# data[].attributes.attachment_link.title
PERÚ 2021: Amenazas y factores de buen gobierno y de desarrollo - AMENAZAS Y SEGURIDAD

# data[].attributes.attachment_link.description
Mediante la localización por departamentos de las amenazas y de los indicadores es posible realizar un diagnóstico preciso y completo que ayude al diseño de políticas públicas y toma de decisiones integrales y más certeras.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú | Think tank del Ejército del Perú

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El crimen organizado, la delincuencia común, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la minería ilegal, las emergencias sanitarias, entre otros, no solo perturban el bienestar de los ciudadanos, sino también afectan el desarrollo de un país. En el Perú, además de estas amenazas, se suman otras que persisten en el tiempo, como es el caso del terrorismo y del narcotráfico. En este artículo, se analizan datos estadísticos de algunas de las amenazas que afectan la seguridad del Estado peruano a fin de comprender mejor su dimensión y alcance, pero -principalmente- con la finalidad de que los máximos tomadores de decisiones del Estado adopten las acciones necesarias para enfrentarlas eficazmente.
Palabras Clave:
Amenazas - Seguridad Nacional - Tráfico ilícito de armas - Trata de personas - Lavado de activos - Delincuencia común.

Introducción

La globalización viene revolucionando aceleradamente todas las esferas del quehacer nacional. Sin embargo, aunque la globalización presenta muchos aspectos positivos, también presenta otros que no los son, como es el caso del surgimiento de nuevos retos y amenazas a la seguridad tanto nacional como internacional. En la actualidad, amenazas como el terrorismo internacional y el crimen organizado transnacional son claros ejemplos de la mayor conectividad que existe en el mundo.

Asimismo, los desastres relacionados a eventos naturales, la delincuencia común, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, las emergencias sanitarias, entre otros, ponen en riesgo a una nación, afectando no solo el bienestar de los ciudadanos, sino también el desarrollo del país. En el Perú, además de las amenazas ya descritas, se suman otras que aún permanecen activas, como es el caso del terrorismo y del narcotráfico, principalmente en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En este artículo se analizan algunos datos estadísticos sobre estas amenazas con la finalidad de comprender mejor su dimensión y alcance, facilitando la búsqueda de nuevos mecanismos para enfrentarlas, a través del involucramiento de las entidades del Estado y, principalmente, de sus tomadores de decisiones.

Del Libro Blanco de la Defensa a los nuevos roles del Ejército

El Libro Blanco de la Defensa Nacional, publicado en el año 2005, identifica dos tipos de amenazas a la seguridad nacional peruana. Por un lado, se encuentran las amenazas externas, es decir, las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la subregión Sudamericana doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del derecho internacional, las que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos naturales de valor estratégico, así como el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia internacional. Por otro lado, se encuentran las amenazas internas como los grupos terroristas y subversivos -contrarios al ordenamiento constitucional- que optan por la violencia, los grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares, la delincuencia común organizada, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y la depredación del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de que ya han transcurrido más de 15 años desde la publicación de este documento, las amenazas descritas permanecen latentes, pudiéndose incluir otras como la actual pandemia de la COVID-19.

En ese sentido, acorde a la Constitución Política del Perú y a las Leyes nacionales, el Ejército del Perú - al igual que las otras instituciones armadas- cumple cinco roles estratégicos: garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial; participar en apoyo el orden interno; participar en apoyo el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres; participar en apoyo en la política exterior; y participar en apoyo al desarrollo nacional. Se debe recalcar que estos roles estratégicos han sido asignados por el Estado peruano; por consiguiente, debe ser el propio Estado -por intermedio de los Gobiernos de turno- el que asigne los recursos que permitan el desarrollo de capacidades para que esta institución armada los cumpla eficazmente, en beneficio de la sociedad a la que sirve.

Percepción de la seguridad en el planeta

Anualmente, diversas instituciones realizan estudios para medir la percepción de seguridad regional y global. Una de las más reconocidas es el Institute for Economics and Peace, un laboratorio de ideas ( think tank) dedicado a colectar data para analizar la paz y cuantificar su valor mediante el desarrollo de indicadores relacionados con la seguridad tanto interna como externa. El Índice de Paz Global es uno de los principales reportes que emite cada año este Instituto. Este reporte permite realizar algunas precisiones acerca de la percepción de la seguridad en el Perú.

Figura Nº 1. Índice de Paz Global

Fuente: Institute for Economics and Peace

La figura Nº 1, elaborada en el año 2020, muestra el panorama general del estado de paz o de violencia existente en el mundo. Mientras más intensa es la coloración roja mostrada en un país, menor es su calificación y, por ende, sus niveles de violencia son mayores. De acuerdo con este reporte, el Perú se encuentra en un nivel intermedio, ocupando el puesto 83 de un total de 163 países evaluados, lo que podría hacer pensar que sus indicadores de violencia no son muy altos o que no se perciben como tales. Sin embargo, es necesario recalcar que los indicadores de dicho índice se relacionan tanto con factores que afectan la seguridad externa como la seguridad interna de cada país. En ese sentido, si se considera que en la actualidad el Perú no presenta mayores tensiones con sus países limítrofes, la mayor puntuación de estos indicadores estaría relacionada con las amenazas a su seguridad interna.

Al respecto, en el año 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puso fin al diferendo marítimo que existía entre Perú y Chile. En un acto de respeto al derecho internacional, ambos países demostraron al mundo que es posible encontrar mecanismos de solución pacífica a las controversias existentes. En apenas dos meses, se determinaron las coordenadas específicas y se ejecutó la sentencia de la Corte, acción que fue resaltada como ejemplar por el propio presidente de la CIJ, el eslovaco Peter Tomka.

Asimismo, analizando el entorno de seguridad en Sudamérica, se pueden apreciar evidentes avances en aspectos de paz y de cooperación, incluyendo una ascendente coordinación en materia de política exterior. A través de instrumentos que ofrecen instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), se han firmado algunos acuerdos para el establecimiento de mecanismos de consulta y cooperación en temas de seguridad y defensa, fomentando la confianza entre los países de la región. ³

Indicadores en el Perú

El tráfico ilícito de armas es uno de los delitos que ha crecido considerablemente en la región, principalmente debido al incremento del crimen organizado y la delincuencia común, ya que requieren de estos pertrechos para sus prácticas ilícitas. En el Perú, el grupo terrorista Sendero Luminoso -aunque ha disminuido considerablemente su accionar con relación a décadas pasadas- continúa siendo otra de las organizaciones que también requieren de armamento para la ejecución de sus actividades ilícitas. Al respecto, Gustavo Carrión, General de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro y experto en temas de seguridad, aseguró que el Perú vive una situación crítica relacionada al tráfico ilícito de armas, la cual se encuentra fuera de control y provoca que los delincuentes tengan todos los implementos para atemorizar a la población.

Figura Nº 2. Registro General de Armas Incautadas

Fuente: SUCAMEC

El Reporte de Armas Incautadas elaborado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) muestra el alto índice de armas decomisadas a la delincuencia. Las más de 13,400 armas de fuego incautadas entre los años 2013 y 2016, reflejan la alarmante cantidad de armamento que circula ilegalmente en el país.

Adicionalmente, la trata de personas es otro de los delitos que se viene incrementando inquietantemente en el Perú. La mayor parte de estas víctimas son mujeres, quienes son sujetas a actos de explotación sexual, explotación laboral y explotación doméstica, entre otros. Por ello, el Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino, tanto de hombres como de mujeres (adultos, adolescentes y niños) en situación de trata.

Figura Nº 3. Denuncias registradas en el Ministerio Público por delito de trata de personas

Fuente: INEI

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el número de denuncias por delito de trata de personas registrado en el Ministerio Público en los últimos años asciende a más de 6,500 casos. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no denuncian su situación ante las autoridades por temor a represalias por parte de las personas que las explotan o, en algunos casos, por no tener conciencia de su condición de víctima. Al respecto, la Organización No Gubernamental australiana Walk Free Fundation, en su última estimación de casos de esclavitud por países, considera que en el Perú habría aproximadamente 80,000 casos de trata de personas.

Otro de los delitos que principalmente afecta a la economía del país es el tráfico de dinero o lavado de activos. Esta actividad consiste en encubrir el origen de bienes provenientes de actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias. En el Perú, el mayor porcentaje de este ilícito proviene de la minería ilegal y del narcotráfico.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los Informes de Inteligencia Financiera muestran que el monto acumulado de operaciones bancarias relacionadas al lavado de activos entre los años 2010 y 2019 asciende a casi 15,000 millones de dólares. No obstante, Olga Johnson, jurista de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo (APOTUR), durante el Taller del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las Agencias de Viaje (2018), aseguró que las actividades de lavado de activos habrían ascendido a unos 20,000 millones de dólares tan solo en el año 2017..

Figura Nº 4. Monto Acumulado en millones de dólares de operaciones bancarias relacionadas al lavado de activos

Fuente: SBS

Por otra parte, la delincuencia común, que atenta seriamente contra la seguridad ciudadana, si bien no se encuentra entre los más graves a nivel internacional, es el delito que los ciudadanos peruanos perciben como su principal amenaza. Por esta razón, la lucha contra este tipo de delito forma parte fundamental de la agenda de trabajo de cualquier autoridad en el país. Lamentablemente, este fenómeno delictivo es muy complejo y multicausal, por lo que las estrategias para combatirlo han sido poco efectivas. Por el contrario, la victimización y la percepción del riesgo se encuentran en el nivel más alto, ya que ocho de cada diez peruanos creen que serán víctimas de algún tipo de delito.

Según el Barómetro de las Américas, que formula cada año la Universidad de Vanderbilt, el Perú es el país con el índice más alto de victimización de América Latina. Al respecto, un Informe Técnico sobre Seguridad Ciudadana elaborado por el INEI muestra que solo durante el segundo semestre del año 2017, el 25.5 % del total de la población nacional (es decir 4 de cada 10 personas) fue víctima de algún hecho delictivo.

Asimismo, los desastres relacionados a fenómenos naturales son otros de los factores que impactan significativamente a la sociedad peruana. Durante el "Niño Costero" del año 2017, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señaló que este fenómeno había ocasionado un total de 162 personas fallecidas, así como de 285,955 personas damnificadas y 1'559,487 afectadas. En cuanto a daños a la infraestructura, se reportaron 66,093 viviendas completamente destruidas y 371,730 afectadas, así como más de 150,000 áreas de cultivo destruidas o afectadas, entre otros daños que se tradujeron en incalculables pérdidas económicas.

Las cifras son alarmantes; sin embargo, el Perú también enfrenta otras amenazas que deben ser consideradas, como la explotación ilegal de recursos naturales (que se traduce en la depredación de los bosques amazónicos para la obtención ilícita de la madera), la minería ilegal (que cada vez se hace más fuerte, llegando a controlar zonas de difícil acceso para las fuerzas del orden), los ataques cibernéticos (que constituyen una de las grandes preocupaciones debido a las vulnerabilidades existentes y al avance tecnológico), el cambio climático (que constituye una condición de riesgo por los graves daños que puede generar en la agricultura, la ganadería, entre otros), y las epidemias/pandemias (que generan grandes pérdidas humanas y económicas, tal y como lo viene demostrando la actual pandemia de la COVID-19). Todas estas amenazas pueden causar efectos devastadores, pudiéndose seguir enumerando algunos otros factores de riesgo que van apareciendo o que paulatinamente van incrementando su intensidad hasta convertirse en una latente amenaza a la seguridad nacional.

Si bien el terrorismo y el narcotráfico continúan siendo dos de las principales amenazas a la seguridad nacional, en este artículo no se profundiza en el análisis de sus estadísticas debido a su ya evidenciado y conocido impacto en el Estado peruano. Por una parte, el accionar de las organizaciones terroristas en el Perú ocasionaron, según el Registro Único de Victimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, más de 140,000 víctimas durante la década de los 80 y los 90. No obstante, su accionar continúa latente en el VRAEM. Por otra parte, el narcotráfico sigue siendo un fenómeno generador de otros delitos en el Perú, como es el caso del tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero, el tráfico de personas, o la delincuencia común. Esta situación se ve actualmente agravada ya que en el VRAEM el narcotráfico se encuentra estrechamente vinculado al terrorismo en una especie de simbiosis de mutuo apoyo, acuñándose un nuevo término: narcoterrorismo. Al respecto, diversos expertos señalan que la asociación entre el narcotráfico y Sendero Luminoso está ampliamente comprobada, compartiendo objetivos comunes como el de liberar dicho territorio de la presencia del Estado y de brindarse mutuas facilidades para sus ilícitas actividades.

¿Por qué son amenazas?

En términos simples, una amenaza a la seguridad nacional es la presencia de algo dañino e inminente para la nación. No obstante, existen algunas circunstancias que causan muchas víctimas y daños a la población, como son los accidentes de tránsito en el Perú, los mismos que en los últimos cuatro años han ocasionado 19,203 fallecidos y 23,540 heridos; es decir, casi 9 muertos por día, lo que obliga a buscar una mejor definición para este término. En ese sentido, el Colegio de Defensa Nacional de México, señala que las amenazas son acciones o situaciones internas y/o externas que atentan en contra de la soberanía, independencia, libertad o integridad territorial de la nación. Esta definición, si bien es mucho más extensa, se encuentra enmarcada dentro de la concepción clásica de la seguridad nacional.

En el Perú, la ex Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) señalaba que las amenazas se configuran por el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de riesgos contra su seguridad, dando lugar a los conflictos y desastres. Por su parte, el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), en su Manual de Planteamientos Doctrinarios, define a las amenazas como hechos o situaciones que ponen en riesgo o peligro la integridad física de una persona, grupo social o al país entero, o de los recursos, patrimonio, heredad histórica, etc. En un intento por ofrecer una definición más amplia, considerando las actuales circunstancias y revisando alguna otra bibliografía, se puede definir a las amenazas a la seguridad como las acciones reales o percibidas, provocadas consciente o inconscientemente, de manera manifiesta o encubierta, que pueden dar lugar a desastres o conflictos y que tienen la capacidad de afectar la libertad, integridad y soberanía de una persona, de una entidad o de un Estado.

Conclusiones

En este mundo cambiante y globalizado, la relativa estabilidad regional, el incremento de riesgos domésticos (que ponen en peligro la libertad y seguridad de la población y del Estado), así como los conceptos de defensa nacional y de seguridad interna parecen fundirse para acuñarse en ambas caras de una misma moneda. Sin embargo, estas percepciones no son nuevas ya que términos como "nuevas amenazas" o "amenazas no tradicionales" se han venido esbozando desde hace décadas en la doctrina peruana. A diferencia de las amenazas tradicionales, que tienen un origen conocido e intenciones manifiestas, las amenazas emergentes -como su mismo nombre lo indica- son nuevas, variadas y cambiantes.

El Perú no es ajeno a esas nuevas amenazas. El análisis de los datos estadísticos que refleja sus negativas consecuencias sirve, no solo para apreciar su incremento e impacto, sino también para sensibilizar a los tomadores de decisiones a fin de que adopten las acciones necesarias para enfrentarlas. En ese sentido, las Fuerza Armadas deben prepararse y cumplir eficazmente los diversos roles asignados por el Estado peruano. Para ello, el Estado debe asegurar la asignación de recursos que permitan el desarrollo de las capacidades de las instituciones armadas en beneficio de la sociedad a la que sirven.

Notas Finales

1 Institute for Economics and Peace, Affiliations and partners, http://economicsandpeace.org/about/affiliations-and-partners/

2 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2020: Measuring peace in a complex world (Sidney: Institute for Economics and Peace, junio de 2020), https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/GPI_2020_web-1.pdf, 9.

3 Asamblea General de la OEA, Reconocimiento de la Zona de Paz y Cooperación Sudamericana (Guayaquil: 27 de julio de 2002), Declaración de los Presidentes de América del Sur en su 2da. Reunión celebrada en Guayaquil.

4 Gustavo Carrion, "El trafico ilícito de armas en el Perú está fuera de control," Inforegion (16 de marzo de 2016), https://www.inforegion.pe/219446/gustavo-carrion-el-trafico-ilicito-de-armas-en-el-peru-esta-fuera-de-control/

5 Walk Free, Índice Global de Esclavitud 2018 (2018), https://www.globalslaveryindex.org/

6 América Economía, "Advierten que el lavado de activos en Peru alcanza los US$20000M al año," América Economía ( 21 de marzo de 2018), https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/advierten-que-el-lavado-de-activos-en-peru-alcanza-los-us20000m-al-ano

7 Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES), https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-programas-estrat%C3%A9gicos

8 Cesar Astudillo Salcedo, Un Ensayo Sobre la Seguridad y la Defensa en el Perú: Nuevas amenazas, nuevos roles (Lima: Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, diciembre de 2017), http://www.esffaa.edu.pe/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO-ENSAYO-SEGURIDAD-DEFENSA.pdf

9 Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, "Denuncias de accidentes de transito no fatales por tipo, según departamento," (2019) "Victimas de accidentes de transito fatales, según departamento," (2012-2019), cuadro excel, https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/traffic-accidents/

# data[].attributes.attachment_link.title
Nuevas amenazas a la Seguridad Nacional: Una solución pendiente | Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

# data[].attributes.attachment_link.description
Por: Victor Bautista Valle (03/06/2021). El crimen organizado, la delincuencia común, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la minería ilegal, las emergencias sanitarias, entre otros, no solo perturban el bienestar de los ciudadanos, sino también afectan el desarrollo de un país.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sinopsis: Seguridad Ciudadana

Sinopsis: Seguridad Ciudadana

15 de Abril de 2014

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

El enfoque del PNUD a la seguridad ciudadana y comunitaria trata de atender todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia. Este enfoque multifacético ayuda a los países a incorporar las medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, a ocuparse de una amplia gama de problemas como la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
gobernabilidad y consolidación de la paz

# data[].attributes.attachment_link.title
Sinopsis: Seguridad Ciudadana | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo

# data[].attributes.attachment_link.description
Sinopsis: Seguridad Ciudadana 15 de Abril de 2014 La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1266

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, conforme a lo señalado en el literal e), del numeral 2, del artículo 2 de la citada norma;

El alcance de la facultad legislativa otorgada, comprende la modificación de la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior como la de perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del Perú;

La restructuración del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional del Perú, se inserta en el marco del proceso de Modernización del Estado Peruano, donde el perfeccionamiento y aseguramiento de una gestión pública eficiente, permitirá mejorar la atención y prestación de servicios al ciudadano, así como erradicar los actos de corrupción dentro del Sector;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Finalidad

El presente Decreto Legislativo establece la naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, la estructura orgánica básica y las competencias y funciones del Ministerio del Interior.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica

El Ministerio del Interior es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Es el organismo rector del Sector Interior.

Artículo 3.- Sector Interior

El Sector Interior comprende al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, a los Organismos Públicos y Fondo de Aseguramiento adscrito a él.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL MINISTERIO

Artículo 4.- Ámbito de competencia

El Ministerio del Interior ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público. Así también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley. Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Artículo 5.- Funciones

El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones:

5.1. Funciones rectoras:

1) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas nacionales y sectoriales, planes, programas y proyectos, aplicables a todos los niveles de gobierno, ejerciendo rectoría respecto de ellos; todo ello en el marco de las competencias del Ministerio en campos policiales y no policiales. La ejecución de las políticas públicas en campos policiales está a cargo de la Policía Nacional del Perú;

2) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana en el marco de sus competencias; prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; así como vigilar y controlar las fronteras, a través de la Policía Nacional del Perú;

3) Aprobar la normativa general y ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su competencia;

4) Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con el ámbito de competencia señalado en el artículo 4 de esta Ley, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente;

5) Aprobar las disposiciones normativas y lineamientos técnicos para la ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, y el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la fiscalización, la imposición de sanciones y la ejecución coactiva;

6) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación de servicios referidos a los ámbitos de su competencia, de acuerdo a las normas de la materia;

7) Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú. Es el ente rector del sistema disciplinario policial, conforme a la Ley de la materia;

8) Supervisar y evaluar el funcionamiento de los organismos públicos y fondo adscrito al Ministerio del Interior y garantizar que su actuación se enmarque dentro de los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo;

9) Ejercer la conducción, gestión, ejecución y evaluación de los sistemas administrativos en el Sector Interior según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

10) Efectuar contrataciones de Gobierno a Gobierno para la provisión de bienes o servicios especializados, cuando corresponda;

5.2. Funciones específicas:

1) Ejercer el control interno sobre las actividades desarrolladas por los distintos órganos y organismos públicos que conforman el Sector Interior;

2) Producir, coordinar y centralizar la inteligencia estratégica y táctica, relacionada al orden interno, seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen organizado y nuevas amenazas de carácter internacional que afecten el orden interno; así como realizar acciones de contrainteligencia en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional;

3) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas sectoriales en materia de lucha contra las drogas, insumos químicos y productos fiscalizados decomisados por tráfico ilícito de drogas, así como la erradicación de los cultivos ilegales, y coordinar la implementación de políticas sectoriales con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT);

4) Diseñar, aprobar, ejecutar y monitorear políticas y acciones concretas para la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como del personal civil y policial del Sector Interior, en el marco del cumplimiento de sus deberes, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad; en este sentido, supervisar la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía por el Sector;

5) Formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas de seguridad ciudadana en atención a la prevención del delito, seguridad privada, control y fiscalización, así como, el registro y los servicios migratorios;

6) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, articular y coordinar la política nacional de seguridad ciudadana entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales, los organismos públicos y privados y la sociedad civil;

7) Aprobar normas y establecer los procedimientos relacionados con la implementación de las políticas nacionales en materia de seguridad ciudadana, así como coordinar su operación técnica, las formas de articulación entre las diversas entidades involucradas y es responsable, como autoridad técnico normativa, del correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;

8) Formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas de gestión de conflictos sociales en el marco de las competencias del Sector Interior, en coordinación con los otros Sectores o entidades competentes;

9) Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú garantizando que su actuación se enmarque dentro de los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo;

10) Coordinar con la Policía Nacional del Perú las acciones necesarias de intervención policial para garantizar el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana de acuerdo a las políticas establecidas;

11) Supervisar y evaluar la labor de criminalística de la Policía Nacional del Perú;

12) Supervisar y evaluar la provisión de servicios que se brindan a través de los establecimientos de salud y escuelas a cargo de la Policía Nacional del Perú;

13) Otorgar garantías personales e inherentes al orden público; así como dirigir y supervisar las funciones de las autoridades políticas designadas, con alcance nacional;

14) Garantizar el correcto desarrollo de las rifas con fines sociales y colectas públicas;

15) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política de seguridad interna y fronteriza;

16) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas en materia migratoria interna;

17) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil;

18) Supervisar las acciones de prevención, control y extinción de incendios; así como de promoción y coordinación de las acciones de prevención de incendios y accidentes, evaluación de los riesgos para la vida y la propiedad, así como el combate de incendios, rescate y salva de vidas expuestas a peligro;

19) Supervisar y evaluar la implementación del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL en el marco de las normas de aseguramiento universal en salud;

20) Planear, programar, ejecutar y supervisar las políticas y acciones de seguridad y defensa nacional en las áreas específicas de su responsabilidad; así como desarrollar las funciones generales de Defensa Nacional, Movilización Nacional, Gestión del Riesgo de Desastres, Difusión de Doctrina e Identidad Nacional, en el ámbito de las competencias sectoriales y promueve la cohesión nacional y la educación cívico-patriótica de la población;

21) Planear, programar, ejecutar y supervisar las estrategias, lineamientos, acciones y proyectos de comunicación social e imagen institucional, en el marco de las competencias establecidas; ello comprende las acciones vinculadas a prensa, imagen, protocolo y relaciones públicas institucionales;

22) Planificar, ejecutar y supervisar las acciones conducentes al desarrollo de las Tecnologías y gestión de la Información en el marco de sus competencias, dirigidas prioritariamente a la implementación de estrategias que permitan la interoperabilidad y atención oportuna de los servicios que brinda el Sector Interior;

23) Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y aprobar el desarrollo de la infraestructura, así también promover la participación de entidades públicas como privadas para tales fines, en el ámbito de competencia del Sector Interior;

24) Establecer, conducir y supervisar los registros a su cargo, así como los sistemas de información del Sector Interior y su articulación;

25) Administrar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana destinada a generar información de calidad en coordinación con los demás sectores, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales;

26) Administrar los servicios de video vigilancia, radio comunicación, telecomunicación y otros de alta tecnología para la seguridad ciudadana;

27) Planear, programar, coordinar, implementar, monitorear y supervisar acciones, así como proponer y aprobar políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el Sector Interior;

28) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y estrategias orientadas al fomento de la ética y la transparencia en el Sector Interior;

29) Conducir la defensa jurídica del Sector Interior;

30) Ejercer la representación del Sector Interior ante organismos públicos y privados; y,

31) Otras funciones que le correspondan de acuerdo a Ley.

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 6.- Estructura orgánica

El presente Decreto Legislativo establece la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, cuyas funciones y atribuciones específicas se establecen en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

La estructura orgánica básica del Ministerio del Interior está compuesta por:

1) Órganos de Alta Dirección:

1.1 Despacho Ministerial.

1.2 Despacho Viceministerial de Orden Interno.

1.3 Despacho Viceministerial de Seguridad Pública

1.4 Secretaría General.

2) Tribunal de Disciplina Policial que se rige por la Ley en la materia.

3) Oficina General de Integridad Institucional

Es el órgano encargado de las funciones de supervisión, investigación y control de los asuntos disciplinarios y funcionales vinculados a los órganos del Sector Interior incluida la Policía Nacional del Perú. Se rige por la Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Desarrolla e implementa herramientas y procedimientos orientados al fortalecimiento de la integridad y transparencia institucional. Depende del Ministro del Interior.

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú depende funcionalmente de la Oficina General de Integridad Institucional del Sector Interior.

4) Órgano de Seguridad y Defensa Nacional:

Encargado de asesorar a la Alta Dirección del Ministerio en materia de Seguridad y Defensa Nacional. Depende del Ministro del Interior.

5) Órgano de Control Institucional:

Encargado de practicar el control gubernamental, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Control.

6) Órgano de Defensa Jurídica:

Encargado de los asuntos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú en sede judicial, militar - policial, arbitral, constitucional y administrativa. Asume la defensa del Ministerio y de la Policía Nacional del Perú, conforme a las disposiciones del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

7) Órganos de Asesoramiento y Apoyo:

El Ministerio del Interior cuenta con Oficinas Generales encargadas de diseñar, conducir y orientar la labor del Ministerio y de la Policía Nacional del Perú mediante la planificación, presupuesto, organización, asesoría jurídica; así como, ejercer las actividades de administración interna y gestión de recursos humanos, que permiten el desempeño eficaz del Sector Interior para el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Se crean mediante Decreto Supremo y están conducidos por un Director General designado mediante Resolución Ministerial.

El Despacho Ministerial cuenta con un Gabinete de Asesores a cargo de un Jefe de Gabinete para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y coordinación con el Poder Legislativo y demás entidades públicas.

8) Órganos de Línea:

Son órganos técnico-normativos, responsables de formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas y funciones sustantivas del Sector Interior, ello implica realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con los objetivos del Sector en el marco de las normas sustantivas. Se crean mediante Decreto Supremo y están conducidas por un Director General designado mediante Resolución Ministerial.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Artículo 7.- Despacho Ministerial

El Ministro del Interior con arreglo a la Constitución Política del Perú es la más alta autoridad política del Sector y es responsable de su conducción. Es el titular del pliego presupuestal del Ministerio del Interior. Tiene las siguientes funciones:

1) Orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales a su cargo;

2) Formular, planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los lineamientos técnicos que se aprueben en el marco de las competencias sectoriales, así como supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias que se establezcan por función;

3) Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno, así como aprobar los planes de acción en el Sector y asignar los recursos necesarios para su ejecución.

4) Proponer y coordinar las políticas del Sector a nivel nacional, y en el ámbito de las relaciones internacionales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y conforme a los lineamientos de política exterior del Estado;

5) Organizar, dirigir, implementar, supervisar y evaluar, en el ámbito de su competencia, las acciones de control interno sobre las actividades desarrolladas por los distintos órganos y organismos del Sector Interior;

6) Dirigir y aprobar las políticas y acciones concretas para la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como del personal policial en el marco del cumplimiento de los deberes de la administración del Sector Interior y de las políticas nacionales desarrollados por el Estado;

7) Promover el respeto irrestricto de los derechos humanos del personal del Sector Interior ante situaciones de abuso, discriminación, entre otros; así como, facilitar las investigaciones y procesos que se originen ante el incumplimiento;

8) Conducir las relaciones de coordinación y articulación con los Gobiernos Regionales y Locales, y otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, y sociedad civil, para la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo;

9) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;

10) Proponer, coordinar, aprobar, y evaluar, en el marco de sus competencias, las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los planes, programas y proyectos de la materia, en el marco de su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y la rectoría del Ministerio del Interior del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;

11) Promover la investigación en materia de Seguridad Ciudadana.

12) Proponer y conducir estrategias de prevención contra la delincuencia en el marco de las competencias del Sector Interior.

13) Disponer la priorización del mejoramiento de los servicios de la Policía Nacional del Perú y el apoyo a otras entidades para cumplir con las metas propuestas en materia de seguridad ciudadana y orden interno a nivel nacional.

14) Promover el intercambio y/o cooperación internacional en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana, en el marco de las funciones del Sector Interior.

15) Aprobar las normas y lineamientos que en el marco de sus competencias se formulen respecto de la administración del personal civil en la Policía Nacional del Perú;

16) Supervisar y evaluar el cumplimiento de la finalidad de la Policía Nacional del Perú.

17) Supervisar y evaluar la adecuación de SALUDPOL a la normatividad vigente de Aseguramiento Universal en Salud y el funcionamiento del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú;

18) Supervisar el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil;

19) Supervisar el cumplimiento de las funciones establecidas respecto de las políticas de control migratorio y las políticas en materia migratoria interna; así como, la política de seguridad interna y fronteriza;

20) Supervisar el cumplimiento de las acciones de prevención, control y extinción de incendios; así como de promoción y coordinación de las acciones de prevención de incendios y accidentes, evaluación de los riesgos para la vida y la propiedad, así como el combate de incendios, rescate y salva de vidas expuestas a peligro;

21) Supervisar el otorgamiento de las garantías personales; así como dirigir y supervisar las funciones de las autoridades políticas designadas, con alcance nacional.

22) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones establecidas respecto de las políticas sobre conflictividad social, en el ámbito de la competencia del Sector Interior;

23) Conducir las acciones y políticas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el Sector, ello implica disponer investigaciones extraordinarias a nivel del Sector Interior, imponer sanciones y proponer estrategias orientadas al fomento de la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción;

24) Representar al Sector Interior ante las entidades públicas o privadas en los ámbitos nacional e internacional;

25) Celebrar convenios con la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para la ejecución de procesos de selección por encargo, en sus diversas modalidades;

26) Expedir resoluciones ministeriales correspondientes a su cargo; y,

27) Ejercer las demás funciones que le asigna la Constitución Política del Perú y las leyes, pudiendo delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas de su función de Ministro de Estado.

Artículo 8.- Despacho Viceministerial de Orden Interno

Es el encargado de planificar, dirigir y supervisar la actividad funcional del Sector Interior en materia de orden interno y orden público. Depende del Ministro del Interior y por encargo de éste tiene las siguientes funciones:

1) Proponer y conducir la política de orden interno del Sector Interior y el proceso de formulación de la política general para garantizar, a través de la Policía Nacional del Perú, el orden interno y el orden público, el combate al crimen organizado, la protección de inversiones estratégicas, así como la vigilancia y control de las fronteras nacionales, en concordancia con la política del Estado;

2) Proponer y conducir la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo y crimen organizado, en concordancia con la política del Estado;

3) Conducir y administrar los órganos dedicados a la recolección, procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre las materias de orden interno;

4) Producir, coordinar y centralizar la inteligencia estratégica y táctica, relacionada al orden interno, seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen organizado y nuevas amenazas de carácter internacional, así como realizar acciones de contrainteligencia en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional;

5) Conducir, formular y ejecutar lineamientos y estrategias sobre conflictividad social, en el ámbito de su competencia;

6) Supervisar y controlar el otorgamiento de garantías personales; así como dirigir y supervisar las funciones de las autoridades políticas designadas, con alcance nacional;

7) Proponer la implementación de las estrategias y acciones que permitan reducir o resolver riesgos y/o amenazas que deriven en conflictos sociales y afecten la gobernabilidad, el orden interno y el orden público a nivel nacional; así como, coordinar acciones con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros;

8) Proponer, conducir y supervisar los lineamientos de políticas sectoriales en materia de relaciones comunitarias con las rondas campesinas y comunidades indígenas;

9) Las demás funciones que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Artículo 9.- Despacho Viceministerial de Seguridad Pública

Es el encargado de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la formulación, ejecución y supervisión de las políticas públicas en materia de seguridad en todos los niveles de Gobierno. Ejerce la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Depende del Ministro del Interior y por encargo de éste tiene las siguientes funciones:

1) Proponer, coordinar y evaluar las políticas de seguridad ciudadana y de seguridad democrática;

2) Implementar, ejecutar y asegurar la operatividad de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana;

3) Evaluar el cumplimiento de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana por las entidades competentes de los tres niveles de Gobierno, contribuyendo a asegurar el orden interno, la convivencia pacífica, la prevención de delitos y faltas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada;

4) Proponer, conducir y supervisar los lineamientos de políticas sectoriales en materia de derecho fundamentales y relaciones comunitarias;

5) Coordinar y ejecutar las acciones en materia de promoción y protección de los derechos de las personas, bajo los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, dentro del ámbito de su competencia;

6) Dirigir, coordinar y evaluar la gestión de información de seguridad ciudadana y seguridad democrática, así como administrar los canales de atención y denuncia de los ciudadanos;

7) Supervisar y evaluar la implementación de políticas y/o acciones en materia de los servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil;

8) Supervisar y evaluar la implementación de políticas y/o acciones en materia de control migratorio y las políticas en materia migratoria interna; así como, la política de seguridad interna y fronteriza;

9) Supervisar y evaluar la implementación de políticas y/o acciones en materia de prevención, control y extinción de incendios;

10) Las demás funciones que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Artículo 10.- Secretaría General

El Secretario General asiste y asesora al Ministro en la implementación de los sistemas administrativos, de acuerdo a las funciones que le competen al Sector Interior señaladas por este Decreto. Asume por delegación expresa del Ministro las materias que no sean privativas del cargo de Ministro de Estado.

Es el encargado de dirigir y supervisar la gestión administrativa del Ministerio y la Policía Nacional del Perú, dentro de las políticas sectoriales definidas por el titular del Sector. Depende del Ministro del Interior.

Tiene a su cargo los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversión, contabilidad, tesorería y abastecimiento, así como la gestión de recursos humanos, modernización, tecnologías de la información y comunicación; y, la supervisión de la actualización permanente del portal de transparencia del Ministerio del Interior. Además tiene a su cargo la Oficina de Trámite Documentario; la asesoría jurídica a la alta dirección y a los órganos del Ministerio del Interior; la dirección de la gestión de la información y el uso de tecnologías; y la formulación y ejecución del desarrollo de la infraestructura en el Sector; a través de los órganos que correspondan de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

El diseño de los lineamientos y perfiles para la adecuada administración del personal civil de la Policía Nacional del Perú y el Sistema de Información de Recursos Humanos estará a cargo de la Secretaría General del Ministerio del Interior. Así también, la contratación de bienes, servicios y obras en cualquiera de sus modalidades en el Sector Interior estará a cargo de la Secretaría General a través de la Oficina que se determine mediante Reglamento.

CAPÍTULO III

INSTITUCIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y FONDO DE ASEGURAMIENTO

Artículo 11.- Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú es un órgano del Estado de carácter civil dependiente del Ministerio del Interior. La Constitución Política del Perú, la Ley de la Policía Nacional del Perú y su Reglamento determinan su organización y funciones entre otras materias señaladas por la Constitución Política del Perú.

Artículo 12.- Organismos Públicos

Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior:

1) La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil;

2) La Superintendencia Nacional de Migraciones; y,

3) La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.

Artículo 13.- Fondo de Aseguramiento

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú es una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud con personería jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior. Cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable en el marco de la normatividad vigente.

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN

Artículo 14.- Coordinación intergubernamental

El Ministerio del Interior coordina con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e instituciones públicas, la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de su competencia. Para tal efecto:

1) Desarrolla sistemas de información y mecanismos que contribuyen al mejor cumplimiento de sus competencias y atribuciones, para cuyo efecto podrá coordinar con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerios, organismos y otras instituciones públicas, para el cumplimiento de sus funciones.

2) Implementa mecanismos de supervisión, evaluación y mejora continua del cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales en las materias de su competencia.

3) Brinda asistencia técnica y coordina con otras entidades públicas del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respecto de las materias de su competencia.

Artículo 15.- Relaciones con entidades públicas y privadas

El Ministerio del Interior establece relaciones de articulación, coordinación, colaboración, asistencia o cooperación interinstitucional con entidades y organismos públicos, privados y sociedad civil, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y, particularmente, para:

1) La formulación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo.

2) El establecimiento de alianzas estratégicas para las intervenciones conjuntas orientadas a lograr objetivos comunes enmarcados en las políticas nacionales y sectoriales a su cargo. Para tal efecto, puede celebrar convenios interinstitucionales entre otros mecanismos de coordinación.

3) Otras relaciones de coordinación que decida mantener con los diferentes organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, vinculados con las actividades de los organismos y entidades que conforman el Sector Interior.

Artículo 16.- Celebración de convenios de cooperación

El Ministerio del Interior puede celebrar convenios de cooperación interinstitucional con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, organismos del Poder Ejecutivo y otros organismos públicos y privados, y sociedad civil, siempre que no se persigan fines de lucro. En ningún caso los convenios suscritos con organismos privados y sociedad civil suponen entrega de dinero a éstos.

RÉGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y LABORAL

Artículo 17.- Régimen económico y financiero

Son recursos económicos y financieros del Ministerio del Interior, los siguientes:

1) Los asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

2) Las tasas por concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos de su competencia, conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos y demás recursos directamente recaudados a nivel sectorial.

3) Las donaciones y transferencias que efectúen las instituciones y organismos públicos, así como personas naturales o personas jurídicas de derecho privado.

4) Los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

5) Otros que se establezcan conforme a Ley.

Artículo 18.- Régimen laboral

El régimen laboral del personal del Ministerio del Interior se rige por el Decreto Legislativo Nº 276. Se procederá a su adecuación en tanto se implemente en el Sector Interior el régimen del servicio civil conforme lo establece la Ley del Servicio Civil.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 19.- Definición

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) es el sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a la Ley Nº 27933 que lo regula. El Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y ejerce su rectoría a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

Artículo 20.- Sobre la Gestión de la Información para la Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior a través del Vice Ministerio de Seguridad Pública del Ministerio de Interior tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana.

En el marco de la Gestión de la Información, el Viceministerio de Seguridad Pública, está a cargo de la administración y operación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Dicho Observatorio debe permitir recopilar, procesar, analizar y sistematizar información para el diseño de políticas públicas con enfoque de género, interculturalidad y de derechos humanos en temas de seguridad ciudadana, conflictividad social, violencia y delitos que afectan la convivencia.

El Centro Nacional de Video Vigilancia, Radio Comunicación y Telecomunicaciones para la Seguridad Ciudadana que la Ley regula, es administrado por el Ministerio del Interior, como una plataforma de interoperabilidad, con la finalidad de integrar progresivamente los sistemas de video vigilancia y radiocomunicación que las entidades de la administración pública y del sector privado administran en lugares de concentración regular de personas o de alta afluencia de público.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana establece las políticas, lineamientos, mecanismos, especificaciones técnicas de estandarización y otros, necesarios para la interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia, radio comunicación y otros medios de comunicación a nivel nacional, con el fin de optimizar los recursos audiovisuales destinados a la Seguridad Ciudadana.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Proceso de implementación

Facultase al Ministerio del Interior a dictar las disposiciones complementarias pertinentes para la adecuada implementación de la presente Ley sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA.- Fusión por Absorción

Apruébese la fusión bajo la modalidad de absorción de la Oficina Nacional de Gobierno Interior - ONAGI, correspondiéndole al Ministerio del Interior la calidad de entidad absorbente.

Durante el proceso de fusión, la entidad absorbida mantiene vigente las funciones que le son propias. Asimismo, mantiene las responsabilidades y obligaciones que le corresponde.

El Ministerio del Interior y la entidad absorbida garantizan durante el proceso de fusión, la adecuada prestación de los servicios debiendo someter a consideración de la Comisión de Transferencia creada para tal fin, cualquier obligación que exceda el plazo de fusión, incluidas las renovaciones o contrataciones de personal así como aquellos contratos que sean suscritos desde la entrada en vigencia de esta Ley.

La fusión por absorción se aprueba de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y lo establecido en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

TERCERA.- Proceso de Fusión y Transferencia Patrimonial

Mediante Decreto Supremo se establecerá el plazo del proceso de fusión durante el cual operará la transferencia patrimonial y asunción de derechos y obligaciones por parte de la entidad absorbente, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 084-2007-PCM que aprueba la "Directiva sobre Lineamientos para implementar el proceso de fusión de entidades de la Administración Pública Central".

CUARTA.- Régimen laboral

Los trabajadores y funcionarios de la entidad absorbida mantendrán su régimen laboral, grupo ocupacional y nivel que comprende al régimen establecido por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en tanto se implemente en el Sector Interior el régimen del servicio civil, conforme lo establece la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

De igual forma, en caso corresponda, esta disposición comprende los regímenes laborales de carreras especiales.

QUINTA.- Compras públicas

El Ministerio del Interior podrá encargar a Perú Compras y a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, según corresponda, la adquisición de bienes y servicios que resulten necesarios para el equipamiento y operatividad de la Policía Nacional del Perú, o adquirir los mismos a través del mecanismo de compras de Gobierno a Gobierno.

Con el fin de mejorar la calidad de gasto público, mediante Resolución Ministerial el Titular del Sector podrá disponer procesos de compra corporativa obligatoria sectoriales, de conformidad con la legislación de la materia. La Policía Nacional del Perú y los organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior están obligados a participar en dichos procesos. Para estos efectos, la Resolución Ministerial remplaza al Convenio interinstitucional.

Los procesos en curso, continuarán su ejecución.

SEXTA.- Financiamiento

La implementación de lo establecido en el presente Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

SÉTIMA.- Vigencia.

El presente Decreto Legislativo, entrará en vigencia al día siguiente de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Reglamento de Organización y Funciones

En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, y conforme a la legislación que regula la aprobación de estos documentos, el Ministerio del Interior pondrá a consideración del Consejo de Ministros el proyecto de Reglamento de Organización y Funciones para su trámite de aprobación.

SEGUNDA.- Adecuación de los Reglamentos de Organización y Funciones de los Organismos Públicos

En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, y conforme a la legislación que regula la materia, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, deberán poner en consideración del Ministerio del Interior sus respectivos proyectos de Reglamento de Organización y Funciones adecuados a los criterios de simplicidad y racionalización establecidos en el marco del proceso de reforma del sector, para su trámite de aprobación correspondiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese las siguientes normas: Deróguese los Decretos Legislativos Nº 1135 Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y Nº1140, Decreto Legislativo que crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior así como sus modificatorias y ampliatorias; así como toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS

Ministro del Interior

# data[].attributes.attachment_link.title
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1266

# data[].attributes.attachment_link.description
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1266 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, conforme a lo señalado en el literal e), del numeral 2, del artículo 2