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La Constitución Política del Perú proporciona una base sólida para la organización y control de la actividad estatal, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Mediante la separación de poderes y los diversos mecanismos de evaluación, se busca garantizar una gestión pública eficiente, equitativa y orientada al bien común.

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Participación Democrática: Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la vida política y en la evaluación de la gestión pública.

Fiscalización Ciudadana: Posibilidad de denunciar actos de corrupción y malversación de fondos.

Control Social: Implica la vigilancia y evaluación de la gestión pública por parte de organizaciones civiles y la sociedad en general.

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Acceso a la Información Pública: Los ciudadanos tienen el derecho a solicitar información sobre la gestión estatal.

Contraloría General de la República: Órgano encargado de supervisar y auditar la utilización de los recursos públicos.

Declaraciones Juradas: Obligación de los funcionarios públicos de declarar sus bienes y rentas, promoviendo la transparencia.

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Ejecutivo: Liderado por el Presidente de la República, encargado de la administración pública y la ejecución de las leyes.

Legislativo: Compuesto por el Congreso de la República, encargado de la creación de leyes y la fiscalización del Ejecutivo.

Judicial: Encabezado por la Corte Suprema, encargado de la interpretación y aplicación de la ley.

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Organización del Estado: La Constitución establece los fundamentos de la estructura del Estado, promoviendo un gobierno representativo y descentralizado.

Separación de Poderes: Divide el poder estatal en tres ramas independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada una con funciones y responsabilidades específicas.

Protección de Derechos: Garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, promoviendo la justicia, la igualdad y la inclusión.