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Las normas de derecho necesario absoluto

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Las normas de derecho necesario absoluto

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Son normas imperativas que no admiten modificación por las partes en ningún sentido, ni favorable ni peyorativo, al considerarse como estructuras base del Derecho del Trabajo. Ejemplos: lo dispuesto en el art. 6 estatuto de los trabajadores sobre la prohibición de trabajo a los menores de 16 años y la prohibición de que los menores de 18 años puedan realicen horas extraordinarias; lo previsto en el art. 32 estatuto de los trabajadores acerca de la preferencia de los créditos por salarios frente a otros créditos; lo dispuesto en el art. 17.2 estatuto de los trabadores sobre que podrán establecerse por ley (se impide la negociación colectiva) las exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado libremente; la cuantía del salario mínimo interprofesional, el número máximo de horas extraordinarias comunes, todas aquellas normas referidas a la extinción del contrato y lo dispuesto en el art. 26.4 estatuto de los trabajadores acerca de la nulidad de todo pacto en contrario a la prohibición legal de asumir empresarialmente las cargas fiscales y de seguridad social de los trabajadores.

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Son aquellas que contienen un tope de indisponibilidad en su mandato, permitiendo a los actores sociales regular por debajo de él. La imperatividad consiste en establecer un techo normativo que no es disponible para los actores sociales, pudiéndose regular sólo por debajo de él, es decir, indisponible por encima del techo y disponible por debajo de él. Un ejemplo sería que una ley estableciese un tope máximo de incrementos salariales al cual se encuentran sometidos los pactos colectivos, pudiéndose pactar por debajo. de él, pero los pactos colectivos que
superaran el límite fijado por la ley serían nulos.

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La ley imperativa se impone ante la voluntad de las partes. Se cumple, aunque las partes en común acuerdo quisieran que no fuera así. La norma imperativa generalmente impone obligaciones o establece prohibiciones.

Por ejemplo, una norma que trata sobre la solemnidad de los contratos, que es imperativo cumplir con los requisitos exigidos para que el contrato sea oponible.

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«Pero en las leyes debe distinguirse con claridad entre aquellas de sus normas que son imperativas para sus destinatarios, es decir las que se imponen sin posibilidad de pacto o decisión en contra pues sus efectos deben producirse con independencia del querer de las personas, de las que tienen un carácter apenas supletorio de la voluntad de los sujetos a quienes se refieren, las cuales operan solamente a falta de decisión particular contraria, y también de las opcionales, esto es, las que permiten a los individuos escoger, según su deseo y conveniencias, entre dos o más posibilidades reguladas por la misma ley en cuanto a los efectos de las opciones consagradas.»

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Una ley es imperativa cuando no es posible substraerse a lo que obliga o prohíbe, y es supletoria cuando lo dispuesto por la ley puede ser cambiado o modificado según la voluntad de las personas intervinientes en la situación jurídica por la ley abordada o regulada.

La Corte constitucional en sentencia T-597 de 1995 definió de la siguiente manera estos conceptos:

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Las normas dispositivas es aquella que puede rescindirse en virtud del principio de autonomía de la voluntad, se reduce así en los casos en los que los individuos no establecen una regulación distinta a la dispuesta legalmente jurídica respecto las personas pueden apartarse válidamente de ellas. Donde se conoce además en el art. 90 del código de trabajo, donde se permite que las y los trabajadores se aparten de recibir el íntegro de su salario en dinero. Las normas dispositivas también se da en el derecho público, en donde también hay un cierto margen para la autonomía de la voluntad. En cualquier caso, esta posición que suele ser refutada aludiendo a la confusión que se hace entre capacidad dispositiva y norma dispositiva.

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Esta normas pueden ser desarrolladas o mejoradas por Cco o contrato, pero que suponen en el punto de referencia para las normas de rango inferior a los actores sociales regular por encima de él como bien se dice la fijación de un salario minímo por un pacto colectivo o en un contrato de trabajo. Cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios sujetos, individualmente determinados; absoluto, cuando el deber correlativo es un oblilgación universal de respeto. Los derechos relativos valen frente a unas o varias personas determinadas, mientras los absolutos existen frente a todas.