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Federico Renjifo, Minminas, dijo que los alcaldes tienen elementos para enfrentar este problema.

Tanto las alcaldías como las autoridades de Policía tienen herramientas para enfrentar la minería ilegal en todo el país y por esta razón, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, hizo un llamado a las administraciones para que utilicen esos mecanismos.El funcionario, que se reunió este lunes en Cali con el Bloque Parlamentario, expresó que el Gobierno Nacional ha creado varias herramientas para facilitar las acciones del autoridades contra la minería ilegal, que en el caso del Valle del Cauca, está afectando no solo el medio ambiente, sino grandes proyectos como la doble calzada Loboguerrero a Buenaventura y la red férrea. "El Gobierno sancionó varios decretos, entre ellos, uno que permite la destrucción de la maquinaria que se encuentre en desarrollo de actividades mineras ilícitas. También hay limitaciones en la importación de maquinaria para esta labor y se está presentando la reforma al código penal para aumentar las penas a la minería ilegal", explicó Renjifo.Según el Ministro, la autoridad local debe ejercer su función para combatir este flagelo. "No quiero señalar si existe una responsabilidad local, pero hay herramientas y la Policía tiene un plan de trabajo en este tema", dijo.El representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, considera que aunque los alcaldes tienen la potestad de decomisar la maquinaria que se utilice para la minería ilegal, estos no lo han hecho porque no tienen la capacidad institucional para reaccionar ante estos casos. Explicó que el Congreso está dispuesto a dar todo su apoyo al proyecto de ley que establece medidas fuertes para combatir este tipo de minería. "A partir de la vigencia de esta ley, que esperamos salga a mitad de año, los alcaldes y las autoridades tendrán más herramientas para decomisar o destruir los equipos que encuentren laborando sin licencia", dijo.En peligro la doble calzadaMaría Claudia Álvarez, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, afirmó que la minería ilegal tiene suspendidos algunos tramos de la doble calzada Buga a Buenaventura. "Hay un puente que no se ha podido construir entre Zaragoza y Bendiciones por la presencia de mineros. No podemos seguir siendo espectadores de una situación que nos aterra, que puede acabar con la infraestructura de la vía más importante del país", dijo.Explicó también que los operadores del tren del Pacífico han tenido que reforzar estructuras, en algunos puntos de la vía férrea, para evitar que socavones hechos por la minería afecten la infraestructura.Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, dijo que esta problemática genera además sobrecostos en el desarrollo de la doble calzada. "Vemos que obras que ya se habían construido se ha desestabilizado y hay que hacer adiciones presupuestales, con toda la complejidad que eso representa. Los contratistas se atrasan y la situación de la doble calzada al Puerto se hace insostenible", dijo.Se estima que en el Valle hay unas 30.000 familias que dependen de la minería, de las cuales 10.000 son ilegales.

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La minería ilegal sí tiene como combatirse: Federico Renjifo, Minminas

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Federico Renjifo, Minminas, dijo que los alcaldes tienen elementos para enfrentar este problema.

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Atendiendo una tutela interpuesta por varias comunidades indígenas de Córdoba contra la empresa minera Cerro Matoso, la Corte Constitucional en sentencia decidió que la compañía deberá tramitar una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes, luego de que se comprobara la "existencia de una grave situación de vulneración de derechos fundamentales en la zona" donde desarrolla la operación de este complejo minero.

(Lea: Cerro Matoso pagó $70.000 millones en regalías durante el 2016)

De acuerdo con el contenido de la tutela, la minera habría realizado actividades de exploración en este departamento afectando el medio ambiente de las comunidades indígenas, lo que generado enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas, entre otras.

(Lea: 'En 39.000 toneladas calculamos la producción de níquel en el 2018')

El documento también ordenó a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior realizar el respectivo trámite con las comunidades con el fin de fijar medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los perjucios que podrían generar las labores extractivas de la compañía minera.

Adicional a esto, el Alto Tribunal también dijo que Cerro Matoso deberá pagar los prejuicios causados a los integrantes de las comunidades indígenas de la zona y financiar la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas.

En caso de que la minera no cumpla con estas órdenes, la Corte dice que el juez que primero conoció este caso puede ordenar "la suspensión de sus actividades extractivas".

Además, el alto tribunal aseguró que el Ministerio de Salud debe crear una brigada para valorar las enfermedades de las comunidades afectadas, y la minera debe brindar una atención integral y permanente "a aquellas personas que padecen enfermedades relacionadas con la explotación minera de níquel y ferroníquel".

El fallo de la corte también estableció que la "licencia ambiental de Cerro Matoso no se ajusta a lo estándares constitucionales de protección al medio ambiente".

Los tutelantes contaron que el 27 de diciembre del 2012 la Agencia Nacional de Minería y la empresa Cerro Matoso suscribió un otrosí al contrato número 041-96M con el que se modificaron aspectos claves de la negociación que regían la operación minera y extendieron la actividad hasta el año 2064.

En su decisión, el alto tribunal reconstruyó la historia de las comunidades indígenas que viven cerca de la mina, los cambios en el contrato de exploración y explotación minera, la evolución de daños ambientales, y analizó el derecho a la consulta previa, y otros puntos claves.

LA RESPUESTA DE LA MINERA

Luego de darse a conocer este fallo, Cerro Matoso S.A. emitió un comunicado en el cual asegura que, a la fecha, no ha sido notificada al respecto por el alto tribunal.

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Corte Constitucional hace observaciones y requerimientos a la operación minera en Cerro Matoso

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Atendiendo una tutela interpuesta por varias comunidades indígenas de Córdoba contra la empresa minera Cerro Matoso, la Corte Constitucional en sentencia decidió que la compañía deberá tramitar una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes, luego de que se comprobara la "existencia de una grave situación de vulneración de derechos fundamentales en la zona" donde desarrolla la operación de este complejo minero.

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La criminalidad se pega de esta nueva "gallina de los huevos de oro" para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.

Hemos dicho con anterioridad que la locomotora minera de Juan Manuel Santos pareciera, en ocasiones, no tener rieles. Si esto es así, la ilegal está desbocada, no tiene ni siquiera frenos. La idea es ponerle uno. El problema de la minería ilegal, sin embargo, refleja dos padecimientos endémicos de este país: la falta de institucionalidad y la falta de estudios pertinentes que tengan un nivel de precisión aceptable.

Empecemos por lo segundo. Puede que suene a una exigencia de académicos recalcitrantes, pero hace alrededor de 10 años Colombia no ha podido diferenciar, en la práctica y con detalle, la minería ilegal -la que tiene permeabilidad de capitales non sanctos- de la artesanal -la que se hace por parte de pequeñas comunidades-. Esto es grave, sobre todo porque ya ha sido firmado un primer decreto (de los muchos que se vienen) en el que se dispone la destrucción de la maquinaria que se encuentre en actividades de "minería ilegal". ¿Cómo diferenciar la una de la otra? No hablamos de los casos claros, sino de los grises, en los que un policía cualquiera en una región cualquiera no sabría si aplicar el poder inmenso que le concede la ley. O, más bien, que lo aplicara, cometiendo una arbitrariedad que en parte no es su culpa. ¿Se verían perjudicados mineros artesanales, esos que el mismo gobierno quiere proteger y subir de "escala"?

El otro problema, el principal, es el de la institucionalidad. La falta de ella, mejor. Los pequeños mineros han quedado en una zona de penumbra desde hace muchos años. No se sabe quiénes son, no hay una línea divisoria clara entre ellos y los ilegales para poder aplicar de forma coherente una ley que castigue a estos últimos, como pronto va a suceder. Y lo mismo pasa cuando uno piensa suspicazmente en la corrupción -e influencia- que la minería ilegal puede tener en, digamos, las autoridades. Esto refleja, sobre todo, la debilidad del Estado para afrontar un problema que ha crecido a la sombra, pero que tiene una impronta innegable y demasiado fuerte.

Antes que tomar medidas represivas y expedir leyes que combatan sin tregua a la llamada "minería ilegal", el Gobierno debería pensar, más bien, en entender el fenómeno al que se está enfrentando. No sólo sabiendo distinguir bien los distintos tipos de minería para que su fuerza legal tenga claro a dónde ir a atacar, cometiendo el mínimo de errores, sino que también debería llenar de Estado los sitios ocupados por la marginalidad. Esto sólo se puede hacer dándoles papeles más protagónicos al Ministerio del Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Minería que, según lo que le dicen los expertos a este diario, sigue siendo una institución de papel.

La iniciativa es buena. Es hora de preocuparnos y estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo. El freno de la minería ilegal es necesario. Pero debe hacerse de la forma adecuada.

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¿Qué hacer con la minería ilegal? | ELESPECTADOR.COM

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La criminalidad se pega de esta nueva "gallina de los huevos de oro" para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.

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La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos.

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La actividad minera en Colombia puede significar una gran oportunidad para el desarrollo del país el impulsor del mayor daño ambiental de la historia

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La actividad minera en Colombia puede significar una gran oportunidad para el desarrollo del país el impulsor del mayor daño ambiental de la historia

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Ejemplos de ecosistemas afectados.
Ver mayor información en: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/mineria-ilegal-en-colombia-problematica-ambiental-y-economica/16460194/1/index.html

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Oro, carbón y esmeraldas son los más conocidos. Sin embargo, el subsuelo colombiano da para mucho más. Se estima que en Colombia solo se ha explorado y explotado 5% del área que potencialmente tiene oro, 1% del área rica en esmeraldas y el 8% de los yacimientos de níquel.