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1. Proponente Principal:ABC SAS

2. Valor del contrato:$95.000 Millones.

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Este documento ofrece un análisis pormenorizado del proceso de licitación pública destinado a la contratación de servicios tecnológicos, con un valor de $95. 500 millones, en el cual participó la empresa ABC SAS. A través de una revisión meticulosa de los acontecimientos, se han identificado conflictos de interés, deficiencias tanto técnicas como legales, y situaciones irregulares que afectan la transparencia, equidad y legalidad del proceso. El estudio tiene como objetivo ilustrar la aplicación de las normativas colombianas en materia de contratación pública, así como los principios éticos que deberían guiar estos procedimientos.

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Evaluar el cumplimiento normativo en el proceso de licitación.

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Identificar los principales riesgos éticos, financieros y legales asociados al caso.

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Proponer medidas correctivas y preventivas que fortalezcan la gestión contractual en el sector público.

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Conflicto de interés por la participación del hermano del revisor fiscal en la firma de los estados financieros.

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Presentación fuera de tiempo de la propuesta por parte de ABC SAS y Computadores al Día SAS.

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Incumplimiento de requisitos técnicos exigidos en los pliegos de condiciones.

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Presentación global de precios, en contravía de lo exigido por el pliego.

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Deudas pendientes de la empresa con entidades como la DIAN y la UGPP.

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Adjudicación parcial del contrato pese a la prohibición explícita en los pliegos.

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Se deben considerar indicadores financieros actualizados, cumplimiento contractual previo y experiencia técnica comprobada. En este caso, ABC SAS presenta documentos desactualizados y antecedentes contractuales negativos, lo cual debió inhabilitar su participación. (Ley 80/1993, art. 5 y 22).

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La recepción extemporánea de ofertas viola principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. El artículo 24 de la Ley 80/1993 establece la obligatoriedad de seguir los plazos estipulados. Su omisión da lugar a nulidad del proceso.

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La publicación de pliegos con al menos 15 días hábiles garantiza condiciones de equidad. En este caso, la aceleración del cronograma redujo la posibilidad de observaciones y ajustes, contrariando el principio de planeación (Ley 1150/2007, art. 5).

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Aceptar ofertas fuera del plazo afecta la legalidad y podría derivar en investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría. Compromete también la confianza en la entidad estatal y la igualdad de condiciones entre oferentes.

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La firma de estados financieros por un familiar del revisor fiscal debe declararse como inhabilidad o conflicto, según los principios de ética pública (Ley 1474/2011 y Código de Ética del Contador Público).

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La ausencia de cláusulas de ajuste de precios en el contrato anterior conllevó su caducidad. Debieron incluirse mecanismos como cláusulas de revisión de precios o de equilibrio económico.

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La falta de desglose impide el análisis técnico y financiero, y vulnera la transparencia del proceso (Ley 1150/2007, art. 5, num. 1). Es causal de rechazo inmediato de la propuesta.

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No cumplir requisitos habilitantes anula la posibilidad de continuar en el proceso. La valoración técnica debe ser objetiva y ceñida al pliego

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Los descalificados pueden acudir a la Procuraduría, solicitando la revisión del acto administrativo que los excluyó, alegando afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a contratación pública (Ley 1712/2014).

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La adjudicación parcial vulnera los términos del pliego. Si los documentos exigían adjudicación total, la parcialidad constituye causal de nulidad por desviación de poder y violación del principio de legalidad.

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¿Qué medidas implementaría para garantizar que las ofertas solo se reciban dentro del plazo estipulado?

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¿Cómo gestionaría los conflictos de interés identificados en los documentos presentados por los proponentes?

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¿Qué acciones tomaría si detecta que se adjudicó parcialmente un contrato cuando el pliego no lo permitía?

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¿Cómo garantizaría que todos los oferentes reciban el mismo trato durante el proceso?

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¿Qué mecanismos propondría para evitar la participación de empresas con antecedentes de caducidad contractual?

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Riesgo de demandas por parte de proponentes excluidos, posibles sanciones fiscales por parte de la Contraloría, y repercusiones presupuestales por inadecuada ejecución del contrato.

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Pérdida de confianza pública, desprestigio institucional, y posible inclusión en listas de vigilancia o monitoreo de entes internacionales

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Riesgo de sobrecostos por falta de detalle en los precios ofertados.

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Posible incumplimiento del objeto contractual por no evaluar adecuadamente las capacidades técnicas.

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Sanciones económicas por parte de entidades como la DIAN o UGPP que afecten la capacidad de ejecución del contrato.

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Cancelación del contrato por parte del Estado por vicios en su adjudicación, generando indemnizaciones.

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Este análisis evidencia la importancia de aplicar estrictamente las normas que rigen la contratación estatal para garantizar procesos objetivos, equitativos y transparentes. Las irregularidades identificadas en el caso de ABC SAS podrían haberse evitado mediante una mejor planeación, control riguroso y una política interna robusta de contratación pública.