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La prueba debe ajustarse a lo que establece la ley. Este principio prohíbe pactos sobre pruebas y asegura que el juez no actúe basándose en disposiciones de las partes, garantizando así un proceso justo y regulado. La legalidad es fundamental para mantener la integridad del sistema judicial y la confianza en las decisiones judiciales.

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Este principio establece que solo se deben probar los hechos que son relevantes para el caso. La ley determina qué hechos requieren prueba, evitando la acumulación de pruebas innecesarias y asegurando que el proceso sea eficiente y centrado en lo esencial.

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La publicidad implica que los actos procesales, incluidas las pruebas, deben ser accesibles a las partes y al público. Este principio garantiza la transparencia del proceso judicial, permitiendo que las partes puedan contradecir y cuestionar las pruebas presentadas, lo que fomenta la confianza en el sistema.

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Este principio asegura que todas las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias, así como de refutar las pruebas de la contraparte. La contradicción es esencial para un juicio justo, ya que permite el debate y la confrontación de pruebas, contribuyendo a la verdad material.

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La celeridad se refiere a la necesidad de que los procesos judiciales se desarrollen de manera rápida y eficiente. Este principio busca evitar dilaciones innecesarias, garantizando que las partes obtengan una resolución en un tiempo razonable, lo que es crucial para la justicia.

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Este principio establece que la prueba debe ser presentada en la primera instancia del proceso. La concentración busca evitar la dispersión de la prueba a lo largo del proceso, facilitando una evaluación más clara y efectiva de los hechos en cuestión.

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La oralidad implica que las pruebas se presenten de forma verbal en el juicio, lo que permite una interacción directa entre las partes y el juez. Este principio favorece la inmediatez y la dinámica del proceso, facilitando la evaluación de la credibilidad de los testigos y la efectividad de las pruebas.

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Este principio se refiere a la actividad de las partes y del juez en el proceso. En un sistema dispositivo, las partes tienen el control sobre la presentación de pruebas, mientras que en un sistema inquisitivo, el juez tiene un papel más activo en la búsqueda de la verdad. La mayoría de los sistemas adoptan un enfoque equilibrado entre ambos.