los docentes argentinos tiene por contrato el equivalente a un turno por semana (22,5 horas), mientras que el 34,9% tiene entre 22,5 y 40 horas. Uno de cada cuatro (23,3%) respondió que el contrato supera las 40 horas por semana.

"El informe muestra que la situación de las y los maestros de primaria en nuestro país es similar al resto de la región en aspectos como la edad, la antigüedad y los años de formación. Sin embargo, hay algunas características de la situación local que llaman la atención, como la cantidad de docentes con contratos de corta duración (posiblemente vinculados a suplencias cortas) o el porcentaje de docentes que trabajan en más de una escuela. Ambos aspectos impactan en la continuidad y la profundización del vínculo de los y las docentes con las situaciones específicas de cada institución educativa", explicó Mariano Alu, coautor del informe.

La edad promedio de los docentes del nivel primario de nuestro país es 43,9 años, muy cerca del promedio regional (43,1 años). Los docentes locales tienen un promedio de 13,8 años de experiencia, en línea con la antigüedad promedio en la región (15,2 años). Con respecto a los años de formación, el promedio es de 3,3 años, una cifra inferior a la de la mayoría de los países de la región.

En 2008, la Resolución Nº 74 del Consejo Federal de Educación estableció que las carreras de formación docente debían durar un mínimo de 4 años. Por eso, en Argentina los docentes más jóvenes tienen una formación más extensa que sus colegas de mayor edad. Los docentes que tienen entre 22 y 30 años cursaron una carrera de formación de 4 años, mientras que quienes tienen entre 51 y 60 años realizaron un año menos de formación inicial. A nivel regional, el promedio de duración de la carrera es de 3,9 años, por encima de la marca de 3,3 años de Argentina, que irá subiendo con el paso del tiempo.

"Cuánto afecta la dispersión laboral docente a la calidad de su trabajo no puede establecerse con exactitud, ya que en Argentina no se hace evaluación del desempeño docente. Sin embargo, es evidente que trabajar en más de una escuela implica duplicar o triplicar la cantidad de alumnos, familias y equipos docentes con los cuales el docente interactúa, intensificando las demandas profesionales y emocionales de su tarea. Probablemente, aún el docente mejor formado verá afectado su desempeño en escenarios de dispersión laboral", señala Claudia Romero, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella.

El 67% de las y los docentes de Argentina son titulares de su cargo. La cifra está por debajo del promedio regional (71,5%), es decir que en nuestro país hay una mayor proporción de docentes suplentes que en el resto de América Latina. El porcentaje de docentes titulares aumenta a medida que crece la antigüedad en la profesión: entre quienes tienen 10 años de experiencia, el 84% es titular de su cargo.

Marina Bertone, docente de primaria, planteó: "Los datos expuestos dejan a la vista varios interrogantes: ¿puede un docente dar una educación de calidad si tiene varios cargos al mismo tiempo? Queda a la vista que los docentes necesitan tener más de un cargo u otro trabajo y eso se debe a las condiciones salariales. En relación directa con esta inquietud está la formación: ¿qué ocurre con la profesionalización de la carrera docente? El tiempo de formación es poco, dejando una gran demanda de capacitación y formación continua que, ante la cantidad de horas de trabajo diario, es imposible llevar a cabo. Creo personalmente que el rol docente necesita fortalecerse para lo que el contexto demanda y este debe ser remunerado de forma tal que los docentes den atención exclusiva a un turno".
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La Argentina es el país con más docentes que tienen otro trabajo por fuera de la escuela en la región

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DERECHO DE LOS TRABAJADORES

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La fuerte inflación de los últimos meses influyó a que las paritarias 2023 comiencen a negociarse por trimestres, debido a la imprevisibilidad de estimar un aumento a mediano plazo, panorama que es reconocido tanto por sindicatos como por cámaras empresariales.

En ese sentido, en los últimos días el Sindicato de Empleados de Comercio, la UOCRA y los petroleros estatales de SUPECH alcanzaron subas salariales trimestrales con la obligación de revisiones futuras, debido a la dinámica inflacionaria y la necesidad recomposiciones de los acuerdos paritarios.
Paritarias "a la argentina": cuáles son las soluciones que se activan para ganarle a la inflación

Este esquema marca un distanciamiento de la pauta del 60% o dos acuerdos semestrales que le sugirió el ministro de Economía, Sergio Massa, a líderes sindicales hacia comienzos de año. La elevada inflación que se evidenció a lo largo del 2023 terminó por pulverizar aquella regla tácita.

Paritarias 2023 de empleados del vidrio y óptica: 24% de aumento hasta julio

El comunicado de prensa de la SEIVARA sobre la Paritaria 2023. (Captura)

El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina ( SEIVARA) comunicó este miércoles el primer acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector, la cual estableció un incremento salarial del 24% en un tramo hacia julio de 2023.

Según informaron desde el sindicato, todos los empleados y empleadas de la industria del vidrio y óptima, comprendidos en el ámbito de aplicación del CCT683/14, recibirán una suba de 24% en el recibo de sueldo correspondiente al mes de abril.

Paritaria 2023 de vidrio y óptica: a cuánto quedó el salario bruto y el salario de bolsillo

De acuerdo a los cálculos hechos por las fuentes del sector, los salarios de abril, mayo, junio y julio quedaron fijados bajo los siguientes montos:

"De esta manera buscamos generar un impacto inmediato en el bolsillo de los y las trabajadoras", afirmaron desde el Consejo Directivo Nacional de la SEIVARA en el comunicado de prensa.

El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina ya había sido noticia hacia noviembre del año pasado, producto de un acuerdo salarial de 112,4%, consagrándose entre las sumas más cuantiosas de las paritarias 2022.

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Paritarias 2023: un nuevo sindicato firmó un 24% desde abril, a cuánto quedó el básico y el salario de bolsillo

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La fuerte inflación de los últimos meses influyó a que las paritarias 2023 comiencen a negociarse por trimestres, debido a la imprevisibilidad de estimar un aumento a mediano plazo, panorama que es reconocido tanto por sindicatos como por cámaras empresariales.

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DERECHO DE LOS TRABAJADORES

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THE LOGISTICS WORLD | Conéctate e inspírate.

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Buenos Aires,(EFE).- Una huelga llevada adelante este lunes por varios sindicatos por diversos reclamos paralizó la actividad de los puertos y afectó la navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná, la principal vía fluvial de Argentina y clave para las exportaciones de granos y derivados del país suramericano.

La medida de fuerza, que en principio concluirá en la medianoche de este lunes, fue lanzada por la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de Argentina (Fempinra), con la adhesión de importantes gremios, como el de Dragados y Balizamiento y la Unión de Recibidores de Granos (Urgara).

La protesta es en demanda de la eliminación del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios de los trabajadores y de la derogación de un decreto que dispuso reducir la operación del puerto de Buenos Aires a solo una terminal en vez de las cinco que actualmente operan en la capital argentina.

En el caso del gremio de Dragados, la medida de fuerza afecta el servicio de balizamiento en la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná -también utilizada para la salida al Atlántico de exportaciones de Bolivia y Paraguay-, incluyendo al canal Martín García, utilizado por los buques de carga.

En tanto, en el caso de Urgara, la huelga afecta la carga de los buques en los puertos de exportación de granos y derivados.

La medida sigue estando vigente hasta la medianoche, están parados los puertos exportadores de cereales. El panorama es sombrío porque no hay instancia de negociación y la situación afecta al comercio exterior", indicaron a EFE fuentes sindicales.

La federación que lleva adelante esta medida de protesta asegura que su plan de acción continuará este miércoles con una huelga en las terminales de los puertos de Buenos Aires y de Dock Sud (al sur de la capital) y en las terminales fluviales de las ciudad bonaerenses de Zárate y Campana, en tanto que el viernes habrá un paro en el astillero Río Santiago.

EFE nk/rgm/enb
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Reclamo sindical paraliza puertos de la principal vía fluvial de Argentina

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Buenos Aires,(EFE).- Una huelga llevada adelante este lunes por varios sindicatos por diversos reclamos paralizó la actividad de los puertos y afectó la navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná, la principal vía fluvial de Argentina y clave para las exportaciones de granos y derivados del país suramericano.

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DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS

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Becas Progresar 2023: ¿Cuánto tardan en aprobarlas y cuándo y dónde...

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anticipó días atrás del incremento que cobrarán los trabajadores.

Los empleados de comercio recibieron una buena noticia días atrás porque la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció que habrá un nuevo aumento para los trabajadores mercantiles y un bono extra que se cobrará en mayo, con los salarios de abril.

Según anunciaron, el acuerdo paritario trimestral del 19,5% se abonará en tres tramos mensuales de 6,5%. A su vez, se pagará un bono por única vez de 25 mil pesos en dos cuotas. Conocé cómo quedarán los montos a cobrar en mayo.

Con el aumento, ¿cuánto cobrarán los empleados de comercio en mayo 2023?

Maestranza y Servicios

Categoría A $ 195.153

Categoría B $ 195.717,85

Categoría C $ 197.697,04

Administrativo

Categoría A $ 197.273,25

Categoría B $ 198.122,11

Categoría C $ 198.970,27

Categoría D $ 201.505,61

Categoría E $ 203.636,05

Categoría F $ 206.746,84

Cajeros

Categoría A $ 197.979,98

Categoría B $ 198.970,22

Categoría C $ 200.242,82

Personal auxiliar

Categoría A $ 197.979,98

Categoría B $ 199.393,95

Categoría C $ 204.060,30

Personal auxiliar especializado

Categoría A $ 199.677,47

Categoría B $ 202.222,29

Vendedores

Categoría A $ 197.979,98

Categoría B $ 202.222,79

Categoría C $ 203.636,02

Categoría D $ 206.746,84

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Con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura a todos los habitantes de la Ciudad, el Programa Cultural en Barrios ofrece actividades de iniciación, formación y producción artística en distintas disciplinas, de forma gratuita. A 38 años de su formación, el PCB continúa vigente y en constante crecimiento, erigiéndose en su función de impulsor cultural a través de una actualización permanente de su oferta de contenidos, abarcando nuevos públicos y horizontes culturales.

A través de cursos y talleres dictados en 36 centros culturales de los distintos barrios porteños, el PCB brinda a la comunidad actividades dictadas por especialistas en distintas temáticas y áreas artísticas, buscando abarcar un amplio abanico de intereses y edades. También incorporó propuestas virtuales, reinventándose para que aprendas lo que más te gusta, sin importar dónde estés. ¡No dejes de aprender!

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Salario Mínimo Vital y Móvil 2023: ¿Cuándo se actualiza y cuál es el nuevo monto? Lo que se acordó en la reunión del Consejo del Salario

El Consejo del Salario anunció un nuevo aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

El aumento será del El nuevo monto será 26,6% y se hará en tres tramos. a partir del sueldo de abril que se cobra en mayo.

¿Cómo es el salario mínimo desde abril 2023?

A partir del 1° de abril el SMVM: $80.342

Desde mayo: $84.512

En junio se incrementará a $87.987

El Consejo del Salario acordó un nuevo aumento salarial del 26,6% a pagar en tres tramos. El primer aumento será del 15,6% en abril, luego del 6% a partir del 1° de mayo, y por último del 5% el 1° de junio.

Se espera una nueva convocatoria del Consejo del Salario para el 15 de julio de 2023 para evaluar el salario y acordar nuevos aumentos, ya que debido a la inflación, pasados los tres meses los sueldos quedan escasos nuevamente.

¿Cuál era el Salario Mínimo Vital y Móvil desde marzo 2023?

A partir del 1 de marzo el Salario Mínimo Vital y Móvil se modificó a los 69.500 pesos para trabajadores mensualizados, finalizando un aumento del 20% que había comenzado en diciembre 2022.

Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil

Para saber de cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil, es importante conocer que la remuneración es la contraprestación que recibe todo trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, en virtud del contrato de trabajo que une a las partes.

La Constitución Nacional en el art. 14 bis, en el cual se protegen los derechos de los trabajadores, habla específicamente del concepto de cuánto es el Salario mínimo Vital y Móvil, que según la definición de le ley laboral, "es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".

Mínimo significa que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin familia a cargo por su jornada laboral. Vital quiere decir que debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, alimentación, vivienda, educación, etc. mientras que Móvil implica que debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de la vida.

En Argentina, de cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil lo fija el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario, integrado por representantes del sector sindical, del empresariado y del Poder Ejecutivo, quienes periódicamente deben evaluar la situación social y reajustar el valor de este salario.

Algunos convenios colectivos fijan salarios básicos superiores al mínimo vital y móvil, favoreciendo de esta manera a los empleados de la actividad de que se trate, ya que la ley siempre permite que existan acuerdos que favorezcan las condiciones del trabajador.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil 2023 tiene un profundo impacto en las definiciones de haberes que toman tanto empresas y gremios como el propio Gobierno. Se utiliza como parámetro para determinar los sueldos de los docentes, los haberes de los jubilados, las aprobaciones de ciertos créditos bancarios y hasta las becas Progresar para estudios de educación superior.

El Salario Mínimo también se trata de un estándar del cual dependen muchos otros programas y subsidios que otorgan los distintos niveles del Estado a las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el Plan Potenciar Trabajo, la Prestación por Desempleo y el Programa Acompañar.

De cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil en jornada reducida

Cabe dejar sentado que quienes trabajan por ejemplo una jornada reducida, por ejemplo si lo hacen en medio tiempo, cobrarán en este caso, la mitad del salario mínimo. En cambio, si el trabajador tiene una jornada inferior en virtud de cumplir una tarea especial como podría ser insalubre o nocturna, en ese caso cobrará el SMVM.

Ningún trabajador en relación de dependencia puede estar cobrando por su labor por menos del monto estipulado por el Consejo.

Diferente situación es la que viven los trabajadores agrarios y los empleados domésticos, como también los aprendices y menores, o los trabajadores de la administración pública provincial o municipal, dado que no se encuentran incluidos dentro de estos mínimos legales, lo cual es una verdadera injusticia ya que la Constitución no distingue cuando habla de este tema de qué tipo de trabajadores se trata, sino que se refiere a todos por igual.

Es muy importante que el trabajador haga respetar el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual está previsto en su exclusivo beneficio, a pesar de entender que el monto es bajo y una familia tipo no viviría con ese dinero mensual dignamente como debería.

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DERECHO DE LOS TRABAJADORES

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Partes: Maffia Oscar Roberto c/ SENASA s/ Despido

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: I

Fecha: 24 de noviembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139431-AR|MJJ139431|MJJ139431

Luego de once años de contratado el actor, prestando servicios para la demandada y con una subordinación técnica y económica, puede decirse que entre las partes se configuró una relación de empleo público.

Sumario:
1.-Resulta de aplicación la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, ya que las notas significativas de la relación existente entre el actor y el demandado permiten identificarlo con un contrato de trabajo, en tanto se observa una prestación por parte del actor intuito personae, una subordinación configurada por una dependencia jurídica, con una sujeción del actor al poder de dirección de la empleadora, una dependencia económica, por la cual el actor no formaba parte en las utilidades y solo recibía una remuneración y una dependencia técnica, por medio de la cual la demandada establecía las modalidades y los procedimientos para la ejecución de las tareas.
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2.-La demandada intentó ocultar la concreta relación de trabajo que la vinculó con el actor y la legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la CN. otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

Fallo:
En la ciudad de La Plata, a los 24 días del mes de noviembre del año 2022, reunidos en Acuerdo los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, toman en consideración el expediente N° FLP 74545/2018/CA1, caratulado: "MAFFIA, OSCAR ROBERTO C/ SENASA S/ DESPIDO", procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín.

Y CONSIDERANDO QUE:

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. El señor Oscar Roberto Maffia inició la presente acción contra el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en reclamo de una indemnización por despido y daño moral (arts. 11 de la Ley N° 25164 y 245 de la Ley N° 20744) por la suma que, en forma provisoria, estimó en pesos cuatrocientos setenta y nueve mil dos con noventa y dos centavos ($ 479.002,92), con más sus intereses, costos y costas.

Con ese objeto relató que, con fecha 1 de marzo de 2006, comenzó a trabajar en el SENASA, organismo que dependía del Centro Regional Buenos Aires Norte, durante el lapso de once años.

Siguió relatando, que celebró con el Estado Nacional sucesivos contratos denominados de "prestación de servicios" por "tiempo determinado", en calidad de "Transitorio" en el marco del artículo 9 de la Ley N° 25164 y siempre como "contratado".

Señaló, que las sucesivas contrataciones eran anuales, iniciando el 1 de enero y concluyendo el 31 de diciembre de cada año, debiendo prestar sus servicios hasta la finalización de cada período, y que ellas fueron renovadas anualmente sin solución de continuidad a lo largo de más de 11 años, surgiendo de sus cláusulas que la contratación no implicaba expectativa o derecho a prórroga -salvo por nuevo acuerdo-, como tampoco significaba tácita reconducción la continuidad del servicio del contratado a su vencimiento anual.Además, la rescisión por parte de la Administración no requería de expresión de causa ni otorgaba derecho indemnizatorio para el contratado, evidenciándose de ese modo la precariedad y la flexibilización laboral en la que se lo colocaba (conf. cláusulas 9, 10 y 13).

Indicó, que las cláusulas de los contratos estaban prefijadas, sin posibilidad de negociación alguna de parte del contratado, tratándose de típicos contratos de adhesión.

Describió los cargos ocupados durante su vinculación con la demandada, y formuló que desde su inicio fue ascendiendo en el escalafón de la carrera administrativa, siendo su último cargo el de Jefe de Servicio Inspector Principal de Inocuidad y Calidad de Productos y Subproductos Derivados de Origen Animal.

Argumentó, que de los contratos surgía que estaba inserto y desempeñaba sus tareas en una organización o estructura ajena que utilizaba sus servicios, que su trabajo se enderezaba a cumplir los fines y en beneficio de aquélla, que la accionada dirigía su actividad, que el contratado carecía de autonomía, y que el riesgo económico empresarial lo asumía el SENASA, no aportando el actor capital propio para soportar pérdidas ni para obtener ganancias, sino únicamente su trabajo.

Refirió, que el contratado asumía la obligación de cierta dedicación horaria en sus funciones y objetivos de su prestación (180 mensuales) lo que representaba un promedio de 8 horas diarias, estando sujeto a las necesidades de servicio del organismo, estándares y cronograma previsto para la obtención de resultados, debiendo encuadrar su conducta a los términos fijados por el Ministerio, exigiéndosele diligencia, eficacia y ajuste a un buen ejercicio laboral administrativo, técnico y profesional; requiriéndosele, además, la protección de los intereses del contratante. Agregó, que el Estado era el que fijaba los métodos, las normas de trabajo y los horarios, pactando que las invenciones o descubrimientos personales del trabajador eran de pertenencia exclusiva del Estado contratante (conf.cláusulas 2, 3, 4, 5, 7, 12).

Adujo, que según los recibos de haberes se le efectuaban descuentos por aportes jubilatorios, estaba afiliado a UPCN, tenía la Obra Social del Personal Civil de la Nación, se le liquidaba sueldo anual complementario, debía solicitar previamente las vacaciones anuales, estaba cubierto por una ART abonada por el SENASA y tenía asignado un número de CUIL (es decir, no facturaba servicios como un profesional independiente o autónomo), habiéndosele extendido la "Certificación de Remuneraciones y Servicios" en formulario de ANSeS, todo lo cual indica que la relación estaba teñida de todas las características de un trabajador en relación de dependencia efectiva.

Argumentó, que la situación relatada evidencia que después de más de once años de trabajo dejó de cubrir las necesidades supuestamente temporarias o extraordinarias dentro del SENASA (único supuesto en el que se ajustaría el carácter de trabajador temporario) adquiriendo estabilidad (art. 17, inc.'a' de la Ley N° 25164); a lo que aditó que las tareas asignadas y cumplidas a lo largo de su carrera se correspondieron con funciones esenciales y permanentes del organismo demandado, generando -además- una expectativa de perdurabilidad y permanencia que vio frustrada al ser dado de baja.

Sostuvo, que se trató de un despido sin causa, habida cuenta de que la "baja" no encontró motivo en ningún incumplimiento contractual; resultando irrazonable, desmedido y desproporcionado, toda vez que jamás fue objeto de una advertencia o llamado de atención a lo largo de todo el vínculo laboral.

Concluyó así en que su relación era de empleo público, caracterizada por un núcleo de derechos reconocidos en favor del agente público nacional, destacándose la estabilidad.

Puso de relieve la falta de motivación del acto administrativo y la existencia de vicios en el procedimiento, toda vez que no se expusieron las razones que llevaron a resolver el contrato ni tampoco se substanció un sumario administrativo que le permitiera ejercer su derecho de defensa.

Reclamó, asimismo, un resarcimiento por daño moral en tanto, a causa de los hechos relatados, se lesionaron derechos extra-patrimoniales que afectaron su paz, dignidad y seguridad personal, al dejarlo sin trabajo en un mercado de extrema dificultad de reinserción; dejando su determinación a criterio del sentenciante.

Por último, practicó liquidación, ofreció prueba, fundó en derecho, solicitó la obtención del beneficio de litigar sin gastos y que se haga lugar a la demanda con costos y costas del proceso.

II. La sentencia de primera instancia de fojas 504: 1°) Rechazó en todas sus partes la demanda promovida por el señor Oscar Roberto Maffia contra el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria); 2°) Impuso las costas del proceso al actor que resultó vencido (arts. 68 y cc del CPCCN; 155 de la Ley N° 18345); y 3°) Reguló los honorarios de los de los Dres.Jorge Tuso Vázquez y Ana Paula Garelli, apoderados de la parte actora, en la cantidad de pesos ochenta y un mil cuatrocientos treinta ($ 81.430) (21 UMA, conforme a la Acordada N° 1/21 de la CSJN que fijó el valor de cada UMA en pesos tres mil ochocientos sesenta y dos), en forma conjunta y en partes iguales; los del Dr. Geremías Ignacio Mémoli, apoderado de la demandada, en la cantidad de pesos "ciento cinco mil trescientos ochenta ($ 154.880) (40 UMA)", todas las cantidades con más el 10% fijado por la Ley Provincial N° 6716 t.o. y con obligación de retención y pago del IVA, si correspondiere, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 23349, sus modificatorias y reglamentaciones; y los honorarios de la perito contadora, Romina Anabel Martínez, en la suma de "pesos treinta mil novecientos setenta y seis ($ 23.172) equivalente a seis (8) UMA", con obligación de retención y pago de IVA, si correspondiese, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 23349 y sus modificaciones.

Para así decidir en cuanto al fondo de la cuestión, el juez de origen entendió -en apretada síntesis- que de la lectura de los contratos suscriptos se observaba que no existía limitación en relación a sus renovaciones que permitiera concluir en que se utilizaron figuras jurídicas no autorizadas legalmente para casos excepcionales, con la desviación de poder consistente que implicaría. En consecuencia, concluyó en que no se verificó el presupuesto fáctico valorado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ramos" (Fallos: 333:311 ), consistente en la existencia de una ". desviación de poder para encubrir. un vínculo de empleo permanente.", para admitir luego un resarcimiento con sustento en la garantía contra el despido arbitrario prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

III.Contra dicha sentencia la perito contadora, Romina Anabel Martínez, interpuso recurso de apelación cuestionando la regulación de sus honorarios profesionales por entenderlos reducidos (ver fojas 506).

Por su parte, el actor interpuso, a fojas 508, recurso de apelación, con expresión de agravios obrante a fojas 509/520 y réplica de la contraria agregada a fojas 525/533.

De su lectura se advierte que los agravios se circunscriben a los siguientes: 1) contradicción existente en la sentencia de origen y desinterpretación del contenido de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Ramos" y "Sanchez", lo que la descalifican como acto jurisdiccional; 2) existencia de vicios manifiestos en el elemento motivación y en la causa de la resolución dictada por el Director del SENASA; y 3) errónea interpretación de la prueba colectada y consecuente rechazo de la demanda.

IV. Planteada así la cuestión a resolver, entiendo que el examen de los agravios debe llevar a analizar los hechos de conformidad con el principio de primacía de la realidad. Esta regla implica esclarecer el vínculo existente entre el señor Maffia y la demandada, más allá del modo en el que las partes lo hayan denominado.

Con ese objeto, conviene repasar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de protección constitucional contra el despido arbitrario en el marco del empleo público, aplicable en el caso en estudio.

En la causa "Ramos" (Fallos:333:311), el Alto Tribunal entendió que el conjunto de circunstancias fácticas que se presentaban (realización de tareas que prescindían de la transitoriedad que suponía el régimen de excepción en virtud del cual se había llevado a cabo la contratación) y la violación de las normas que limitaban la posibilidad de renovación, permitían concluir que la demandada había utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. En tales condiciones, consideró que el comportamiento del Estado Nacional había tenido aptitud para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral merecedora de la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario. Al ser ello así, declaró procedente el reclamo indemnizatorio.

En la causa "Cerigliano" (Fallos: 334:398 ), sostuvo que la naturaleza jurídica de una institución debía ser definida, fundamentalmente, por sus elementos constitutivos, con independencia del nombre que el legislador o los contratantes le atribuyeran, siendo una evidente desviación de poder la contratación de servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter permanente.

En la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos" (Fallos: 336:2386), la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó en que, para establecer si bajo la forma de contratos de locación de servicios se habían ocultado vínculos laborales permanentes, debía analizarse en forma conjunta el régimen específico invocado por el recurrente y los extremos fácticos de cada contratación.

Más recientemente, en la causa "Sánchez, Oscar Vicente" (Fallos:345:477) descalificó la sentencia de un tribunal superior de justicia provincial en el entendimiento de que surgía una desviación de poder al encubrir una designación que debió haber revestido carácter permanente bajo el ropaje de una supuesta actividad precaria y eventual y que se había generado en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merecía la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el "despido arbitrario".

Presente lo expuesto, adentrándonos en el caso en análisis, se observa que él constituye un supuesto de personal empleado en reparticiones públicas mediante contratos sucesivamente renovados que carece de protección a la hora en que se dispone su desvinculación.

Ciertamente, como lo plantea la demandada, en la normativa que regula las relaciones del SENASA con su personal, se encuentra prevista la posibilidad de contar con planteles de agentes no permanentes, incorporados en calidad de "contratados" para la realización de objetivos específicos, de carácter transitorio o estacionales, y por períodos determinados.

En el orden nacional, tal previsión aparece recogida actualmente en los artículos 7° y 9° de la Ley N° 25164.

Empero, entiendo que la utilización de esta forma de vínculo puede desvirtuarse, dejándose de lado las características que debe poseer y que se encuentran reglamentadas en la norma mencionada.

Como se precisó anteriormente, la demandada insiste en sus agravios en sostener que su vínculo con el actor se desarrolló -desde el inicio hasta el cesede manera clara y perfectamente regular, y con apego al marco legal.

No obstante, de conformidad con la documental agregada en la causa (ver fojas 385/437 y 501/547) y con la declaración testimonial de la señora Guzmán (fs.

356/357) -quien describe las tareas realizadas por el actor, y el horario y lugar en el cual las desarrollaba-, se puede arribar a una conclusión distinta a la sostenida por la demandada.

Así, del análisis de la prueba colectada se advierte que el actor permaneció como personal contratadoen el SENASA desde el mes de marzo del año 2006 hasta el mes de diciembre del año 2017 y que el vínculo fue encuadrado en la figura del contrato de "prestación de servicios", en el caso, el número 10208855.

De la lectura de los sucesivos contratos, surge que el señor Maffia cumplió -desde su inicio hasta el año 2014, inclusive- tareas de Inspector Veterinario, y que a partir del año 2015 fue contratado como Inspector Principal de Inocuidad y Calidad de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.

Sus tareas como Inspector Veterinario consistían en "Mantener contralor higiénico-sanitario.

Contralor del desempeño del personal de SIV. Mantener las relaciones con la superioridad y con las autoridades del establecimiento", siendo el objetivo general "Coordinar y llevar adelante las tareas de control sanitario en los establecimientos habilitados" y el objetivo específico "Fiscalizar el cumplimiento de la Ley y reglamento de Policía Sanitaria en el establecimiento donde le asignen funciones la autoridad competente".

Como Inspector Principal de Inocuidad y Calidad de productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal debía "Entender en el análisis de riesgo alimentario, control, elaboración y certificación aplicable a la higiene, inocuidad y calidad de materias primas" y "Velar por el cumplimiento de la matanza de toda tropa que no esté en condiciones de ser faenada".

Dichas tareas las realizaba bajo las órdenes y la dirección del personal del SENASA, que le indicaba y organizaba las tareas que debía realizar (subordinación jurídica y económica).

Asimismo, tenía una dedicación horaria (jornada) que no podía ser superior a las 180 horas mensuales y percibía una remuneración mensual. A ello cabe adicionar que, según surge de la prueba pericial contable obrante a fojas 463/465, el señor Maffia gozaba de vacaciones anuales, existían órdenes de servicio, constaban evaluaciones de desempeño con buena calificación, y no se registraron sanciones ni sumarios en el marco de su labor.

Al ser ello así, de conformidad con las pruebas analizadas (arts.386 y 456 del CPCCN y 155 de la Ley N° 18345), las notas significativas de la relación existente entre el señor Maffia y el SENASA permiten identificarlo con un contrato de trabajo, en tanto se observa 1) una prestación por parte del actor intuito personae; 2) una subordinación configurada por una dependencia jurídica, con una sujeción del actor al poder de dirección de la empleadora; 3) una dependencia económica, por la cual el actor no formaba parte en las utilidades y solo recibía una remuneración; y 4) una dependencia técnica, por medio de la cual la demandada establecía las modalidades y los procedimientos para la ejecución de las tareas.

Desde esta perspectiva, la cuestión debatida evidencia el infructuoso esfuerzo de la demandada por intentar ocultar la concreta relación de trabajo que la vinculó con el actor y la legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

En tales condiciones, entiendo que le asiste razón al señor Maffia cuando señala que resulta de aplicación al caso de autos el precedente "Ramos" (Fallos: 333:311), en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen.Es decir, no es la denominación jurídica atribuida por el legislador o por los contratantes, sino que es la realidad material la que debe tenerse en cuenta para poder dilucidar la verdadera naturaleza jurídica de una relación.

Por otra parte, resulta necesario destacar que esa actuación irregular por parte del SENASA había generado en el agente una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el "despido arbitrario" ("Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Sánchez, Oscar Vicente c/ Municipalidad de Esquina (Corrientes) y otro y/o quien resulte responsable s/ acción contenciosa administrativa", de fecha 21 de junio de 2022).

Como consecuencia de lo expuesto, en virtud de que se trata de la conducta ilegítima de un organismo estatal, la solución debe buscarse en el ámbito del derecho público y administrativo.

Por ello, resulta de aplicación la indemnización prevista por el artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25164, compuesta por un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. A dicha suma deberá adicionársele intereses de acuerdo a la doctrina establecida por el Fallo Plenario de esta Cámara Federal de Apelaciones "Gómez, Ricarda c/ ENTEL s/ Indemnización por despido", del registro de la Sala II N°625, del 30 de agosto de 2001, que dispuso para causas como la presente la aplicación de la tasa activa de interés promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales.

V.Por su parte, el nuevo resultado del litigio impone dejar sin efecto la imposición de las costas practicadas en la anterior instancia, y me permite imponerlas a la demandada vencida, en virtud de no encontrar motivos que ameriten el apartamiento del principio general en la materia relacionado con el hecho objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN).

VI. Ahora bien, lo expuesto no implica la admisión del agravio introducido por el señor Maffia relacionado con el reclamo resarcitorio por daño moral.

Ello es así, en tanto si bien resulta verosímil el padecimiento del señor Maffia de disgustos y sufrimientos como consecuencia de la falta de renovación de su contrato, no se advierte que dichos padecimientos alcancen a traducir un detrimento de índole espiritual, una lesión a los sentimientos que involucre angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (Fallos: 334:1821) con entidad suficiente como para ser indemnizado.

En el caso, la ruptura del vínculo laboral obtiene su correspondiente reparación con la indemnización prevista en el artículo 11 de La ley N° 25164, declarada procedente en el considerando anterior.

VII. En virtud de la forma en la que se propone resolver la cuestión de fondo, cabe dejar sin efecto la regulación de los honorarios profesionales, debiendo el juez de primera instancia efectuar una nueva, conforme a la nueva base regulatoria y a los lineamientos que surgen de la presente.

VIII. Sentado lo expuesto, propongo al Acuerdo:

1. Revocar la sentencia apelada con los alcances expuestos en los considerandos que anteceden.

2. Imponer las costas de la Alzada a la demandada vencida (artículo 68 CPCCN).

3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios profesionales, debiendo el juez de primera instancia efectuar una nueva, conforme a los lineamientos que surgen de la presente.

Así lo voto.

EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

Me adhiero a la solución propuesta por el juez Álvarez por compartir los aspectos sustanciales expuestos en su voto.

En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE:

1. Revocar la sentencia apelada con los alcances expuestos en los considerandos que anteceden.

2. Imponer las costas de la Alzada a la demandada vencida (artículo 68 CPCCN).

3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios profesionales, debiendo el juez de primera instancia efectuar una nueva, conforme a los lineamientos que surgen de la presente.

Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones de manera electrónica y comuníquese la remisión por DEO al juzgado interviniente.

Roberto Agustín Lemos

Juez de Cámara

Arias César Álvarez

Juez de Cámara

Emilio Santiago Faggi

Secretario de Cámara

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#Fallos Empleo público: Luego de once años de contratado el actor, prestando servicios para la demandada y con una subordinación técnica y económica, entre las partes se configuró una relación de empleo público - AL DÍA | ARGENTINA

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Sobre la remuneración de los abogados y la ‘dignidad’ constitucional del salario

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Salta no para de dar sorpresas. El día después de la borrachera electoral, tras el confuso y penoso espectáculo de apetitos personales disfrazados de vocaciones

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Es oficial: las empresas que cuenten con más de 100 empleados deberán tener una sala maternal o guardería para el personal con hijos de entre 45 días y 3 años. A partir de hoy, tendrán un plazo de un año para adecuarse a la nueva normativa en Argentina.

Así lo estableció el presidente Alberto Fernández a través del decreto 144/2022 que vino a reglamentar la prestación obligatoria de servicios de cuidado infantil en establecimientos laborales con más de 100 empleadas y/o empleados.

"En los establecimientos de trabajo donde presten tareas CIEN (100) personas o más, independientemente de las modalidades de contratación, se deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre CUARENTA Y CINCO (45) días y TRES (3) años de edad, que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la respectiva jornada de trabajo", dice el artículo 1.

El documento retoma lo expuesto por el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Dicha legislación establece que "en establecimientos donde preste servicios un número mínimo de trabajadoras, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños".

El decreto determina en 100 "el número mínimo de personas que se deben desempeñar en un establecimiento, como umbral de exigibilidad del derecho" y explica que " el cómputo de la cantidad de personas trabajadoras debe realizarse teniendo en cuenta" a quienes presten servicios "en el establecimiento principal".

Para aquellos que no necesiten utilizar el servicio "sobre todo por contar ya con personal contratado para el trabajo en cuestión", se prevé "la posibilidad de sustituir la obligación por el pago de una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidados de personas".

El mismo aplica también a las personas que se encuentren bajo la modalidad de teletrabajo, más comúnmente conocido como home office. El monto a reintegrar no podrá ser inferior al 40% del salario mensual.

Luego, el escrito divulgado a través del Boletín Oficial emite detalles específicos en relación al acondicionamiento de las instalaciones donde se prestará el cuidado de los niños/niñas. "La habilitación de los espacios de cuidado deberán ajustarse a las disposiciones de jurisdicción" plantea, a la vez que resuelve que dichos espacios "no deberán encontrarse a no más de DOS (2) kilómetros del lugar de prestación de tareas".

Finalmente, indica que " se le concede a los empleadores y las empleadoras el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, a efectos de que realicen las adecuaciones y gestiones pertinentes para el cumplimiento cabal de la obligación prevista".

El decreto completo:

VISTO el Expediente N° EX-2022-04244277-APN-DGD#MT, la Ley N° 23.179 aprobatoria de la "CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER", la Ley N° 23.313 que aprueba el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", el Convenio 156 "CONVENIO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES", adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) y aprobado por la Ley N° 23.451, la Ley N° 23.849 que aprueba la "CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO", el "PACTO FEDERAL DEL TRABAJO", ratificado por el ANEXO "A" de la Ley N° 25.212, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 26.844 y 27.555 y el fallo de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de fecha 21 de octubre de 2021, dictado en autos "Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986" CAF 49220/2015/1/RH1, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el pronunciamiento de fecha 21 de octubre de 2021, dictado en autos "Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986", la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN confirmó la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por la que se condenó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reglamentar, en el plazo de NOVENTA (90) días hábiles, el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en tanto dispone: "...En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan".

Que si bien la literalidad de la norma que se reglamenta alude a situaciones donde se trata de trabajadoras mujeres, una interpretación ajustada a derecho, conforme las cláusulas de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, especialmente en los artículos 14 bis y 75, incisos 22 y 23 obliga a contemplar en la reglamentación a todas las personas que trabajan, con independencia de su género.

Que dicha inteligencia es la que se desprende, en particular, del Convenio 156 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) sobre responsabilidades familiares, aprobado por la Ley N° 23.451; del artículo 10, inciso 1. del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; del artículo 5, incisos a) y b) de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER y del artículo 18, inciso 3. de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Que con fundamento en el plexo normativo descripto y con el fin de reglamentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corresponde determinar en CIEN (100) el número mínimo de personas que se deben desempeñar en un establecimiento, como umbral de exigibilidad del derecho que por el presente se reglamenta, en el entendimiento de que a partir de esa dimensión de la empresa estarán dadas las condiciones de razonabilidad para garantizar su efectiva implementación.

Que el cómputo de la cantidad de personas trabajadoras debe realizarse teniendo en cuenta aquellas y aquellos dependientes de la empresa principal y de otras empresas, en tanto presten servicios en el establecimiento principal, de modo tal de garantizar la aplicación del derecho y evitar hipótesis de fraude que contraríen los fines de la presente Reglamentación.

Que corresponde también determinar el cumplimiento de la norma durante toda la jornada de trabajo y con relación a los niños y las niñas a cargo de las personas trabajadoras, y establecer que la obligación de los establecimientos de trabajo es a partir de los CUARENTA Y CINCO (45) días y hasta los TRES (3) años de edad, inclusive.

Que la habilitación de los espacios de cuidado deberán ajustarse a las disposiciones aplicables en cada jurisdicción donde se asienten, de modo tal de no lesionar el poder de policía de los gobiernos locales.

Que los empleadores y las empleadoras podrán disponer la implementación de los espacios de cuidado de manera consorcial dentro de un radio de DOS (2) kilómetros del lugar de prestación de tareas, o por subcontratación, con el fin de facilitar la concreción del derecho y garantizar una razonable proximidad de la persona trabajadora con el niño o la niña a su cargo.

Que en el ámbito de los Convenios Colectivos de Trabajo suscriptos en el marco de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), corresponde prever la posibilidad de sustituir la obligación en especie por el pago de una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidados de personas y las condiciones para su reintegro, mediante la negociación colectiva.

Que, asimismo, se establece la posibilidad de sustituir dicha obligación en especie por el pago de una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegro de gastos, en el caso de que los vínculos laborales se encuadren en el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo reglado por la Ley N° 27.555, sin supeditar la posibilidad a su incorporación en el Convenio Colectivo aplicable, por resultar compatible con esa modalidad prestacional.

Que deviene razonable conceder a los empleadores y las empleadoras el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, a efectos de que realicen las adecuaciones y gestiones pertinentes para el cumplimiento cabal de la obligación prevista en la norma que se reglamenta.

Que la falta de cumplimiento de dicha obligación se considerará, en el ámbito de la Jurisdicción Nacional, una infracción laboral muy grave en los términos del artículo 4º del Anexo II de la Ley N° 25.212 del PACTO FEDERAL DEL TRABAJO, y se invita a las jurisdicciones locales a emplear una calificación similar.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Reglaméntase el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, conforme se establece en el presente:

En los establecimientos de trabajo donde presten tareas CIEN (100) personas o más, independientemente de las modalidades de contratación, se deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre CUARENTA Y CINCO (45) días y TRES (3) años de edad, que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la respectiva jornada de trabajo.

A los efectos del cómputo de la cantidad de personas que trabajan en el establecimiento, se tendrán en cuenta tanto las y los dependientes del establecimiento principal, como aquellas y aquellos dependientes de otras empresas, en tanto presten servicios en el establecimiento principal.

ARTÍCULO 2°.- La habilitación y las condiciones de los espacios de cuidado deberá ajustarse a la legislación específica que rija en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- Los empleadores y las empleadoras cuyos establecimientos de encuentren dentro de un mismo parque industrial, o bien a una distancia menor a DOS (2) kilómetros entre sí, podrán disponer la implementación de los espacios de cuidado de manera consorcial dentro del radio mencionado.

Los empleadores y las empleadoras podrán subcontratar la implementación de los espacios de cuidado, en tanto los mismos cumplan con las condiciones indicadas en la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- En los Convenios Colectivos de Trabajo podrá preverse el reemplazo de la obligación prevista en el artículo 1° de la presente medida por el pago de una suma dineraria no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas, debidamente documentados.

Se considerará que los gastos están debidamente documentados cuando emanen de una institución habilitada por la autoridad nacional o autoridad local, según correspondiere, o cuando estén originados en el trabajo de asistencia, acompañamiento y cuidado de personas registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, previsto en la Ley N° 26.844.

El monto a reintegrar en concepto de pago por guardería o trabajo de asistencia y cuidado no terapéutico de personas no podrá ser inferior a una suma equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) del salario mensual correspondiente a la categoría "Asistencia y Cuidados de Personas" del Personal con retiro del régimen previsto en la Ley N° 26.844, o al monto efectivamente gastado en caso de que este sea menor.

En los Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial, el monto a reintegrar será proporcional al que le corresponda a un trabajador o una trabajadora a tiempo completo.

ARTÍCULO 5º.- En el caso de la modalidad de contratación prevista por el artículo 102 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en la Ley N° 27.555, y la persona que trabaja estuviera anexada al establecimiento, la obligación establecida en el artículo 1° de la presente podrá cumplirse a través del pago de una suma dineraria no remunerativa, en las condiciones indicadas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 6°.- La obligación establecida en el artículo 1° del presente será exigible transcurrido el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia.

La falta de cumplimiento de dicha obligación se considerará en el ámbito de la Jurisdicción Nacional una infracción laboral muy grave en los términos del artículo 4º del Anexo II de la Ley Nº 25.212 que ratifica el PACTO FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 7°.- Invítase a las jurisdicciones locales a establecer una calificación similar a la determinada en el segundo párrafo del artículo anterior.

ARTÍCULO 8°.- La presente Reglamentación entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni - Elizabeth Gómez Alcorta

e. 23/03/2022 N° 17659/22 v. 23/03/2022

Fecha de publicación 23/03/2022

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Las empresas con más de 100 empleados deberán tener guardería

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Es oficial: las empresas que cuenten con más de 100 empleados deberán tener una sala maternal o guardería para el personal con hijos de entre 45 días y 3 años. A partir de hoy, tendrán un plazo de un año para adecuarse a la nueva normativa en Argentina.

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Derechos de todas las personas

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Derecho de los trabajadores

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El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este martes 21 de marzo desde las 16 horas a fin de determinar el primer aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de 2023.

La instancia de actualización en la que participarán los representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo, adoptará una vez más la modalidad virtual.

"Convócase a los integrantes del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 21 de marzo de 2023, a las 16:00 HORAS (DIECISEIS HORAS), mediante plataforma virtual", oficializó la cartera conducida por Raquel "Kelly" Olmos mediante la .

La revisión a activarse este martes buscará traccionar el piso actual de $ 69.500 en consonancia con el ritmo inflacionario registrado en el primer bimestre de este 2023: de acuerdo a la última medición elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios (IPC) minorista acumula un alza de 13,1%. Así, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) trepó a $ 80.483 para un hogar de 4 integrantes y $ 177.063 respecto a la Canasta básica Total (CBT).

"Es necesario aumentar el SMVM. Debería estar por encima de la inflación. Hoy está por detrás de la canasta de indigencia", alertó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, en diálogo con El Cronista.

La propuesta de ala disidente coincide con la impulsada por el secretario gremial de la CGT y dirigente de SMATA, Mario "Paco" Manrique.

"El Salario Mínimo tiene que estar en 170 o 180 mil pesos", remarcó a El Destape Radio. "Uno no puede tener un haber básico debajo de la línea de la pobreza", insistió.
Consejo del Salario Mínimo: la posición de gremios, empresas y Gobierno en la puja 2023 Inflación: pese a la rebaja del IVA, alimentos de la cesta básica subieron de precio

Para Manrique el escenario laboral actual se configura de "trabajadores pobres" afectados por una riqueza que "se está distribuyendo mal y se está concentrando en pocas manos".

"Falta encontrar ese equilibrio social en la distribución de la riqueza del país porque tapa cualquier logro que puedas mostrar", agregó.

Con perspectivas de inflación alcista y acuerdos paritarias que no superan los seis meses, el poder adquisitivo del salario de los trabajadores privados formales, medido en términos de IPC, finalizó 2022 con una caída del 17%, tomados desde 2017 (Monitor de Ingresos Reales - Informe Nadin Argañaraz).

"La forma que tenemos de garantizarnos una vida digna es con un ingreso que cumpla con el derecho a tener un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que debe permitir resolver las nueve necesidades vitales (art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo)", apuntó el dirigente de aceiteros Daniel Yofra al portal InfoGremiales.

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Salario Mínimo y Potenciar Trabajo: se define hoy la suba, ¿cuáles son los tres porcentajes que se analizan?

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El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este martes 21 de marzo desde las 16 horas a fin de determinar el primer aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de 2023.

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Señores Jueces: repasen Derecho Laboral - NoticiasFormosa

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Muchas veces, cuando desde los medios, en las conversaciones cotidianas, en un asado familiar o en alguna discusión en redes, se señalan los problemas que atraviesa la Argentina, inmediatamente se les asigna un único culpable, palpable de carne y hueso: tal o cual presidente. Casi siempre de los períodos democráticos. "Como si la historia se escribiera en fragmentos inconexos, como si pudiera trazarse una línea que permitiera construir una entidad explicable por sí misma, sin conectarla con nada más. Como si la historia no fuese un continuo que marca el presente", reflexiona Horacio Etchichury, investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS, CONICET-UNC).

En particular, cuando se analiza la realidad actual y se buscan sus causas, suelen dejarse de lado las huellas de la dictadura iniciada con el golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976 y del largo "Proceso de Reorganización Nacional" que transformó por completo la historia del país. Transitando el año en el que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, pensar en el legado de la dictadura implica interpretar la historia como parte de la coyuntura y los problemas actuales.

En este sentido, Etchichury -que también es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Grupo de Investigación en Derechos Sociales (GIDES)- analiza el devenir de los derechos sociales durante el último gobierno de facto y los resabios de ese proceso que permanecen en la actualidad. "A través del terrorismo de Estado, la dictadura logró eliminar a las personas y debilitar a las organizaciones, tanto a las que servían de base al estado de bienestar previo al golpe como a quienes impulsaban proyectos todavía más amplios de emancipación o de cambio", explica.

"En paralelo, a través de su política económica -defendida también a través de la represión- logró destruir o desgastar las bases materiales de ese estado de bienestar: redujo el rol del Estado, le dio más poderes a las fuerzas del mercado en la definición de la vida social y de la distribución. Al mismo tiempo, adoptó el principio de subsidiariedad: la idea de que el Estado sólo debía intervenir, aparecer o proveer prestaciones en casos de extrema necesidad, lo contrario de lo que proponía la universalidad de derechos vigente hasta aquel momento. Estas dos operaciones - la represión y la eliminación y la modificación de la base material- es lo que le ha dado tanta fuerza, tanta continuidad a las propuestas, a las políticas que la dictadura impulsó, muchas de las cuales siguen aún vigentes", añade el científico.
El devenir de los derechos sociales
De acuerdo con Etchichury, la última dictadura se propuso refundar la Argentina, con el propósito de dejar atrás treinta años de historia en el que se había consolidado, con altos y bajos, con democracia y sin ella, un modelo cuyo actor central era el Estado como garante de derechos universales y como mediador en los escenarios de tensiones y acuerdos entre sindicatos y empresas. "Impulsada desde las filas del liberalismo económico, esa nueva fundación exigía restaurar la disciplina social y el orden en los ámbitos de trabajo, para aumentar la productividad mediante la liberalización, dando más poder al mercado y reduciendo el del Estado. Esto hacía necesario suprimir conquistas laborales, destruir las organizaciones de la clase obrera y eliminar empresas nacionales no competitivas, así como reducir otros derechos sociales. Los economistas liberales convencieron a las Fuerzas Armadas de que este nuevo modelo económico permitiría cambiar de raíz el impredecible sistema político, al que veían siempre en riesgo de caer en el populismo o el comunismo", explica el investigador.

Para el investigador, el rol del Estado se fue reduciendo paulatinamente como resultado del desfinanciamiento y las limitaciones a la universalidad de los derechos sociales, acompañado de una represión que eliminaba cualquier resistencia frente a estos cercenamientos. Como resultado, la educación, la vivienda, la salud y la seguridad social, junto al ámbito laboral, fueron invadidos por una lógica en la que prevalecían las fuerzas del mercado.

"En materia educativa la represión se descargó sobre instituciones, docentes y estudiantes, además de las restricciones ideológicas sobre contenidos y métodos. También se atacó la universalidad al transferir masivamente las escuelas primarias nacionales a las provincias, con la llamada ley 21.809, reforzando las desigualdades surgidas del diferente grado de desarrollo regional. El elitismo se instrumentó a través de los exámenes de ingreso a la enseñanza media y de los cupos y limitaciones en las universidades", asevera Etchichury.

"Por su parte, la salud se vio afectada por el desfinanciamiento del sector público, lo que aparejó niveles más bajos de acceso a las prestaciones, en el marco de una represión a profesionales y personal que llegó a instalar sitios de tortura en hospitales públicos, como el Posadas. En materia de vivienda, se liberalizó el mercado de alquileres -ley 21.342- y se desalojó compulsivamente habitantes de villas de emergencia, sin proveer soluciones", agrega el científico del CONICET en el CIJS.
Derechos laborales: un blanco predilecto
Dentro de los llamados derechos sociales, para Etchichury, sin dudas, los laborales recibieron particular atención por parte del gobierno de facto y, también, gran parte de los mayores ataques. "De hecho, poco después del golpe, Videla modificó profundamente, a través de la denominada ley 21.297 aún vigente, la Ley de Contrato de Trabajo aprobada por el Congreso en 1974: eliminó protecciones y cláusulas favorables al sector obrero, mientras ampliaba las facultades patronales. También prohibió el ejercicio del derecho de huelga, a través de la ya derogada ley 21.400, y las elecciones y asambleas gremiales -con las leyes 21.356 y 21.371, ambas sin vigencia en la actualidad-, además de intervenir la CGT y congelar sus fondos mediante la ley 21.270, también sin vigencia. Prohibió la negociación colectiva de sueldos públicos y privados, reservando al Ejecutivo la fijación del salario mínimo y de cualquier aumento de alcance general a partir de la ley 21.307, ya derogada", explica Etchichury.

El investigador destaca que con la Ley de Prescindibilidad (21.274) se despidieron cerca de 200 mil empleados públicos, contradiciendo el derecho a la estabilidad garantizado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Esta Ley habilitaba despidos masivos sin causa ni sumario con la imposibilidad de la recontratación durante los 5 años posteriores a la cesantía. Además, no generaba derecho a indemnización si la persona expulsada era considerada un factor real o potencial de perturbación, o vinculada con la subversión. Normas similares se dictaron a nivel provincial y municipal.

"Todas estas reformas apuntaban a reducir los sueldos, fortalecer a las patronales y debilitar el poder negociador de trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones, en muchos casos intervenidas o con conducciones encarceladas o desaparecidas, un destino compartido con representantes de base, a quienes se secuestraba incluso en sus lugares de trabajo", asegura el investigador.
Corte Suprema y Poder Judicial
De acuerdo con Etchichury, para poder materializar estas reformas, el gobierno dictatorial necesitó modificar la normativa vigente. Con ese objetivo, el Ejecutivo asumió facultades para dictar "leyes" (que al no cumplir el proceso democrático para su sanción, actualmente existen debates sobre si deberían nombrarse como tales o no) avaladas posteriormente por el Poder Judicial. De esta manera, señala el investigador, se designó una Corte Suprema a la medida, integrada por juristas conservadores con experiencia en la función pública y la Justicia, favorables al "restablecimiento de la disciplina social".

"En sus decisiones sobre derechos sociales, la Corte Suprema convalidó el amplio margen de actuación del Ejecutivo, evitando pronunciarse frente a reclamos contra las normas dictatoriales, o las convalidó invocando la emergencia. Solo luego de mucho tiempo, y excepcionalmente, cuestionó algunas de las normas; pero en general, el remedio siempre fueron indemnizaciones: no reincorporó activistas gremiales ni personal declarado prescindible. En lugar de restaurar el derecho vulnerado, lo canjeó por cifras en dinero, rápidamente desactualizadas", comenta Etchichury.

Etchichury relata que hacia el final del periodo, la Corte incluso trató -sin éxito- de asegurar su propia continuidad luego de las elecciones de 1983. Sin embargo, el resto del Poder Judicial federal, en términos generales, logró su continuidad tras el derrumbe de la dictadura. "Durante la transición democrática no se pudo reemplazar a gran parte del personal y de la magistratura; los concursos -herramienta que podría haber renovado el plantel- no se implementaron de manera rápida ni amplia, y las limitaciones a la actividad gremial dentro de los tribunales se fueron levantando lentamente", desarrolla el especialista del CIJS.
Persistencias del pasado
Como corolario, el investigador reflexiona: "Efectivamente, el Proceso comenzó aquel fatídico 24 de marzo,hace ya 47 años, pero ¿se puede marcar el final de su impacto con igual precisión? No pareciera ser una tarea tan sencilla si se interpreta a la Historia como un proceso que trasciende los calendarios y efemérides".

"Pese a las décadas transcurridas, algunas normas dictatoriales siguen vigentes. Pero, más preocupante aún, es cierto legado que, todavía hoy, propone subordinar los derechos sociales al mercado o las emergencias, o los describe como privilegios a eliminar. El art. 14 bis y los tratados con jerarquía constitucional sufren periódicos embates mediante lecturas limitantes o evasivas que niegan o postergan los derechos a la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social o las condiciones dignas de trabajo. Ese legado encuentra repertorio argumental en la legislación, las ideas y las sentencias de la última dictadura", cierra Etchichury.

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Los derechos sociales en la última dictadura

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Muchas veces, cuando desde los medios, en las conversaciones cotidianas, en un asado familiar o en alguna discusión en redes, se señalan los problemas que atraviesa la Argentina, inmediatamente se les asigna un único culpable, palpable de carne y hueso: tal o cual presidente. Casi siempre de los períodos democráticos.