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Se seleccionaron estas tres noticias ya que son el ejemplo de que la Educación como derecho constitucional, en ocasiones se incumple por normatividades retrógradas y fuera de la ley relacionadas con el tema de la equidad de género,  la diversidad sexual y la inclusión social. En los tres casos, se dan ejemplos de la vulneración de derechos de los individuos por personas con poder dentro de las instituciones educativas.

Es como lo dice el prólogo escrito por Brigitte Baptiste de la lectura “ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO PARA LOS LINEAMIENTOS POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA",  en donde resalta que se debe promover la libre construcción y expresión de la personalidad y que debe darse en el ámbito educativo. Confiar en la diferencia. Pero sigue primando la heteronormatividad, es decir, que se sigue con los preceptos tradicionales de nombres, formas de vestir, maneras de hablar y creencias por encima de le ley. La realidad es que debe primarse por la heterogeneidad y jerarquización del sistema. asegurando a todas las personas pertenecientes a algún grupo de inclusión, en este caso específicamente los que perteneces a la comunidad LGBTI, tengan una educación de calidad, en la que la oferta sea equitativa sin tener ninguna restricción y por consiguiente para su acceso.

El objetivo es suprimir estereotipos sexuales. Muchos de los autores vistos a lo largo de la maestría han resaltado en sus documentos la necesidad de eliminar paradigmas, el debate de reconocer que la educación requiere una reforma porque está caracterizada y sesagada por el tradicionalismo excesivo y el conductismo negativista que no facilita los procesos de las sociedades actuales, debe existir una igualdad de oportunidades para las mujeres y la población que se encuentra dentro de estos grupos.

Es triste saber que existe, según estadísticas, un menor nivel de profundización en la formación de las mujeres. Podría verse no solamente a factores de acceso, sino de exceso de tareas en el hogar, compromiso con las familias y sus hijos, entrega a la labores profesionales y demás, que hacen que esas marcadas creencias culturales continúen hoy en día sin darle opción a estas mujeres a trascender, adicionalmente de creencias populares que no permiten que miembros de otras comunidades sean incluidos como seres activos y responsables dentro de la sociedad. El objetivo es que en ningún caso exista discriminación de ningún tipo, se debe propender por proteger a los individuos de la discriminación por género y diversidad.

El parámetro es equilibrar la balanza desigual, inequitativa y discriminatoria y tener espacios de participación, equidad e inclusión. Debería mirarse desde todas las entidades y soportado con el apoyo de las autoridades espacios de conversación y negociación, para que no se sigan repitiendo  los malos oficios profesionales que llevan a ampliar las brechas y hacer más comunes este tipo de inconvenientes.

EL documento soporte hablaba de Interseccionalidad (enfoque de género y diversidad), donde aconsejaban articular el enfoque de género y diversidad sexual con el enfoque diferencial de derechos, teniendo en cuenta la perspectiva Interseccional.  Es decir, no solo es un tema de sexualidad, sino de percepciones, de sensaciones y de emociones, que representan un valor adicional a las instituciones educativas, ya que los medios tienen el poder de potenciar o limitar la vida de una institución, deberían facilitar los canales para conocer más de estos casos para que las reformas sean cada vez más relevantes y notorias, además de quedar expuestas al escarnio público.

A manera de conclusión, el punto es que se empiece de alguna manera a cumplir la ley, pero lo primordial es una transformación cultural desde las instituciones, las aulas, los docentes y las familias para que se de un proceso de normalización de las políticas existentes, finalmente, somos animales de costumbres que cuando forman un criterio crítico, comprenden la importancia de temas como estos a la hora de ser sociales activos en sus comunidades y la responsabilidad de abrir la puerta a todos sin importar las condiciones particulares de cada uno.

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Diario La Opinión
31 de Marzo de 2020

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Un total de 107 sentencias de la Corte Constitucional fueron revisadas por el semillero de la Universidad Simón Bolívar (SINDEH) para establecer si en el país se están garantizando los derechos fundamentales a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa en Colombia.

El propósito de la investigación era también conocer si la jurisprudencia colombiana había evolucionado y cómo se le reconocía a esta población el goce de sus derechos.

La idea surgió un día cualquiera de 2016 cuando profesores y estudiantes pertenecientes al Semillero de Investigación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (SINDEH) de la Universidad Simón Bolívar, en un salón de clases quisieron ahondar en cómo y cuáles eran las garantías que tenía la población LGTBI desde 1991; es decir, 25 años después de que se incorporara mediante la nueva Constitución Política el término Estado Social de Derecho.

María Susana Marlés Herrera, profesora de la institución, politóloga y magíster en Ciencia Política, cabeza visible en el desarrollo de la investigación, recordó que fue emocionante comenzar a indagar las sentencias hasta 2016, pues coincidía con el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, ya que era crucial para la población saber cómo, desde las altas esferas del Estado, se discutían temas en torno a género y población LGBTI.

Los primeros en unirse a este trabajo fueron los estudiantes de los programas académicos de Derecho y Trabajo Social Wilkar Mendoza, Patricia Guerrero, Samuel López, Mateo Piza, Johan Estupiñán y Luis Edwin Patiño, quienes consideraron que las decisiones de los jueces, en este caso, no solo aplicaban a una minoría, sino que los alcances se interpretaban erga omnes, es decir, para todos.

Patiño, quien es director de la Fundación Rostros Diversos, la cual defiende los derechos de la población con identidad sexual y con identidad de género diversa, dijo que para los integrantes del semillero era evidente la problemática, "especialmente por la incidencia política respecto al no reconocimiento de los derechos que acompaña a esta población".

En 2016, cuando inició la investigación, era tema de fuertes polémicas si en el país se permitiría el matrimonio entre parejas homosexuales, el reconocimiento de la familia homoparental, pensión de sobrevivencia para gais, la herencia y otros derechos exclusivos, al parecer, de los heterosexuales.

Según los investigadores, "fue así cuando se hizo necesario realizar una reflexión en relación a conceptos como género, sexo, orientación e identidad sexual, lográndose considerar, desde el diálogo riguroso en el marco jurídico nacional e internacional, que cada vez más se plantean nuevas discusiones en relación a concepciones utilizadas por varios, pero desconocidas por muchos".

Términos como intersexual, la persona que nace con los dos órganos reproductivos y transgénero, aquella que no se identifica con el sexo de su cuerpo, fueron materia de estudio.

"Durante la investigación fue posible establecer que las personas con sexualidad e identidad de género diversas exigen el reconocimiento y el restablecimiento del derecho a una relación civil de matrimonio, a adoptar y a poder conformar una familia. ¡Y lograron muchas de esas pretensiones! Aunque en otros casos no obtuvieron respuestas, puesto que los jueces se abstuvieron de fallar a su favor, argumentando libertad/objeción de conciencia", indicaron los investigadores.

El Semillero de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (SINDEH) realizó una exhaustiva revisión de las sentencias en la Universidad Simón Bolívar (Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra).

¿Qué arrojó la indagación?

El resultado de la minuciosa tarea de revisión de sentencias, de normas internacionales y de los pronunciamientos de más de 10 organizaciones de personas con orientación sexual e identidad de género diversas, presentes en Norte de Santander, permitió revelar importantes avances en la jurisprudencia colombiana; no obstante, también evidenció que el país no ha logrado superar la visión desde la heteronormatividad, "soportada en un patriarcado ancestral, arraigado en el imaginario social".

Por ello, continúa vigente la importancia de plantear preguntas como ¿qué tan equitativas, justas e igualitarias, son las normas en Colombia? Ello, porque el resultado obtenido en dicho proceso demostró que, aunque el desarrollo en el restablecimiento de los derechos avanza, pareciera que el sistema judicial y la institucionalidad en general, aún se muestra "renuente en reconocer desde la igualdad y dignidad, el enfoque diferencial que corresponde, en términos de seguridad jurídica, a todos los ciudadanos en el país, sin distingo alguno", sostuvo Marlés.

Este ejercicio académico identificó ocho ejes temáticos, desde los cuales la Corte Constitucional se ha pronunciado: la identificación jurídica coherente y digna; la libre manifestación de condiciones sexuales diversas; el acceso e inclusión en instituciones educativas; las políticas internas en la fuerza pública; la reasignación sexual; el reconocimiento y protección de la población intersexual; la seguridad social a la pareja y el reconocimiento de los vínculos maritales y familiares.

Con base en la minuciosa revisión y el resultado, se concluyó que básicamente la Corte va decidiendo dinámicamente; a veces, ampliando garantías, otras veces retrocediendo un poco, pero en otras situaciones cambiando, según los contextos. También se observó "que la Corte se inhibió en otros momentos de pronunciarse a favor. Por ello, fue posible afirmar que los derechos reconocidos a la fecha, no son un logro definitivo".

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¿Garantizan derechos a personas con identidad de género diversa?

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Un total de 107 sentencias de la Corte Constitucional fueron revisadas por el semillero de la Universidad Simón Bolívar (SINDEH) para establecer si en el país se están garantizando los derechos fundamentales a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa en Colombia.

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Radio Nacional de Colombia
6 de Agosto de 2020

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La Corte Constitucional hizo un llamado a las instituciones educativas para que eviten el trato discriminatorio "compuesto, continuo y sistemático" por la orientación sexual e identidad de género diversas de los estudiantes.

Explicó el alto tribunal que cuando las instituciones no les brindan un trato acorde a los estudiantes con su identidad de género, vulneran sus derechos a la igualdad, la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y la educación.

Por lo que tanto Colegios como Universidades e Institutos tienen el deber de respetar y proteger la orientación sexual e identidad de género diversas, así como el libre desarrollo de la personalidad, "que se manifiesta en la autonomía de cada persona para diseñar su propio plan de vida", señaló.

Reiteró la Corte Constitucional que la identidad de género no está relacionada con el nombre designado desde el nacimiento, ni con la información anotada en los documentos civiles o legales, sino en cómo la persona construye su identidad individual.

El llamado lo hizo la corporación tras conocer el caso de una estudiante a la que no dejaron graduar con vestido de mujer, si no con esmoquin y llamaron por su nombre masculino en la ceremonia, pese a que ella ha manifestado que su orientación sexual no es masculina, hecho que para la Corte es reprochable y discriminatorio.

"Es ella la que realmente decide cómo construye su identidad individual mediante las manifestaciones que expresa y exterioriza su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones y el género con el que se identifica", concluyó la alta corte, por lo que ordenó al colegio no incurrir nuevamente en acciones lesivas de los derechos fundamentales de las personas LGBTI.

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Estudiantes transexuales deben ser tratados con respeto: Corte Constitucional

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La Corte Constitucional hizo un llamado a las instituciones educativas para que eviten el trato discriminatorio "compuesto, continuo y sistemático" por la orientación sexual e identidad de género diversas de los estudiantes.

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Periódico El Tiempo
13 de Marzo de 2019

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Juana Vélez, una mujer transgénero de 25 años de Bogotá, ha emprendido una lucha jurídica desde el 2017 porque, según ella, su universidad no le ha permitido graduarse por su identidad de género.

Ocho materias le hacen falta a la joven para obtener el título de abogada; sin embargo, denuncia que esa meta se ha obstaculizado debido a una serie de discriminaciones que ha recibido por parte de la institución Universitaria de Colombia.

"Dada mi condición de identidad de género legal he recibido maltrato por parte de Isaac Moreno, vicerrector académico de la Universitaria de Colombia (...). Cuando presenté mi tesis en el 2017, Adolfo Aguilera, la persona que se encargaba de tramitar las tesis en esos momentos, me dijo que no me la iba a recibir argumentando que en la universidad no gradúan a ningún marica. Yo fui a hablar con Moreno, pero él respaldó a Aguilera", cuenta Vélez.

Consultado por este diario, el vicerrector de la Universitaria de Colombia, Isaac Moreno, señala que este no es un problema de género. " Esto es un inconveniente académico y administrativo (...). Ella no se puede graduar si debe ocho materias, debe estar 100 por ciento al día. Por otro lado, yo le pregunté a Adolfo Aguilera si eran ciertos los insultos hacia Juana, pero él me respondió que no. Sinceramente creo que no lo hizo", cuenta Moreno.

La universitaria señala que debido a unos problemas de salud que padece, la institución le ha negado el derecho fundamental a la educación. "Tengo un enfermedad que se llama hemofilia severa, lo que quiere decir que padezco sangrados en mis articulaciones que, en ocasiones, no me permiten desplazarme. Yo pagué el semestre, pero al estar enferma, no pude ver las materias"

Moreno afirma que si la estudiante fue hospitalizada, ella debió informar para seguir el conducto regular. "La hemofilia es una enfermedad que hay que aprender a convivir con ella y no es de contagio. Por eso, si ella tuvo problemas de salud, debió informar para aplazar el semestre y no aparecer un tiempo después solicitando el reintegro", dice el académico.

La joven agrega que cuando tuvo la oportunidad de continuar con el semestre, la universidad le notificó que debía pagar nuevamente. Además, sostiene que no debía notificarle a la universidad de su ausencia, porque pagó las materias pero nos las inscribió.

"Dadas las rencillas personales con Aguilera y Moreno, me dijeron que estaba en la obligación de volver a pagar para ver las materias y lo hice por una suma de 2'200.000 pesos. Por tal razón, impugné derechos de petición y una acción de tutela (...). No obstante, hasta el día de hoy la universidad no me ha reintegrado el dinero".

El vicerrector sostiene que ella no ha legalizado el pago de sus materias, por lo que "no puede certificar el proceso". Sin embargo, sostiene que le permitirá terminar el semestre en condición de becada. "Me comprometo a pedir autorización para que ella termine sus materias sin pagar y se pueda graduar", sostiene.

Vélez explica que instauró también una denuncia en el 2019 ante el Ministerio de Educación. "Desde el 2018 no puedo ingresar a la universidad. En diciembre de ese año me rompieron mi carne y si me acerco las personas de seguridad se me lanzan a impedirme el paso".

La estudiante espera que su caso sea escuchado por el Gobierno Nacional. "Le pido al Ministerio de Educación que, dentro de sus poderes de inspección y vigilancia, iniciar una investigación correspondiente y sancione las conductas ilegales de la universidad, que me han causado prejuicios durante tres años. Quisiera, además, que le ordenara a la institución mi reintegro a las funciones académicas, para ver mis materias, presentar la tesis y graduarme", solicita.

Entre tanto, Isaac Moreno, añade que "si en algún momento ella se sintió ofendida por algún comentario ofensivo, pido disculpas de todo corazón".

Puede escribir sus denuncias al correo campen@eltiempo.com

EDUCACIÓN

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La historia de una mujer trans que lucha para graduarse como abogada

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Juana Vélez, una mujer transgénero de 25 años de Bogotá, ha emprendido una lucha jurídica desde el 2017 porque, según ella, su universidad no le ha permitido graduarse por su identidad de género.