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El domingo 25 de octubre de 2020.

El 78,27% de los ciudadanos que votaron en el Plebiscito, aprobaron iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución, mientras que el órgano encargado de hacerlo será la Convención Constitucional, que se impuso a la opción de Convención Mixta por un 78,99%.

Las personas con derecho a sufragio que concurran a votar, recibirán dos papeletas (o votos) con las opciones que se indican a continuación:

Luego del Plebiscito del 25 de octubre de 2020, se realizó la elección de los 155 miembros de la Convención Constitucional, durante los días 15 y 16 de mayo de 2021.

La Convención Constitucional está integrada por 155 miembros elegidos en votación popular el 15 y 16 de mayo de 2021, conforme a los mismos distritos que para la elección de Diputados (28 distritos) y conforme a un sistema proporcional. En esa elección se aplicaron normas especiales para facilitar la participación de independientes y para que exista equilibrio de género entre los hombres y mujeres electos. Además, gracias a una reforma constitucional se logró reservar 17 escaños a representantes de los pueblos originarios en la Convención.

Los miembros de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención.

La Constitución señala que la Convención tendrá un Presidente y un Vicepresidente, ambos electos por mayoría absoluta de los miembros de la Convención, además de una secretaría técnica conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Luego, corresponderá a la propia Convención establecer las reglas de funcionamiento.

La Convención tiene por objeto exclusivo redactar y aprobar una nueva Constitución, por lo que no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función de otros órganos o autoridades.

Además, en la redacción de la nueva Constitución deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile.

Se ha dicho que la nueva Constitución se escribirá desde una "hoja en blanco". Esto quiere decir que la Convención deberá escribir un nuevo texto constitucional y no una reforma a la Constitución vigente.

La Convención deberá aprobar las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación de las mismas, por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio, ya que el objetivo es generar un alto grado de consenso en el texto constitucional que se propondrá a votación en el plebiscito del año 2022.

Sí. Esas reclamaciones serán resueltas por cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.

La convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, plazo prorrogable por tres meses adicionales, pero por una sola vez.

Una vez concluido el trabajo de la Convención, ésta deberá entregar su propuesta al Presidente de la República quien deberá convocar a un nuevo plebiscito, a celebrarse sesenta días después de publicada la convocatoria (o el domingo siguiente si los sesenta días no cayeran en día domingo). En este plebiscito, el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales para las personas habilitadas para votar y que no lo hagan. El voto tendrá el siguiente texto: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una para cada una de las opciones de voto: "Apruebo" y "Rechazo".

El Presidente de la República debe convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha.

Permanece la Constitución de 1980 y sus reformas (sin perjuicio de las reformas que pueda incorporar el Congreso Nacional como lo ha hecho hasta ahora).

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El domingo 25 de octubre de 2020. El 78,27% de los ciudadanos que votaron en el Plebiscito, aprobaron iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución, mientras que el órgano encargado de hacerlo será la Convención Constitucional, que se impuso a la opción de Convención Mixta por un 78,99%.

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EL INICIO DE LA CONSTITUCION CHILENA Y COMO SE SE REDACTARA 

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EL INICIO DE LA CONSTITUCION CHILENA Y COMO SE SE REDACTARA 

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Este domingo se inaugura en Chile la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Comienzan así los 9 meses, prorrogables por tres más, de que disponen para ponerse de acuerdo y generar un nuevo texto, una de las principales demandas del estallido social de octubre de 2019.

Los 155 convencionales constituyentes elegidos en las elecciones del pasado 15-16 de mayo inauguran este domingo 3 de julio la primera sesión de la Convención, iniciando así la cuenta atrás para el período de su redacción. Son 78 hombres y 77 mujeres, en el primer organismo paritario de este tipo en el mundo.

En la ceremonia no participarán, según se sabe hasta el momento, ninguna autoridad del estado, después de que algunos de los sectores de los constituyentes rechazaran la participación del Gobierno y la figura del presidente, Sebastián Piñera.

Hay convocadas, además, al menos tres manifestaciones, algunas convocadas por la propia Lista del Pueblo, el grupo de 27 constituyentes que fue la mayor sorpresa de las elecciones y que provienen directamente de las personas y los grupos que salieron a manifestarse durante meses a partir de octubre de 2019 por un Chile distinto.

En esta primera sesión, todos los constituyentes deberán elegir por mayoría a la persona que ocupe la presidencia y la vicepresidencia de la Convención.

Las propuestas presentadas hasta ahora favorecen la presidencia de una mujer que podría proceder de uno de los 17 escaños que fueron reservados a los diez pueblos originarios de Chile para dar una señal política de cambio.

Varios grupos de constituyentes que se han reunido en semanas anteriores propusieron a Elisa Loncon, mujer, mapuche, académica y activista de las lenguas de los pueblos indígenas.

"Es importante dar señales de que el país avanza hacia una sociedad más plural, más representativa, sobre todo desde el punto de vista de la incorporación de los pueblos originarios al proceso y también la igualdad política entre hombres mujeres", analiza para France 24 Rodrigo Espinoza, coordinador y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

"Se rechazó de plano que en la ceremonia inaugural estuvieran los poderes del Estado (...) porque el mensaje sobre todo de los sectores más de izquierda es que 'nosotros no tenemos nada que ver con los poderes que ya están constituidos'", que cuentan con el rechazo de la ciudadanía. "Se ha marcado una línea divisoria, los poderes constituidos forman parte del pasado que se quiere transformar con la nueva Constitución", afirma el analista político.
Del 4 de julio al 4 de septiembre: definición de reglamento
En los primeros dos o tres meses de funcionamiento, la Convención deberá definir de forma autónoma su reglamento, la composición de las mesas y las comisiones en relación a los distintos temas y áreas a tratar. Los convencionales contarán con presupuesto para contratar asesorías técnicas.

El reglamento deberá definir cómo va a funcionar la Convención, cuántas comisiones va a tener, cómo van a votar, si habrá participación ciudadana y cómo se concretará ésta, normas de ética y regular todo lo relacionado a conflictos de interés.

"Hay propuestas de reglamentos bastante interesantes por parte de movimientos feministas", señala Espinoza. "Que las comisiones más relevantes no se asignen solo a hombres (como ocurre en el Congreso), que se respete el derecho de las mujeres de estar con sus familias, con sus hijos, que el reglamento considere paridad también en la confirmación de todas las comisiones", afirma.

Una de las principales polémicas en los días previos a la inauguración fue que el Gobierno destinó una partida de 500 millones de pesos a participación ciudadana para la Convención, prácticamente el mismo monto que los 488 millones destinados a seguridad.

Algunos parlamentarios reclamaron que la participación ciudadana debía pesar más en el presupuesto. Además, también señalaron que la empresa de seguridad elegida para brindar protección a la Convención tendría en sus componentes a personas que formaron parte de la guardia personal del dictador Augusto Pinochet y del primer presidente en democracia, Patricio Aylwin y que acumularía más de 197 causas por diversos atropellos laborales a sus empleados, como no respetar sus descansos o reducir salarios sin acuerdo. La información la difundióel medio de investigación Cipe
Del 4 de abril al 4 de julio de 2022: elaboración de una nueva Carta Magna
Los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de 9 meses, prorrogables por tres más, para elaborar un nuevo texto Constitucional.

"Es un plazo realista, ha habido convenciones constituyentes que han tomado menos tiempo y otros que han tomado más. La colombiana se hizo en 6 meses, la boliviana no alcanzó, hubo que prorrogarla después con otros pactos políticos, hubo que darle más tiempo y así y todo tampoco alcanzó", explica María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Para ser un órgano que va a estar solo dedicado a la Constitución que no tiene otras leyes y otras funciones, "es un tiempo adecuado", señala: "Va a depender mucho de cómo se organice la Convención internamente, cómo se de el diálogo de su sistema de toma de decisiones", establece la experta.

El quórum necesario para lograr acuerdos en puntos clave es de dos tercios, algo que podría dificultar el avance de los diálogos.

Espinoza explica que el acuerdo que dio lugar al plebiscito estableció que la Convención se regirá por el principio de la hoja en blanco, es decir que, cuando no haya acuerdos de dos tercios en algún tema, se remitirá a una hoja en blanco y tendrá que lograrse algún tipo de conciliación. No se acudirá al texto de la Constitución de 1980 "como había propuesto inicialmente la derecha", señala.

Dadas las diversas polémicas que ha precedido a la instalación Convención, se puede pronosticar un clima de ciertos conflictos. "El mayor desafío de la Convención será la capacidad de que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo", señala Espinoza, dado que ningún grupo tiene la mayoría.

"Tenemos una Convención Constitucional compuesta en su mayoría por independientes", y estos grupos, sobre todo la Lista del Pueblo, "desconocen los poderes instituidos". Para Espinoza, esto es un error porque "todos los grupos tienen derecho a voz".

"Hay un ambiente políticamente bastante convulsionado, polarizado, sobre todo porque hay sectores más radicales que creen que la Convención Constitucional va a estar prácticamente en un búnker y se va a aislar del mundo para redactar la nueva Constitución", señala Espinoza.

Para el analista, la Convención debería ser un organismo abierto que empiece "a poner a prueba el músculo de la negociación y la tolerancia y empezar a dialogar para evitar posturas radicales".
4 de septiembre de 2022
Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto.

En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la Constitución de 1980. Sin embargo, Espinoza cree que es algo altamente improbable.

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Empieza el proceso constituyente en Chile: ¿cómo se construirá la nueva Carta Magna?

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Este domingo se inaugura en Chile la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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Todos los antecedentes necesarios de saber para el proceso plebiscitario del 25 de octubre de 2020, en que la ciudadanía chilena aceptará o rechazará la creación de una nueva Constitución Política, así como también el tipo de órgano que la redactará

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El contrato social y la desigualdad

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Proceso constituyente en Chile:  El contrato social y la desigualdad

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Como será el proceso constituyente

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¿Cómo será el proceso constituyente? - #T13TeExplica

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LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 

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LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 

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Artículo 127
Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.
El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.
En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.
Artículo 128
El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.

Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.
Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior, y se devolverá al Presidente para su promulgación.
En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo.
La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.
Artículo 129
La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.
El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la República , o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.
El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.
Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.
Del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República
Artículo 130. Del Plebiscito Nacional.

Tres días después de la entrada en vigencia de este artículo, el Presidente de la República convocará mediante un decreto supremo exento a un plebiscito nacional para el día 25 de octubre de 2020.

En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta: "¿Quiere usted una Nueva Constitución?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la expresión "Rechazo", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

La segunda cédula contendrá la pregunta: "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión "Convención Mixta Constitucional" y la segunda, la expresión "Convención Constitucional". Bajo la expresión "Convención Mixta Constitucional" se incorporará la oración: "Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio". Bajo la expresión "Convención Constitucional" se incorporará la oración: "Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

A efecto de este plebiscito, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 1 de enero de 2020:

a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en los siguientes pasajes: Párrafo V, Párrafo VI, con excepción del inciso sexto del artículo 32 e incisos segundo a cuarto del artículo 33, Párrafo VII, VIII, IX, X y XI del Título I; Título II al X inclusive; Título XII y XIII;

b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral;

c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, en los siguientes pasajes: Título I, V, VI, IX y X.

Los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente treinta minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en cada cédula, conforme a un acuerdo que adoptará el Consejo Nacional de Televisión y que será publicado en el Diario Oficial, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación de la convocatoria al plebiscito nacional, respetando una estricta igualdad de promoción de las opciones plebiscitadas. De este acuerdo podrá reclamarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de tres días contado desde la publicación del mismo. El Tribunal Calificador de Elecciones resolverá la reclamación sumariamente dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de su respectiva interposición.

El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Para estos efectos, los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos. El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Si la ciudadanía hubiere aprobado elaborar una Nueva Constitución, el Presidente de la República deberá convocar, mediante decreto supremo exento, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior, a elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta elección se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2021.

Artículo 131. De la Convención.

Para todos los efectos de este epígrafe, se entenderá que la voz "Convención" sin más, hace referencia a la Convención Mixta Constitucional y a la Convención Constitucional, sin distinción alguna.

A los integrantes de la Convención se les llamará Convencionales Constituyentes.

Además de lo establecido en los artículos 139, 140 y 141 de la Constitución, a la elección de Convencionales Constituyentes a la que hace referencia el inciso final del artículo 130, serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de diputados, contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 25 de junio del año 2020:

a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con excepción del inciso quinto del artículo 32;

b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral;

c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos;

d) Decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

El proceso de calificación de la elección de Convencionales Constituyentes deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta. La sentencia de proclamación será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Artículo 132. De los requisitos e incompatibilidades de los candidatos.

Podrán ser candidatos a la Convención aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución.

No será aplicable a los candidatos a esta elección ningún otro requisito, inhabilidad o prohibición, salvo las establecidas en este epígrafe y con excepción de las normas sobre afiliación e independencia de las candidaturas establecidas en el artículo 5, incisos cuarto y sexto, del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Los Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicio, los miembros del Consejo del Banco Central, los miembros del Consejo del Servicio Electoral, los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; los consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que declaren sus candidaturas a miembros de la Convención, cesarán en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución, desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial a que hace referencia el inciso primero del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700. Lo dispuesto precedentemente le será aplicable a los senadores y diputados solo respecto de la Convención Constitucional.

Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial mencionado en el inciso anterior.

Artículo 133. Del funcionamiento de la Convención.

Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a que hace referencia el inciso final del artículo 131, el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además, el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha instalación deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del decreto.

En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.

La Convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.

Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención.

Artículo 134. Del estatuto de los Convencionales Constituyentes.

A los integrantes de la Convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con excepción de los incisos primero y segundo; 58, 59, 60 y 61.

A contar de la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, los funcionarios públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los trabajadores de las empresas del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de remuneraciones mientras sirvan a la Convención, en cuyo caso no les serán aplicables lo señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución.

Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, aplicables a los diputados, y a la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Serán compatibles los cargos de parlamentario e integrantes de la Convención Mixta Constitucional. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional se encuentre en funcionamiento.

Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.

Artículo 135. Disposiciones especiales.

La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.

Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla.

En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.

El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 136. De la reclamación.

Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.

Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada.

La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado.

La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial, y el perjuicio que causa.

El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un Auto Acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en artículo 93 número 2 de la Constitución.

La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá resolverse dentro de los diez días siguientes desde que se entró al conocimiento del asunto. Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno.

Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo.

No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso final del artículo 135 de la Constitución.

Artículo 137. Prórroga del plazo de funcionamiento de la Convención.

La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses.

La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la Presidencia de la Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses. Presentada la solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial, en la cual la Presidencia deberá dar cuenta pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar constancia en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel en que venza el plazo original.

Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho.

Artículo 138. De las normas transitorias.

La Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la Nueva Constitución.

La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial.

La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.

Artículo 139. De la integración de la Convención Mixta Constitucional.

La Convención Mixta Constitucional estará integrada por 172 miembros, de los cuales 86 corresponderán a ciudadanos electos especialmente para estos efectos y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso Pleno, conformado por todos los senadores y diputados en ejercicio, los que podrán presentar listas o pactos electorales, y se elegirán de acuerdo al sistema establecido en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que refiere a la elección de diputados.

Artículo 140. Del sistema electoral de la Convención Mixta Constitucional.

En el caso de los Convencionales Constituyentes no parlamentarios, estos serán elegidos de acuerdo a las reglas consagradas en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en su texto vigente al 25 de junio del 2020 y serán aplicables los artículos 187 y 188 del mismo cuerpo legal, con las siguientes modificaciones:

Distrito 1º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 2º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 3º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 4º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 5º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 6º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 7º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 8º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 9º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 10º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 11º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 12º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 13º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 14º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 15º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 16º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 17º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 18º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 19º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 20º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 21º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 22º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 23º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 24º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 25º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 26º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 27º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; y

Distrito 28º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes.

Artículo 141. De la integración de la Convención Constitucional.

La Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanos electos especialmente para estos efectos. Para ello, se considerarán los distritos electorales establecidos en los artículos 187 y 188, y el sistema electoral descrito en el artículo 121, todos del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que se refiere a la elección de diputados, a su texto vigente al 25 de junio del 2020.

Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención.

Artículo 142. Del Plebiscito Constitucional.

Comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta.

El sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

El ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales.

No incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Las personas que durante la realización del plebiscito nacional constitucional desempeñen funciones que encomienda el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se eximirán de la sanción establecida en el presente artículo remitiendo al juez competente un certificado que acredite esta circunstancia.

El conocimiento de la infracción señalada corresponderá al juez de policía local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº 18.287.

En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta, según corresponda a la Convención que haya propuesto el texto: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Mixta Constitucional?" o "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas, tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la palabra "Rechazo", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

Este plebiscito deberá celebrarse sesenta días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero, si ese día fuese domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. Con todo, si en conformidad a las reglas anteriores la fecha del plebiscito se encuentra en el lapso entre sesenta días antes o después de una votación popular de aquellas a que hacen referencia los artículos 26, 47 y 49 de la Constitución, el día del plebiscito se retrasará hasta el domingo posterior inmediatamente siguiente. Si, como resultado de la aplicación de la regla precedente, el plebiscito cayere en el mes de enero o febrero, el plebiscito se celebrará el primer domingo del mes de marzo.

El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esta fecha, quedará derogada la presente Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo Nº 100, de 17 de septiembre de 2005.

La Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos educacionales, públicos o privados; bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado. Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución.

Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.

Artículo 143. Remisión.

Al plebiscito constitucional le será aplicable lo dispuesto en los incisos cuarto a sexto del artículo 130.

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Capítulo XV: Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República - Senado - República de Chile

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Artículo 127 Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

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Chile Constituyente es una plataforma informativa e interactiva generada por el Gobierno de Chile en colaboración con organizaciones internacionales, universidades e instituciones públicas.

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Portada

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LOS QUE DEFIENDES LAS LEYES HABLAN E LA CONSTITUCION 

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LOS QUE DEFIENDES LAS LEYES HABLAN E LA CONSTITUCION 

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El ejercicio del poder constituye pero no solo constituye el derecho.

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El autor repasa los intentos de validación que tuvieron las Constituciones de 1933, 1925 y 1980, y destaca los factores que cree que influirán en la legitimación de la nueva Constitución. La presencia de cabildos y asambleas territoriales, la incorporación de mecanismos concretos de democracia directa y la garantía de derechos fundamentales, además del reconocimiento y protección de grupos sociales postergados, podrían ser la clave. A juicio del autor, la Constitución permitirá enfrentar los desafíos de la crisis social y política, pero no será una solución final.

Transparencia: El autor es candidato a Constituyente por el Distrito 7 (Región de Valparaíso), independiente en cupo de Convergencia Social. No trabaja para, ni recibe financiamiento de compañía u organización alguna que pudiera beneficiarse de la publicación de este artículo.

Las Constituciones políticas mantienen una peculiar relación con el tiempo. No solo por la pretensión de que rijan más allá de la generación que las redacta, sino por lo difícil que es determinar el momento en que comienzan a poseer plena vigencia normativa (jurídica) y social (política), o bien, cuando dejan de tenerlas.

Por regla general, la norma jurídica genera su efecto desde el momento en que es publicada en el Diario Oficial y hasta que es derogada o reformada. Sin embargo, las Constituciones son mucho más que normas. Su finalidad no se agota en establecer las bases fundamentales para la aplicación del ordenamiento jurídico. Tienen una dimensión propiamente política que el resto de las normas jurídicas no comparte (al menos no de la misma forma), puesto que distribuyen y organizan el ejercicio del poder en la sociedad.

Por esta razón, su legitimidad democrática no depende solamente del respeto riguroso y formalista hacia el proceso de generación de la ley, sino de la forma en la que un pueblo se reconoce a sí mismo en esa regulación. En otras palabras, el ejercicio del poder constituyente no solo constituye al Derecho, sino también a una determinada manera de organización política de la sociedad. Esta dimensión política de las Constituciones es una de las características que las hace una norma jurídica tan especial, cuya aplicación no responde a criterios estrictamente formales.

QUÉ ENSEÑAN LAS CONSTITUCIONES PASADAS

La Constitución de 1980 es un buen ejemplo para comprender el impacto de la distinción entre las dimensiones jurídica y política. Desde un punto de vista legal, su plena vigencia comenzó el 11 de marzo de 1990, pero desde un punto de vista político, ese texto constitucional nunca fue aceptado como legítimo por el pueblo, pues nunca se reconoció en las estrechas fronteras de un Estado subsidiario y de derechos mercantilizados.

De hecho, fueron múltiples los intentos por legitimar ese orden constitucional, desde el fraudulento plebiscito del 11 de septiembre de 1980 hasta las reformas constitucionales de 2005, pasando por el referéndum de 30 de julio de 1989 y una persistente estrategia discursiva impulsada por la clase dirigente destinada a legitimar dicho orden a través de su sola implementación, es decir, a través de su ejercicio.

Desde cierta perspectiva, la Constitución de 1980 logró canalizar las prácticas políticas institucionales dentro de los cauces de una democracia protegida, de baja intensidad. Pero desde una perspectiva política, en tanto norma que refleja un acto de reafirmación existencial del pueblo soberano, ese mismo texto nunca logró consolidarse como un proyecto político democrático, a pesar de las décadas que han transcurrido (tanto desde su promulgación como desde el término de la dictadura).

La implementación de las Constituciones no es automática ni sigue las mismas reglas generales que se aplican a otras normas jurídicas, precisamente porque su legitimación responde a un proceso político y cultural en virtud del cual el pueblo se apropia del texto. No solo lo reconoce como legítimo, sino que desenvuelve su vida en sociedad aceptando y validando el marco constitucional como si hubiese sido configurado por él mismo.

Pensemos en lo que ha ocurrido en la historia de Chile con sus textos constitucionales más importantes.

Los proyectos constitucionales de las décadas de 1810 y 1820 no lograron consolidarse, siendo reemplazados sucesivamente por textos que cambiaban de manera significativa el rumbo previsto por ellos. El último de ellos, la Constitución de 1828, sucumbió en la guerra civil del año siguiente. La Constitución de 1833, por su parte, se sostuvo sobre precarias bases de legitimidad, primero porque fue redactada por el sector conservador que ganó la guerra -el presidente Prieto (1831-1841) fue el general victorioso-, luego porque la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana sirvió para acallar las críticas políticas, al punto de que quien lideró el triunfo de las tropas chilenas, Bulnes (1841-1851), nuevamente fue erguido como Presidente.

Hacia finales de la década de 1840 se hicieron sentir las severas objeciones democráticas a esta Constitución, especialmente de la mano de Francisco Bilbao y Santiago Arcos, antesala a las importantes revueltas sociales de la década siguiente, bajo la presidencia de Montt (1851-1861). Fue recién durante el gobierno de Pérez (1861-1871) que la aplicación de la Constitución de 1833 se normalizó, enfrentando un proceso de reformas que se aprobaron en 1873 y 1874, y modificaron significativamente las prácticas políticas e institucionales del país.

El trabajo de la Convención puede ser muy exitoso, pero la plena implementación de la nueva Constitución puede fracasar si los procesos de cambio social se detienen con su aprobación

Asimismo, la Constitución de 1925 experimentó dificultades similares antes de lograr su consolidación como proyecto político. El texto fue redactado luego de los golpes de Estado de septiembre de 1924 y enero de 1925, en un proceso liderado por Arturo Alessandri. El restituido presidente fue objeto de duras acusaciones por diversos sectores de la sociedad, especialmente por desconocer el trabajo que realizaba la comisión encargada de convocar a una asamblea constituyente.

Como consecuencia de estas artimañas, el texto constitucional fue aprobado en agosto de 1925 a través de un plebiscito que tuvo una bajísima participación: poco más de 130 mil votantes, equivalentes al 45% del padrón electoral (considerando que, según el censo de 1920, la población superaba los 3,7 millones de habitantes). Esta debilidad fundante en su legitimidad democrática se proyectó en el tiempo, pues los años posteriores fueron muy turbulentos (aunque el contexto internacional también fue de gran inestabilidad). En efecto, desde la aprobación del texto en agosto de 1925 y la nueva elección de Alessandri en 1932, Chile tuvo diez jefes de gobierno distintos, que se sucedían en medio de renuncias y golpes de Estado. Como consecuencia, la aplicación de la Constitución de 1925 comenzó a normalizarse recién una década después de su aprobación.

La historia del texto de 1980 es más conocida: tuvo una vigencia normativa parcial durante la dictadura, dado que parte importante de sus artículos no fueron aplicados. Además de ello, su articulado transitorio, que consiste en las disposiciones constitucionales que regulan aspectos de ordenamiento jurídico que no son permanentes y se incorporan a continuación del artículo final, apenas le daba forma jurídica a una dictadura que ejercía el poder sin contrapeso alguno.

La década de 1990 está marcada por un incesante proceso de reformas parciales que dejan en evidencia no solo la falta de legitimidad del texto, sino las dificultades estructurales que significaba aplicar una normativa diseñada en dictadura en una sociedad que se resistía a vivir en una democracia "protegida".

Por su parte, las reformas de 2005 no tuvieron la profundidad suficiente para transformar el proyecto político subyacente al texto constitucional, por lo que la demanda por una nueva Constitución se extendió progresivamente en los años siguientes. La reivindicación se profundizó desde la revuelta estudiantil de 2011, hasta desembocar en los acontecimientos de 2019 y en el proceso constituyente actualmente en marcha.

Como vemos, la plena legitimación de los textos constitucionales, así como la consolidación de los proyectos políticos que representan, no responde a los mismos criterios que explican la vigencia normativa de los textos jurídicos, pues se trata de un proceso cuyos resultados dependen de la articulación entre las prácticas políticas y la apropiación social de la nueva Constitución.

EL NUEVO MODELO CONSTITUCIONAL

En este escenario, cabe preguntarse qué pasará con la legitimidad de la Constitución de 2022 y con los procesos que conduzcan a su plena implementación. Si bien no hay forma de predecir lo que ocurrirá con un texto que aún no ha sido siquiera redactado, hay ciertos antecedentes que es posible conjugar para proyectar cómo serán los años posteriores a su aprobación.

Por lo pronto, el primer factor que incidirá en esta lectura es la participación ciudadana en el proceso constituyente, tanto en las elecciones para la Convención Constitucional como en la articulación entre esta y las distintas iniciativas ciudadanas que se han venido desarrollando desde octubre de 2019, en forma de cabildos y asambleas territoriales. Tanto el proceso electoral como las distintas formas de organización ciudadana contribuyen a fortalecer dos importantes dimensiones de la democracia -representación y participación-, pilares claves para la legitimidad de toda norma jurídica, y especialmente de una Constitución Política.

El hecho de que la Convención, además, sea paritaria en términos de género y contemple escaños reservados para los pueblos originarios genera condiciones políticas para la deliberación constituyente que significan una mejora sustantiva respecto de los textos constitucionales anteriores.

Por otro lado, pero siguiendo en la línea de la participación, uno de los factores que más influirá en la legitimación del nuevo modelo constitucional será la incorporación de mecanismos concretos de participación ciudadana que permitan desconcentrar el poder y distribuir su ejercicio de forma más democrática y equitativa.

Esto supondrá articular tres órdenes de cambios estructurales ineludibles. En primer lugar, incorporar mecanismos de democracia directa o participativa. Algunos de ellos son: iniciativa popular que le permita a la ciudadanía presentar proyectos de ley; el referéndum derogatorio, para que la ciudadanía pueda promover la derogación de ciertas normas; la revocación de mandato, que habilitaría la destitución anticipada de las autoridades de representación popular; instrumentos participativos de planificación territorial, para que el diseño y planificación urbano/rural cuente con una participación ciudadana incidente; entre otros.

En segundo lugar, garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente los de carácter social, que es donde se configuran las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías del país (salud, trabajo, educación, vivienda, pensiones).

Una vez que el nuevo texto constitucional esté redactado, su plena implementación dependerá de la fortaleza de las nuevas instituciones para representar la voluntad soberana de los pueblos y, simultáneamente, del compromiso de la ciudadanía por ocupar y consolidar los canales de participación social que se han abierto

Es necesario también reconocer y proteger los derechos de aquellos grupos sociales que se encuentran en condiciones estructurales de postergación histórica y, así, garantizar la plena incorporación a una ciudadanía inclusiva (mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, personas con discapacidad, disidencias sexuales, entre otros). Se trata de cambios dirigidos hacia la construcción de una participación inclusiva en los distintos ámbitos de la vida en sociedad: política, económica, social, cultural y ambiental.

Por último, es clave considerar que la nueva Constitución será un instrumento fundamental para que la sociedad pueda enfrentar los desafíos que surgen de un presente en crisis. No será una solución final, pero sí una herramienta imprescindible para la construcción democrática de una sociedad basada en la dignidad, en los derechos y en las personas.

En tanto herramienta, la plena implementación de la Constitución de 2022 se irá construyendo progresivamente, en la medida en que sus normas comiencen a ser aplicadas (por ejemplo, cuando se elija a la jefatura de Estado o de Gobierno conforme a las nuevas reglas) y que, de manera simultánea, las leyes desarrollen y aterricen la nueva forma de organización del poder político y social (por ejemplo, cuando la Constitución establezca que el agua es un bien público y su acceso un derecho humano, será necesario redactar un nuevo Código de Aguas). Esta dimensión del proceso constituyente es clave para el éxito del trabajo de la Convención Constitucional y, en consecuencia, para la plena legitimación e implementación de la Constitución Política de 2022.

Sin duda son procesos políticos que se proyectarán más allá de la Convención y cuyo éxito dependerá, en una medida muy importante, del protagonismo que adquiera la ciudadanía en la discusión pública necesaria para llevar adelante cada una de estas normativas. Dicho en otras palabras: el trabajo de la Convención puede ser muy exitoso, pero la plena implementación de la nueva Constitución puede fracasar si los procesos de cambio social se detienen con su aprobación.

En efecto, la aprobación de la nueva Constitución nos obligará a revisar y reformar la normativa vigente en todos los aspectos en los que se introduzcan cambios más o menos significativos y, en especial, si el nuevo texto constitucional introduce innovaciones respecto del texto anterior, respondiendo a las demandas sociales del presente. La Convención permitirá institucionalizar muchas discusiones que se desarrollan hace años en la sociedad civil, en materias que le dan forma a la crisis social del presente, involucrando en dicha deliberación a toda la sociedad de manera simultánea. Pero una vez que el trabajo de la Convención concluya y el nuevo texto constitucional esté redactado, su plena implementación dependerá de la fortaleza de las nuevas instituciones para representar la voluntad soberana de los pueblos y, simultáneamente, del compromiso de la ciudadanía por ocupar y consolidar los canales de participación social que se han abierto con el proceso constituyente y que, de seguro, recogerá la nueva Constitución. De ello también dependerá su propia legitimidad.

Nuestra propia experiencia histórica nos muestra que no basta con redactar un texto constitucional para que este se transforme en una Constitución Política plenamente implementada y reconocida por el pueblo como propia. Debemos considerar que el proceso constituyente en curso se proyectará en el tiempo, incluso más allá del trabajo de la Convención, precisamente porque los cambios sociales no se detienen.
Editado por Victoria Ramírez Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio. CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica. Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.

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Constitución Política de 2022: ¿y después qué?

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El autor repasa los intentos de validación que tuvieron las Constituciones de 1933, 1925 y 1980, y destaca los factores que cree que influirán en la legitimación de la nueva Constitución. La presencia de cabildos y asambleas territoriales, la incorporación de mecanismos concretos de democracia directa y la garantía de derechos fundamentales, además del reconocimiento y protección de grupos sociales postergados, podrían ser la clave.

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LA CUIDANIA HIZO EL CAMBIO A LA NUEVA CONSTITUCION 

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LA CUIDANIA HIZO EL CAMBIO A LA NUEVA CONSTITUCION 

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“Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”.

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Tras más de 15 horas de intensas conversaciones entre parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición con excepción de PC elaboraron un itinerario con los principales puntos para un "Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución".

15 de noviembre de 2019

Con el compromiso del restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total respecto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, representantes de los partidos políticos, con excepción del PC, suscribieron el histórico "Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución", que apunta a generar una nueva Carta Magna que reemplace la de 1980

Tras la crisis política y social agudizada por las movilizaciones de octubre y luego de días de conversaciones y negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de este viernes 15 de noviembre se dio paso a un documento suscrito por los representantes de todas las fuerzas políticas y que fue leído por el Presidente del Senado, Jaime Quintana. (Descargue el documento adjunto)

"Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con Constitución 100% democrática", señaló el senador Quintana quien explicó que el acuerdo tiene como eje la participación ciudadana.

En lo fundamental, propone un mecanismo que consistirá en convocar a un Plebiscito en abril de 2020 donde los ciudadanos y ciudadanas podrán elegir por el camino de una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional.

La elección de los miembros de ambas instancias será en el mes de octubre de 2020 en conjunto con las elecciones municipales.

El órgano constituyente deberá aprobar normas y reglamentos con un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. El plazo de ejercicio del órgano constituyente será de 9 meses con una prórroga de 3 meses.

Una vez redactada la nueva Constitución será sometida a un plebiscito ratificatorio

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe señaló que "estar sentados acá es un esfuerzo de dialogo en un ambiente donde reinaba el miedo, la violencia y falta de paz. Por eso estamos agradecidos de haber sido parte de la construcción de un acuerdo para buscar respuestas y acuerdos de justicia social y para derrotar la violencia que se ha engendrado".

A su turno, el senador Alvaro Elizalde destacó que "serán los ciudadanos y ciudadanas quienes definirán si quieren una nueva Constitución y cuál es el mecanismo para generarla a través de dos alternativas: una convención mixta y convención constitucional que equivalente a la asamblea constituyente".

El senador Felipe Kast, afirmó que el Senado y la clase política se puso a la altura y calificó la jornada como "de humildad", destacando que "se ha puesto primero a la ciudadanía y ahora le corresponde a ellos decidir cuál es el mejor procedimiento"

Por su parte, el senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución y uno de los que encabezó las conversaciones afirmó que "haría un llamado a entender la magnitud de este cambio. Agradecemos a todos quienes contribuyeron para llegar a este acuerdo" y agregó que "es hora de reencontrarnos".

Visiblemente emocionado, el Vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti, señaló que quiero felicitar a ciudadanos de Chile, aquí sufrió gente y eso hay que rescatarlo porque nunca más quiero que eso se vuelva a repetir en el país . Pudimos aportar e hicimos lo que correspondía.

El senador Francisco Chahuán se mostró agradecido y satisfecho por "el esfuerzo de diálogo y ésta es la oportunidad de avanzar en un país mas justo, más solidario que se haga cargo del marco constitucionalidad y también de la seguridad, la paz y la justicia".

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Logran histórico acuerdo para Nueva Constitución: participación ciudadana será clave - Senado - República de Chile

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Tras más de 15 horas de intensas conversaciones entre parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición con excepción de PC elaboraron un itinerario con los principales puntos para un "Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución".

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Chile tendrá 155 Delegados que tendrá un plazo e 9 meses para elaborar una nueva constitución

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La Convención Constitucional de Chile será inaugurada el 4 de julio para reemplazar la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), anunció el presidente Sebastián Piñera este domingo (20.06.2021).

"Hoy estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio del año 2021 a las 10:00 a.m. en el edificio del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago", detalló Piñera desde el palacio presidencial de La Moneda.

"El día de la primera sesión de la Convención coincidirá con los 210 años de la instalación del Primer Congreso Nacional", destacó el diario La Tercera.

El órgano constituyente, compuesto de forma paritaria por 155 delegados, que incluyen a 17 representantes de pueblos indígenas, tendrá nueve meses para elaborar una nueva Constitución, que será sometida a un referéndum con voto obligatorio en 2022.

Los 155 integrantes fueron elegidos en las urnas los pasados 15 y 16 de mayo, en un proceso constituyente que nació de un acuerdo entre los partidos políticos para sofocar las protestas ciudadanas que estallaron en octubre de 2019 contra el modelo socioeconómico del país.

afp/efe/la tercera /rr

Las Constituciones de América Latina

Venezuela

"El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo", dice un aparte del art. 3 del título I. Primer texto: 1811. Vigente: 1999. https://bit.ly/2fo2F6y

Autor: José Ospina-Valencia

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Chile comenzará a redactar nueva Constitución el 4 de julio | DW | 20.06.2021

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La Convención Constitucional de Chile será inaugurada el 4 de julio para reemplazar la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), anunció el presidente Sebastián Piñera este domingo (20.06.2021). "Hoy estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio del año 2021 a las 10:00 a.m.

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El pueblo se expreso fuerte y claro y tiene como una entrada y una salida a esta nueva constitución

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Escribir una nueva Constitución es un proceso que implica un un gran número de preguntas y definiciones importantes que afectan los derechos fundamentales de la sociedad civil. Los debates y discusiones que implican iniciar un proceso constitucional ya tiene un amplio estudio teórico desde el derecho constitucional.

Dentro de este contexto los abogados Francisco Zúñiga Urbina y Enza Alvarado Parra escribieron el libro "Nueva Constitución y política constitucional", junto con la editorial Thomas Reuters. El lanzamiento se realizará el 9 de agosto a las 12.00 horas vía Zoom.

El libro se enmarca en la necesidad de comprender el proceso constituyente chileno que, desde octubre de 2019 y que luego del estallido social y las masivas movilizaciones, se configura como un momento constitucional importante.

El Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución de noviembre de 2019 dio un marco político institucional al proceso constituyente, con fuente de legitimidad en la soberanía popular, proceso que paradójicamente vía reformas constitucionales sucesivas restituye el poder constituyente al pueblo y que se expresa en plebiscitos de entrada y salida y en la elección de una Convención Constitucional depositaria de dicho poder originario.

La Convención Constitucional se constituye como una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, depositaria del poder constituyente originario con la misión de alumbrar una nueva Constitución que derogue orgánicamente la Carta otorgada, autoritaria y neoliberal, que no es más que un decreto ley fundamental de la dictadura.

La autora del libro Enza Alvarado comentó que la idea surgió "de la necesidad imperiosa de resignificar la 'Constitución de 1980' como un decreto ley fundamental de la dictadura, que nos sitúa ante el desafío de alumbrar una Constitución democrática, fundada en la soberanía del pueblo y en el poder constituyente originario, una autentica Constitución heredera de las culturas liberal, democrática y social, capaz de innovar en el arreglo institucional".

Uno de los temas que se indaga en el libro es la tradición constitucional que se encuentra presente en la historia de Chile y que según explican los autores es importante de revisar en la redacción de la nueva carta magna.

"Hay una tradición constitucional que reúne tres culturas de impronta ideológica: liberal, democrática y social. La 'Constitución de 1980' no responde a ninguna de esas culturas, por lo que la discusión sobre la nueva Constitución a partir de una hoja en blanco permite hacer una revisión y fundar un nuevo orden político, económico y social, considerando la cultura y tradiciones constitucionales de nuestro país en diversas épocas y condiciones históricas, lo que no significa que deba existir una continuidad institucional como contante para mantener el estatus quo", explicó la autora.

Un aporte a la teoría constitucional

La obra en una primera parte recopila trabajos inéditos de uno de los autores desde una teoría constitucional de estirpe positivista y crítica, que abreva del constitucionalismo democrático y social. En una segunda parte, realiza un análisis temático y cronológico de las diversas propuestas que han surgido en relación con los contenidos posibles para la nueva Constitución de organizaciones de la sociedad civil, de centros de pensamiento y partidos políticos.

Luego en una tercera parte, sistematiza las propuestas para el reglamento de organización, funcionamiento y procedimientos de la Convención Constitucional y finalmente resume las conclusiones de los autores.

"El libro busca ser un aporte en varios sentidos. Los más importantes dicen relación con exponer desde una teoría crítica constitucional la resignificación de la Constitución vigente como decreto ley fundamental de la dictadura y una aproximación de las normas constitucionales y su funcionalidad en relación con el cambio político, económico y social que vivimos.", expresó la autora.

En ese contexto, este libro espera ser un aporte y contribuir, a partir de la teoría constitucional y de una revisión de las propuestas de la sociedad civil y política, a la deliberación democrática en el seno de la Convención Constitucional y servir como insumo para que las personas y organizaciones puedan participar informadamente de manera incidente en el proceso constituyente.

Los autores del libro

Francisco Zúñiga realizó sus estudios en la Universidad de Chile y cuenta un estudios de post-grado en Derecho Público y Comparado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Fue uno de los integrantes del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y vicepresidente y fundador de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del bufete Zúñiga Campos Abogados.

Por su parte, Enza Alvarado es abogada de la Universidad de Chile y también es parte del bufete fundado por Francisco Zúñiga. Además cuenta con Diplomatura en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Universidad de Buenos Aires en conjunto con la Corte IDH, y Diploma en Derecho Público Económico, Universidad de Chile (2018). Adicionalmente fue directora de la Corporación Fundamental e investigadora externa en el área de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

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Abogados explican el proceso constituyente en el libro "Nueva Constitución y política constitucional"

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Francisco Zúñiga y Enza Alvarado decidieron escribir el texto como respuesta a una necesidad de comprender el proceso constituyente chileno actual, materializado a través de una Convención Constitucional representativa, paritaria y plurinacional. "El libro busca ser un aporte en varios sentidos.

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La ciudadanía necesitaba una nueva constitución, revuelo por estallido social 2019

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El plebiscito nacional de Chile de 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020,​ fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia de COVID-19,​​ con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo para dicho proceso. Fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, anunciado el 15 de noviembre de 2019, tras un mes de protestas en todo el país.

Fue el primer plebiscito nacional chileno desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron las reformas a la Constitución Política de la República, promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y, por tanto, fue el primero -y hasta el momento, único- celebrado durante los gobiernos democráticos posteriores a 1990. Ha sido el proceso electoral con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia del país.​

Si bien las críticas a la Constitución de 1980 prácticamente nacieron con ella en cuanto a aspectos de legitimidad de origen, deficiencia democrática del texto y los altos cuórums que se requerían para realizar reformas, desde 1989 que ha sido tema político común su sustitución; aunque la Concertación de Partidos por la Democracia apeló en un principio a reformas,​ ya para las primarias presidenciales de la Concertación de 1999 ambos candidatos hablaban de convocar un plebiscito sobre aspectos constitucionales.​

Aquella presión por el texto constitucional, en aquellos aspectos denominados "enclaves autoritarios", se descongestionó parcialmente con las reformas del año 2005, a pesar de que había partidos políticos que desconocían en legitimidad el texto.​ Ya para la elección presidencial de 2009 tanto Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Jorge Arrate hablaban de una "nueva Constitución" esencialmente para ampliar derechos sociales,​ sin embargo el surgimiento de movimientos sociales entre el año 2006 y 2011 volvieron a poder en entredicho la legitimidad de la Constitución. Fue Michelle Bachelet quien durante su segundo gobierno promovió un proceso constituyente, sin embargo este no se concluyó, en parte porque la Constitución no posee un mecanismo de sustitución ni permite convocar a plebiscitos. Sebastián Piñera, luego de ser elegido presidente para un nuevo periodo en 2017, descartó modificar la Constitución.

Sin embargo, las protestas en Chile iniciadas a mediados de octubre de 2019 tuvieron entre sus principales demandas la redacción de una nueva Constitución Política. El 21 de octubre, líderes sociales y artistas chilenos propusieron una Asamblea Constituyente nacional y seis medidas anti abusos de corto plazo ante la crisis político social del país.​ Diversos gremios y entidades sociales y civiles conformaron " cabildos abiertos " en varias comunas del país, con una masiva participación ciudadana, con el objeto de sentar las bases para una eventual asamblea constituyente para la elaboración de una Nueva Constitución para Chile.​​

El 7 de noviembre del mismo año, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), integrada por 330 de las 345 municipalidades del país, aprobó mandatar a su directorio para convocar a una consulta ciudadana en dichas comunas, a realizarse el 7 de diciembre, donde se preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo en la elaboración de una nueva Constitución.​​​​

El tema de la redacción de una nueva Constitución (y en particular, una escrita por una asamblea constituyente) apareció en 2019 en varias de las protestas ocurridas a lo largo del país y en muchos de los cabildos ciudadanos organizados.​​​​ Varios líderes sociales, analistas y políticos, incluyendo al presidente del Senado y al vocero de la Corte Suprema,​ mencionaron la necesidad de crear una nueva Constitución que permitiera canalizar las demandas sociales.​​ Ante la presión, incluso de miembros del oficialismo, Piñera se abrió a la posibilidad de realizar reformas estructurales al texto constitucional,​ aunque sin entrar en detalles de la magnitud de dichos cambios ni del mecanismo para realizarlo.​

El día 10 de noviembre de 2019, el Gobierno, a través de un comunicado del ministro del Interior Gonzalo Blumel, aprobó la futura aplicación de un proceso para el establecimiento de una nueva Constitución, mediante un Congreso Constituyente con plebiscito ratificatorio.​ Sin embargo, dos días más tarde, los catorce partidos opositores al gobierno ( RD, PCCh, PS, PDC, PPD, PEV, PR, PI, PRO, FRVS, Comunes, PL, CS y PH) emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron a favor de una Asamblea Constituyente.​

Durante el 13 y 14 de noviembre los partidos de Chile Vamos y parte de la oposición -excluyendo al PCCh, el PRO, el FRVS, el PH y CS-​ realizaron una serie de negociaciones en el edificio del ex Congreso Nacional para determinar el inicio de un proceso constituyente y su mecanismo de realización.​​ Las negociaciones llegaron a puerto en la madrugada del 15 de noviembre, anunciándose la realización del plebiscito mediante una declaración denominada Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.​

Luego del acuerdo alcanzado en el Congreso Nacional para llevar a cabo un plebiscito en abril de 2020, los alcaldes decidieron ampliar las temáticas de la consulta ciudadana, que será realizada el 15 de diciembre.​

Reacciones

Partidos políticos

Los partidos de izquierda que no participaron del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que dio lugar al plebiscito, criticaron la negociación. Entre ellos, el Partido Comunista, que acusó que el cuórum de una eventual convención constituyente era muy alto, pero que igualmente llamarían a sus militantes a participar del referéndum y que "no era una Asamblea Constituyente verdadera".​​ A pesar de que la presidenta de Convergencia Social (CS), Gael Yeomans, no suscribió el acuerdo, el diputado del partido Gabriel Boric fue parte de la negociación y firmó el acuerdo a título personal,​ lo cual generó un quiebre al interior de la colectividad, y provocó la renuncia de 73 militantes, entre ellos, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quienes argumentaban que el mecanismo "no era constituyente", calificándolo como fraude.​ Debido a su participación en la firma del acuerdo parlamentario, Boric fue pasado al tribunal supremo de CS.​ El Partido Igualdad acusó traición de la confianza por parte de los partidos del Frente Amplio que firmaron el acuerdo, y suspendió su participación en la coalición.​

Dentro de la coalición de gobierno, Chile Vamos, sus principales partidos firmaron el acuerdo, y por tanto, participarán de él. Sin embargo, la posición al interior de cada partido ha sido variable. En la Unión Demócrata Independiente (UDI), si bien inicialmente no hubo una posición oficial respecto del voto de sus militantes, su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, anunció que votaría por el rechazo de una nueva constitución,​ mientras que el diputado Jaime Bellolio anunció su apoyo a la aprobación del proceso constituyente; finalmente, el Consejo General del partido realizado el 10 de enero de 2020 confirmó que la postura oficial de la UDI será de apoyo a la opción "Rechazo".​​ El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que los militantes del partido tendrán libertad de acción en el plebiscito, pudiendo manifestarse a favor o en contra de la nueva Constitución.​ Fuera de Chile Vamos, el Partido Republicano (en formación), anunció su voto por el rechazo del proceso para una nueva Constitución.​ Fuerza Nacional, partido disuelto en febrero de 2020 y liderado por el abogado Raúl Meza, también adhirió a la campaña de la opción Rechazo.​

Sociedad civil

La Iniciativa Ciudadana Marca AC, valoró el acuerdo, aunque afirmó que "cuando se transforme en ley, debe mejorar".​ Por otra parte, un grupo de 244 profesores y profesoras de derecho y ciencia política dieron su apoyo al plebiscito mediante una declaración en Ciper, afirmando que "tener la posibilidad de crear una Constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra república".​ Sin embargo, la coordinadora de organizaciones Unidad Social rechazó el acuerdo sobre el plebiscito por haberse hecho "entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales".​

Uno de los aspectos del acuerdo constitucional era reformar la constitución vigente para habilitar la sustitución del texto y la convocatorias a plebiscitos (que la constitución no contemplaba), con ello se permitió destrabar la tramitación en el Congreso Nacional de distintos proyectos de ley -originados tanto como moción (parlamentaria) como mensaje (presidencial)- que buscaban reformar la Constitución Política de la República para introducir la realización de un plebiscito nacional: el boletín Nº 7.769-07;​ el boletín Nº 7.792-07;​ el boletín Nº 10.014-07;​ el boletín Nº 10.193-07;​ el boletín Nº 11.173-07;​ el boletín Nº 12.630-07;​ y el boletín Nº 13.024-07,​ siendo este último el único presentado tras el inicio de las protestas en octubre de 2019.​

El 18 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional por 127 votos a favor, 18 votos en contra y 5 abstenciones.​ Al día siguiente, el Senado aprobó la reforma de la Constitución por 38 votos a favor y 3 en contra,​ a partir del refundido de los boletines anteriores,​ que incorpora el plebiscito nacional del 26 de abril de 2020 como procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República, siendo promulgada como la Ley 21.200 por el presidente Piñera el 23 de diciembre,​ y publicada en el Diario Oficial al día siguiente.​

Entre el 15 de noviembre (cuando se firmó el acuerdo constitucional) y el 26 de diciembre, fecha a partir de la cual se suspendieron las modificaciones del padrón electoral,​ un total de 367 664 personas solicitaron el cambio de su domicilio electoral ante el Servicio Electoral de Chile (Servel), siendo un 33% de ellas primeros votantes.​

El 27 de diciembre de 2019 se promulgó el Decreto exento 2.445 que convoca al plebiscito,​ y al día siguiente el Servel lanzó oficialmente el proceso plebiscitario bajo el nombre "Plebiscito Nacional 2020".​

El plebiscito -convocado oficialmente mediante el decreto supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera el 27 de diciembre de 2019-​ constaba de dos papeletas, cada una con una pregunta y dos opciones:​

1. ¿Quiere usted una Nueva Constitución? Las alternativas eran: "Apruebo" o "Rechazo". La papeleta es de color blanco.​

2. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? Las alternativas eran: "Convención Mixta Constitucional" (convención conformada en un 50 % por constituyentes elegidos directamente y 50 % por miembros del actual Congreso) o "Convención Constitucional" (asamblea conformada por 100 % de constituyentes elegidos). La papeleta es de color beige.​

La campaña electoral del plebiscito inició el 26 de febrero de 2020.​

Debido a la pandemia de COVID-19 en Chile, el 18 de marzo de 2020 un grupo de senadores presentó un proyecto de ley de modificación constitucional para poder mover la fecha del plebiscito al día 6 de septiembre, mientras que la elección de convencionales constituyentes se realizaría el 13 de diciembre.​ Por otra parte, el mismo día los senadores Alejandro Navarro y Carlos Bianchi Chelech presentaron otro proyecto que busca postergar la fecha del plebiscito al 18 de octubre,​ y el senador Francisco Chahuán propone realizar el plebiscito el 25 de octubre, las primarias de alcaldes y gobernadores el 13 de diciembre y el 28 de marzo las elecciones municipales, de gobernadores y de convencionales constituyentes.​ Un día antes, el 17 de marzo, un grupo de diputados de Chile Vamos presentó un proyecto para suspender indefinidamente la realización del plebiscito hasta que se supere la crisis sanitaria.​

Finalmente, el 19 de marzo todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional acordaron modificar el calendario electoral, postergando el plebiscito para el domingo 25 de octubre. De la misma forma, las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales fueron pospuestas para el 29 de noviembre; las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes fueron aplazadas al 4 de abril de 2021 y la eventual segunda vuelta de gobernadores quedó fijada para el 2 de mayo.​ Sin embargo la fecha de las elecciones de abril coincidía con las celebraciones de Semana Santa, por lo que fueron postergadas nuevamente en una semana, quedando fijadas definitivamente para el 11 de abril.​

Hito

Fecha original​

Fecha modificada​

Publicación de los padrones electorales definitivos
Inicio de la propaganda electoral

26 de febrero de 2020

26 de agosto de 2020

Inicio de la franja electoral televisiva

27 de marzo de 2020

25 de septiembre de 2020

Sesiona el Tribunal Calificador de Elecciones

27 de abril de 2020

26 de octubre de 2020

El 3 de agosto de 2020 el Ministerio de Salud de Chile (Minsal) aprobó un documento denominado "Protocolo Sanitario Plebiscito Más Seguro", en el cual se definen medidas de seguridad para desarrollar el evento a fin de evitar nuevos contagios de Covid-19.​ El protocolo fue publicado en el Diario Oficial el 10 de septiembre.​

El 4 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el acuerdo del Consejo Directivo del Servel que fija normas e instrucciones especiales para el plebiscito del 25 de octubre. Entre las diferencias presentadas respecto a elecciones anteriores están:​

Se destinó un bloque horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, de 14:00 a 17:00.

Mantener distanciamiento físico de un metro entre todos los votantes en la fila y los vocales de mesa.

El horario de funcionamiento de las mesas de votación fue extendido hasta las 20:00 (habitualmente el cierre se realizaba a las 18:00).

Se permitió que los votantes llevasen su propio bolígrafo de tinta azul para firmar el padrón de mesa y marcar su preferencia en las cédulas de votación (anteriormente las preferencias se marcaban con un lápiz de grafito).

Se rebajó a 60 años la edad para excusarse de ser vocal de mesa (anteriormente la edad mínima para excusarse eran 70 años).

Las cámaras secretas no tenían cortinas o puertas a fin de evitar contacto físico con cualquier parte de su estructura.

Asimismo, el Servel convocó a personas para que trabajaran como "asistentes facilitadores" durante el plebiscito, quienes estuvieron encargados de velar por el cumplimiento del protocolo sanitario en los locales de votación.​

Si bien existían diversas iniciativas parlamentarias para que el transporte público fuera gratuito el día del plebiscito, incluso presentadas desde enero de 2020, la iniciativa no fue respaldada por el gobierno. El 21 de octubre la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y el presidente Sebastián Piñera descartaban dicha medida, poniendo énfasis en los servicios de transporte rural subsidiados y que sí contarían con gratuidad,​ dejando de lado las zonas urbanas y de mayor concentración de votantes.​ Luego de diversas presiones por parte de políticos y la ciudadanía, el mismo día 21 el gobierno anunció la gratuidad del pasaje en el Metro de Santiago, Metrotren Nos, Metrotren Rancagua, Metro Valparaíso y Biotrén durante el día del plebiscito.​

La campaña electoral para la fecha original del plebiscito inició el 26 de febrero, fecha a partir de la cual los distintos comandos comenzaron a hacer propaganda en las calles y mediante Internet.

Durante el mes de febrero y la primera mitad de marzo, los días sábado en la mañana fueron ocupados por adherentes a la opción "Rechazo" para realizar manifestaciones y actividades de campaña, especialmente en el sector oriente de Santiago y los alrededores de la Escuela Militar y la estación El Golf. Durante una de estas marchas, realizadas en Providencia y Las Condes el 7 de marzo, un reportero de la agencia France Presse y el periodista Rafael Cavada fueron agredidos por un grupo de manifestantes.​ Por estas agresiones, fueron formalizados por la justicia dos miembros del colectivo de extrema derecha llamado "Capitalismo Revolucionario".​​

La campaña se vería interrumpida con la reprogramación del plebiscito en marzo de 2020, por lo cual fue reiniciada el 26 de agosto de 2020, extendiéndose hasta la medianoche del viernes 23 de octubre.

El 2 de enero el Partido Demócrata Cristiano y Ciudadanos lanzaron su plataforma de campaña llamada "#YoApruebo", con la que apoyaron la opción Apruebo junto con la Convención Constitucional.​ El 3 de enero de 2020 los partidos de Convergencia Progresista ( PPD, PR y PS), junto con independientes y representantes de organizaciones del mundo social, lanzaron la campaña "Chile Aprueba", con la que apoyaron la opción Apruebo y Convención Constitucional.​ El 19 de enero los partidos de Unidad para el Cambio ( FREVS, PCCh y PRO), junto con distintos partidos, movimientos y organizaciones políticas como el Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Movimiento Democrático Popular, Acción Humanista, Victoria Popular, Somos, Socialistas Allendistas, Izquierda Cristiana y Wallmapuwen​ lanzaron el comando "Apruebo Chile Digno", con la cual también apoyaron dicha opción en el plebiscito.​ El Frente Amplio lideró la campaña "Que Chile Decida", que convocó a Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Liberal, Comunes, Unir, Fuerza Común y organizaciones sociales.

En diciembre de 2019 diversas agrupaciones de derecha y extrema derecha, entre ellas movimientos y partidos políticos en formación como Fuerza Nacional, Unidos en la Fe y Convergencia Nacional de Chile, además de militantes de RN y la UDI y militares retirados, conformaron la Coordinadora Nacional por el No a Una Nueva Constitución ("Conanonuco", también abreviada como "Conan").​​

El 1 de marzo militantes de RN, UDI y Evópoli que apoyaron la opción "Apruebo" lanzaron el comando "Elijo Aprobar".​ El 25 de septiembre se lanzó el comando " Chile Vamos por el Apruebo", el cual es liderado por el PRI, junto a facciones de Evópoli, RN y personalidades UDI ( Joaquín Lavín y Felipe Alessandri) que, más allá de el órgano redactor, apoyaron la opción Apruebo en el plebiscito.​​

Distribución de gasto electoral por opción de la primera cédula, al 20 de octubre de 2020.​ Apruebo Rechazo

En diciembre de 2019 la presidenta del Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV), Catalina Parot, informó que la franja televisiva de propaganda electoral se emitiría originalmente entre el 27 de marzo y el 23 de abril, y será de 30 minutos diarios, repartidos en 7,5 minutos para cada una de las opciones ("Apruebo", "Rechazo", "Convención Constitucional" y "Convención Mixta Constitucional").​ Se establecerán dos emisiones diarias, de 15 minutos cada una -de 12:45 a 13:00 y de 20:45 a 21:00, antes de iniciar los informativos centrales-, que se emitirán de forma alternada (si las propuestas de la primera cédula se emite al mediodía, la franja de la segunda papeleta lo hará en la noche, y al día siguiente en orden inverso).​

Para la franja electoral televisiva se consideraba inicialmente la participación de los partidos políticos legalmente constituidos y los parlamentarios independientes, ante lo cual también se estimaba que se podrían sumar -de forma inédita- organizaciones civiles (como por ejemplo ONGs, organizaciones laborales, instituciones eclesiásticas);​ sin embargo, el 24 de enero el CNTV descartó la posibilidad de que las organizaciones civiles se presenten como entes separados, sino que se acordó que los partidos o comandos electorales deberán destinar una parte significativa de su tiempo asignado a las organizaciones civiles que apoyen la misma opción que ellos. También se determinó que el tiempo se repartirá entre los partidos políticos legalmente constituidos y parlamentarios independientes, de acuerdo a la votación obtenida en las elecciones de 2017.​

El acuerdo del CNTV fue impugnado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por parte del Partido Comunista de Chile y Fuerza Nacional, además de agrupaciones de independientes y representantes de la sociedad civil, acusando ambigüedad por parte del CNTV al definir la asignación del tiempo a organizaciones civiles solo como "mayoritaria", sin precisar porcentajes o tiempos. El Tricel determinó el 1 de febrero que los partidos o comandos que participen de la franja deberán destinar a representantes de organizaciones de la sociedad civil al menos un tercio de su tiempo asignado.​

Al 9 de febrero, fecha límite para inscribir los comandos y partidos que participarán de la franja televisiva, el CNTV había recibido las solicitudes de distintas agrupaciones, las que recibieron el tiempo de manera proporcional a la cantidad de parlamentarios electos y su votación en las elecciones de 2017. En el caso de Renovación Nacional, el 69% de su tiempo corresponderá a la opción Rechazo, mientras que el 31% a la opción Apruebo. La distribución final de tiempos es la siguiente:​​

El 20 de febrero se realizó el sorteo que definió el orden de aparición de las opciones en la franja televisiva, por lo que el primer día de su emisión (27 de marzo) aparecerán en el mediodía las franjas correspondientes al mecanismo para redactar la nueva Constitución (apareciendo primero la franja de la Convención Mixta Constitucional y luego la de la Convención Constitucional), mientras que en la noche se emitirán las franjas respecto a la pregunta "¿Quiere usted una Nueva Constitución?", apareciendo primero la opción Rechazo y posteriormente la opción Apruebo; en los días siguientes se irá rotando dicho orden y las franjas horarias para la franja de cada papeleta.​

Debido a la postergación del plebiscito para el 25 de octubre, la franja televisiva no alcanzó a ser emitida y su inicio se retrasó hasta el 25 de septiembre, siendo transmitida hasta el 22 de octubre. El 28 de julio el CNTV informó el listado de organizaciones de la sociedad civil inscritas por cada uno de los comandos y partidos que formarán parte de la franja televisiva.​

Luego del anuncio oficial por parte de Evolución Política el 29 de agosto, que señaló que abandonaba el apoyo a la opción "Apruebo" y dejaba en libertad de acción a sus militantes,​ el 1 de septiembre dicho partido renunció a los segundos que tenían asignados en la franja de dicha opción, manteniendo los que posee en la opción "Convención Mixta Constitucional".​ Dada esta situación, el 3 de septiembre el CNTV informó que los segundos que correspondían a Evópoli en la franja del "Apruebo" serían redistribuidos entre los demás comandos y partidos que están inscritos.​ La nueva distribución de tiempos en la franja televisiva fue publicada en el Diario Oficial el 10 de septiembre, quedando conformada de la siguiente manera:​

La franja televisiva de la opción "Apruebo" contó con la participación de distintas personalidades, particularmente del mundo de las artes, como fue el caso del músico Jorge González o el poeta Raúl Zurita -este último realizando una intervención haciendo referencia al caso de un adolescente empujado por un carabinero en el puente Pío Nono, cayendo al río Mapocho-.​​ También participaron personas lesionadas por el actuar policial durante las protestas, como por ejemplo Gustavo Gatica o Fabiola Campillai -quienes perdieron la vista en ambos ojos en dos incidentes separados: el primero producto de lanzamientos de balines y la segunda por el impacto de una bomba lacrimógena-.​​ Entre los segmentos también aparecieron monólogos y diálogos realizados por actores caracterizados como personajes que realizaron en recordadas teleseries chilenas: el primer capítulo de dicho segmento contó con la participación de "Los Sa-Sá" (de la telenovela , interpretados por Solange Lackington, Alejandro Trejo y Héctor Morales), "El Chingao" (de la telenovela Amores de mercado, interpretado por Mauricio Pesutic) y "María Magdalena", "María Salomé" y "María Jacobé" (de la teleserie , interpretadas por Amparo Noguera, Francisca Imboden y Antonia Zegers, respectivamente); en capítulos posteriores aparecieron otros personajes como "DJ Katia", "Rosita" y "Ernesto" (de , intepretados por Tamara Acosta, Amparo Noguera y Alfredo Castro, respectivamente), y "Luisa Lineros" y "Olguita Marina" (de la telenovela , interpretadas por Coca Guazzini y Carmen Disa Gutiérrez).​​​

Entre las controversias en que estuvo involucrada la franja televisiva de la opción "Apruebo" se cuentan la aparición de un mural con la imagen del fallecido presentador de televisión Felipe Camiroaga, lo que generó críticas de su hermano denunciando un uso político,​ y un espacio del comando "Apruebo Chile Digno" en que criticaba el manejo del gobierno durante la pandemia de coronavirus aludiendo al "dilema de la última cama" (debido a un posible colapso del sistema hospitalario); el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, criticó el video señalándolo como una "falta de respeto", mientras que los realizadores del segmento señalaron que correspondía a información corroborada y contrastada.​​

La franja televisiva correspondiente a la opción "Rechazo" estuvo involucrada en varias controversias:

En el primer día de emisión (25 de septiembre), los subtítulos de la declaración de un dirigente social mencionaban la población "Pablo Roca", haciendo alusión a la población "Pablo de Rokha" en la comuna de La Pintana. La situación generó críticas de parte de la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, y el error de escritura fue corregido en emisiones posteriores.​

También en el primer día de emisión, la franja correspondiente a Renovación Nacional (RN) emitió un segmento que imitaba al juego denominado "El Rosco" del concurso televisivo Pasapalabra. Luego que Chilevisión (poseedora de los derechos en Chile del programa) evaluara acciones legales dado el uso indebido de imágenes, el partido retiró dicho segmento en emisiones posteriores.​​

En los primeros días de emisiones apareció un espacio de la organización denominada "Multigremial Nacional de las Fuerzas Armadas y Policías en Retiro", cuyo logotipo en pantalla presentaba los escudos de las cinco ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones). Dicha situación generó críticas de parte de dichas instituciones, ya que señalaron no haber autorizado el uso de sus escudos institucionales en logotipos o en propaganda electoral. La Policía de Investigaciones (PDI) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por dicha situación, y el logotipo fue retirado en los días siguientes.​​

La aparición de Kevin Valenzuela, miembro de una iglesia evangélica, apoyando la opción "Rechazo" y señalando -entre otras cosas- que Satanás generó el estallido social, generó críticas por parte de organizaciones religiosas: el Concilio de Iglesias Protestantes Históricas de Chile publicó un comunicado donde rechazaban que determinados grupos se arrogaran la representación de la comunidad evangélica.​

Un video de la Fundación El Samaritano, organización de la sociedad civil participante del tiempo asignado a la Unión Demócrata Independiente (UDI), en donde aparecía la bandera LGBT acompañada de imágenes de actos violentos y declaraciones señalando que "la iglesia evangélica está en peligro", generó críticas de organizaciones LGBT, como la Fundación Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Este último presentó un recurso de protección contra la UDI por atentar contra el derecho a la honra y la igualdad.​​

En el mismo video de la Fundación El Samaritano mencionado anteriormente, aparecía una imagen del incendio de una iglesia, asociándola a los actos de violencia después del estallido social. Medios de comunicación señalaron que dicha imagen correspondía al incendio de una iglesia de Rupanco (Región de Los Lagos) en 2016 como parte de un ataque pirómano, sin relación con el estallido social, y que fue utilizado de manera tendenciosa en la franja televisiva asociándolo de manera incorrecta a una protesta.​

Un video que asociaba a los cambios en la Constitución Política con la ciudad homónima fue criticado por el alcalde y el concejo municipal de Constitución (Región del Maule), quienes mediante un oficio señalaron que "se utiliza el nombre de la ciudad de Constitución, de manera indebida y sin ninguna autorización".​

En el último día de emisión -22 de octubre- se incluyeron entre las imágenes una secuencia en donde se observa el secuestro de un supuesto sacerdote desde un templo, atribuyéndolo a actos de violencia por el estallido social; sin embargo, dichas imágenes corresponden a una intervención artística realizada en enero de 2020 y que no posee relación con lo descrito en la franja televisiva. El vocero de la campaña, Felipe Salaberry, señaló que sabían que era una intervención pero decidieron incluirla de todas formas en la campaña.​ Antes estos hechos el presidente del PS, Álvaro Elizalde dijo lo siguiente: "se ha llegado al extremo en la franja de televisión de usar imágenes de una recreación y de presentarlas como si fuera un hecho real, particularmente del secuestro de un sacerdote en la Catedral Metropolitana, que no corresponde a un hecho que haya acontecido, que en su momento fue viralizado y se constituyó en una especie de fake news que la franja del Rechazo ha utilizado sin clarificar que se trataba de una recreación y no de un hecho delictivo".​

En el último día de transmisión de la franja electoral se mostró una cápsula de la senadora Jacqueline van Rysselbergue llamando a votar "sin miedo, sin violencia, sin hacer daño", recibiendo críticas y cuestionamientos debido a la apropiación de eslóganes, conceptos y colores de la campaña del "NO" en el plebiscito de 1988. Ante esto, uno de los ideólogos de la campaña del NO, Eugenio Tironi, dijo lo siguiente: "No creo que tenga mucho impacto, ha pasado mucho tiempo y la gente tampoco se engaña, a alguna gente le debe sonar utilitario (...) No veo que tenga cómo ganar, no les va a alcanzar".​

En los últimos 3 días de emisión -del 20 al 22 de octubre- la franja correspondiente a la opción "Rechazo" por parte de los partidos que componen Chile Vamos presentó una propuesta gráfica unificada, presentando testimonios de personas molestas con las consecuencias del estallido social.​

Las siguientes listas muestran los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil inscritas oficialmente ante el Servicio Electoral de Chile para realizar campaña por alguna de las opciones plebiscitadas.​ Se presentan también otros partidos y movimientos que no están inscritos, o están en vías de formación pero han manifestado su apoyo a alguna opción.

Gráfico de encuestas nacionales sobre la primera pregunta: ¿Quiere usted una nueva Constitución?

Gráfico de encuestas nacionales sobre la segunda pregunta: ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?

¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?

Convención Constitucional

Convención Mixta Constitucional

No sabe/No responde

Línea representa el promedio móvil de las tres últimas semanas.

Participaron en el plebiscito un total de 7 562 173 personas (con un 99,85% de las mesas escrutadas), convirtiéndose en la elección con la mayor cantidad de votantes desde la transición a la democracia, y superó a la cantidad de electores en el plebiscito de 1988, cuando sufragaron 7 158 727 personas.​ Además, ello significó un 50,68% de participación, revirtiendo la baja progresiva desde 2012, cuando se determinó la voluntariedad del voto.​

Las opciones "Apruebo" y "Convención Constitucional" fueron las ganadoras por un amplio margen, con más del 78% para ambas alternativas. Con este resultado, se realizará la elección de los convencionales constituyentes el 11 de abril de 2021, conjuntamente con las elecciones municipales y de gobernadores regionales bajo sufragio universal con el sistema electoral que rige la elección de la Cámara de Diputados.​

La opción "Apruebo" logró la mayoría de los votos en casi la totalidad de las comunas chilenas, excepto en Antártica, Colchane, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.​

Al 99,85% de mesas escrutadas

a Incluye 59 522 votantes en el extranjero.

Al 99,81% de mesas escrutadas

a Incluye 59 522 votantes en el extranjero.

1. Votaron en contra los diputados Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez (FRVS); Florcita Alarcón, Boris Barrera, Karol Cariola, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Amaro Labra, Daniel Núñez, Marisela Santibáñez, Guillermo Teillier y Camila Vallejo (PC); Féliz González (PEV); Florcita Alarcón, Tomás Hirsch y Pamela Jiles (PH); Ignacio Urrutia (PRC). Se abstuvieron los diputados Diego Ibáñez, Gael Yeomans, Gonzalo Winter (CS); Maite Orsini (RD); Catalina del Real (RN). Se parearon los diputados Pedro Velásquez y Sandra Amar, y Aracely Leuquén y Jenny Álvarez. El resto de los diputados votó a favor en la votación general.

2. Votaron en contra los senadores Alejandro Guillier (Ind.), Alejandro Navarro (PRO) y Kenneth Pugh (RN). Francisco Huenchumilla (PDC) y Manuel José Ossandón (RN) no estuvieron presentes. El resto de los senadores votó a favor en la votación general.

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El plebiscito nacional de Chile de 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020,​ fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia de COVID-19,​​ con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo para dicho proceso.

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CONTRATO SOCIAL MAS ESPERADO POR EL PUEBLO CHILENO 

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Proceso constituyente en Chile:  El contrato social y la desigualdad