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Fuentes del Derecho Administrativo
Las fuentes del Derecho Administrativo son los medios a través de los cuales se crean,
modifican o extinguen las normas jurídicas administrativas. Estas fuentes pueden variar
de un país a otro, pero en general se consideran las siguientes:
Constitución: Es la norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico de un país.
Establece las bases del Estado, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la
organización de los poderes públicos, incluyendo la administración pública. Toda norma
administrativa debe estar en conformidad con la Constitución.
Ley: Es una norma jurídica aprobada por el poder legislativo que regula de manera
general y abstracta materias de interés público. Las leyes establecen los principios y
normas generales que deben seguir las entidades administrativas y los ciudadanos en
sus relaciones con la administración.
Reglamentos: Son normas jurídicas de carácter general dictadas por el poder ejecutivo
en virtud de una habilitación legal. Tienen como función desarrollar, complementar y
concretar las disposiciones legales, facilitando su aplicación en la práctica administrativa.
Decretos y Órdenes Ejecutivas: Son actos administrativos dictados por el poder
ejecutivo, que pueden tener fuerza de ley en algunos casos. Se utilizan para la regulación
de asuntos específicos y para la ejecución de leyes.
Costumbre Administrativa: Es una fuente secundaria y se refiere a las prácticas
repetidas y uniformes que han sido aceptadas por la administración pública como normas
de conducta. Aunque no tienen el mismo rango que la ley o el reglamento, pueden ser
utilizadas para interpretar o complementar normas administrativas.
Jurisprudencia: Consiste en los principios y criterios establecidos por los tribunales al
resolver casos concretos. En el ámbito administrativo, la jurisprudencia puede ser una
fuente importante para interpretar la ley y los reglamentos, especialmente cuando hay
lagunas o ambigüedades en las normas.

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Doctrina: Se refiere al conjunto de estudios, análisis y opiniones de los juristas y
académicos sobre el Derecho Administrativo. Aunque no es vinculante, la doctrina puede
influir en la interpretación y aplicación de las normas administrativas.
El Derecho Administrativo como orden público
El Derecho Administrativo se considera un orden público porque regula materias de
interés general y busca proteger el bienestar de la colectividad. Al estar orientado hacia
la consecución del interés público, las normas administrativas son imperativas y no
pueden ser derogadas o modificadas por la voluntad de los particulares. Esto implica que
las normas del Derecho Administrativo prevalecen sobre los acuerdos o intereses
privados cuando estos entran en conflicto con el interés general.
Esta característica de orden público asegura que la administración pública actúe de
manera coherente y uniforme, respetando principios fundamentales como la legalidad, la
eficacia, la eficiencia, la transparencia y la equidad. Además, protege a los ciudadanos
de posibles abusos de poder por parte de las autoridades administrativas y garantiza que
los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la sociedad.
Rerefencias:
García, J. L., & Pérez, M. A. (2018). Derecho Administrativo: Fundamentos y fuentes.
Editorial Jurídica.