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Para apresurar la acción de la justicia se creará un nuevo tipo de juez, que es el Juez de Control, resolverá de forma rápida y por el medio más veloz las demandas que le realice el Ministerio Público de medidas cautelares o precautorias y técnicas de indagación, respetando las garantías de la víctima y el imputado. De cada una de las comunicaciones entre jueces de Control, Ministerio Público y otras autoridades, se llevará un registro preciso. Para iniciar el proceso, en sustitución del Auto de Formal Prisión, se librará un Auto de Vinculación a Proceso. Esto quiere decir que en casos menores o de escasa peligrosidad, si el juez estima que el imputado no provocará mal, n  o se escapará y no pondrá en peligro la indagación, la vida o la totalidad de otras personas, va a poder afrontar el proceso en independencia, y quedará a elección del Juez la aplicación de medidas que aseguren la comparecencia del imputado a las audiencias del proceso. En caso primordial, el Juez va a poder solucionar la prisión preventiva por tiempo reducido.

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Se establecerán normas compartidas por los 3 directivas de régimen para la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de cada una de las instituciones, policías, Ministerio Público y peritos.
Se fortalecerá el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la obligación de Jos municipios, los estados y la Federación de coordinarse mejor para perseguir a la delincuencia.

Compartir información va a ser la base más sólida del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se crearán mecanismos para que la sociedad participe en la evaluación de las políticas de estabilidad pública.

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Se define la delincuencia organizada como la "organización de hecho de tres o más personas, para cometer cielitos en forma permanente o reiterada", lo que se reglamentará en las leyes penales.
Se definen con toda claridad los tipos de bienes respecto de los cuales el juez va a poder decretar la extinción de dominio o confiscación en favor del Estado, dejando a salvo la probabilidad de impugnar la decisión por quienes logren enseñar que son características legítimas. La extinción de dominio busca debilitar la poderosa base económica de la delincuencia estructurada.
Una vez que la seguridad de víctimas o testigos lo necesite, el juez va a poder dictaminar que su identidad sea resguardada.

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Los críticos de la reforma aseguran que el arraigo viola los derechos humanos pues establece un sistema de discriminación para los habitantes considerados miembros de bandas de delincuencia estructurada, lo cual viola sus derechos humanos.
El argumento en contra pretende desconocer la verdadera peligrosidad de la delincuencia estructurada, no solamente en México sino internacionalmente. Quienes argumentan que el verdadero objetivo es actuar en oposición a movimientos o peleas sociales, desconocen que el gran riesgo para el Estado mexicano, como para otros Estados nacionales, es la amenaza que representan las bandas criminales transnacionales con un gran poder económico, armas y capacidad para amedrentar y corromper a policías, representantes del Ministerio Público, peritos y jueces, y afectar a la sociedad.

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Porque la gran mayoría no confía en los policías municipales, estatales ni federales. También pasa lo mismo con los jueces estatales y federales.
Los policías federales, estatales y municipales, actúan con criterios diferentes, lo que hace muy difícil su coordinación para combatir la delincuencia.
También se debe a que la delincuencia organizada ha alcanzado un enorme poder económico, cuenta con armas modernas y de alto poder, con aviones y vehículos para transporte de drogas.
El sistema parece rebasado por la delincuencia.
Con mucha frecuencia la gente acusada no puede pagar la fianza debido a su situación social.
Menos de 5 de cada 100 delitos son perseguidos y castigados.

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¿Cómo se pasará del viejo al nuevo sistema?

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¿Cómo se pasará del viejo al nuevo sistema?

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Se destinarán recursos para capacitar a todos los operadores del sistema de estabilidad y Justicia penal, y para edificar y adaptar las instalaciones primordiales para los juicios orales.
Los dos sistemas podrán estar vigentes por un periodo máximo de ocho años, de modo que la reforma pueda darse poco a poco y ordenadamente en todo el país.
Se establecen tres años para la reforma de las cárceles.