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Me pareció importante compartir esta noticia porque relata de forma resumida las etapas del proceso penal en los Estados Unidos y los órganos que actúan en él. Un funcionario publico como Trump puede volver a postularse en cargos públicos, interesante no?

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Los fiscales pasaron semanas presentando acusaciones de que Trump participó en un plan de dinero para silenciar destinado a suprimir historias que temía que pudieran ser perjudiciales para su campaña presidencial de 2016 (JUSTIN LANE/Pool via REUTERS)

El jurado en el juicio por dinero secreto contra Donald Trump llegó este jueves a un veredicto y lo declaró culpable por los 34 cargos después de deliberar durante 9,5 horas, lo que marca una culminación muy esperada del primer caso penal contra un ex presidente estadounidense.

Los fiscales pasaron semanas presentando acusaciones de que Trump participó en un plan de dinero para silenciar destinado a suprimir historias que temía que pudieran ser perjudiciales para su campaña presidencial de 2016.

Un veredicto de culpabilidad representa un sorprendente ajuste de cuentas legal para Trump después de años de investigaciones criminales.

Trump había adoptado un tono pesimista después de abandonar la sala del tribunal tras la lectura de las instrucciones del jurado, repitiendo sus afirmaciones de un "juicio muy injusto" y diciendo: "La Madre Teresa no pudo vencer esos cargos, pero ya veremos. Veremos cómo lo hacemos".

Trump fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su empresa en relación con un supuesto plan para ocultar historias potencialmente vergonzosas sobre él durante su campaña electoral presidencial republicana de 2016.

El cargo, un delito grave, surge de los reembolsos pagados al entonces abogado de Trump, Michael Cohen, después de que éste hiciera un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Danielspara silenciar sus afirmaciones de que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales en 2006. Trump está acusado de tergiversar los reembolsos de Cohen. como gastos legales para ocultar que estaban vinculados a un pago de dinero por su silencio.

Trump se declaró inocente y sostuvo que los pagos a Cohen fueron por servicios legales legítimos. También ha negado el supuesto encuentro sexual extramatrimonial con Daniels.

Los fiscales dijeron que Trump cometió u ocultó una violación de una ley electoral de Nueva York que hace ilegal que dos o más conspiradores "promuevan o impidan la elección de cualquier persona para un cargo público por medios ilegales".

Los jurados comenzaron a deliberar el martes después de un día maratónico de argumentos finales (REUTERS/Jane Rosenberg)

Los jurados, una muestra representativa diversa de residentes de Manhattan, a menudo parecían fascinados por los testimonios en el juicio, incluidos los de Cohen y Daniels. Muchos tomaron notas y observaron atentamente cómo los testigos respondían las preguntas de los fiscales de Manhattan y los abogados de Trump.

Los jurados comenzaron a deliberar el martes después de un día maratónico de argumentos finales. Un fiscal habló durante más de cinco horas, subrayando la carga que enfrenta la oficina del fiscal de distrito al tener que establecer la culpabilidad de Trump más allá de toda duda razonable.

El equipo de Trump no necesitaba demostrar su inocencia para evitar una condena, sino que debía contar con que al menos un miembro del jurado determinara que los fiscales no han probado suficientemente su caso.

El primer juicio penal de un ex presidente estadounidense siempre presentó una prueba única para el sistema judicial, no solo por la prominencia de Trump sino también por sus implacables ataques verbales a los fundamentos del caso y a sus participantes. Pero el veredicto del jurado de 12 personas marcó un repudio a los esfuerzos de Trump por socavar la confianza en el proceso o potencialmente impresionar al panel con una muestra de apoyo republicano.

El juicio involucró cargos de que Trump falsificó registros comerciales para encubrir pagos de dinero a Stormy Daniels, la actriz porno que dijo que tuvo relaciones sexuales con el Trump casado en 2006.

El pago de 130.000 dólares fue realizado por el ex abogado y asesor personal de Trump, Michael Cohen, para comprar el silencio de Daniels durante las últimas semanas de la carrera de 2016, en lo que los fiscales alegan fue un intento de interferir en las elecciones. Cuando a Cohen se le reembolsó, los pagos se registraron como gastos legales, lo que, según los fiscales, era un intento ilegal de enmascarar el verdadero propósito de la transacción. Los abogados de Trump sostienen que fueron pagos legítimos por servicios legales.

Stormy Daniels (REUTERSLucas Jackson/Archivo)

Trump ha negado el encuentro sexual y sus abogados argumentaron durante el juicio que su condición de celebridad, particularmente durante la campaña de 2016, lo convirtió en blanco de extorsión. Han dicho que los acuerdos para ocultar historias negativas sobre Trump fueron motivados por consideraciones personales como el impacto en su familia y su marca como hombre de negocios. También buscaron socavar la credibilidad de Cohen, el testigo estrella de la fiscalía que se declaró culpable en 2018 de cargos federales relacionados con los pagos, motivado por una animadversión personal hacia Trump, así como por la fama y el dinero.

El juicio contó con más de cuatro semanas de testimonios ocasionalmente fascinantes que revisitaron un capítulo ya bien documentado del pasado de Trump, cuando su campaña de 2016 se vio amenazada por la divulgación de una grabación de Access Hollywood que lo captó hablando de agarrar sexualmente a mujeres sin su permiso. y la perspectiva de que surjan otras historias sobre Trump y el sexo que serían perjudiciales para su candidatura.

El propio Trump no testificó, pero los jurados escucharon su voz a través de una grabación secreta de una conversación con Cohen en la que él y el abogado discutieron un acuerdo de 150.000 dólares para mantener su silencio que involucraba a una modelo de Playboy, Karen McDougal, quien dijo que tuvo una aventura con Trump: "¿Cuánto tenemos que pagar por esto? ¿150?" Se escuchó decir a Trump en la grabación realizada por Cohen.

La propia Daniels testificó, ofreciendo por momentos un relato gráfico del encuentro sexual que dice que tuvieron en una suite de hotel durante un torneo de golf en Lake Tahoe. El ex editor del National Enquirer, David Pecker, testificó sobre cómo trabajó para evitar que las historias perjudiciales para la campaña de Trump se hicieran públicas, incluso haciendo que su empresa comprara la historia de McDougal.

Los miembros del jurado también escucharon a Keith Davidson, el abogado que negoció los pagos del silencio en nombre de Daniels y McDougal.

Detalló las tensas negociaciones para que ambas mujeres fueran compensadas por su silencio, pero también enfrentó una ronda agresiva de interrogatorios por parte de un abogado de Trump que señaló que Davidson había ayudado a negociar acuerdos similares para obtener silencio en casos que involucraban a otras figuras prominentes.

Los jurados pidieron por la tarde volver a escuchar al menos parte de esas instrucciones. También pidieron volver a visitar episodios clave, aunque no estaba claro por qué.

Las solicitudes cubrían testimonios de Cohen y del ex editor del National Enquirer sobre una reunión con Trump en agosto de 2015 en la Torre Trump, donde el jefe del tabloide se comprometió a ser los "ojos y oídos" de su incipiente campaña presidencial.

Pecker testificó que el plan incluía identificar historias potencialmente dañinas sobre Trump para poder aplastarlas antes de publicarlas. Eso, dicen los fiscales, fue el comienzo del plan de "atrapar y matar" en el centro del caso.

Los miembros del jurado también querían escuchar el relato de Pecker sobre una llamada telefónica que dijo haber recibido de Trump en la que discutieron un rumor de que otro medio había ofrecido comprar la historia de la ex modelo de Playboy Karen McDougal, alegando que ella tuvo una aventura de un año con Trump a mediados de la década de 2000. Trump ha negado el asunto.

El pago de 130.000 dólares fue realizado por el ex abogado y asesor personal de Trump, Michael Cohen, para comprar el silencio de Daniels durante las últimas semanas de la carrera de 2016 (REUTERS/Jane Rosenberg)

Pecker testificó que Trump le dijo: "Karen es una buena chica" y le preguntó: "¿Qué crees que debería hacer?". Pecker dijo que respondió: "Creo que deberías comprar la historia y sacarla del mercado". Agregó que Trump le dijo que no compra historias porque siempre salen a la luz y que Cohen estaría en contacto.

El editor dijo que salió de la conversación pensando que Trump estaba al tanto de los detalles de las afirmaciones de McDougal. Pecker dijo que creía que la historia era cierta y que habría sido vergonzoso para Trump y su campaña si se hubiera hecho pública.

La empresa matriz del National Enquirer, American Media Inc., finalmente pagó a McDougal 150.000 dólares por los derechos de su historia en un acuerdo que también incluía escritura y otras oportunidades con su revista de fitness y otras publicaciones.

El cuarto elemento que solicitaron los jurados es el testimonio de Pecker sobre su decisión de octubre de 2016 de retractarse de un acuerdo para vender los derechos de la historia de McDougal a Trump a través de una empresa que Cohen había establecido para la transacción. Un acuerdo de este tipo se conoce como "cesión de derechos".

La siguiente cuestión será qué castigo debería recibir el ex presidente. Esta decisión recaerá en el juez Juan Merchan.

Los cargos de falsificación de registros comerciales conllevan hasta cuatro años de prisión, aunque los fiscales no han dicho si tienen la intención de solicitar prisión, y no está claro si el juez, que anteriormente en el juicio advirtió sobre penas de cárcel por violaciones de la orden de silencio, impondría ese castigo incluso si se lo piden.

Expertos legales consideran improbable que Trump sea sentenciado a prisión. En lugar de prisión, es probable que Trump enfrente multas, libertad condicional, servicio comunitario o una combinación de estos.

Una condena no afectaría la capacidad legal de Trump para postularse para presidente (REUTERS/Andrew Kelly/Pool)

Si Trump es condenado, se espera que apele rápidamente, lo que probablemente suspendería cualquier castigo hasta que se resuelva la apelación. Este proceso podría tomar meses o incluso años.

Una condena no afectaría la capacidad legal de Trump para postularse para presidente, ya que la Constitución no prohíbe a los delincuentes postularse para cargos públicos.

Trump enfrenta otras tres acusaciones por delitos graves, pero el caso de Nueva York puede ser el único que llegue a una conclusión antes de las elecciones de noviembre, lo que aumentó la importancia del resultado. Aunque las implicaciones legales e históricas del veredicto son evidentes, las consecuencias políticas lo son menos dado su potencial para reforzar, en lugar de remodelar, opiniones ya endurecidas sobre Trump.

Para otro candidato en otra época, una condena penal podría condenar su carrera presidencial, pero la carrera política de Trump ha resistido dos juicios políticos, acusaciones de abuso sexual, investigaciones sobre todo, desde posibles vínculos con Rusia hasta conspiraciones para anular una elección, e historias personalmente lascivas, incluida la aparición de una grabación en la que se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres.

Además, los votantes conocen las acusaciones generales del caso desde hace años y, si bien son de mal gusto, en general se las considera menos graves que las acusaciones que enfrenta en otros tres casos que lo acusan de subvertir la democracia estadounidense y manejar mal los secretos de seguridad nacional.

Aun así, es probable que el veredicto le dé al presidente Joe Biden y a sus compañeros demócratas espacio para agudizar los argumentos de que Trump no es apto para el cargo, incluso cuando proporciona material para que el presunto candidato republicano avance con sus afirmaciones sin fundamento de que es víctima de un sistema de justicia penal que tiene motivaciones políticas en su contra.
(Con información de AP)

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Cómo fue el juicio en el que se declaró culpable a Trump: cronología de un proceso que sacudió a Estados Unidos

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Se convirtió en el primer ex presidente de EEUU condenado por delitos graves al recibir un veredicto de culpablidas por falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016. Los detalles del caso y del proceso judicial

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Portación de armas y la adicción a las drogas.

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Portación de armas y la adicción a las drogas.

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Alegatos de abogados que se basan en justificar una portación de armas cuando Hunter Biden a pesar de ser consumidor de drogas y no haya sentencia que así lo declare, podrá poseerlas.

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La defensa del hijo del presidente alega también que en su juicio se ha violado el derecho a tener armas que consagra la Segunda Enmienda de la Constitución

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su hijo Hunter, en New Castle (Delaware), el día que fue declarado culpable. Anna Rose Layden (REUTERS)

La batalla jurídica de los abogados de Hunter Biden contra la decisión del jurado que le declaró culpable de tres delitos relacionados con la compra y posesión ilegal de un revólver ha comenzado. Los abogados del hijo del presidente han solicitado que anula y, en su caso, repita el juicio alegando un supuesto error procesal. Argumentan que presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones y que este nunca devolvió la jurisdicción, por lo que el juicio ni siquiera debería haber empezado. "Las condenas del señor Biden deben ser anuladas porque el tribunal carecía de jurisdicción para proceder a juicio", señala en su conclusión un escrito fechado este lunes. En otro escrito, la defensa del hijo del presidente alega también que en su juicio se ha violado el derecho a tener armas que consagra la Segunda Enmienda de la Constitución

Los abogados de Hunter Biden citan un precedente, el caso DeFries, en el cual se anuló una condena precisamente por ese mismo error procesal. Como entonces, ahora, "el tribunal convocó a un jurado y procedió al juicio antes de que el Tribunal de Apelaciones devolviera la jurisdicción al tribunal emitiendo su mandato. En consecuencia, la condena debe ser anulada", dice el escrito presentado en nombre de Hunter Biden ante el juzgado de Wilmington (Delaware) que se encargó del caso.

Según dicho escrito, esa deficiencia procesal no se arreglaría aunque el Tribunal de Apelaciones devolviera ahora la competencia al juzgado de Wilmington. El problema solo se subsanaría con un nuevo juicio, alegan. También reconocen que ese traslado y suspensión de la jurisdicción del juzgado federal no opera en el caso de apelaciones "frívolas", según la doctrina del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, el distrito judicial al que corresponde el caso. Sin embargo, defienden que las apelaciones presentadas por Hunter Biden no tenían ese carácter, aunque fueran desestimadas.

La jueza tendrá que considerar si ese argumento jurídico tiene suficiente peso. Los abogados de Hunter Biden pueden usarlo también en sus recursos posteriores.

Condena inconstitucional

No es el único argumento que la defensa de Hunter Biden usa para solicitar la repetición del juicio. En otro escrito independiente, los letrados sostienen que los fundamentos de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avaló las restricciones para que las personas bajo una orden de alejamiento por violencia doméstica posean armas de fuego se prestan a una absolución en el caso del hijo del presidente, o "como mínimo" a un nuevo juicio.

"El Tribunal Supremo ha subrayado de nuevo que la posesión de armas de fuego es presuntamente un derecho constitucional y que las solas excepciones válidas deben ser análogas a una excepción histórica que existía cuando se adoptó la Segunda Enmienda" de la Constitución, que consagró el derecho a poseer y portar armas de fuego.

En realidad, el fallo del Supremo, avalando la prohibición de que los maltratadores tengan armas, resulta en su resultado contrario en los intereses de Hunter Biden. Sus abogados, sin embargo, escarban en la argumentación de la sentencia para arrimar el ascua a su sardina. "El Tribunal Supremo rechazó enfática y unánimemente el otro argumento del Gobierno de la ley que se basaba en la afirmación de que el Congreso puede desarmar a personas que presume peligrosas o no responsables", sostiene.

Los abogados de Hunter Biden indican que las prohibiciones de los artículos 922(g)(8) y 922(g)(3) de la legislación peenal estadounidense son muy diferentes y tienen antecedentes históricos muy distintos. El artículo 922(g)(8) se aplica solo a las personas que están "sujetas a una orden judicial" que "fue emitida tras una audiencia de la que dicha persona recibió notificación real, y en la que dicha persona tuvo la oportunidad de participar", y dicha orden determina que la persona supone "una amenaza creíble para la seguridad física de la pareja o del menor" e impide que dicha persona "acose, aceche o amenace" a la pareja o al menor, explican.

Por el contrario, en su opinión, el artículo 922(g)(3), por el que se declaró culpable de uno de los delitos al hijo del presidente, podría vulnerar la Constitución porque "se aplica a un adicto o a un consumidor ilegal de drogas sin ninguna orden judicial que declare su peligrosidad en ningún sentido". "Esta distinción es fundamental para el análisis de la Segunda Enmienda", añaden, poniendo el acento en que el Supremo se rige por la analogía histórica con el momento en que se aprobó el texto constitucional.

"El señor Biden tiene derecho a una absolución porque no hay pruebas de que su conducta encaje en esta excepción histórica o, como mínimo, tiene derecho a un nuevo juicio porque el jurado nunca fue instruido y no hizo ninguna constatación fáctica sobre la aplicabilidad de esta instrucción", argumentan. Ese otro escrito de 18 páginas concluye: "El Tribunal debe ordenar la absolución del señor Biden porque los cargos que se le imputan son inconstitucionales".

El hijo del presidente de Estados Unidos fue declarado culpable de tres delitos por el jurado popular, aunque la jueza todavía no ha impuesto la sentencia. Los delitos (declaración falsa al comprar un arma de fuego; declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego) están castigados con un máximo de 25 años de cárcel, pero no es habitual una pena así cuando la compra y posesión ilegal de un arma no viene acompañada por otros delitos violentos y el condenado no tiene antecedentes. Nunca antes el hijo de un presidente de Estados Unidos había sido juzgado en un caso penal.

Hunter Biden compró un revólver Colt Cobra 38SPL y rellenó el impreso 4473, un formulario de varias páginas en que negó ser consumidor ilegal o adicto a cualquier estimulante, droga narcótica o cualquier otra sustancia controlada. La pistola acabó 11 días después en un cubo de basura de un supermercado de Greenville, a unos 10 minutos en coche de la armería.

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