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En el caso anterior se identificaron diversos principios que conforman el debido proceso, y los cuales son indispensables para garantizar que las acciones realizadas sean justas, proporcionales y respeten los derechos del estudiantado. A continuación se mencionan cuales:

Derecho de defensa: Este principio garantiza a la persona ser escuchada, poder presentar pruebas cuando se le esté imputando algo, exonerar culpas en su defensa, ser asesorada y representada. En el caso este principio se refleja al notificar y convocar a un espacio de diálogo formal a las dos partes del caso, asegurando que ambas conozcan los hechos que se les atribuye, así como también que puedan ser escuchados, presentar pruebas, traer testigos y estar acompañados por sus padres o encargados legales.

Principio de razonabilidad: Este principio dicta que los actos y decisiones tomadas dentro de un proceso deben ser equitativas y razonables. En el caso, ambas partes tienen los mismos derechos y el mismo trato, garantizando la igualdad en el proceso. Así mismo, dentro de las medidas se priorizan las acciones educativas y formativas proporcionales al daño causado, evitando una sanción desmedida.

La justicia: Este principio rige que debe haber justicia pronta y cumplida, además que ninguno de los imputados debe ser discriminado, ya que todos somos iguales ante la ley. En este caso, a lo largo del proceso se garantiza el trato igualitario para cada uno de los estudiantes y no se discrimina a ninguno de ellos, así mismo, se toman acciones que ayuden a resolver el caso en un plazo razonable.

Legalidad: Este principio menciona que cada uno de los actos que se lleven a cabo durante el proceso debe estar contemplado dentro de la norma, estipulada en una ley o en reglamentos. En este caso, las acciones y las medidas establecidas se respaldan en los reglamentos del centro educativo y la normativa del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Principio de imputación: Este principio dicta que el estado y sus instituciones tienen el deber de brindar audiencia al momento de responsabilizar a alguien de un suceso. En este caso, se convoca a los estudiantes a una sesión donde pueden explicar lo sucedido y que no se realicen sanciones sin tomar en cuenta ambas versiones.

Principio de inocencia: En este principio se menciona que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, aunque hay un video circulando, los testimonios son escuchados y las pruebas debidamente analizadas, sin hacer antes señalamientos o emitir juicios en contra de una de las partes.

Derecho a una resolución justa: En todo procedimiento solicitado o administrativo que se realice contra una persona, debe presentar una resolución justa según la normativa. En este caso, se priorizan medidas educativas y formativas, antes de aquellas decisiones punitivas.

Gratuidad: Este principio establece que todo proceso dado en la Administración Pública debe ser gratuito. En este caso, el proceso es accesible para ambas partes y no genera costo alguno para estas.

Libertad probatoria: Este principio dicta que durante el proceso existe libertad para presentar pruebas. En el caso, desde un inicio se le indica a las partes que tienen derecho de presentar pruebas para respaldar sus testimonios.

Informalidad: Este principio menciona que el proceso al no ser judicial, es informal. En este caso el procedimiento no es judicial, sin embargo, es ordenado y respeta los derechos humanos.

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Caso desde la práctica de la Orientación

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Caso desde la práctica de la Orientación

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Contexto

En el Liceo La Virgen, durante un receso dos estudiantes de octavo se vieron inmersos en una pelea, en esta Samuel golpeó a Carlos y le quebró los lentes. La pelea fue reportada por una profesora. Hay un video del suceso circulando por las redes sociales. La dirección del centro educativo solicita al departamento de Orientación apoyar en el abordaje de la situación para velar por el bienestar de los estudiantes y respetar el debido proceso.

Solución del caso

Etapas del abordaje:

1. Notificación formal: se realiza una debida notificación a Samuel, así como también a sus encargados legales para informar sobre los hechos reportados, los derechos que poseen y la fecha para sesión, donde habrá un espacio de diálogo para que pueda emitir su versión de los hechos y mostrar pruebas. Se realiza lo mismo con Carlos y sus encargos legales. Es importante recalcar que primero se convoca a las partes por separado, para evitar disturbios entre sí.

2. Sesión de diálogo: en las reuniones ya establecidas con anticipación se invita a los estudiantes a exponer su versión y mostrar pruebas, en presencia de los encargados legales, así como de la profesora que reportó la situación. Es importante mencionar que en este espacio cada estudiante tiene derecho de llevar testigos; además dentro de esta sesión y a lo largo del proceso se debe garantizar la igualdad en el tiempo de exposición y trato con cada parte del caso.

3. Recopilación de pruebas: se anotan las dos versiones, así mismo se solicita el video completo y se toman notas de las declaraciones de las personas testigo.

4. Valoración neutral: el departamento de Orientación junto a Dirección revisan las pruebas y testimonios dados durante las reuniones (audiencias).

5. Resolución fundamentada: Se comunica a ambas partes la decisión acordada desde Orientación y Dirección, citando el reglamento del centro educativo (Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes), el análisis de las pruebas y las medidas definidas.

Posibles medidas:

Participación en actividades y/o talleres de habilidades socioemocionales y resolución de conflictos.

Colaboración en tareas dentro de la institución o trabajo comunal.

Proceso de mediación desde Orientación donde una de las partes reconoce el daño y ofrece disculpas.

Suspensión temporal proporcional, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Seguimiento desde el departamento de Orientación para apoyar al estudiante suspendido y ayudarlo en la reincorporación, para no perjudicar su proceso de aprendizaje.

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El debido proceso es un conjunto de actos y procedimientos que garantizan los derechos de las personas en cualquier proceso administrativo o penal.

En este caso anterior el departamento de Orientación debe garantizar que el procedimiento sea imparcial, transparente y justo, evitando una medida únicamente punitiva. Es por ello que las posibles medidas planteadas dentro de la solución se encuentran en ese orden, dejando como última acción la suspensión del estudiante.

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Debido proceso: documental “El juez y el general”

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Debido proceso: documental “El juez y el general”

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Este documental se basa en el seguimiento de un juez chileno que intenta llevar ante la justicia al dictador Augusto Pinochet debido a transgresiones a los derechos humanos. Este filme evidencia los desafíos legales y éticos que pueden existir durante la aplicación del debido proceso tratándose de casos en contra de la humanidad.

Explicación:

Se considera que en este documental se aplica el debido proceso ya que se lleva a cabo un juicio en el cual la justicia juega un papel fundamental, siendo administrada con transparencia, legalidad y equidad, así mismo se cumple en su mayoría los principios que rigen el debido proceso. A continuación se explican estos:

Derecho de defensa:

En el documental se muestra como el juez Juan Guzmán, garantiza a los acusados el derecho a la defensa, permitiendo que Pinochet y sus abogados presenten pruebas, cargos y planteamientos. Aquí se refleja la importancia de que toda persona acusada tenga la oportunidad de contar su versión y contar con asesoría legal.

Principio de razonabilidad:

En el documental se muestra como todas las acciones y decisiones tomadas durante el juicio están basadas en procesos definidos por la Ley de Chile, así como también por tratados internacionales. Aquí se respeta la equidad y proporcionalidad de las medidas, asegurando que estas sean justas y razonables frente a los graves cargos imputados.

Justicia:

En el documental se observa como la justicia se mantiene, a pesar de los desafíos sociales y políticos presentes, el tribunal preserva la imparcialidad, procurando da el mismo trato a todas las partes involucradas por igual.

Legalidad:

A lo largo del proceso que muestra el documental las acciones y medidas tomadas por el juez y el tribunal se llevan a cabo de acuerdo a la normativa vigente, respondiendo a las leyes del país y los compromisos internacionales con los derechos humanos, asegurando que el proceso sea válido y legal.

Principio de imputación:

El documental muestra como Augusto y las otras partes tienen derecho a ser escuchados en una audiencia, donde se respeta el derecho que tienen las personas de participar activamente en el proceso.

Principio de inocencia:

Durante este documental se aprecia claramente como el juicio en contra de Pinochet se lleva a cabo respetando el principio de inocencia, el cual dicta que nadie puede ser señalado como culpable hasta que se demuestre que es así. En este caso no se toman decisiones sin antes valorar debidamente las pruebas y los testimonios.

Derecho a una resolución justa:

En este documental el proceso busca un resultado conforme al régimen jurídico, donde las acciones y decisiones sean justas y respeten los derechos humanos.

Gratuidad y libertad probatoria:

El proceso que muestra el documental es judicial, sin embargo, en este existe la posibilidad de presentar pruebas y que las personas imputadas participen activamente sin limitaciones económicas que transgredan el derecho a defenderse.

Conclusión

El documental “El juez y el general” evidencia cómo el debido proceso además de brindar un conjunto de formalidades legales, da espacio a la justicia, equidad y respeto de los derechos humanos, aún tratándose de situaciones complejas. El filme muestra como el debido proceso equilibra la justicia, respetando los derechos del imputado y garantizando que las medidas judiciales sean justas y viables. Así mismo, se evidencia como el Estado aún tratándose de acusaciones graves tiene la obligación de garantizar un proceso justo, donde el proceso se lleve a cabo con transparencia y razonabilidad.

Enlace del documental: https://www.youtube.com/watch?v=EgCJlbrLYWM&t=145s

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Alfaro, E. (1997). El Debido Proceso: Principios y Derechos de la Investigación Administrativa. Gestión, 5(1), 39-45