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El Estado chileno es responsable por reiteradas violaciones a DDHH durante movilizaciones expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas del orden y seguridad, que se pueden identificar desde hace años y que se han verificado en gran cantidad y en todo el país en el contexto de las últimas movilizaciones. Con esto, se pide investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violación al derecho a la vida e integridad personal.

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Comienzan investigaciones en donde la ONU reporta que se recibieron denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del estado, así como informes de delitos cometidos por terceros.
Además, enfrenta problemas por condiciones deficitarias en los centros de detención, leyes que otorgan a las autoridades amplios poderes para coartar la libertad de expresión y la independencia judicial, y restricciones significativas en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de salud reproductiva.

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En los últimos años, Brasil ha sido punto de abundantes violaciones a los Derechos Humanos en donde su presidente Jair Bolsonaro ha avalado en repetidas ocasiones la tortura y otras prácticas abusivas, y realizado declaraciones abiertamente racistas, homofóbicas y misóginas, además de esto, su campaña presidencial estuvo marcada por violencia política y amenazas contra periodistas.
Ahora bien, también la seguridad pública y la conducta policial están en la mira debido a los abusos policiales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales las cuales ayudan a aumentar la violencia, poniendo en riesgo la vida de civiles y policías. Además se habla mucho de las condiciones carcelarias, tortura, maltrato de detenidos, violación a la libertad de expresión, a los derechos de mujeres y niñas, derechos de las personas con discapacidad, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, derechos laborales, discriminación practicada contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, incluso, conflictos ambientales y vinculados con tierras.

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Se creó la nueva Guardia Nacional, que, aunque formalmente era un cuerpo policial civil, estaba conformada principalmente por personal militar y dirigida por un general del ejército. La nueva legislación sobre el uso de la fuerza no regulaba adecuadamente el uso de medios letales y armas de fuego por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y suponía una amenaza para el derecho a la libertad de reunión. La aplicación de la prisión preventiva oficiosa (obligatoria) se extendió a nuevos delitos. Hubo acoso, ataques y homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, incluidos homicidios. México prometió adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos pero, ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales, cambió su posición, con graves consecuencias para las personas migrantes y solicitantes de asilo. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

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El historial de Rusia en materia de derechos humanos continuó deteriorándose, con la restricción sistemática del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, tanto en la ley como en la práctica. Quienes intentaban ejercer este derecho se exponían a sufrir represalias en forma de hostigamiento y malos tratos policiales, detención arbitraria, fuertes multas y, en algunos casos, procesamiento y cárcel. Se aplicó la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” para atacar a personas y ONG que defendían los derechos humanos. Cientos de miembros de los Testigos de Jehová sufrieron persecución por su fe. Otras minorías vulnerables también se enfrentaron a discriminación y persecución. Se hizo amplio uso de disposiciones legales contra el terrorismo para silenciar la disidencia en todo el país y en Crimea. La tortura continuó siendo generalizada, al igual que la impunidad de sus autores. La violencia contra las mujeres seguía estando muy extendida y no se abordaba debidamente. Un anteproyecto de ley sobre violencia de género en el ámbito familiar presentado al Parlamento provocó una encendida oposición de los grupos conservadores y amenazas contra sus proponentes. Hubo devoluciones de personas refugiadas a destinos donde corrían peligro de sufrir tortura.

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El grupo armado Boko Haram continuó efectuando ataques que causaron cientos de muertes. Siguieron recibiéndose noticias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos que, en algunos casos, dieron lugar a muertes bajo custodia. Las condiciones en los centros militares de detención eran duras. Hubo violencia entre comunidades en todo el país. Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares

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Actores nacionales e internacionales han acusado al estado hondureño del uso excesivo de la fuerza, incluido el empleo de armas letales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales e intimidación, entre otras violaciones de derechos humanos en contra de manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, todo esto dentro del marco de la crisis postelectoral en Honduras, afectando de esta manera la vida y la integridad de la población.
Se pide a el Estado a que se abstenga de utilizar el uso excesivo de la fuerza contra las personas y garantice los derechos a la manifestación y a la libre expresión, asi mismo, que identifique a sus responsables y les juzgue y sancione como corresponda.

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Las autoridades reprimían a personas críticas con el gobierno, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de partidos políticos de la oposición. Se utilizaba la Ley de Orden Público para reprimir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. La policía usó fuerza innecesaria y excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente y no abordó la violencia de grupos cercanos al gobierno. El presidente atacó verbalmente al poder judicial. El nivel de inseguridad alimentaria en las zonas rurales seguía siendo alto.

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Las autoridades restringieron el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sobre todo en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación y violencia a manos de agentes estatales y no estatales. Los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, se enfrentaban a dificultades añadidas en el acceso a la asistencia médica

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El gobierno continuó aplicando un programa contra la inmigración a través de leyes y políticas dirigidas a restringir el acceso a derechos e impedir el desembarco en Italia de personas rescatadas en el mar. Hubo numerosos intentos de poner trabas y criminalizar a las ONG que rescataban personas en el mar. También continuó la cooperación con las autoridades de Libia para contener a las personas refugiadas y migrantes en ese país, a pesar de que allí seguían cometiéndose graves violaciones de derechos humanos. Miles de romaníes seguían viviendo en campos segregados, en precarias condiciones de alojamiento y en peligro de sufrir desalojos forzosos.

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Se presentaron leyes que concedían indultos y amnistías en casos de corrupción y conducta oficial indebida, lo que desencadenó protestas en todo el país. Instituciones europeas e internacionales criticaron el hacinamiento en las prisiones y las condiciones de detención deficientes. Se propusieron enmiendas a la ley reguladora de las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones. La población romaní seguía sufriendo discriminación

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Todas las partes en el conflicto cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario. Las fuerzas huzíes, que controlaban gran parte del país, lanzaron ataques de artillería contra barrios residenciales de Yemen y dispararon misiles contra Arabia Saudí de forma indiscriminada. La coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) —que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente— continuó bombardeando infraestructuras civiles y lanzando ataques indiscriminados, que mataron e hirieron a cientos de civiles. Todas las partes en el conflicto reprimieron la libertad de expresión mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos. Fueron víctimas de estas prácticas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí. Se agredió sexualmente a menores de edad con impunidad. El conflicto siguió afectando de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, y su prolongación agravó aún más la discriminación de las mujeres y las niñas. Se dictaron decenas de sentencias de muerte y se llevaron a cabo varias ejecuciones.

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Seguían restringiéndose de manera arbitraria los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Decenas de activistas huyeron del país al intensificarse la represión de la disidencia. Defensores y defensoras de los derechos humanos, personas comprometidas con el activismo político pacífico y fieles de cultos religiosos sufrieron diversas violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, juicios sin garantías por cargos relacionados con la seguridad nacional y por otros cargos poco precisos, y reclusión durante periodos prolongados. Se impusieron restricciones a la libertad de circulación de importantes activistas, que fueron también objeto de vigilancia, hostigamiento y agresiones. Algunos presos y presas de conciencia fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Se recibieron noticias sobre muertes bajo custodia policial y se mantuvo la pena de muerte

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La sequía causó el desplazamiento masivo de personas y elevó la inseguridad alimentaria al nivel de emergencia. Se informó de la muerte de hasta tres civiles en ataques aéreos y con drones estadounidenses. Kenia continuó con su programa de repatriación voluntaria de somalíes del campo de refugiados de Dadaab, y dejó de registrar a las personas recién llegadas de Somalia. El grupo armado Al Shabaab y las autoridades impusieron restricciones severas a quienes ejercían el periodismo. Aunque las mujeres hicieron pequeños progresos en la esfera política, seguía prevaleciendo la violencia sexual y de género.

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Aunque Sri Lanka siguió cumpliendo el compromiso que había asumido en 2015 de ofrecer justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición por presuntos delitos de derecho internacional, los avances fueron lentos y se observaron retrocesos. El Parlamento aprobó una reforma de la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas, creada para ayudar a las familias de las personas desaparecidas a localizarlas. No se revocó la Ley de Prevención del Terrorismo, que se siguió utilizando para detener y recluir a personas sospechosas. Continuaron las torturas y otros malos tratos bajo custodia policial. Se tuvo noticia de amenazas contra minorías religiosas y étnicas y contra defensores y defensoras de los derechos humanos

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El conflicto armado se propagó y surgieron nuevos grupos armados de oposición. Las partes en el conflicto siguieron cometiendo con impunidad crímenes de derecho internacional y abusos y violaciones de derechos humanos. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición tuvieron un impacto humanitario devastador en la población civil. Los conflictos y el hambre obligaron a desplazarse a cientos de miles de personas

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La violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra las mujeres y las niñas continuaban siendo generalizadas. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos. Las condiciones de reclusión no se ajustaban a las normas internacionales, y la detención prolongada en espera de juicio era habitual

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Es acusada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de violar los DH en contexto de fumigaciones masivas con agroquimicos ya que causaron la intoxicación de varias personas, incluidos niños, la contaminación del agua, del suelo y de cultivos, provocando una violación al derecho a la vida, vida privada, familiar y domicilio. Debido a esto en un dictamen publicado en Ginebra (14/08/2019), el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.

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Israel continuó sometiendo a discriminación institucionalizada a la población palestina que vivía bajo su gobierno en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Las fuerzas israelíes mataron a 38 personas palestinas, entre ellas 11 menores, durante manifestaciones celebradas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Muchas de ellas fueron víctimas de homicidio ilegítimo, ya que no suponían una amenaza inminente para la vida de nadie. Israel no garantizó rendición de cuentas ni reparación a las víctimas de estas graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los bombardeos aéreos y de artillería israelíes contra la Franja de Gaza mataron a 28 personas palestinas —entre ellas 10 menores— que eran civiles y no estaban participando directamente en las hostilidades. Israel mantuvo el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, sometiendo a sus habitantes a castigo colectivo y agravando la crisis humanitaria que sufrían. También continuó restringiendo mediante puestos de control y bloqueos de carretera la libertad de circulación de la población palestina en los TPO. Las autoridades israelíes mantenían detenidas ilegalmente en Israel a miles de personas palestinas de los TPO, cientos de las cuales estaban sometidas a detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y otros malos tratos bajo custodia, infligidos incluso a niños y niñas, quedaban impunes. Israel desplazó a más de 900 personas palestinas en Cisjordania como consecuencia de demoliciones de viviendas. Las autoridades empleaban diversas medidas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la persistente ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán sirios. También negaban a quienes pretendían solicitar asilo el acceso a un procedimiento justo y rápido de determinación de la condición de persona refugiada. Se encarceló a varias personas por su objeción de conciencia al servicio militar.

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Las mujeres y las niñas afrontaban obstáculos generalizados para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Los derechos de los pueblos indígenas a las tierras ancestrales estaban amenazados porque no se aplicaba legislación que los garantizara y por proyectos extractivos sobre los que no se efectuaban las consultas debidas. El gobierno adoptó un conjunto de medidas regresivas que amenazaban los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

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En 2019, el gobierno de Trump adoptó políticas y prácticas que constituían ataques discriminatorios contra los derechos humanos de algunas de las personas y comunidades más vulnerables de Estados Unidos. A nivel nacional e internacional, el gobierno estadounidense trató de reducir las protecciones de derechos humanos relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y la protección de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y otras personas frente a la discriminación. En la frontera entre Estados Unidos y México, vulnerando las leyes nacionales y el derecho internacional, las autoridades estadounidenses detuvieron, maltrataron y rechazaron a decenas de miles de solicitantes de asilo que pedían protección internacional. A consecuencia de ello, menores no acompañados, familias, integrantes del colectivo LGBTI y otras personas sufrieron abusos al quedar bloqueadas en el norte de México, así como en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Asimismo, el gobierno de Trump utilizó indebidamente cada vez más el sistema de justicia penal para amenazar y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política, a denunciantes de irregularidades y a otras personas.

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Las autoridades siguieron imponiendo severas restricciones a la libertad de circulación y de acceso a la información. El disfrute de los derechos humanos se vio gravemente obstaculizado por los controles generalizados y sistemáticos a los que era sometida la vida diaria de la población y por la frecuente presión que se ejercía sobre ésta a fin de movilizar mano de obra. Los medios de comunicación extranjeros informaron de varias ejecuciones públicas. Las personas detenidas sufrían torturas y otros malos tratos y soportaban duras condiciones. El gobierno siguió aumentando su colaboración con la comunidad internacional y, por tercera vez, sometió su historial de derechos humanos al Examen Periódico Universal de la ONU. Sin embargo, las autoridades siguieron sin permitir visitas del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.

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La población civil sufrió abusos generalizados contra los derechos humanos a consecuencia del persistente conflicto. La violencia relacionada con el conflicto produjo muertes, lesiones y desplazamientos. El número de víctimas civiles continuó siendo alto; la mayoría de ellas perdieron la vida o resultaron heridas a manos de grupos armados insurgentes, pero una importante minoría fue víctima de las fuerzas progubernamentales. El número de personas internamente desplazadas por el conflicto superó los 2 millones; fuera del país vivían unos 2,6 millones de personas refugiadas afganas. Persistía la violencia de género contra mujeres y niñas a manos de agentes estatales y no estatales.

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Las partes en el conflicto armado de Siria continuaron cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra y abusos flagrantes contra los derechos humanos. Las fuerzas del gobierno y las aliadas con ellas llevaron a cabo ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes civiles mediante bombardeos aéreos y de artillería que mataron e hirieron a cientos de personas en Idlib y Hama, en el noroeste de Siria. Las fuerzas del gobierno continuaron restringiendo el acceso a ayuda humanitaria y asistencia médica a la población civil de zonas bajo su control. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a civiles y a ex combatientes que se habían reconciliado con el gobierno, y siguieron manteniendo bajo custodia a decenas de miles de personas —entre ellas activistas cuya labor era pacífica, personal humanitario, profesionales del derecho y periodistas—, sometiendo a muchas a desaparición forzada y tortura u otros malos tratos y causando muertes bajo custodia

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(2019): Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales de manera ilegítima para sofocar las protestas, mataron a cientos de personas y detuvieron arbitrariamente a miles de manifestantes. Las autoridades detuvieron de forma arbitraria a más de 200 defensores y defensoras de los derechos humanos y en muchos casos les impusieron penas de cárcel y flagelación.

Una nueva ley permitió a las mujeres iraníes casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus hijos e hijas, pero las mujeres seguían sufriendo discriminación, y las autoridades intensificaron la represión contra las defensoras de los derechos de las mujeres que hacían campaña contra la legislación relativa al uso obligatorio del velo. Las minorías étnicas y religiosas sufrían una arraigada discriminación. La tortura y otros malos tratos, incluso mediante la negación de atención médica, seguían siendo generalizados y sistemáticos, y se cometían con impunidad.

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Dentro del país, el gobierno chino ha creado un estado de vigilancia omnipresente con el fin de lograr un control social absoluto. En la actualidad usa su influencia económica y diplomática para evadir acciones internacionales fuera de sus fronteras que reclaman que rinda cuentas por la represión. A fin de preservar el sistema internacional de derechos humanos como mecanismo efectivo para contrarrestar la represión, los gobiernos deberían cerrar filas ante los ataques de Pekín.

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Las autoridades intensificaron la represión del derecho a la libertad de expresión. Las desapariciones forzadas siguieron siendo habituales, y nadie rendía cuentas por ellas. El gobierno incumplió su compromiso de aprobar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada. El Parlamento bloqueó intentos de restringir el matrimonio precoz. Se continuó utilizando la legislación sobre la blasfemia para perseguir a las minorías religiosas, que también fueron atacadas por agentes no estatales. La lucha por la justicia climática salió a la calle, con movilizaciones populares en las principales ciudades, en las que se pidió al gobierno que mostrara su liderazgo tanto fuera como dentro de Pakistán, uno de los países más vulnerables al cambio climático.

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En Papúa estalló la violencia, con agresiones racistas tanto verbales como físicas contra la población papú, que en ocasiones respondió pacíficamente y, en otros casos, con violencia.

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El gobierno no protegió a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Siguió abusándose de disposiciones del derecho penal para limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos —que, en general, quedaron impunes—, utilizando fuerza excesiva durante las labores policiales y de seguridad.

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Estos hallazgos revelan que las autoridades egipcias han sometido a menores de edad a espantosas violaciones de derechos, como tortura, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y desaparición forzada durante periodos de hasta siete meses, mostrando un absoluto y lamentable desprecio hacia los derechos de la infancia.

Aún así, el Servicio de Información del Estado de Egipto publicó un comunicado de prensa en el negaba que se hubiera cometido ninguna violación de derechos humanos contra menores de edad. En su comunicado, señala que la información de Amnistía Internacional “no se basa en fuentes fundadas” ni proporciona “pruebas fiables” que corroboren sus denuncias de tortura y desaparición forzada, y argumenta que actuó conforme a la legislación egipcia y el derecho internacional.

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La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos. Las principales víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaba la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y las amenazas y homicidios que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Persistía la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual.

La ausencia de autoridades del Estado y su desatención hacia los territorios controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) dejaron un vacío de poder en zonas históricamente disputadas por varios grupos armados por sus recursos naturales o su ubicación estratégica. Esta situación exacerbó los problemas estructurales de desigualdad, exclusión y pobreza extrema que afectaban a la mayoría de la población campesina y a las comunidades afrodescendientes e indígenas, con distinto impacto en función del género. En este contexto, en 2019 los homicidios de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos alcanzaron niveles históricos.

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Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos persisten en Venezuela.
La población venezolana sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos.