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En Chile, el empleo de la mujer rural (campesinas y asalariadas agrícolas) se basa en una estructura productiva de muy mala calidad.

La población femenina tiene bajos niveles de calificación, se las restringe de la reproducción, considerándolas como trabajadoras secundarias, cuya función es complementar los ingresos del hogar, interrumpiendo el progreso de salida de la pobreza y la economía precaria en las áreas rurales. Así, la baja tasa de participación laboral femenina se influye por actitudes predominantes en relación con la familia y el trabajo.

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En Uruguay, las mujeres afrontan brechas de acceso a la tierra, de los recursos productivos, de la asistencia técnica y la segregación horizontal en la educación técnica agropecuaria, aspectos que disminuyeron su autonomía económica e impulsado al hombre dentro del mundo agropecuario.

Por ello, la población femenina en desventaja realiza tareas de baja calificación y son consideradas “grupos vulnerables, productoras para su autoconsumo”. Enfrentan situaciones de inseguridad en el ámbito laboral, un bajo nivel salarial, un menor acceso a sus derechos, la exclusión y la limitación de obtener un empleo de calidad.

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En Paraguay, la mujer rural, el 47% de la población, realiza un doble trabajo productivo y reproductivo invisibilizado y no remunerado. Es víctima de discriminación, no logra conseguir créditos y no posee el control sobre las tierras y recursos debido a los factores socioculturales, (aun cuando son derechos legales y formales).

Es la subsistencia de su hogar y las comunidades, afronta condiciones de inequidad socioeconómica, laboral, sobre el acceso a los recursos productivos, la salud y la educación.

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En ecuador el 6o % de la comida que llega a los hogares proviene de la agricultura familiar campesina, cuya mano de obra está compuesta en el 61 % por mujeres. Son ellas las que cubren el rostro y brazos para protegerse del sol, sumergen sus botas en el lodo y se encorvan para sembrar, desyerbar y cosechar, pero su pago es menor frente a lo que llega a obtener un hombre. El 39 % de las mujeres rurales realiza una actividad sin recibir pago monetario y el 32% tiene ingresos menores al salario mínimo. Su ingreso promedio es de $219 mensuales mientras que el de los hombres rurales es de $293.

Así mismo las mujeres rurales ecuatorianas, tienen un precario acceso a la seguridad social, solo el 21% de ellas están cubiertas por el Seguro Social Campesino.

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En Bolivia, según el Sistema de las Naciones Unidas, las mujeres rurales, realizan actividades de agricultura, pasan fuertes brechas de pobreza y mantienen un preocupante índice de mortalidad materna, son víctimas de violencia y discriminación, no tienen acceso a créditos o asistencia técnica, se encargan de las tareas domésticas y no poseen igualdad de derechos laborales.

Así, más de un millón de mujeres en el trabajo rural, diariamente abastecen los mercados y la seguridad alimentaria de sus familias y comunidades, para ellas, un trabajo obligatorio bajo la amenaza de perder sus tierras.

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En Venezuela la participación de la mujer en el mercado de trabajo rural destaca la importancia de la edad, situación conyugal, nivel educativo, fecundidad y área de residencia como factores determinantes de la misma. Existen diferencias de ingreso medio entre hombres y mujeres, los cuales favorecen al hombre quienes devengan remuneraciones 20 por ciento superiores a las de sus colegas mujeres con escolaridad y experiencia similar, desempeñándose en el mismo sector y ocupación.

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El porcentaje de mujeres rurales mayores de 15 años que no tiene ingresos propios en Costa Rica llega al 45%. En promedio, en la región el 56% de las mujeres rurales mayores de 15 años se registra como población inactiva pese a que efectivamente en su mayoría si trabajan. La mayoría de las mujeres clasificadas como inactivas produce para el autoconsumo.

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En Colombia, los ingresos que reciben mujeres en las zonas rurales no alcanzan para completar un salario mínimo. Los bajos ingresos, la inestabilidad en el empleo, las condiciones de trabajo peligrosas y las pocas oportunidades de asociación con que cuentan son algunos de los rasgos que caracterizan el entorno laboral de la población rural colombiana.

Por otra parte, las mujeres que trabajan en el campo, experimentan tres veces más desempleo que los hombres. Además de la informalidad las trabajadoras rurales que participan en organizaciones sindicales deben enfrentar la amenaza a sus vidas por parte de grupos al margen de la ley.

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En Brasil, las mujeres, el 50% de la población rural, se presentan en minifundios, en las pequeñas propiedades y en las fincas, enfrentando una vulnerabilidad social y económica. No obstante, el Gobierno Federal tomó medidas para impulsar su cooperativismo, sostenibilidad e inclusión social y productiva, sobre su incorporación a la comercialización y administración de los ingresos.

Reclaman el figurar como propietarias de los terrenos junto a sus maridos, lo que es legal desde 2003 en el país, pero al ser invisibilizadas, no pueden pedir ayudas, préstamos, ni integrar cooperativas sin la previa firma y consentimiento de sus parejas.

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En Argentina, más de un millón de mujeres, el 50% de la población rural, realiza trabajos productivos en el campo; tareas como el cuidado del ganado, la recolección del agua, la producción de la huerta familiar y la elaboración de artesanías para su comercialización, incluyendo las responsabilidades domésticas. En situación de pobreza, son las más perjudicadas al trabajar en el sector informal y al percibir remuneraciones inferiores a la del hombre, (a pesar de la equivalencia de las tareas).

Se invisibiliza el doble trabajo que realizan, pero las diferentes iniciativas están logrando concientizar la desigualdad y la relevancia de su participación en la producción y en las capacitaciones técnicas del sector agrícola.

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Actualmente en Panamá se cuentan más de 3,000 mujeres rurales líderes, agrupadas en unas 120 organizaciones en diversas provincias y comarcas. Las mujeres y las niñas rurales influyen significativamente en la agricultura, la seguridad alimentaria, la nutrición, la tierra y la gestión de los recursos naturales, así como en el trabajo no remunerado y de servicio doméstico.

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En Nicaragua, las mujeres en las zonas rurales representan el 52% de la población y su ingreso promedio mensual que reciben está un 36.4% por debajo del ingreso promedio que reciben los hombres.

Las mujeres rurales en sus hogares son responsables de la producción básica de los alimentos de su familia. Además de producir vegetales, frutas y verduras, salen a las ciudades a comercializar directamente sus productos, con lo que reciben compran el resto de productos de consumo complementario para el sustento familiar.

Hay zonas en las que 60% de mujeres sostiene solas su hogar.  Por otro lado, la desocupación en el ámbito nacional es baja en las áreas rurales es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

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En Perú la mujer trabajadora agrícola y ganadera desempeña sus actividades en condiciones de desventaja, se observan prácticas excluyentes, diferenciadas con respecto al peón varón. Estos comportamientos muestran las difíciles condiciones laborales y la vulneración de derechos.

Se conoce poco, sobre la participación laboral de la mujer, acompañada de sus menores hijos; hecho que acentúa los procesos de segregación laboral por sexo y por su condición de madre.

Existen también prácticas excluyentes expresadas en la segregación ocupacional, y la discriminación salarial y el trato humillante, ejercido por el contratista.