# data[].attributes.body
La compañía Muriel Mining Corporation presentó un  proyecto de contrato de concesión de Mandé Norte, para la exploración y  explotación de yacimientos “de cobre, oro, molibdeno y minerales  concesibles”, en los departamentos de Antioquia y Chocó

# data[].attributes.body
El Gobernador de Antioquia suscribió el “Contrato  Único de Concesión Minera”, con la sociedad Muriel Mining Corporation, en  el cual se estableció un término de duración de 30 años, prorrogable por el mismo período

# data[].attributes.body
El líder Indígena de la zona, Alberto Siniguí, Gobernador mayor de Murindó en ese momento, la OIA en nivel regional se enteró de la existencia de los concesiones mineras. Este hizo llegar
copia de un solo contrato minero otorgado a la empresa la
MURIEL en febrero de 2005, en donde se observaba que cubría el resguardo indígena de Murindó Antioquia en 2000
hectáreas. De los otros contratos de concesión se tiene
copias de los contratos Nos. 6197 y 6196 que corresponden a
la Jurisdicción de Antioquia, los cuales fueron otorgados por
el Gobernador de Antioquia, facultado por el Ministerio de
Minas y Energía con fundamento en el artículo 320 de la ley
685 de 2001.

# data[].attributes.body
El Gobierno Nacional y la Trasnacional se niegan a cancelar los contratos de concesión. Las comunidades realizaron un encuentro interétnico  donde acordaron rechazar completamente la implementación del proyecto minero en sus territorios, desconocer la vocería y representación que algunas personas venían realizando individualmente sin contar con las
organizaciones étnicas de base y no asistir a ninguna reunión
convocada por la empresa y el gobierno nacional por no existir
un clima de confianza y ver vulnerados sus derechos.

# data[].attributes.body
Se inicia en Murindó el “proceso de apertura de información de la consulta previa”, al cual asistieron el Consejo Comunitario Mayor, el Cabildo Mayor de dicho municipio, “un delegado de Ingeominas, otro de la dirección de etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, un representante del Ministerio de
Minas, el gerente de la empresa MMC… 29 personas entre gobernadores y personas de las comunidades afrodescendientes y mestizas… que no tenían
capacidad decisoria, para pactar acuerdos

# data[].attributes.body
Se efectuó una convocatoria  del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, con el objeto de  protocolizar mediante acta la “consulta previa entre las comunidades negras
de Carmen del Darién, Puerto Lleras, Curvaradó, y Pueblo Nuevo con la  empresa MMC para el proyecto minero Mandé Norte”

# data[].attributes.body
Se llevó a cabo en Murindó una reunión con la Dirección de
etnias del Ministerio del Interior y con la comunidad del Consejo Mayor de  Murindó, donde estuvieron presentes “20 personas de algunas comunidades,  tres personas de la empresa MMC”, en la cual acordaron algunos puntos del
proyecto

# data[].attributes.body
Se llevó a cabo reunión con las comunidades del Carmen del Darién, Cabildo Menor de  Uradá y Coredocito, Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato. En esta  reunión los asistentes pertenecientes a los cabildos mencionados y miembros
de las comunidades presentaron una serie de propuestas buscando la  aceptación de la empresa y así dar por finalizada la etapa de consulta previa  para el proyecto de exploración”, considerando necesario dejar en claro “que  estas personas no tenían la autorización de los cabildos mayores y organizaciones indígenas a la cual pertenecían, para negociar

# data[].attributes.body
Se celebró una nueva reunión en Murindó con algunos miembros del “Cabildo Mayor de Carmen del Darién, Cabildo
Menor de Uradá y del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato
(CAMIZCA)”, donde también estuvieron presentes “10 personas de las  comunidades, un delegado del Ministerio de Justicia, una persona delegada  de Corpouraba”, en la cual el representante del otrora Ministerio del Interior  y de Justicia señaló que “se trataba del proceso de preconsulta para la etapa  de exploración minera”

# data[].attributes.body
El Ministerio de Interior y De Justicia da por agotado el proceso de consulta previa, protocolizando en un acta del 12 de julio de ese mismo año, en la que supuestamente participaron las comunidades. Sin embargo esto fue desconocido porque las comunidades manifiestan que no participaron y lo que se pretendía era hacer pasar acuerdos particulares por acuerdos comunitarios.

# data[].attributes.body
Miembros de la Comunidad Bachidubi y Resguardo Río Murindó Interponen acción de tutela, la cual fue negada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de abril 23 de 2009.

# data[].attributes.body
Por medio de Sentencia T-769 de 2009 de la Corte Constitucional, revocó la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en mayo 27 de 2009, que confirmó la adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar CONCEDIÓ la protección de los derechos al debido proceso; a la consulta previa con las comunidades autóctonas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales comunidades, al igual que a las riquezas naturales de la Nación.

# data[].attributes.body
Se encuentran en curso dos solicitudes de nulidad de la sentencia T – 769 de 2009.
Se cuenta con un fallo histórico que reconoce, respeta e integra los postulados constitucionales de conservación del ambiente y de protección y garantía de la integridad cultural y económica de los grupos étnicos en nuestro país. Ahora sólo resta esperar que el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a las solicitudes de nulidad, considere los anteriores planteamientos se cuenta con un fallo histórico que ha marcado hacia el futuro el tipo de órdenes que deberían darse sobre la materia.

# data[].attributes.body
La Sala Plena de la Corte Constitucional  DENEGÓ la nulidad de la sentencia T-769 de 2009, proferida en  octubre 29 de 2009 por la entonces Sala Séptima de Revisión de Tutelas

# data[].attributes.body
Como conclusión, La Corte constató fallas graves en el proyecto, entre ellas la ausencia total de consulta a varias comunidades, la suplantación de autoridades indígenas y negras en algunas etapas de la consulta y la falta de divulgación adecuada de información sobre el proyecto

# data[].attributes.body
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Cuarta, Subsección B- resolvió no dar trámite a la acción de tutela. Constató que esta resultaba improcedente porque lo que se pretendía con ella era la protección de derechos colectivos y no fundamentales. Por lo anterior, añadió que los actores debían acudir a la acción popular y no a la de tutela en procura de la defensa de sus intereses.

# data[].attributes.body
La Corte Constitucional ordena la suspensión de las actividades de exploración y extracción; la suspensión de otorgamiento de licencias en el marco del proyecto; rehacer la consulta previa (a cargo del MIJ) contando con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades; culminar los estudios de impacto ambiental (a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT); difundir los resultados con el fin de evitar que se emitan licencias ambientales que afecten negativamente el ambiente y acompañar y vigilar el fallo (a cargo de la Defensoría).