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Mesa de investigación sobre los impactos de la minería 

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Mesa de investigación sobre los impactos de la minería 

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Foto: mineriambiental

2 Jun 2017

En octubre de 2016, la Corte Constitucional mediante sentencia T-445 de 2016, llamó la atención sobre un defecto estructural en el desarrollo de la locomotora minera en Colombia, y es que no había certeza sobre los impactos en la ejecución de proyectos mineros, y así su ejecución parecía obedecer a caprichos políticos. Esto denotaba el absurdo que el Gobierno Nacional hubiere construido y ejecutado una política minera sin contar con estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan con anterioridad evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios, pero así se hizo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República que conformaran una mesa de trabajo interinstitucional a la cual se pudieran vincular entidades estatales y privadas, centros de investigación y miembros de la sociedad civil, con el objeto de construir una investigación oficial científica y sociológica que sirviera de soporte a las decisiones sobre los proyectos extractivos. El pasado martes 16 de mayo, la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, cumplió la orden, mediante resolución 0931 estableció la creación de dicha mesa interinstitucional.

La falta de estos estudios previos ha llevado a que los conflictos socioambientales se solucionen a través de pronunciamientos judiciales, circunstancia que se ha hecho visible en el último tiempo con cada una de las respuestas que la Corte ha tenido que dar en los casos de oposición por violación de derechos fundamentales a la ejecución de proyectos mineros.

La Corte en octubre del año pasado señaló la necesidad de que el país contara en su marco político con una línea base clara, que definiera los lineamientos de la locomotora minera, pues sin estos, no es posible desestimar las continuas solicitudes desde distintos sectores que señalaban los impactos no deseables. Tales como, el deterioro que produce las actividades mineras en los recursos hídricos, el impacto, daño o afectación que se pueda causar a la vida, las costumbres de los pueblos, municipios o territorios que obligan a contar con este informe para el que la Corte Constitucional señaló un plazo de dos años que ya está corriendo desde hace más de seis meses.

¿Y qué se espera? Que la mesa realice una investigación oficial científica y sociológica sobre la actividad minera en Colombia, que no solo responda al seguimiento trimestral que por su parte deben hacer la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, sino que desarrolle una política estructural para la protección del medio ambiente, en el que los impactos socioambientales de la actividad minera sean respondidos con la salvaguarda de los derechos fundamentales y los derechos colectivos de los habitantes de los territorios en los que se pretenda desarrollar un proyecto a futuro en el país.
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Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Contagio Radio.

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Una mesa de investigación sobre los impactos de la minería en Colombia

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Foto: mineriambiental 2 Jun 2017 En octubre de 2016, la Corte Constitucional mediante sentencia T-445 de 2016, llamó la atención sobre un defecto estructural en el desarrollo de la locomotora minera en Colombia, y es que no había certeza sobre los impactos en la ejecución de proyectos mineros, y así su ejecución parecía obedecer a caprichos políticos.

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Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/las-10-especies-amenazadas-por-la-mineria-ilegal-en-colombia-II2082785

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Son varias las especies que están amenazadas por las malas prácticas de la minería ilegal o informal en Colombia, y aunque no se debe estigmatizar ese sector de la economía por algunos comportamientos es una realidad que en diferentes regiones del país hay una amenaza para los animales.

La minería ilegal en el país se da en su mayoría en las explotaciones de oro, coltán y hasta uranio y tiene presencia en 12 regiones del país que incluyen 21 departamentos. Entre ellos Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Cauca, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá, donde hay un sinnúmero de especies.

Según el brigadier general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, los principales responsables de la minería ilegal en Colombia son las Farc, el Eln y las bandas criminales; como "los Urabeños", "los Rastrojos" y "la Empresa", Además la policía sostiene que esta actividad ilícita puede generar hasta 20.000 millones de pesos al año a estos grupos.

Estas son algunas de las especies más amenazadas en el país:

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10 especies amenazadas por la minería ilegal en Colombia

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Son varias las especies que están amenazadas por las malas prácticas de la minería ilegal o informal en Colombia, y aunque no se debe estigmatizar ese sector de la economía por algunos comportamientos es una realidad que en diferentes regiones del país hay una amenaza para los animales.

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Tomado de:
https://bioinformaticaencolombia.blogspot.com/2017/06/mineria-y-contaminacion-de-rios-las.html

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La batalla por ofrecer información sobre los efectos nocivos de la minería con mercurio o el desarrollo de una radio comunitaria que responda a los intereses de los pobladores, son algunas de las iniciativas que se encuentran en el Bajo Cauca antioqueño.

Caucasia es el centro de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, conformada además por los municipios de El Bagre, Tarazá, Cáceres, Nechí y Zaragoza, territorios ubicados sobre la cuenca de los ríos Cauca y Nechí, en las estribaciones de la Cordillera Central. La región está afectada por la presencia de mercurio en las aguas como residuo de la minería de oro que prolifera en la zona. Según Rivera, la cantidad de mercurio máxima permitida en el tejido de los peces para el consumo sano es de 5 partes por millón y aquí se encuentran hasta 20 partes por encima del nivel permitido.

La intoxicación por mercurio se conoce como enfermedad de Minamata, a raíz de los vertimientos nocivos de la petroquímica Chisso, en la bahía japonesa del mismo nombre hacia 1950. Se hizo tristemente célebre por los daños neurológicos causados a cerca de 4 mil personas: ceguera, malformación fetal, parálisis y muerte por consumo de pescado contaminado, son algunos de los efectos de tener contacto con esta nociva sustancia.

Sin embargo, "en Caucasia uno habla con los mineros y pescadores sobre los riesgos del mercurio y muchos responden: a mí no me pasa nada; yo he sido minero toda la vida; mejor muerto contaminado que de hambre. Lo único que les hace pensar dos veces es la advertencia de que el mercurio puede causar impotencia sexual", agrega Rivera, quien advierte las dificultades para adelantar planes de prevención sobre esta problemática.

En Colombia, la Ley 1658 de 2013 reglamenta el uso del mercurio en la industria, con la meta de erradicarlo en 2018. "Es una ley ilusoria", señala Rivera, y añade: "La estructura de atención de la salud no les presta atención a estos casos de salud pública porque esta no genera recursos sino que los demanda". El mercurio en la región ya se ha rastreado en la atmósfera, en cultivos de arroz, en los pastos de ganado y en especies vegetales.

El momento del "y ahora qué"

La del mercurio es una de las llamadas "violencias invisibles", promesa de mala vida y muerte, especialmente para las poblaciones más vulnerables. "La construcción de paz no puede olvidar estas formas de violencia, cuya única solución es una población informada", detalla Rivera.

Caucasia tiene una posición estratégica como puerta de la región Caribe al interior del país. Además de su crisis ambiental por la minería, su desarrollo se ha frenado por ser epicentro del desplazamiento forzado, la ocupación informal, el mal uso de los humedales (es la región con más aguas subterráneas de Antioquia) y el asentamiento de grupos armados que encontraron en la ausencia estatal un perfecto escenario para arraigarse.

Ante este escenario, una poderosa herramienta de transformación viene surgiendo silenciosamente: el poder de la información para transformar mentalidades y dar paso a la construcción de paz. Esto lo tiene claro Eliana Andrea Hernández, directora de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia en Caucasia, un sistema de radio educativa y cultural con alcance en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, en el dial 96.3 FM. Su programación versa sobre temas académicos, problemáticas sociales, noticias, opinión o cultural. La magia es hecha en el pequeño estudio ubicado en las instalaciones de la Universidad de Antioquia.

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Minería y contaminación de ríos, las violencias invisibles en el Bajo Cauca

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La batalla por ofrecer información sobre los efectos nocivos de la minería con mercurio o el desarrollo de una radio comunitaria que responda a los intereses de los pobladores, son algunas de las iniciativas que se encuentran en el Bajo Cauca antioqueño.

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Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=rcIl3uZDr-s

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Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/colombia-pierde-el-23-por-ciento-de-sus-zonas-de-reserva-forestal-259942

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Hace 59 años en el país se declararon siete grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía de los bosques, la protección de suelos y de la vida silvestre. Esas reservas tenían 63 millones de hectáreas, comprendiendo la mayoría de selva en el país.

Aunque se trata de territorios claves para el medioambiente de Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, las reservas forestales han perdido un 23 por ciento de territorio desde el año 1962.

Así lo reveló un informe de la Contraloría General que muestra cómo se han sustraído 14,7 millones de hectáreas (lo que equivale a 83 veces el área de Bogotá, o casi toda el área de bosques que tiene Chile), por lo que la zona de reserva hoy cuenta con 48 millones de hectáreas, que cubren el 68 por ciento de bosques de Colombia.

Con esas cifras, la Contraloría asegura que cada año se pierden 194.000 hectáreas de bosque en zonas de reserva, por lo que la entidad afirma que "el país podría quedarse sin bosques de continuar con esa tendencia de pérdida de cobertura forestal". Esa cifra es superior a la meta de 90.000 hectáreas anuales de deforestación planteada por el Gobierno.

La zona protegida que más ha perdido terreno es la Amazonia, que al inicio de su protección tenía 40,7 millones de hectáreas y hoy tiene 5,8 millones menos, con lo que perdió el 14 por ciento. Según cifras del 2016, allí se talaron 40.000 hectáreas de bosque.

También preocupa la zona del río Magdalena, que tenía 6,3 millones de hectáreas salvaguardadas y hoy solo cuenta con 2,1 millones; o el Pacífico que pasó de 12 millones de hectáreas a 8,5.

La depredación preocupa por varias razones: la primera, dice la Contraloría, es que el 84 por ciento de áreas extraídas (unos 12,5 millones) se han usado en reformas agrarias y titulación de baldíos de las que se cuestiona su efectividad para resolver los problemas de inequidad, acceso a la propiedad, pobreza y conflictos en tenencia de la tierra.

El organismo de control afirma que el Ministerio de Ambiente aún no ha saldado su deuda de explicar si "esas zonas solicitadas para sustracciones con fines de reforma agraria correspondieron a zonas aptas para ese propósito, y si fueron o no otorgadas".

Además, "cabe la duda de que todos los baldíos ocupados hayan cumplido con el plan de manejo de reglamento". Por ejemplo, se encontró que la titulación de baldíos ha generado incentivos perversos como la ocupación y explotación para la ganadería, lo que ha mantenido la degradación.

Además, el extinto Incoder (reemplazado por la Agencia de Tierras) logró que se aprobaran en el 2012 la sustracción de 28.453 hectáreas en 11 municipios, pero es poco lo que se ha avanzado en la formalización.

Otro problema identificado por la investigación es que el 10 por ciento de lo sustraído (1,4 millones de hectáreas) se destinó a la minería. Esa situación se agrava teniendo en cuenta que en las zonas que todavía son de reserva se han identificado además 500 títulos mineros que abarcan un área de 466.141 hectáreas, lo que corresponde a un 3,31 por ciento de lo que se pretendió proteger en 1959.

La zona de reserva forestal del Pacífico es donde hay más actividades de este tipo (119 títulos con una extensión de 211.165 hectáreas), y la Central (160 títulos con 75.612 hectáreas).

El informe critica que no existan acciones específicas "para hacer frente al problema de la minería ilegal en las zonas de reserva forestal". Así, aunque se han expedido normas para evitar los daños de esa actividad, y se han creado espacios como la Mesa Minera del Chocó para tomar medidas en la región Pacífico, "la magnitud de los daños que se producen a los ecosistemas hace que las acciones que se tomen deban ser inmediatas".

Desorden en la clasificación

Una explicación de que zonas de reservas se estén usando en minería es que de los 48 millones de hectáreas protegidas que aún quedan, las autoridades solo han cumplido con la zonificación de 14 millones. La zonificación es clave porque es la que permite determinar en qué se pueden usar estas regiones: mantenimiento de procesos ecológicos como la regulación hídrica y climática; intervención en pastos y gestión de la biodiversidad; o actividades productivas en zonas agrícolas o ganaderas.

En esta última forma de zonificación se encontró que de un millón de hectáreas solo el 19 por ciento tiene bosques, pues la mayoría están siendo usadas en ganadería, en un 64 por ciento.

La Contraloría afirma que si bien el Gobierno ha dicho que el 7 por ciento del PIB viene de la ganadería, hay que tener en cuenta que "entes conservacionistas promueven el cierre de la frontera agropecuaria con el fin de evitar la depredación forestal".

Por ejemplo, en la zona de reserva forestal de los Motilones, en Cesar, se observa "el aumento de ganadería dedicada a la industria láctea". En el municipio de Manaure se encontró que casi la totalidad de la cobertura boscosa (un 90 por ciento) ha sido eliminada por acción del hombre, y solo sobrevive la que está en las pendientes.

Pero más preocupante aún es que en zonas de reserva forestal como la del Pacífico, específicamente en municipios como Argelia y El Plateado (Cauca), "un gran porcentaje del bosque ha desaparecido y ha sido reemplazado por cultivos ilícitos, especialmente coca". Lo mismo se evidenció en El Tambo, en donde en una visita en octubre del 2017 la Contraloría detectó que se estaban iniciando procesos de tala para poner viviendas y cultivos ilícitos.

Y en la Amazonia, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chiribiquete, la Contraloría detectó que hay una "alarmante situación de incremento y expansión de la deforestación".

Asegura que, pese a que desde que las Farc dejaron sus territorios se ha aumentado la deforestación ilegal, es poco lo que han hecho las autoridades para contenerla. En este momento, grupos armados disidentes de las Farc "están repartiendo tierras y fomentando la colonización de zonas antes inaccesibles en áreas no mayores a 100 hectáreas", dice el estudio.

En la zona de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta se encontró, además de la ganadería extensiva, que la depredación forestal se había acelerado por los cultivos ilícitos que se han disminuido desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, es poco lo que a nivel general se ha avanzado en la sustitución en zonas resguardadas.

Incertidumbre por protección de bosques en el posconflicto

La reforma rural integral que se pactó con las Farc en la firma del acuerdo de paz, y que fue avalada por la Corte Constitucional, también es clave para el futuro de las zonas de reserva forestal.

En la reforma se pactó que parte de las zonas protegidas irán al Banco de Tierras. La Contraloría dice que, ante las problemáticas que afrontan estas zonas por la degradación, "se suscitan serias dudas sobre si el Estado colombiano está realmente en capacidad de revertir las condiciones adversas actuales y, además, potenciar estas zonas para cumplir con la doble finalidad de darles un uso sostenible en el tiempo", para cumplir con lo pactado.

A esto se suma que la Contraloría ha dicho que la reforma rural tendría un costo de 110,6 billones de pesos, el 85 por ciento de lo que costarán en total los acuerdos con las Farc, por lo que es indispensable buscar fuentes de financiación y asegurar que las zonas de reserva forestal puedan ayudar a cumplir con esa propuesta para mejorar el campo y bajar la concentración de la tierra.

El informe asegura que el Ministerio de Ambiente aún no tiene certeza sobre qué cantidad de hectáreas de zonas de reserva forestal irán al Fondo de Tierras; sin embargo, se ha proyectado que podrían ingresar 1,2 millones de hectáreas adjudicables.

Pero es poco lo que se ha avanzado en determinar cuál será el papel que tendrán las zonas de reserva en el posconflicto. Tampoco -dice la Contraloría-se ha determinado cuál podría ser el impacto ambiental de una ocupación de esa magnitud ni se han creado instrumentos para un manejo sostenible de los bosques.

Por eso, la Contraloría cuestionó cuál ha sido el uso que el Gobierno les ha dado a los recursos que vienen de cooperación internacional y que debían ser usados en esa materia. El ente investigador dice que es "incomprensible", además, que mientras el Ministerio de Ambiente asegura que la deforestación en las zonas de reserva por parte de los cultivos ilegales es baja, y que la mayoría viene por la praderización y potrerización, "no se contemplen estrategias de lucha contra la deforestación".

Además, asegura que "la política de sustitución de cultivos de uso ilícito en zonas de reserva carecen de los suficientes incentivos económicos y educativos para que se haga de forma consensuada entre Gobierno y cultivadores".

MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA@Msarralde

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Cada año, el país pierde en promedio 194.000 hectáreas de bosque

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Hace 59 años en el país se declararon siete grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía de los bosques, la protección de suelos y de la vida silvestre. Esas reservas tenían 63 millones de hectáreas, comprendiendo la mayoría de selva en el país.

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Estudios realizados por el Instituto Nacional de Recursos naturales (Inderena) muestra los siguientes impactos provocados por la explotación minera:
- Contaminación hídrica.
- Cambios topográficos y geomorfológicos (fenómenos erosivos)
- Perdida de flora y especies en peligro de extinción.
- En el ámbito social, se genera migración u abandono de territorio.

Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-497060
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NJSbxNLpllU

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Oro Limpio Oro Sucio: El Impacto de la Minería en el Medio Ambiente

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Entrevista de dos expertos internacionales economistas acerca de su visión de la explotacion de los recursos naturales.
Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/dos-miradas-mineria-articulo-404061

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La última semana coincidieron en Colombia dos expertos internacionales que conocen de cerca el propósito del actual gobierno para hacer de la minería su locomotora económica. Dos reconocidos economistas que tienen visiones diferentes, y a veces opuestas, sobre la manera en la que el país debería manejar la explotación de sus recursos.

Por un lado, el economista catalán Joan Martínez Alier asegura que en Colombia existe "una obsesión por la locomotora minera sin contar los costos sociales y los costos ambientales", lo que no sólo está causando daños "irreparables" a los ecosistemas sino que no representa el crecimiento económico que se anuncia.

Al otro lado de la balanza está el economista holandés Gunter Pauli, quien trajo al país el concepto de minería sostenible. Su pensamiento es que "no hay que dejar de explotar minerales, pero la mina tiene que generar valor agregado más allá de la mina", y su propuesta contempla un modelo de mina que produce agua y elimina desechos y contaminantes.

Dos visiones de la minería en momentos en que se revive en el país el debate sobre la conveniencia de esta actividad, luego de que la Drummond fuera sancionada por el vertimiento de carbón en el mar de Santa Marta y de que los trabajadores del Cerrejón se declararan en huelga por sus condiciones laborales y de salubridad.

'Colombia no va por buen camino': Joan Martínez Alier

Joan Martínez Alier conoce de cerca los conflictos ambientales de la India. Ha escuchado a los grupos indígenas de Perú que se oponen a la minería, a los de Ecuador que rechazan la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. También a los campesinos de Cajamarca, Tolima, que están en contra de la minería de oro en sus territorios y, en general, a cientos de movimientos en el mundo afectados por la extracción de sus recursos por cuenta del crecimiento económico.

No es gratuito que a la hora de hablar de economía ecológica o de economía popular su nombre sea un referente obligado a nivel mundial. Este catalán ha publicado 20 libros en los que analiza estos fenómenos. La semana pasada estuvo de visita en el país y habló con El Espectador.

En Colombia se han otorgado cerca de 14.000 títulos mineros. ¿Por qué ha crecido el interés de empresas extranjeras por explotar recursos en el país?
Es una situación que se repite, no sólo en América Latina sino en otras regiones del mundo, como África. Cuando la economía mundial crece -y todavía está creciendo- gasta más energía y más recursos, y los va a buscar a donde sea. Por ejemplo: se saca petróleo de los sitios en los que menos se debería sacar, como en la Amazonia. Nunca ha habido tanto comercio de materias primas del sur hacia el norte como ahora. En la época colonial tenían embarcaciones pequeñas y enviaban minerales, pero ahora hay barcos de petróleo y de carbón moviéndose todo el tiempo.

¿Eso explica el aumento de movimientos sociales en contra de estos proyectos?
Hace diez años los indígenas uwa estaban defendiendo su territorio contra la Occidental Petroleum Corporation y los embera katío contra la represa de Urrá. En el Pacífico la gente estaba protestando por los cultivos de palma de aceite. Sólo en Colombia habrá cien conflictos ambientales activos. Sin embargo, es cierto que ahora se están discutiendo más estos asuntos, quizá porque la situación política es más pacífica. No se puede olvidar que, en Colombia, los temas ambientales han estado relacionados con el conflicto armado.

¿Cómo ve la decisión del Gobierno de impulsar una locomotora minera?
Es una mala política porque puede que la economía crezca, pero al ambiente le va muy mal. Si se hiciera bien la contabilidad y se tuvieran en cuenta los daños ambientales irreparables por la extracción, el PIB no estaría creciendo el 5%, como dicen, sino que quizá está decreciendo. Aunque es cierto que la locomotora no va tan de prisa porque la gente protesta, en algunas zonas ya estaba avanzando aun antes del gobierno del presidente Santos. Colombia es un gran exportador de carbón, de más de 70 millones de toneladas al año, y se está impulsando la extracción de oro.

Pero esa locomotora está pensada para impulsar la economía del país...
En términos económicos, el país exporta barato y compra caro. ¿Para qué destrozar el ambiente, generar pérdidas en la biodiversidad y el agua, y perjudicar a las comunidades si al fin y al cabo se va a vender materia prima barata? En estas condiciones, creo que Colombia no va por buen camino. A las compañías las entusiasma llegar a un lugar que va a ser un proveedor barato de materias primas. Siempre hablan de compensar las externalidades, pero no lo hacen. A mí no me parece muy sofisticado eso como política. No creo que, por ejemplo, la explotación de carbón enriquezca a Colombia. Desde luego, las zonas de extracción se empobrecen, se destrozan. Habría que preguntarse cuál es el beneficio que le queda al país. Hay una obsesión por esta locomotora minera sin contar los costos sociales y ambientales.

El presidente Santos declaró 17 millones de hectáreas de la Amazonia y de la Orinoquia como zonas de minería estratégica. ¿Cree que es la mejor manera de evitar la minería ilegal en la zona, como lo propone el mandatario?
Parece que cuanto más modernos somos, más simplificamos la geografía. Entramos en un momento en el que predomina un solo lenguaje, que es el de la económica, y se olvidan, por ejemplo, la riqueza de idiomas y la diversidad biológica y cultural de estas zonas. Santos se imagina a la Amazonia con una minería ordenada, con grandes empresas, pero la Amazonia no es eso, no se puede simplificar así.

El Gobierno plantea que la locomotora minera será una fuente de desarrollo para el país. ¿Es posible pensar en desarrollo y conservación al mismo tiempo?
Depende de lo que entendamos por desarrollo. En Europa, por ejemplo, mucha gente se está preguntando para qué vamos a crecer económicamente si eso nos lleva a costos ambientales muy grandes y nos ha hecho endeudar de una manera terrible. En lo que se está pensando es en una prosperidad sin crecimiento, olvidar el crecimiento económico y ver cómo podemos vivir con lo que tenemos. Repartir mejor las cosas, vivir sin aspirar a tener siempre más. Estas ideas son muy distintas a las de los economistas del crecimiento económico perpetuo, que es imposible.

Varios expertos en medio ambiente aseguran que es más rentable para el país dejar los recursos en el subsuelo. ¿Comparte esta posición?
En este momento es claro que estamos poniendo demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, estamos quemando demasiado combustible fósil. La concentración de CO2 en la atmósfera, que era de 300 partes por millón, está llegando a 400 partes por millón. Sabemos que se debe quemar menos petróleo, gas y carbón. Entonces, ¿dónde se deben dejar estos recursos? En lugares que tengan mucho valor desde el punto de vista social, cultural y ambiental. En el caso de Colombia, una buena idea sería dejar el carbón en los páramos, para proteger el agua. Me parece razonable sacar combustibles fósiles a un ritmo mucho más lento, pero el Gobierno está buscando todo lo contrario.

El Gobierno acaba de sancionar a la minera Drummond por arrojar carbón al mar de Santa Marta. ¿Cree que el Estado está asumiendo una posición distinta frente a los temas ambientales?
Yo estuve un vez en Santa Marta y allá todos saben que hay contaminación por el carbón; se ve la nube de carbón con el descargue en las barcazas. Pero hacía falta que botaran el carbón al mar para que se hablara del asunto. La gran catástrofe es que la contaminación está ocurriendo cada día y no se hace nada. Parece que la reacción es tan lenta que sólo se aprende por catástrofes, y eso es una lástima.
¿Lo que usted ha denominado "ecología popular" o "ecología de los pobres" está teniendo más fuerza hoy en el mundo?

Hoy lo llamo movimiento de justicia ambiental. Cuando hay conflictos ambientales, la gente pobre se pone del lado ambiental por razones de supervivencia. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Un caso es el de Santurbán. Hay una fuerte resistencia. Buena parte de esta gente no diría que es ecologista o ambientalista; es gente normal que protesta. Por ejemplo, en Cajamarca la gente está manifestándose. Yo estuve en Tolima y es absurdo pensar que allí la gente vive de la agricultura, pero el lugar se va a convertir en un enorme hoyo de minería de oro, con Anglogold Ashanti a la cabeza, que es una compañía con una mala reputación mundial, con malos antecedentes.

Es posible la minería sostenible': Gunter Pauli

Los mineros tienen que aprender a trabajar como los cirujanos, con mucha precisión y sin dejar tantas secuelas".

Gunter Pauli es holandés de nacimiento, pero gran parte de su vida la ha pasado entre Japón y Sudáfrica. A Colombia -país de origen de su esposa- ha venido más de 200 veces y la semana pasada llegó por invitación de la Biblioteca Luis Ángel Arango para proponer un proyecto que, según él, convertirá la minería en proveedora de agua y de empleo para los campesinos de las regiones.

Con su libro Economía azul, este economista sugiere que las crisis pueden resolverse por medio de los recursos de la naturaleza. La clave, según él, está en buscarles un valor agregado para que haya más empleo y capital. Destaca que dentro de sus principales logros está haber puesto a producir electricidad, carbón e hidrógeno de viejas minas europeas que llevaban décadas clausuradas y sin recursos.
Está en Colombia para proponer un proyecto de minería sostenible, ¿de qué se trata?
Me di cuenta de que Colombia está sufriendo del mal holandés: gracias al éxito de la minería, de sus exportaciones, tiene una revaluación de su peso y la industria agropecuaria y textil han perdido competitividad. Por eso pensé que tenemos que cambiar el modelo de negocios de la mina, porque si sigue así van a tener una desindustrialización.
¿Cuál modelo propone?
La propuesta concreta es que la mina de Cajamarca, en Tolima, siembre 20.000 hectáreas de guadua, que se quiten las especies exóticas y se restablezca la vegetación tradicional. Hemos calculado que con esas hectáreas la mina tendría el doble de agua que necesita y la tendría para siempre. No hay que dejar de exportar minerales, pero la mina tiene que generar valor agregado más allá de la mina.
En este caso, ¿cuál sería ese valor agregado?
Cuando en tres años ya tienes un guadual, vas a obtener postes de 25 metros que necesitan los frijoleros de la zona para poner sus fríjoles. La guadua también se podría usar para viviendas de interés social. Con lo que sobre se puede hacer pulpa de papel. Además, los desechos de la mina podrán producir material de construcción, ya tenemos una alianza con Cemex.
¿Ya ha realizado la propuesta a empresas mineras?
Tengo un acuerdo con Anglo Gold Ashanti y ya van a financiar las primeras 100 hectáreas de guadua para probar que el modelo funcione en Tolima.
Usted habla de un concepto de minería sostenible...
Minería sostenible, social, proveedora de agua, catalizadora de desarrollo económico.
Explíquenos bien el término...
Se trata de aprovechar todo. La mina pasa de ser un excavador de mineral a un catalizador del desarrollo económico. La mina tiene que convertirse de la misma manera como el cirujano lo ha hecho: hace 30 años, cuando tenías apendicitis, te quedaba una cicatriz enorme, ahora es pequeñísima. Los mineros tienen que aprender a trabajar como los cirujanos, con mucha precisión y sin dejar tantas secuelas.
¿Cuál debería ser la metodología para la extracción de minerales sin causar tantos impactos?
Debe ser subterránea, sin tocar la superficie.
Algunos expertos colombianos creen que es más rentable dejar los recursos mineros en el suelo y no extraerlos, ¿cuál es su posición?
Soy partidario de la lógica inclusiva. Es decir, seguramente hay situaciones como las de los páramos que no tiene sentido molestarlos, porque su función es tan crítica que no puedes tocarlos. Pero cuando estoy en Tolima, en una zona donde el terreno es pobre, donde el campesino no tiene la capa vegetal para el futuro, ni el agua, entonces sí hay que hacerlo. No hay negro ni blanco, hay situaciones donde vale la pena y otras en las que no se puede hacer.
Por ejemplo, en junio del año pasado, el Gobierno declaró como áreas estratégicas mineras 17 millones de hectáreas entre Amazonas y Orinoquia, ¿Ahí vale la pena la minería?
Se tienen que respetar sitios sagrados indígenas y áreas de reserva campesina. Pero los otros que sí están disponibles son tan importantes y con tanta promesa que no podemos castigarlos a ellos porque no se puede al otro lado.
¿Qué áreas ve como potenciales para la minería en Colombia?
Es más fácil decir dónde no es factible: en páramos, en zonas sagradas de los indígenas. Pero el resto, miremos caso por caso el impacto positivo que se puede tener.
¿Amazonas, por ejemplo?
No conozco ningún caso y tampoco lo he estudiado, no digo que es imposible, pero tampoco que es fácil.
El año pasado cerramos con un movimiento social muy fuerte que rechaza la minería, ¿significa entonces que ellos están equivocados?
No, para nada. Como ellos, estoy en contra de la extracción salvaje como muchos empresarios lo han hecho. Decir "no" tiene razón, pero decir que hay otra opción para la minería vale la pena.
Colombia es un país de vocación agraria, ¿cómo cambiar ese chip de que ahora podríamos ser el país minero?
No, Colombia tiene que conservar su vocación agraria. No tiene sentido convertirse en el país minero. Lo que necesitamos es que este sector no impida por razones macroeconómicas perder al sector agrícola.
¿Qué va a pasar con los mineros artesanales?
Tenemos que integrarlos, no eliminarlos. Ellos son necesarios. Lo único es que deben dejar de usar el mercurio. El problema de la minería artesanal es que no ha tenido acceso a las tecnologías.
¿Qué es el progreso para usted?
Que la gente sea feliz.

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Dos miradas a la minería | ELESPECTADOR.COM

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La última semana coincidieron en Colombia dos expertos internacionales que conocen de cerca el propósito del actual gobierno para hacer de la minería su locomotora económica. Dos reconocidos economistas que tienen visiones diferentes, y a veces opuestas, sobre la manera en la que el país debería manejar la explotación de sus recursos.

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La minería ha generado un gran impacto en la economía Colombiana, ya que brinda recursos que promueven el aumento económico y la evolución de comunidades desarrolladas en los yacimientos mineros.

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Concientización sobre efectos nocivos que genera la minería

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Concientización sobre efectos nocivos que genera la minería

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Para extraer un gramo de oro se requieren 1000 litros de agua por segundo. Se emplean elementos tóxicos que afectan al ser humano. Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=N-Pwv2Vch8o

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Mineria contaminante a cielo abierto en Colombia

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La mineria representa solamente el 2% del PBI y su contribución al presupuesto nacional equivale a menos del 0.8%. Es necesario que el Estado evalue costos/beneficios de la practica de esta actividad debido a los ecosistemas afectados, fuentes de agua agotadas y suelos destruidos.
Tomado de https://www.portafolio.co/opinion/emilio-sardi/analisis-mineria-colombia-496335

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250 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos del país, según el Estudio Nacional del Agua presentado recientemente. Pero, ¿qué pasa cuando llega al agua? ¿Qué se hace para controlar esta situación?

Tomado de:
www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/el_mercurio_que__envenena_el_agua.php#.W7gC7WhKjIU

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La ONU lanzo un comunicado denunciando la minería en Colombia, especialmente en el departamento de Cesar, refiriendo que la pobreza a aumentado en esa región, ya que ha presentado una gran transformación en el detrimento de la economía, siendo esto consecuencia de la minería.

Recuperado de https://www.elpais.com.co/economia/onu-denuncia-que-mineria-a-gran-escala-aumento-la-pobreza-en-colombia.html

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Crisis alimentaria, problemática ambiental y afectaciones sociales hacen parte de la herencia negativa que deja la minería en el Cesar.

La ONU advirtió que la explotación carbonífera a gran escala en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, ha incrementado la pobreza en esa región durante los últimos años.Esta es la conclusión de un documento difundido por este organismo, que fue elaborado tras una visita que realizaron funcionarios de la ONU al Cesar en marzo de 2013.Según el informe, las veredas El Hatillo y Plan Bonito, del municipio de El Paso; y Boquerón, en La Jagua de Ibirico, han presentado una gran transformación en detrimento de su economía como consecuencia de la minería. "Desde los años noventa (del siglo pasado), la presencia de la explotación carbonífera a gran escala en inmediaciones de estas veredas provocó agudos cambios en las costumbres de la población", reseña el informe.La ONU explica que se ha afectado "principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la explotación".Las empresas que operan en esas tres localidades del Cesar son las estadounidenses Drummond y CNR, así como Prodeco (propiedad de la suiza Glencore International) .Estas trasnacionales han estado envueltas en problemas desde 2010, cuando intervinieron las autoridades ambientales y el Consejo de Estado emitió un fallo en su contra debido a la contaminación producida a causa de su actividad.Aquella decisión obligaba a un total de cinco empresas, entre ellas Drummond, CNR y Prodeco, a reubicar a más de 2.000 personas de la zona por los efectos de la contaminación, pero han pasado tres años desde entonces y no se ha cumplido la resolución.En su informe sobre la situación que atraviesan esas tres veredas del Cesar, cuyas poblaciones están afectadas por la decisión del Consejo de Estado, la ONU hace referencia a la crisis alimentaria, la problemática ambiental y los fenómenos sociales que empiezan a manifestarse.Son municipios donde, agrega el documento, "también se presenta un alto Índice de prostitución en jóvenes, incluso estudiantes de bachillerato, y drogadicción, principalmente en hombres" , así como casos de extorsiones.El departamento del Cesar, el principal productor del país, genera en torno al 50,9 % del carbón nacional, que es explotado por trasnacionales extranjeras. Su producción en 2011 fue de 43.687,56 kilotoneladas, según la Agencia Nacional de Minería, mientras que la cifra nacional fue de 85.803,22 kilotoneladas.

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ONU denuncia que minería a gran escala aumentó la pobreza en Colombia

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Crisis alimentaria, problemática ambiental y afectaciones sociales hacen parte de la herencia negativa que deja la minería en el Cesar.

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Congreso aprueba ley que busca eliminar uso de mercurio en minería

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Congreso aprueba ley que busca eliminar uso de mercurio en minería

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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, dijo en un comunicado que con lo aprobado en el Congreso el país avanza "en la implementación de las políticas de eliminación del uso del mercurio
Tomado de:
https://www.elpais.com.co/medio-ambiente/congreso-aprueba-ley-que-busca-eliminar-uso-de-mercurio-en-mineria.html

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Posible solución para contrarrestas los efectos dañinos de la minería.

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Posible solución para contrarrestas los efectos dañinos de la minería.

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La minería es un gran fuente de recursos económicos en nuestro país pero también esta actividad ha dañano gran parte de nuestros recursos naturales por lo que una posible solución es que la contribución económica que aportan industrias dedicadas a la minería sea equivalente a los posibles daños causados a los recursos naturales y que ademas tengan programas eficaces de reparación con resultados demostrables y con un seguimiento periódico donde los entes que regulan estas actividades en realidad cumplan con su labor para el cuidado y conservación de los recursos naturales y la reparación de los que ya han sido afectados, donde se les multe y hasta se retire los permisos por incumplimiento.

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Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015.
Tomado de : https://www.ecoticias.com/eco-america/175957/La-mineria-esta-destruyendo-mas-selva-amazonica-de-lo-que-se-pensaba