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La legislación educativa en la República Dominicana está fundamentada en la Constitución Dominicana, la Ley General de Educación 66-97 y diversas normativas y políticas que buscan orientar y mejorar el sistema educativo. A continuación, se resumen los principales aspectos de la legislación y las políticas educativas dominicanas

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Constitución Dominicana

La Constitución establece que la educación es un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado. En el artículo 63, se garantiza el derecho a la educación para todos, especificando que debe ser gratuita y de calidad en los niveles básicos y medios, y promoviendo la gratuidad en el nivel superior público.

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Esta ley es el marco legal principal del sistema educativo dominicano. Aprobada en 1997, establece que el sistema educativo debe ser inclusivo, equitativo y de calidad.

Define la estructura del sistema educativo en educación inicial, básica, media, y superior, incluyendo la educación técnico-profesional.

Regula la formación de los docentes, el currículo, la infraestructura y los recursos educativos.

Establece la creación del Ministerio de Educación (MINERD) como la institución responsable de supervisar y gestionar las políticas educativas.

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Plan Decenal de Educación (PDE): Un plan estratégico que se actualiza cada diez años, estableciendo objetivos de desarrollo educativo a largo plazo. Su última versión aboga por mejorar la cobertura, calidad e inclusión en todos los niveles educativos.

Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014): Firmado en 2014, este acuerdo entre diversos sectores de la sociedad busca mejorar la calidad educativa, aumentar la inversión en educación y garantizar que todos los dominicanos tengan acceso a una educación de calidad.

Política de Jornada Escolar Extendida: Implementada en años recientes, extiende el horario escolar para mejorar el rendimiento y aumentar el tiempo de instrucción. Esta política ha buscado reducir desigualdades y mejorar el acceso a alimentos y actividades extracurriculares.

Inversión del 4% del PIB en Educación: A raíz de demandas sociales y acuerdos, el gobierno dominicano destina un mínimo del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, enfocado en infraestructura, capacitación docente, y mejoras en el aprendizaje.

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La legislación y las políticas educativas dominicanas también abarcan la educación inclusiva, promoviendo el acceso y participación de estudiantes con necesidades educativas especiales y otros grupos vulnerables, como la niñez migrante y personas de zonas rurales.

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En los últimos años, la educación dominicana ha enfrentado desafíos para implementar mejoras en los recursos, la infraestructura y la capacitación docente.

Se han propuesto reformas para integrar mejor las tecnologías educativas y adaptar el currículo a las competencias necesarias para el mercado laboral actual.

Estas leyes y políticas buscan garantizar el derecho a una educación equitativa y de calidad, promoviendo una transformación educativa inclusiva y eficiente en el país.