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Las pensiones y sus noticias ---->

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El momento de la jubilación a menudo es el más esperado por los trabajadores que desean retirarse definitivamente del mercado laboral y cobrar una pensión. Pero, ¿cuándo hacerlo? Si dicho trabajador tiene clara la fecha en la que desea jubilarse, también ha de saber de que ha de cumplir con ciertos plazos.

La Seguridad Social ha explicado en su cuenta de atención al ciudadano de la red social Twitter de que "puedes solicitar la jubilación dentro de los 3 meses anteriores y posteriores al cese en el trabajo" y de que ello conllevará que los efectos de jubilación serán "a partir del día siguiente al cese". Esto quiere decir que, si se hace dentro de ese plazo, se tendrá derecho a la pensión generada desde el primer día del cese en el trabajo para jubilarse.

En caso de tardar más tiempo hay que considerar cuál ha sido la demora en solicitar la pensión. La Seguridad Social explica que para los casos en los que la pensión se pide fuera de ese plazo anteriormente explicado "se devengará con una r etroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud". Es decir, solo se recuperan tres meses, el resto se perdería.

La cosa cambia para los trabajadores que accedan a la pensión de jubilación sin estar dados de alta en la Seguridad Social. En esos casos, los efectos de la pensión serán solo a partir del día en el que se solicite la jubilación. No se contemplan plazos previos y si no se pide antes la jubilación no se percibirán importes atrasados de la pensión.

Estos parámetros no solo se aplican a la jubilación voluntaria, también son de aplicación para modalidades de jubilación anticipada como la voluntaria (que pemrite hacerlo con hasta dos años de adelanto) y la involuntaria o derivada de un cese involuntario en el trabajo (que permite hacerlo con hasta cuatro años de adelanto.

Cuándo responde la Seguridad Social

Una vez se solicita la pensión de jubilación, es el turno de la Seguridad Social, que ha de estudiar la solicitud y toda la documentación que adjunte el trabajador y que varía en función de la modalidad de jubilación de la que se trate. El organismo está obligado a responder por ley en un plazo determinado de tiempo.

La Seguridad Social tiene un plazo de 90 días hábiles para contestar a la solicitudes de pensiones de jubilación. Se trata de un tiempo significativamente menor al de las pensiones de incapacidad permanente (más complicadas en su concesión por la mayor cantidad de variables a tener en cuenta), que es de hasta 135 días hábiles.

Con todo, el organismo dispone de una maquinaria engrasada, dado el gran número de pensiones de jubilación que se conceden y pagan (en la actualidad se abonan más de 6,2 millones de prestaciones de este tipo). De hecho, los datos del mes de septiembre, el último disponible, hablan de un periodo muy pequeño: 16,67 días de media.

A lo largo de 2021 el tiempo es algo mayor, pero corto en todo caso, la Seguridad Social tarda 19,97 días en conceder (o no) una pensión de incapacidad permanente. En la práctica, en menos de un mes el trabajador sabe si tiene derecho a cobrar pensión y el importe de la prestación que le queda.

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Este es el plazo en el que puedes solicitar una pensión de jubilación a la Seguridad Social

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El momento de la jubilación a menudo es el más esperado por los trabajadores que desean retirarse definitivamente del mercado laboral y cobrar una pensión. Pero, ¿cuándo hacerlo? Si dicho trabajador tiene clara la fecha en la que desea jubilarse, también ha de saber de que ha de cumplir con ciertos plazos.

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El Congreso avala ampliar las pensiones a los huérfanos por violencia machista

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Las ayudas se extienden a niños que no eran hijos del asesino de su madre y a los adoptados tras el crimen, habrá ventajas fiscales y se resuelve la incertidumbre judicial.

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La norma revaloriza las pensiones anualmente conforme a la evolución del IPC, subida que será del 2,5% en 2022 para las contributivas

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la primera parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales tras su reciente aprobación por las Cortes Generales.

La norma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, recupera el IPC como referencia para revalorizar las pensiones y supone el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor nunca.

Con esta Ley, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación.

La mayor parte de su contenido, a excepción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

La ley fija que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas y del 3% para las mínimas y no contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la norma dispone que la cuantía de las pensiones quedará inalterada.

Además, la ley incorpora diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este sentido, se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

En concreto, respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos. De un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.

INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN DEMORADA y MEI

En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Además, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora.

En la tramitación parlamentaria de la ley se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que el Gobierno concretó en otoño con los sindicatos, tras rechazar la CEOE el texto por implicar una subida de cotizaciones a las empresas.

El MEI tiene dos componentes. El primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa (0,5 puntos) y el trabajador (0,1 puntos) y actuará como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033.

En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

En el caso de que a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.

REFORZAR EL SISTEMA

Respecto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, el texto establece que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo de 2020. Dicha transferencia ya se incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se amplía en los de 2022.

Además, en cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo, la Ley se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada 'cláusula de salvaguarda' se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.

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El BOE publica la primera pata de la reforma de las pensiones, que será efectiva desde el 1 de enero

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La norma revaloriza las pensiones anualmente conforme a la evolución del IPC, subida que será del 2,5% en 2022 para las contributivas MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) - El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la primera parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales tras su reciente aprobación por las Cortes Generales.

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Enrique Devesa, uno de los mayores expertos en pensiones y coordinador del Observatorio Willis Towers Watson, apunta que el Ministerio "disfraza" la salud del sistema con transferencias del Estado

El déficit contributivo, esto es, la diferencia entre lo que el sistema ingresa en cotizaciones y los gastos que presenta, asciende a 28.000 millones de euros. Es la situación " real" de la Seguridad Social, según el Observatorio Willis Towers Watson que coordina Enrique Devesa, uno de los mayores expertos de pensiones.

En su opinión, el Ministerio " disfraza" las cuentas del sistema con transferencias. Tanto es así, que está previsto que el Estado absorba todo el déficit de la Seguridad Social en el horizonte de 2023, pero lo que en realidad ocurrirá, según el Observatorio, es que se traslade "el déficit de la Seguridad Social al Estado".

"En el futuro iremos viendo cómo va desapareciendo el déficit por operaciones no financieras, pero no ocurrirá lo mismo con el déficit contributivo, cuyo cálculo se hace más necesario para saber realmente cuál es la situación del sistema de pensiones contributivo", exponen desde el Observatorio de la consultora.

"La ciudadanía debe conocer los efectos de esta práctica, que consiste en trasladar el esfuerzo que deberían hacer los participantes en el sistema de pensiones -afiliados y pensionistas- a toda la sociedad, la cual, en la parte que se recurra al endeudamiento, deberá hacer frente con impuestos, presentes o futuros, al desequilibrio del sistema", incide Rafael Villanueva, consultor senior de Willis Towers Watson.

El estudio de la consultora se publica el mismo día en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IPR). En lugar de este sistema, que se introdujo con la reforma que el Gobierno de Rajoy hizo el 2013, el indicador a utilizar será el IPC, con lo que el gasto se disparará todavía más. Y "el instrumento para equilibrar el sistema de pensiones, según el Pacto de Toledo, dejará de ser el IRP y pasará a ser la aportación del Estado vía transferencias, lo que supone simplemente un cambio interno de localización del déficit, pasando de la Seguridad Social a la Administración General del Estado", añade el texto.

Dudas del FMI

La derogación oficial del IRP se produce, además, apenas una semana después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestase sus dudas y temores por la sostenibilidad del sistema. Según sus cálculos, la decisión de ligar las prestaciones al IPC hará que, para 2050, el gasto se haya disparado en 3,5 puntos de PIB adicionales, esto es, añadir más de 40.000 millones más al año. Por ello, el organismo pide medidas adicionales que incrementen los ingresos como retrasar la jubilación.

Según la última publicación del Ministerio de Seguridad Social, el gasto en pensiones supone un desembolso mensual de algo más de 10.300 millones, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al año pasado. "Hay que tener en cuenta, además, que el mes pasado se abonó la paga extraordinaria, cuyo importe asciende a 10.917,52 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,31% respecto a 2020", añade el departamento dirigido por José Luis Escrivá.

Conforme a los criterios de

The Trust Project

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La situación "real" de las pensiones: el déficit contributivo de la Seguridad Social es de 28.000 millones

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Enrique Devesa, uno de los mayores expertos en pensiones y coordinador del Observatorio Willis Towers Watson, apunta que el Ministerio "disfraza" la salud del sistema con transferencias del Estado El déficit contributivo, esto es, la diferencia entre lo que el sistema ingresa en cotizaciones y los gastos que presenta, asciende a 28.000 millones de euros.

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Llega 2022. Llega, también, una subida de las tarifas reguladas de gas natural (TUR) y de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado. También se encarece el precio del sello postal y parte de la cesta de la compra habitual. Pero este año también trae consigo subidas de las pensiones, salarios de los empleados públicos y previsiblemente del salario mínimo, pero todas ellas serán inferiores al alza de la inflación que cierra 2021 en el 6,7 %, la tasa más alta desde marzo de 1992.

66 años y dos meses

También cambiará la edad de jubilación. Todos los trabajadores que quieran jubilarse en 2022 con el 100 % de la pensión tendrán que tener 66 años y dos meses cumplidos, de acuerdo con la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en 2011. La reforma estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años.

Estos 66 años y dos meses será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y seis meses de cotización (este año se exigen 66 años cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años y tres meses cotizados). En el caso de que se superen los 37 años y seis meses cotizados, las personas que quieran jubilarse con el 100% de su pensión deberán tener 65 años.

Se contarán los últimos 25 años cotizados

Desde hoy también hay un cambio en el cálculo de las pensiones, pues sube un año respecto a 2021, de los 24 a los 25 años. Es decir, la pensión se calculará a partir de enero en función de las cotizaciones de los últimos 25 años.

En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde hoy de 62 años y dos meses si se tienen cotizados al menos 35 años y seis meses, o de 63 años y cuatro meses en el caso de que se tengan 33 años cotizados.

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La edad de jubilación sube: esta será a partir de ahora

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Llega 2022. Llega, también, una subida de las tarifas reguladas de gas natural (TUR) y de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado. También se encarece el precio del sello postal y parte de la cesta de la compra habitual.

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Las nóminas de los pensionistas suben un 2,5% desde principio de año. Además, percibirán una 'paguilla' de 232 euros de media, que servirá para compensarles porque el aumento de la inflación en 2020 fue mayor que el calculado a la hora de fijar sus pensiones.

A pesar de ello, la elevada inflación de este 2021 hace que los pensionistas vayan a notar una pérdida de poder adquisitivo. El año se cerró a nivel nacional con un incremento del IPC del 6,7% y el dato regional, actualizado hasta noviembre, registraba una subida de precios del 5,9%.

Así se lo ha hecho saber la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) al Ejecutivo de Pedro Sánchez. A través de una carta, de la que han recibido respuesta por parte del Gabinete de Presidencia, la plataforma manifiesta su disconformidad "con la aprobación de la ley que reforma el sistema público de pensiones".

Igualmente la misiva se refiere a la "tramposa aplicación de la subida del IPC" realizada para calcular la subida de las pensiones y lamentan que repercutirá en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. "Esta pérdida se consolida en la base para el año 2022, reclamamos que se nos aplique el IPC real para la 'paguilla' de recuperación de lo perdido en 2021, así como que se actualice la base de la pensión en ese mismo importe", se lee en la carta.

Entre las exigencias que COESPE plantea al Gobierno también se incluye igualar la pensión mínima al SMI (salario mínimo interprofesional). La Coordinadora entiende que no hacerlo supone seguir tratando a los pensionistas como ciudadanos de segunda categoría.

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Las nóminas de los pensionistas suben un 2,5% desde principio de año. Además, percibirán una 'paguilla' de 232 euros de media, que servirá para compensarles porque el aumento de la inflación en 2020 fue mayor que el calculado a la hora de fijar sus pensiones.

A pesar de ello, la elevada inflación de este 2021 hace que los pensionistas vayan a notar una pérdida de poder adquisitivo. El año se cerró a nivel nacional con un incremento del IPC del 6,7% y el dato regional, actualizado hasta noviembre, registraba una subida de precios del 5,9%.

Así se lo ha hecho saber la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) al Ejecutivo de Pedro Sánchez. A través de una carta, de la que han recibido respuesta por parte del Gabinete de Presidencia, la plataforma manifiesta su disconformidad "con la aprobación de la ley que reforma el sistema público de pensiones".

Igualmente la misiva se refiere a la "tramposa aplicación de la subida del IPC" realizada para calcular la subida de las pensiones y lamentan que repercutirá en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. "Esta pérdida se consolida en la base para el año 2022, reclamamos que se nos aplique el IPC real para la 'paguilla' de recuperación de lo perdido en 2021, así como que se actualice la base de la pensión en ese mismo importe", se lee en la carta.

Entre las exigencias que COESPE plantea al Gobierno también se incluye igualar la pensión mínima al SMI (salario mínimo interprofesional). La Coordinadora entiende que no hacerlo supone seguir tratando a los pensionistas como ciudadanos de segunda categoría.

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Una subida del 2,5% y una inflación en máximo histórico

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Las nóminas de los pensionistas suben un 2,5% desde principio de año. Además, percibirán una 'paguilla' de 232 euros de media, que servirá para compensarles porque el aumento de la inflación en 2020 fue mayor que el calculado a la hora de fijar sus pensiones.

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La paga compensatoria tiene como objetivo que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación

Cuándo se cobra la paguilla en enero es una de las preguntas que se hacen los pensionistas en este arranque del año, sobre todo con el alza que han sufrido los precios el pasado año. De hecho, el Índice de Precios al Consumo ( IPC) volvió a repuntar en el último mes de 2021, con lo que alcanzó el 6,7% y sigue alcanzando cotas que no se registraban desde marzo de 1992.

Este aumento de los precios provoca una pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, pero gracias a la conocida como paguilla, los pensionistas no sufrirán esta consecuencia. El Gobierno va a completar las prestaciones con una importante paga compensatoria en este mes de enero y, además, subirá la cuantía en 2022 un 2,5% a 10 millones de prestaciones.

La Seguridad Social aplicará en la segunda quincena de enero una paga compensatoria por la subida de los precios del 1,6%. Eso se traduce en un extra de unos 270 euros para una pensión media de jubilación y unos 230 euros para una pensión media del sistema. Hay que recordar que esta mejora también incluye a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un grupo que, por otro lado, verá incrementada su prestación en un 3% para este 2022.

será la última paguilla

Las pensiones contributivas este año estrenan una nueva fórmula de revalorización definida por el IPC. Según la ley de reforma de las pensiones del Gobierno, el cálculo será el promedio interanual de los últimos doces meses antes de su aplicación. Así con este medidor para las pensiones de 2022 se toma el IPC desde diciembre de 2020 hasta el pasado mes de noviembre.

Por eso, este año será el último que se cobre la famosa paguilla.

Qué pensionistas no cobran la paguilla

Hay algunos pensionistas exentos de cobrar esta paga compensatoria, como los que reciben una pensión por incapacidad permanente total o absoluta, por invalidez causada por un accidente laboral y también por enfermedad profesional. En estos casos, la mejora económica se aplica de forma prorrateada cada mes y no en 14 pagas como hasta la fecha tienen el resto de jubilados.

Conforme a los criterios de

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Cuándo se cobra la paguilla de las pensiones en enero de 2022

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La paga compensatoria tiene como objetivo que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación Cuándo se cobra la paguilla en enero es una de las preguntas que se hacen los pensionistas en este arranque del año, sobre todo con el alza que han sufrido los precios el pasado año.

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¿ Estás pensando en la jubilación? El 1 de enero entraron en vigor importantes cambios en el sistema público de pensiones, que los futuros pensionistas notarán con seguridad en sus bolsillos. Además de recuperar el IPC como referencia para revalorizar las pensiones, una de las medidas más importantes es la reforma de la jubilación anticipada voluntaria. Este cambio afectará a la cuantía de las prestaciones de aquellos trabajadores que quieran retirarse antes de tiempo.

Esta primera parte de la reforma de las pensiones, acordada por el Gobierno y los agentes sociales, pretende disminuir el número de trabajadores se jubilan anticipadamente. El objetivo es acercar la edad real a la que se jubilan los trabajadores en España a la edad establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores tendrían que jubilarse al cumplir 66 años y dos meses en 2022, la realidad es que se retiran con solo 64 años y 6 meses.

Los trabajadores que se jubilen antes de tiempo desde este mes de enero sufrirán un recorte por cada mes de adelanto respecto a la edad legal que corresponda en cada momento. Hasta ahora, los coeficientes reductores se calculaban en función de los trimestres de adelanto. Otra importante novedad es que la penalización por jubilarse anticipadamente se aplicará directamente sobre la cuantía de la prestación del pensionista. Anteriormente, se recortaba sobre la base reguladora, una cantidad similar al salario del trabajador. Esto supone un duro golpe para el bolsillo.

Penalización según la cotización

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene establecidos cuatro tipos de penalizaciones distintas en función de los años de cotización del futuro pensionista. El nuevo sistema beneficia especialmente a aquellos ciudadanos con una carrera profesional larga. Cuanto mayor sea la vida laboral acumulada por el trabajador, la penalización sufrida es menor.

¿De cuánto sería el recorte en la prestación? En el caso de la jubilación anticipada ordinaria, los recortes oscilan entre el 3,26% y el 21% para los trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados. Si se trata de ciudadano con una vida laboral más extensa, que acumula 44 años y 6 meses cotizados, la penalización se sitúa entre el 2,81% y el 13%.

Imaginemos un trabajador de 64 años que ha cotizado 37 años y se quiere jubilar con dos años de anticipación respecto a lo establecido. Gracias a su vida laboral, este ciudadano ficticio tiene derecho a una pensión de 1.000 euros. Sin embargo, sufrirá una penalización del 21% por el adelanto, es decir, dejará de percibir 210 euros al mes. Por tanto, se quedaría finalmente con una pensión de 790 euros al mes.

Esta reforma perjudica especialmente a los trabajadores con sueldos altos que tengan derecho a recibir la pensión máxima. Esto se debe a que la penalización se aplica sobre la prestación, como se ha comentado anteriormente. Por eso, la aplicación de los nuevos coeficientes penalizadores para estos jubilados anticipados no se llevará a cabo hasta enero de 2024. Además, la implantación será progresiva durante los 10 años siguientes.

Incentivos para retrasar la jubilación

La reforma diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, también busca premiar a aquellos ciudadanos que sigan trabajando cuando ya hayan alcanzado la edad legal de jubilación. Esta se sitúa en los 66 años y dos meses en 2022, pero se elevará progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027.

La nueva ley establece incentivos para los profesionales que decidan retirarse más tarde. En concreto, se duplican las bonificaciones. Los futuros pensionistas cobrarán un 4% más en su prestación por jubilación por cada año extraordinario que se mantengan activos. Estos trabajadores podrán cobrar estos incentivos aunque la cantidad total supere la pensión máxima establecida anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Actualmente, el límite máximo se sitúa en 2.820 euros al mes en 2022.

Otra alternativa para estos trabajadores que demoran su jubilación es cobrar ese premio en un único pago a la hora de jubilarse, en vez de recibirlo de forma mensual. Se calcula que el pago oscilaría entre los 5.000 euros por cada año de retraso para los perceptores de pensiones mínimas y los 12.000 euros en el caso de los beneficiarios de las pensiones máximas.

Los expertos recomiendan estar preparados financieramente para la jubilación, ya que suele suponer una merma en los ingresos habituales en los hogares respecto a los años de actividad. Finect cuenta con un escaparate de productos de inversión para la jubilación, donde los usuarios pueden encontrar información sobre diferentes opciones como los planes de pensiones, compararlas y escoger aquellas que más se adapten a sus necesidades.

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Así te afectan los cambios en el sistema de pensiones si quieres jubilarte antes

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¿ Estás pensando en la jubilación? El 1 de enero entraron en vigor importantes cambios en el sistema público de pensiones, que los futuros pensionistas notarán con seguridad en sus bolsillos. Además de recuperar el IPC como referencia para revalorizar las pensiones, una de las medidas más importantes es la reforma de la jubilación anticipada voluntaria.

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Cambios y subidas de casi 100 euros en las pensiones: así se quedan la mínima y la de viudedad

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El Consejo de Ministros actualizará el martes las ayudas para 2022

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La 'paguilla' de las pensiones se cobra ya esta semana: ¿qué bancos pagan antes?

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Se trata de una paga extra de la pensión para compensar la inflación que se ingresa este mes de enero de 2022

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El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha respondido en directo este miércoles 26 de enero, desde la redacción de 20minutos, a muchas de las preguntas formuladas por los lectores sobre la nueva reforma de las pensiones.

El Gobierno y los agentes sociales acordaron en julio de 2021 el nuevo marco del sistema de pensiones, que se aprobó definitivamente el viernes 17 de diciembre para pasar posteriormente al Senado. La reforma incluye medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que contempla una subida de las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas para sostener las pensiones públicas.

Entre las muchas preguntas respondidas por el ministro, ha explicado que el grupo de trabajo creado para estudiar qué profesiones pueden acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores debido a su especial penosidad, analizará "el impacto de la nocturnidad" como uno de estos supuestos. El ministro también ha aprovechado para recordar que está previsto llevar este año a la mesa de diálogo social "la adecuación del periodo de cómputo de la pensión, actualmente en 25 años, a las nuevas realidades laborales" y que "no se trata de reducir las pensiones, sino de tener en cuenta realidades que el actual sistema no protege". "Las pensiones siempre tendrán el poder adquisitivo garantizado", ha sentenciado.

A continuación, puedes leer todas las preguntas y respuestas durante el encuentro digital.

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Encuentro digital | Escrivá: el Gobierno estudiará "el impacto de la nocturnidad" para jubilarse antes sin penalizar

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El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá , ha respondido en directo este miércoles 26 de enero, desde la redacción de 20minutos, a muchas de las preguntas formuladas por los lectores sobre la nueva reforma de las pensiones.

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Los nuevos recortes por adelantar el retiro entran en vigor ya en enero

También en enero entrarán en vigor las nuevas penalizaciones para quienes se jubilen de forma anticipada que pone en marcha la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá. Para todos salvo para quienes tengan derecho a la pensión máxima: para ellos se aplicará de forma progresiva desde 2024 y hasta 2033.

Así, desde enero, quienes se jubilen antes de tiempo tendrán un recorte en su pensión por cada mes que lo adelanten, en lugar de por cada trimestre como hasta ahora. Además, esta penalización se aplicará sobre la cuantía de su pensión, y no sobre la base reguladora, algo que castiga a los que cotizan por las bases máximas.

El nuevo diseño de coeficientes reductores establece cuatro tablas para las jubilaciones anticipadas voluntarias en función de los años que se haya trabajado: para aquellos que han cotizado menos de 38,5 años, los recortes oscilan entre el 21% y el 3,6%; para quienes tienen carreras laborales de entre 38,5 y 41,5 años, las penalizaciones van entre el 19% y el 3,11%; para los que han trabajado entre 41,5 y 44,5 años, sus coeficientes están entre el 17% y el 2,96%; y, por último, para quienes han cotizado más de 44,5 años, el recorte varía entre el 13% y el 2,81%, en función del mes en que decidan adelantar su retiro.

Este nuevo modelo incrementa o mantiene la pensión de aquellos trabajadores que adelantan la jubilación entre 22 y 4 meses, la disminuye para los que la adelantan 23 o 24 meses si tienen menos de 44 años y 6 meses cotizados y para los que la adelantan tres meses o menos sea cual sea la duración de su vida laboral. En resumen, si los trabajadores retrasan tres meses su jubilación no sólo mantienen sino que incrementan la cuantía de su pensión.

Por otra parte, se aumentan los casos de jubilación anticipada forzosa y en algunos casos se mejoran sus coeficientes, que oscilarán entre un 0,5% de reducción para quienes se retiren con un mes de adelanto y el 30% si lo hacen con cuatro años de antelación (también serán diferentes en función de los años cotizados).

En el lado contrario, se mejoran y aumentan los incentivos para quienes decidan retrasar su jubilación más allá de la edad legal. Quien lo haga, puede cobrar entre 5.000 y 12.000 euros por cada año de retraso.

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Los trabajadores no podrán jubilarse a los 66 recién cumplidos salvo que hayan cotizado muchos años

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Los nuevos recortes por adelantar el retiro entran en vigor ya en enero También en enero entrarán en vigor las nuevas penalizaciones para quienes se jubilen de forma anticipada que pone en marcha la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá.

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La paga extra de 112 euros al mes para las jubiladas este 2022

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La Seguridad Social pone a disposición de las mujeres retiradas una ayuda para complementar su pensión

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El INE ha "inflado" las subidas de precios del último año al no recoger los precios de la electricidad del mercado libre

El Gobierno ha destinado 6.500 millones de euros a revalorizar las pensiones en 2022 y a compensar a los pensionistas por el desvío de los precios en 2021 respecto a lo previsto, pero si hubiera utilizado unos datos de inflación que reflejaran correctamente el precio de la electricidad, podría haber gastado unos 2.000 millones menos.

Esto es así porque el Ejecutivo utilizó (como marca la nueva ley) el promedio de inflación desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021 para calcular cuánto debían subir las pensiones este año. Según los datos que había publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), la subida promedio de este periodo había sido del 2,5%.

Además, dado que para 2021 habían subido las pensiones un 0,9%, en línea con la evolución esperada de los precios, pero finalmente en el periodo habían subido un 2,5%, se abonó a los pensionistas una 'paguilla' que compensara esos 1,6 puntos de diferencia. En total, se destinaron 2.600 millones a la 'paguilla' y 3.900 millones a la subida de 2022.

El problema está en que, según ha constatado el servicio de estudios de CaixaBank, ese IPC promedio no fue tal, ya que los datos de inflación que lleva registrando el INE todo el año pasado no tienen en cuenta el precio de la electricidad en el mercado libre y sólo recogen el precio del mercado regulado.

" El IPC ha estado claramente sesgado al alza en 2021 debido a esta omisión. Observamos que la variación anual mediana de las facturas en el mercado libre ha sido del -6% mientras que en el mercado regulado +35%. En concreto, de incorporarse los precios del mercado libre y no sólo los del mercado regulado, hubiéramos cerrado el año con una inflación general en el 4,7% (en vez del 6,5% oficial) y un promedio anual en 2021 del 2,2% (frente al 3,1% oficial). De hecho, aunque asumiéramos que los precios en el mercado libre fueran estables, nos saldría un promedio anual de 2,3% en 2021", explican los expertos de CaixaBank.

Según los datos que han facilitado a este medio, el IPC promedio de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 fue del 1,8%, con lo que si las pensiones se hubieran revalorizado eso en vez de un 2,5%, el gasto habría pasado de 3.900 millones a 2.808 millones; mientras que la paguilla compensatoria habría sido de 2.600 millones en vez de a 1.462,5 millones. El ahorro conjunto habría llegado a los 2.229 millones de euros que no se habrían consolidado en el sistema ni contribuido al efecto bola de nieve de la Seguridad Social, según la metodología que ha contrastado EL MUNDO con Funcas.

El INE DICE NO TENER DATOS DE LAS ELÉCTRICAS

Cuando el INE publicó esta semana el indicador adelantado de enero - que registró una subida del 6%- ya advirtió de que todavía no había cambiado su modo de registrar el precio de la electricidad porque le faltaban datos y a fin de evitar una distorsión. CaixaBank, no obstante, que puede ver en las cuentas de sus clientes cuánto dinero destinan al pago de la luz en función del tipo de mercado al que estén acogidos, sí ha podido hacer estos cálculos.

" Este cambio ha tenido que ser aplazado hasta obtener la información que han de suministrar las compañías eléctricas con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC y, en consecuencia, poder explicar debidamente la evolución futura del indicador. Por otra parte, la situación errática del mercado en este momento no favorece la introducción de ningún cambio metodológico, que podría desvirtuar el análisis de la evolución de los precios a lo largo del año 2022 y siguientes", admitían.

El INE ha lanzado este mismo miércoles un comunicado a raíz de la publicación de este informe de CaixaBank en el que defiende que "el IPC es un indicador basado en una metodología clara y precisa" y "todos los elementos que componen su metodología siguen las normas internacionales, y han sido respaldados por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), lo que permite que este indicador se adapte a los reglamentos de la UE".

"Con el fin de adaptar el IPC a los cambios que se van produciendo en las pautas de consumo de los hogares (...) Uno de los cambios previstos inicialmente para su introducción en enero de 2022 era la ampliación de la cobertura de la medición de los precios de la electricidad. El INE y las empresas del sector han venido trabajando para incorporar el mercado libre en el cálculo del indicador. Sin embargo, la información suministrada al INE no tiene aún el suficiente detalle para hacerlo con las garantías de calidad necesarias. Estos esfuerzos realizados por el INE en aras de mejorar la precisión de un indicador tan relevante para la sociedad, se han visto afectados por el informe publicado por CaixaBank Research, en el que concluyen que el IPC 'sesgó al alza a la inflación en 2021'. Evidentemente, el INE no comparte estas conclusiones. Por un lado, se desconoce la metodología en la que se basa el estudio de CaixaBank (solo se sabe que ha utilizado recibos domiciliados en CaixaBank). Esto, por supuesto, es algo fundamental si se quiere dar alguna validez al informe", subrayan.

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El Gobierno gastó 2.000 millones de más en la actualización de las pensiones al usar un IPC incorrecto

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El INE ha "inflado" las subidas de precios del último año al no recoger los precios de la electricidad del mercado libre El Gobierno ha destinado 6.500 millones de euros a revalorizar las pensiones en 2022 y a compensar a los pensionistas por el desvío de los precios en 2021 respecto a lo previsto, pero si hubiera utilizado unos datos de inflación que reflejaran correctamente el precio de la electricidad, podría haber gastado unos 2.000 millones menos.

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Los pensionistas asturianos cargan contra la reforma de las pensiones: "Fuimos engañados por Escrivá"

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Decenas de personas se sumaron a las protestas convocadas en Gijón y Pola de Lena

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El FMI teme por la sostenibilidad de las pensiones y reclama a España que reduzca la deuda pública

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido al Gobierno de España que &quot;asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones&quot;, después de que el Ministerio de Seguridad

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La jubilaciones anticipadas ya suponen un 26% del gasto total anual en pensiones. La Seguridad Social destina para el pago de estas pensiones un total de 37.162 millones de euros, lo que significa que más de uno de cada cuatro euros que destina el Estado al colectivo corresponde a pensionistas que abandonaron el mercado laboral de forma prematura, es decir, antes de la edad legal de jubilación. Para este año, el Presupuesto de la Seguridad Social recoge un desembolso histórico en pensiones contributivas, que ascenderán en el conjunto del año a los 142.931 millones de euros y que rebasa en 7.000 millones el gasto del pasado 2021.

Precisamente, el avance de los costes para el sistema generado por los retiros prematuros ha sido objeto de la primera pata de la reforma de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre, cuando se introdujeron modificaciones en las condiciones de las jubilaciones anticipadas para tratar de alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación. Para ello, se llevó a cabo una reforma de los coeficientes reductores para el retiro anticipado voluntario, agravando los casos en los que el futuro jubilado anticipa el abandono del mercado laboral en los máximos permitidos: entre 24 y 23 meses antes de la edad legal marcada en cada momento. De hecho, esta misma reforma reduce la penalización o el coeficiente reductor en el 90% de los supuestos en los cuales el trabajador puede anticipar la jubilación.

En este sentido, el Gobierno justifica la medida, no solo por el hecho que difiere de la edad legal - según el Banco de España el 40% de los españoles se retira antes de tiempo con una edad media de 64,5 años- si no por la regresividad del modelo. Cabe recordar que según el periodo transitorio de despliegue de la reforma aprobada por el PSOE en 2011, la edad legal de jubilación se sitúa en 2022 en los 66 años y dos meses -alcanzará los 67 años en 2027 cuando se finalice el despliegue de la reforma-.

Además, tal y como recoge el Instituto BBVA de Pensiones, para este año un trabajador podrá jubilarse anticipadamente, hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria en caso de jubilación anticipada voluntaria (es decir, a partir de los 63 años o 64 años y 2 meses, dependiendo de los años de cotización que se acredite), y hasta 48 meses antes en caso de jubilación anticipada involuntaria o forzosa (es decir, a partir de 61 años o 62 años y dos meses, según los años cotizados).

Otro elemento que modifica la reforma aprobada a finales de 2021 es que los nuevos coeficientes reductores, mensuales en vez de trimestrales, se aplicarán sobre el importe de pensión teórica (calculada en función el número de años que haya cotizado y de sus bases de cotización), y no sobre la base reguladora como se hacía hasta ahora. Esta medida afectará más si se venía cotizando por bases superiores a la pensión máxima y, por lo tanto, la pensión teórica calculada antes de aplicar los coeficientes por jubilación anticipada fuera superior a la pensión máxima. No obstante, en este caso los coeficientes se aplicarán de manera gradual en un plazo de 10 años, a contar desde 1 de enero de 2024 -estos coeficientes que se aplicarán dentro de dos años podrán suponer reducciones de la paga de hasta el 21%-.

La 'reforma Escrivá' y el gasto

En este punto, cabe analizar el impacto presupuestario a futuro de las medidas adoptadas por el Gobierno en el plano de las jubilaciones anticipadas en nuestro país.

"Tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica se llega a la conclusión de que, en general, se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones. Al margen de las medidas concretas que estimulen un aumento de la edad efectiva de jubilación, un aumento motu proprio de la edad efectiva sin aumentar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial", señalan en un informe sobre la medida los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura.

Sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes dado que la jubilación más tardía se producirá con menores penalizaciones y, por tanto, con pensiones mayores. "Así, un aumento generalizado de la edad efectiva de 1 año solo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones, pero si el aumento solo afectara a las anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto", señalan los expertos, advirtiendo incluso que el nuevo pliego de coeficientes podría llevar incluso a engordar la factura.

Es decir, como el grueso del gasto se concentra 24 meses de anticipación y ese coeficiente reductor es muy alto, al aumentar la edad efectiva 1 año se reduce mucho la penalización, aumentando la pensión y, por lo tanto, creciendo el gasto. Por colectivos, el que se jubila anticipadamente de forma voluntaria aumentaría el gasto el 2,4% frente al 0% de antes. La diferencia de 2,4% entre ambos sistemas es grande porque la distancia de coeficientes entre el segundo año de anticipación y el primero es más elevada que con el sistema actual. Los que se jubilan anticipadamente de forma no voluntaria aumentarían el gasto hasta el 3,3% frente al 2,6% de antes de la reforma desplegada desde este 1 de enero.

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Las jubilaciones anticipadas suponen ya el 26% del gasto total en pensiones

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La jubilaciones anticipadas ya suponen un 26% del gasto total anual en pensiones. La Seguridad Social destina para el pago de estas pensiones un total de 37.162 millones de euros, lo que significa que más de uno de cada cuatro euros que destina el Estado al colectivo corresponde a pensionistas que abandonaron el mercado laboral de forma prematura, es decir, antes de la edad legal de jubilación.

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La patronal considera insuficientes los incentivos planteados en la norma que el Consejo de Ministros aprobará este martes

El calendario de Bruselas obliga a acelerar los nuevos vehículos de ahorro privado

El Gobierno juega con un margen de tiempo escaso para poner en marcha la norma que regulará los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Según consta en el Componente 30 del Plan de Recuperación -el referido a la sostenibilidad del sistema público de pensiones- la creación de estos vehículos debe estar aprobada antes del 30 de junio. Por eso, el Gobierno ha acelerado para presentar ya en Consejo de Ministros el proyecto de ley que pasará al Congreso. De ahí, y según detallan fuentes del Ejecutivo, iniciará un periplo burocrático que empieza con el plazo de 15 días para que los grupos puedan presentar enmiendas.

Hay que tener en cuenta que tras la aprobación de la ley habrá que dar el visto bueno al reglamento, además de poner en marcha otras iniciativas como los pliegos para decidir las entidades que se encargarán de gestionar estos fondos. Por no hablar de la plataforma digital en la que tanto los beneficiarios como los promotores de los planes intercambiarán toda la información para constituir y registrar los nuevos vehículos. "Todo esto requiere tiempo y el impulso inicial tardará en llegar", anticipan desde Inverco.

Por eso, y pese a los recelos con el texto final, desde la patronal han pedido al Gobierno tramitar por la vía de urgencia el proyecto con el que se pretende activar un sector que hasta ahora ha tenido muy poco peso en España. En concreto, los planes de pensiones de empresa se han limitado en los últimos años a las grandes compañías españolas, optando pymes y autónomos por el sistema individual como fórmula de ahorro para la jubilación.

Esto ha provocado que los planes de empresa lleven años prácticamente estancados, con un patrimonio que apenas supera los 37.800 millones de euros, frente a los 89.323 millones que mueve el sistema individual. Y lo que es más grave: una tendencia a la baja en el número de partícipes que no ha cesado desde 2011.

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Escrivá pone en marcha su fondo público de pensiones sin respaldo empresarial

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La patronal considera insuficientes los incentivos planteados en la norma que el Consejo de Ministros aprobará este martes El calendario de Bruselas obliga a acelerar los nuevos vehículos de ahorro privado El Gobierno juega con un margen de tiempo escaso para poner en marcha la norma que regulará los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.