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Contiene el formato de proyecto de exposición de motivos con nuevo formato

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Formato exposición de motivos DUS con nuevo formato

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Formato indicativo del proyecto de decreto Único Sectorial

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Presentación depuración Alcaldía de Bogotá 240425 (2)

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Manual de Uso Legalbog y Agenda Regulatoria 

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Manual de Uso Legalbog y Agenda Regulatoria 

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Contiene el paso a paso para la publicación de los proyectos de actos administrativos y la agenda regulatoria

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Presentación realizada por el Ministerio de Justicia

Contenido:

Depuración normativa: objetivo, importancia, criterios depuración.

Cronograma de actividades sugeridas para desarrollar un proyecto de depuración normativa

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Presentación depuración Alcaldía de Bogotá 240425 (2)

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Guía Gráfica para la elaboración del DUS

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Guía Gráfica para la elaboración del DUS

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Técnica de redacción de documentos jurídicos y actos administrativos 

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Técnica de redacción de documentos jurídicos y actos administrativos 

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27.03.2024 Se señala que la calidad normativa es uno de los elementos

fundamentales del Estado Social de Derecho. La norma precisa y sin ambigüedad ayuda a la

disminución de la litigosidad y a las múltiples interpretaciones.

Durante toda la conferencia se abordaron elementos formales de la norma, los aspectos

generales, las recomendaciones del orden de redacción: yendo de lo general a lo particular, de lo

abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional y del sustantivo a lo procesal.

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Taller Técnica Redacción Documentos Jurídicos

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24.04.2025 Explicación de la metodología para la depuración normativa, a cargo del Ministerio de Justicia.

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Jornada de orientación Depuración Normativa

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Los inventarios normativos y el proyecto de decreto se deben incorporar en el sistema de información LegalBog participa

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Listado de de conceptos incorporados en régimen legal sobre vigencias de normas. También pueden consultar los conceptos por temas en el siguiente enlace https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/doctrina_distrital.jsp?enti=5101

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Compilación de la Legislación Aplicable al Distrito Capital :: Régimen Legal de Bogotá

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se detallan las normas existentes en régimen legal desde 1800 hasta 1992. Están clasificadas y se sugiere un responsable.

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Contiene el listado de políticas públicas vigentes en el D.C. de acuerdo con el ecosistema proporcionado por el SDP

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SJD Inventario Políticas Públicas corte 2025 V2

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Informativo No. 1 Gobernanza Regulatoria 

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Informativo No. 1 Gobernanza Regulatoria 

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Contiene avances sobre el desarrollo de ls política de gobernanza. Particularmente hace referencia a los DUS.

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Informativo Política de Gobernanza  No.1

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Listado de demandas contra decretos distritales

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Listado de demandas contra decretos distritales

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Contiene el listado de procesos judiciales con la indicación de fallo favorable y desfavorable

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Nulidades contra Decretos y Acuerdos Distritales

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Memorando  demandas contra decretos distritales 

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Memorando  demandas contra decretos distritales 

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3-2025-2454_1 listado procesos - demandas contra decretos

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Se realiza la presentación del Anexo 2 y el glosario correspondiente.

Marzo 6 de 2025

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Reunión general enlaces  DUS - Anexo 2 y respuestas jurídicas  - 2025/03/06 07:50 GMT-05:00 - Recording

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Anexo No. 2  Ficha de Valoración jurídica 

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Anexo No. 2  Ficha de Valoración jurídica 

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Contiene los criterios que se debe estudiar en cada una de las normas identificadas en el inventario.

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Definición para la sección de glosario de términos

Decreto Único Sectorial (DUS). Instrumento normativo de compilación mediante el cual se unifica, depura, organiza y sistematiza el marco normativo y reglamentario aplicable a cada sector de la administración distrital. Su finalidad es garantizar la seguridad jurídica, facilitar el acceso a la normativa vigente y consolidar en un solo cuerpo normativo las disposiciones de carácter general y abstracto expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en cada sector.

Salvo excepciones expresas. Los DUS tienen vocación derogatoria orgánica, lo que significa que cualquier disposición reglamentaria preexistente que no sea incorporada en el decreto se entenderá derogada a partir de su entrada en vigor.

Si bien los DUS son de naturaleza reglamentaria, pueden incluir disposiciones adicionales necesarias para la estructura y funcionamiento del sector, siempre que su incorporación sea fundamental para la coherencia normativa y no implique la expedición de nuevas regulaciones o de contenido sustantivo.

Además de su carácter reglamentario, los DUS cumplen un rol estratégico en la implementación y articulación de las políticas públicas sectoriales, ya que sistematizan las normas que regulan su ejecución, seguimiento y evaluación. Su elaboración sigue los principios de racionalización, claridad y accesibilidad, asegurando que operadores jurídicos, entidades del sector y ciudadanos tengan certeza sobre la normatividad aplicable y su alineación con los objetivos de política pública distrital

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Anexo 1 de Decreto 479 de 2024 que contiene la estructura de la misma. Esta política tiene por objetivo general promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito Capital cumplan con altos parámetros de calidad y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica, y un procedimiento unificado para la calidad en la producción normativa.

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Introducción
La regulación es un medio a través del cual los gobiernos intervienen en la sociedad para garantizar los derechos de los ciudadanos y la prestación de servicios. Dichas regulaciones suelen traducirse en trámites, obligaciones y requisitos que, de no estar bien diseñados, pueden generar costos excesivos e innecesarios a empresas, ciudadanos e inversionistas. "Entre otros, los desafíos incluyen evitar reglas duplicadas o traslapadas, regulación de baja calidad y una aplicación desigual. Estos desafíos se agudizan más cuando no existe una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sea por su autonomía o poca colaboración."

Estas fallas, sin embargo, pueden ser resueltas con una Política de Mejora Normativa - PMN como una de las tres grandes políticas del Estado, junto con la Fiscal y la Monetaria, cuyo objetivo es mejorar la calidad y transparencia de las regulaciones y, con ello, el desarrollo económico del país. En efecto, los estudios realizados en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE, señalan que una reducción del 25% de la carga regulatoria podría aumentar hasta 1,5% el PIB de la ciudad.

Así́ mismo, la PMN pretende lograr que las normas expedidas por las entidades y organismos del Distrito revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

Para ello, se demanda el concurso de actores con competencias especiales y determinadas, gestores normativos que deben avizorar con solvencia los efectos sociales, económicos, jurídicos y administrativos que derivan de las normas configuradas, así como evitar conflictos entre normas de mayor jerarquía, lo cual obliga a realizar un análisis histórico y del desarrollo normativo de orden nacional y distrital.

Ahora bien, a nivel nacional la Política de Mejora Normativa define la regulación como "el conjunto de instrumentos normativos por medio de los cuales los gobiernos establecen requisitos a los ciudadanos y las empresas, y sobre los cuales se espera un cumplimiento por parte de los actores regulados."[5], de igual manera, incorpora el Ciclo de Gobernanza Regulatoria - CGR, con el fin de mejorar las fases del procedimiento regulatorio y lograr diseñar normas eficientes y eficaces.

No sobra señalar, que el Consejo de Estado en el Concepto 00066 de 2016 consideró que, si la expresión "proyectos específicos de regulación" se determina a la luz del sentido general del término regulación, debe concluirse que dichos proyectos hacen referencia a la propuesta de norma jurídica que busca expedir la autoridad administrativa, sin que se limite o restrinja únicamente a la regulación económica-social. Para concluir que, cuando la Ley 1437 de 2011 ordena publicar los proyectos específicos de regulación, debe entenderse que ordena a las autoridades señaladas en el artículo 2º del CPACA a publicar los proyectos de actos administrativos de contenido general y abstracto que piensan proferir.

En concordancia con lo anterior, es necesario resaltar que la Administración Distrital ha sido activa en el desarrollo de acciones tendientes a mejorar las prácticas normativas y de coordinación para la suscripción de actos y documentos administrativos tanto de las entidades distritales como del/la alcalde/sa mayor. Pese a ello, es importante la implementación de una Política de Gobernanza Regulatoria, con el fin de elevar los estándares de calidad normativa en el Distrito que tienen impacto en los niveles de competitividad, en factores sociales y en la economía per se. Para ello, en el presente documento se exponen principios, buenas prácticas regulatorias y el procedimiento para la producción normativa en Bogotá, de conformidad con las lecciones aprendidas en política regulatoria nacional, en recomendaciones de alto nivel y en las experiencias de países OCDE, para continuar con la labor de mejora de la calidad de la regulación en Bogotá.

Esta Política sienta sus bases en el CONPES Nacional 3248 de 2003, a través del cual se aprobaron los lineamientos generales, el alcance y los mecanismos de evaluación del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) y señala las cuatro áreas que conforman la gestión jurídica del Estado, como uno de los componentes de apoyo transversal a la actividad estatal. En su momento, la producción normativa, junto con la asesoría jurídica; la contratación estatal y la defensa judicial la conformaron.

Paralelo a lo descrito, se encuentra la expedición del documento CONPES 3816 de 2014 "MEJORA NORMATIVA: ANÁLISIS DE IMPACTO", el cual señaló como objetivo: "... sentar las bases para institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la etapa temprana del proceso de emisión de las normas desde la Rama Ejecutiva, como herramienta dirigida a fortalecer la confianza, efectividad y transparencia de la normatividad, en el mediano y largo plazo ", y adicionalmente, recomendó la creación de una instancia de alto nivel para coordinar y orientar la política de mejora normativa en entes territoriales, buscando con su implementación fortalecer medidas encaminadas a mejorar el proceso de emisión de normativa y adoptar herramientas relacionadas con este proceso, tales como el Análisis de Impacto Normativo.

El artículo 2.1.2.1.2. del Decreto Nacional 1609 de 2015 señala que la finalidad de implementar una técnica normativa en la expedición de actos administrativos es poder racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dar seguridad jurídica y evitar la proliferación normativa. De igual forma,optimizar los recursos físicos y humanos utilizados en esta actividad. Lo anterior, con el fin de construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado. Para ello, es necesariala incorporación de diferentes herramientas como el deber de calidad formal, previsto en el artículo 2.1.2.1.15 del citado decreto.

Mediante el Decreto Nacional 1299 de 2018 se incluyó́ la Política de Mejora Normativa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de "que abarque aspectos de la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico."

La Política de Mejora Normativa estableció como objetivo la promoción del uso de herramientas y buenas prácticas regulatoriaspara la eficacia, eficiencia, transparencia y coherencia de las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público.

De esta forma, la política de mejora normativa se basa en el ciclo de gobernanza regulatoria, el cual establece actividades de dirección, programación, ejecución y evaluación para que al interior de la administración se garantice la debida orientación y una sólida coordinación en la expedición de las normas, con la integración de manera lógica de las distintas etapas que componen el proceso regulatorio.

Gráfica 1. DNP. Política de Mejora Normativa - 2019

El Decreto Nacional 1273 de 2020 modificó el Decreto 1081 de 2015 en relación con las directrices generales de técnica normativa. El citado decreto señaló entre otras, las excepciones al deber de publicar proyectos de regulación, con el fin de que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, los proyectos específicos de regulación, como también las excepciones a esta regla.

El Decreto Nacional 1468 de 2020 modificó parcialmente las Secciones 2°, 5° y 6° del Capítulo 7° del Título 1° de la Parte 2° del Libro 2° del Decreto 1074 de 2015 en lo relativo a la aplicación del análisis de impacto normativo en los reglamentos técnicos y estableció el procedimiento en los cuales procede un análisis completo o simple.

La Ley 2085 de 2021 adoptó la figura de depuración normativa definiéndola como el Instrumento que permitirá decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, incumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente.

Es preciso señalar que, el Departamento Nacional de Planeación puso a disposición de las entidades de orden nacional y territorial diferentes instrumentos para el desarrollo del ciclo de gobernanza, tales como: la Guía Metodológica para la Elaboración del Análisis de Impacto Normativo (AIN), la Guía para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa, la Guía de calidad Claro para Servidores Públicos de Colombia, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y la Guía Metodológica para la implementación de la Evaluación Ex Post de la Regulación.

A nivel distrital, el Decreto 430 de 2018 adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital - MGJP con el propósito de alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad jurídica que faciliten la toma de decisiones, la protección de los intereses del Distrito Capital y la prevención del daño antijurídico, con la Producción Normativa como uno de sus componentes temáticos, encargado de la preparación, proyección y suscripción de los documentos y actos administrativos que deben expedir las entidades y organismos del Distrito

De conformidad con el artículo 15 del Decreto 430 de 2018, la Producción Normativa debe garantizar la protección, coherencia, efectividad y eficiencia del ordenamiento jurídico distrital, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales, con el fin de brindar seguridad jurídica.

Asimismo, el artículo 20 de la precitada norma establece que la Secretaría Jurídica Distrital -SJD- debe expedir la política de mejora y racionalización normativa para el Distrito Capital. No obstante, la SJD deberá emitir los lineamientos relacionados con la revisión y trámite de los actos administrativos y demás documentos que deban ser suscritos, sancionados y/o avalados por el/la alcalde/sa mayor, hasta tanto no se expida la política.

El Decreto Distrital 807 de 2019 adoptó para el Distrito Capital el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y estableció las competencias de cada una de las instancias que de manera coordinada establecen las reglas, condiciones, políticas y metodologías que facilitan la implementación, evaluación y seguimiento del modelo. Así mismo, el artículo 20 íbidem determinó que la SJD es la responsable de liderar la Política de Mejora Normativa a Nivel Distrital.

Por otra parte, el artículo 6° del Acuerdo Distrital 761 de 2020 estableció la participación ciudadana como uno de los enfoques con los que la administración comprende y atiende las realidades de quienes habitan en el Distrito Capital. Adicionalmente, en el Propósito 5, incorporó el programa 56 Gestión Pública Efectiva y como meta sectorial la No. 500 "Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente" y cuyo cumplimiento se encuentra en cabeza del Sector Jurídico, prevé: "Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalizan de trámites".

A su vez, el Decreto Distrital 069 de 2021 establece el trámite para la participación ciudadana en los proyectos específicos de regulación, en desarrollo del numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, para todas las entidades del Distrito Capital que tienen la obligación legal de cumplir con dicha disposición. De igual forma, incorporar mecanismos adicionales a los dispuestos en la ley tendientes a promover, incrementar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana incidente en la emisión de actos regulatorios, definidos como "(...) todo proyecto de acto administrativo que pretenda desarrollar un mandato normativo específico, cuyo contenido sea general, abstracto, y además sea expedido por la autoridad competente"

En el 2020, la SJD diseñó e implementó una herramienta auto diagnóstica - HA "para determinar las temáticas específicas sobre las cuales recaería la regulación por parte de organismos y entidades distritales, en el contexto del proyecto de Política de Mejora Normativa para el Distrito Capital" y articular el proceso de implementación y liderazgo ejercido por la SJD en esta materia. Esta herramienta buscó identificar la expedición de documentos y actos administrativos - DAA, analizar las actividades relacionadas con las etapas del CGR y conocer con mayor detalle el cuerpo de abogados del Distrito Capital encargado de la producción normativa.

El Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo Distrital 846 de 2022 dictó los lineamientos para la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital e impartió directrices de obligatorio cumplimiento para todas las entidades distritales sobre la efectiva administración del acervo regulatorio a cargo del Distrito mediante buenas prácticas regulatorias y acciones de mejora regulatoria, con el objetivo de tener un entorno regulatorio eficiente que garantice la efectiva prestación de los servicios públicos, la garantía de derechos y el desarrollo económico, social y ambiental.

La Política de Gobernanza Regulatoria tiene por objetivo general promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito Capital cumplan con altos parámetros de calidad y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica, y un procedimiento unificado para la calidad en la producción normativa.

La implementación de la política permitirá que el marco regulatorio y reglamentario facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

La implementación de la política cumplirá con los siguientes objetivos específicos:

2.1 Unificar los lineamientos generales para la producción normativa para facilitar la labor de sus participantes y la coordinación entre las entidades.

2.2 Fortalecer y desarrollar los procesos para la implementación de la agenda regulatoria, la planificación normativa y la participación ciudadana en la elaboración de iniciativas, políticas, programas, propuestas de regulación y normativa en el Distrito Capital.

2.3 Mejorar el procedimiento para el diseño de la regulación, la creación de nuevas normas y la calidad del acervo normativo existente.

2.4 Consolidar el inventario normativo e implementar los procesos de evaluación de las normas en las entidades y organismos distritales y procurar su depuración, racionalización o modificación, de conformidad con los lineamientos que imparta la Secretaría Jurídica Distrital.

2.5 Promover la incorporación progresiva de tecnologías de información y comunicación entre los trámites y servicios para trámites y consultas.

Principios de la Política de Gobernanza Regulatoria

El proceso de producción normativa en el Distrito Capital estará orientado y soportado, además de los principios aplicables propios a la regulación o producción normativa, así como los contemplados en el Acuerdo Distrital 846 de 2022 se tendrán en cuenta los siguientes con el propósito de mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía:

3.1. Eficacia: la medida regulatoria deberá ser adecuada y suficiente para resolver el problema identificado y cumplir los objetivos para los cuales fue creada.

3.2. Eficiencia: la medida regulatoria deberá lograr mayores beneficios (económicos, sociales y ambientales) que costos para el cumplimiento de sus objetivos.

3.3. Necesidad: la medida regulatoria debe ser requerida para mitigar un problema o un riesgo existente que afecta a la sociedad, así como para mejorar la norma cuando se evidencia un beneficio conforme a los procesos de seguimiento y evaluación que se realicen.

3.4. Participación: Las entidades y organismos distritales garantizarán a los sujetos regulados y terceros interesados, la difusión de los proyectos de actos normativos, para recibir aportes, comentarios o sugerencias en cada una de las etapas del Ciclo de Gobernanza Regulatoria.

3.5. Seguridad jurídica: El ordenamiento jurídico debe producir certeza y confianza en la ciudadanía respecto de la normativa vigente y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.

3.6. Accesibilidad: la regulación debe ser comunicada adecuadamente, de manera que facilite la compresión y el acceso a ella por parte de los regulados y la ciudadanía interesada.

3.7. Publicidad: "las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma".[31]

3.8. Transparencia: "la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal

3.9. Responsabilidad y rendición de cuentas: Las Entidades y organismos Distritales tendrán a disposición de la ciudadanía los resultados de la implementación y cumplimiento de la Política de Gobernanza Regulatoria en cada una de sus etapas.

La Política de Mejora Normativa, incorpora las siguientes categorías:

Regulación administrativa : Instrumentos normativos dirigidos a seguir procedimientos y trámites administrativos al interior de las organizaciones públicas (ej. Resoluciones de nombramientos, renuncias, condecoraciones, etc.)

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló frente al concepto de proyectos específicos de regulación que "(...) es posible entender este concepto a partir de un sentido general y un sentido específico. (...) La doctrina extranjera, en una concepción general del término regulación, la concibe como una norma jurídica, y por tanto, la actividad de regular como la potestad de promulgar dichas normas. En esta misma dirección, se han pronunciado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. (...). Una segunda aproximación al concepto de regulación propuesta por la doctrina es aquella que la entiende como una forma de intervención del Estado en la economía, postura que también ha sido adoptada por la jurisprudencia colombiana. En este contexto, a través de la regulación se busca corregir las "fallas del mercado", alcanzar los fines del Estado, materializar los principios sociales, garantizar la libre competencia y la prestación eficiente de los servicios y maximizar el bienestar de los usuarios.

(...). Por su parte, bajo el concepto de regulación en sentido específico, la función regulatoria tendría como uno de sus instrumentos la potestad reglamentaria para desarrollar un mandato legal específico, aunque no se agotaría con ella, pues tal como se señaló, la función de regulación económica y social se entiende como una forma de intervención estatal en la economía para maximizar el bienestar de los usuarios y alcanzar los fines del Estado mediante la libre competencia y la prestación eficiente de los servicios públicos. Por lo tanto, la expedición de actos administrativos generales dirigidos a intervenir en la economía constituye apenas uno de los instrumentos como el Estado adelanta su función de regular". (Negrilla fuera del texto original).

En consecuencia, en desarrollo de las competencias previstas para las diferentes entidades y organismos distritales, en materia normativa las entidades realizan la expedición de actos de contenido general que involucran temáticas reguladoras y no reguladores, y de actos de carácter particular y concreto.

Para efectos de la política se entenderá en el Distrito Capital la regulación como todo proyecto de acto administrativo que pretenda desarrollar un mandato normativo específico, cuyo contenido sea general, abstracto, y además sea expedido por la autoridad competente. Conforme con lo anterior, todas las entidades distritales pueden estar sujetas a procesos de regulación.

El Ciclo de Gobernanza Regulatoria "(...) permite brindar una lectura integral de todas y cada una de las fases, actores, herramientas e instituciones que intervienen en el proceso de expedición de una nueva regulación o la modificación de una existente,". Incluye un proceso de consulta, análisis de pertinencia e impacto de las regulaciones.

El ciclo se encuentra subdividido en 6 etapas las cuales se incorporan a las herramientas existentes en el Distrito Capital:

1. Planeación

2. Diseño de la regulación

3. Consulta Pública de los proyectos de actos administrativos

4. Revisión de Calidad normativa

5. Publicación de la regulación

6. Evaluación

La planeación normativa en la gestión jurídica permite a los diferentes organismos y entidades distritales facilitar el desarrollo de los proyectos, planes y programas previstos para el desarrollo interno.

Para el desarrollo de la planeación normativa, los organismos y entidades deberán tener en cuenta lo siguiente:

Realizar por cada entidad u organismo distrital laAgenda Regulatoria en la que se indicarán las temáticas que se pretenden expedir durante la vigencia, y que permiten el conocimiento y participación de la sociedad y los sujetos regulados. La Agenda Regulatoria, como herramienta para la planeación de la regulación, tiene por objeto presentar a la ciudadanía en general y a los sujetos regulados en particular, las necesidades de regulación existentes en cada una de los organismos y entidades distritales, a efectos de dialogar sobre su pertinencia o necesidad. Para tal efecto, los organismos y entidades reguladoras indicarán " Los proyectos de actos administrativos que se pretenden expedir el siguiente año para conocimiento y participación de la sociedad y los sujetos regulados".

Para tal efecto, la Agenda regulatoria debe contener:

La construcción de la agenda regulatoria incluirá el ejercicio preliminar por parte de las entidades, la retroalimentación y propuestas que hagan la ciudadanía o personas interesadas y el ejercicio de análisis que realice cada entidad frente a las propuestas de la ciudadanía.

Grafica No. 2 Fuente: Elaboración Secretaría Jurídica Distrital

Las entidades deberán remitir la agenda regulatoria definitiva a la Secretaría Jurídica Distrital en enero del año siguiente en el formato adjunto al presente (Anexo 1). Esta información será publicada en el sistema de información jurídica LegalBOG b. Remisión de la agenda a la Secretaría Jurídica Distrital: https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico

La Secretaría Jurídica Distrital será la encargada de elaborar y/o modificar el formato de Agenda Regulatoria.

El Diseño de la regulación implica la formulación, elaboración y evaluación de las alternativas para la solución de los eventos o problemas identificados que requieren intervención de las entidades y organismos distritales, con el fin de establecer si la solución más eficiente corresponderá a una producción normativa o a otro tipo de intervención.

En caso de que se opte por una solución no normativa, deberá informarse la decisión a la ciudadanía, lo cual se podrá realizar al momento de la actualización de la agenda regulatoria. Para ello, es necesario analizar previamente el impacto generado por determinada norma o regulación a efectos de tomar las decisiones de modificación o eliminación de la regulación.

Para tal efecto, se dará aplicación al Análisis de Impacto Normativo (AIN) cuando se requiera, y a los parámetros para la preparación y elaboración del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación.

El AIN es una metodología que permite, previa a la intervención de la administración, evaluar de manera sistemática su conveniencia, su justificación, sus potenciales impactos y las alternativas de solución del presunto problema jurídico, económico, social y/o ambiental, con el fin de tomar decisiones eficientes, eficaces, idóneas, proporcionales, transparentes, y en general de calidad.

Conforme con lo establecido en la Guía Metodológica para la elaboración de Análisis de Impacto Normativo Versión 2.0, el "objetivo principal de un AIN es brindar evidencia que soporte la intervención gubernamental, dado que en este se analizan las alternativas de intervención y sus posibles impactos, es decir, el AIN busca corroborar que previo a la expedición de una norma se escoja la mejor alternativa posible para la sociedad en su conjunto, garantizando que sus beneficios justifiquen sus costos. El AIN es una herramienta complementaria para mejorar la calidad del proceso de expedición de una regulación; además, ayuda a mejorar los procesos de participación, la transparencia y la rendición de cuentas" .

El Acuerdo Distrital 846 de 2022 dictó los lineamientos para la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital e impartió directrices de obligatorio cumplimiento para todas las entidades distritales y dispuso en el artículo 4 que: "La Secretaría Jurídica Distrital desarrollará una Guía de Análisis de Impacto Normativo que describirá detalladamente los pasos para desarrollar el AIN. Esta Guía se hará conforme a los estándares internacionales sobre la materia y con base en las experiencias colombianas sobre la materia", pese a lo anterior, revisada la Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) Versión 2.0, diseñada por el Departamento Nacional de Planeación, se considera que la misma cumple con los parámetros técnicos y normativos y servirá de referencia y análisis para que sean aplicadas por parte de las entidades y organismos distritales. En tal sentido, en virtud del principio de economía se adopta el citado instrumento como parte del ciclo de diseño de la regulación en el marco de la política de gobernanza regulatoria.

Gráfica: 3 Fuente DNP - 2019

Para la preparación y elaboración del acto administrativo y/o específico de regulación las entidades y organismos distritales deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Identificar la(s) disposición(es) de orden constitucional o legal que otorgan la competencia para expedir el acto administrativo. Si no existe, no podrá seguirse adelante con el trámite de elaboración del texto normativo.

b. Analizar los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición.

c. Definir un propósito preciso y claro que se quiere materializar con la expedición del acto administrativo. La finalidad de la norma.

d. Establecer si existe alguna norma vigente que regule el mismo tema. De existir, explicar porque es insuficiente e identificar la norma que el proyecto de acto administrativo pretende derogar, modificar o sustituir.

e. Revisar y analizar las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto, así como revisar los antecedentes jurisprudenciales para determinar si las altas Cortes o los Tribunales se han pronunciado sobre la materia a ser regulada o adoptada.

f. Identificar el destinatario del acto administrativo, lo que facilitará el uso del lenguaje adecuado a los propósitos de la disposición.

g. Adelantar un autodiagnóstico en cuanto a la prevención del daño antijurídico, es decir, preguntarse: (i) ¿el acto administrativo podría generar un daño antijurídico? así como (ii) ¿se adoptan los correctivos necesarios para evitar la producción de ese daño?".

h. Elaborar la memoria justificativa o exposición de motivos del acto administrativo que incluirá:

i. El desarrollo de las actividades precedentes.

ii. Analizar los impactos positivos o negativos, considerando los actores que puedan ser afectados en los ámbitos jurídico, económico, presupuestal e incluso ambiental para determinar si la expedición de la norma se justifica y si es proporcionada de acuerdo con los siguientes aspectos:

a. Impacto jurídico. Se deberá manifestar qué se prevé para garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, así como evitar problemas de interpretación y aplicación de los preceptos normativos que se proyecten frente a las disposiciones vigentes.

Incluirá la manifestación de ser nueva normativa o se listará(n) la(s) disposición(es) que se derogará(n), subrogará(n), modificará(n), adicionará(n) o sustituirá(n), si alguno o algunos de estos efectos se produce con la expedición del acto administrativo.

b. Impacto económico. En los eventos en que la naturaleza del acto administrativo así lo amerite, deberá señalarse este impacto y su alcance. Deberá contemplarse la posibilidad de proporcionar a los destinatarios el tiempo y medios suficientes para adaptarse a las nuevas condiciones que se dicten para el ejercicio de derechos y obligaciones.

c. Impacto presupuestal. Según el caso, se deberá identificar los costos fiscales del proyecto y la fuente para la financiación de dicho costo. En este caso, el proyecto será previamente conciliado con la Secretaría Distrital de Hacienda.

d. Impacto ambiental. Cuando se requiera, se deberá manifestar lo relacionado con este impacto, así como las medidas tomadas para mitigarlo. Cuando se requiera el proyecto deberá obtener le concepto previo de la Secretaría Distrital de Ambiente.

iii. Cumplir los requisitos de consulta y publicidad, en los casos que expresamente señala la ley. Caso en el cual se anexará la constancia del cumplimiento de esa obligación y se incluirá el resultado de la evaluación de las observaciones ciudadanas que se hubieren presentado.

iv. Incluir cualquier otro aspecto que la dependencia remitente considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión.

v. Establecer de manera expresa las derogatorias que proceden con la expedición de la norma.

vi. Remitir, con la firma del jefe jurídico del organismo, el proyecto de acto administrativo para la revisión y suscripción de la autoridad administrativa correspondiente.

Para la elaboración del acto administrativo se deberá tener en cuenta el Anexo 2. Estructura mínima del proyecto de acto administrativo.

La proyección del acto administrativo deberá tener en cuenta la claridad del texto de tal forma que sea entendible, lógico y no presente contradicciones. Adicionalmente, deberá usar un lenguaje claro que facilite su comprensión.

La Guía para la consulta pública en el proceso de la producción normativa establece beneficios que involucra a los ciudadanos, las nuevas tecnologías y las comunicaciones, la interacción entre los individuos y las organizaciones, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Grafica 4. Beneficios de la consulta pública. Fuente DNP - 2019

Para efectos de la consulta pública, se publicarán todos los soportes del proyecto de acto y se utilizará el portal único LegalBog al cual se puede acceder por el siguiente enlace https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico
6.3.1 Etapas del proceso de consulta
El proceso de consulta de los actos administrativos se compone de tres etapas que involucran su planeación, el ejercicio de participación y el análisis de los resultados.

Grafica 5. Fuente DNP - 2019
6.3.2. Consulta de los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación en LegalBog Participa
Todos los actos de contenido regulatorio deberán surtir las etapas de consulta previa a su aprobación con el objeto de dar aplicación a lo establecido en el numeral 8° del artículo 8 ° de la Ley 1437 de 2011. Para ello, todas las entidades y organismos deberán publicar en el portal único LegalBog Participa por un término mínimo de cinco (5) días hábiles; plazo en el cual se recibirán las opiniones, observaciones, sugerencias o propuestas de la ciudadanía o grupos de interés.

6.3.3. Consultas y audiencias públicas de los proyectos de actos

Las entidades y organismos distritales podrán desarrollar actividades de participación y consulta de acuerdo a las necesidades específicas y complejidad de las iniciativas de regulación.

En tal sentido, por motivos de conveniencia la entidad promotora del proyecto podrá desarrollar una audiencia pública previa a la emisión del acto administrativo, por iniciativa propia, solicitud ciudadana o de otra entidad distrital. En todo caso, la audiencia se celebrará con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, y de la misma se dejará constancia en el expediente.

Cuando el proyecto de acto se haya publicado en el portal LegalBog Participa, la solicitud de audiencia pública por parte de la ciudadana, se deberá solicitar por escrito dentro de los dos (2) días siguientes al primer día de publicación del mismo, justificando las razones para su realización. La entidad o entidades autoras del proyecto deberán analizar la solicitud y definirán su procedencia informando oportunamente al peticionario.
a. Procedimiento y trámite de la audiencia pública.
Para efectos de la realización de la audiencia se seguirá el siguiente procedimiento.

1. La audiencia pública será convocada por las entidades distritales que pretenden emitir la norma, o por aquella que lidere la iniciativa por hacer gobierno con el (la) alcalde (sa) mayor de Bogotá.

2. La entidad encargada deberá realizar una convocatoria pública abierta de la audiencia a través de su página web, indicando la fecha, hora, lugar de celebración o link, y las materias a tratar. Igualmente, deberá indicar el enlace donde está publicado el proyecto de acto, el procedimiento para el registro a la audiencia y el aforo total de la misma

3. La audiencia será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado/a. Si se trata de un acto administrativo que deba suscribir el (la) alcalde (esa) mayor de Bogotá, la audiencia será presidida por el secretario cabeza de sector o su delegado/a.

Durante el desarrollo de la audiencia se podrán recibirse la información y documentos que se consideren conducentes y se realizarán

4. De la audiencia se levantará acta donde consten sucintamente las intervenciones, la cual hará parte del expediente normativo y de los antecedentes del acto administrativo.
b. Solicitud de las consultas públicas.
La entidad promotora del proyecto específico de regulación podrá, de oficio o por solicitud de algún interesado, realizar consultas sobre el impacto del mismo a entidades del nivel nacional, entidades sin ánimo de lucro reconocidas en la materia a regular, consejos consultivos de los sectores administrativos, instituciones educativas de nivel superior, o expertos en la materia, las cuales servirán de sustento adicional o darán claridad sobre las medidas a adoptar. En todo caso, el alcance de los conceptos será el establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la entidad podrá o no acoger las recomendaciones allí contenidas.

Los conceptos emitidos en el marco de estas consultas harán parte del expediente normativo, y de los antecedentes jurídicos del acto administrativo, siendo responsabilidad de la entidad promotora del acto regulatorio dejar constancia de la consulta, de la respuesta y de las razones que justifiquen si se adoptan o no las recomendaciones o sugerencias.

En ningún caso los términos establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la respuesta de las consultas, suspenderá el término del trámite establecido en el presente decreto, salvo que la entidad que lidere el asunto considere necesario que así sea.

Todos los proyectos específicos de regulación deberán contar con una matriz en la que se incorporen las observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas formuladas por la ciudadanía o grupos sociales; el análisis realizado por la entidad u organismo y las respuestas que indiquen si es acogida o no.

En caso que se realice otro mecanismo de participación adicional, se dejará constancia de los resultados. La matriz debe estar suscrita por los/as directores/as o jefes/as de las respectivas oficinas jurídicas o quien haga sus veces, y por los/as directores/as o jefes de la dependencia que lidera la regulación en los aspectos técnicos.

En la matriz de observaciones y respuestas, se deberá consignar claramente la siguiente información:

1. Fecha de publicación del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación.

2. Fechas de consulta pública y presentación de observaciones de los ciudadanos.

3. Correo electrónico para el recibo de las observaciones, en el caso en que la publicación no se haya surtido por el portal único de publicación de actos administrativos distritales para la participación ciudadana incidente, conforme lo previsto en el artículo 10° del presente decreto.

4. Propuestas u observaciones presentadas por los ciudadanos.

5. Respuesta a las observaciones presentadas, considerando el análisis efectuado y señalando la conclusión a la que se llegó.

6. Indicación de la participación incidente que señale si no se acogieron o si se acogieron total o parcialmente las observaciones y sugerencias de la ciudadanía en el proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación.

Con el fin de contabilizar las observaciones que se presenten por la ciudadanía a la producción normativa de cada uno de los sectores, las entidades distritales objeto del presente decreto, deberán presentar sus matrices de producción normativa regulatoria, junto con las constancias referentes a las audiencias públicas y consultas realizadas a los expertos, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, de conformidad con las directrices que sobre el particular imparta la Secretaría Jurídica Distrital.

La Secretaría Jurídica distrital será la encargada de realizar la actualización de la matriz cuando se requiera y que corresponde al anexo No. 3 del presente documento, así como de realizar el seguimiento al proceso de participación ciudadana y expedición normativa.
6.4.1. Revisión técnica y jurídica
El organismo o entidad impulsora del proyecto de acto administrativo coordinará en su interior la participación de las diferentes dependencias según se requiera para garantizar la revisión técnica jurídica de la norma y la revisión específica de los posibles impactos. Adicionalmente, deberá tramitar y gestionar los documentos o conceptos técnicos con las entidades competentes y precaver eventuales demandas en contra.

Cuando el respectivo proyecto tenga impacto o comprenda materias propias de varios organismos, aquel que tenga la iniciativa deberá ponerlo en conocimiento de aquellos y coordinar lo pertinente para que el texto remitido para la firma del/la alcalde/sa mayor, se encuentre debidamente conciliado y refleje una visión integral y coherente del asunto.

Si el proyecto no logra ser conciliado entre los respectivos organismos o entidades, se informará a la Secretaría Jurídica Distrital, para que se promueva la dirección, coordinación y orientación de los asuntos jurídicos en el marco de las competencias otorgadas en el numeral 4.2. del Decreto Distrital 430 de 2018, en calidad de gerente del Modelo de Gestión Jurídica Pública - Gerencia Jurídica.

- Con el fin de prevenir el daño antijurídico, los organismos y entidades distritales deberán analizar si el acto administrativo de carácter general puede presentar riesgo de litigiosidad y adoptar los correctivos necesarios para evitar litigios.

Adicionalmente, cuando el proyecto de acto pretenda incorporar un reglamento técnico, deberá agregar los estudios técnicos que sustenten las medidas que se adoptarían a través del proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad.
6.4.2. Revisión de Legalidad
Una vez sea radicado en la Secretaría Jurídica Distrital el proyecto de acto administrativo por parte del ente regulador o por la cabeza de sector para que sea suscrito, la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos adelantará la revisión de calidad legal (legalidad) en pro de la mejora de la regulación.

1. Si el proyecto normativo impacta el plan de ordenamiento territorial, el plan de presupuesto, el plan de desarrollo distrital y cuando verse sobre proyectos, programas o políticas públicas, su revisión y firma deberá ser por la entidad que lidera el proyecto regulatorio y la cabeza del sector administrativo al que pertenezca.

2. El proyecto debe ser radicado ante la Secretaría Jurídica Distrital, con mínimo ocho (8) días hábiles de antelación a la fecha en que se deba expedir el respectivo acto, con el fin de que durante dicho plazo se surta la revisión del mismo.

Cuando se trate de proyectos de actos administrativos, cuya expedición obedezca a la ocurrencia de hechos o el acaecimiento de situaciones que ameriten tomar acciones y/o decisiones inmediatas, estos se podrán radicar por fuera del término antes indicado, con la justificación de la extemporaneidad de forma clara y concreta, por parte del organismo o entidad remitente.

En ese orden de ideas, los titulares de las entidades descentralizadas del nivel distrital, no deben suscribir los proyectos referidos, por no tener competencia para ello, al tenor de lo establecido en el citado artículo 53 ídem.

4. Cuando el proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación deba ser suscrito por varios secretarios de despacho o por algunos de estos, y/o por el/los director/es de algún/os departamento/s administrativo/s, de forma conjunta con el/la alcalde/sa mayor, previamente a su radicación en la Secretaría Jurídica Distrital, el mismo deberá ser firmado por todos los servidores que harán gobierno con el el/la alcalde/sa mayor para su expedición, cumpliendo además lo señalado en el subnumeral 2 anterior.

5. En el evento de faltar alguna de las firmas o que el nombre de los titulares de los despachos que suscriben el proyecto o de las entidades respectivas esté incompleto, o no corresponda por haber operado algún cambio, este será devuelto a la secretaría de despacho remitente del mismo, para que sea suscrito, y no podrá pasar para la firma del/la alcalde/sa mayor, sin haber sido firmado previamente por todos los servidores públicos que deberán hacer gobierno con el primer mandatario del Distrito Capital, en su expedición.

6. El orden y denominación de las secretarías de despacho que aparecerán debajo de la firma del/la alcalde/sa mayor, será el siguiente:

- Secretaría Distrital de Gobierno

- Secretaría Distrital de Hacienda

- Secretaría Distrital de Planeación

- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

- Secretaría de Educación del Distrito

- Secretaría Distrital de Salud

- Secretaría Distrital de Integración Social

- Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

- Secretaría Distrital de Ambiente

- Secretaría Distrital de Movilidad

- Secretaría Distrital del Hábitat

- Secretaría Distrital de la Mujer

- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

- Secretaría Jurídica Distrital.

7. Igualmente, cuando el proyecto de acto administrativo deba ser suscrito por el titular de un departamento administrativo, la denominación del mismo deberá ir debajo de la secretaría de despacho cabeza del sector al que se encuentre adscrito.

8. Cuando el proyecto de acto administrativo sea preparado y/o elaborado por alguna entidad descentralizada, el mismo deberá ser enviado por la entidad autora a la secretaría de despacho cabeza de sector administrativo de coordinación de la Administración Distrital, al que esté adscrita o vinculada, con el fin de que sea revisado, aprobado y suscrito por el titular del despacho correspondiente, previamente a su envío a la Secretaría Jurídica Distrital para su revisión.

9. A los proyectos de acto administrativo y/o específicos de regulación de que trata el presente artículo, deberá anexarse una exposición de motivos técnico-jurídica suscrita por el/los jefe/s del/os organismo/s y/o entidad/es que presenta/n la iniciativa, y por el/los director/es o jefe/s de la/s oficina/s jurídica/s respectiva/s, o de la dependencia que haga sus veces. Además, se anexará el Análisis de Impacto Normativo realizado previamente, y detallando de forma clara y específica las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias o distritales, según el orden de superioridad normativa, que sustentan la expedición del acto; así como, las razones y aspectos técnicos que motivan, justifican y/o hacen procedente la adopción o establecimiento de las medidas contenidas en el proyecto.

Cuando el proyecto de acto administrativo sea preparado y/o elaborado por alguna entidad descentralizada, la citada exposición de motivos técnico - jurídica, también deberá ser firmada por el/los jefe/s del/a/s entidad/es autora/s de la iniciativa, y por el/los director/es o jefe/s de la/s oficina/s jurídica/s respectiva/s, o de la dependencia que haga sus veces.

10. Cuando en el cuerpo del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación o en la exposición de motivos, se haga referencia a documentos de cualquier orden, cifras, estadísticas, artículos, etc., copia de los mismos deberán anexarse, o se habrá de indicar en el oficio remisorio del acto, la fuente donde estos se podrán consultar.

Es preciso aclarar que las referencias que se hagan a los documentos, cifras, estadísticas, artículos, etc., deberán coincidir estricta e integralmente con lo anotado en el proyecto de acto administrativo o en su exposición de motivos.

11. En el evento de que, como producto de la revisión efectuada por la Secretaría Jurídica Distrital, surja la necesidad de modificar, adicionar, corregir y/o ajustar el proyecto de acto administrativo, este se devolverá a la secretaría de despacho remitente del mismo, con el fin de que se analicen y realicen las modificaciones correspondientes, y se radique nuevamente el proyecto en la Secretaría Jurídica Distrital, a efecto de continuar el trámite de revisión y posterior firma por parte del/la alcalde/sa mayor, dentro del plazo señalado en el subnumeral 2 de este numeral.

12. Al final de todo proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación, deberá indicarse el nombre completo de los servidores de la/s secretaría/s y/u organismo/s que participaron en su elaboración, revisión y aprobación, indicando la dependencia a la que pertenecen y tendrá que incluir los respectivos vistos buenos de los mismos.

13. Los proyectos de acto administrativo y/o específicos de regulación, si bien no deben ser suscritos por los/as titulares de las entidades descentralizadas, en el evento de que hayan sido preparados y/o elaborados por las mismas, además de lo señalado en el inciso anterior, deberán contener: i) la indicación de los/as servidores/as de tales entidades descentralizadas que participaron en su proyección y/o elaboración; ii) transcribir los nombres completos de los/as jefes de las oficinas jurídicas respectivas o quien haga sus veces, que revisaron el mismo; y iii) la aprobación por parte del/la titular del despacho de la entidad descentralizada. Para el efecto, deberán viabilizar el documento mediante los correspondientes vistos buenos.

14. Sin excepción alguna, todos los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación que se radiquen ante la Secretaría Jurídica Distrital, deberán allegarse en medio físico y magnético en formato Word o de texto editable; diferente al PDF, con el fin de que, de una parte, en el evento de que haya que hacer alguna modificación, ajuste, supresión u otra actividad, pueda efectuarse directamente sobre el texto; y de otra parte, por cuanto el proyecto en el formato referido, deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para que a través de la Subdirección de Imprenta Distrital, se efectúe la publicación en el Registro Distrital, cuando la misma proceda, una vez el mismo sea suscrito por el/la alcalde/sa mayor.

15. Todos los actos administrativos y/o específicos de regulación empezarán a regir a partir del día siguiente al de su comunicación, notificación o publicación, según sea el caso, y así deberá indicarse en el artículo respectivo de vigencia.

16. Los formatos de los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación o documentos que deben utilizarse para la firma del/la alcalde/sa mayor, y de la Matriz de Observaciones y Respuestas, son los incluidos en el link "Formatos del alcalde" de la página web www.secretariajuridica.gov.co, los cuales deben ser usados manteniendo estrictamente el tipo y tamaño de letra, esquemas y órdenes en ellos incluidos, e imprimirse a doble cara, en blanco y negro, y en tamaño carta.

17. Cuando el proyecto de acto sea de notificación o comunicación, en la parte resolutiva deberá indicarse de forma precisa y exacta, la/s persona/s a quien/es deberá notificarse y/o comunicarse el mismo, así como la dirección en la que deberá surtirse dicha actuación.

18. Los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación que no cumplan con los lineamientos descritos en los numerales anteriores, serán devueltos, sin excepción, al organismo remisorio.

:Atender el procedimiento dispuesto en el Decreto Distrital 6.4.2.2.- Proyectos de acuerdos remitidos para sanción del/la alcalde/sa mayor 438 de 2019, o aquel que lo modifique os sustituya.

Los anteproyectos de acuerdo de iniciativa de la administración distrital, que se remitan para surtir el trámite de revisión y suscripción de la exposición de motivos, por parte del/la alcalde/sa mayor, y su posterior remisión al Concejo Distrital, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 6.4.2.3.- Anteproyectos de Acuerdos remitidos para revisión y posterior suscripción del/la alcalde/sa mayor. 438 de 2019 o el que lo modifique, sustituya, derogue o complemente.
Otros documentos remitidos para la suscripción del/la alcalde/sa Mayor.
De conformidad con el numeral 12° del artículo 33 del Decreto Distrital 140 de 2021, corresponde a la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., proyectar y/o revisar las minutas y documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales como memorandos de entendimiento, protocolos, cartas de intención, acuerdos marco, etc., que deba suscribir el/la alcalde/sa mayor, e igualmente también le corresponde revisar las actas de liquidación que se requieran.

Los actos de naturaleza contractual susceptibles de ser suscritos por el/la alcalde/sa mayor de Bogotá D.C. aquí regulados, corresponden a aquellos cuyas obligaciones implican comprometer la responsabilidad de la entidad territorial y por tanto debe ejercerse directamente la representación legal de Bogotá D.C. y que adicionalmente no requieren imputación presupuestal. Los actos suscritos con antelación por el/la alcalde/sa mayor que requieran ser modificados y que no cumplan esta condición seguirán tramitándose para su firma, toda vez que las partes en la ejecución contractual ya han sido plenamente reconocidas. Lo anterior sin perjuicio de la facultad discrecional que, como representante legal de Bogotá D.C., ostenta el/la alcalde/sa mayor para dirigir la acción administrativa y suscribir directamente este tipo de actos.

En tal sentido, las entidades responsables de ejecutar los convenios y contratos que deba suscribir el/la alcalde/sa mayor, deberán remitir, simultáneamente a la Dirección de Contratación de la Secretaría General y a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital, como mínimo los siguientes documentos: i) Proyecto de estudios previos y análisis del sector económico; ii) proyecto de la matriz de riesgos; iii) proyecto del acta o acto administrativo de justificación de contratación directa; iv) los documentos de representación de las partes; v) proyecto de minuta y los documentos mencionados en la misma que soportan la suscripción del acto; vi) y los demás que sean necesarios de conformidad con la especificidad propia de la modalidad contractual.

Adicionalmente, el acto contractual, convencional o el documento respectivo, deberá contar con la correspondiente refrendación del/la jefe de la respectiva entidad u organismo y del/la subsecretario/a, jefe o director/a de la Oficina Jurídica o de la dependencia que haga sus veces, la cual deberá constar por escrito, indicando dentro del convenio, contrato o documento, la dependencia, organismo o entidad responsable de su ejecución y liquidación, si a ello hubiere lugar.

Recibida dicha información, la Secretaría General y la Secretaría Jurídica Distrital contarán hasta con cinco (5) días hábiles para realizar los comentarios y ajustes que correspondan, los cuales serán puestos en conocimiento de las entidades responsables del trámite por el medio que se considere más expedito. Este término aplicará para cada revisión que se realice y previo recibo de la documentación completa remitida por la entidad responsable de la ejecución del instrumento jurídico.

Una vez realizados los ajustes o aclaraciones solicitados, las entidades interesadas deberán remitir los documentos debidamente suscritos por el/la Jefe de la respectiva entidad u organismo y del/la jefe o director/a de la Oficina Jurídica o de la dependencia que haga sus veces a la Dirección de Contratación de la Secretaría General quien deberá emitir el concepto de viabilidad técnica respectivo, el cual será requisito para la revisión de legalidad final que adelante la Secretaría Jurídica Distrital, previo a la firma del/la acalde/sa mayor.

Los trámites de publicidad que deban darse al acto contractual o convencional en la plataforma SECOP II o la que se disponga para tal efecto, estarán a cargo de la entidad líder o cabeza de sector responsable de la ejecución. Los documentos emanados de las partes que se deban publicar deben estar firmados por las partes.

Finalizada la fase de suscripción y publicación en SECOP II del contrato/convenio, la entidad responsable deberá reportar la información respecto de la publicidad del proceso contractual a la Dirección de Contratación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., teniendo en cuenta la competencia establecida en el numeral 12 del artículo 33 del Decreto Distrital 140 de 2021.

De otra parte, para surtir el control de legalidad correspondiente respecto de memorandos de entendimiento, cartas de intención, protocolos de colaboración, etc., según sea el caso, cuya gestión lidere la Secretaría General - Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - DDRI, deberá remitir a la Secretaría Jurídica Distrital: (i) concepto de viabilidad técnica expedido por la DDRI; (ii) concepto de viabilidad técnica emitido por la secretaría cabeza de sector de coordinación administrativa responsable de la ejecución y/o entidad involucrada en la implementación del instrumento; (iii) concepto de viabilidad jurídica de la Dirección de Contratación de la Secretaría General, de conformidad con la función señalada en el numeral 12 del artículo 33 del Decreto Distrital 140 de 2021.

Una vez el acto administrativo y/o específico de regulación sea suscrito por el/la alcalde/sa mayor, el mismo deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para que, a través de la Subdirección de Imprenta Distrital, se efectúe la publicación en el Registro Distrital, cuando la misma proceda conforme lo establece el artículo 7° de la Ley 962 de 2005, los artículos 3° y 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital y la Resolución Conjunta 440 de 2018 de las Secretarías General y Jurídica Distrital o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Así mismo, el acto administrativo y/o específico de regulación se deberá publicar en la página web de la entidad que lo expide de conformidad con lo estipulado en la Ley 1712 de 2012 (sic) y el Decreto Nacional 1081 de 2015. Para efectos de garantizar que la ciudadanía y grupos de interés puedan ubicar las normas del sector con mayor facilidad, con aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de las TIC.

Cuando se requiera se deberán dar a conocer el contenido de la regulación final a las autoridades públicas distritales y nacionales que se encuentren directa o indirectamente involucradas y verificar su recibo a satisfacción a fin de que se adopten en el desarrollo de su gestión las políticas, los postulados y lineamientos contenidos en la nueva regulación.

Los organismos y entidades distritales "(...) deben revisar de forma sistemática y periódica el inventario de regulación, con el fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos, sean eficientes, eficaces, simples, y consistentes con los objetivos de política pública planteados. De la misma forma, identificar, eliminar o remplazar aquellas que sean obsoletas, insuficientes o ineficientes".

La Secretaría Jurídica Distrital elaborará un instrumento para desarrollar el proceso de seguimiento y evaluación normativa posterior, a las regulaciones existentes para determinar su efectividad en el cumplimiento de los objetivos por los cuales fueron expedidas y evaluar posibles modificaciones para alcanzar con mayor eficiencia dichos objetivos.

La evaluación se podrá adelantar a través de los siguientes mecanismos: Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficiente, racionalización de trámites para reducir cargas administrativas, depuración normativa para mantener un inventario normativo actualizado y compilación normativa
6.6.1. Evaluación ex post
La evaluación ex post es un análisis que se realiza cuando la regulación ha cumplido entre 3 y 5 años de vigencia, con el fin de verificar y corroborar con resultados estadísticos si se cumplió con los objetivos para los cuales fue diseñada. Así mismo, permite estimar el impacto de sus efectos y si continúan generando el alcance deseado en el marco de las condiciones sociales, económicas y ambientales actuales.
6.6.2. Racionalización normativa
La racionalización normativa es el proceso a través del cual se revisa la normativa existente aplicable a un organismo, entidad, sector administrativo o temático en particular para determinar su vigencia, derogatoria o desuso. Para ello, se requiere realizar el inventario de la normativa distrital aplicable, así como de la jurisprudencia que la afecte. Para luego, formular la estructura de la compilación normativa por temas, identificar las normas, adelantar el análisis para determinar su vigencia y ubicarlas en la estructura normativa.

La racionalización puede alcanzarse, a través de las siguientes alternativas:

a. Derogatoria expresa. Las entidades y organismos distritales podrán derogar expresamente disposiciones antiguas o contrarias al nuevo acto o documento administrativo que se expida. Para el efecto, deberán señalar en forma precisa y concreta el acto o documento administrativo que se deroga o aquellos artículos procedentes. La derogación podrá ser total o parcial.

b. Actos o documentos administrativos únicos. Las entidades y organismos distritales podrán compilar en una sola norma todos los aspectos normativos que regulan o reglamenten un sector administrativo de coordinación o una temática específica. Mediante estos actos o documentos administrativos se podrán tanto compilar las disposiciones manteniendo la vigencia de la normativa compilada, como derogar disposiciones repetidas o inútiles, pudiendo, además, reorganizar títulos, capítulos y artículos y modificar los que se estime pertinentes, así como simplificar y racionalizar las reglas contenidas en los actos o documentos administrativos.

Los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño serán los encargados de analizar y determinar la expedición de decretos únicos sectoriales. Para tal efecto, la Secretaría Jurídica Distrital elaborará la guía para la expedición de decretos únicos sectoriales

Directiva 018 de 2023, Secretaría Jurídica Distrital

c. Dar aplicación a los criterios para solucionar las antinomias. Las entidades y organismos darán aplicación a los criterios cronológico (prevalencia de la posterior), de jerarquía (prevalece el de mayor jerarquía) y de especialidad (prevalencia de la especial sobre la general) cuando se evidencia incompatibilidad o antinomias entre las normas distritales.
6.6.3. Depuración Normativa
Conforme a lo establecido en la Ley 2085 de 2021, la depuración normativa es el instrumento que permite decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente.

Las entidades y organismos distritales deberán priorizar las temáticas para realizar la depuración de las normas de carácter general y abstracto teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos. La Secretaría Jurídica Distrital establecerá los parámetros para su aplicación.
6.6.4. Compilación normativa
La compilación normativa implica agrupar o recopilar en un solo texto, disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo.Para la aplicación del proceso de depuración se deberá tener en cuenta:

- Recopilar en un solo texto disposiciones jurídicas sobre un tema específico.

- No se podrá variar la naturaleza ni el contenido normativo, razón por la cual no se puede modificar, sustituir, ni retirar del sistema jurídico, así se las estime innecesarias, superfluas o repetidas.
6.6.5. Racionalización de trámites
En el marco de la política de simplificación de trámites, las entidades y organismos distritales deberán identificar la normatividad que respaldan el trámite para determinar su vigencia, desuso o duplicidad, así como adelantar la racionalización en la temática, entendida ésta como "Modificar o suprimir las normas que respaldan el trámite ampliando vigencias, reduciendo plazos, tiempos, costos o requisitos, o eliminando el trámite"[47].

La Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor desarrollarán los instrumentos y la metodología para la implementación de la estrategia.

Con el fin de contar con un marco normativo coherente y coordinado entre los diferentes niveles de la administración distrital, la aplicación del Ciclo de Gobernanza Regulatoria será de aplicación en la totalidad de entidades y organismos del sector central y descentralizado de Bogotá D.C. durante la expedición de actos administrativos de carácter general y particular, estos últimos en el marco de la aplicación de buenas prácticas.

En el sector descentralizado los ciclos de gobernanza se aplicarán conforme a las competencias, funciones, autonomía y decisiones de los órganos de dirección.

Se exceptúan de la aplicación de las etapas del ciclo de gobernanza de la agenda regulatoria, el análisis de impacto normativo o la consulta pública, los siguientes actos y temáticas:

1. Actos administrativos de carácter particular.

2. Decretos compilatorios y aquellos a través de los cuales se corrigen yerros o se efectúan enmiendas.

3. Modificaciones de las estructuras organizacionales y planta de personal del Distrito Capital.

4. Los Decretos con fuerza de Acuerdo.

5. Los actos expedidos por mandato de leyes, acuerdos u órdenes judiciales.

6. Actos de reglamentación de trámites y servicios.

7. Los actos administrativos de conformación de juntas, consejos directivos, instancias, o de asignación o delegación de funciones, por parte del/la alcalde/sa mayor.

8. Los actos administrativos que no tengan la naturaleza de proyectos específicos de regulación.

9. Cuando se trate de procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° artículo 2° de la Ley 1437 de 2011.

10. Actos administrativos relativos a calamidad pública o urgencia en materias de salud, ambientales, orden público, sanitarios o seguridad.

13. En los demás casos que la ley exprese como excepciones.

Adopción de buenas prácticas en materia de gobernanza regulatoria

La Secretaría Jurídica Distrital compilará y difundirá las buenas prácticas en cada uno de las etapas del ciclo de gobernanza regulatoria existentes a nivel nacional y local y que sean susceptibles de ser aplicadas en las entidades y organismos distritales.

Se entiende por buenas prácticas regulatorias las acciones, actividades, metodología e instrumentos desarrollados en cada uno de las fases del ciclo de gobernanza y que sean susceptibles de ser replicadas por las entidades y organismos distritales.

Para la implementación de la política de gobernanza regulatoria se dará aplicación a las siguientes fases y actividades. Las entidades y organismos distritales serán responsables de la implementación del plan de acción. La Secretaría Jurídica Distrital realizará los procesos de articulación y coordinación con las entidades y organismos distritales para la aplicación del ciclo de gobernanza regulatoria, las buenas prácticas regulatorias y los procedimientos específicos en la producción normativa.
REFERENCIAS:
OECD (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264209022-en .

OECD (2020), Reviewing the Stock of Regulation, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1a8f33bc-en .

Comité de Mejora Normativa Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional (2019) MIPG - Política de Mejora Normativa. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/36200637/2019-12-27_Politica_mejora_normativa+v2.pdf/ef759163-e958-bd9f-1750-31f6e8cd3613?version=1.0&t=1577741010752

Guía Metodológica para la Elaboración del Análisis de Impacto Normativo (AIN) https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_

Guía para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Mejora%20Regulatoria/Documentos/Gu%c3%ada_

Guía de Lenguajeclaro: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20

Guía Metodológica para la implementación de la Evaluación ex post: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodol%C3%B3gica

_Evaluaci%C3%B3n_ExPost.pdf

Metodología de Depuración Normativa para los proyectos piloto de depuración de la normativa de carácter general y abstracto de los entes territoriales v2. Dirección del Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico. Ministerio de Justicia. 2022. Disponible en https://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/MetodologiaDepuracionNormativaEntidadesTerritorialesV22022.pdf

Secretaría Jurídica Distrital (2020) Avances de la política de mejora normativa del D.C. Laura Villarraga Albino. Elaborado en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 145 de 2020 suscrito con la Secretaría Jurídica Distrital.

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2022) Acciones de Mejora Regulatoria en Bogotá. Estado del arte y propuestas. Julián Daniel López Murcia.
NOTAS AL PÍE DE PAGINA DEL ANEXO: Concepto nº 11001-03-06-000-2016-00066-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 14 de septiembre de 2016 Consejero Ponente Edgar González López.
Por el cual se modifican las directrices generales de técnica normativa de que trata el título 2 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República

2019-12-27_Politica_mejora_normativa+v2.pdf/ef759163-e958-bd9f-1750-31f6e8cd3613?version=

27_Politica_mejora_normativa+v2.pdf/ef759163-e958-bd9f-1750-31f6e8cd3613?version=1.0&t=1577741010752)

Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Definido, conforme con el Artículo 3º del Decreto Distrital 430 de 2018, como un sistema integral dirigido a la administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el ámbito distrital

6.2.2. Producción Normativa.

La Resolución No. 088 de 2018 establece los lineamientos para la revisión y trámite de los proyectos de actos administrativos y demás documentos que debe suscribir, sancionar y/o expedir el Alcalde Mayor; así como el procedimiento para determinar la vigencia de los decretos, resoluciones, directivas y circulares del Alcalde Mayor.

En este autodiagnóstico no se incluyeron las entidades cuya creación o autorización de las mismas se efectuó por el Acuerdo Distrital 761 de 2020

Comité Nacional de Mejora Normativa. "Política de Mejora Normativa". Diciembre de 2019.

DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia productiva, e Invest in Bogotá. elaborada por el DNP como uno de los productos del Acuerdo 603466 suscrito entre SECO, IFC_Banco Mundial,

DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia productiva, e Invest in Bogotá

Guía para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa de 2017. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Mejora%20Regulatoria/Documentos/Gu%C3%ADa_consulta_p%C3%BAblica.pdf

Artículo53. Gobierno y Administración Distritales. El alcalde mayor, los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular el alcalde y el secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital.

Como jefe de la administración distrital el alcalde mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el Concejo.

Comité Nacional de Mejora Normativa. "Política de Mejora Normativa". diciembre de 2019.

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Política 1 de 2022 Secretaría Jurídica Distrital

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Política de Gobernanza Regulatoria
para el Distrito Capital

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Anexo 1 de l Directiva 5 de 2024. Formato a utilizar para diligenciar inventario y publica, puede también pasarse en excel, tender en cuanta el formato

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CARTILLA No. 2 DE REDACCIÓN NORMATIVA Y DE

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CARTILLA No. 2 DE REDACCIÓN NORMATIVA Y DE

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DISPOSICIONES JURÍDICAS

Requisitos y mecanismos de redacción teniendo en cuenta tipo de mormativa, los destinatarios, simplicidad, coherencia sustancial

Ministerio de Justicia

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Presentación Política de Gobernanza Regulatoria 

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Presentación Política de Gobernanza Regulatoria 

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Esquema general de la política de gobernanza regulatoria para el el D.C.

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12.02.2025 Política de gobernanza regulatoria

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Realiza presentación del contenido del Decreto.

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Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica.

Secciones 1 a 4 . Política de Gobernanza Regulatoria (Art. 60-85)

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(Diciembre 27) Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 1º de artículo 315 de la Constitución Política, los numerales 1, 3 y 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, y, CONSIDERANDO:
Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispuso que "(...) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (...)".

Que el Acuerdo Distrital 638 del 31 de marzo de 2016, modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 para crear el Sector Administrativo de Gestión Jurídica y la Secretaría Jurídica Distrital, definiendo su misión, la naturaleza, objeto y funciones.

Que en virtud del Decreto Distrital 323 de 2022(sic), la entidad se constituye como el ente rector en todos los asuntos jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar, coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.

Que en desarrollo de lo anterior, la Secretaría Jurídica adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital, definido como un sistema integral dirigido a la administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el ámbito distrital en busca de alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad jurídica que faciliten la toma de decisiones, la protección de los intereses del Distrito Capital y la prevención del daño antijurídico.

Que el Modelo de Gestión Jurídica Pública para el Distrito Capital - MGJP- requiere de una Gerencia Jurídica que se encargue de la coordinación, dirección, control y seguimiento de la gestión jurídica, en aras de garantizar la seguridad jurídica en la toma de decisiones, para lo cual, se asignó esta función a la Secretaría Jurídica Distrital.

Que el Modelo de Gestión Jurídica Pública para el Distrito Capital - MGJP- cuenta con un componente temático denominado "Producción normativa", que permite que las entidades y organismos distritales cuenten con un proceso adecuado para la preparación, proyección y suscripción de los documentos y actos administrativos que se deben expedir para el cumplimiento de sus fines.

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de las políticas públicas e institucionales siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la Ley 2085 de 2021 " por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal" define en el artículo 2° la depuración normativa como un "Instrumento que permitirá decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente. (...)" y establece que dicha figura "(...) podrá ser utilizada por las Asambleas departamentales, el Concejo del Distrito Capital, los Concejos Distritales y Municipales, y demás autoridades competentes."

Que el Acuerdo Distrital 846 de 2022 dictó los lineamientos para la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital con el objeto de "(...) impartir directrices de obligatorio cumplimiento para todas las entidades distritales sobre la efectiva administración del acervo regulatorio a cargo del Distrito mediante buenas prácticas regulatorias y acciones de mejora regulatoria, con el objetivo de tener un entorno regulatorio eficiente que garantice la efectiva prestación de los servicios públicos, la garantía de derechos y el desarrollo económico, social y ambiental. "

Que el Distrito Capital cuenta con la Política de Gobernanza Regulatoria, que tiene por objetivo general promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito Capital resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, atendiendo a un procedimiento estandarizado de alta calidad que promueva la seguridad jurídica.

Que en desarrollo del ciclo de gobernanza regulatoria se incluyó la evaluación de la regulación, para la revisión de la norma, así como los mecanismos para realizarla, entre ellas, la racionalización, la evaluación ex-post, la depuración normativa y la compilación normativa.

Que la racionalización normativa es el proceso a través del cual se revisa la normativa existente aplicable a un organismo, entidad, sector administrativo o temático en particular para determinar su vigencia, derogatoria o desuso, previendo como una de las alternativas la construcción de actos o documento administrativos únicos.

Que en el marco de lo anterior, se previó que las entidades y organismos distritales podrán compilar en una sola norma todos los aspectos normativos que regulan o reglamenten el sector o una temática específica. Es así como mediante este mecanismo se podrán compilar las disposiciones de la misma naturaleza, preexistentes y vigentes, así como derogar disposiciones repetidas u obsoletas o en desuso.

Que el artículo señaló que la Secretaría Jurídica Distrital orientaría su actividad misional: " 210 del Acuerdo Distrital 927 de 2024, " En virtud de lo previsto en el Acuerdo Distrital 638 de 2016 y con el objeto de materializar los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica, transparencia y moralidad pública mediante el ejercicio unificado y coherente de la defensa de los intereses distritales, la recuperación del patrimonio público, la prevención del daño antijurídico y la lucha contra la corrupción administrativa, la acción jurídica distrital en todos sus órdenes se encuentra bajo la coordinación de la Secretaría Jurídica Distrital." Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 'Bogotá Camina Segura'"

Que el citado Acuerdo incorporó la meta sectorial 360, en el objetivo estratégico " Bogotá confía en su gobierno", -Programa 5.33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable-, que prevé " Elaborar 15 decretos reglamentarios uno para cada sector de la administración distrital como parte de una estrategia de mejora normativa en la ciudad",

Que teniendo en cuenta la estructura organizacional del Distrito Capital prevista en el Acuerdo Distrital 257 de 2006, los decretos compilatorios se denominarán Decretos Únicos Sectoriales, lo cual permitirá diferenciarlos de los decretos de estirpe similar expedidos por el Gobierno Nacional.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que la tarea de compilar, depurar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conllevauna armonización de las normas sin que se realicen modificaciones en su contenido sustancial

Que el presente decreto deroga las disposiciones que son objeto de compilación a efectos de sintetizar la normativa en un único instrumento regulatorio, sin afectar las situaciones jurídicas consolidadas de conformidad con el Artículo 38 de la Ley 153 de 1887 . Esto es, que si bien el decreto deroga las normas que son compiladas, los efectos jurídicos de estas se mantienen de manera ultraactiva con la expedición del presente decreto.

Que para el trabajo compilatorio contenido en este decreto, el Distrito realizó el inventario normativo de las disposiciones que serían incluidas en el mismo, determinando las normas que serán objeto de compilación.

Que dadas las modificaciones introducidas en las dependencias luego de la expedición de las normas objeto de compilación, la necesidad de actualizar las referencias normativas y el imperativo de incorporar los parámetros del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre lenguaje claro e incluyente, se realizan ajustes de forma en el texto, sin que se modifique el contenido final de la disposición, así como de concordancia normativa de las disposiciones que remiten a otros decretos compiladores en este Decreto.

Que tanto el inventario normativo como el proyecto de decreto fueron objeto de publicación a través de la página LegalBog del 18 de octubre al 8 de noviembre y del 5 al 20 de diciembre de 2024, respectivamente, con el propósito de surtir el proceso de consulta pública e incentivar la participación ciudadana incidente.

Que con el objetivo de compilar, depurar y simplificar las normas que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico idóneo para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Único Sectorial.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA: ESTRUCTURA DEL SECTOR SECTOR CENTRAL CABEZA DEL SECTOR
1. Objeto de la Secretaría Jurídica Distrital .La Secretaría Jurídica Distrital se constituye como el ente rector en todos los asuntos jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar, coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.

(Artículo 2 del Decreto Distrital 323 de 2016, modificado por el art. 1° del Decreto Distrital 798 de 2019).
ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
1. Las entidades deberán abstenerse de presentar a las Instancias de Coordinación, casos que carezcan de impacto o relevancia jurídica para el Distrito Capital y que deben ser objeto de adopción de políticas al interior de las mismas.

(Artículo 1 del Decreto Distrital 139 de 2017).

(Artículo 2 del Decreto Distrital 139 de 2017).
COMITÉ JURÍDICO DISTRITAL
La Secretaría Técnica del Comité Jurídico Distrital será ejercida por la Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital.

En caso de ausencia de el/la Secretario/a Jurídico/a Distrital, le corresponderá presidir el Comité, al/la Subsecretario/a Jurídico/a Distrital de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 3 del Decreto Distrital 139 de 2017).

(Artículo 4 del Decreto Distrital 139 de 2017).

Podrán participar como invitados a las sesiones del Comité, con voz, pero sin voto, los/as servidores públicos de los organismos y entidades distritales que por sus áreas de desempeño tengan relación con los temas a discutir, quienes serán convocados por intermedio y bajo la coordinación de los/as Jefes/as Jurídicos de las Secretarías cabeza de Sector.

A iniciativa del/la Presidente/a del Comité se podrá convocar de manera extraordinaria a los miembros del Comité Jurídico Distrital para adelantar el debate de casos específicos.

(Artículo 5 del Decreto Distrital 139 de 2017).
PLENARIA JURÍDICA DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES
Para lo anterior, el/la Secretario/a Jurídico Distrital convocará a sus miembros mínimo dos (2) veces al año.

La Plenaria Jurídica de entidades y organismos distritales podrá presentar al Comité Jurídico Distrital temáticas de impacto para ser tratadas en las sesiones del mismo, o en los Comités intersectoriales de Coordinación Jurídica.

(Artículo 6 del Decreto Distrital 139 de 2017).
COMITÉ DISTRITAL DE APOYO A LA CONTRATACIÓN
La Secretaría Técnica la ejercerá la Dirección Distrital de Política Jurídica.

En caso de ausencia de el/la Secretario/a Jurídico/a Distrital, le corresponderá presidirlo al/la Subsecretario/a Jurídico/a Distrital de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 7 del Decreto Distrital 139 de 2017).

(Artículo 8 del Decreto Distrital 139 de 2017).

Podrán ser invitados/as a las sesiones del Comité servidores públicos de las entidades distritales o nacionales y/o expertos en la materia, cuando los integrantes del Comité lo consideren necesario, así como expertos en la materia.

(Artículo 9 del Decreto Distrital 139 de 2017).
COMITÉS INTERSECTORIALES DE COORDINACIÓN JURÍDICA
La Secretaría Técnica será ejercida por la Subsecretaría, Dirección y/u Oficina Jurídica o la dependencia que haga sus veces de las Secretarías de Despacho cabeza de Sector Administrativo.

La Secretaría cabeza de sector realizará seguimiento a los temas y compromisos adquiridos por cada una de las entidades que conforman el comité, y requerirá, de ser pertinente, su cumplimiento al respectivo jefe jurídico de la entidad responsable.

(Artículo 10 del Decreto Distrital 139 de 2017).

(Artículo 11 del Decreto Distrital 139 de 2017).

En las sesiones podrán participar como invitados/as, con voz, pero sin voto, los/as servidores/as públicos/as de los organismos y entidades distritales que por sus áreas de desempeño tengan relación con los temas a discutir.

(Artículo 12 del Decreto Distrital 139 de 2017).
COMITÉ DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
La Secretaría Técnica la ejercerá un/a delegado/a de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.

En caso de ausencia del/la Secretario/a Jurídico/a Distrital, en una sesión del Comité de Distrital de Asuntos Disciplinarios, le corresponderá presidirlo al/la Subsecretario/a Jurídico/a Distrital de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 13 del Decreto Distrital 139 de 2017).

(Artículo 14 del Decreto Distrital 139 de 2017).

El Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios podrá realizar convocatorias a nivel intersectorial o a todos los operadores disciplinarios, cuando así se requiera.

(Artículo 15 del Decreto Distrital 139 de 2017).
COMITÉ DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC DE PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
La Secretaría Técnica la ejercerá la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Jurídica Distrital.

En caso de ausencia del/la Secretario/a Jurídico/a Distrital en una sesión del Comité de Inspección, Vigilancia y Control-IVC -, le corresponderá presidirlo al/la Subsecretario/a Jurídico/a Distrital de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 16 del Decreto Distrital 139 de 2017).

(Artículo 17 del Decreto Distrital 139 de 2017).

En las sesiones podrán participar como invitados/as, con voz, pero sin voto, los/as servidores/as públicos/as de los organismos y entidades distritales que por sus áreas de desempeño tengan relación con los temas a discutir.

(Artículo 18 del Decreto Distrital 139 de 2017).

Las personas encargadas de la Secretaría Técnica de cada una de las instancias de coordinación articularán las temáticas que se presenten, de tal forma que se garantice la oportunidad, eficiencia y celeridad en las discusiones que se realicen o se presenten. Para tal efecto, la Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital realizará la coordinación respectiva.

(Artículo 19 del Decreto Distrital 139 de 2017).
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO CAPITAL, TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN POPULAR No. 25000232700020010047901
21. Cumplimiento. Ordenar a las Secretarías Distritales Jurídica, de Ambiente, Planeación, Salud, Hábitat, Gobierno, Hacienda, Educación y Desarrollo Económico; a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP, a la Empresa de Energía de Bogotá, al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER, a la Caja de Vivienda Popular, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y al Jardín Botánico José Celestino Mutis, que dentro del ámbito de sus competencias, den cumplimiento a las órdenes impartidas a Bogotá Distrito Capital dentro del proceso de Acción Popular No. 25000232700020019047901, sin perjuicio de las actuaciones que hasta el momento de proferir este Decreto hayan adelantado.

22. Comisión Intersectorial de Coordinación. Es la encargada de coordinar las actuaciones administrativas del Distrito Capital tendientes al cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado proferida dentro del proceso de Acción Popular No. 25000232700020010047901.

(Artículo 2 del Decreto Distrital 198 de 2014).

(Artículo 4 del Decreto Distrital 198 de 2014)

La Secretaría Distrital de Ambiente presidirá la Comisión Intersectorial para efectos de las actuaciones administrativas del Distrito Capital tendientes al cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado proferida dentro de la Acción Popular No. 25000231500020010047902 y contará con las siguientes funciones:

(Artículo 6 del Decreto Distrital 198 de 2014)

27. Gestiones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales. En el ámbito de sus competencias, las entidades que integran la Comisión Intersectorial, sin perjuicio de las actividades realizadas a la fecha de publicación de este Decreto Distrital y de los informes de cumplimiento presentados a las autoridades judiciales y de control, deberán realizar las gestiones necesarias para acatar las obligaciones impuestas por la sentencia dictada por el Consejo de Estado en la acción popular No. 25000232700020019047901, según la siguiente distribución:

Numeral 3, literal e) de la sentencia de primera instancia, confirmado por el numeral 3 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

Numeral 3, literal x, de la sentencia de primera instancia, confirmada por el numeral 3 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

Todos los entes involucrados en la presente acción deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 6,5,4,7 respecto a la autorización por la Mesa Regional de la Cuenca del Río Bogotá Distrito Capital-Departamento de Cundinamarca y del Tribunal para adelantar nuevas investigaciones teniendo en cuenta la innovación tecnológica que se presente y que contribuya al saneamiento del Río Bogotá y del Embalse del Muña.

4.18 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes a la cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la aprobación y declaración de la modificación y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, modifiquen y actualicen los Planes de Ordenamiento Territorial - POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT ajustándolos con los contenidos del mismo. Adicionalmente, ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que, en el actual proceso de modificación de los POTs, PBOT y EOT y de acuerdo con los términos que el ordenamiento jurídico ha establecido, incluyan en los mismos las variables ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos asociados a éstos.

Inciso 1 y 2 dela orden 4.21 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014, aclarada por el numeral 3.1 del auto de 17 de julio de 2015, del Consejo de Estado

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - E.S.P, Secretaría Distrital de Ambiente.

Inciso 1 y 3, orden 4.24 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

Secretaría Distrital de Ambiente

Ordenase Al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y a los entes territoriales aferentes del Río Bogotá, promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 - artículo 108 - Ley 1450 de 2011 - artículo 210 - y el Decreto reglamentario 953 de 2013.

Al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá apropiar de manera inmediata un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales de acuerdo con la Ley 1450 de 2011 - artículo 210 - y el Decreto reglamentario 953 de 2013.

ORDÉNASE Al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia identifiquen, delimiten y prioricen las áreas de importancia estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental de acuíferos o en otros instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico.

La identificación, delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica, deberá contar con el aval del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - CECH - y posteriormente a la Gerencia Estratégica de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá - GCH - quienes tendrán la potestad de solicitar los ajustes en el marco de la gestión integral de la cuenca

Secretaría Distrital de Ambiente.

Inciso 5 y 6, orden 4.26 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNASE al Distrito Capital y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) años, contabilizados a partir de la modificación y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá - POMCA, i) identifiquen, inventaríen y delimiten todos y cada uno de los humedales y zonas de amortiguación de crecientes en su respectiva jurisdicción, ii) adopten las medidas necesarias para el restablecimiento de su estructura y función como ecosistemas; iii) propendan por su aprovechamiento y uso sostenible.

Secretaría Distrital de Ambiente (líder) apoyo y reporte en Información de Humedales Empresa

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB -

E.S.P., Jardín Botánico "José Celestino Mutis", Unidad Administrativa Espacial de

Servicios Públicos -UAESP

Inciso 2 y 3, orden 4.27 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014, aclarada por el numeral 3.9 del auto de 17 de julio de 2014.

ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital - Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, garantizar de manera inmediata la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes usuarios a lo largo de la cuenca, en especial a los habitantes de los municipios de la cuenca baja.

ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca y al Distrito Capital -Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. que de manera inmediata apoyen técnica, administrativa y financieramente el desarrollo de sistemas de abastecimiento hídrico que reduzcan el riesgo por falta de disponibilidad en las zonas de mayor contaminación o sobreexplotación del recurso.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB. - E.S.P.

ORDÉNASE La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P. realizar todas las actividades necesarias para la extracción de las máquinas tuneladoras que interfieren con el desarrollo del proyecto de saneamiento del Río Bogotá e inicie la construcción del pozo correspondiente dentro del plazo otorgado para la puesta en funcionamiento de la Ptar "Canoas" y su estación elevadora, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB. - E.S.P.

Secretaría Distrital de

Ambiente y Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB. -

E.S.P., Secretaría Distrital de Hacienda

Orden 4.44 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014

Orden 4.46 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014

Orden 4.47 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014, adicionada por auto de 17 de julio de 2014.

ORDÉNASE a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P. y a EMGESA S.A. E.S.P., que de manera inmediata den cumplimiento al Convenio Interinstitucional 9-07-10200-0688-2011 de diciembre de 2011 y su anexo técnico, cuyo objeto es aunar esfuerzos para garantizar la construcción de la estación elevadora de Canoas, mediante aporte económico y operación.

En caso de que no sea prorrogada la concesión de agua a la Empresa Emgesa, quien haga sus veces financiará el aporte al cual se comprometió en el referido convenio interinstitucional, y que en caso de no existir persona jurídica que haga sus veces, será el Gobierno Nacional - Ministerio de Minas y Energía en coordinación con los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y Ambiente y Desarrollo Sostenible financiar la estación elevadora

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB. - E.S.P.

Orden 4.49 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNASE al Distrito Capital - Secretaría Distrital de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, que de manera inmediata den cumplimiento al convenio de cooperación de mayo de 2013, cuyo objeto es aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas de articulación, planeación, gestión, control, protección, conservación y recuperación del medio ambiente en el marco de sus competencias.

Inciso 1 y 2, de la orden 4.59 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNESE al Distrito Capital que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, cofinancien con los particulares y empresas curtidoras que operan en el Distrito, la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Ecoeficiente Industrial de las Curtiembres de San Benito.

Inciso 3 y 4, orden 4.63 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, al Distrito Capital y al Ministerio de Trabajo con el apoyo del Sena, a capacitar y reubicar laboralmente, en cuanto fuere posible, a las personas que dejen la actividad de las curtiembres.

Inciso 4, orden 4.71 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Capital - Secretaría de Educación y a los municipios de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, expedir en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, el programa educativo para los recicladores y diseñar una campaña para crear conciencia en la ciudadanía, de acuerdo con la parte motiva.

ORDÉNASE al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH - y posteriormente a la Gerencia Estratégica de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - GCH - con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital capacitar a los habitantes de las áreas que integran la cuenca hidrográfica del Río Bogotá en el manejo de residuos sólidos, en un término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de su implementación.

Inciso 3, orden 4.73 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014.

ORDÉNASE a las autoridades ambientales y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá reportar los datos e información necesaria para la obtención de los índices correspondientes de acuerdo con el sistema de indicadores antes referido, en la forma, frecuencia y metodología que establecerá el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - CECH - y posteriormente la Gerencia Estratégica de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - GCH -. Secretaría Jurídica Distrital

(Artículo 4 del Decreto Distrital 238 de 2017)

(Artículo 5 del Decreto Distrital 238 de 2017)

(Artículo 6 del Decreto Distrital 238 de 2017)

Una vez presentados estos informes deberán ser puestos en conocimiento de los integrantes de la Comisión Intersectorial Distrital de que trata el presente Decreto.

(Inciso 2 y 3 del Artículo 6 del Decreto Distrital 238 de 2017)

(Artículo 7 del Decreto Distrital 238 de 2017)

(Inciso 1º del Artículo 8 del Decreto Distrital 238 de 2017)

(Inciso 2º del Artículo 8 del Decreto Distrital 238 de 2017)

Artículo 34. Administración plataforma ORARBO. La Secretaría Distrital de Ambiente, por designación del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, es la encargada de administrar la plataforma ORARBO, no obstante, cada entidad distrital es responsable de mantener actualizados los indicadores que allí se deben reportar de acuerdo con la forma, frecuencia y metodología establecida.

(Artículo 9 del Decreto Distrital 238 de 2017)
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR GESTIÓN JURÍDICA DISPOSICIONES GENERALES OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN REGLAMENTACIÓN SECTORIAL MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL
(Artículo 1 del Decreto Distrital 430 de 2018)

(Artículo 3 del Decreto Distrital 430 de 2018)

(Artículo 4 del Decreto Distrital 430 de 2018)

Este modelo se enmarca en el cumplimiento de normas que soportan las políticas, entre otras, de cero papel, antitrámites, transparencia, colaboración y coordinación entre entidades y la inclusión del gobierno en línea en el servicio público, en busca de mejorar la gestión en el distrito a través de la calidad y celeridad en los servicios para garantizar que los mismos se presten logrando un mayor grado de eficiencia y efectividad.

(Artículo 5 del Decreto Distrital 430 de 2018)

Componentes transversales que soportan el desarrollo de los componentes temáticos, los cuales son:

La implementación del Modelo deberá tener en cuenta las fases de planeación, ejecución, control y seguimiento con el propósito de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Modelo y de las funciones de las entidades y organismos distritales en materia de gestión jurídica.

(Artículo 6 del Decreto Distrital 430 de 2018)

Las entidades y organismos distritales a través de las dependencias jurídicas y/o de defensa judicial y de las encargadas de la contratación pública, de la IVC, y los jefes o directores de las Oficinas de Control Interno Disciplinario, o quien haga sus veces, son los responsables de la planeación, ejecución, seguimiento y control del Modelo.

(Artículo 7 del Decreto Distrital 430 de 2018)
COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA
La Gerencia Jurídica estará a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital quien trabajará armónicamente con las dependencias responsables del MGJP.

(Artículo 8 del Decreto Distrital 430 de 2018)

(Artículo 9 del Decreto Distrital 430 de 2018)

(Artículo 10 del Decreto Distrital 430 de 2018)
COMPONENTE TEMÁTICO DEL MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA
Hacen parte de los componentes temáticos las siguientes actividades y procedimientos:

(Artículo 11 del Decreto Distrital 430 de 2018)
ASESORÍA JURÍDICA
Dependiendo de las competencias de las entidades y organismos distritales la Asesoría Jurídica puede realizarse a entidades públicas o privadas del orden distrital, nacional e internacional, a particulares y/o terceros, y al interior de la propia entidad. La misma podrá efectuarse de manera verbal o escrita.

Para el desarrollo de la Asesoría Jurídica, los responsables deberán tener en cuenta los términos y procedimientos legales aplicables, así como la pertinencia y oportunidad en la solución de un problema jurídico.

(Artículo 12 del Decreto Distrital 430 de 2018)

49. Expedición de conceptos y unificación de criterios jurídicos. Las entidades y organismos distritales son competentes para la expedición de conceptos jurídicos en lo relacionado con sus funciones específicas, conforme a las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, y a la normativa aplicable.

Los conceptos jurídicos que requieran las entidades descentralizadas o adscritas a un sector administrativo de coordinación, serán expedidos por la oficina jurídica de la secretaría de despacho cabeza del sector respectivo o la dependencia que haga sus veces, de conformidad con lo previsto en el literal del Artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, para lo cual la entidad solicitante deberá presentar la solicitud junto con la posición jurídica sobre las inquietudes formuladas.

En el evento en que existan diferencias de criterios jurídicos y/o diferencias conceptuales entre organismos y/o entidades de un mismo sector, será responsabilidad de la Secretaría cabeza de Sector Administrativo, por intermedio de quien ejerce la jefatura de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces, emitir el pronunciamiento jurídico sectorial.

Si las diferencias de criterios jurídicos y/o diferencias conceptuales se presentan entre organismos y/o entidades de un mismo sector y la Secretaría cabeza de Sector Administrativo, por tener esta última participación directa en el asunto, o entre entidades y organismos de diferentes sectores, será la Secretaría Jurídica Distrital la encargada de analizar de fondo el asunto, unificar la posición jurídica y comunicar a las entidades para que adopten las medidas orientadas en el respectivo concepto.

Para el efecto, la Secretaría cabeza de Sector Administrativo respectiva, por intermedio del titular del despacho o de la Oficina Jurídica o la dependencia que haga sus veces, remitirá a la Secretaría Jurídica Distrital la solicitud acompañada de los antecedentes y/o diversos pronunciamientos, con indicación clara y precisa de los puntos materia de desacuerdo, cuestionamiento, duda o sobre los que expresamente se requiera el concepto jurídico, junto con la posición jurídica adoptada por la Oficina Jurídica o la dependencia que haga sus veces de todas las entidades interesadas.

Cuando las oficinas jurídicas de las secretarías de despacho o las dependencias que hagan sus veces, requieran conceptos de la Secretaría Jurídica Distrital sobre temas que se consideren de importancia, relevancia o alcance distrital, estos serán expedidos únicamente por solicitud expresa del/a alcalde/sa mayor de Bogotá D.C., y/o del secretario/a jurídico/a distrital, y/o del/a secretario/a de despacho correspondiente. En todo caso la entidad solicitante deberá indicar la posición jurídica sobre las inquietudes planteadas.
PRODUCCIÓN NORMATIVA
(Artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2018)

(Artículo 15 del Decreto Distrital 430 de 2018)

(Artículo 16 del Decreto Distrital 430 de 2018)

Sin perjuicio de lo anterior, se adoptarán por decreto las decisiones relacionadas con el nombramiento, remoción y con las situaciones administrativas de los jefes de los organismos y entidades del Distrito Capital, los de nombramiento y remoción de los alcaldes locales y jefes de control interno, así como cualquier otra nominación y/o designación que corresponda al Alcalde Mayor. También se expedirán por decreto todos aquellos actos mediante los cuales se designe a los miembros que integran las Juntas Directivas de las entidades distritales.

Los decretos son expedidos exclusivamente por el Alcalde Mayor y/o los Secretarios/as de despacho y jefes/as de departamento administrativo del sector al que corresponda la materia allí regulada, que hacen gobierno con él. Sin perjuicio de lo anterior, en el proceso de producción normativa participarán las entidades técnicas expertas en la materia según el tema a regular.

La Secretaría Jurídica Distrital definirá en cada caso concreto quienes hacen gobierno con el Alcalde Mayor, cuando se presente discrepancia sobre este punto.

También se expedirán resoluciones para reglamentar decretos, acuerdos diferentes a los expedidos por el Concejo de Bogotá, o para desarrollar funciones específicas de las entidades.

Son competentes para expedir resoluciones el/la Alcalde/sa Mayor, los funcionarios que dirigen las entidades y organismos distritales y los responsables de la actividad sancionatoria y de IVC, así como los/as servidores/as que desarrollen una función delegada o asignada por el nominador de la entidad.

(Artículo 17 del Decreto Distrital 430 de 2018)

54. Publicaciones, comunicaciones y notificaciones. Las publicaciones, comunicaciones y notificaciones de los decretos y resoluciones se harán conforme lo previsto para el efecto en el Capítulo del Título III del CPACA o la norma que lo modifique, sustituya o adicione o por la norma especial en la materia, de ser el caso.

(Artículo 18 del Decreto Distrital 430 de 2018)

Las directivas pueden ser emitidas por el/la Alcalde/sa Mayor y/o el Secretario/a de Despacho y/o jefes/as de las entidades y organismos de la administración distrital, de manera individual o conjunta según la especialidad o generalidad del asunto.

Las circulares pueden ser emitidas por los/as Secretarios/as de Despacho y/o jefes/as de las entidades y organismos de la administración distrital y/o los funcionarios del nivel directivo de las entidades u organismos de la administración distrital.

En el evento en que contengan órdenes el funcionario que lo emite debe ser de igual o superior jerarquía que el destinatario.

(Artículo 19 del Decreto Distrital 430 de 2018)

Hasta tanto se expida la política, la Secretaría Jurídica Distrital emitirá los lineamientos relacionados con la revisión y trámite de los actos administrativos y demás documentos que deban ser suscritos, sancionados y/o avalados por el Alcalde Mayor, los cuales deberán ser observados por todas las entidades y organismos distritales.

La Secretaría Jurídica Distrital será competente para analizar y determinar la vigencia de decretos, resoluciones, directivas y circulares expedidos por el/la Alcalde/sa Mayor, conforme al procedimiento que ésta determine.

(Artículo 23 del Decreto Distrital 430 de 2018)
POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA PARA EL DISTRITO CAPITAL
(Artículo 1 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 2 del Decreto Distrital 474 de 2022)

La implementación de la política permitirá que el marco regulatorio y reglamentario facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

Los objetivos específicos de esta política son:

(Artículo 3 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 4 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 5 del Decreto Distrital 474 de 2022)
CICLO DE GOBERNANZA REGULATORIA
El ciclo está compuesto por las siguientes fases: 1. Planeación; 2. Diseño de la regulación; 3. Consulta pública de los proyectos de actos administrativos; 4. Revisión de calidad normativa; 5. Publicación de la regulación; y 6. Evaluación.

(Artículo 6 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 7 del Decreto Distrital 474 de 2022)

La agenda regulatoria deberá estar disponible en la página web de cada entidad u organismo distrital y podrá modificarse en caso de surgir nuevas necesidades de regulación.

(Artículo 8 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Para tal efecto se dará aplicación al Análisis de Impacto Normativo (AIN) cuando se requiera adelantar el desarrollo de reglamentos técnicos, o como buena práctica para conocer la mejor opción en materia regulatoria, y a los parámetros para la preparación y elaboración del proyecto específico de regulación.

Las entidades y organismos distritales, según la especificidad del tema o para la elaboración de reglamentos técnicos, utilizarán la guía metodológica de Impacto de Análisis de Impacto Normativo expedida por el Departamento Nacional de Planeación.

Elaborar la memoria justificativa y/o exposición de motivos del acto administrativo, que contendrá como mínimo: los antecedentes, razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición; el ámbito de aplicación, los sujetos a quienes va dirigido; la viabilidad jurídica, técnica y presupuestal; y en los casos que se requiera, la disponibilidad presupuestal para su implementación.

(Artículo 9 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Cuando se trate de proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación, en cumplimiento del numeral 69. Consulta pública de los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación. 8 del Artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, se deberán publicar en el portal único LegalBog Participa por un término mínimo de cinco (5) días hábiles, plazo en el cual se recibirán las opiniones, observaciones, sugerencias o propuestas de la ciudadanía o grupos de interés.

(Artículo 10 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Para el desarrollo y trámite de las consultas y audiencias se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos en el documento anexo "Política de Gobernanza Regulatoria". La actualización estará a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 11 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Para el caso de los actos administrativos de firma del/la alcalde/sa mayor de Bogotá D.C., al momento en que se advierta el incumplimiento de lo señalado en este Artículo, el proyecto normativo, junto con sus anexos, se devolverá al organismo o entidad remitente, con el fin de que se adelante el procedimiento señalado, y se radique nuevamente ante la Secretaría Jurídica Distrital, para la revisión correspondiente.

(Artículo 12 del Decreto Distrital 474 de 2022)

En los actos diferentes a los suscritos por el/la alcalde/sa mayor y que involucre acciones sectoriales que impliquen la firma del/la secretario/a cabeza del sector, la oficina jurídica o la dependencia que haga sus veces, deberá emitir concepto jurídico favorable para su expedición.

Si el proyecto de regulación involucra la firma del/la alcalde/sa mayor de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital a través de la Subsecretaría Jurídica Distrital y la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, realizará la revisión de legalidad, conforme a los parámetros establecidos en el documento técnico de Política de Gobernanza Regulatoria y las demás que se expidan sobre la materia.

73. Publicación de la norma. Los actos administrativos de carácter general, deberán ser publicados en el Registro Distrital de Bogotá, como materialización de los principios de publicidad y transparencia, acatando lo dispuesto en el Artículo de la Ley 1437 de 2011,

1. Las entidades y organismos del sector central y descentralizado deberán publicar la norma expedida en la página web de su entidad, en la plataforma Régimen Legal de Bogotá y seguir estrategias de publicación y difusión masiva de la norma, en atención a lo previsto en la Resolución de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y en el Artículo de la Resolución 104 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital o las normas que las modifiquen o sustituyan.

(Artículo 14 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Ver Resolución 104 de 2018, Secretaría Jurídica Distrital

Como resultado de la evaluación se podrán realizar las siguientes actuaciones:

Cuando el análisis de vigencia le corresponda a una entidad del sector descentralizado, el mismo deberá ser avalado por la cabeza de sector, para lo cual el término total será de quince (15) días.

El análisis que emitan las entidades y organismos distritales se limitará a las competencias definidas en el acto y/o sobre las responsabilidades asumidas en su ejecución, implementación, coordinación, reglamentación.

En el caso de que el acto haya sido expedido únicamente por el/la alcalde/sa mayor, se solicitará el pronunciamiento sobre su vigencia, a la entidad u organismo que lo haya proyectado, y/o revisado y/o aprobado, quien deberá emitir el pronunciamiento en el mismo término señalado en este Artículo.

Una vez se cuente con los citados análisis por parte de los intervinientes en el acto administrativo, la Secretaría Jurídica Distrital emitirá el pronunciamiento en un término de ocho (8) días hábiles.

(Artículo 16 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Se exceptúan de la aplicación de las etapas del ciclo de gobernanza de la agenda regulatoria, el análisis de impacto normativo y la consulta pública, además de los casos consignados en el Artículo 10 de este decreto, los siguientes actos y temáticas:

(Artículo 17 del Decreto Distrital 474 de 2022)
IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La Secretaría Jurídica Distrital emitirá las directivas necesarias para dar cumplimiento a la Política de Gobernanza Regulatoria, realizará las actualizaciones y adiciones que se consideren pertinentes y elaborará los instrumentos requeridos para la implementación de la Política.

(Artículo 19 del Decreto Distrital 474 de 2022)

Artículo 79. Seguimiento y Evaluación. La Secretaría Jurídica Distrital se encargará del seguimiento y evaluación de la Política de Gobernanza Regulatoria, en el marco de sus competencias y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 221 de 2023 o aquel que lo modifique o adicione. Para lo anterior, desarrollará los instrumentos necesarios.

Para la implementación y el seguimiento, el Comité Jurídico Distrital y los Comités Intersectoriales Jurídicos previstos en el Título II, de la Parte 1 del Libro 1 o los demás que se creen, servirán de escenario para la articulación de la Política de Gobernanza Regulatoria.

(Artículo 20 del Decreto Distrital 474 de 2022)
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GOBERNANZA REGULATORIA
80. Técnica Normativa. La Secretaría Jurídica Distrital elaborará el manual de técnica normativa para la expedición de actos administrativos, el cual será aplicado en las entidades y organismos distritales.

(Artículo 21 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 22 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 23 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 24 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 25 del Decreto Distrital 474 de 2022)

(Artículo 26 del Decreto Distrital 474 de 2022)
DEFENSA JUDICIAL

La Defensa Judicial por parte de las entidades y organismos distritales tendrán como objetivos:

Fortalecer el desempeño en la recuperación del patrimonio del Distrito Capital, de conformidad con lo previsto la Sección 10 del Capítulo 3 del Título 2, Parte 2, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

La representación legal en lo judicial y extrajudicial del Distrito Capital para las entidades del sector central será ejercida conforme a las reglas contenidas en los lineamientos para el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C., y en el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la recuperación del Patrimonio Público, así como en la Política de Defensa Jurídica del Distrito Capital, adoptada mediante la Directiva 00 de 2022 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital, o las normas que modifiquen o sustituyan tales actos.

Las acciones de constitucionalidad en las que se discutan temas de interés del Distrito Capital, serán asumidas conforme a las reglas de competencia establecidas en la Sección 1 del Capítulo 3, Título 3, Parte 2, o la norma que lo modifique o sustituya. En caso de interés o cuando existan temáticas de competencia a cargo de las entidades descentralizadas, participaran, procurando la coordinación con la Secretaría cabeza de Sector Administrativo a la que se encuentre adscrita o vinculada.

Modificado por el art.
(Artículo 2, Decreto Distrital 597 de 2023 24 del Decreto 430 de 2018, )

(Artículo 25 del Decreto 430 de 2018)

89. Intercambio de información para fortalecer la defensa judicial. Las entidades y organismos distritales deberán informar a la Secretaría Jurídica Distrital las decisiones judiciales, laudos arbitrales y/o decisiones que tengan impacto en la defensa jurídica del Distrito Capital con el objeto de que las mismas sean analizadas y socializadas a través de los espacios de coordinación jurídica dispuestos para el efecto.

(Artículo 26 del Decreto 430 de 2018)

(Artículo 27 del Decreto 430 de 2018)
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE UN MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS - MASC
(Artículo 1 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 2 del Decreto 838 de 2018)
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO O DE DEVOLUCIÓN DE DINERO
Conocida la obligación, la referida dependencia deberá comunicar al ordenador del gasto en un término máximo de quince (15) días calendario, la existencia de la obligación. Esta comunicación deberá contener:

(Artículo 3 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 4 del Decreto 838 de 2018)

Es responsabilidad de las entidades y organismos distritales condenadas u obligadas, gestionar el presupuesto requerido para soportar los trámites y actividades necesarias para la materialización de la obligación de dar, hacer o no hacer. La apropiación de dichos recursos debe tramitarse en cada vigencia fiscal, hasta tanto se declaré cumplida la obligación.

(Artículo 5 del Decreto 838 de 2018)

96. Liquidación de intereses. Para la liquidación de intereses moratorios de providencias judiciales y decisiones extrajudiciales se deben tener en cuenta lo dispuesto en los Artículos a de la Ley 1437 de 2011 y en las Circulares Externas Nos. 10 y 12 de 2014, expedidas por la Agencia Nacional Jurídica del Estado, o las normas que las sustituyan.

(Artículo 6 del Decreto 838 de 2018)

97. Compensación de obligaciones tributarias y no tributarias con cargo a los saldos debidos por concepto de sentencias o decisión adoptada a través de un MASC. De conformidad con lo establecido en el Artículo y siguientes el Código Civil, el organismo o entidad distrital obligada al pago de sumas de dinero en virtud de sentencias o acuerdos derivados de la aplicación de un MASC, previo a su cumplimiento, requerirá a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y a la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda, a la Dirección de Gestión del Cobro de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud y a la Subdirección Técnica y de Ejecuciones Fiscales del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU , en un término no superior a cinco (5) días hábiles, que informen sobre la existencia de deudas tributarias o no tributarias por parte del/la beneficiario/a de las respectivas sentencias judiciales o acuerdos derivados de la aplicación de un MASC.

Para hacer efectiva la compensación para las entidades y organismos distritales, las obligaciones deben ser recíprocas y actualmente exigibles entre las partes, de tal suerte que, la entidad u organismo distrital acreedora, desarrollará los procedimientos necesarios para determinar la oportunidad de la compensación a la que haya lugar, en términos de eficiencia administrativa.

(Artículo 7 del Decreto 838 de 2018)

Las entidades y organismos distritales al momento de liquidar la condena que ordena el reintegro laboral solo tendrán en cuenta los conceptos ordenados por la sentencia. Si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que condena al reintegro, éste no se pudiere llevar a cabo por causas imputables al interesado, cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

A falta de cualquiera de las anteriores hipótesis, el cumplimiento del pago de la condena deberá estar a cargo de la entidad u organismo distrital que se benefició con la prestación contractual o convenio.

(Artículo 8 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 9 del Decreto 838 de 2018)

Los créditos judicialmente reconocidos, y las obligaciones derivadas de la aplicación de un MASC, se deben prever en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo, y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos. Una vez incorporados los recursos al Presupuesto del Distrito serán inembargables, conforme lo establece el parágrafo segundo del Artículo de la Ley 1437 de 2011.

Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro de sentencias y conciliaciones, o laudos arbitrales de la respectiva entidad u organismo distrital.

En caso de que el pago que deba efectuarse para el cumplimiento de alguna sentencia o acuerdos derivados de la aplicación de un MAS, afecte de manera grave la estrategia financiera del plan de desarrollo, que pueda generar un incumplimiento en la meta de balance primario y/o afecte permanentemente el marco fiscal de mediano plazo (MFMP), se deberá solicitar a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, adelantar el trámite pertinente para dar inicio al incidente de impacto fiscal, con el fin de modular o diferir en el tiempo el efecto de la decisión judicial o extrajudicial, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley de 2013.

Para los efectos previstos en el presente Artículo, se deberán hacer los traslados presupuestales requeridos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes

(Artículo 10 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 11 del Decreto 838 de 2018)
DELEGACIONES ESPECIALES PARA ORDENAR EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS, Y DECISIONES ADOPTADAS POR LOS MASC
(Artículo 12 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 13 del Decreto 838 de 2018)
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES
(Artículo 14 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 15 del Decreto 838 de 2018)

106. Reparación de perjuicios causados a un grupo. Las condenas impuestas a entidades y organismos distritales con ocasión de la reparación de los perjuicios causados a un grupo, se ejecutará con estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia y conforme los parámetros establecidos en ella y atendiendo lo establecido en el numeral del Artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

(Artículo 16 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 17 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 18 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 19 del Decreto 838 de 2018)
DISPOSICIONES SOBRE EL PAGO DE CONDENAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA DEFENSA JUDICIAL
(Artículo 20 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 21 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 22 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 23 del Decreto 838 de 2018)

Cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- E. S. P sea condenada junto con Bogotá, D. C., o con el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI, y/o con el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP, y/o con el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, y/o con la Secretaría Distrital de Hacienda, según el caso, éstos expedirán el correspondiente acto de ejecución ordenando remitir a la EAAB las sentencias judiciales, con constancia de notificación y ejecutoria, para que dicha Empresa proceda a darles cumplimiento.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB - E.S.P. atenderá los pagos de las sentencias antes indicadas con cargo a su presupuesto.

(Artículo 24 del Decreto 838 de 2018)

Artículo 115. Condenas en costas judiciales y agencias en derecho. Cuando el pago de condenas en costas judiciales y agencias en derecho reconocido en la providencia que ponga fin al proceso involucre a varias entidades y organismos distritales sin determinar cuál es la responsable del pago del mismo, éste será efectuado en proporción a la afectación contingente de cada una de ellas o proporcional al monto de la condena.

En caso de no presentarse ninguna de estas condiciones, se deberá determinar porcentaje en el acto de cumplimiento proferido en ejercicio de las delegaciones previstas en los Artículos 12 y 13 de presente decreto.

(Artículo 25 del Decreto 838 de 2018)

116. Ejecución de providencias judiciales o acuerdos derivados de la aplicación de un MASC a favor de Bogotá, Distrito Capital. La ejecución de las providencias judiciales y decisiones extrajudiciales, a favor de Bogotá, D.C., o de sus entidades y organismos distritales u organismos, deberá solicitarse por el apoderado/a cargo del correspondiente proceso, antes del vencimiento de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del auto de obedecimiento de lo dispuesto por el superior, según fuere el caso, acorde con los Artículos y del Código General del Proceso. De igual forma, se solicitará la inmediata imposición de las medidas cautelares a que haya lugar.

El cobro de las costas judiciales y agencias en derecho se adelantará conforme lo previsto en el artículo 144 del presente decreto.

(Artículo 26 del Decreto 838 de 2018)

Las entidades y organismos distritales deberán actualizar la información en el módulo "Cumplimiento de Providencias Judiciales y Decisiones Extrajudiciales", por concepto de fallos adversos, gastos y costas procesales. Los actos administrativos de cumplimiento y liquidación de providencias judiciales y decisiones extrajudiciales deberán ser digitalizados e incorporados en formato de texto (PDF o Word) en el módulo de pagos y como estado en el de procesos.

La información debe ser consistente y verificable, y por tanto en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB no debe existir proceso con obligación a cargo del Distrito Capital, sus entidades y organismos distritales u organismos, sin registro de su cumplimiento y/o evidencia de las gestiones tendientes al mismo.

(Artículo 27 del Decreto 838 de 2018)

(Artículo 28 del Decreto 838 de 2018)

En caso de que la condena u orden no sufra modificaciones, la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, definirá los mecanismos de coordinación u orientación para el efectivo cumplimiento de la decisión.

(Artículo 29 del Decreto 838 de 2018)
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
120. Representación judicial y extrajudicial del sector central de la administración Distrital. Delegase a los/as Jefes/as y/o Directores/as de las Oficinas o direcciones Jurídicas y/o Subsecretarios/as Jurídicos de las entidades y organismos distritales del sector central la representación judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en relación con sus respectivos organismos, para todos aquellos procesos, acciones de tutela, diligencias, y/o actuaciones judiciales, extrajudiciales o administrativas que se adelanten con ocasión de los actos, hechos, omisiones u operaciones que realicen, en que participen o que se relacionen con asuntos inherentes a cada uno de ellos, conforme a su objeto, misionalidad y funciones; con las facultades, limitaciones y reglas previstas en el Artículo 5° de este decreto.

(Artículo 1 del Decreto 089 de 2021)

Cuando en un mismo proceso o actuación se vincule genéricamente al Distrito Capital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y/o el/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá y a una entidad descentralizada, la entidad cabeza del sector central al que ésta pertenezca, atenderá, en coordinación con la entidad descentralizada, la representación judicial y extrajudicial del sector central de la administración Distrital, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los Artículos 8°y 9° de este Decreto.

(Artículo 2 del Decreto 089 de 2021)

122. Representación judicial y extrajudicial de los órganos de control del orden distrital. Los órganos de control del orden distrital ejercerán su representación judicial y extrajudicial de conformidad con lo previsto en los Artículos , y del Decreto Ley 1421 de 1993 y los Artículos y del CPACA, o de las normas que los sustituyan.

(Artículo 3 del Decreto 089 de 2021)

123. Representación judicial y extrajudicial del Concejo de Bogotá. En los procesos judiciales y extrajudiciales, trámites administrativos que se deriven de los actos, hechos, omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurra o participe el Concejo de Bogotá, D.C., como corporación, la representación judicial y extrajudicial le corresponde a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, conforme las siguientes reglas:

La Oficina Asesora Jurídica del Concejo de Bogotá, con el fin de lograr una adecuada gestión judicial, deberá coordinar los aspectos jurídicos y misionales requeridos, con la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital. Conforme lo dispuesto por el sub numeral del Decreto Distrital 323 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 4 del numeral IV del Capítulo 1 del Acuerdo Distrital 492 de 2012, en concordancia con el Artículo 798 de 2019.

(Artículo 4 del Decreto 089 de 2021)

El poder deberá ajustarse a los parámetros de identidad corporativa fijados en el Artículo 22 de este Decreto.

(Artículo 5 del Decreto 089 de 2021)

En los casos donde sea un requisito legal deberán aportar la autorización del Comité de Conciliación de la respectiva entidad.

Cuando se presenten las situaciones descritas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, comunicará al Despacho Judicial que el/la Alcalde/sa Mayor de la Ciudad de Bogotá, como máxima autoridad de la administración distrital, ejerce sus atribuciones por medio de los organismos y entidades creados por el Concejo de Bogotá y que corresponde a las entidades a las cuales se les ha dado traslado de la tutela, ejercer la defensa del Distrito Capital.

(Artículo 7 del Decreto 089 de 2021)
DELEGACIONES SECTORIALES
127. Poder preferente de la Secretaría Jurídica Distrital. La Secretaría Jurídica Distrital podrá ejercer, en aquellos asuntos de alta relevancia o importancia estratégica para Bogotá D.C., el poder preferente establecido en el Artículo 45 numeral 5 del presente decreto, con lo cual asumirá la representación judicial del nivel central, descentralizado o local con el objeto de centralizar la defensa judicial y extrajudicial del Distrito Capital, en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción y en cualquier estado del proceso.

En ejercicio de estas facultades la Secretaría Jurídica Distrital también podrá asumir la representación judicial para interponer nuevas acciones judiciales y constituirse como víctima o como parte civil en procesos penales.

1. Para el efecto, la respectiva entidad le otorgará poder especial al abogado que designe la Secretaría Jurídica Distrital y será otorgado de conformidad con las facultades especiales previstas en el numeral 3 del Artículo 124 de este decreto y las demás normas procesales aplicables.

Artículo 2. De conformidad con lo previsto en el 210 del Acuerdo Distrital 927 de 2020(sic), la responsabilidad contingente del proceso cuya representación es asumida por la Secretaría Jurídica Distrital, recaerá sobre las entidades demandadas que están siendo representadas por ésta.

Así mismo, la entidad o entidades distritales que han sido desplazadas en la defensa judicial por la Secretaría Jurídica Distrital asumirán los gastos, costas, honorarios, agencias en derecho y demás erogaciones que se generen como consecuencia del proceso judicial.

En el caso de encontrarse vinculadas varías entidades del sector central y/o descentralizado, se podrán suscribir convenios interadministrativos para designar un mismo apoderado/a, aunar esfuerzos financieros y establecer parámetros específicos frente a la defensa técnica.

(Artículo 8 del Decreto 089 de 2021)

En los medios de control o mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra o donde se dispuso la vinculación de la Secretaría de Obras Públicas - SOP, hasta su transformación.

En la coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la eventual solicitud y trámite del concepto de controversias jurídicas del que trata el numeral del Artículo 112 del CPACA, modificado por el Artículo la Ley 2080 de 2021.

Para el ejercicio de la delegación efectuada en el numeral 2, corresponde a la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la respectiva alcaldía local coordinar, centralizar y presentar de manera unificada la información del sector de las localidades, cuyas dependencias son mencionadas en el Artículo 130 del presente Decreto.

(Artículo 9 del Decreto 089 de 2021)

Comparecer directamente o a través de apoderado/a en las circunstancias previstas en los artículos 127 y 128 del presente decreto y las que sean de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 10 del Decreto 089 de 2021)

(Artículo 11 del Decreto 089 de 2021)

131. Delegación especial de la representación judicial y extrajudicial en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP. Deléguese en el/la Jefe/a de la Oficina Asesora Jurídica del DADEP, con las facultades previstas en el Artículo 124 de este decreto, la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en lo que se refiere a la defensa y saneamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario Distrital, incluidos los procesos necesarios para la defensa, custodia, preservación y recuperación de los bienes del espacio público del Distrito Capital, iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2002.

(Artículo 12 del Decreto 089 de 2021)

Los entes distritales cumplirán con los requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas en procura de la defensa de los intereses de su entidad. Para efecto de atender dichos requerimientos, deberán cumplir con los lineamientos que expidan la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 13 del Decreto 089 de 2021)

De la misma manera, las costas que se decreten en providencias judiciales en las cuales la condena principal se refiere a los derechos antes referidos, se pagarán con cargo a los Fondos de Pasivos de las entidades liquidadas o suprimidas.

(Artículo 14 del Decreto 089 de 2021)

134. Delegación especial de la representación legal en lo judicial y extrajudicial en la Secretaría Distrital de Movilidad. Delegase en el/la Director/a de Representación Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad la representación judicial y extrajudicial, de Bogotá, Distrito Capital, con las facultades previstas en el Artículo 124 de este decreto, para iniciar los procesos judiciales o mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados de asuntos del resorte exclusivo de la suprimida Secretaría de Tránsito y Transporte, y del liquidado Fondo de Educación y Seguridad Vial -FONDATT, en los cuales tenga interés Bogotá, Distrito Capital.

(Artículo 15 del Decreto 089 de 2021)
DE LAS NOTIFICACIONES
En consecuencia, las entidades del sector central deberán abstenerse de notificarse en sus respectivas sedes administrativas de las referidas actuaciones en representación de Bogotá, Distrito Capital.

(Artículo 16 del Decreto 089 de 2021)

2. Todas las entidades deben contar con una dirección electrónica para recibir el traslado de las notificaciones judiciales, en los términos señalados en las Circulares Nos. de 2012, de 2013 y de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., o las que las sustituyan o modifiquen. En caso de generarse cambio de dominio o dirección electrónica, deberá informarse de manera inmediata a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Artículo 17 del Decreto 089 de 2021)

(Artículo 18 del Decreto 089 de 2021)
COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA
Corresponde a la Subsecretaría Jurídica Distrital de la Secretaría Jurídica Distrital, dirigir la negociación, para lo cual establecerá los lineamientos internos para adelantar la intervención, determinará la concurrencia de las dependencias que conforme a la temática deban apoyar la intervención, según lo previsto en el numeral del Artículo 9 del Decreto Distrital 323 de 2016 modificado por el Artículo del Decreto Distrital 798 de 2019 y en concordancia con el numeral 3 del Artículo 45 del presente Decreto

La naturaleza de la intervención realizada por la Secretaría Jurídica Distrital es una buena práctica de carácter administrativo que no suspende términos de caducidad ni constituye un requisito de procedibilidad fijado por la ley.

En todo caso, las entidades interesadas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que la defensa de los intereses del Distrito Capital no se vea afectada o interrumpida. La transferencia documental se deberá realizar con sujeción a las normas archivísticas vigentes. Adicionalmente, se deberá actualizar la totalidad del proceso en el Sistema de Procesos Judiciales

(Artículo 20 del Decreto 089 de 2021)

140. Actuaciones en acciones populares entre particulares. Corresponde a cada entidad atender las acciones populares entre particulares en las que conforme su misionalidad y competencia deban concurrir ante los Jueces Civiles del Circuito como entidad encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado por un particular. Lo anterior en los términos del último inciso del Artículo de la Ley 472 de 1998 o aquellas que la modifiquen o droguen.

Todas las entidades distritales deberán incorporar en el encabezado o margen superior del cuerpo de los poderes que se otorguen, el escudo de la ciudad de Bogotá y la expresión "Bogotá, D.C.". Cuando se otorgue poder para asistir a audiencia de conciliación o de pacto de cumplimiento, deberá dejarse expresa constancia que el apoderado/a queda facultado para conciliar o presentar proyecto de pacto de cumplimiento en nombre de "Bogotá, Distrito Capital".

(Artículo 22 del Decreto 089 de 2021)

(Artículo 23 del Decreto 089 de 2021)

Corresponde a los/as Jefes/asy/o Directores/as de las Oficinas Asesoras Jurídicas o Subsecretarios/as Jurídicos/as de las entidades de todos los niveles y sectores, garantizar la actualización oportuna de la información.

(Artículo 24 del Decreto 089 de 2021)

144. Cobro de costas judiciales y agencias en derecho. Las entidades Distritales deberán realizar el cobro de costas judiciales y agencias en derecho, de manera preferente, a través del cobro persuasivo y/o de la jurisdicción coactiva reglamentada en el Decreto Distrital de 2011, o el que lo sustituya.
PLAN MAESTRO DE ACCIONES JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DEL DISTRITO CAPITAL
(Artículo 1 del Decreto 556 de 2021)

En el sector descentralizado las políticas, estrategias y acciones se incorporarán a las decisiones y dinámicas propias del gobierno corporativo y de los órganos de dirección, en el marco de su autonomía.

Los órganos de control y vigilancia de Bogotá, en el marco de su autonomía, podrán acoger para el desarrollo de su defensa jurídica los componentes del Plan Maestro de Acciones Judiciales en lo que consideren pertinente.

(Artículo 2 del Decreto 556 de 2021)

Esta política busca que, ante situaciones o hechos que generen un daño para el Distrito Capital, todas las áreas de las entidades y organismos distritales, en el marco de sus funciones y competencias asignadas, realicen de manera articulada para la eficiente gestión judicial y extrajudicial las siguientes acciones:

Esta política busca fortalecer las competencias del cuerpo de abogados y abogadas de las entidades y organismos distritales, mediante la orientación y actualización de sus conocimientos y competencias en el ejercicio de actuaciones extrajudiciales y acciones judiciales dirigidas especialmente a la recuperación del patrimonio distrital, el intercambio de experiencias exitosas en la gestión judicial y extrajudicial, y en los desarrollos legales, doctrinales y jurisprudenciales que tengan impacto en el Distrito Capital.

Esta política pretende fortalecer el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C.-SIPROJ-WEB-, que permita evidenciar la trazabilidad de la información, la calidad y completitud del reporte y toda la información necesaria para la revisión, análisis y seguimiento de la gestión jurídica, entre otros, el registro de las sumas recibidas con ocasión de la celebración de mecanismos alternativos de solución de conflictos, el inicio de medios de control o la acción judicial que por la naturaleza del conflicto resulte procedente y la participación como víctima en los procesos penales.

Los/as jefes/as de las oficinas jurídicas deberán velar por el adecuado registro, actualización y seguimiento del Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C., de conformidad con los parámetros, lineamientos e instrucciones señalados en la Resolución 104 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya.

Esta política busca generar las herramientas necesarias para el ejercicio diligente de la gestión judicial y extrajudicial por parte de las entidades y organismos distritales, para que en las actuaciones que adelanten logren probar los daños, su cuantificación o la titularidad pública distrital del bien o derecho, y la obtención de medidas cautelares que permitan aumentar la efectividad de las decisiones judiciales o de los acuerdos o mecanismos celebrados con el responsable de la reparación.

(Artículo 4 del Decreto 556 de 2021)

(Artículo 5 del Decreto 556 de 2021)

(Artículo 6 del Decreto 556 de 2021)

Moralidad Pública. Es el manejo eficiente, oportuno y responsable por parte de los servidores públicos de los recursos del Estado con lo cual se evita el detrimento patrimonial, actuación quela sociedad espera sea con absoluta pulcritud y honestidad.

(Artículo 7 del Decreto 556 de 2021)
DEFINICIONES
del 8 de junio de 2011, rad. Nº 25000-23-26-000-2005-01330, el patrimonio público: 152. Patrimonio Público. Conforme con lo establecido por elConsejo de Estado en la "Cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo".

(Artículo 8 del Decreto 556 de 2021)

153. Daño. Conforme con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC10297 del 5 de agosto de 2014 rad. n.° 2003-00660-01, el daño es: " la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio". Además, de acuerdo con la Sentencia 26630-2013 de la citada Corte, es el requisito: "más importante (...), al punto que sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna".

(Artículo 9 del Decreto 556 de 2021)

(Artículo 10 del Decreto 556 de 2021)

155. Responsabilidad. De acuerdo con la doctrina nacional: "Es la consecuencia jurídica en virtud de la cual quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños que con esa conducta ilícita ha producido a terceros. Todo daño debe tener un responsable y todo riesgo un garante" Tamayo (2007). En la Sentencia C-1008-2010, la Corte Constitucional indicó que la responsabilidad civil contractual es aquella que resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido, en tanto que la responsabilidad civil extracontractual, también denominada delictual o aquiliana, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un "hecho jurídico", ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil.

(Artículo 11 del Decreto 556 de 2021)

156. Justicia restaurativa. Además de lo señalado en el Artículo del Código de Procedimiento Penal,se entiende como un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera.

(Artículo 12 del Decreto 556 de 2021)

Artículo 157. Recuperación. Para los efectos de este decreto, es la obtención de los recursos o reivindicación de bienes e intereses públicos distritales en el ejercicio de medios de control, acciones judiciales, procesos penales y mecanismos alternativos de solución de conflictos iniciados y suscritos por las entidades y organismos distritales, es decir, distintos a aquellos que provienen de una obligación clara expresa y exigible.

(Artículo 13 del Decreto 556 de 2021)

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Decreto 479 de 2024 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

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(Diciembre 27) Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 1º de artículo 315 de la Constitución Política, los numerales 1, 3 y 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, y, CONSIDERANDO: Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispuso que "(...)

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Notas para un breve curso de redacción de documentos 

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Notas para un breve curso de redacción de documentos 

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Se entiende por "documento jurídico" en estas notas todo escrito (desde un texto normativo o una sentencia hasta una simple carta) redactado para producir efectos jurídicos por sí mismo, o para servir de algún modo a la tramitación de un procedimiento jurídico.

Jorge Miras

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Este libro propone una reflexión seria entre los abogados, operadores jurídicos y estudiantes de derecho sobre sus propias prácticas escriturales, para impulsar una transformación en el ejercicio profesional hacia una escritura más comprensible, precisa y persuasiva. Por esta razón, se concibió como una guía de acompañamiento que contiene técnicas, reglas y buenas prácticas que esperamos se conviertan, con el tiempo, en hábitos.

Diego Lopez - Ministerior de Justicia

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Lineamientos en materia de prevención del daño antijurídico y defensa judicial en la

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Lineamientos en materia de prevención del daño antijurídico y defensa judicial en la

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producción normativa a través de actos administrativos de carácter general y abstracto.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

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CARTILLA NO. 1  DE REDACCIÓN NORMATIVA Y DE
DISPOSICIONES JURÍDICAS

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CARTILLA NO. 1  DE REDACCIÓN NORMATIVA Y DE
DISPOSICIONES JURÍDICAS

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Se propone una cartilla para la de producción y redacción de instrumentos normativos (proyectos de ley, decretos y actos administrativos de carácter general y abstracto) que se basa en algunas de las mejores prácticas en la materia adoptadas en la Unión Europea

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METODOLOGÍA DE DEPURACIÓN NORMATIVA PARA

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METODOLOGÍA DE DEPURACIÓN NORMATIVA PARA

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LOS PROYECTOS DE DEPURACIÓN DE LA NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL Y ABSTRACTO EXPEDIDA POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Versión No 3. Ministerio de Justicia

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Contiene el paso a paso en cada una de las etapas de la guía. Es soporte para la presentación de la guía

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La guía contiene el marco normativo que la fundamenta, los principios orientadores, la metodología para dar aplicación al ciclo de gobernanza regulatoria, el plan de trabajo y dos anexos (formato de inventario normativo y ficha de valoración jurídica), que le permitirá a las Subsecretarías, Direcciones y Oficinas Jurídicas, o quien haga sus veces, coordinar y articular el proceso para cumplir con cada una de las fases del citado ciclo, para la entrega del proyecto de acto para la suscripción del Alcalde Mayor de la ciudad y su posterior difusión.

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Guía para la elaboración y expedición de los Decretos Único Sectoriales - DUS” como un instrumento metodológico para realizar el proceso de racionalización, depuración y compilación normativa en cada uno de los sectores de coordinación administrativa en el Distrito Capital.

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(Septiembre 27) PARA: SUBSECRETARIOS(AS), DIRECTORES(AS), SUBDIRECTORES, JEFES (AS) JURÍDICOS(AS), O QUIEN HAGA SUS VECES, SECRETARIOS (AS) DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, SOCIEDADES PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, ENTE AUTÓNOMO, VEEDURÍA DISTRITAL, CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C. Y PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. DE: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL ASUNTO: Adopción nueva "Guía para la elaboración y expedición de los Decretos Único Sectoriales - DUS - del Distrito Capital". Radicado: 2-2024-13897
La Secretaría Jurídica Distrital como líder de la Política de Gobernanza Regulatoria en virtud del Decreto Distrital 474 de 2022 y en desarrollo de la meta sectorial 360 del Acuerdo Distrital 927 de 2024 que prevé "Elaborar 15 decretos reglamentarios uno para cada sector de la administración distrital como parte de una estrategia de mejora normativa en la ciudad" presenta la " Guía para la elaboración y expedición de los Decretos Único Sectoriales - DUS" como un instrumento metodológico para realizar el proceso de racionalización, depuración y compilación normativa en cada uno de los sectores de coordinación administrativa en el Distrito Capital.

La guía contiene el marco normativo que la fundamenta, los principios orientadores, la metodología para dar aplicación al ciclo de gobernanza regulatoria, el plan de trabajo y dos anexos (formato de inventario normativo y ficha de valoración jurídica), que le permitirá a las Subsecretarías, Direcciones y Oficinas Jurídicas, o quien haga sus veces, coordinar y articular el proceso para cumplir con cada una de las fases del citado ciclo, para la entrega del proyecto de acto para la suscripción del Alcalde Mayor de la ciudad y su posterior difusión.

En desarrollo de este proceso y en virtud del artículo 210 del Plan Distrital de Desarrollo, en concordancia con el artículo 2 del Decreto Distrital 323 de 2016 y 9 del Decreto Distrital 430 de 2018, esta Secretaría a través de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos realizará la coordinación y articulación sectorial para el desarrollo y cumplimiento de esta meta.

La presente Guía deberá ser presentada en cada una de las entidades y organismos distritales, así como en las comisiones intersectoriales de coordinación jurídica, quien, conforme a las funciones deberá acompañar el trabajo de construcción del Decreto Único Sectorial.

El presente documento deja sin efecto la Directiva 18 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital

Cordialmente,
MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA Secretario Jurídico Distrital
Proyectó: Zulma Rojas Suárez - Profesional Especializada Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Revisó: Julio Andrés Ossa Santamaría - Contratista Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Natali Muñoz Torres - Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Andrés Felipe Puentes - Asesor de Despacho

Aprobó: Angélica María Acuña Porras- Subsecretaria Jurídica Distrital
Nota: Ver norma original y anexos "Guía para la elaboración y expedición de los Decretos Único Sectoriales - DUS" en Anexos.

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Directiva 005 de 2024 Secretaría Jurídica Distrital