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Relación con el Estado de derecho: 

Este caso demuestra una vulneración del Estado de derecho, porque los delincuentes imponen su poder por encima de la ley, afectando la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Además, se evidencia una debilidad del Estado para garantizar protección efectiva y justicia, lo que reduce la confianza en las instituciones.

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Relación con el Estado de derecho: 

Este caso demuestra una vulneración del Estado de derecho, porque los delincuentes imponen su poder por encima de la ley, afectando la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Además, se evidencia una debilidad del Estado para garantizar protección efectiva y justicia, lo que reduce la confianza en las instituciones.

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Mi opinión es que esta visión es muy valiosa y necesaria para países como Perú, donde la corrupción y la debilidad institucional a menudo afectan el acceso a una justicia real. Sin embargo, debemos ir más allá de la teoría y exigir que estas garantías no solo existan en papel, sino se apliquen efectivamente, con instituciones fuertes y transparentes que respeten el debido proceso y los derechos humanos en la práctica.

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Según Infobae Perú (2025) , los transportistas de las empresas Etupsa 73 y Nueva América suspendieron sus operaciones debido a una ola de extorsiones y asesinatos. Los choferes denunciaron que eran obligados a pagar “cupos” bajo amenazas y que incluso un conductor fue asesinado a balazos en San Juan de Miraflores.

Relación con el Estado de derecho:

Este caso demuestra una vulneración del Estado de derecho, porque los delincuentes imponen su poder por encima de la ley, afectando la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Además, se evidencia una debilidad del Estado para garantizar protección efectiva y justicia, lo que reduce la confianza en las instituciones.

Garantías constitucionales involucradas:

Derecho a la seguridad personal.

Derecho al trabajo digno y libre de amenazas.

Igualdad ante la ley.

Acceso a la justicia y debido proceso.