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Cambio de fecha, grupo 6030, solo grupo 6030.

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Cambio de fecha, grupo 6030, solo grupo 6030.

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Hola a todos; por temas de Expoempresa la fecha de entrega será el jueves 03-05-2018.

Solo el grupo 6030 entrega ese día.

Los dos grupos deben entregar en la fecha correspondiente con las máscaras ya montadas en una tabla de 30x30cm y con una "cola de pato" para colgarse.

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Reporte México.

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Reporte México.

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Reporte de Open Society. "Atrocidades Innegables"

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Reporte de Open Society. "Atrocidades Innegables"

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Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la "guerra contra el narcotráfico" en México.

En abril, el Congreso mexicano aprobó una ley contra la tortura y el uso de pruebas obtenidas mediante coacción en procedimientos judiciales. Al momento de redacción de este documento, la ley todavía no se había implementado.

Desapariciones forzadas

Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada.

En agosto de 2017, el gobierno anunció que aún se desconocía el paradero de más de 32.000 personas informadas como extraviadas desde 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas.

El gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero éstas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial. Sin embargo, sólo ha registrado avances limitados en la investigación y el juzgamiento de casos de desaparición forzada.

En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y la Ciudad de México. La ley se promulgó en noviembre de 2017. A la fecha de redacción de este documento, todavía no se había implementado.

Las autoridades mexicanas no han logrado avances en la determinación de qué ocurrió a 43 estudiantes de la escuela de formación docente en Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 y que se cree que habrían sido asesinados. Solamente uno de los estudiantes ha sido identificado positivamente entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. La Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva tras las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado mediante acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A la fecha de redacción de este documento, más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros, pero los agentes del Ministerio Público no habían formulado acusaciones contra autoridades estatales ni federales ni contra miembros de las fuerzas armadas, pese a los indicios de que estarían implicados.

En agosto de 2016, un informe interno de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones de Ayotzinapa determinó que los investigadores habían violado la ley y llevado a cabo detenciones arbitrarias y ejercido coacción contra presuntos implicados. El inspector general que redactó el informe afirmó que la PGR le pidió que renunciara poco después de haber presentado el informe a sus superiores. El informe fue reescrito, y la versión que finalmente publicó la PGR concluyó que sólo habían ocurrido unas pocas violaciones de baja gravedad.

Ejecuciones extrajudiciales

En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México "sigue produciéndose un número alarmante" de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad "sistemática y endémica".

En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán. La CNDH concluyó que los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos, y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos trasladando cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas. A la fecha de redacción de este documento, ninguna persona había sido imputada y una investigación a nivel federal sobre los asesinatos en Tanhuato se encontraba en curso.

Abusos militares e impunidad

México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, y hasta julio de 2016, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares.

En noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública internas -como la obtención de datos de inteligencia- sin prever medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas. A la fecha de redacción de este documento, la propuesta estaba bajo discusión en el Senado.

En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones.

En mayo de 2016, a través de disposiciones incluidas en un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y en reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas, sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria. En junio de 2016, la CNDH objetó la constitucionalidad de estas disposiciones. A la fecha de redacción de este documento, la Suprema Corte de Justicia todavía no se había pronunciado sobre esta cuestión.

En el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, nadie ha sido condenado. En mayo de 2016, un tribunal federal penal ordinario absolvió al último de ocho soldados imputados por homicidio. Sin embargo, en julio de 2017, un juez dispuso que la PGR investigara el caso en profundidad, incluida la responsabilidad de mandos militares y la manipulación de la escena del crimen. La PGR apeló la sentencia. A la fecha de redacción de este documento, la apelación se encontraba pendiente.

Torturas

Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales.

Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 370 cárceles de todo el país, el 57,8 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado. De estas personas, el 19 por ciento indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 por ciento haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares.

En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley Especial para Investigar, Prevenir y Sancionar la Tortura, que procura combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos mediante tortura. A la fecha de redacción de este documento, la implementación de la ley estaba pendiente.

Al 30 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura -que forma parte de la PGR- tenía bajo su órbita 4.390 investigaciones en curso sobre presuntos casos de tortura. Asimismo, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, la justicia dispuso que se iniciaran más de 750 investigaciones penales sobre señalamientos de tortura.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó en abril de 2016 que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso de Ayotzinapa presentaban lesiones físicas probablemente causadas por maltratos y torturas. En septiembre de 2017, la PGR impulsaba seis investigaciones relacionadas con la presunta tortura de 31 personas. Ninguna de las investigaciones se había concluido a la fecha de redacción de este documento.

Según la CNDH, agentes de la Procuraduría del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso Tlatlaya torturando a testigos para obligarlos a que prestaran testimonios falsos. Se condenó a cuatro policías a tres años y ocho meses de cárcel por este delito. En septiembre de 2017 -más de tres años después de la masacre-nadie había sido condenado por el encubrimiento.

Sistema de justicia penal

Es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en varias regiones del país.

En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección, y resarcimiento a las víctimas de delitos. En enero de 2017, se aprobaron reformas a la ley que pretendían reducir la burocracia y mejorar el acceso a la asistencia y la reparación de víctimas.

Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos

Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de bandas delictivas. A causa de esto, es habitual que periodistas opten por la autocensura.

Según datos de la PGR, 104 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre el año 2000 y octubre de 2017. La organización no gubernamental (ONG) Article 19 documentó ocho casos de periodistas asesinados y una desaparición entre enero y julio de 2017.

Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que el 90 por ciento de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, incluyendo al 82 por ciento de los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones. Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado más de 1.000 investigaciones sobre delitos contra periodistas. En octubre de 2017, había presentado cargos en 115 casos y obtuvo apenas 3 condenas.

Una investigación llevada a cabo en julio de 2017 por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, indicó que al menos 11 activistas de derechos humanos y periodistas (así como el hijo de 16 años de una periodista) y miembros del GIEI habían sido blancos de una campaña de espionaje llevada a cabo con un sofisticado software espía adquirido por el gobierno mexicano. También se vieron afectados un senador y dos altos miembros del principal partido de oposición. Los activistas afectados presentaron denuncias ante la PGR, que inició una investigación.

Hasta octubre de 2016, 617 personas habían obtenido medidas de protección previstas en una ley de 2012 que ampara a periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, el otorgamiento de medidas de protección ha sido lenta o, en algunos casos, insuficiente.

Derechos de mujeres y niñas

El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la "castidad" de la víctima, contravienen los estándares internacionales.

En 18 de los 31 estados de México se han promulgado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos -incluida intimidación por parte de autoridades- al intentar someterse a abortos tras sufrir hechos de violencia sexual.

Niños y niñas migrantes no acompañados

La cantidad de niños y niñas no acompañados procedentes de los países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- que son aprehendidos disminuyó drásticamente en los primeros meses de 2017, en comparación con el mismo período en 2016, y en los últimos años se han incrementado las tasas de otorgamiento de asilo a menores no acompañados de estos países. Aun así, menos del 1 por ciento de quienes son interceptados cada año recibieron protección internacional, una proporción muy inferior a la que probablemente necesita esa protección: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado que incluso la mitad de los niños y niñas no acompañados que llegan a México desde el Triángulo Norte tienen pretensiones de asilo plausibles que deberían ser debidamente analizadas.

Orientación sexual e identidad de género

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en la Ciudad de México desde 2010. También se permite en otros 10 estados (ocho han reformado sus leyes para permitir estos matrimonios, y en dos la Suprema Corte invalidó artículos del Código Civil local, lo cual permitió las uniones sin que fuera necesaria una reforma legislativa). En 2015, la Suprema Corte sentó las bases para el reconocimiento en todos los estados, al disponer que definir al matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer es discriminatorio y resulta violatorio de la Constitución mexicana.

En mayo de 2016, el Presidente Peña Nieto presentó proyectos legislativos para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución y en el Código Civil Federal. Esta medida también habría eliminado a la orientación sexual y la identidad de género como obstáculos a la adopción. No obstante, el proyecto de ley federal fue rechazado cuando dos comisiones de la Cámara de Diputados votaron contra la iniciativa en noviembre de 2016.

A la vez, el Presidente Peña Nieto dio instrucciones a instituciones federales de que reconocieran la identidad de género emitiendo nuevamente certificados de nacimiento y pasaportes, sin la intervención de un médico. También dio instrucciones a la Secretaría de Educación de que incluya el tema de la diversidad sexual en los nuevos materiales educativos. Al momento de redacción de este documento, todavía no se había aplicado esa medida.

Derechos de discapacidad

En un informe de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal, y el derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte, y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.

En 2015, Disability Rights International informó que en establecimientos financiados por el gobierno para personas con discapacidad en la Ciudad de México, las condiciones eran inhumanas, incluido el caso de una institución donde se encerraba a niños en jaulas. El informe también documentó que, a veces, en clínicas estatales de la Ciudad de México se presionaba a mujeres con discapacidad psicosocial a que se sometieran a esterilizaciones o a abortos si estaban embarazadas.

México no consiguió avances en la implementación del derecho de las personas con discapacidad a la capacidad legal. Además, en junio de 2016 reformó la Ley General de Educación, que posibilitaba la educación especial de niños con discapacidad en las escuelas.

En febrero de 2016, la Suprema Corte de México dispuso que exigir que las personas con la condición del espectro autista obtuvieran un certificado de capacidad para trabajar es un requisito violatorio de la Constitución mexicana, y también de normas internacionales de derechos humanos.

Actores internacionales clave

En septiembre, el Comité sobre los Trabajadores Migrantorios de la ONU publicó un informe preliminar manifestando consternación por las "graves irregularidades" en la identificación de las víctimas y los responsables de los homicidios en masa de migrantes perpetrados entre 2010 y 2012 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. También instó al Estado a garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y a las autoridades mexicanas a detener a migrantes únicamente como "medida de último recurso", a efectos de mejorar las condiciones de detención, y "poner fin inmediato" a la detención de niños migrantes.

En enero, luego de su visita al país, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos planteó su preocupación por los ataques contra defensores de derechos humanos y la criminalización de las actividades que realizan. En mayo, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la CIDH emitieron una declaración conjunta instando al gobierno mexicano a "terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas". En abril, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y derechos humanos también exhortó al gobierno a mejorar la protección de los defensores de derechos humanos y los periodistas, y a implementar mecanismos para crear un diálogo social con respecto a proyectos de gran escala y mejorar los esfuerzos para combatir la discriminación por motivos de género en el lugar de trabajo.

En marzo de 2016, la CIDH publicó un informe que documenta una amplia variedad de abusos en México -como desapariciones; ejecuciones extrajudiciales; torturas; e inseguridad que afecta a mujeres, niños y niñas, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas- que, según concluyó, constituían una "crisis de graves violaciones de derechos humanos". El gobierno criticó el informe, y respondió que en México no había una "crisis de derechos humanos". Más tarde ese mes, las autoridades mexicanas negaron autorización al Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, para regresar al país antes del término de su mandato. Rechazaron su conclusión de que la tortura era una práctica generalizada, y lo acusaron de actuar de manera "antiética".

En octubre de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) formuló 14 recomendaciones a México sobre la necesidad de abordar la impunidad de violaciones de derechos humanos, adoptar leyes que regulen el uso de la fuerza y terminar con la tortura y las desapariciones forzadas, como así también establecer una institución forense independiente que cuente con recursos suficientes. En mayo de 2016, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias publicó un informe sobre México, en el cual identificó la persistencia de violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, impunidad, y la falta de resarcimiento a víctimas.

Desde 2007, Estados Unidos ha destinado más de USD 1.600 millones de ayuda a través de la Iniciativa Mérida para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada. En 2015, el Secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con las condiciones sobre derechos humanos establecidas en el acuerdo. Sin embargo, al año siguiente México recibió el volumen total de la asistencia de Mérida. En 2017, la asistencia por la Iniciativa Mérida fue de USD 139 millones.

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Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado.

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Reporte de Amnistía Internacional sobre DDHH en México.

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Reporte de Amnistía Internacional sobre DDHH en México.

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Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Las autoridades seguían penalizando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión. Se criminalizaba a los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, y los asesinatos de periodistas y personas defensoras eran frecuentes. El gobierno siguió sin tomar medidas para proteger a las personas refugiadas y migrantes; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria era de 36 horas. Se facilitó el acceso al aborto gracias a una sentencia que determinaba la inconstitucionalidad de su penalización. Las cifras de feminicidios seguían siendo muy elevadas y los casos no se investigaban adecuadamente. Se habían registrado más de 114.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas desde 1962. Quienes buscaban a familiares víctimas de desaparición seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión o las amenazas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que México debía eliminar la figura del arraigo (prisión cautelar sin cargos) y modificar el sistema de prisión preventiva. Se seguía socavando la independencia del poder judicial con acciones como la detención arbitraria de jueces y juezas. Continuó la construcción del Tren Maya, pese a que entrañaba preocupación por su impacto en el medioambiente. Persistía la inacción del gobierno para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, y comenzó a funcionar la refinería de Dos Bocas. Pese a que el matrimonio entre personas del mismo sexo se había autorizado en todo México en 2015, muchos estados aún no habían modificado su Código Civil para reflejarlo.

Información general

Los homicidios y las desapariciones forzadas habían aumentado en los 16 años que los militares llevaban participando en las operaciones de seguridad pública.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (la institución encargada de hacer cumplir la ley a nivel federal) habían cometido violaciones graves de derechos humanos en 28 casos, incluidos varios crímenes de derecho internacional, tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al considerar que la Constitución establecía expresamente que la Guardia Nacional era una entidad civil y que sus acciones debían estar dictadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En octubre, la presidencia insistió en que la Guardia Nacional había obtenido buenos resultados y propuso enviar otra solicitud al Congreso para que esa institución pasara a formar parte de la SEDENA, negando las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos.

La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información continuó lastrando a la SEDENA. En octubre, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 publicó un informe en el que se denunciaba la obstrucción por parte de la SEDENA del acceso a documentos históricos que trataban las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo de represión política.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades seguían criminalizando a quienes ejercían su derecho a protestar y empleando fuerza excesiva contra esas personas; utilizaban el sistema judicial de forma desproporcionada para encausar a quienes defendían la tierra, el territorio y el medioambiente. En San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas), varios miembros de la mesa directiva de la Colonia Maya fueron acusados de secuestro por la protesta que habían llevado a cabo contra la construcción de una urbanización residencial en una zona de protección ambiental. Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl -comunicadores y defensores nahuas de la localidad de Zacatepec (estado de Puebla)- quedaron exonerados en marzo y julio, respectivamente, de las acusaciones de "obstrucción de obra pública" por su protesta contra la construcción de un drenaje que podía contaminar el río Metlapanapa. En mayo, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores tseltales de la localidad de Chilón (estado de Chiapas), fueron declarados culpables del delito de "motín" por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. En marzo, Juan Diego Valencia Chan, Arturo Albornoz May y Jesús Ariel Uc Ortega, defensores mayas de la localidad de Sitilpech (estado de Yucatán), fueron acusados de "ataques a las vías de comunicación" por oponerse a las actividades de una megagranja porcina en su territorio debido a la contaminación del aire y del agua y a los problemas de salud que provocaba.

En septiembre, las autoridades de la ciudad de León (estado de Guanajuato) reconocieron que habían empleado fuerza excesiva contra las mujeres que se habían manifestado en protesta por la violencia de género en 2020 y ofrecieron disculpas a las víctimas.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas armadas seguían haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por estos crímenes y las violaciones de derechos humanos.

El 26 de febrero, varios soldados mexicanos mataron presuntamente a cinco jóvenes que viajaban en camioneta por la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas). El 18 de mayo, una cámara de vigilancia mostró a varios militares matando presuntamente a cinco hombres en esa misma ciudad. Tras la difusión del vídeo, la CNDH abrió una investigación sobre el caso que determinó que se habían cometido violaciones graves de derechos humanos, y recomendó al ejército que colaborara con las investigaciones de la fiscalía y brindara a los familiares de las víctimas apoyo económico y psicológico.

En octubre, un juzgado penal de la ciudad de Monterrey (estado de Nuevo León), estableció la responsabilidad penal de varios militares por la ejecución extrajudicial en 2010 de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Aumentó la presencia de militares desplegados en los espacios públicos. En enero se efectuó un despliegue temporal de 6.060 miembros de la Guardia Nacional en el sistema de metro de la capital, Ciudad de México, por supuestos motivos de seguridad. Las ONG locales denunciaron que esta medida era inadecuada, argumentando que el problema principal era la falta de mantenimiento del metro y que la presencia de las fuerzas armadas no aumentaba la seguridad del sistema de transporte.

Libertad de expresión

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos seguían expuestos a riesgos importantes. Según la organización ARTICLE 19, al menos 5 periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo. Un informe publicado en 2023 por la ONG Global Witness señalaba que en 2022 habían sido asesinadas 31 personas defensoras de la tierra y activistas ambientales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que en 2023 se había asesinado al menos a 13 defensores y defensoras de los derechos humanos. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registró al menos 188 casos de secuestro, amenazas y agresiones físicas contra personas de esos dos colectivos durante el año.

En abril y mayo se conocieron nuevos casos del uso del programa espía Pegasus contra dos integrantes de la ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respectivamente. La vigilancia podía estar relacionada con el trabajo que estas personas llevaban a cabo sobre violaciones graves de derechos humanos, como el caso de Ayotzinapa (véase, infra, "Desapariciones forzadas").

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Aumentó el número de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó de que durante el año habían solicitado asilo en el país 141.053 personas, en su mayoría procedentes de Haití, Honduras, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Las autoridades seguían sin proteger el derecho a la vida y la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. El 28 de marzo, al menos 40 hombres murieron y otros 29 fueron hospitalizados en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) a causa de un incendio ocurrido en un centro de detención migratoria. Se presumía que los habían dejado encerrados después de que se hubiera declarado el incendio.

En marzo, la Suprema Corte dictó una sentencia histórica que establecía que el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria era de 36 horas, tras las cuales las personas migrantes y solicitantes de asilo debían ser puestas en libertad. La Corte afirmó asimismo que esos grupos de población debían disponer de una defensa jurídica adecuada que protegiera sus derechos.

Derechos de las mujeres

El gobierno acordó mantener los monumentos públicos que conmemoraban a activistas de los derechos de las mujeres. En junio, las autoridades colocaron vallas metálicas alrededor de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Ciudad de México, para retirar el monumento, pero el jefe de gobierno de esa entidad federativa, Martí Batres Guadarrama, aceptó mantenerlo tras la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil y activistas.

Mejoró el acceso al aborto en México. En septiembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, en una causa presentada por las organizaciones feministas. Esa decisión implicaba que las autoridades tenían la obligación de garantizar el acceso al aborto a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Asimismo, la Suprema Corte estableció que la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico y las comadronas por practicar un aborto o proporcionar ayuda para su realización también era inconstitucional porque generaba un efecto discriminatorio.

El número de casos de violencia sexual y feminicidio seguía siendo elevado, y no se procedía con la diligencia debida para investigar esos delitos adecuadamente. Cada día eran asesinadas un promedio de 9 mujeres en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), donde los feminicidios se documentaban desde hacía 30 años, muchas víctimas seguían sin obtener justicia. Las organizaciones locales, familiares de las víctimas y Amnistía Internacional honraron públicamente la memoria de las mujeres que habían sido asesinadas.

En enero se creó la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado de San Luis Potosí ante la insistencia de las familias de las víctimas para que se investigaran adecuadamente esos homicidios. En febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció deficiencias en las investigaciones sobre los feminicidios de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, y ofreció una disculpa pública.

Desapariciones forzadas

El número de personas desaparecidas o en paradero desconocido seguía siendo elevado. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró al menos 12.031 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas en 2023, de las cuales 8.426 eran hombres, 3.596, mujeres, y 9 permanecían sin identificar. Según cifras oficiales, el total de casos registrados entre 1962 y el final de 2023 ascendía a 114.004 personas.

Quienes buscaban a sus familiares desaparecidos se exponían a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión y las amenazas. En mayo, Teresa Magueyal, que llevaba buscando a su hijo desde 2020, fue asesinada en la localidad de Celaya (estado de Guanajuato). En octubre, Griselda Armas, que llevaba buscando a su hijo desde septiembre de 2022, fue asesinada junto con su esposo en la localidad de Tacámbaro (estado de Michoacán). En agosto, familiares de personas desaparecidas exigieron tener acceso al Servicio Médico Forense y los centros de readaptación social, pero denunciaron que el personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro los había agredido y amenazado para que no denunciaran el incidente.

En julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó su sexto y último informe sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (estado de Guerrero) que habían desaparecido en 2014. Los expertos destacaron la participación de las fuerzas armadas mexicanas en esas desapariciones forzadas y la falta de acceso a la información en poder de las instituciones públicas. Posteriormente, el GIEI anunció su salida del país por la falta de colaboración de las autoridades mexicanas. El presidente reaccionó expresando su apoyo al ejército, criticando a las organizaciones de la sociedad civil que representaban a las víctimas y anunciando que se estaba llevando a cabo una investigación penal sobre Omar Gómez Trejo, exdirector de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que había dimitido en 2022 tras haber denunciado injerencias indebidas de la Fiscalía General de la República en la investigación del caso.

En agosto, la directora de la CNB, Karla Quintana, dimitió después de que el presidente anunciara la creación de un nuevo censo de desapariciones con el argumento de que las cifras de ese organismo eran poco fiables y demasiado altas. Organizaciones de la sociedad civil y activistas temían que la presidencia tratara de rebajar las cifras oficiales de personas desaparecidas para ocultar el fracaso de las políticas federales de seguridad pública. En octubre, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue nombrada nueva directora de la CNB; las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de consulta, participación, transparencia y escrutinio en relación con el proceso de designación, así como la falta de experiencia de la comisionada. En diciembre, la presidencia hizo públicos los resultados del nuevo censo de desapariciones, que reducía la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas entre 1962 y agosto de 2023 y revelaba que se carecía de información suficiente para buscar a 79.955 de esas personas.

Detención y reclusión arbitrarias

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2 sentencias sobre detenciones arbitrarias. El primer caso implicaba la detención arbitraria en 2006 de 3 hombres, de los que 2 eran indígenas, entre ellos Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile. La policía los había detenido y confinado durante más de 3 meses en arraigo (prisión cautelar sin cargos) sin acceso a un juez, y luego en prisión preventiva durante 2 años más. El segundo caso tenía que ver con Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, que habían sido recluidos en arraigo, sometidos a tortura y otros malos tratos y mantenidos en prisión preventiva durante más de 17 años por su presunta participación en un homicidio.

En ambos casos, la Corte ordenó a México que reformara su marco jurídico a fin de eliminar la figura del arraigo y modificar el sistema de prisión preventiva. También estableció que la prisión preventiva oficiosa (obligatoria) era contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria instó a las autoridades mexicanas a eliminar de la Constitución las disposiciones sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. El Grupo de Trabajo también expresó su preocupación por la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones y la privación de libertad en virtud de la excesivamente punitiva política de drogas que se aplicaba desde 2006.

El presidente continuó lanzando acusaciones públicas contra la Suprema Corte y el poder judicial cuando estos tomaban decisiones contrarias a los planes del gobierno. En junio, la jueza Angélica Sánchez, radicada en el estado de Veracruz, fue acusada de "delitos contra la fe pública y tráfico de influencias" a raíz de su decisión de poner en libertad por falta de pruebas a un hombre acusado de homicidio. Fue detenida en Ciudad de México por varios policías y miembros de la Guardia Nacional asignados a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El Instituto Federal de Defensoría Pública calificó su detención de atentado a la independencia judicial. Se señalaron algunas irregularidades graves, como la detención arbitraria y el hecho de que la Guardia Nacional y la CONASE carecieran de competencia para detenerla. En julio, la jueza fue excarcelada y sometida a arresto domiciliario.

Derecho a un medioambiente saludable

La construcción del Tren Maya (vía férrea interurbana de 1.525 km que atravesaba la península de Yucatán) continuó en 2023. Representaba una amenaza para el medioambiente en el sur de México, así como para el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Activistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno no había aplicado la legislación federal sobre medioambiente en la construcción del ferrocarril y señalaron que el proyecto afectaría negativamente al ecosistema, especialmente al acuífero subterráneo del sudeste del país. La legislación federal sobre medioambiente establecía la obligación que las autoridades tenían de proteger el medioambiente y llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental de las obras públicas. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá recomendó a las autoridades mexicanas que elaboraran un informe sobre los riesgos e impactos relacionados con el proyecto.

El gobierno siguió fomentando la producción y el uso de combustibles fósiles. En 2023 comenzó a funcionar la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que las autoridades habían inaugurado en 2022.

Un total de 84 personas de la comunidad de El Bosque (estado de Tabasco) fueron evacuadas el 1 de noviembre por el ascenso del nivel del mar atribuido a la crisis climática. Exigían ser reubicadas y que se cubrieran sus necesidades básicas, como el alojamiento, la escolarización y los servicios públicos. El gobierno prometió su reubicación, pero ésta no se había materializado en absoluto al concluir el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El matrimonio entre personas del mismo sexo estaba autorizado desde 2015 en los 32 estados del país, pero algunos todavía no habían modificado su Código Civil para reflejarlo. En junio, el Congreso del estado de Nuevo León reformó el Código Civil a fin de establecer que las personas mayores de 18 años pudieran casarse independientemente de su sexo. Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua eran algunos de los estados que aún no habían modificado el Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Derecho a la salud

En mayo, las autoridades modificaron varios artículos de la Ley General de Salud para establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionaría acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás suministros a las personas no afiliadas a instituciones de salud pública, es decir, las que carecían de un empleo formal -o no tenían familiares con un empleo formal- en el que la entidad empleadora pagara la sanidad pública y a las que no fueran estudiantes. Aunque las modificaciones tenían por objeto garantizar el derecho a la salud de la población en situación más vulnerable, en particular, había activistas y organizaciones que aseguraban que el Instituto Mexicano del Seguro Social no disponía de recursos económicos suficientes para hacer efectiva esa garantía.

1. México: Personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente son criminalizadas al ejercer su derecho a la protesta, 13 de septiembre

2. México: 39 personas muertas en el incendio de un centro de detención de migrantes, 30 de marzo

3. México: El actuar de las autoridades impide el acceso a la verdad y la justicia para Ayotzinapa, 2 de octubre

4. México debe cumplir la sentencia de la CoIDH sobre el arraigo y la prisión preventiva, 30 de enero

5. México: Comunidad desplazada climática necesita reubicación urgente, 8 de noviembre

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Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024. Las autoridades seguían penalizando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión. Se criminalizaba a los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, y los asesinatos de periodistas y personas defensoras eran frecuentes.

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Lista de los Derechos Humanos asignados por alumno.

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Lista de los Derechos Humanos asignados por alumno.

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Hola, en la hoja en excel a continuación encuentras tu grupo, tu nombre y el Derecho Humano asignado para trabajar tu máscara.

Cualquier duda me comentas en el aula.

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Que "las drogas" hoy sean sustancias prohibidas y perseguidas resulta para muchos sumamente lógico e indiscutible. Casi una obviedad. Son dañinas, enferman y, según informan los medios de comunicación, el grueso de las autoridades políticas y gran parte de la comunidad académica, constituyen un "flagelo" que debemos derrotar.

Aun cuando hoy se presenta como estrategia dominante y consolidada, el prohibicionismo es, en realidad, un concepto que tiene un poco más de cien años de antigüedad, que ha despertado distintos grados de adhesión y que, actualmente, se encuentra en estado de reconsideración. Para empezar a comprender este enfoque, es necesario saber que hablar de la prohibición obliga a hacer referencia al papel que la política estadounidense desarrolló en torno a la cuestión del uso de drogas, primero en términos internos y luego en la agenda internacional.

La expresión "prohibicionismo" hace referencia a una serie de ideas desde las cuales se establecen normas, reglas y sanciones en pos de resguardar y cuidar un determinado estilo de vida en lo privado y en lo social, que se considera bueno, verdadero y hasta puro. No por nada la prohibición fue históricamente una de las herramientas más poderosas en las distintas expresiones del puritanismo religioso de raíz sobre todo protestante. El origen de la expresión "prohibicionismo" en referencia al tema de las drogas se relaciona con los años en los cuales Estados Unidos estuvo bajo la llamada "Volstead Act" (1919-1933), conocida por nosotros como "Ley Seca" o "Ley de la Prohibición", época en que se consideró ilegal la producción, distribución y venta de alcohol en el territorio estadounidense.

Históricamente, las drogas han sido una preocupación y un desafío para todas las sociedades modernas y sus gobiernos, los cuales han buscado controlarlas de alguna u otra manera. Por eso es errado señalar a Isaac Campos, en su libro sobre la marihuana, Home Grown (2012), propone el concepto de "enigma psicoactivo" para romper con la creencia tan divulgada de que las drogas fueron prohibidas sólo por razones farmacológicas, es decir, por su potencial daño a la salud. Estados Unidos como el "inventor de la prohibición", aunque debemos reconocer que ha jugado un papel decisivo en la instalación del "enfoque prohibicionista" en los países occidentales a través de su influencia en organismos internacionales rectores en políticas públicas sobre drogas. La razón de esta preocupación por el control de las sustancias no responde sólo a argumentos sanitaristas. De hecho, el argumento de la "salud" es una fundamentación más bien reciente, con la que se respaldan posiciones de políticas restrictivas respecto al uso de drogas.

En realidad, los orígenes de la restricción sobre usos de sustancias psicoactivas son ante todo étnicos, sociales y políticos. Las raíces históricas más profundas de la prohibición del consumo de drogas en la modernidad se encontraron primeramente en el terreno de la etnofobia. Luego, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario. Como en todo tema social, las transiciones no fueron muy claras ni marcadas, conviviendo a veces varias de estas razones en un mismo momento y lugar. Actualmente, por ejemplo, el discurso sanitario está en continua tensión con el discurso asegurativo.

El historiador Antonio Escohotado afirma en el primer volumen de su monumental Historia de las Drogas (1989) que la cruzada contra estas a inicios de la Edad Moderna no está emparentada con la química ni la salud, sino que tiene explicaciones más acabadas en los paradigmas religiosos de la comprensión de estas prácticas, a las cuales se calificaba antiguamente como "recursos del demonio". Tomando como ejemplo la marihuana, se observa cómo en América su uso social y ritual logró su instalación hacia el siglo XVIII. Como era utilizada sobre todo por nativos, curanderos, esclavos y sectores marginales, cargaba con una mirada de desprecio por parte de sectores sociales posicionados y ligados al poder (Mansilla y Beltrán, 2014). En esta misma línea, en la actual ciudad de Río de Janeiro (Brasil), a mediados del siglo XIX fumar pango (marihuana) era multado. Las razones no eran otras que las de intentar desalentar prácticas consideradas denigrantes por estar ligadas a esclavos que habían ingresado, varios años antes, semillas de cannabis provenientes de Angola (África). En Argentina sucedió algo similar ya que, si bien la prohibición legal de la marihuana fue posterior, en el siglo XIX fumarla era considerado, por la sociedad dominante de descendencia europea, "cosa de negros", justamente porque fue esa población la que ingresó a nuestro país la práctica de su consumo fumado, vía Brasil.

Diversos historiadores hacen referencia a cómo las colonias españolas de la "Nueva España" intentaron regular el consumo de marihuana y también del mascado de hojas de coca en el marco de una estrategia de colonización cultural (Marín Gutiérrez, 2003; Campos, 2012). Queda claro, entonces, que es errado señalar a Estados Unidos como "inventor" del prohibicionismo. Lo que sí hizo ese país fue tomar medidas ya existentes en otras naciones, resignificarlas y poner el tema en la agenda política del mundo occidental.

En 1875, en San Francisco (Estados Unidos), se prohibió por primera vez el uso del opio en jóvenes de clase media. Las fumatas se realizaban en casas frecuentadas y generalmente regentadas por personas de origen chino y también por personajes de los bajos fondos de la ciudad (Davenport-Hines, 2001). Los chinos no gozaban de buena reputación en Norteamérica y la práctica del consumo de opio era entendida por la alta sociedad estadounidense como una amenaza a la moral juvenil. De la misma manera que el rechazo a las prácticas de consumo de opio de los orientales aumentó la xenofobia de los norteamericanos sobre esta población, la costumbre de fumar marihuana por parte de los mexicanos contribuyó a que se ganaran el rechazo de la población sajona de aquel país. En el caso de la marihuana, esta ingresó al territorio traída por grupos sociales tan necesarios para el desarrollo económico de la nación como estigmatizados étnicamente: la introdujeron inmigrantes mexicanos a través de Texas y Nuevo México, y por la costa del Golfo la difundieron las comunidades aborígenes de la región. En un primer momento, el rechazo era de orden "estético". Se desaprobaban estas costumbres, tan diferentes a las del pueblo de origen anglosajón, porque se temía que su poder seductor sobre la juventud degenerara una raza y estilo de vida que había que conservar.

Como afirma el historiador inglés Richard Davenport-Hines, el desprecio por el fumador extranjero de marihuana y opio se asemejaba, en un principio, al que los citadinos latinoamericanos y europeizados de hoy pueden sentir por el coya coquero. En el caso de la prohibición de la cocaína, por ejemplo, los negros norteamericanos ocuparon un lugar central. En el
imaginario estadounidense, el miedo a negros cocainizados abusando sexualmente de sus mujeres blancas acentuó el racismo (Ibídem).

Con el paso de unos pocos años, el rechazo originalmente estético derivó en la esfera de lo ético y, con cortos pasos, se cristalizó en el enfoque prohibicionista que conocemos hoy. La primera jugada de avance de la política imperialista estadounidense fue en 1898, cuando puso las Islas Filipinas bajo su control al quitárselas a los españoles (Vanaik, 2011). En ese entonces, las Filipinas padecían de un altísimo consumo de opio, ya que los españoles habían lucrado con licencias para venderlo cuando controlaban las islas. La intervención se propuso ejemplificar el modelo de una sociedad "libre de drogas" erradicando los puntos de venta de opio y sus fumaderos "por resultar repugnantes para las costumbres y principios del gobierno norteamericano" (Escohotado, 1989; Davenport-Hines, 2001). Pero el intento de prohibirlo paradójicamente aumentó su uso, por lo que un grupo impulsó volver a la regulación como en la época de los españoles. Ante el intento de retornar a las licencias de venta, el obispo filipino de la iglesia anglicana Charles Henry Brent escribió una carta al presidente Theodore "Teddy" Roosevelt para instarlo a que se opusiera a dicha iniciativa. Allí se lee "[E]l opio nunca será nutritivo, señor presidente, mientras que el alcohol tiene un alto nivel de calorías". Roosevelt fue convencido por el obispo, pero sobre todo por un electorado de casi treinta millones de norteamericanos que se oponían a ese tipo de prácticas. La discusión sobre qué era la drogadicción dio el puntapié inicial a un tipo de pensamiento polarizado "blanco-negro" o "bueno-malo" sobre el consumidor de sustancias, que terminó traduciéndose en el diseño de políticas públicas signadas por la estigmatización y persecución de los consumidores.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra fue el principal productor de opio en las Indias Orientales. Su interés era preservar e incrementar el comercio de la droga, pero el gobierno chino buscaba restringirlo por los graves problemas de Salud Pública que estaba ocasionando. China se convirtió así en una molestia para el contrabando anglosajón. Los ingleses reaccionaron a la resistencia del gobierno chino, obviamente, sobre la base de los beneficios económicos que implicaba la venta de opio a ese inmenso mercado. Por esta razón, junto con otros países europeos, Inglaterra impulsó la Guerra del Opio, dando origen a un tipo de "guerra a favor de las drogas", al mismo tiempo que China sufría la primera epidemia de consumo de drogas tal como la podemos definir en la modernidad. Su producción, distribución y patrón de consumo dejaron de estar asociados a rituales religiosos, o regulados por pautas culturales como hasta ese entonces, y pasaron a estar configurados por intereses lucrativos y variables capitalistas. El opio era una mercancía a defender por su rédito económico y la población era un potencial mercado a conquistar. Había nacido el "narcotráfico moderno" como lo conocemos hoy, en algún sentido "inventado" en ese contexto histórico por los ingleses, y había surgido un nuevo patrón de consumo estimulado por la presión de los intereses ligados a la oferta económica.

La preocupación por el opio y el crecimiento de su sucedáneo, la morfina; el avance del puritanismo norteamericano como reacción a prácticas socioculturales de grupos extranjeros; la mirada descalificadora del descendiente europeo en América hacia los nativos e inmigrantes asiáticos, latinos y negros, asociada a la estigmatización de sus prácticas de consumo de sustancias psicoactivas; Los ingleses lucraron abiertamente con el opio, los españoles lo regularon con impuestos y luego los estadounidenses lo prohibieron. Así surgió lo que cien años después se definiría como la "guerra contra el narcotráfico". Hoy, el prefijo "narco" engloba de alguna manera todas las drogas ilegales, aun estimulantes como la cocaína, la cual, por definición, es todo lo contrario a un narcótico. la culpabilización de "las drogas" como el origen de males sociales como el delito y la atribución de su capacidad de "degenerar la raza blanca"; la construcción de una opinión pública adversa fogoneada por la prensa; el discurso político de que los "narcóticos" son la causa principal de los problemas sociales modernos y, por supuesto, los daños a la salud observados en los consumidores crónicos estuvieron entre el conglomerado de factores que ayudaron a instalar con fuerza la idea de la prohibición. Como resultado de esta sumatoria, el Dr. Peter Cohen afirma que el prohibicionismo, desde una perspectiva global, es uno de los productos fosilizados de la Revolución Industrial Británica, de la moral cristiana y de algunas ideas de la Iluminación del siglo XVIII.

Debería ya aparecer de manera clara que el origen y desarrollo de la prohibición no se explica únicamente desde los efectos del uso de sustancias psicoactivas en la salud, sino que estamos frente a un fenómeno sociocultural muchísimo más complejo. Todos estos factores descriptos −más otros obviados en este relato− pusieron en marcha a partir de inicios del siglo XX estrategias de control y prohibición de drogas que dieron origen a lo que hoy llamamos "prohibicionismo". En 1909 se llevó a cabo en Shanghái (China) la primera Conferencia Internacional sobre el Opio, presidida por el obispo de Filipinas, Charles Henry Brent (el mismo que impulsó que Estados Unidos fijara por primera vez en la agenda internacional una postura prohibicionista sobre las drogas, fundada en cuestiones morales y culturales). Si bien esta conferencia no se tradujo en ningún instrumento legal específico, sí fijó las bases para la llamada "Convención Internacional del Opio", firmada en La Haya (Países Bajos) en 1912, que constituyó el primer acuerdo internacional entre Estados con el fin de regular el comercio de estupefacientes y restringir su uso a los fines científicos y/o médicos.

Para 1912, en Estados Unidos seguía avanzando una cruzada contra las drogas en general. Fumar tabaco en público estaba prohibido en doce estados y pronto alcanzaría a veintiocho. El argumento seguía siendo una mezcla de preocupación moral, religiosa y cultural sobre todo: "El cigarrillo es destructivo para el alma y para las costumbres: la lucha contra el tabaco es una lucha por la civilización". Por otro lado, las prohibiciones sobre el alcohol basadas en el puritanismo crecían poco a poco hasta plasmarse en la Ley Seca en 1919. En ese momento, los médicos y la industria farmacéutica eran, de manera indiscutible, los únicos autorizados para suministrar cocaína y opiáceos en dosis terapéuticas y se entendía esto como una obviedad. En diciembre de 1914, se dictó en Estados Unidos una ley clave en esta historia, que marcaría el camino de la institucionalización del enfoque prohibicionista: la Ley Harrison. Esta ley seguía el precepto de Brent en el sentido de que cualquier uso "no médico" de drogas era de naturaleza inmoral, estipulaba un impuesto para toda la cadena de producción y venta de sustancias como el opio y la cocaína, y un registro de quienes las consumían, confeccionado por los profesionales de la salud que las suministraban. Esto fue, de alguna manera, la traducción doméstica de lo que Estados Unidos generó en la Convención del Opio en La Haya. El halo moral presente detrás de la Ley Harrison quedó evidenciado cuando, al poco tiempo, médicos y dentistas eran perseguidos por recetar opio o cocaína a consumidores habituales o que habían desarrollado dependencia debido al uso de estas sustancias en los tratamientos (ambos eran utilizados para reducir el dolor en las cirugías odontológicas). Para la época, no había tratamientos alternativos. Así, en 1919, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que un "médico no debe suministrar opiáceos con el solo propósito de ayudar a un adicto". De esta manera, el control sobre las drogas dio un giro clave: pasó del control médico y farmacéutico al control policial. Dos nuevos actores se impusieron en el escenario, centrales y necesarios para el desarrollo de la prohibición: la justicia y las fuerzas de seguridad.

En Argentina, el "espíritu" de la Ley Harrison llegó en 1924, cuando se promulgó la Ley Nº 11.309, que por primera vez incorporó en el Código Penal los términos "narcóticos" y "alcaloides", y comenzó a sancionar con prisión de seis meses a dos años al farmacéutico que "venda, entregue o suministre alcaloides o narcóticos sin receta médica". Pero esta medida no tuvo el mismo efecto en todos los países de Occidente. Un farmacólogo inglés, Walter Dixon, consejero de la Sociedad de las Naciones en el tema adicciones, señalaba: "La Ley Harrison fracasó notablemente. La razón es que no toma en cuenta las causas de la adicción. El adicto es considerado un delincuente al igual que el demente en los tiempos de la Edad Media" (citado en Davenport-Hines, 2001). Y afirmaba visionariamente: "Todo aquello cuyo precio es proporcional a sus riesgos puede ser adquirido y el resultado de esto es un contrabando rampante de un extremo a otro de los Estados Unidos" (Ibídem). Dixon entendió que la Ley Harrison tenía el efecto no buscado de acercar al consumidor de drogas al territorio de la delincuencia, quedando así servido el terreno para la aparición de un fenómeno hasta entonces desconocido en los Estados Unidos y que de alguna manera esta ley ayudó a construir: el narcotráfico y narcomenudeo modernos.

Toda esta corriente de pensamiento Richard Davenport-Hines, miembro de la Royal Historical Society, describe el período en que se aplicó la Ley Seca (1919-1933) con estas palabras: "La prohibición del alcohol hizo de los norteamericanos una nación de infractores con consecuencias tan evidentemente desastrosas que fue revocada en 1933. Para las organizaciones criminales, la prohibición de las drogas fue un regalo de los dioses". (2001) devino en que, en 1919, se promulgara en Estados Unidos la "Volstead Act" o "Ley Seca", que avanzaba de manera sustancial en la prohibición de la "droga del hombre blanco": el alcohol (López-Muñoz y González, 2007). Resulta interesante saber que la Ley Seca, en realidad, fue una victoria del Partido Prohibicionista, que formaba parte de un movimiento mayor y más universal denominado "De la Templanza", el cual predicaba la abstención del uso de alcohol y de toda sustancia que fuese una amenaza para el "dominio propio". Es fácil reconocer la huella religiosa aquí: los conceptos "templanza" y "dominio propio" son términos bíblicos de la religión cristiana y jerarquizados por el protestantismo. Es decir, todo aquello que atentara contra esas virtudes era una amenaza a la pretendida moralidad y, por supuesto, las sustancias psicoactivas −especialmente el alcohol− se presentaban como el vehículo cultural y químico con capacidad de diluir esa pretendida moralidad.

La ley puso blanco sobre negro en los efectos indeseables de la prohibición: la producción, distribución y venta de alcohol se desplazó desde las anteriores industrias y comercios legítimos hacia bandas criminales que, a fuerza de sangre y fuego, tomaron el control de distintas ciudades del país del norte.

Al derogarse esta ley en 1933, el esfuerzo prohibicionista se desplazó hacia otras drogas, puntualmente la marihuana, la cocaína y el opio. Después de la Ley Seca, quedaron vacantes estructuras del Estado destinadas a la seguridad que, durante la vigencia de la ley, perseguían el alcohol. Dado que este ya no era el enemigo, se definieron otras sustancias como objetivo de control y persecución jurídico policial, ligadas como ya era costumbre a poblaciones estigmatizadas como los mexicanos (marihuana), los orientales (opio) y los negros (cocaína), poblaciones sobre las cuales el norteamericano de clase media de aquella época tenía marcada desconfianza. Con el paso de los años, se fueron sumando medidas de control, se firmaron nuevos acuerdos y se incorporaron distintos niveles de regulación sobre una cantidad de drogas cada vez mayor. El objetivo de estos esfuerzos era limitar la producción, fabricación y tráfico de estupefacientes a fines puramente científicos y/o médicos (Piñero, 2003).

En el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entra a escena la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nacida en San Francisco (Estados Unidos), que se hizo cargo del control internacional de drogas. Las normas que regulaban las actividades relacionadas con la producción, fabricación y distribución de sustancias psicoactivas eran diversas y hasta a veces contradictorias, por lo que se consideró que había que organizarlas y unificarlas. Esta es la primera vez que se menciona el objetivo del cuidado de "la salud física y moral de la humanidad". Unos años después, en 1961, se produce un hito en este proceso: la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la llamada "Convención Única de Estupefacientes", la cual deroga y reemplaza las distintas normas que hasta el momento regulaban las actividades relacionadas con las drogas (Piñero, 2003). Este documento fue enmendado años después haciendo hincapié en la necesidad de prever tratamiento de rehabilitación como estrategia de sustitución o complemento a las sanciones dirigidas a los consumidores de drogas. De hecho, la llamada "Ley de Drogas" de nuestro país −Nº 23.737, de 1989− responde también a esta influencia e interpretación del problema.

De la convención de 1961 surge la llamada "Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes" (JIFE) que hoy, junto con la Comisión de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), conforman el llamado "Régimen Internacional de Control de Drogas" (RICD). Como puede verse, a medida que fueron pasando los años, la burocracia administrativa y legal en torno a las drogas se fue complicando de manera significativa. Como señala Francisco Thoumi, un experto colombiano que integraba el grupo de los trece especialistas que dirigen la JIFE, el actual RICD es "el resultado de un largo proceso que lo hizo cada vez más restrictivo, bajo el principio fundamental de que las drogas controladas sólo pueden tener usos médicos y de investigación científica, y que cualquier otro uso es un abuso" (2011).

Cuando se realizó la Convención de 1961, el problema de las drogas no tenía una trascendencia mundial demasiado importante. Como ya dijimos, fueron los movimientos ético-religiosos y una opinión médica hegemónica los que fortalecieron el avance de la prohibición al basarla en una decisión con un fuerte sustento moralista y de ideales culturales. La Convención buscó controlar los mercados de drogas, dirigiendo su utilización a los ya mencionados fines científicos y médicos occidentales. Hasta el momento del llamado a la Convención, la mirada estaba puesta sobre todo en el control del opio y sus derivados, pero, a partir de 1961, se incluyeron en sus listados también la planta de cannabis y la hoja de coca.

Sin embargo, durante la década del '60, el consumo de drogas se expandió más allá de los límites científicos en los cuales se intentaba encuadrar esta práctica. Fue la época en que diversos movimientos contra-culturales encontraron en el consumo de drogas psicodélicas un vehículo de expresión. El LSD, descubierto accidentalmente por Albert Hofmann años antes, había alcanzado los nuevos movimientos juveniles. La experimentación con diversas drogas sintéticas era parte del contexto histórico-cultural de la época en la cual se enmarcó el llamado "Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas" organizado por la ONU en 1971, que incrementó de manera significativa el número de drogas objeto de fiscalización.

Por último, en 1988 llega el turno de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, desde la cual se establecieron medidas de fiscalización similares a las de los acuerdos previos, que regulaban y promovían la cooperación y colaboración internacional respecto al tráfico de drogas. Este acuerdo fortaleció la propuesta de una respuesta represiva al fenómeno de las drogas, con énfasis en la necesidad de reprimir el tráfico internacional, erradicar las plantaciones de adormidera, coca y cannabis, y sancionar penalmente todo tipo de posesión de drogas, aun para consumo personal e individual. Un año después de la Convención de 1988 y a tono con esta, se dictó en Argentina la Ley de Drogas Nº 23.737, que establecía una sanción a las conductas relativas a la tenencia de drogas para uso personal, reprimiéndolas con diversas prescripciones y hasta penas privativas de la libertad, lo que generó críticas por parte de algunos expertos por ser una ley mucho más restrictiva que las sugeridas en los convenios internacionales.

Si nos detenemos un poco en esta ley, es interesante remarcar lo que la especialista argentina en leyes y política internacional, Verónica Piñero, (Universidad de Ottawa, Canadá) menciona en su trabajo "Convenciones internacionales sobre estupefacientes y legislación argentina en materia de conductas asociadas al consumo recreacional y personal de drogas" (presentado en Córdoba en 2003 en uno de los congresos internacionales de la ONG Programa Cambio), en el que hace una lectura crítica de la actual ley argentina en el marco de las convenciones internacionales. Según observa la especialista, nuestra ley nacional actual contiene algunos aspectos que la vuelven más restrictiva que lo que las propias convenciones establecen. Piñero explica:

En el caso de la República Argentina, se ha señalado que la Ley Nº 23.737 tipifica como ilícitos penales las conductas relativas al uso recreacional y personal de estupefacientes, y las reprime con una pena privativa de la libertad. Asimismo, se ha observado que esta ley ha incorporado la posibilidad de sustituir la declaración de culpabilidad o la pena por una medida de seguridad.

Sin embargo, también se ha notado que si dicha medida no da un resultado satisfactorio o los consumidores experimentados o principiantes reinciden en la comisión de ilícitos asociados al consumo personal y recreacional de estupefacientes, el sistema legal exige al juez hacer efectiva la pena de prisión latente en la ley, lo cual torna al sistema argentino de control penal en materia de drogas más severo que lo exigido por los estándares mínimos de control criminal en las convenciones internacionales. (2003)

A pesar de los distintos problemas generados por el prohibicionismo, tema que trataremos en otro capítulo, nunca resultó sencillo plantear alternativas a esta postura rígida respecto de las drogas. No olvidemos que en su origen jugaron un importante papel cuestiones de índole moral, étnica y religiosa de base fundamentalista, que fueron llevadas al campo de la política pública bajo argumentos también rígidos y sensibles, relacionados sobre todo con la seguridad, el cuidado de la salud y la protección de la civilización. En este contexto, cualquier cuestionamiento, crítica o propuesta alternativa suele producir reacciones descalificadoras a partir de las cuales quien critica pasa a ser definido de inmediato como alguien que está "a favor de las drogas". El desafío aquí es superar esta visión maniquea del problema enfocándolo desde la Salud Pública, redefiniendo así todos los grises, gradualidades y diferencias internas que tiene el amplio mundo del "problema de las drogas".

No todos los países tradujeron de la misma manera a sus legislaciones nacionales y prácticas de vigilancia social el control sobre las drogas tal como lo establecían los acuerdos internacionales. La gran mayoría de los países europeos, por ejemplo, siempre tuvieron una lectura menos represiva sobre el consumo de drogas, comparada con la de Estados Unidos. Los primeros desafíos a la interpretación dura de las convenciones internacionales provinieron de los Países Bajos, Suiza y Alemania. En el marco de esta diferencia en la aplicación de los tratados, nació y se desarrolló en Europa una nueva estrategia de abordaje del problema de la demanda de drogas denominada "reducción de daños". Desde esta perspectiva, se interpreta que el consumo de drogas es en parte una realidad inevitable para nuestras sociedades de consumo y, por lo tanto, la idea de "un mundo libre de drogas" no sólo resulta una meta imposible, sino también ingenua.

Ante esta realidad, la alternativa consiste en aceptar este hecho y trabajar con la población consumidora de drogas que no está dispuesta a abandonar sus prácticas, con el objetivo de que disminuyan sus conductas de riesgo y, como consecuencia, los daños asociados al consumo. El primer antecedente de este tipo de intervenciones data del año 1926, cuando se presentó en Inglaterra un documento interministerial conocido como "Informe Rolleston", en el cual se estableció que los médicos ingleses podían administrar pequeñas dosis de opiáceos a adictos a la heroína con el objetivo de devolverlos a una vida lo más normal posible. Así nacieron los tratamientos por sustitución de drogas, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, esta práctica fue prohibida. Para los años '80, en Holanda reapareció el concepto, traducido en la estrategia de repartir jeringas entre usuarios de drogas intravenosas a fin de evitar que, al compartirlas durante su consumo, transmitieran el virus de la hepatitis. Paralelamente, surgió en esa época el virus del VIH/SIDA, el cual también motivó abordajes sanitarios similares. Con el paso del tiempo, el modelo de reducción de riesgos y daños fue ampliado con el objetivo de llegar a aquellas personas que, sin estar dispuestas a dejar el consumo de sustancias, pudieran participar de programas o políticas diseñadas para disminuir los riesgos del consumo de drogas.

Actualmente, se están discutiendo en nuestra región diferentes estrategias de políticas públicas desde esta perspectiva: la creación de centros de tratamiento de baja exigencia donde puedan participar en actividades terapéuticas y educativas personas no del todo motivadas a abandonar los consumos; el fortalecimiento de intervenciones sociales que favorezcan contextos más seguros, en los que los usuarios puedan consumir con menos riesgos de contagio de enfermedades infecciosas; el establecimiento de marcos regulatorios menos punitivos para el uso personal de la marihuana; políticas que estimulen el reconocimiento de derechos y el acceso a programas protectores a familias en vulnerabilidad social expuestas a consumos de mayor riesgo (por ejemplo, el caso del paco), etc.

El enfoque de reducción de daños ha sido malinterpretado y maltratado por quienes ven el problema de las drogas sin sus matices. No se trata de "enseñar a drogarse" o de "facilitar" el consumo de drogas, sino de aceptar la realidad de que existe un amplio sector de ciudadanos que deciden consumir drogas en su intimidad, más allá de lo que establezcan las leyes, a los cuales el Estado no debe invisibilizar ni criminalizar, sino acompañar, con el objetivo de minimizar los daños para sí y para terceros que implican esas prácticas.

De esta manera, el modelo de reducción de riesgos y daños confronta con el enfoque abstencionista propio del prohibicionismo. Tanto es así que, durante el período 2004-2006, Estados Unidos presionó significativamente a la ONU y a la Unión Europea no sólo para que rechazaran los programas de este modelo, sino que además impulsó que se impidiera la utilización de la expresión "reducción de daños" en todo documento internacional de la ONUDD (Thoumi, 2013). La presión de Estados Unidos y sus socios ha sido constante frente a intentos de algunos países por flexibilizar la dureza de lo escrito en las convenciones. En 2009, Bolivia propuso modificar mediante enmienda la Convención de 1961, a fin de que el consumo tradicional de hojas de coca en su población nativa fuera respetado como una práctica legitimada por la cultura y no criminalizado ni perseguido por los acuerdos internacionales. La petición boliviana fue rechazada por Estados Unidos y dieciséis países, por lo cual su estrategia fue retirarse de la Convención para luego volver a adherir al acuerdo internacional, pero con reservas (Ibídem). Otro de los muchos ejemplos de conflicto con relación a las presiones es España, que en 1983 flexibilizó las penas sobre tenencia para consumo personal de drogas. Su consecuencia fue el aumento de la exigencia de los organismos internacionales para que las modificaran. El argumento era que España se había transformado en un "mal ejemplo" para las políticas europeas sobre drogas (González y otros, 1989).

Amparándose en los convenios internacionales, Estados Unidos estilaba sancionar a los países que a su entender no respetaban dichos acuerdos. La estrategia era la "des-certificación", que se traducía en respuestas de orden económico y político a los países que no lucharan satisfactoriamente contra el tráfico de drogas (según la visión estadounidense, claro).

Sin embargo, esto se ha modificado, ya que Estados Unidos viene mostrando un cambio hacia la tolerancia y flexibilidad en relación con el tradicional Régimen Internacional de Control de Drogas. Desde la gestión de Barack Obama, este país evidenció un sensible giro de apertura en contra del severo prohibicionismo que había instalado a nivel mundial, aunque con la victoria de Donald Trump, en noviembre de 2016, resulta una incógnita lo que sucederá con las políticas de drogas iniciadas por el mandatario anterior.

Las razones de este giro en la política internacional norteamericana son varias, entre ellas el hecho de que es un país que, por su misma constitución jurídica y política, En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de México admitió un amparo de un grupo de cuatro personas que solicitaban autorización para la siembra de marihuana para uso personal, hecho que, sin dudas, abrió el camino hacia discusiones sobre la regulación del cultivo de marihuana en ese país. Para sorpresa de muchos, la reacción de Estados Unidos fue de una impensada tolerancia, al manifestar en un comunicado que las decisiones sobre políticas de drogas en México debe tomarlas el gobierno mexicano. // "Estados Unidos evita valorar la resolución del Supremo de México sobre el Cannabis". Infolatam , 6 de noviembre de 2015 ha tenido siempre dificultades para implementar en su interior las convenciones internacionales que tanto defiende para afuera. Por ejemplo, para noviembre de 2016, más de veinte estados permiten el uso medicinal de marihuana, y los estados de Colorado, Washington, Oregon y Alaska tienen autorizada su venta no sólo para uso medicinal sino también recreativo. Con los años avanza en ese país una apertura a través de la cual los estados no intervienen prohibiendo el uso de la marihuana sino ensayando distintos tipos de marcos normativo-regulatorios que permiten el consumo de esta sustancia a mayores de edad. También se observa una tendencia a un menor intervencionismo hacia Latinoamérica en lo que a políticas públicas sobre consumo personal de drogas se refiere. Pero no hay que confundirse pensando que esta apertura significa que, para la política actual, el uso de ciertas drogas pasó de ser una mala práctica a ser una buena práctica. El cambio de posición se explica desde la idea de que ciertos efectos indeseados del prohibicionismo trajeron consecuencias más negativas que el propio consumo de sustancias.

En el plano latinoamericano también se observan algunos cambios importantes. El más llamativo es, sin dudas, el de la República Oriental del Uruguay, que a partir de 2014 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, de algún modo pateando el tablero de los acuerdos internacionales. Sin embargo, después del recambio presidencial, la nueva administración de Tabaré Vázquez (2015), en cierta forma enlenteció el ritmo de los cambios necesarios para implementar la nueva y polémica política. La determinación del ex presidente José "Pepe" Mujica de legalizar la marihuana tuvo claras reacciones por parte de algunos de los organismos internacionales citados. La ONU, por ejemplo, expresó su "honda preocupación" por esta política y advirtió que " afectará negativamente la lucha contra las drogas". Políticos del vecino Brasil también cuestionaron a Uruguay por avanzar sobre la legalización, entendiendo que eso sería un riesgo para la región.

Otro ejemplo latino es Chile, que en diciembre de 2015 autorizó el cannabis para uso medicinal, quitándolo de la lista de las drogas prohibidas e incorporándolo a la de drogas controladas. Ese país cuenta hoy con la mayor plantación de cannabis para uso médico de América Latina, una hectárea en Quinamávida, al sur de Santiago de Chile.

Finalmente, en Argentina, en el llamado "Fallo Arriola" de la Corte Suprema de Justicia (2009), se determinó, en un caso particular, que la tenencia de drogas para uso personal no debe ser sancionada penalmente porque iría en contra de los derechos que otorga la Constitución Nacional. Si bien esto no modificó la Ley Nº 23.737, que penaliza lo que este fallo declara inconstitucional, sí cambió la actitud del sistema judicial sobre los consumidores, volviéndolo más tolerante. Sin embargo, al no haberse modificado la ley, Argentina se encuentra en una contradicción jurídica que debería rectificarse, ya que las fuerzas policiales, sobre la base de la ley original, sí intervienen ante la tenencia de drogas para uso personal por considerarla un delito de persecución criminal.

Como se observa, entonces, el prohibicionismo duro de alguna manera está en proceso de modificación. Sin embargo, esto no significa que los organismos internacionales darán necesariamente un giro en estas posturas, pues a nivel mundial están apareciendo otros potentes actores que sostienen el prohibicionismo extremo, como son los casos de China y Rusia.

Por otra parte, aún falta evaluar las consecuencias implicadas en los procesos de apertura hacia marcos regulatorios, como puede ser el aumento de los consumos, la accidentología vial ligada a la utilización de cannabis y el impacto de marcos legales más tolerantes en poblaciones de alta vulnerabilidad social y adolescentes.

En resumen: a comienzos del siglo XX, la idea de prohibir la circulación de ciertas drogas no tenía muchos adeptos. Luego iría tomando cada vez más entidad como intento de solución al "problema de las drogas", hasta que en las décadas de 1970 y 1980 llegó a su pico de máxima expresión gracias a los acuerdos internacionales. A partir de los años '90, la idea comenzó a entrar en crisis debido a los reclamos (tímidos, inicialmente) de distintos grupos sociales respecto de su efectividad. Las razones de esta baja en la "popularidad" de la idea de la prohibición fueron en verdad dramáticas y se vincularon con las consecuencias probablemente impensadas y negativas que trajo la prohibición. Para algunos, comenzaba a verse que, para evitar un problema, se había buscado un intento de solución en algo peor. Sin embargo, más allá de las críticas que despertaron las consecuencias del prohibicionismo, lamentablemente todavía goza de muy buena salud, con una fuerte presencia en el campo de las políticas públicas en drogas de nuestra región.

Referencias
Bibliográficas

Campos, I. (2012). Home Growth: Marijuana and the Origins of Mexico's War on Drugs. Chapel Hill: The University of North

Carolina Press.

Davenport-Hines, R. (2001). La búsqueda del olvido: Historia global de las drogas 1500-2000. México: Fondo de Cultura Económica.

Escohotado, A. (1989). Historia de las drogas. Madrid: Alianza.

González, C. y otros (1989). Repensar las drogas. Barcelona: Grup Igia.

López-Muñoz, F. y González, A. C. (2007). Historia de la Psicofarmacología. Madrid: Panamericana.

Mansilla, J. C. y Beltrán, N. (2014). "Legislación y consumo de drogas. Aportes para la discusión". Disponible en línea en <www.juanenlinea.com>.

Marín Gutiérrez, I. (2003). Historia desconocida o conocida del cannabis. Málaga: Megamultimedia.

Piñero, V. (2003). Convenciones internacionales sobre estupefacientes y legislación argentina en materia de conductas asociadas al consumo recreacional y personal de drogas. Ottawa: Canadian Research Charin in Legal Traditions and Penal Rationaly - University of Ottawa.

Thoumi, F. (2011). Sueños de reforma de las políticas contra las drogas y del régimen internacional de control de drogas. Bogotá: FES - Policy Paper.

Thoumi, F. (2013). "La marihuana recreativa en los estados de Colorado y Washington y la incapacidad del gobierno de Estados Unidos para hacer cumplir las leyes federales y las convenciones de drogas dentro de su país". Colombia Internacional, 79: 219-248.

Vanaik, A. (Ed.). (2011). Casus belli: Cómo los Estados Unidos venden la guerra. Ámsterdam: Trasnational Institute.

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Vanaik, A. (Ed.). (2011). Casus belli: Cómo los Estados Unidos venden la guerra. Ámsterdam: Trasnational Institute.

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Que "las drogas" hoy sean sustancias prohibidas y perseguidas resulta para muchos sumamente lógico e indiscutible. Casi una obviedad. Son dañinas, enferman y, según informan los medios de comunicación, el grueso de las autoridades políticas y gran parte de la comunidad académica, constituyen un "flagelo" que debemos derrotar.

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Proyecto Quinto Parcial solo para la materia de PSPE

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Proyecto Quinto Parcial solo para la materia de PSPE

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El proyecto se llama "Máscara de Derechos Humanos" y está dividido en 3 entregas.
Descarga el documento y aclaramos dudas en el aula.
Saludos.

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Hola a continuación te dejo los porcentajes de evaluación; cuida cada detalle es tu responsabilidad generar cada punto.

1. Examen 50%

2. Actividades cuaderno: 5%

3. Participaciones 5%

4. Expoempresa 20%

5. Proyecto "Máscara de Derechos Humanos 20% (dividido en 4 rubros distintos; en el documento en word en este mismo blog te describo los detalles).

Cualquier duda me comentas en el aula. Saludos.

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Artículo "El consumo de drogas en México"

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Artículo "El consumo de drogas en México"

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Sección I. Diagnóstico y tendencias del uso de drogas en México

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.

El gobierno de México inició, desde la década de 1970, acciones para atender este problema, mucho antes de que la demanda de drogas adquiriera mayores proporciones, por lo que contamos ya con una considerable experiencia acumulada. Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes por enfrentar este problema a través del desarrollo de un marco jurídico-normativo e institucional y de programas que, al mismo tiempo que dan seguimiento a los acuerdos que México ha firmado en el ámbito internacional, son apropiados a las características socioculturales específicas de nuestra nación.

Para el Sector Salud la reducción de la demanda de drogas incluye las iniciativas que buscan prevenir su consumo, disminuir progresivamente el número de usuarios, mitigar los daños a la salud que puede causar el abuso, y proveer de información y tratamiento a los consumidores problemáticos o adictos, con miras a su rehabilitación y reinserción social. En esta tarea, la Secretaría de Salud, SSA como cabeza del Sector Salud, promueve un enfoque integral que incluye, además de las drogas ilegales, a todas las que producen adicción y problemas de salud pública, e incorpora en los programas a los diversos sectores públicos y sociales. La sociedad en su conjunto es cada vez más sensible a este problema y constituye nuestro principal aliada.

El tema de las drogas ilegales, al que se dedica este volumen, tiene especial trascendencia, ya que es parte cotidiana de las noticias en el mundo; la representación social de las drogas y la forma en la que son percibidas por la opinión pública son de la mayor importancia en nuestro trabajo preventivo. Debemos evitar que haya un clima de familiaridad y de aceptación social hacia su uso y evitar, al mismo tiempo, estigmatizar y criminalizar al adicto.

Como en otros problemas de salud pública, las medidas de prevención y tratamiento de las adicciones, para ser eficaces, deben estar sustentadas en información científica, confiable y completa sobre la naturaleza, magnitud y características del fenómeno. En este sentido, este documento puede ser de gran utilidad para entender mejor este complejo problema y cómo se presenta en nuestra realidad: sus tendencias; los grupos de la población afectados, la aparición de nuevas drogas, los cambios en las formas de uso y la integración de nuevos grupos a la subcultura del consumo, así como las consecuencias sociales y en la salud.

Disponer de este bagaje de información es fundamental para la toma de decisiones, y responder así a las necesidades de nuestra población, priorizando las acciones y los recursos disponibles de acuerdo con la naturaleza de los problemas; también nos indica el impacto alcanzado por las acciones y cómo reorientar los esfuerzos. Pero esta clase de información requiere de diferentes estrategias metodológicas que permitan conocer la situación en distintas poblaciones y a través del tiempo. Por ello, el reporte incluye tanto las encuestas en los hogares de la población general como en el ámbito escolar, y otros estudios entre los que no se encuentran en los hogares ni en las escuelas, como es el caso de los menores en la calle. Otros aspectos de interés son cubiertos por los trabajos en instituciones de salud, como centros de tratamiento y en las de procuración de justicia, a través de sistemas de registro y reporte de casos.

En la información, destacan los datos de la reciente Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), realizada en 1998, que nos permite analizar las tendencias con los estudios similares realizados en 1988 y 1993. Los datos indican que, si bien la prevalencia global del consumo de drogas en México es aún baja al compararla con otras sociedades, registra incrementos y tendencias preocupantes. La mariguana se mantiene como una de las principales drogas consumidas por distintos grupos de la población. Los disolventesinhalables, drogas utilizadas principalmente por jóvenes, tienden a disminuir su importancia, pero el uso de la cocaína, droga tradicionalmente consumida por grupos reducidos de la población, se ha extendido actualmente a diversos sectores como los jóvenes y los de menos recursos.

Se observa una emergencia de sustancias previamente no utilizadas con fines de intoxicación, como ciertos medicamentos ( el Refractyl Ofteno y el Flunitracepam cuyo nombre comercial es Rohypnol) y, al igual que en otros países, aparecen en el mercado drogas del tipo de la anfetamina (éxtasis o cristal). El uso de heroína, si bien es poco prevalente a nivel nacional, se ha ido incrementando en ciudades de la frontera norte. Estas nuevas tendencias requieren que desarrollemos respuestas específicas en materia de prevención y tratamiento.

Uno de los principales objetivos de este reporte es presentar y analizar información científica sobre lo que sabemos del uso de drogas en México, pero también sobre lo que nos falta por saber; en este sentido, también puede ser de gran utilidad para guiar y reforzar nuestros sistemas de registro y vigilancia epidemiológica y promover la elaboración de investigaciones enfocadas hacia aspectos específicos.

Otro de los propósitos del documento es describir las acciones o respuestas que nuestro país ha ido desarrollando para prevenir y disminuir este complejo problema y que deberá continuar reforzando en el futuro. Destaca el Programa de Prevención y Control de Adicciones de la Secretaría de Salud, que se encuentra entre los programas sustantivos y prioritarios del sector, y cuya operación se está impulsando en los niveles estatales y municipales.

La coordinación con otros sectores públicos y privados en las tareas de reducción de la demanda es labor central de la SSA. En nuestro país contamos con numerosas instituciones y organizaciones públicas y privadas que, de manera activa, desarrollan acciones de la más alta calidad, de investigación, prevención, tratamiento y formación de recursos humanos en el campo de las adicciones. Este esfuerzo conjunto, de sociedad y gobierno, sin duda nos permitirá avanzar en el control de este problema.
Dr. Roberto Tapia Conyer
Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades Pasado y presente de las sustancias adictivas y su control
La presencia y el consumo de sustancias psicotrópicas no es algo nuevo en ninguna sociedad. Por el contrario, su existencia está documentada en la historia de la mayoría de las culturas, con variaciones en los tipos de drogas, los patrones de uso, sus funciones individuales y sociales y las respuestas que las sociedades han ido desarrollando a través del tiempo. Las sustancias psicoactivas eran usadas en la antigüedad dentro de las prácticas sociales integradas a la medicina, la religión y lo ceremonial.

La ambivalencia social hacia las sustancias adictivas encuentra su mejor expresión en el antiguo vocablo griego pharmakon, que significa tanto medicina como veneno, algo que salva o quita la vida.

El uso de sustancias que alteran los estados de conciencia se ha ido presentando desde tiempos inmemoriales de manera diversa y puede ser caracterizado como un consumo ritual/cultural, médico/terapéutico, social/recreacional u ocupacional/funcional. Las formas de uso de drogas pueden fluctuar de acuerdo con numerosos factores individuales y sociales.

Así, los patrones tradicionales de uso fueron desapareciendo a través del tiempo y el contexto y las formas de consumo cambiaron. Las transformaciones y conflictos geopolíticos y económicos, aunados a los intereses y ramificaciones de la producción y distribución internacional de sustancias, contribuyeron a que el consumo fuera adquiriendo un carácter desintegrador. Lo que imprime una especificidad e importancia al tema de las drogas en la actualidad es la forma en que se presentan sus patrones de producción y distribución a nivel mundial, los efectos económicos, sociales y en la salud vinculados a esas sustancias, así como su carácter ilícito, su impacto en las instituciones y la relevancia del tema en la agenda y relación política de los gobiernos. El fenómeno de las drogas ilícitas no puede ser visto fuera del contexto del desarrollo de modelos económicos, tecnológicos, sociales y políticos contemporáneos, de la creciente globalización y sus consecuencias en la comunicación y en la transformación de estilos de vida y valores tradicionales.

Se ha señalado que el consumo de drogas y las políticas han ido cambiando a través del tiempo, en especial en ciertas sociedades como la de Estados Unidos. Las actitudes hacia las sustancias y su demanda son cambiantes y se ven influidas por numerosos factores culturales, económicos y sociales en un país o región; ha esto se agrega la oferta y accesibilidad de las sustancias y el marco de control legal y social que rodea al consumo. La percepción del público hacia distintas sustancias y su mayor o menor rechazo en muchas sociedades, pero no en todas, condiciona la toma de decisiones políticas hacia su control: En otros casos, el proceso es inverso y la política de control tiene como consecuencia el que se busque otras drogas, incluso más dañinas, o que se produzca un rechazo de la sociedad hacia la política. Un ejemplo es la reacción de la sociedad norteamericana a la prohibición del alcohol en este siglo.

La preferencia hacia ciertas drogas presenta una dinámica, así como las respuestas gubernamentales a través del tiempo. Desafortunadamente, éstas han estado guiadas con frecuencia por pugnas morales y políticas en lugar de basarse en el conocimiento científico de los efectos en la salud, los impactos sociales y los riesgos individuales específicos de cada tipo de sustancia. Este conocimiento, puesto al alcance de la sociedad, permitirá que se considere franca y directamente el problema y que se produzcan cambios de conducta duraderos en las personas y grupos; aunque la historia nos señala que el consumo de drogas difícilmente va a desaparecer por completo, se podría así, en el corto plazo, detener su crecimiento y disminuir las graves consecuencias que estamos testimoniando.
Las drogas: uso, abuso, dependencia
La definición de droga propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a todas las sustancias psicoactivas como: "...cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras". Esto incluye el alcohol, el tabaco y los solventes y excluye las sustancias medicinales sin efectos psicoactivos.

Las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el control de drogas no establecen una distinción entre drogas legales o ilegales; sólo señalan el uso como lícito o ilícito. Pero en general se emplea el término droga ilegal o ilícita al hablar de aquellas que están bajo un control internacional, que pueden o no tener un uso médico legítimo, pero que son producidas, traficadas y/o consumidas fuera del marco legal.

El alcohol y el tabaco, en estas organizaciones internacionales, son generalmente mencionados como sustancias más que drogas, debido a que no están sujetas al control político internacional, con lo que se trata de pasar por alto que, además de sus fuertes propiedades adictivas, son las que causan mayores daños a la salud individual y pública en prácticamente todo el mundo. Por otra parte, en algunas poblaciones las drogas médicas usadas fuera de un adecuado control terapéutico son la principal causa de abuso y adicción; los solventes volátiles, aunque no están dentro del mencionado control internacional, son frecuentemente usados con fines de intoxicación por niños en muchos países, como en México.

Las drogas son consumidas para aliviar el dolor, para el tratamiento de una enfermedad, para cambiar el estado de ánimo, para una búsqueda o abandono de la identidad, como un escape, para olvidar o para explorar estados de conciencia y sensaciones. La OMS habla de abuso de drogas cuando se presenta un uso persistente o esporádico excesivo de las drogas fuera de una práctica médica aceptable. Como esto fue considerado como muy ambiguo, se comenzó a remplazar el término abuso con el de uso dañino, que incluye: "un patrón de uso de sustancias psicoactivas que causa daño a la salud (...) física o mental". Sin embargo, dentro del contexto del control internacional de drogas, la OMS utiliza el término abuso para ser consistente con los términos utilizados por las Convenciones, que emplean indistintamente los términos abuso, uso inadecuado o uso ilícito.

El término abuso o uso inadecuado puede tener diversos significados en distintos países de acuerdo con lo que se considera un problema de abuso de drogas en una cultura específica. Además la expresión abuso de drogas no hace una distinción entre los que las consumen de manera ocasional, habitual o presentan dependencia hacia las sustancias. En general, se ha optado por emplear indistintamente los términos usar o consumir; el concepto de abuso incluye un daño a la salud física o mental del consumidor, o se aplica a un patrón de consumo que es frecuente e interfiere con otros aspectos de la vida, o se presenta de manera ocasional en periodos de consumo intenso.

En 1963, la OMS decidió abandonar los términos adicción y habituación, para reemplazarlos por dependencia, entendida como:

Un estado psicológico y a veces también físico resultante de la interacción de un organismo vivo y una droga, caracterizado por respuestas conductuales y de otro tipo que siempre incluyen una compulsión por tomar la droga de manera continua o periódica para experimentar sus efectos psíquicos y, a veces, para eludir el malestar debido a su ausencia. La tolerancia -una disminución de los efectos específicos a la misma dosis de la droga y por lo tanto la necesidad de aumentar la cantidad y/o frecuencia- puede o no estar presente en la dependencia; una persona puede ser dependiente a varias drogas.

En 1992 se pensó que era necesario aclarar más el término y fue modificado por: "un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos de variable intensidad, en el que el uso de drogas psicoactivas tiene una alta prioridad; (...) hay preocupación y deseo de obtener y tomar la droga, por lo que se adoptan conductas para buscarla. Los determinantes y las consecuencias problemáticas de la dependencia a las drogas pueden ser biológicos, psicológicos o sociales y usualmente interactúan".

Las sensaciones provocadas por la droga pueden ser tan necesarias para el cuerpo y la mente, que su ausencia se vuelve intolerable –síndrome de abstinencia o supresión- y lleva a algunos usuarios a extremos para conseguirlas. Los conocimientos científicos no nos permiten predecir quién se volverá adicto y quién no.
Motivaciones e influencias del uso de drogas
La investigación científica ha tratado de identificar los factores que influyen en que algunas personas usen drogas; y se habla de los personales, los interpersonales y los del medio ambiente social y cultural. Pero hay pocas explicaciones sobre por qué la mayoría de los individuos que las prueban después las abandonan, mientras otros las continúan usando. Tampoco hay absoluta certeza sobre los factores que hacen que la mayor parte de la población no las consuma jamás, a pesar de estar igualmente expuesta al estrés social, a la disponibilidad de las sustancias y a otras realidades adversas en su vida personal y colectiva.

Sin embargo, se ha logrado avances importantes en el conocimiento y comprensión del fenómeno, que provienen tanto de la neurobiología y la genética, como de la psicología y otras ciencias sociales y de la conducta. De este modo, hay diversas teorías sobre la relación de los factores biológicos predisponentes que, al establecer contacto con la droga, hacen que algunos individuos sean más susceptibles a desarrollar dependencia. También hay teorías psicológicas que, en concordancia con las recién mencionadas, hablan de una personalidad más vulnerable a desarrollar un vínculo estrecho con las sustancias. Se dice, asimismo, que ciertos rasgos y necesidades personales tienen relación con el tipo de droga consumida o preferida.

En contraste con estas teorías, se encuentran los autores de otras corrientes que ponen el acento en el aprendizaje social y la influencia del grupo donde se mueve el individuo y su integración al mismo. Los estudios sociológicos de la desviación han desarrollado teorías sobre la interacción entre la conducta del consumo y la forma en que otros la clasifican y sancionan.

La investigación muestra que el inicio del uso de drogas a menudo ocurre durante la adolescencia o juventud, periodo de transición caracterizado por el estrés, la ansiedad y la búsqueda de nuevas sensaciones, así como de diferenciación de los adultos. Puede comenzar como una forma de manejar emociones negativas y de respuesta al sentimiento de vivir en un mundo caótico y hostil. Se ha señalado reiteradamente que la presión del grupo de pares, la curiosidad y la pobre integración familiar, son factores que contribuyen al uso de drogas. Asimismo, son mencionados otros factores, como la pobreza, la falta de alternativas y una percepción desesperanzada del futuro.

Otros estudios sugieren que los que están en mayor riesgo de consumo tienen características que los alejan de los valores convencionales, con mayor preocupación por su independencia y autonomía, con una visión sombría de la sociedad en general, poca compatibilidad entre las expectativas familiares y las de su grupo de pares, y que perciben poco apoyo familiar, valorando más el de sus amigos.

Hay acuerdo en que la familia juega un papel importante en estas conductas: las actitudes y patrones de consumo; el tipo y grado de comunicación, respeto y cercanía; la existencia de lineamientos claros y consistentes en las interacciones familiares, de las responsabilidades y atribuciones de cada miembro, contribuyen a aumentar o disminuir los riesgos de consumo del menor. La presencia de una cohesión en la estructura social, familiar y comunitaria, con atención a las necesidades, capacidades y limitaciones de sus miembros, parece contribuir de manera importante a evitar conductas destructivas, violentas, o de transgresión.

Las actitudes y conductas familiares en materia del cuidado de la salud y de la formación de hábitos saludables, así como el manejo de las emociones positivas y negativas, pueden ejercer también una influencia relevante en el niño, tanto hacia evitar el consumo de sustancias como en otros aspectos de su desarrollo.

Otros factores analizados que parecen contribuir a una mayor vulnerabilidad hacia el uso de drogas, son la desintegración y transición, a veces acelerada de las estructuras sociales tradicionales, donde no ha habido el tiempo necesario para remplazar las viejas normas, valores y costumbres por otros, lo que provoca estados de fractura cultural, como en caso de los migrantes. Las teorías generadas en este ámbito también incluyen la alienación y la anomia social, como aspectos que ejercen una influencia.

Un papel cada vez más relevante se concede a los medios masivos de comunicación y a la globalización de la información. Cotidianamente los medios incluyen noticias sobre las drogas, que han creado un falso sentido de familiaridad con el fenómeno y, en ocasiones, una asociación con estilos de vida y valores materiales que pueden propiciar la difusión de imágenes parciales y distorsionadas del problema de las drogas.

Esta publicación ofrece una visión de conjunto, objetiva y actualizada, del uso y abuso de drogas ilegales en México y de las respuestas que el gobierno mexicano ha desarrollado para enfrentar este reto. Su objetivo es divulgar la información de mayor interés que se ha producido en torno a la problemática de las drogas en los últimos años y conocer los principales programas y recursos que se han desarrollado en materia de prevención y tratamiento.

El texto incluye información producida por distintas instituciones y organismos que se caracterizan por elaborar estudios de alta calidad científica. Los estudios y sistemas de información tienen diversas coberturas y estrategias metodológicas, que permiten conocer aspectos distintos del problema, ya que no existe una sola metodología capaz de describir y analizar en forma completa el consumo de drogas en todos los sectores de la población a través del tiempo. Los métodos utilizados en la obtención de información son comparables a nivel internacional y se utiliza indicadores que son considerados por los organismos y la comunidad científica internacionales como los más confiables y adecuados para reflejar el estado del problema.

Con base en la información generada desde hace varios años y a partir del trabajo realizado por diversos sectores públicos y privados, se ha desarrollado una serie de acciones y respuestas con las que México atiende el problema. El Programa de Prevención y Control de Adicciones, como marco normativo para la acción, plasma la visión sobre el problema del Sector Salud. El documento aborda las principales actividades que se realizan en materia de reducción de la demanda de drogas ilegales y plantea, con base en las tendencias emergentes del problema y en las necesidades derivadas, las líneas de trabajo que se debe reforzar y las nuevas acciones que se debe emprender.

Esta publicación está integrada por dos secciones que en su conjunto componen 12 capítulos.

La Sección I se ocupa del Diagnóstico y tendencias del uso de drogas en México, donde se presenta los datos disponibles sobre el consumo de sustancias ilegales y su evolución en distintas poblaciones y a través de diversas estrategias metodológicas. Ls sección está integrada por siete capítulos:

El Capítulo 1 trata de la naturaleza de la información y de las cuestiones metodológicas, así como de las instituciones que en nuestro país están dedicadas a su recopilación y análisis.

El Capítulo 2 describe los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en 1998, donde se presenta la prevalencia de consumo de drogas en nuestro país por grupos de edad y sexo, las principales variaciones regionales y las tendencias observadas entre 1988 y 1998.

El Capítulo 3 ofrece información obtenida en Encuestas en la población estudiantil realizadas durante el periodo de 1976 hasta 1997, que permiten estimar los cambios en el consumo de sustancias entre los jóvenes en las escuelas.

En el Capítulo 4 se proporcionan datos obtenidos por varios Sistemas de Información:

- SISVEA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones),que desde 1991 incluye indicadores continuos del consumo de drogas y problemas asociados provenientes de los registros de instituciones, como los centros de tratamiento.

- SRID (Sistema de Reporte de Información en Drogas), que desde 1987 proporciona información continua sobre consumidores de drogas captados en instituciones de justicia y salud en la ciudad de México.

El Capítulo 5 ofrece información obtenida a través de Estudios en poblaciones especiales, de difícil acceso o de alto riesgo, desarrollados desde 1978 y que incluyen, entre otros, los trabajos sobre menores en las calles.

El Capítulo 6 presenta datos sobre la Situación del consumo en México en el contexto internacional, donde es comparada la información de nuestro país con la de otras sociedades.

Por último, el Capítulo 7 ofrece las conclusiones sobre los principales Desafíos que enfrenta México en el consumo de drogas y las respuestas que en materia de políticas de salud son necesarias.

La Sección II contiene una descripción de Las respuestas de México ante el consumo de drogas, que incluye las políticas de salud que en la materia ha desarrollado este país, así como los principales recursos y acciones implantadas. También presenta los programas e iniciativas de otros sectores, como el educativo. Consta de cinco capítulos:

El Capítulo 1 expone una breve descripción del Marco jurídico-normativo de la reducción de la demanda en México y la responsabilidad del Sector Salud.

En el Capítulo 2 se presenta el Programa de Prevención y Control de Adicciones, sus objetivos y principales estrategias.

El Capítulo 3 está dedicado a las Principales líneas de acción desarrolladas en el ámbito nacional en materia de investigación, prevención, tratamiento, capacitación y normatividad.

El Capítulo 4 plantea los Mecanismos de coordinación y evaluación de las acciones a nivel federal, estatal y local, la participación de otros sectores públicos y privados y la cooperación internacional.

Por último, el Capítulo 5 propone el Desarrollo de nuevos esfuerzos, donde se analiza qué respuestas se deben crear, intensificar y/o ampliar de acuerdo con las necesidades y retos existentes y emergentes.

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Sección I. Diagnóstico y tendencias del uso de drogas en México El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social.

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Artículo de "Cómo se prohibieron las drogas en México"

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Artículo de "Cómo se prohibieron las drogas en México"

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POR HUGO VARGAS

Hace un siglo todas las drogas eran legales. En el tránsito del xix al xx lo que se investigaba eran las propiedades de cada una de las sustancias para mejorar la calidad de la vida; eran utilizadas no sólo como "distractores" o "evasores" sino, y principalmente, como auxiliares en el tratamiento de diversas enfermedades, síndromes y cuadros patológicos.

Antes de la primera guerra mundial en todo el mundo se podían adquirir las más diversas sustancias con una alta calidad. Hasta principios del siglo xx, en el mundo y en México, el consumo de drogas tampoco era castigado, y se veía como un acontecimiento cotidiano, que en el peor de los casos podría considerarse una enfermedad, curable con cierta facilidad, como lo prometían los anuncios que aparecían en la prensa de la época.

"En los ambientes bohemios -dice Pérez Montfort-, en el mundillo artístico y literario, en las altas esferas aristocráticas, en los mandos medios y superiores del ejército revolucionario, entre la tropa rasa, entre profesionistas y clases medias, y no se diga en los cabarets, en las farmacias, en las penitenciarías o en los llamados 'bajos fondos', el consumir zoapatli, toloache, opio, marihuana, codeína, pastillas Houdé, polvos de Dover, morfina 'en jeringas de Parvaz' y hasta heroína en sus más variadas formas era visto como algo propio de la sociedad de su momento."

Sin embargo, ya se dejaban escuchar las voces de alerta y llamadas a la prohibición. En julio de 1919 se anunciaba la formación de un Consejo de Salubridad que preparaba la estrategia para atacar el "vicio de la intoxicación más o menos artística, más o menos vulgar, que está alcanzando entre nosotros un incremento grandísimo, sobre todo entre la juventud de la clase media que ha tomado como un esnobismo fumar opio, marihuana, inyectarse heroína, cocaína y otras sustancias sucedáneas del opio".

La Revolución fue un paréntesis en el fortalecimiento del discurso prohibicionista, pero una vez resuelta la fase armada, al momento de discutirse la Constitución, apareció el tema. Y era abordado con los prejuicios de la época, entre los que figuraba, en primer lugar, "la degeneración de la raza": "es indispensable que las disposiciones dictadas para corregir esta enfermedad de la degeneración de la raza provenida principalmente del alcoholismo y del envenenamiento por sustancias medicinales como el opio, la morfina, el éter, la cocaína, la marihuana, etc., sean dictadas con tal energía, que contrarresten de una manera efectiva, eficaz, el abuso del comercio de estas sustancias tan nocivas a la salud."

Quien sostenía lo anterior era el doctor y general José María Rodríguez, que luego será el presidente del Consejo de Salubridad General, una continuación hasta cierto punto lógica del órgano porfiriano Consejo Superior de Salud. La idea del doctor Rodríguez era adicionar el artículo 73 con las siguientes precisiones: el Consejo de Salud dependerá "directamente" del presidente, sin intervención de ninguna secretaría de Estado; sus disposiciones generales serán obligatorias, y en caso de una epidemia grave o invasión de enfermedades exóticas el Consejo podrá dictar las medidas correspondientes, "a reserva de que después sean sancionadas por el presidente".

En los albores de la legislación prohibicionista las preocupaciones fundamentales eran el alcoholismo y el morfinismo. La marihuana, aunque se mencionaba al pasar, se mantenía al margen cuando se enlistaban las "sustancias peligrosas".

En enero de 1917, algunos años antes que en Estados Unidos, varios diputados, entre los que se encontraban Francisco J. Múgica y David Pastrana, propusieron una ley antialcohólica, para lo cual era preciso reformar la Constitución y prohibir "la fabricación y venta de pulque, lo mismo que la fabricación de alcohol de maguey y de caña de azúcar para la fabricación de bebidas embriagantes, y la de cereales con cualquier objeto que sea. La Federación impedirá la importación de alcohol para la preparación de bebidas embriagantes." También proponían ilegalizar la venta de drogas "que causen la degeneración de la especie", que sólo podrían adquirirse con prescripción médica, y prohibir los juegos de azar, los toros y las peleas de gallos. Hubo mucha oposición a la iniciativa, pues la medida no detendría el consumo de alcohol y se arruinarían muchas zonas económicas y empresas, con la consecuente merma de la hacienda pública. La propuesta fue rechazada por 98 contra 54 votos.

En el mundo se advertían ya los primeros intentos por lograr una legislación internacional sobre el tema. En 1904, promovida por Estados Unidos, se llevó a cabo, en Shangai, una convención sobre el opio, sin resultados concretos. México no asistió. Años después, en 1912, se realizó en La Haya otra convención internacional. En esa ocasión el gobierno de Madero envió un representante a la reunión, que tampoco tuvo mucho éxito debido a la ausencia de Turquía y Austria-Hungría y porque Inglaterra -dice Escohotado- sólo quería hablar de morfina y cocaína, y Alemania protestaba en nombre de sus poderosos laboratorios, alegando que Suiza no estaba presente y aprovecharía las restricciones en su beneficio; Portugal protegía el opio de Macao, y Persia (hoy Irán) sus cultivos ancestrales de amapola; Holanda producía cientos de toneladas de cocaína en Java, y Francia reportaba excelentes ingresos por el consumo de opiáceos en Indochina; Japón, como parte de sus maniobras para invadir China, introducía a ese país morfina, heroína e hipodérmicas; Rusia contaba con una producción de opio nada desdeñable, e Italia se retiró de la reunión luego que fue rechazada su propuesta de incluir el tema del cannabis.

En 1920 los prohibicionistas ponen la mira en la marihuana. Hasta ese momento el cannabis era considerado una planta medicinal, "como lo demuestra -asienta Axayáctl Gutiérrez- su inclusión en la lista de sustancias medicinales del reglamento de farmacias y boticas que estuvo en vigor desde 1892". Pero en una sesión del Consejo de Salud, en enero de 1920, fue propuesto que se añadiera a la marihuana en la lista de sustancias peligrosas: "la marihuana no es una planta medicinal -decía la propuesta- no es medicina. Pero es una de las manías más perniciosas en nuestro pueblo."

No tardaron en manifestarse las consecuencias de la prohibición. Pérez Montfort consigna este testimonio: "El director de la Penitenciaría ha solicitado al gobernador del Distrito Federal que cuanto antes sea relevada la escolta por estar formada por soldados nada escrupulosos de su deber. Estos soldados, al decir del director de dicho establecimiento, se dedican a vender marihuana, alcohol, morfina, coca y demás drogas 'vaciladoras' a los reclusos".

México estaba a la vanguardia en su lucha contra el consumo de cannabis, pues Estados Unidos, el principal impulsor de la ilegalización, se limitaba al opio y la cocaína; la marihuana fue prohibida en Estados Unidos hasta 1937, y uno de los argumentos fue precisamente que los migrantes mexicanos la promovían entre los jóvenes de Estados Unidos. Pero en el país vecino el espíritu prohibicionista se iba fusionando en un amplio y profundo consenso para sacar adelante la ley Volstead -que prohibía la venta y el consumo de alcohol- apoyado por la población rural conservadora, los antiinmigrantes, que querían mejorar la raza, las iglesias protestantes, el feminismo y, por supuesto, los mismos contrabandistas y gángsteres, una de cuyas bandas era dirigida por el padre de los Kennedy. "Esta noche -dijo el senador Volstead, el 17 de enero de 1920-, un minuto después de las doce nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida firmó su acta de defunción. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres, reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno". Además del nacimiento cinematográfico de las bandas gangsteriles, Estados Unidos enfrentó una verdad más desagradable: 10% de los casi 18 mil agentes que combatían el consumo de alcohol fue cesado por delitos como extorsión, robo, falsificación y perjurio; el secretario del Departamento de Estado, A. Fall, y el de Justicia, H. Daugherty, fueron condenados por su complicidad con los contrabandistas; en los trece años de vigencia de la ley, y con datos de Escohotado, casi 50 mil personas fueron sentenciadas por delitos relacionados con el alcohol, 150 mil por multas y detenciones; murieron 30 mil y 100 mil quedaron con lesiones irreversibles de parálisis y ceguera. Como una guerra.

Para quien hubiera querido ver, ahí había una refutación contundente de la idea prohibicionista.

Mientras, en México Álvaro Obregón emitía un decreto importante en junio de 1923: conceder un porcentaje a los denunciantes del tráfico de drogas. Según Gutiérrez Ramos: se otorgaba "50% de las multas o remate público que se obtengan de la delación del tráfico ilícito de drogas heroicas o recompensa de cinco a 100 pesos en los casos en que no se pudiera aplicar multa o remate por la naturaleza de la sustancia confiscada (marihuana, por ejemplo)." En julio Obregón decreta que sólo el gobierno podrá importar opio, morfina, cocaína y heroína. La disposición levantó una polémica y una fuerte oposición en el Legislativo, que argüía que se estimularía el contrabando y se ubicaban en la ilegalidad a quienes se dedicaban a estas actividades en el marco de las reglamentaciones anteriores. La nueva ley, agregaba el Legislativo, promovería la corrupción policiaca y gubernamental.

Plutarco Elías Calles estableció por primera vez, en 1925, la confiscación de bienes de los narcotraficantes, esos nuevos delincuentes. Al año siguiente aparece un nuevo código sanitario que sustituía al porfiriano de 1902. En él se resumen todos los criterios prohibicionistas y se establece la ilegalidad del consumo de todas las sustancias, excepto los alucinógenos prehispánicos. El código establecía también que para atender el problema de salud pública que suponen las adicciones el Departamento de Salud estaba facultado para fundar "establecimientos especiales", que resultaron ser los psiquiátricos ya existentes, o el presidio más cercano. Finalmente, los toxicómanos no tenían remedio: "seres vencidos por la vida -decía un profesor de la facultad de Medicina-, irredentos, mal dotados por la naturaleza, que arrastrando su miseria y su ignorancia, tratan en vano de conseguir lo que todos seguimos: la felicidad, y en su equívoco camino recurren a las drogas enervantes."

Hacia 1930 Estados Unidos había logrado cierto consenso internacional para el combate a las drogas. En ese año la Secretaría de Relaciones Exteriores accede, a petición del gobierno norteamericano, a "ejercer de común acuerdo, una vigilancia más activa sobre el tráfico ilícito de drogas enervantes". En 1931, a instancias de EU, se reunió en Ginebra la "Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de drogas estupefacientes". Aunque en las resoluciones emitidas por la convención -y apoyadas por el representante mexicano- no se incluía la marihuana, de la reunión saldrían las bases definitivas para el discurso y la política prohibicionistas que hoy padecemos. A partir de entonces empiezan a tomar forma los grupos mundiales del narcotráfico.

En México, con la aprobación del nuevo código sanitario nacional y con la firma de los nuevos acuerdos internacionales se desataría otra espiral: el problema policiaco, la corrupción gubernamental y la violencia.

Pérez Montfort asegura que de 35 expedientes de agentes de la policía antinarcóticos escogidos al azar entre 1925 y 1928, doce resultaron cesados de sus puestos por estar vinculados a "individuos sin escrúpulos". "Otro caso también llama la atención: a mediados de 1930 al jefe de la policía de narcóticos, comandante Raúl Camargo, que ocupara el puesto desde 1927, se le comprobaron tal cantidad de delitos relacionados con el tráfico de opio y heroína en diversas locaciones de la ciudad de México, que no hubo manera de sostenerlo en el cargo. Los informes de sus actividades lo hacían aparecer como el máximo 'sostenedor del vicio' en México."

Como ahora, había voces que advertían del error de la ilegalización de las drogas. El doctor Leopoldo Salazar Viniegra, director del Manicomio, señalaba en marzo de 1939: "los toxicómanos son enfermos y no delincuentes y debe tratárseles con la humanidad aconsejada" por la medicina, no sólo "proporcionándoles el tóxico que usan, sino dándoles facilidades para que lo adquieran sin caer en las garras de los traficantes, quienes sí incurren en un muy grave delito explotando las enfermedades de los demás." E insistía: "el peligro para la sociedad no es el vicioso, sino el traficante que prácticamente está al margen de cualquier peligro porque cuenta con autoridades inmorales que lo toleran y hasta lo convierten en su cómplice".

Al final de cuentas se trataba de algo más que la simple ilegalidad. Como escribió Octavio Paz años después, en Corriente alterna , cuando la prohibición alcanzó a los alucinógenos: "Las autoridades no se comportan como si quisieran erradicar un vicio dañino, sino como quien trata de erradicar una disidencia. Como es una forma de disidencia que va extendiéndose más y más la prohibición asume el carácter de una campaña contra un contagio espiritual, contra una . Lo que despliegan las autoridades es opinión : están castigando una herejía, no un crimen". celo ideológico

Una herejía y un crimen que las propias autoridades crearon.

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De cómo se prohibieron las drogas en México | Confabulario | Suplemento cultural

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POR HUGO VARGAS Hace un siglo todas las drogas eran legales. En el tránsito del xix al xx lo que se investigaba eran las propiedades de cada una de las sustancias para mejorar la calidad de la vida; eran utilizadas no sólo como "distractores" o "evasores" sino, y principalmente, como auxiliares en el tratamiento de diversas enfermedades, síndromes y cuadros patológicos.

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Artículo para entender cuando Estados Unidos lleva a cabo el inicio de la "Guerra contra las drogas"

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Artículo para entender cuando Estados Unidos lleva a cabo el inicio de la "Guerra contra las drogas"

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La DEA es una sigla en inglés que casi no necesita explicación para todo aquel que haya vivido en América Latina en las últimas décadas y conozca, de una manera u otra, el fenómeno del narcotráfico. Se trata de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, una de las organizaciones más poderosas y extensas del gobierno, que cumple este 1 de julio 40 años.

Fue creada en 1973 por el entonces presidente Richard Nixon con una misión única: controlar, reprimir y disminuir el suministro, distribución y consumo de narcóticos en EE.UU. mediante la aplicación de estrictas leyes y ahora con la ejecución de complejos y multimillonarios programas conjuntos en los países donde se produce y por donde transita la droga, muchos de estos en el continente americano.

Desde el punto de vista de la agencia y de muchos encargados de la políticas de estupefacientes, la DEA considera que ha logrado muchas de sus metas; reduciendo la producción de drogas en varias regiones, interceptando e incautando inmensos cargamentos ilícitos, desarticulando carteles del narcotráfico y llevando a la justicia o liquidando a los capos del crimen organizado.

Pero los críticos sostienen que la llamada guerra contra las drogas -de la cual la DEA forma parte como una de varias agencias- ha sido un fracaso. Mientras se reconocen algunos aciertos, tras miles de millones de dólares invertidos y decenas de miles de vidas perdidas, el balance es negativo sobre todo para los pueblos de América Latina, dicen.

Aunque los gobiernos regionales continúan colaborando con la agencia, también están revaluando su relación con ésta y, por lo menos, considerando otras alternativas a las estrategias de represión e interdicción que acompañan las leyes draconianas contra el consumo en EE.UU.

Relación con otros gobiernos

La DEA en cifras

PRESUPUESTO: US$2.870 millones en 2012

OFICINAS EN EE.UU.: 226

OFICINAS EN EL EXTERIOR: 85 en 66 países

EMPLEADOS: 10.000 aproximadamente incluyendo 5.000 agentes especiales

COCAÍNA INCAUTADA EN EE.UU.: 680 toneladas (últimos 10 años)

HEROÍNA INCAUTADA EN EE.UU.: 7.510 kilos (últimos 10 años)

MARIHUANA INCAUTADA EN EE.UU.: 4.477 toneladas (últimos 10 años)

VALOR DE INCAUTACIONES: US$ 21.500 millones (en bienes y droga, 2005 - 2012)

Fuente: DEA
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos es la mayor organización mundial en el combate contra los narcóticos y la única institución gubernamental de ese país que se concentra solo en esa tarea que la propia DEA describe como "una guerra total y global contra la amenaza de las drogas".

En 1973 empezó con un presupuesto de menos de US$75 millones pero ahora goza de una inversión del gobierno de federal de más de US$2.000 millones anuales con cientos de oficinas en EE.UU. y el exterior y miles de agentes, investigadores y especialistas.

Su meta declarada es hacer cumplir las leyes del gobierno federal relativas a las sustancias controladas y con respecto a los crímenes y daños sociales relacionados con éstas.

"No es una agencia que tiene la única y exclusiva autoridad sobre un programa o problema de drogas, es un contribuyente más en un esquema común", explicó a BBC Mundo John Walters, exdirector de la Política del Control de Drogas de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, un cargo conocido como "zar antidrogas".

No hay duda que sin no se hace cumplir la ley habría más violencia, habría más consumo de drogas
John Walker, exzar de las drogas de EE.UU.

"La DEA tiene algunas autoridades propias y otras que comparte otras agencias federales como el FBI, el Departamento de Seguridad Interna y la guarda costera. Ha sido muy exitosa en crear una relación de cooperación con las fuerzas del orden en el extranjero de donde proviene el tráfico global hacia Estados Unidos".

En esa cooperación con otros gobiernos es donde las actividades de la DEA han sido más visibles y donde, según John Walters, se han obtenido los mayores éxitos.

El más visible ha sido en Colombia, inicialmente contra los carteles de Medellín y Cali, cuyas estructuras fueron desmanteladas y sus líderes ultimados o encarcelados. Luego vino el Plan Colombia, un costoso y polémico programa de asistencia de la administración de George W. Bush que tenía aspectos militares y de contrainsurgencia, así como de interdicción y erradicación, pero en el cual la DEA participaba en la persecución, detención y extradición de capos, guerrilleros, paramilitares y otros dedicados al narcotráfico.

"Ayudó a cambiar la imagen de Colombia. El gobierno colombiano encabezó los esfuerzos, pero la agencia clave fue la DEA", aseguró John Walters.

Resultados adversos

Varias ONG y centros de análisis sostienen que el plan no logró sus objetivos y, en su lugar, creó una crisis de desplazados y contaminación ambiental. Para Bruce Bagley, director y profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, la definición de éxito de la DEA es muy estrecha.

"Estados Unidos se podrá sentir muy bien con Colombia, pero medir los resultados en términos de la mejoría de relaciones bilaterales es tener la métrica equivocada porque no están considerando el efecto regional. A pesar de sus metas declaradas, la DEA no ha alcanzado ninguna en el sentido más global", expresó Bagley.

El académico señaló a la BBC que la producción y tráfico de drogas no ha disminuido, simplemente ha cambiado de lugar, de la misma manera que sucede cuando uno pisa un neumático inflado; se comprime donde se aplica la presión pero el aire se desplaza hinchando el neumático en otro lado.

Al sacar de circulación a los más débiles o los más mansos, la DEA ha creado una especie de 'supertraficantes'. Los que quedan son los más difíciles de combatir y reprimir y eso implica violencia
Adam Isacson, analista de Seguridad Regional de WOLA

"Este ha sido el error repetido de la política antidrogas de EE.UU. liderada por la DEA en el hemisferio occidental y otras partes del mundo", continuó Bagley, que indicó como la reducción de la producción en Colombia y el cierre de rutas por el Caribe simplemente fueron remplazadas por otros corredores en el Pacífico, nuevas áreas de cultivo y la dispersión de nuevos carteles y crimen organizado en otros países.

Eso es lo que se ha visto en los últimos años en México con quien EE.UU. firmó la Iniciativa Mérida, un acuerdo en el que la DEA participó -como una de muchas agencias- dando entrenamiento y asesoría contra el tráfico y los carteles.

Aunque se logró la captura y extradición de capos importantes y la incautación de grandes cargamentos de droga, se desató una insoportable ola de violencia por organizaciones criminales envalentonadas y una crisis de gobernabilidad por la infiltración y corrupción de las instituciones del estado.

Adam Isacson, analista de seguridad regional de la Oficina en Washington sobre asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) dijo a la BBC que la estrategia no ha logrado hacer mella en el comercio de las drogas ni disminuir el deseo de los estadounidenses o europeos de consumir. Lo que ha garantizado es la supervivencia de las organizaciones más desalmadas.

"Al sacar de circulación a los más débiles o los más mansos, la DEA ha creado una especie de 'supertraficantes'. Los que quedan son los más difíciles de combatir y reprimir y eso implica violencia", afirmó el analista. "También a un altísimo costo en dinero, recursos y vidas de civiles y efectivos de las agencias afines regionales".

Esa violencia es lo que ha obligado al nuevo gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto a revaluar el enfoque de la estrategia y cooperación con EE.UU.

Ariel Moutsatsos, ministro para Asuntos Especiales de la embajada de México en Washington, dijo a la BBC que mientras el gobierno anterior de Felipe Calderón estaba más alineado con el elemento reactivo hacia el narcotráfico, el nuevo enfoque está en atacar las causas del fenómeno.

"Existe en México una nueva aproximación más preventiva, integral y holística", expresó en diplomático. "Buscamos atacar las raíces del crimen organizado que yacen en la debilidad institucional y la DEA está trabajando con México y nosotros con ellos en la capacitación y entrenamiento. La relación es muy fluida, respetuosa y estratégica que se enmarca en la solución de un problema compartido".

Moutsatsos aseguró que ya se están viendo los frutos en la disminución de la violencia en los cinco meses del nuevo gobierno que, comparado con el mismo período del anterior, registró una disminución de homicidios relacionados con el narcotráfico de 18%.

"Buscamos que se continúe con lo que ha venido funcionando y, con lo que no ha estado funcionando, que se enfoque con esta nueva estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos en las comunidades que la perdieron y mantenerla donde todavía existe".

Nuevas alternativas

México no es el único país buscando un cambio de enfoque. Varios gobiernos de la región han propuesto que se discutan alternativas al modelo de prohibición y represión. La Organización de Estados Americanos, OEA, acaba de presentar un estudio en el que aborda los graves problemas de delincuencia, corrupción, violencia y desintegración social generados por la política antidrogas existente y se pregunta si "¿Es tiempo de reforma?"

Muchos países de la región han relajado sus leyes con respecto al consumo y la dosis personal, que no se penaliza. Perú, donde la DEA tiene una larga historia de actividad, es uno de ellos pero no comparte todos los aspectos que sugiere el documento de la OEA.

"Nosotros estamos trabajando de manera abierta y comprensiva en nuestra estrategia internacional pero el Perú tiene una posición muy firme y reiterativa que no apuesta por la legalización. En ese sentido tenemos el panorama bastante claro", indicó a la BBC Alberto Hart, director de asuntos globales de la comisión nacional antidrogas del Perú, Devida.

Cualquier legislador que aborde el tema con nuevas ideas para tratamientos de prevención, educación y rehabilitación primero pierde la cabeza y luego el escaño
Bruce Bagley, director de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami

Otros gobiernos han ido más lejos, como el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que sostiene que la distribución de narcóticos debería ser legal y regulada por un mercado.

A nivel interno, en EE.UU. hay un creciente distanciamiento entre las políticas federales y estatales con respecto a la criminalización de ciertas drogas. 18 estados aprueban la venta de marihuana medicinal y Colorado y el Distrito de Columbia (la capital) han legalizado la distribución de la hierba.

Bruce Bagley estima que más estados se unirán a esa corriente, no tanto por razones de principio sino de economía porque sus cárceles ya no pueden soportar más presos no violentos enviados a cumplir sentencias obligatorias por consumo o distribución de drogas.

"Al fin de cuentas, esta política prohibicionista y punitiva no puede ser sostenida más por los estados que están en crisis fiscal. Tendrán que invertir miles de millones de dólares en nuevas prisiones o soltar 20% de la población carcelaria que, por las sentencias mínimas obligatorias, terminan siendo los asesinos y violadores los que suelten", advirtió.

Pero el ex director de la Política de Control de Drogas de la Casa Blanca John Walters es un acérrimo defensor de las medidas actuales aplicadas por la DEA.

"No hay duda que sin no se hace cumplir la ley habría más violencia, habría más consumo de drogas", subrayó. "La sociedad y la ley deben reprimir algo que es extremadamente destructivo. Si no se hace se deja de ser civilizado y entra a dominar la violencia, la sangre y el terrorismo".

El nuevo zar de las drogas del gobierno de Barack Obama, Gil Kerlikowske, coincide en parte con Walters. Durante un reciente simposio internacional en Austria, Kerlikowske dijo que la legalización no es una "varita mágica" contra el crimen organizado. No obstante, reconoció que construir más cárceles para meter a más consumidores tampoco es la solución.

La máxima autoridad antidrogas de Washington presentó una "tercera vía", basada en tratar la adicción como una enfermedad que puede ser prevenida y tratada. Eso no quiere decir, sin embargo, que la tarea de agencias como la DEA descontinúe. El gobierno de EE.UU. sigue con el firme propósito de controlar el tráfico y desmantelar las organizaciones criminales globales.

La portavoz de la DEA en Washington, Barbara Carreno, explicó a la BBC que la agencia no tiene el poder para legalizar nada que esté contemplado bajo el Acta de Sustancias Controladas. Esa tarea está bajo la responsabilidad del Congreso.

No obstante, no hay voluntad para discutir ni experimentar con alternativas, ni de parte de la Casa Blanca ni del Congreso, manifestó Bruce Bagley. "Cualquier legislador que aborde el tema con nuevas ideas para tratamientos de prevención, educación y rehabilitación primero pierde la cabeza y luego el escaño", concluyó.

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DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas

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La DEA es una sigla en inglés que casi no necesita explicación para todo aquel que haya vivido en América Latina en las últimas décadas y conozca, de una manera u otra, el fenómeno del narcotráfico. Se trata de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, una de las organizaciones más poderosas y extensas del gobierno, que cumple este 1 de julio 40 años.

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Para este último ciclo trataremos, entre otros temas, el problemas de las drogas.
Por lo tanto subiré algunos documentos que seguro les ayudarán a entender el proceso que se ha vivido en el país hasta llegar a la denominada Guerra contra el Narcotráfico.

Saludos.

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Hemos llegando al último ciclo de tu vida académica en la preparatoria, sin duda llevas muchos conocimientos que podrás aplicar en tu vida universitaria y al mismo tiempo estarás razonando si lo que has dejado de hacer ha valido la pena para obtener las notas que necesitas en tu boleta de calificaciones.

El cierre es importante, da un esfuerzo extra a lo que has venido haciendo y consolida tus habilidades; siente la seguridad de las capacidades que tienes y pide ayuda en el momento preciso, no cuando todo esté perdido.

Éxito, confío en tí.

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1. Revisen los conceptos de Estado, Soberanía, Poder etc.. todos revisados en el aula y escritos en tu cuaderno.

2. Gobiernos en Democracia, Totalitarios y Autoritarios (con las características que hicimos en el aula)

3. Y la historia de los partidos políticos mexicanos junto y las características revisadas en el aula.

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Favor de revisar el video.
Realiacen un control escrito de todo lo que observen, les llame la atención, tenga duda y/o afirmen.

Estes reporte vale 100 firmas de acuerdo con toda la información que puedas rescatar.
Saludos.

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Invitación al Museo Memoria y Tolerancia.

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Invitación al Museo Memoria y Tolerancia.

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Hola a todos: les hago una atenta invitación al curso denominado: Feminicidios en México: impunidad y violencia, los sábados 3, 10, 17 y 24 de febrero de 12:30 a 14:30 en el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia.

Ponentes invitados: Irais Tecuatzin Caballero, FridaGuerrera Villalvazo, Luis Reyes

Se otorga constancia de asistencia.
El registro lo realizas en el siguiente link; te espero.

http://www.myt.org.mx/museo/centro-educativo/cursos/2018/febrero/feminicidios-mexico-impunidad-violencia.html

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Lista de equipos con asignación de candidatos Proyecto parcial 3 grupo 6050

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Lista de equipos con asignación de candidatos Proyecto parcial 3 grupo 6050

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Lista de equipos con asignación de candidatos Proyecto parcial 3 grupo 6030

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Lista de equipos con asignación de candidatos Proyecto parcial 3 grupo 6030

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Proyecto 3er Parcial se entrega el jueves 18 de enero 2018

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Proyecto 3er Parcial se entrega el jueves 18 de enero 2018

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Descarga las indicaciones del proyecto.

Imprime la rúbrica.

Cualquier duda la comentas en el aula.

No esperes al último momento, se preventivo y adelanta lo que debes hacer.

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Libro que usaremos para la Unidad III "Sistema Político Mexicano" 

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Libro que usaremos para la Unidad III "Sistema Político Mexicano" 

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Les pido descargar o tener a la mano este documento, para trabajar toda la unidad 3 del Curso.

Saludos.

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Artículo para la primera sesión de la semana 04 a 08 de diciembre.

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Artículo para la primera sesión de la semana 04 a 08 de diciembre.

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Descarga el siguiente artículo y lo revisamos la semana entrante la primera sesión que corresponda.

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Ssociólogos | Blog de Actualidad y Sociología

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Malos tiempos nos toca vivir, si no somos capaces de ser conscientes a donde nos llevan estas elites minoritarias irresponsables y que nos empiezan a recordar a los inicios del capitalismo salvaje del siglo XIX.

El filosofo francés Rousseau sostiene, que la desigualdad social y política no es natural, que no deriva de la voluntad divina y que tampoco es una consecuencia de la desigualdad natural entre los hombres. Su origen es el resultado de la propiedad privada y de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza del mundo y de los beneficios privados que se deriva de esa apropiación.

El neoliberalismo no es tan sólo un conjunto de estrategias de carácter económico, sino que es una doctrina que se conforma como una estrategia global frente a los problemas sociales.

La solución del reparto a favor del gran capital que significa el neoliberalismo, ha sido posible al combinar la política económica y la cultural, la reconversión productiva y la reformulación de los grandes principios en que se habían guiado las sociedades occidentales, basada en los keynesianos desde 1945 a 1980.
¿Cuáles son los principios filosóficos del neoliberalismo?
La filosofía neoliberal se basa en tres grandes principios: a) el individualismo posesivo. b) La desigualdad en la lucha competitiva del hombre por conseguir bienes. c) La sociedad capitalista contemporánea es la sociedad democrática por excelencia.

El neoliberalismo delimita la grandeza del ser humano a la capacidad de generar ingresos monetarios, exacerba el individualismo y la carrera por ganar y poseer. Desata la codicia, la corrupción y la violencia y, al generalizarse en los grupos sociales destruye socialmente la comunidad. Se impone así un orden de valores ,donde priva la libertad individual para acceder al consumo de satisfacciones y placeres.
¿Cuáles son sus principios económicos?

Hay que disminuir la extensión del Estado, para aumentar el protagonismo de la sociedad individual.

La historia ha llegado a su fin y por lo tanto no cabe plantearse la superación de la sociedad capitalista.

El neoliberalismo lleva a la democratización. La realidad es que ha traído una disminución de la democracia.

El mercado resuelve todos los problemas de la sociedad.

La política económica neoliberal es la única posible.

El objetivo principal es subirse al carro de la modernidad.

Hay que desregular para ganar en competencia y eliminar trabas y restricciones a los intercambios comerciales.

El sector privado es el eficiente, las privatizaciones son la solución.

Hay que insertarse en el mundo y asumir que vivimos en una sociedad globalizada.

El capitalismo se basa en la desigualdad social, pero este capitalismo social busca un equilibrio entre riqueza y pobreza

Al terminar la II Guerra Mundial, el capitalismo se encontró con un modelo alternativo que cuestionaba su hegemonía, el comunismo. Esto hizo que desarrollara el llamado capitalismo social, para así poder dar réplica al modelo comunista. La duración de este periodo abarca desde finales de la II Guerra Mundial hasta la década de los ochenta, donde se produce la crisis del modelo comunista y termina con la caída del muro de Berlín.

Este modelo social se basaba en un equilibrio entre las elites dominantes y el mundo del trabajo, donde el papel de los sindicatos era muy importante, como defensores de las clases trabajadoras. Como sabemos, el capitalismo se basa en la desigualdad social, pero este capitalismo social busca un equilibrio entre riqueza y pobreza.

Para mejorar esta desigualdad estaba el papel del Estado, con una función redistribuidora de la riqueza a través de los impuestos, de esta forma se controlaba la desigualdad, y es ahí, donde nace el estado del bienestar o también el llamado " salario social ". De esta manera, el Estado asegura a la población el derecho universal a la educación, sanidad, pensiones... Es decir, el Estado a través de un sistema impositivo progresivo redistribuía entre las capas desfavorecidas la riqueza que se creaba y se garantizaba a toda la población un mínimo estado de bienestar.

Con la desaparición del modelo comunista y al no tener un enemigo que le modere, el capitalismo vuelve a las andadas de sus inicios y empieza a ejercer todo su poder sin ninguna cortapisa como había tenido anteriormente.

Como vemos la economía crece, pero la situación de la mayoría social no ve mejorar su situación en igual medida. Sin embargo, bancos y empresarios cada vez ganan más

El primer paso consistió en domesticar a los sindicatos con el objetivo de empobrecer al mundo del trabajo y quitarles el poder que antes habían adquirido. Así se han permitido hacer reformas laborales como las desarrolladas tanto por PP/PSOE, que han significado unas peores condiciones laborales, menos derechos sociales, despido casi libre y menores salarios.

Veamos algunos datos, en el año 2000, el mundo del trabajo representaba el 55% del PIB del país y el mundo empresarial y financiero suponían el 45 %. En el año 2014, el mundo del trabajo está en el 45% del PIB y el mundo empresarial y financiero en el 55% y con tendencia creciente.

El segundo aspecto sería el llamado " salario social" que era el que garantizaba el Estado. Prácticamente está desapareciendo a gran velocidad con el argumento de que no hay dinero. El Estado no tiene dinero, porque tiene una política fiscal favorecedora de las elites. Los impuestos han dejado de ser progresivos, la defraudación fiscal no se combate, se estimula la economía sumergida. El mensaje que nos venden continuamente es que " hay que bajar los impuestos", pero esto significa menos Estado y menos estado de bienestar y así vemos como las políticas fiscales del PP/PSOE van en esa línea, incluso algún socialista como Zapatero dijo " que bajar los impuestos era ser progresista".

Como vemos, el neoliberalismo nos lleva al desastre económico y social, como ya lo estamos sufriendo en la actualidad. Al no tener un contrapoder y considerarse un modelo único y perpetuo, se irá mostrando cada vez más regresivo y represivo y donde la democracia será un adorno justificativo.

Como vemos la economía crece, pero la situación de la mayoría social no ve mejorar su situación en igual medida. Sin embargo, bancos y empresarios cada vez ganan más.
Artículo de Edmundo Fayanás, en la nueva tribuna

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¿Por qué el neoliberalismo provoca desigualdad?

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Malos tiempos nos toca vivir, si no somos capaces de ser conscientes a donde nos llevan estas elites minoritarias irresponsables y que nos empiezan a recordar a los inicios del capitalismo salvaje del siglo XIX.

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Hola a todos, les hago la invitación al curso "Criminalización de la migración: vulnerabilidad y violencia" que se llevará a cabo en el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, los sábados 02, 09 y 16 de diciembre, a las 12:30.

Se entrega constancia curricular y la entrada es libre.

Te esperamos.

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¿Qué es una devaluación?

Investiga las devaluaciones de México desde 1940 hasta 2017.

Con esa información de las devaluaciones de México realiza una gráfica.

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Temas de tarea, se realiza a mano en su cuaderno.

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Temas de tarea, se realiza a mano en su cuaderno.

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Recuerden realizar los temas e identificar los autores y las características de cada uno, recuerda que lo debemos revisar en el aula:

Liberalismo Económico.

Marxismo.

Estado de Bienestar.

Neoliberalismo.

Además:

Debes realizar la lista de los presidentes de México desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña con los años en los que gobernaron cada uno.

A partir de la página 146 de tu libro identifica el tema "Modelo de crecimiento hacia afuera" y menciona las características de ese modelo.

Después Revisa el tema "El Modelo de crecimiento hacia afuera" Identifica las tres fases que se describe, anota los años en que se lleva a a cabo cada una, escribe el nombre de cada fase y sus característica principal.

Todo es en su cuaderno y a mano.

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Documental de consulta "La doctrina del Shock"

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Documental de consulta "La doctrina del Shock"

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Hola a todos, les pido revisar el siguiente documental y hacer una análisis escrito a mano en su cuaderno.
Los elementos que me interesa revisen son:
Como se aplica el shock médico, y como se hace de forma social.
Cómo nace el Neoliberalismo, de donde viene la parte teórica del mismo, quien es el teórico de este modelo económico, dónde comienza  y qué implica.

Por un trabajo completo y bien argumentado se calificará con 50 firmas.

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La Doctrina del Shock - Naomi Klein Documental Completo

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Acuerdos del grupo para todo el curso del 2017-2018 para todas las materias.

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Acuerdos del grupo para todo el curso del 2017-2018 para todas las materias.

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1. Uniforme completo, todos los días que son indicados.

2. 90% de entrega de tareas.

3. Respeto en clase, y a los profesores en sus explicaciones temáticas.

4. Cero confrontaciones con profesores.

5. Más participativos.

6. Salón ordenado y limpio, siempre.

7. Sin pretextos.

8. Responsabilidad personal.

9. Mejorar promedio para el 2do Parcial. (renovado para los siguientes parciales)

10. Sin celular a menos que se indique para alguna actividad.

11. Cada semana se evaluarán estos rubros, en caso de no respetarse, los viernes tendrán que llevar uniforme completo todo el grupo.

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Conceptos:

Economía.

Sociología.

Ciencia Política.

División de los tres poderes.

Cuadro de la división de los recursos naturales.

Características e indicadores de:

Crecimiento económico, Desarrollo económico y Desarrollo sustentable.

Lleven colores.

Identifiquen las áreas geoeconómicas y el tipo de producción de cada una.

El Estado y los autores que revisamos: Rousseau y demás.

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Invitación al curso en el Museo Memoria y Tolerancia.

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Invitación al curso en el Museo Memoria y Tolerancia.

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Hola a todos,  va la invitación al curso "Desapariciones forzadas: incertidumbre continua" los días 7, 14, 21 y 28 de octubre 2017 de 12:30 a 14:30 en el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia.

Entrada libre.
Registro y más información en el siguiente link.

http://www.myt.org.mx/…/octubr…/desapariciones-forzadas.html

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Aclaración del proyecto en Collage (el que llevarán físicamente al aula)

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Aclaración del proyecto en Collage (el que llevarán físicamente al aula)

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Debido a la situación de emergencia que vivió el país el pasado 19 de septiembre y que ha dejado secuelas, les pido ajustemos fechas para evaluar lo que tenemos pendiente.

El cartel lo entregan junto con la rúbrica el próximo jueves 05-10-2017.

Cualquier duda me comentan en el aula, saludos, excelente tarde.

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La economía mexicana registró un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3% el año pasado, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Una expansión similar a lo alcanzado en el 2014 y que contrasta con 2.6% que se registró en el 2015.

Con el dato final del PIB en el 2016, la tasa quedó en el punto medio del último rango revisado en agosto por Hacienda, que iba de 2 a 2.6 por ciento.

Además, la tasa de crecimiento se ubicó por arriba del consenso del mercado estimado por la consultora FocusEconomics, que al mes de diciembre estaba en 2.1 por ciento.

No obstante, con cifras desestacionalizadas la expansión fue de 2.1%, aclaró el instituto.

El reporte divulgado por el Inegi detalla que en el cuarto trimestre del año, el PIB creció 0.7%, que evidencia una desaceleración respecto de 1.1% que avanzó la economía en el tercer cuarto.

De acuerdo con analistas de Scotiabank, la medición trimestral ajustada por estacionalidad redujo su ritmo, por la caída del sector agropecuario de 0.3%, que contrasta con 3.1% previo y la desaceleración del sector servicios que quedó en 0.8% desde 1.3% del trimestre anterior. Movimientos que no pudieron ser compensados por la mejora marginal de la industria, que pasó de 0.1 a 0.2% entre septiembre y diciembre.

Manufactura y construcción desaceleran

El Inegi detalla que por componentes, las actividades primarias, que incluyen la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales y otros recursos no renovables como el petróleo, registraron una expansión anual de 4.1 por ciento.

En tanto, el sector industrial que forma parte de las actividades secundarias, y representa una tercera parte del PIB total, arrojó un estancamiento anual explicado por la recesión de la industria minera que acumuló más de dos años en contracción.

Joan Domene, analista económico en Invex, explicó que estos datos confirman que persiste una crisis petrolera que mantiene al sector minero en contracción.

Las industrias manufactureras y de la construcción son las únicas que mantienen una tendencia positiva, con un crecimiento anual de 1.3 y 1.8%, respectivamente, que, sin embargo, evidencia una desaceleración respecto de los datos del año previo.

Todavía en el 2015, la industria de la construcción y la de manufacturas alcanzaron un alza anual de 2.5% cada una.

Las industrias representativas de este sector económico son la petroquímica, la producción de cemento y la construcción, los textiles y las bebidas y alimentos.

Servicios, motor andando

El Inegi reporta que en el segmento de las actividades terciarias, donde están todos los servicios, se presentó una ligera desaceleración anual respecto del dato del 2015.

Así, en conjunto, promediaron una expansión de 3.4%, que está ligeramente debajo del dato anual previo de 3.5 por ciento.

De acuerdo con Domene, este dato en particular es positivo, pues se mantiene el sector servicios como el principal motor del crecimiento.

Por componentes, la del comercio avanzó 2.4% anual contra 4.7% que registró en el 2015 también en su tasa a 12 meses.

En tanto, la que respecta a transportes, correos y almacenamientos, alcanzó un incremento de 2.8%, que está debajo de la dinámica anual del 2015, cuando estaba en 4.3 por ciento.

Construcción impulsó crecimiento de la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) creció al menos 4% en el 2016, apoyada en el dinamismo de la industria de la construcción, el comercio y el turismo, dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la presentación del Reporte Económico de la Ciudad de México.

La industria de la construcción creció 14.7%, comparado con una caída de 1.3% que registró a escala nacional. En el caso del comercio, el crecimiento fue 11.5%, frente a una tasa nacional de 4.3 por ciento.

Sobre la expansión el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski explicó que se trata de datos preliminares, que permiten afirmar que la CDMX generó 32% del crecimiento del PIB nacional en el 2016. Ninguna entidad aporta tanto al PIB , agregó el funcionario. A manera de comparación, Nuevo León aportó 2% al crecimiento del PIB nacional.

En la presentación estuvo Luis Robles Miaja, presidente de BBVA Bancomer, quien habló de la contribución de este banco en el sector de la construcción con la edificación de la Torre Bancomer, una prueba de la confianza que hay en el futuro. (Redacción)

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El PIB de México creció 2.3% anual en el 2016

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La economía mexicana registró un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3% el año pasado, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Una expansión similar a lo alcanzado en el 2014 y que contrasta con 2.6% que se registró en el 2015.

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Recomendación México, primer lugar de impunidad en América Latina

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Recomendación México, primer lugar de impunidad en América Latina

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De 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), México ocupa el primer lugar de impunidad en el Continente Americano, revela el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El estudio que analiza y compara la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, posiciona a México en cuarto lugar a nivel mundial con un índice de impunidad de 69.21 puntos.

Los resultados obtenidos indican que los 13 países con muy alta impunidad son Filipinas, con 75.6 puntos; India, con 70.94; Camerún, 69.39; México, con 69.21; Perú, 69.04; Venezuela, 67.24; Brasil, 66.72; Colombia, 66.57; Nicaragua, 66.34; Federación de Rusia, 65.49; Paraguay, 65.38; Honduras, 65.04; y El Salvador con 65.03 puntos.

Aclara que en el caso de Venezuela, se catalogó como un caso atípico por la situación en la que atraviesa actualmente; y que para el informe se tomaron en consideración datos del período 2015-2016.

En contraste, las naciones con el menor índice de impunidad fueron Croacia, con 36.01 puntos; Bulgaria, 37.19; Eslovenia, 37.23; Suecia, 39.15; Noruega, 40.90; Montenegro, 42.13; República Checa, 42.83; Grecia, 44.56; Alemania, 45.10; y Países Bajos con 45.31 puntos.

El primer análisis que presentó la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla fue el de 2015, en el que se analizaron 59 países miembros de la ONU; en esta ocasión la muestra aumentó a 69 naciones; en ese sentido aclara que aunque se utilizó la misma metodología, se debe tener cuidado en comparar ambos estudios ya que la muestra aumentó.

Encabezado por el Rector de la UDALP, Luis Ernesto Derbez, y los coordinadores del IGI, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, el estudio refiere que de nuevo, México ocupa el primer lugar de impunidad a nivel continente, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.
SITUACIÓN EN MÉXICO
El documento alerta las deficiencias en el sistema de justicia pues necesita contar con más jueces para mejorar la impartición de justicia; no así en el sistema de seguridad que alcanza niveles por encima de la media mundial en cuanto al número de policías.

"El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes; México cuenta con 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global". En cuanto a la funcionalidad del sistema de justicia hay deficiencias pues el 43% de la población detenida no ha recibido sentencia.

Por otra parte, la estructura del sistema de seguridad cuenta con 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra por encima del promedio global que es de 319 por cada cien mil habitantes. En ese sentido precisa que en lugar de aumentar el número de policías, se debe garantizar la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación.

"El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad", señala.

Un punto que también destaca son las graves violaciones a los derechos humanos que representan un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan a México.

Referente al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el IGI 2017 indica que éste no genera por sí mismo un aumento en la impunidad, sino que "es generada por los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externo".

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México, primer lugar de impunidad en América

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De 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), México ocupa el primer lugar de impunidad en el Continente Americano, revela el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

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Saludos a todos; les invito el próximo sábado 26 de agosto a la conferencia "Desapariciones forzadas: incertidumbre continua" que tendrá lugar en el Museo Memoria y Tolerancia, a las 12:30.
Ojalá puedas acompañarnos, la entrada es totalmente gratuita.
Te dejo la información en el siguiente link.

http://www.myt.org.mx/museo/centro-educativo/talleres/2017/agosto2017/desapariciones-forzadas-incertidumbre-continua.html

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Proyecto Primer parcial para el 27-09-2017

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Proyecto Primer parcial para el 27-09-2017

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Espero te encuentres bien. Como podrás leer, en este espacio te dejaré las indicaciones y la forma de evaluar el Proyecto del primer parcial, es un Collage Fotográfico, con valor del 20%.

Descarga el archivo, imprime en hojas recicladas y cualquier duda que tengas me comentas en el aula.

Saludos.

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La tarea consiste en investigar los siguientes conceptos; los escribes en tu cuaderno, es a mano, dos fuentes distintas.

Sociología

Ciencia Política

Economía

Saludos.

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Para la materia usaremos un cuaderno exclusivo, en caso de compartir materia solo divídelo por la mitad y listo.

1. Todos los parciales deben tener portada.

2. La hoja detrás de la portada le pondrás de título "Hoja de participaciones"

3. Cada sesión en la que participes debe ir con la fecha del día.

4. Todos tus apuntes y ejercicios son importantes para los exámenes parciales, por lo tanto es es tu guía, no hay otra.

5. Cuida tu cuaderno es la evidencia de tu trabajo, sin él tu calificación bajará considerablemente.

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Hola espero te encuentres bien; como verás estamos iniciando este nuevo ciclo académico y me da mucho gusto poder compartir contigo el aula; este espacio esta diseñado para que te pueda sugerir algunos artículos, películas, documentales, reportajes pertinentes a la materia, así como avisos oficiales, fechas importantes y formatos de entrega de trabajos o proyectos para la materia.

Muchas felicidades, será tu último año en Preparatoria, disfrútalo mucho, cuestiona todo, investiga, atrévete a saber, reflexiona, argumenta; date la oportunidad de conocer otras cosas académicas diferentes; verás que tendremos éxito en esto que emprendemos juntos.

¡Éxito¡