# data[].attributes.body
El artículo periodístico que seleccione, revela datos cuantificables sobre el impacto del COVID-19 en los barrios de capital federal y del conurbano bonaerense.

Marcelo Lobo, habitante de la Villa 31, relata que todo se dificultó con la llegada del virus debido a que ya en la villa existía una emergencia alimentaria (entre otras) que no hizo más que agravarse con el nuevo contexto pandémico.

Además, pone como ejemplo el caso de Villa Azul, lugar que fue foco de gran cantidad de casos.

La nota cuenta que ante el aumento de contagios en el lugar no había respuesta por parte de las autoridades. Los testeos no llegaban y cada vez más personas enfermaban.

El accionar que tuvo la comunidad barrial para enfrentar la problemática, vinculándola con lo que hemos venido leyendo, muestra la clara organización de lxs residentes del barrio, ya que decidieron realizar una protesta cortando la autopista para hacerse ver y escuchar.

Para concluir, la data reflejada por el artículo deja claramente en evidencia la cuestión social que prevalece en los barrios y villas a raíz de la crisis sanitaria, como así también muestra la cruda realidad que las personas que residen allí tienen que enfrentar, con escasos recursos y una ausencia estatal que no hace más que seguir excluyéndolos.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Por: Emiliano Limia

En Argentina existen más de 4 mil asentamientos de emergencia, más conocidos localmente como "villas". Son barrios en los que predomina el hacinamiento, hay deficiencia en servicios básicos como el agua, el sistema cloacal y la electricidad.

Se estima que alrededor de 1.800 de las 4 mil villas se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, muchas de ellas situadas próximas a basurales. Allí residen 2,6 millones de personas, en viviendas precarias, en donde la infraestructura no solo de las viviendas (con techos de lata y casas hechas de restos de basura), sino en general es muy pobre.

Desde el comienzo de la pandemia, diversos especialistas advirtieron que el mayor problema relacionado con la enfermedad COVID-19 en Latinoamérica iba a estar en los barrios de emergencia, en donde viven alrededor de 90 millones de familias en la región. Este fenómeno le da a la pandemia un rasgo que no tuvo en otras partes del mundo.
Ver también: Presidente de Argentina anunciará el jueves cómo será la nueva fase de aislamiento en el país
Hasta el momento, el total de infectados en Argentina es de 18.319, mientras que los fallecidos llegan a 570. Pero el 80% de los contagios se concentra en la Provincia de Buenos Aires: 10.633 en Capital Federal y 6.400 en el resto de la provincia.

En las últimas semanas esta problemática comenzó a manifestarse en las villas de Buenos Aires. De hecho, de los 10.633 casos registrados en la ciudad, 4.189 son en barrios vulnerables, lo que representa el 41% de la cifra total, y se espera que el número siga en ascenso.

La pandemia comenzó a llegar progresivamente primero a las villas de la Capital Federal, donde la densidad poblacional es más elevada que en las villas del conurbano bonaerense. Es decir, allí vive más gente por kilómetro cuadrado y por lo tanto es aún más difícil llevar adelante una política correcta de higiene.

En las últimas semanas, más del 90% de los nuevos casos se registran en estas localidades, y eso se debe a brotes en los barrios más vulnerables.

Según analistas, el virus llegó allí por no existir una estrategia enfocada en este tipo de barrios, donde es muy difícil que se lleven a cabo las recomendaciones sanitarias más básicas, como el lavado de manos y el distanciamiento social.

Pero no solo los contagios se multiplicaron en las villas, sino que los vecinos comenzaron a denunciar que hay falta de comida.

Marcelo Lobo tiene 24 años y vive en la villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Según cuenta, allí se vive con mucho temor ante el coronavirus "porque mucha gente no tiene nada para comer. Nos traen bolsones de comida pero no les llega a todos y tampoco sabemos cuánto nos va a durar. Por suerte nos están llegando muchas donaciones y eso es importante".

"Además de la comida tenemos otros problemas, como la falta de agua y la acumulación de basura. Hace unas semanas era peor, ahora estamos un poco más organizados, con las ayudas ahora está todo un poco mejor", añade Marcelo.
El caso de la Villa Azul
A finales de mayo el coronavirus también llegó a las villas de la provincia. A partir de protestas, empezó a tener mucha repercusión el caso de la llamada Villa Azul, ubicada en medio de las localidades de Quilmes y Avellaneda, en donde viven unas 5 mil personas.

Es una villa que se formó en una hondonada, de donde se extrajo material para hacer la autopista que conecta la Capital Federal con la zona sur bonaerense. Por su naturaleza, la zona tiende a inundarse, y allí es donde se establecieron miles de familias que armaron el barrio de forma improvisada.

Oficialmente hasta este lunes se conocen 271 casos en la Villa Azul. El primero fue en la tercera semana de mayo, cuando los vecinos descubrieron que la persona contagiada no había cumplido con las reglas de la cuarentena y empezaron a reclamar para que se les hicieran pruebas de COVID-19.

Ante la falta de test, realizaron una protesta cortando la mencionada autopista y pidiendo chequeos médicos, y finalmente el pasado fin de semana lograron que comiencen a testear a los vecinos. El domingo 24 de mayo se confirmaron 54 casos; al día siguiente la cifra se elevó a 84, y el martes siguiente ya había ascendido a 145. Más del 50% de los chequeos dio positivo.

El mismo domingo se decidió aislar a la Villa Azul, rodearla con fuerzas de seguridad y controlar los accesos, y este miércoles la villa completó 11 días de aislamiento. Cabe preguntarse entonces si la idea de aislar a uno de estos barrios es positiva, teniendo en cuenta las condiciones en las que viven allí.
Ver también: Argentina empieza a exigir permisos para la movilidad en medio de la pandemia
Un problema adicional es qué sucedería si el caso se replica en otras villas. En la Villa Azul hoy hay más de 300 efectivos policiales por turno. Si el problema se multiplica en otras villas del conurbano, la Policía no dispone de personal para aplicar el mismo protocolo.

Además, ¿cuánto tiempo se puede aislar a la gente de esa manera? Todos los que viven allí están muy expuestos. ¿Cuánto tiempo pueden estar sin provisiones? Hasta el momento, el Estado se encarga de coordinar la entrega de alimentos y agua.

Y al otro lado de la autopista, en otra villa llamada Villa Itatí, donde viven unas 15 mil personas, también empezaron a aparecer casos de coronavirus. Hasta el momento hay 49.

Todo esto se da en el marco de una cuarentena que, al menos en la zona metropolitana, se extiende indefinidamente y en la que las personas en situación de vulnerabilidad son las más afectadas, ya que la mayoría trabaja en la informalidad y son pocos los niños y jóvenes que pueden continuar con sus estudios mediante las clases virtuales.
El impacto de la cuarentena en la economía
En marzo, la actividad económica en el país cayó 9,8%. Teniendo en cuenta que la cuarentena en Argentina comenzó el 20 de marzo, el número es alarmante. Pero no solo afecta al sector privado, sino también a las finanzas del Estado.

Eso está siendo compensado con una fuerte emisión monetaria, que trae expectativas futuras de fuerte devaluación. Por este motivo, el pasado 25 de mayo el Gobierno puso nuevos controles a la compra de divisa extranjera, pero ello a su vez aumenta la brecha cambiaria entre el dólar oficial (70 pesos) y el del mercado negro, llamado "dólar blue" (130 pesos).

Por otro lado, un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) indica que en mayo el 87,7% de las familias en Argentina tenía algún tipo de deuda. Es decir, las familias dejaron de pagar una tarjeta de crédito o préstamo de un banco, algún servicio público o impuesto, la renta del hogar, o contrajeron una deuda con un amigo o familiar, entre otros.

El sitio web de la Agencia Anadolu contiene sólo una parte de las historias de noticias ofrecidas a los suscriptores en el Sistema de Difusión de AA News (HAS), y en forma resumida.

# data[].attributes.attachment_link.title
Barrios marginales, el epicentro del coronavirus en Buenos Aires, con el 41% de los casos

# data[].attributes.attachment_link.description
Por: Emiliano Limia En Argentina existen más de 4 mil asentamientos de emergencia, más conocidos localmente como "villas". Son barrios en los que predomina el hacinamiento, hay deficiencia en servicios básicos como el agua, el sistema cloacal y la electricidad.

# data[].attributes.body
El artículos periodísticos que elegí para la actividad requerida, es el impacto que tuvo los floricultores , preocupado por la parálisis de venta y pérdida de producción.
Cómo futuros trabajadoras y trabajadores sociales, es importante tener una mirada amplia y crítica  , la pandemia nos ha visibilizado aún en profundidad las grandes dificultades que atraviesan los amplios sectores y rubros de diferente índole.
En este sentido tomar registros en la situación que complejiza la pérdida de venta , son muchas las familias dedicadas a la agricultura y que dependen de la actividad. A toda está situación, hay que sumarle la falta de acceso a la tierra propia ,los cambios climáticos , y lo costosos qué son reconstruir los invernaderos.
Si bien no son productores de alimentos esenciales también son productores y se ven seriamente afectados en sus vidas cotidianas y no poder solventar gastos y reponer los diferentes insumos para la producción y la comercialización.
Esta situación de pandemia  sociosanitaria ,trae aparejado vulnerabilidades y desprotección.
Tras los aportes de la ficha  metodológica número 1 , observación registro y crónica de las prácticas de formación profesional ,las autoras Virginia Terzaghi y Claudia Lugano, nos proponen ejes qué direcciones  las miradas en las prácticas de formación. La trama social que los sujetos establecen en sus vidas cotidianas con relación a la satisfacción de sus necesidades.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La producción de flores es una actividad con mucha historia, arraigo, pasión y se la considera gran generadora de mano de obra directa e indirecta por ser intensiva.

Por lo tanto, se trata de un negocio que genera mucho movimiento económico, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en las zonas de La Plata, Escobar, Delta del río Paraná y San Pedro, entre otras.

En el marco de la cuarentena sanitaria por Coronavirus, los floristas se vienen perjudicando notablemente, teniendo en cuenta que se desplomaron las ventas de flores, por lo que directamente se perdió la producción, incluso afectando a toda la cadena de comercialización.

Muchas familias se dedican y dependen de la producción de flores

"Debido a la pandemia mundial por Coronavirus, somos una de las actividades que hoy se encuentran paralizadas por la cuarentena", lamentó Jorge Almirón, floricultor de la zona de Villa Elisa, partido de La Plata, en diálogo con El ABC Rural.

"Si bien no somos productores de alimentos, también somos productores y gente de campo, y nos vemos seriamente afectados económicamente, lógicamente no solo los floristas del cinturón fruti-hortícola platense, sino que la situación se replica en toda la provincia y el país", destacó.

En ese sentido, Almirón recordó que "son muchísimas las familias dedicadas a la floricultura y que dependen de la actividad, y más aún en zonas como la nuestra de gran tradición en la producción de flores".

Asimismo, informó que "particularmente en nuestra zona (La Plata) se producen crisantemos, claveles, rosas, fresias y muchas otras especies con sus diferentes variedades, y cada una con su manera de producirse, con sus enfermedades particulares, tiempos de siembra, crecimiento y cosecha".

Lógicamente, apuntó que " a todo esto hay que sumarle los cambios climáticos que afectan a las flores al igual que a los cultivos extensivos para producción de granos, a veces a favor y otras en contra".

A la espera de poder volver a trabajar con normalidad

En definitiva, el entrevistado dijo que todo ese esfuerzo e inversión que se vino realizando en los últimos meses fue en vano, debido a la pérdida de la producción.

"En este momento el productor que tiene las flores listas para cosecharlas, lamentablemente tiene que tirarlas, al no haber actividad en el mercado y en los diferentes puntos de venta, más allá que según la especie, algunos productores puedan conservarlas algún tiempo más en las cámaras de frío", concluyó.

"Por eso esperamos que la pandemia y la cuarentena transcurra de la mejor manera para nuestro país, y que pronto todos volvamos a trabajar con normalidad, y que la economía se ponga en marcha nuevamente por el bien de todos los argentinos", auguró.

Periodista especializado en Agro de EL ABC RURAL

# data[].attributes.attachment_link.title
Floricultores con parálisis de ventas y pérdida de producción

# data[].attributes.attachment_link.description
La producción de flores es una actividad con mucha historia, arraigo, pasión y se la considera gran generadora de mano de obra directa e indirecta por ser intensiva. Por lo tanto, se trata de un negocio que genera mucho movimiento económico, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en las zonas de La Plata, Escobar, Delta del río Paraná y San Pedro, entre otras.

# data[].attributes.body
El artículo que elegí habla de la necesidad de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comience un plan de vacunación para lxs trabajadorxs populares que trabajan en comedores.

Son alrededor de 70.000 trabjadorxs, en su mayoría mujeres, quienes sostienen los comedores en nuestro país. Ponen el cuerpo en los barrios no solo para resolver algo esencial como lo es el alimento, sino también para hacer seguimiento de personas que están con covid y deben aislarse o brindando apoyo escolar para hacer un acompañamiento en la trayectoria escolar de lxs niñxs.

Si bien son trabajadorxs que ya están reconocidxs como esenciales, es imprescindible que sean vacunadxs, para protegerlxs a ellxs y para evitar que contagien y expandan el virus.

El gobierno de la ciudad aceptó la propuesta y afirma que comenzará un plan de vacunación en cuanto lleguen nuevas dosis, sin embargo, los movimientos sociales no se conforman con promesas e insistirán hasta que sea una realidad concreta. Plantean a su vez, que se deberá hacer un trabajo en conjunto entre el Estado y las organizaciones para poder hacer un padrón completo con todxs lxs trabajadorxs que podrían recibir la vacuna.

Tal como dice De Marinis (2005), “cada vez que aparece la necesidad de “hacer algo” frente a lo que se percibe como “un problema”, las comunidades se ponen en acción: se organizan, presionan al Estado o recurren al mercado, y a veces todo esto a la vez” (p 26). En este caso, las comunidades se organizan para enfrentar ciertas problemáticas en los barrios populares, articulan con el Estado y exigen que se resuelvan sus demandas.

https://www.pagina12.com.ar/343431-vacunacion-de-las-trabajadoras-de-comedores-populares-una-de

# data[].attributes.body
En esta nota periodística que elegí resalta los principales problemas económicos que están sufriendo los barrios de bajos recursos en este contexto de pandemia, que si bien no es de ahora, en estos tiempos aumentó. Aunque fue planteado hace unos años, las necesidades de las comunidades de hoy son la falta de servicios públicos, infraestructura, desnutrición, etc. Incluso durante la pandemia, la comunidad trata de organizarse entre vecinos e instituciones para resolver este problema en la medida de lo posible, o planteando activamente los problemas con el gobierno.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La cola para llenar el táper es larga. Hoy toca fideos con pollo. Mañana habrá lentejas, polenta o arroz. En la villa 22 de Enero, Milda Gladys espera pacientemente, con mascarilla y guardando distancia prudencial, que un soldado llene su fiambrera. "Llega un momento en que ya las cosas no dan para más", dice esta empleada doméstica de 52 años que no puede trabajar por la cuarentena. En la cola está Jorgelina, de 69 años, que llenará tápers para la familia. "Cobro jubilación y tengo que pagar luz y todo; mi hijo no tiene trabajo y mi nuera sólo cobra la asignación por sus tres niños", dice.

La pandemia del hambre llegó a Argentina antes que la sanitaria. De hecho, existe desde mucho antes de que tuviéramos noticias de Wuhan, pero ahora la pobreza se expande casi al mismo ritmo que los contagios en las villas, que ya se han convertido en la principal preocupación de la autoridades argentinas. Ubicada en el municipio de La Matanza, la 22 de Enero es una de las más de 4.000 villas miseria de Argentina, la mayoría de ellas enclavadas en el área metropolitana de Buenos Aires y donde la presencia del Estado es casi inexistente.

No obstante, desde que el presidente Alberto Fernández decretó el 20 de marzo la cuarentena obligatoria, paralizando la actividad productiva y condenando a no tener ingresos al 40% de argentinos que vive de la economía informal, el Gobierno se volcó en ayudas monetarias y alimenticias a la población más vulnerable. También los ayuntamientos o incluso el ejército.

Sin embargo, sanitariamente es harina de otro costal. Viendo la grave situación en España e Italia, la imposición temprana de un confinamiento fue un acierto, como lo demuestra el bajo número de casos en el país, que ayer era de 5.611 y 293 fallecidos. Pero la realidad tercermundista de las villas, eternamente postergadas y en condiciones de hacinamiento, muchas sin agua corriente, con graves problemas de higiene y deficiencias en servicios básicos, hizo que el Gobierno asumiera desde el primer momento que el aislamiento familiar no podría llevarse a cabo, y el propio ministerio de Salud acuñó el término "cuarentena comunitaria".

Estas semanas, los canales de televisión se han hartado de mostrar imágenes de los barrios pobres con mucha gente por las calles -niños incluidos- sin respetar distancias y sin mascarilla. No obstante, hasta hace pocos días las autoridades no se han empezado a preocupar, al constatar que el crecimiento de contagios en las villas se aceleraba con relación al resto de lugares. En la ciudad de Buenos Aires, con medio centenar de asentamientos, los casos de coronavirus en zonas vulnerables ya representan casi la cuarta parte del total, que a su vez es casi la mitad del cómputo global del país.

La capital, con tres millones de habitantes, tiene un estatus equivalente a la autonomía de las provincias argentinas y es la administración que contabiliza con mayor detalle los casos en sus barrios carenciados. La alarma saltó cuando en la céntrica villa 31, la más segura y accesible mediáticamente, se multiplicó la Covid-19 y los vecinos denunciaron que gran parte de su territorio llevaba días sin agua corriente. Y esto sucede en el más cuidado de todos los asentamientos del país, situado en el distrito de Recoleta -uno de los más ricos de Argentina-, donde el Ayuntamiento ha invertido muchos recursos para su urbanización y cuyas calles desinfectan cada día los servicios municipales de limpieza.

En la villa 1-11-14, mucho más peligrosa y dominada por el narcotráfico, también se detectó un aumento exponencial de la enfermedad. Esta misma semana, el Ayuntamiento comenzó a hacer tests casa por casa que, aunque no pueden ser masivos, tratan de reflejar una muestra estadística de la situación. "Los resultados son preocupantes", indicó el propio Fernández cuando la noche del viernes anunció en rueda de prensa una prórroga, más flexible, de la cuarentena. El presidente aseguró que en la 1-11-14 el 60% de las pruebas realizadas dieron positivo.

Casi toda la otra mitad de contagios de Argentina se concentra en la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes y 1.800 asentamientos. Su gobernador, Áxel Kicillof, sentado el viernes junto a Fernández, destacó la "velocidad que tiene el contagio" en estos lugares. "Tenemos que tomar medidas de muchísimo cuidado", añadió. En algunas villas de la provincia bonaerense también se están incrementando los tests, pero sus autoridades sanitarias no ofrecen un número desagregado de los casos aunque aseguran que representan el 5% del total, cifra que se presume muy baja teniendo en cuenta que hay casi dos millares y que la prevención sanitaria es casi nula, más allá de los carteles que recomiendan lavarse las manos, usar mascarilla y guardar distancia.

La situación es "muy mala" y su "impacto es impredecible", reconoce a La Vanguardia una fuente oficial de la provincia. Los habitantes de las villas deben seguir el mismo protocolo si presentan síntomas de coronavirus; es decir, llamar a un número centralizado donde, si es necesario, acude una ambulancia y traslada al posible enfermo de Covid-19 a un hospital. Sin embargo, los residentes en barrios pobres saben que, salvando el hecho de que el personal de las ambulancias se atreviera a internarse en una villa insegura, quizás no podría hacerlo por las estrechas calles, que dificultan el acceso. Por todo ello, es previsible un subregistro de los casos.

"Los que tienen mayores recursos de educación y más resiliencia cumplen la cuarentena, cuidan a sus hijos, pero son los menos", asegura María Iraola, directora de la asociación Manos de La Cava, situada en la villa La Cava de San Isidro, a las afueras de la capital y una de las localidades más ricas de Argentina. "En una casa que tiene una habitación y viven diez personas, que por ahí no tienen ni baño, es mucho más difícil la cuarentena", continúa Iraola. "Entender que tienen que usar barbijo, que tienen que quedarse en su casa... pasas por la cancha de fútbol y hay un montón de personas jugando al fútbol", se lamenta. "Creo que si esto se sigue desarrollando no va a estar bueno, me parece que se va a contagiar mucha más gente", añade.

Cuando este corresponsal visitó en octubre pasado el comedor de Manos de La Cava, servía diariamente platos para 350 personas; ahora entrega 800 raciones. De los 44 millones de argentinos, once millones requieren asistencia alimentaria. Además 1,4 millones de personas viven en situación de hacinamiento y cinco millones lo hacen sin las condiciones necesarias de saneamiento, según datos ofrecidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec).

El ejército argentino ha creado un batallón para cocinar y servir comida en distintas zonas deprimidas, como las tres villas que recorrió esta semana La Vanguardia : 22 de Enero, Puerta de Hierro y Palito, situadas en La Matanza, que colinda con la capital argentina y que, con casi dos millones de habitantes, es el municipio bonaerense más poblado. Los camiones militares son recibidos con aplausos, mientras parroquias y oenegés allanan el terreno, identificando a los más vulnerables. Si no fuera por la Iglesia católica, por los llamados curas villeros que llevan años pisando las polvorientas calles o por las asociaciones, la pandemia del hambre sería mucho más dramática.

"La gente la va sobrellevando gracias a la comida que se le puede dar día a día", cuenta Miguel Ángel Rubio, que hace dos décadas que colabora con la parroquia San José, a cargo de varias villas de La Matanza. Al frente está el sacerdote Nicolás Angelotti, a quien todos llaman el Tano , que ha habilitado un espacio donde 35 ancianos vulnerables pasan la cuarentena o está levantando un centro provisional de atención sanitaria primaria.

El Tano gestiona varios comedores como el de Puerta de Hierro, donde su responsable, Karina Haedo, confirma que la demanda de comida caliente se ha "triplicado". Los tápers, cada uno con su nombre, se amontonan en una mesa a la espera de ser llenados y repartidos, pues ahora nadie puede entrar en el merendero.

Conocida como el supermercado del paco (pasta base de la cocaína), Puerta de Hierro tiene fama de ser una de las villas más peligrosas del país. Por sus pasillos estrechos no caben las ambulancias. El comedor está junto a una capilla que antes fue un búnker de venta de droga. En frente, en una pista de fútbol, los chicos le dan a la pelota como si el virus fuera invisible.

# data[].attributes.attachment_link.title
La pandemia llega a las villas miseria de Argentina

# data[].attributes.attachment_link.description
La cola para llenar el táper es larga. Hoy toca fideos con pollo. Mañana habrá lentejas, polenta o arroz. En la villa 22 de Enero, Milda Gladys espera pacientemente, con mascarilla y guardando distancia prudencial, que un soldado llene su fiambrera.

# data[].attributes.body
Hola! Paso a dejar mi aporte.
El artículo periódico donde elegí habla sobre las personas que perdieron su trabajo y la pandemia (por así decirlo) los dejo viviendo en la calle.
La detención de obras donde trabajan 800 personas como cuenta Juan el protagonista del articula , el cierre de comercios, y así el cierredistintos lugares donde proporcionaban trabajo a personas  quienes podían llegar a fin de mes y pagar un lugar donde vivir cotidianamente, con la llegada de la pandemia cerraron, dejando sin trabajo a muchísimas personas, quienes luego como consecuencia dejan el lugar donde viven, para poder sobrevivir.
La nueva transformación social que sufre la sociedad a raíz de muchísimas personas sin trabajo, en una nueva cuestión social para la Argentina en la situación de pandemia.
https://www.clarin.com/ciudades/trabajo-vivir-coronavirus-dejo-calle-historias-noche-helada-plena-pandemia_0_mOKyhmoYR.html

# data[].attributes.body
Elegí este articulo periodístico para que se pueda observar, como es la realidad de los barrios populares en Argentina y como se pone peor en este contexto de pandemia. En la nota se habla de como el virus llego hasta esos barrios por no haber una estrategia enfocada hacia ellos. Además el problema no solo esta en el virus, si no también en la falta de comida y agua, como también la falta de artículos pare una buena higiene, esta nota nos muestra que no hay un Estado presente que les brinde los recursos básicos y necesarios para sobrevivir y más en este plano pandémico. Las mismas personas de la “villa” se unieron comunitariamente para quejarse sobre la negación de los test y así lograron conseguir que a ellos también se le realizaran dicho test. La unión de personas logra un cambio.
https://www.aa.com.tr/es/mundo/barrios-marginales-el-epicentro-del-coronavirus-en-buenos-aires-con-el-41-de-los-casos/1864367

# data[].attributes.body
Elegí esta nota periodística, ya que se expresa muy bien lo que está sucediendo en los barrios populares. Se refleja la pobreza, vulnerabilidad y exclusión de los sectores populares. A partir de la cuarentena, la situación de emergencia alimentaria se profundiza, y también se profundizan las desigualdades. En una crisis sanitaria diversos elementos repercuten en la salud de la población, como el acceso a insumos de higiene y protección, la vivienda y la alimentación. En los comedores, la mayoría de las veces la comida que se le entrega a los chicos que están en pleno crecimiento, no son suficientes para el desarrollo del niño, los alimentos no son los adecuados, el Estado tendría que proveer los alimentos saludables y de calidad nutricional para que los chicos se alimenten apropiadamente. Se calcula que antes de la pandemia había menos gente que acudía a los comedores y ahora se multiplicó, las personas están sin trabajo y se les hace imposible mantener a sus familias. Las familias que viven hacinadas en pequeñas viviendas, están sufriendo muchísimo esta realidad. La gente tiene que salir de sus casas a buscar comida, tienen que hacer filas y caminar hasta un comedero para recibir un plato de comida mientras hay una pandemia, las personas de los barrios más carenciados están descubiertas y desprotegidas, es decir, la gente se ve obligada a romper la cuarentena para poder buscar un plato de comida. Los trabajadores salen a las calles a manifestarse, el hambre le gana, al miedo de contagiarse. En resumen, la solución está en manos del Estado.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa. A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo. Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse. Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos. En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.

Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas. Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital. Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable. Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.

Los barrios populares . Con un click en el link, se accede al mapa de la pobreza estructural en la Argentina

Refuerzo alimentario

"Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media", señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable. "Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos". En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.

Para Menéndez "es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos".

El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.

Sábado al medioda, en un comedor de Barrios de Pie. Foto de la organización

Hoteles y hospitales

"Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos", contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. "Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas".

Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento. Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que "en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene".

El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local. También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque --paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis-- Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.

La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus. Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.

Un trabajo típico de Moreno es el de los vendedores de plantas, que se abastecen en los viveros locales y viajan 50, 60 y hasta 80 kilómetros por día buscando ventas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció obras de mejoramiento en los barrios para evitar los desplazamientos. Foto: Bernardino Avila

Donde falta el agua

La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. "Los barrios son un mundo aparte", indica. "Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir", dice a Página/12. A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.

Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas. "En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse".

Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. "Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir".

Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales

El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses. En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.

El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo. La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.

El programa de trabajo local

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, adelantó que se preparan políticas específicas para un universo de alrededor de un millón de personas en el país.

El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.

Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.

El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.

La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.

El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.

# data[].attributes.attachment_link.title
La cuarentena en los barrios populares | Vivir aislado en medio de la precariedad

# data[].attributes.attachment_link.description
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa.

# data[].attributes.body
Elegí un artículo periodístico que menciona la cantidad de asentamientos en la periferia de La Plata y cómo se acrecentó el número durante la pandemia, podemos verlo en un video también.
Mientras las expresiones de la cuestión social se ven acrecentadas en este contexto pandémico, las respuestas comunitarias como estrategias ante la necesidad de un techo donde vivir radican en la toma de territorios. Además, el artículo destaca la respuesta represiva del Estado expresada en los desalojos, por ejemplo en Los Hornos.
https://www.laizquierdadiario.com/Crisis-habitacional-en-el-Gran-La-Plata-200-mil-personas-viven-en-asentamientos

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Crisis habitacional en el Gran La Plata: 200 mil personas viven en asentamientos - YouTube

El Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) publicó los resultados de un informe sobre la situación de los asentamientos del Gran La Plata. El trabajo realizado en 2020, da cuenta de un total de 260 asentamientos ubicados en las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada.

De estos 260 asentamientos, se reconocen 20 asentamientos nuevos que se pusieron en pie durante la pandemia. Esto se debe a la situación de miles de familias que se quedaron sin ingresos tras el aislamiento obligatorio y se vieron imposibilitadas a seguir pagando alquileres, lo que llevó a que se extiendan las tomas de tierra y los asentamientos.

El informe detalla que el 81% de los asentamientos se encuentra en la ciudad de La Plata, mientras que Berisso concentra el 11% y Ensenada el 8%. En la gran mayoría no hay acceso formal al agua, al gas o a la energía eléctrica. Se estima que son 50 mil familias y más de 18 mil niñes quienes viven en estas condiciones.

La respuesta del gobierno Provincial de Axel Kicillof ante la falta de vivienda pudo verse en vivo y en directo el año pasado, cuando las topadoras desalojaron violentamente a las familias que pedían un pedazo de tierra en Guernica. El gobierno del Frente de Todos defendió los intereses de los privados que querían construir una cancha de golf, contra la necesidad urgente de cientos de familias sin techo.

En la región, el intendente de La Plata Julio Garro (JxC), no se quedó atrás y pidió en reiteradas oportunidades el desalojo de las más de 2000 familias que recuperaron tierras fiscales en el expredio del club de Planeadores del barrio de Los Hornos.

La respuesta represiva se repite, pero no detiene un problema estructural que es la falta de acceso a la vivienda digna. Un derecho negado por todos los gobiernos.

# data[].attributes.attachment_link.title
Crisis habitacional en el Gran La Plata: 200 mil personas viven en asentamientos

# data[].attributes.attachment_link.description
Crisis habitacional en el Gran La Plata: 200 mil personas viven en asentamientos - YouTube El Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) publicó los resultados de un informe sobre la situación de los asentamientos del Gran La Plata.

# data[].attributes.body
Elegí este artículo periodístico porque relata la historia de Olloa, una trabajadora del Barrio 31 que falleció debido al Covid-19 y me pareció interesante analizar su situación junto con el contexto de pandemia y los procesos comunitarios que hemos estudiado.

Olga tenía 51 años, era cocinera del merendero “Juana Azurduy” de la localidad de Retiro, en el barrio ya mencionado, además formaba parte de una organización llamada Somos Barrios de Pie, junto con sus dos hijas . El fallecimiento de Olloa estuvo acompañado por la muerte de otres compañeres de distintas organizaciones barriales.

Ante las doloras secuencias vividas por los integrantes de diversas organizaciones, entre ellas se destacan La Poderosa, Estrella de Belén, entre otras, se reclama al gobierno porteño el reconocimiento del rol de les promotores barriales, de les cocineros de los merenderos, de los responsables de intervenciones culturales, a su vez que se les reconozca como trabajadores esenciales y se les vacune.

Aquí se expresa claramente la cuestión social de los barrios populares, que ante las circunstancias del contexto se organizan para sobrellevarlo en la medida de lo posible, ya sea desde los centros comunales y los espacios recreativos de los mismos, como buscando las formas de visibilizar al Estado la necesidad de una política que les asegure el sostenimiento de dichos espacios y cuidar a quienes contribuyen al proceso.

Hoy, aún los trabajos desarrollados en las comunidades barriales no cuentan con el reconocimiento necesario que los describiría como “esenciales” dentro de las políticas de salud que vacunan a aquellas personas que consideran dentro de las prioridades.
Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/murio-de-covid-la-cocinera-de-un-merendero-del-barrio-31-de-retiro

# data[].attributes.body
Hola a todes! La noticia que escogí habla sobre el aumento desmedido que viene realizándose en los medicamentos desde años anteriores, sin embargo durante  la pandemia de covid-19 este incremento fue aun mayor. El aumento fue por encima de la inflación, principalmente en los medicamentos de venta libre.
También se dice que a diferencia de años anteriores el aumento además alcanzo a los medicamentos pediátricos y a los anticonceptivos pues en la pandemia subió el consumo del ultimo.
A raíz de esto se pueden ver reflejadas diferentes problemáticas, se plantea que no existe una canasta básica de medicamentos, ni una regulación la cual controle el uso del nombre genérico de los mismos posibilitándole a los farmacéuticos ofrecerlos a un menor costo. Se nombra que se informo a diferentes organismos oficiales pero que no se habría dado una respuesta.
Todo lo antes mencionado no solo evidencia que se perjudica a las personas que poseen menores ingresos económicos dejándolos fuera o dificultándoles el alcance de los medicamentos sino que, a mi parecer, esto podría traer repercusiones al ámbito sanitario aumentando la emergencia pues aquellas personas que no puedan acceder a cierta medicación para solucionar una simple fiebre o dermatitis y/o posean enfermedades crónicas necesitaran acercarse a la institución poniéndose en riesgo.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Tal como ocurrió en 2020, el precio de los medicamentos volvió a aumentar por encima de la inflación en el primer trimestre de 2021. Los remedios más recetados y más pedidos en las farmacias subieron en promedio un 13.7% más que el IPC (índice de inflación general) en la comparación interanual. En el marco de la pandemia y con menos consultas médicas, subieron también la venta y los precios de los productos de venta libre.

Así, según relevamientos del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), aumentaron un 61.89% los precios de los medicamentos más comercializados en los primeros tres meses del año, mientras el IPC aumentó un 48 2% en el mismo período.

"Tomamos los más usados porque es la incidencia real tanto en el bolsillo como en las finanzas de las obras sociales y prepagas: un problema que se está dando ahora es que ven que les está aumentando lo que pagan en medicamentos. Lo que venimos observando en forma periódica desde 2018 es que ahí empiezan a aumentar los medicamentos; luego en 2019 aumentaron muchísimo -llegaron a duplicar a la inflación-, en 2020 el nuevo Gobierno acordó con los laboratorios de forma verbal que no iban a aumentar por encima de la inflación, lo aceptaron los primeros meses pero a partir de junio 2020 otra vez subieron", relató Rubén Sajem, director de Ceprofar, en diálogo con Tiempo. Y agregó: "Termina 2020 con los medicamentos más usados aumentando 10% por encima del IPC. O sea que ahí ya habían acumulado aumento y este trimestre, otra vez. Es una tendencia que no se revierte, evidentemente falta una regulación".

Una caja de Ibuprofeno de 10 comprimidos, por caso, costaba $187 en enero del año pasado, $283 en diciembre y $324 en marzo último. Una caja de Clonazepam de 1 miligramo de 60 comprimidos valía $555 a principios de 2020, $757 a finales de ese año y $878 en marzo. "Cuando aumentan los precios, la gente no puede acceder. Ya pasó en 2019", recordó Sajem, y advirtió que "hay mucha diferencia entre marcas y se insta a los médicos a incluir marcas en las recetas, que son las que más se venden y más aumentan. Ahí hay una falta de controlar la prescripción por nombre genérico, que es lo que tienen que hacer los médicos. Eso nos daría (a los farmacéuticos) la libertad de ofrecer el medicamento más económico". De hecho, el informe reflejó diferencias de precios de hasta el 300% entre las distintas marcas de un mismo medicamento.

En el marco de la pandemia de coronavirus -y ahora con los hospitales al borde del colapso, ante el avance de la segunda ola- se incluyeron este año en el relevamiento los medicamentos de venta libre. "Porque a pesar de las teleconsultas y las receta médicas digitales, mucha gente recurre a los medicamentos de venta libre. Aumentaron mucho la venta y el precio, algunos hasta un 30% en el primer trimestre. Eso es un efecto de la pandemia", definió Sajem.

También se incorporaron a la medición, a diferencia de las anteriores, los medicamentos pediátricos más utilizados. "Es por una cuestión de sensibilidad social: las últimas mediciones de pobreza dieron que entre 6-7 de cada 10 niños son pobres, entonces nos parece una falta de sensibilidad social que un laboratorio aumente por encima de la inflación productos de mucho uso como los que son para dermatitis del pañal o para bajar la fiebre. Hay una falta de consideración hacia la gente que no lo puede pagar".

Sajem cuestionó que "no hay ningún tipo de canasta de medicamentos, como sí hay de alimentos". Y señaló que "lo mismo pasa con los anticonceptivos: aumentó el uso en pandemia y vemos que no hay competencia entre marcas y los precios siguen aumentando".

El informe fue entregado a organismos oficiales como la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Salud, a la espera de medidas que ayuden a paliar este incremento y garanticen el acceso a la medicación más demandada.

# data[].attributes.attachment_link.title
En plena pandemia, el precio de los medicamentos más usados subió un 13.7% más que la inflación

# data[].attributes.attachment_link.description
"Es una tendencia que no se revierte, evidentemente falta una regulación", advirtió el Centro de Profesionales Farmacéuticos. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus y con menos controles en los consultorios, fuerte suba de venta y precios de remedios de venta libre.

# data[].attributes.body
Opte por este artículo debido a que, a mi parecer, refleja una de las principales maneras en las cuales impacta día a día la pandemia, las cuales son sobre los ingresos y los empleos en relación a la inflación de los alimentos. Aquí se pueden ver a quienes conforman, según Bauman, parte del comunitarismo, debido a que son personas que requieren de los lazos comunitarios porque dependen de ellos para subsistir.  Asimismo, ante esta situación si bien el estado aumenta el precio de los alimento y de los servicios también modero la canasta básica, permitiendo que la situación no fuera para peor. Además, de medidas como la asistencia alimentaria y el I.F.E.
Por otro lado, las personas que pertenecen a este grupo social, son victimas del desequilibrio que se genera entre la libertad y la seguridad, plantea Bauman. Ya que pagan el precio de la seguridad en la comunidad restringiendo su libertad individual, al tener que recurrir por ejemplo a un comedor a abastecerse de alimento en vez de su casa,  porque allí no posee los recursos necesarios para sustentar una buena alimentación.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/333029-aumento-la-pobreza-con-el-impacto-de-la-pandemia

# data[].attributes.body
Elegí esta nota periodística, ya que se expresa muy bien lo que está sucediendo en los barrios populares. Se refleja la pobreza, vulnerabilidad y exclusión de los sectores populares. A partir de la cuarentena, la situación de emergencia alimentaria se profundiza, y también se profundizan las desigualdades. En una crisis sanitaria diversos elementos repercuten en la salud de la población, como el acceso a insumos de higiene y protección, la vivienda y la alimentación. En los comedores, la mayoría de las veces la comida que se le entrega a los chicos que están en pleno crecimiento, no son suficientes para el desarrollo del niño, los alimentos no son los adecuados, el Estado tendría que proveer los alimentos saludables y de calidad nutricional para que los chicos se alimenten apropiadamente. Se calcula que antes de la pandemia había menos gente que acudía a los comedores y ahora se multiplicó, las personas están sin trabajo y se les hace imposible mantener a sus familias. Las familias que viven hacinadas en pequeñas viviendas, están sufriendo muchísimo esta realidad. La gente tiene que salir de sus casas a buscar comida, tienen que hacer filas y caminar hasta un comedero para recibir un plato de comida mientras hay una pandemia, las personas de los barrios más carenciados están descubiertas y desprotegidas, es decir, la gente se ve obligada a romper la cuarentena para poder buscar un plato de comida. Los trabajadores salen a las calles a manifestarse, el hambre le gana, al miedo de contagiarse. En resumen, la solución está en manos del Estado.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa. A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo. Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse. Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos. En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.

Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas. Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital. Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable. Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.

Los barrios populares . Con un click en el link, se accede al mapa de la pobreza estructural en la Argentina

Refuerzo alimentario

"Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media", señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable. "Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos". En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.

Para Menéndez "es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos".

El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.

Sábado al medioda, en un comedor de Barrios de Pie. Foto de la organización

Hoteles y hospitales

"Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos", contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. "Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas".

Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento. Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que "en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene".

El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local. También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque --paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis-- Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.

La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus. Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.

Un trabajo típico de Moreno es el de los vendedores de plantas, que se abastecen en los viveros locales y viajan 50, 60 y hasta 80 kilómetros por día buscando ventas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció obras de mejoramiento en los barrios para evitar los desplazamientos. Foto: Bernardino Avila

Donde falta el agua

La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. "Los barrios son un mundo aparte", indica. "Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir", dice a Página/12. A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.

Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas. "En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse".

Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. "Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir".

Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales

El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses. En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.

El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo. La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.

El programa de trabajo local

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, adelantó que se preparan políticas específicas para un universo de alrededor de un millón de personas en el país.

El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.

Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.

El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.

La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.

El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.

# data[].attributes.attachment_link.title
La cuarentena en los barrios populares | Vivir aislado en medio de la precariedad

# data[].attributes.attachment_link.description
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa.

# data[].attributes.body
El articulo hace referencia a las consecuencias de la pandemia y de las medidas de prevención contra el covid-19 que implemento el estado. En este sentido, es claro que los cuidados no son los mismos en los barrios bien parados económicamente y los barrios populares de Argentina. ¿Cómo podemos prevenir los contagios a través de la higiene si apenas se obtiene para comer?  “Los sectores vulnerables antes de pensar cómo comparten tiempo de calidad con sus hijos tienen la premura de cómo van a acceder a los alimentos o cómo van a pagar sus cuentas” se relata en el articulo.

Se aplicaron medidas tales como el IFE o la asistencia alimentaria a comedores escolares a través del Ministerio de Desarrollo social pero aun asi son insuficientes: la demanda de alimentos pasó de 8 millones a 11 millones de personas desde que comenzó el aislamiento. Además, las ollas populares se triplicaron debido también a la alta demanda. En cuanto a esto, en el barrio se organizan tanto en las parroquias, los comedores, las ollas etc. para que no se amontone gente, también se hizo una campaña de concientización entre vecinxs quienes comprendieron totalmente las medidas que había que tomar para prevenir el virus.

Para finalizar, el articulo hace cuenta de que la desigualdad mas grande es la educativa: “hay una parte de los niños, adolescentes y jóvenes que están en las aulas a través de clases virtuales, pero muchos otros no”.  Referido a esto, debido al retroceso de fase en 2021 desde el gobierno se lanzó un nuevo envió de computadoras pertenecientes al plan Conectar Igualdad.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El trabajo de los voluntarios y las organizaciones que gestionan comedores y parroquias se convirtió en un gran sostén. ¿Cómo intentan mantener el aislamiento? ¿Quién les garantiza comida? ¿De qué manera siguen estudiando los niños y niñas?

En los más de 4400 barrios populares de la Argentina, los vecinos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para permanecer en sus casas las últimas tres semanas. Muchos de ellos viven en condiciones de hacinamiento, no cuentan con servicios básicos y no tienen ahorros.

A la vulnerabilidad socioeconómica, se le suma la ansiedad y la preocupación por su salud. Muchos no pueden distraerse navegando por la web porque no tienen Internet, a los niños y niñas se les complica hacer la tarea y el delivery no llega a sus casas.

Todos tendremos que adaptarnos a una nueva forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Pero algunas comunidades tendrán que afrontar un costo mayor y eso es consecuencia de la desigualdad.

Ante esta coyuntura, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reforzó la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios: la demanda de alimentos pasó de 8 millones a 11 millones de personas desde que comenzó el aislamiento. Además, se impulsaron medidas para garantizarles ingresos de los más vulnerables.

Esas medidas son un alivio, pero por si solas resultan insuficientes. "Hay que valorar ciertos trabajos que el mercado no valora: sin las organizaciones sociales de base, la comida no hubiese llegado a muchos lugares. Ahí estamos armando canastos de comida, incorporando carne y verdura. Compramos muchos alimentos con fondos de muchos donantes privados. Si el mundo se unió contra el virus, se puede unir también contra la pobreza", enfatiza Martín Ferreira, presidente de la asociación civil SonRisas, ubicada en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Respecto a las medidas, la investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), Ianina Tuñon, considera que es muy importante pensar en el día después al aislamiento social. Dice: "Los datos de pobreza que se publicaron la semana pasada ya quedaron viejos. Estamos en una Argentina más pobre, mucho más desigual y con un futuro inmediato muy incierto".

Sobrevivir al aislamiento en villas y asentamientos porteños

Una de las primeras medidas que adoptó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad en barrios populares para prevenir el coronavirus fue hacer una campaña de información.

A partir de la tercera semana de marzo se repartieron folletos modalidad "bajo puerta" (para evitar contacto entre las personas) con información sobre el virus y su prevención. A través de grupos de WhatsApp, a cargo de los referentes de cooperativas barriales y las juntas vecinales, se les informó a todos los vecinos cómo prevenir el contagio.

Mensajes de concientización através de altoparlantes en la Villa 31.

En estos días, en la Villa 31, en Retiro, se pueden ver pasacalles con mensajes de concientización y los ruidos habituales fueron reemplazados por el de promotores que informan con altoparlantes las medidas de prevención.

Las plazas y canchas deportivas están vacías. Gran parte de los comercios están cerrados y los almacenes, verdulerías y carnicerías abren hasta media tarde. Pero el Gobierno le pidió a las cooperativas que realizan el servicio de limpieza en el barrio que continuaran con sus tareas, entendiendo que son fundamentales para prevenir el coronavirus y también el dengue.

"Estamos viendo que muchos vecinos reconocen el trabajo de las cooperativas en las redes y también en persona, por ejemplo, dejándoles mensajes de apoyo junto a las bolsas de residuos", dicen desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

La Villa 31 es uno de los principales asentamientos informales de la Ciudad. Ahí viven más de 40.000 personas.

"Se tomó conciencia de que hay que quedarse en casa para cuidarse uno y a los demás, pero también enfrentamos la cuestión económica, que nos afecta mucho", dice Carmen Villafañe, vecina y colaboradora de la Fundación El Pobre de Asís. Y agrega: "En el barrio, los comedores, merenderos, parroquias intentan coordinar horarios para que la gente no se amontone afuera. Algunos dejan los tuppers y después lo vienen a buscar. Otro tema es que muchas familias no tienen efectivo para comprar para varios días, por eso tienen que salir varias veces al almacén".

Otro tema que señala Villafañe es que muchas familias viven en habitaciones alquiladas, que son chicas. "Cuesta la convivencia en lugares chicos con tanta familia", dice.

La Encuesta de la Deuda Social Argentina, a finales del año 2019, estimaba que dos de cada diez niños argentinos entre 0 y 17 años, vivía en condiciones de hacinamiento, y una proporción similar compartía cama o colchón para dormir.

El Instituto de la Vivienda y la Secretaria de Integración Social y Urbana decidió la suspensión del pago de las cuotas vencidas y las cuotas de abril y mayo del 2020, correspondientes a los planes de pago a cargo de los beneficiarios de viviendas sociales, como así también de sus respectivos intereses.

Esta medida alcanza a 16.000 familias que viven en los barrios porteños Lacarra, San Antonio, Mundo Grúa, Valparaíso, Papa Francisco, Osvaldo Cruz, Padre Grote, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y 31.

Mantener a los chicos y chicas en casa no suele ser fácil. "Los nenes están acostumbrados a ir a la cancha, la plaza o jugar en el pasillo de su casa. De un día para otro tuvimos que tenerles encerrados. Ellos empiezan a ponerse mal, demandar tiempo, y quieren salir. No tenemos juegos recreativos para estos niños porque nadie estaba preparado para esto. Además, a muchos se les complica hacer la tarea porque no tienen Internet", explica Villafañe.

Según Tuñon, la desigualdad más complicada es la educativa: hay una parte de los niños, adolescentes y jóvenes que están en las aulas a través de clases virtuales, pero muchos otros no".

Además, la investigadora comenta: "Los sectores vulnerables antes de pensar cómo comparten tiempo de calidad con sus hijos tienen la premura de cómo van a acceder a los alimentos o cómo van a pagar sus cuentas".

Tanto para niños como adultos, la conectividad juega un rol central para la comunicación, al acceso a la información, la cultura y la participación en múltiples redes. Este aspecto cobra aún mayor importancia en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Para el año 2019, según los datos de la Encuesta de la Deuda Social, el 13% de los hogares no accedía a ningún tipo de conexión a Internet, ya sea fija en la vivienda o a través de dispositivos móviles. Esta cifra alcanzaba al 23% de los hogares de los estratos marginales. Por ejemplo, acceder a la cuenta de banco por Internet facilitaría el pago de impuestos y servicios y les ahorraría hacer filas innecesarias.

La semana pasada, se anunciaron nuevas medidas para proteger adultos mayores de barrios populares. Una red de promotores barriales se van a poner en contacto con aquellos que viven solos o acompañados de otro adulto mayor para que cada día les llegue la comida, remedios y elementos de higiene.

Para aquellos que viven con sus familias pero por condiciones de la vivienda no pueden realizar el distanciamiento en sus casas, se van a crear dispositivos comunitarios para alojarlos. Se van a acondicionar parroquias, centros barriales, clubes, geriátricos, hoteles, en los cuales va a haber personas de la propia comunidad y profesionales que van a estar al cuidado de ellos. En la Ciudad habrá 28 lugares donde los adultos mayores podrán seguir con el distanciamiento social.

El cura Lorenzo de Vedia, conocido como Padre "Toto", conduce la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé de la Villa 21-24, asentamiento que se ubica entre los barrios de Barracas y Nueva Pompeya, y en el que viven más de 50.000 personas. Dice: "Me preocupa que el coronavirus empiece a correr en la villa. Acá, decimos quedate en tu casa, quedate en el barrio. Estamos abriendo casas de aislamiento para que la gente que se le complica hacer cuarentena en su casa lo haga en las capillas y los colegios nuestros. Nos estamos organizando para llevar el tupper con comida a los abuelitos del barrio.Tomamos medidas de prevención para que cuando haya casos acá no sea tan traumático"

Alicia Román es una vecina de 34 años de la villa 21-24. Ella vive con su marido y sus dos hijos, de 12 y cuatro años. "Nosotros intentamos no salir, a menos que tengamos que comprar algo. Tengo vecinos que no salen para nada y otros que no se lo toman tan enserio. El jueves pasado fui a retirar los bolsos de alimentos a la escuela de los chicos y había un montón de gente. Yo trataba de tomar distancia, pero era difícil", cuenta.

Román trabaja en el Centro de Primera Infancia "Floreciendo", pero ahora permanece cerrado. El viernes abrieron un rato para entregar mercadería a los padres de los chicos que asisten al centro. "Somos seis personas que nos turnamos para hacer las entregas", dice.

Provincia de Buenos Aires: la incertidumbre de no saber cuándo volverán a trabajar

Puerta de Hierro es uno de los lugares más pobres de La Matanza. Allí se instaló un campamento base del Ejercito Argentino para repartir 1500 raciones diarias de comida.

Además, la Parroquia San José, que está a cargo del Nicolás Angelotti, conocido como "Padre Tano", entrega 5000 raciones diarias en sus cuatro comedores de día y de noche y está albergando a más de 350 personas entre las que se encuentran familias, adultos mayores y personas en situación de consumo.

Campamento base del Ejercito Argentino para repartir 1500 raciones diarias de comida

Allí chicos y chicas en recuperación decidieron hacerse cargo de cuidar a los adultos mayores y trasladar mercadería. "Se volvieron los más fuertes, cuando parecían los más débiles", dice el Padre Tano. Agrega: "Estamos angustiados, pero mucho más organizados".

Desde la parroquia cuentan que la presencia del ejército se recibió con aplausos. "El hambre no negocia y no tiene ideología. Cuando alguien viene a paliar el hambre se lo recibe con los brazos abiertos".

Los tres centros sociales de SonRisas, ubicados en Esteban Echeverría, están cerrados, salvo los viernes, que se entregan los alimentos. "Para ello tenemos permisos gestionados para quienes trabajan en SonRisas, permisos para algunas familias que viven un poco más lejos y no las dejaban subir a los colectivos, y cumplimos todas las medidas de prevención que se indican (barbijo, distancia, lavado de manos, desinfección de todos los espacios). Mucha gente del barrio se ofrece a venir a colaborar a SonRisas. Se nota que quieren volver a los centros, pero también contribuir con la sociedad, y tener alguna excusa real para salir de la casa", explica Ferreira.

Entre la comunidad de SonRisas, no hubo casos de coronavirus, pero si casos de dengue.

Los viernes, las familias pueden ir a buscar alimentos a los centros de SonRisas.

Muchos de los chicos que asisten a apoyo escolar en los centros siguen en contacto con sus docentes a través de WhatsApp. Así los acompañan con las tareas que les envían desde la escuela. Los voluntarios también ayudaron por este medio a los adultos a tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Araceli Ledesma es vecina y referente en el barrio Luis Lagomarsino o Maquinista F. Savio, en el partido de Pilar. Ella vive con su esposo, dos hijos y dos nietos. Dice: "A medida que pasan los días nos vamos tranquilizando y baja un poco la ansiedad. Le buscamos la vuelta, Pero las primeras semanas fueron muy tensas".

La atención psicológica y la contención suelen ser importantes ante una situación de aislamiento. No contar con espacios para conversar sobre esto hace más difícil transitar un evento altamente estresante y dinámico.

Araceli tiene dos trabajos: es promotora de integración sociourbana en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y asesora barrial de TECHO. Su esposo es albañil. "Hasta el momento, él no se atrevió a preguntar si iba a cobrar el mismo sueldo. En el barrio hay mucha incertidumbre sobre lo que se va a cobrar", cuenta.

El nieto de Araceli, de seis años, se mostraba muy enojado los primeros días por no poder ver a sus amigos. "Tengo la suerte de tener patio y jugamos mucho al basquet y al fútbol", comenta.

Araceli cuenta que muchos hábitos cambiaron en estas semanas: se acuestan más tarde y se levantan más tarde; los domingos ya no pueden ir a la iglesia, pero sigue siendo un día especial para ellos; y empezaron a aplaudir en el patio por las enfermeras. Todos los días a las 21 se escucha la sirena de los bomberos.

En el interior del país crece la necesidad de acceder a alimentos

Tras ser consultada, espontáneamente, Ledesma compartió algunas preguntas que le hice a un grupo de vecinos de barrios populares del interior del país.

Sandra Soledad Vallejos, vecina del barrio Belén, de Posadas, en Misiones, cuenta que allí la cuarentena se respeta, pero están muy preocupados por el tiempo que esto pueda extenderse. "Aumentó la cantidad de gente que asiste a los comedores y merenderos. Y es difícil mantener la distancia social. Nos encontramos con filas largas para ir al cajero o el supermercado. Es grande la desesperación", dice.

Dina Guaymas, del barrio Tinkunaku, de Salta, comentó: "Estamos enfrentando un momento gravísimo no solo por el COVID-19, sino también por el dengue que azota en el norte. Y murieron más niños de la comunidad wichi. Además, la lluvia complica a los que viven a orillas de ríos. Esta cuarentena la estamos viviendo de mal a peor. Cerraron algunos comedores por falta de insumos. Ni la asignación ni la tarjeta Alimentar abastece a las familias".

Las iniciativas que permiten ayudar a las familias más necesitadas

La Red Argentina de Bancos de Alimentos trabajan con más de 3.400 comedores y organizaciones comunitarias de todo el país, que asisten a más de 490.000 personas en situación de vulnerabilidad social.

En este contexto, los Bancos de Alimentos vieron sus operaciones fuertemente afectadas; principalmente por la suspensión de las actividades de voluntariado. De todas formas, los bancos están adaptando sus operaciones: implementando nuevos protocolos de seguridad e higiene, modificando y adaptando sus procesos de retiro y entrega de alimentos, y gestionando donaciones para seguir colaborando con los miles de comedores que continúan ofreciendo viandas o bolsones de alimentos a las familias.

TECHO lanzó una campaña de emergencia para recaudar fondos que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos frente a la crisis del COVID-19. Lo recaudado será destinado a la compra de alimentos y productos esenciales para las zonas más afectadas. Luego, se van a financiar proyectos vinculados al acceso al agua cuando se retome el trabajo en los territorios.

El sacerdote jesuita y presidente del Centro de Investigación y Acción Social Rodrigo Zarazaga participa de la iniciativa Seamos Uno, que tiene como objetivo entregar un millón de cajas con alimentos y elementos sanitarios, que serán distribuidas en los sectores más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires.
Otras 7 formas de colaborar desde tu casa
"Tenemos que evitar que la necesidad se transforme en desesperación porque eso nos conduce al abismo. Por eso creamos Seamos Uno, donde el hambre de uno nos duele a todos. El emprendedor o vendedor ambulante que no sale de su casa nos está cuidando y nosotros también tenemos que cuidarlos a ellos", dice Zarazaga.

# data[].attributes.attachment_link.title
Barrios populares: cómo se organizan, administran la ayuda y qué necesitan con más urgencia | RED/ACCIÓN

# data[].attributes.attachment_link.description
El trabajo de los voluntarios y las organizaciones que gestionan comedores y parroquias se convirtió en un gran sostén. ¿Cómo intentan mantener el aislamiento? ¿Quién les garantiza comida? ¿De qué manera siguen estudiando los niños y niñas?

# data[].attributes.body
Siguiendo lo que han propuesto algunas compañeras sobre la conectividad y los barrios populares, " Sólo 17 de cada cien chicos tienen una computadora o teléfono propio para conectarse a la escuela..", y como sabemos, para poder permanecer en  nuestros estudios en tiempos de pandemia necesitamos conectividad, para visibilizar y accionar sobre esta cuestión social, les vecines integrantes de movimientos de la UTEP crearon una encuesta seguida por el movimiento Barrios de Pie, en esta encuesta encontraron que el 76% de alumnes mantiene sus estudios vía whatsapp, y que hay una extensa falta de artefactos para conectarse o internet en los hogares, viéndose limitandes a una permanencia completa, donde puedan ser participes de clases virtuales, explicaciones de profesores, sociabilidad con compañeres, etc.
Los movimientos proponen como políticas, generar fondos mediante el impuesto a las empresas y fortalecer el espacio de acompañantes educativos y comunitarios.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Con la llegada de la segunda ola de covid no quedan dudas de que la escuela tiene por delante, todavía, un buen tiempo de educación combinada. Y en los barrios populares, la falta de conectividad y de computadoras vuelve a aparecer como un grave problema, la principal restricción para que los chicos mantengan una continuidad en sus aprendizajes. En marzo, vecinos que integran los movimientos de la UTEP realizaron una encuesta educativa en villas y asentamientos de todo el país. Relevaron 16 mil casos y encontraron el siguiente panorama: la mayoría de los alumnos se conecta con la escuela con whatsapp, mientras que los que pueden hacer clases por zoom o meets son muy pocos, apenas el 14 por ciento.

Por otra parte, en 6 de cada 10 hogares hay un sólo dispositivo, en general un teléfono celular, y que es de uso compartido. Para conectarse, la mayoría depende de datos móviles.

La investigación pudo hacerse por el despliegue que tienen los movimientos sociales en los territorios. Las vecinas y vecinos que trabajan en comedores populares realizaron las entrevistas, en 14 provincias --aunque con acento en el conurbano bonaerense-- que luego procesó el Movimiento Barrios de Pie. "Es una encuesta muy amplia, si se tiene en cuenta que los muestreos suelen tomar unos 2 mil casos y este incluyó 16 mil", señaló Lucía Bianchi, directora de la Universidad Nacional de BdP.

El primer dato que llama la atención de la encuesta es que el 76 por ciento de los alumnos mantienen el contacto con la escuela por whatsapp. Obviamente, esto está relacionado a que en los barrios no hay conexiones estables de acceso a internet que les permitan usar otras herramientas como las reuniones por meet o zoom, que son las empleadas para poder seguir una clase virtual.

Así, la mayoría aseguró que se contactó todos los días con la escuela, pero se puede pensar que si prácticamente todas las comunicaciones son por whatsapp, la actividad principal es recibir tareas, mientras que la posibilidad de que los docentes desarrollen temas o den explicaciones complejas queda limitada.

En los hogares, quienes ayudan a hacer las tareas son las madres ... y casi nadie más. Los números son muy claros en esto. La pregunta fue ¿quién te acompañó a hacer las tareas escolares? y las respuestas fueron: mi mamá (63,3 por ciento), seguido de un hermane (8,8 por ciento), otro familiar o persona (6,3 por ciento) y como último y menos mencionado el padre (5,9 por ciento). Más de la mitad de los chicos dijeron que necesitarían tener una ayuda externa para hacer los deberes o trabajos prácticos.

Otro dato lapidario sobre la desigualdad es la falta de dispositivos: Sólo 17 de cada cien chicos tienen una computadora o teléfono propio para conectarse a la escuela. En el mismo sentido, 66 de cada cien viven en hogares donde el único recurso es un celular de uso compartido.

Finalmente está el tema de la conectividad: entre los que se conectan con datos móviles (44%), los que tienen conexión fija pero con mala señal (15%)y los que no tienen ningún tipo de internet (18% por ciento) hay más de un 75 por ciento de alumnos con problemas graves de conectividad. Es decir que las tres cuartas partes de la población escolar de las villas y asentamientos no puede conectarse a clases virtuales.

Con los resultados de la investigación, en Barrios de Pie piensan en dos caminos para implementar soluciones. Uno es generar más fondos para dar conectividad a los barrios populares, mediante un impuesto a las empresas que prestan servicios de internet y de telefonía, que con la pandemia han tenido ganancias extraordinarias.

"Evaluamos presentar un proyecto de ley que grave los beneficios de estas grandes empresas prestadoras de servicios. En el país ya existe un fondo fiduciario que depende del ENACOM para llevar conectividad a los barrios, pero necesitamos que esa inversión llegue a más lugares y lo haga a mayor velocidad", dijo Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, a Página/12. "Si no se acelera el proceso de dar conectividad, la inequidad educativa va a ser enorme.

Otra política que consideran necesaria es la de darle más fortaleza a los acompañantes comunitarios y promotores educativos dentro de cada barrio, es decir, que haya una red de vecinas y vecinos que puedan acompañar a los chicos con las tareas y mantenerse en contacto con los maestros. Esto implicaría articular a los movimientos sociales con la escuela para ampliar el acceso a la educación, siguiendo un camino que ya se hizo para garantizar el acceso a la comida, al coordinar el trabajo del Estado con el de los trabajadores de los comedores populares.

Lucía Bianchi agregó que "el acompañamiento que pueden dar las comunidades es muy grande, porque en los barrios ya existen centros comunitarios, educativos y comedores con gente que puede acompañar a la escuela, no como algo antagónico,sino con un trabajo comunitario y en relación con el acompañamiento a la escuela. Ese encuentro sería muy positivo, aunque hay que tener en claro que en el primer año de pandemia tampoco hubo un trabajo con los espacios comunitarios para dotarlos de computadoras y conectividad. Pero pensar en esa trama es central porque vamos a tener, por mucho, esquemas de educación mixtos".

# data[].attributes.attachment_link.title
Educación a distancia en barrios populares: faltan computadoras y conectividad | Los alarmantes datos de una amplia encuesta nacional de la UTEP

# data[].attributes.attachment_link.description
La segunda ola reactualiza el grave problema en las villas y asentamientos. Barrios de Pie piensa en dos soluciones: generar vía impuesto más fondos mediante un impuesto a las empresas que prestan servicios de internet y de telefonía y darle más forta...

# data[].attributes.body
En el artículo que elegí habla sobre una escuelita de fútbol que paró sus actividades por la emergencia sanitaria. En este aspecto es muy importante observar lo necesario que para los chicos/as qué asistan a este tipo de actividad física, que además es vital para su desarrollo; sumándole que después de dicha actividad recibían una merienda. Hoy en día la escuelita está activa, recibió ayuda de vecinos y otros clubes de la zona, y no del estado donde podemos ver que se nota ausente. Ahora están en la búsqueda urgente de conseguir un lugar con techo para continuar sus actividades en el invierno, y así los chicos/as pueden seguir entrenando y y recibiendo la merienda, la cual lamentablemente muchos jóvenes no pueden tener desde sus casas.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La escuelita de fútbol del barrio Nahuel Hue, que lleva adelante con mucho esfuerzo Gonzalo Paladino, recibió tres pelotas nuevas de fútbol que fueron donadas por Diego Martínez, quien se solidarizó con la tarea que lleva adelante el dirigente que reside en el barrio del Alto de nuestra ciudad.

Paladino le dijo a El Cordillerano que "antes de la pandemia entrenábamos al lado del pinar del barrio Malvinas, pero ahora con toda esta crisis sanitaria no se puede desarrollar y estamos ansiosos esperando que todo vuelva a la normalidad".

Sobre la escuelita, Paladino indicó que "la verdad es que mucha gente se ha solidarizado con nosotros, hemos recibido además de estas pelotas que nos vienen muy bien, pecheras donadas por el Club Estudiantes Unidos y en Pontevedra, en el Gran Buenos Aires, Ferro Carril Oeste tiene un predio y desde allí nos enviaron un juego de camisetas, con el buzo de arquero para que estos chicos las luzcan cada vez que nos encontramos".

Al hacer referencia a la cantidad de chicos y el trabajo, Gonzalo Paladino expresó que "antes de la pandemia jugábamos a la pelota, luego les empecé a preparar una merienda. Tenemos un poco más de veinte chicos, de los cuales 5 son nenas con edades de entre 6 y 12 años, ahora una jugadora de fútbol femenino nos va a ayudar para darme una mano con ellas. Hoy también estamos buscando una hora de cualquier gimnasio, porque son chicos que no pueden pagar, y con ello podríamos continuar en el invierno ya que no podemos hacerlo al aire libre".

# data[].attributes.attachment_link.title
Una escuelita de fútbol que hace un gran trabajo social en el Nahuel Hue | Diario El Cordillerano

# data[].attributes.attachment_link.description
La escuelita de fútbol del barrio Nahuel Hue, que lleva adelante con mucho esfuerzo Gonzalo Paladino, recibió tres pelotas nuevas de fútbol que fueron donadas por Diego Martínez, quien se solidarizó con la tarea que lleva adelante el dirigente que reside en el barrio del Alto de nuestra ciudad.

# data[].attributes.body
En el artículo escogido para dicha actividad nos encontramos con distintos aspectos sobre las situaciones sociales, territoriales, políticas y económicas que con la llegada del coronavirus tuvieron un intenso impacto en los barrios populares de Lationamérica y Argentina en particular. En el mismo podemos evidenciar cómo la llegada del COVID-19 no solo dejó en manifiesto sino que también profundizó las desigualdades estructurales que viven les habitantes de los barrios populares.
Este artículo también me hizo reflexionar acerca de la organización comunitaria y solidaridades de estos barrios ya que este es un contexto de crisis inigualable y aún así distintos colectivos, organizaciones y movimientos sociales, líderes comunitarios, entre otros, jamás descansaron. Desde el primer momento de la crisis estos distintos grupos de personas se pusieron a disposición para dar respuestas a las diversas problemáticas que la llegada del virus agudizó. En este sentido, podemos observar como características de estos barrios, los fuertes lazos sociales que los une, su sentido de solidaridad para con sus vecines que acompañan en esta difícil situación. Estas organizaciones además de accionar y hacerse cargo de la situación también actuaron demandando acciones del estado, proponiendo e implementando medidas comunitarias y visibilizando las necesidades estructurales de los asentamientos populares. Es decir que, ante la carencia de respuestas por parte del Estado, siguiendo las experiencias locales, se fortalece la organización comunitaria.
Para finalizar, hacia el final del artículo se encuentran una especie de nuevos modelos que propusieron desde distintos ámbitos sociales, diversas organizaciones para "reconstruir mejor", se trata de una especie de propuestas en boga de una construcción de un Estado más presente y con respuestas más precisas.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Este artículo ha sido escrito colaborativamente por miembros y aliadxs de la PGDC, vea más información al final
En el desafiante contexto actual, con la propagación de la pandemia de COVID19, han quedado de manifiesto las desigualdades estructurales que conocíamos mucho antes de que el nuevo coronavirus llegara, pero que frecuentemente eran invisibles para muchos sectores de la sociedad, incluyendo quienes toman decisiones de políticas públicas. De esta manera, tanto a nivel urbano como en otras dimensiones, se han visibilizado, amplificado y profundizado desigualdades preexistentes y emergentes.

Este tiempo encuentra a las ciudades como puntos principales de concentración de los efectos que este virus ha producido a nivel mundial. Por otro lado, las ciudades en las que habita el 80% de la población latinoamericana, son también el lugar donde encontramos la mayor capacidad para responder a esta situación debido a la existencia de distintos actores y las oportunidades para una posible articulación virtuosa entre ellos.

A pesar de que las ciudades concentran los mayores impactos de la epidemia, la forma de experimentar el contexto está atravesado por las múltiples desigualdades que caracterizan a las ciudades latinoamericanas y, como tradicionalmente sucede, son los sectores más vulnerables quienes se llevan las peores consecuencias.

Dentro de los grupos más afectados por los múltiples impactos de la epidemia, se encuentra la población de asentamientos precarios, que representa aproximadamente el 20% de la población urbana de la región. Se trata, a decir de María Cristina Cravino , de amplios fragmentos urbanos sin estatus de ciudad, tradicionalmente invisibilizados, rezagados y excluidos de las oportunidades de la urbanización.

Entender cómo se ha vivido la epidemia desde la experiencia de las comunidades y las organizaciones del hábitat popular, es fundamental para pensar en una reconstrucción capaz de salir adelante de la epidemia sanitaria y, a la vez, atender las grandes deudas sociales y económicas de las ciudades latinoamericanas.
Un Laboratorio sobre la Vivienda para identificar nuevos caminos
En este escenario, desde el trabajo y la articulación regional e internacional, distintos colectivos y organizaciones de base, académicas, profesionales, entre otras, confluimos en un espacio virtual para seguir aprendiendo, compartiendo experiencias e intercambiando saberes para analizar la coyuntura y los pasos a seguir. El desafío que nos propusimos es cómo avanzar a partir del conocimiento y reconocimiento de los esfuerzos colectivos realizados desde los barrios, territorios y comunidades de distintos países de América Latina y el Caribe.

Con estos propósitos nos auto convocamos y organizamos un Laboratorio de Vivienda (LAV) sobre Asentamientos precarios y Covid-19 en América Latina y el Caribe. El encuentro contó con la presencia de representantes de 16 países, integrantes de organizaciones de base, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, académicas, redes y plataformas internacionales.

Los protagonistas del diálogo fueron líderes y lideresas de base comunitaria. Especialmente se generó un intercambio de experiencias y análisis sobre cómo estas organizaciones están respondiendo, desde el primer momento, a los desafíos adicionales que ha colocado el COVID19 en los barrios populares y comunidades precarizadas.

Resulta claro, pero no por ello evidente ante todas las miradas, que las condiciones de desigualdad preexistentes en barrios y asentamientos precarios han hecho que reciban mayores impactos ante la llegada del Covid-19. Si bien el mensaje difundido en la mayoría de los países se centraba en cómo este virus afectaba a todas las personas sin discriminación, no es cierto que lo haga de igual manera. Los grupos vulnerabilizados en los territorios, que ya experimentaban carencias en el goce de sus derechos y más específicamente en su derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, son quienes han tenido los mayores impactos. Son asimismo quienes han salido a responder con su esfuerzo y trabajo comunitario y colectivo.

Del análisis de las distintas situaciones en los países de la región hay varios puntos que se repiten. Ante las recomendaciones generales de instituciones, nacionales e internacionales, sobre el aislamiento y la higiene, rápidamente se denunció que esto no era posible para millones de personas en la región (y el mundo). El #QuedateEnCasa no era, ni es, posible para las personas que habitan en barrios y viviendas precarias, sin servicios, donde hay hacinamiento, donde las condiciones asociadas al hábitat, como acceso a agua y saneamiento, no están garantizadas. Tampoco era posible para millones de trabajadores y trabajadores informales que dependen de salir a ganarse el sustento cada día. Entonces, sin situar las acciones para responder a los desafíos que plantea la pandemia, es muy difícil que la población se aísle para cuidarse y sobreviva a la situación sanitaria y social desatada.
Las respuestas de la comunidad a la crisis
Ante las carencias o parciales medidas tomadas, en el mejor de los casos, por las autoridades nacionales o locales, las organizaciones de base han estado en la primera línea, asumiendo acciones para sus comunidades, haciéndose cargo, pero también denunciando y demandando acciones del estado. Creativamente proponiendo e implementando medidas comunitarias que han hecho la diferencia para millones de familias.
Fuente: Cities Alliance
En este sentido, los testimonios de compañeros y compañeras de distintos países han contribuido a pensar juntos, a compartir saberes para enfrentar el día a día y generar acciones de respuestas, pero también de incidencia. Para pensar la recuperación y qué ciudades y territorios son necesarios.

Desde Argentina, la Garganta Poderosa planteó la necesidad de visibilizar las necesidades estructurales de los barrios y asentamientos populares. Las villas miserias constituyen el principal espacio de riesgo sanitario por las condiciones de vida, la falta de infraestructura y las precariedades que produce la falta de urbanización y la carencia de servicios básicos. Se remarcaron las condiciones de hacinamiento, la falta de agua, el deficiente servicio de electricidad y la carencia de elementos de higiene adecuados. La principal demanda se vincula con el "acompañamiento integral". Esto sería realizar un seguimiento de toda la cadena epidemiológica, así como un abordaje integral de las condiciones urbanísticas y habitacionales del barrio. Por ejemplo, la política basada en identificar positivos a través de testeos no contempla que, una vez que se identifica el caso, la población no tiene las condiciones para continuar un proceso de aislamiento y distanciamiento social.

Ante la ausencia del Estado y siguiendo tradiciones y experiencias locales, se fortalece la organización comunitaria. "Como territorios, como vecinos y vecinas, estamos en la primera línea, nos estamos cuidando colectivamente". Por ejemplo, con una red de psicólogxs, promotores sociales que brindan información a los habitantes del barrio, ollas populares, comedores, etc. Asimismo, se sostienen iniciativas autogestivas como la Revista La Garganta Poderosa (un espacio alternativo de comunicación) y la Casa de las mujeres y las disidencias, entre otras.
Liderazgo comunitario ante una respuesta estatal limitada Fuente: Ruben Perez Flores, Red de Ollas Comunes Metropolitana, Lima, Peru
En este sentido, es importante recuperar dos dimensiones. En primer lugar, la necesidad de implementar políticas públicas desde el Estado que garanticen los ingresos necesarios para que los habitantes de estos asentamientos populares puedan resguardar su salud y disminuir la circulación y su exposición al virus. En segundo término, es claro que el hacinamiento dificulta la distancia social y que los trabajadores informales y precarizados necesitan ingresos día a día. Pero no se puede subestimar la persistencia y la potencia de la organización social comunitaria, también para asegurar la prevención, si es necesario, mediante el aislamiento o la distancia. Los habitantes de los barrios populares lo cumplen creando otras maneras de cuidado y prevención. Por ejemplo, implementando el distanciamiento y estrategias de prevención de salud comunitaria en espacios comunes como escuelas, clubes o comedores. También cuidando colectivamente los tránsitos dentro del barrio y preservando comunitariamente a las poblaciones de riesgo.

Además de los impactos en la salud pública, la epidemia del coronavirus ha acelerado la crisis económica de la región y las organizaciones comunitarias se han visto en la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar su subsistencia y desarrollo económico. En esa dimensión, desde el Movimiento Urbano Popular se ha destacado la importancia de las redes de economía popular dentro de la Ciudad de México, que a través de diversos mecanismos de economía solidaria han podido responder a los efectos económicos de la epidemia, lo que ha permitido dar atención a la población migrante, indígenas, personas en situación de calle, entre otros sectores tradicionalmente víctimas de la exclusión urbana.

En este contexto, al centro de la organización comunitaria, las organizaciones coinciden en destacar el papel de las mujeres como actoras principales de la articulación de iniciativas dentro de la comunidad y en coordinación con otros actores públicos y sociales. En esa línea, desde la Asociación Intercomunitaria de Salud, Educación y Medio Ambiente (AISEMA), se destaca el efecto de profundización de las desigualdades de género, que a la vez que ha incrementado la carga de las mujeres en cuanto a las actividades de cuidado y agudizado la precarización de las condiciones laborales, también ha cargado en ellas, lideresas y gestoras comunitarias, las principales responsabilidades de respuesta sanitaria, económica y social de la epidemia.

Esta respuesta comunitaria, en muchos casos ha tenido que hacer frente a una escalada de la violencia institucional por parte de la fuerza pública en particular y desde distintas instituciones públicas en general. Así lo han afirmado desde la Unión por la Moradia Popular de Brasil, quienes compartieron que la reacción a la pandemia ha venido acompañada del aumento de violaciones a los Derechos Humanos, que han afectado a los sectores más pobres de la ciudad y, dentro de estos, con mayor intensidad a la población negra -especialmente a los jóvenes-, y a las mujeres.

En síntesis, a pesar que las respuestas estatales y las relaciones establecidas con las comunidades varía de caso a caso, se coincide en identificar la debilidad de una respuesta oportuna, inclusiva y eficaz por parte del Estado, frente a la que las y los pobladores de los asentamientos precarios destacan la organización comunitaria como la primera línea de respuesta a la crisis multidimensional. Por otro lado, las falta de efectividad evidenciada es también un reflejo de debilidades estructurales de nuestros Estados para garantizar la igualdad y el bienestar común, entre las que se han destacado la fragmentación de los niveles y sectores de gobierno, la ausencia de un enfoque territorial de las políticas urbanas y la falta de capacidad de las políticas sociales para adaptarse a las múltiples diversidades que componen las sociedades latinoamericanas.
Hacia nuevos modelos para "Reconstruir mejor"
Con la mirada puesta en un proceso de recuperación que permita 'reconstruir mejor', desde los diversos puntos de vista se hicieron llamados a lo que podríamos llamar un proceso de reforma resiliente del Estado post pandemia en clave de Derechos Humanos que, por un lado, permita desarrollar capacidades para prevenir futuras crisis sanitarias y, a la vez, siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo con mayor y mejor presencia y sentido de lo público.

Entre las líneas de trabajo mencionadas para avanzar en este proceso de reingeniería pública general y de las políticas urbanas en particular, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ha hecho el llamado a construir un nuevo municipalismo, en el que múltiples enfoques e identidades convergen para construir un proyecto alternativo de ciudad fundamentado en la función social del hábitat y el territorio, la defensa de los bienes comunes, la radicalización de la democracia local, entre otros.
Fuente: Ruben Perez Flores, Red de Ollas Comunes Metropolitana, Lima, Peru
Llevado al plano de la gestión de proceso de recuperación sostenible, se planteó la necesidad de una planificación urbana intertemporal, capaz de combinar e intercambiar estrategias y acciones de respuesta y recuperación en la medida en que la convivencia con el virus y sus multiformes manifestaciones sociales irán evolucionando. Asimismo, se destaca el llamado a romper los silos de la gestión pública para construir e implementar políticas urbanas interinstitucionales, internivel e intersectorialidades, organizadas alrededor de un enfoque territorial que reconoce las múltiples escalas en las que opera el fenómeno urbano y los impactos que tiene en el hábitat popular.

Esa nueva generación de políticas urbanas debe tomar de base la experiencia construida a través de los años de resistencia de las comunidades de asentamientos precarios y de los barrios populares en general. La cual, como se manifestó en el diálogo y hemos querido reseñar en estas líneas, no solo ha sido el eje articulador de la respuesta a la emergencia, sino que ha puesto de manifiesto que existen formas alternativas de construir ciudad y de relacionarnos entre habitantes y con nuestro entorno. Se trata de un cúmulo de experiencias populares que a través de la práctica cotidiana de la subsistencia, la resistencia y la transformación del hábitat, aportan luces para pensar que otra ciudad es posible y es urgente construirla.

En esa línea, el LAV dejó puertas abiertas para seguir imaginando, debatiendo y construyendo sinergias para la solidaridad, a través un espacio de intercambio abierto y diverso para la urbana latinoamericana y, esperamos en próximas ediciones, del Sur Global.

Entre esas líneas, claramente destacan:

continuar promoviendo y dando vida a estos espacios de articulación regional e internacional, con las voces de las líderanzas barriales, para seguir intercambiando y construyendo aprendizajes de manera conjunta. Estos espacios no son nuevos, pero sigue siendo un desafío, el fortalecer y experimentar diversas y nuevas maneras de visibilizar el conocimiento acumulado en el territorio, así como de fortalecer las acciones y soluciones que los habitantes de los barrios ponen en marcha ante emergencias como el Covid-19.

Seguir vigorizando las alternativas que las organizaciones de base han acuñado por varias décadas y que, en algunos casos, han logrado incidir en políticas urbanas que incorporan visiones más inclusivas y sostenibles como las economías solidarias, la soberanía alimentaria, la atención de las violencias estructurales con perspectiva de género, entre otras.

Seguir dialogando y entendiendo el cómo transitar hacia las ciudades y sociedades del cuidado, reconociendo el rol fundamental de las mujeres y trabajar hacia la corresponsabilidad. Han sido y son ellas quienes mayoritariamente cuidan de los hogares y las comunidades -economías del cuidado- un trabajo no remunerado que permite la supervivencia cotidiana de las personas. Las mujeres de la región han sido las más vulneradas económicamente ante la pandemia Covid-19, ocupando los sectores con mayor contracción económica y el 60% de los trabajos informales, además de ser las más propensas a la pobreza extrema e inseguridad alimentaria (ONU Mujeres, 2020). Reconocer y redistribuir los trabajos del cuidado y mejorar los ingresos y condiciones laborales de las mujeres resulta una prioridad dentro de las redes y comunidades urbanas barriales, de cooperación internacional, académicas y gubernamentales.

El otro gran tema, ampliamente discutido durante este Laboratorio Urbano, es seguir encontrando formas de incidencia y formación de alianzas entre las organizaciones de base y los diversos actores, sectores y niveles de acción que toman decisiones sobre los territorios urbanos. Así pues, un desafío clave es incentivar y promover una gobernanza inclusiva que apoye las alianzas existentes, las emergentes durante la crisis COVID-19 y la formación de nuevas -no de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo- sino a través de procesos que fomenten las relaciones de confianza y solidarias entre pares. Estas alianzas multinivel, intersectoriales e interinstitucionales se vuelven esenciales para integrar, diversificar y dirigir los fondos, financiamientos y políticas públicas post Covid-19 hacia las poblaciones y habitantes más afectados y vulnerados, no solo por la pandemia sino por condiciones estructurales.

Finalmente, se reconoció que impulsar una transición hacia ciudades más inclusivas y basadas en el derecho y la función social del hábitat, es un proceso de aprendizaje en el que no existe una sola respuesta; por lo tanto, los siguientes pasos se construirán colectivamente y a través de procesos constantes de diálogo, coproducción de conocimientos, negociación y renegociación, así como a través de la articulación de nuevas redes y sus diversas respuestas. Sin dudas, estos diálogos tendrán que poner cada vez más al centro a las personas y a la vida, no solo de los seres humanos sino del planeta. Esta será la forma de afrontar y superar las crisis cada vez más recurrentes y entrelazadas: sanitarias, económicas, climáticas y ambientales, migratorias, entre otras.
Autores :

Luis Bonilla Ortiz-Arrieta. Economista y Magíster en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos. Miembro del Grupo de Trabajo "Desigualdades Urbanas" de CLACSO.

Ivahanna Larrosa. Arquitecta, Maestranda en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, UDELAR (Uruguay), Investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo- Uruguay (CIEDUR).

Karol Yáñez Soria. PhD Desarrollo y Planeación por Development Planning Unit, University College London. Investigadora Cátedra CONACYT. Adscrita a CentroGeo México.

Pablo Vommaro. Historiador. Doctor en Ciencias Sociales, Profesor de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET. Director de Investigación de CLACSO.

# data[].attributes.attachment_link.title
Organización comunitaria: Primera línea del hábitat urbano para la respuesta y recuperación de la crisis actual - Right to the city

# data[].attributes.attachment_link.description
Este artículo ha sido escrito colaborativamente por miembros y aliadxs de la PGDC, vea más información al final En el desafiante contexto actual, con la propagación de la pandemia de COVID19, han quedado de manifiesto las desigualdades estructurales que conocíamos mucho antes de que el nuevo coronavirus llegara, pero que frecuentemente eran invisibles para ...

# data[].attributes.body
En el artículo se desarrolla las situaciones que se agravaron en las comunidades indígenas de diversas partes del país con la pandemia. Las principales expresiones de la cuestión social que se desarrolla son el acceso a servicios básicos, principalmente en este contexto, el acceso a servicios de salud y también represión y discriminación por parte de instituciones estatales.

Estas represiones mencionadas se dieron, en algunos casos, en marco de las respuestas comunitarias como fueron el desarrollo de manifestación y protestas para el reclamo de servicios. Antes esto el Estado dio respuesta por ejemplo con la suspensión de efectivos policiales que reprimieron a los manifestantes. Por parte del estado se han consensuado la realización de una mesa de resolución alternativa de conflictos territoriales con los pueblos originarios.

Además de  coincidir con estas intervenciones para combatir represiones, discriminaciones y falta de servicios se debería realizar una agenda pública para estos tipos de problemas que sufren los pueblos originarios, ya que estos, como se menciona en el artículo, no surgieron con la pandemia, sino que se agravaron y  se producen históricamente y  predomina en  el tiempo de  los pueblos originarios.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.
Acceso a la salud, agua y servicios
Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.
Consulta y participación
Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Un de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.
Acceso a la tierra
La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.
Represión y violencia policial
En un presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. En algunos casos, supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad como justificación para el hostigamiento y persecución a comunidades indígenas.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio. En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.
Una respuesta específica y urgente
En , efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Si bien el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, condenó el gravísimo episodio y suspendió a los efectivos involucrados, resulta particularmente relevante poner en el centro de atención estas prácticas policiales sumamente violentas sobre comunidades indígenas.

Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia.

Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades.

A principios de 2020, el gobierno federal promovió en el marco del Consejo de Seguridad Interior un acta acuerdo para crear una "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios", que intervenga en conflictos territoriales en la búsqueda de soluciones consensuadas. Hasta el momento, sólo tomamos conocimiento de la intervención de esta mesa en Río Negro. Es necesario que amplíe su intervención en otras provincias y conflictos y que las provincias comprometan su participación.

También resulta urgente organizar dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía y en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. A la vez, tienen que desarrollarse instrumentos que aseguren una participación auténtica de las comunidades, con información clara, formulada de manera sencilla y desde un abordaje intercultural para el desarrollo de medidas de autocuidado y cuidado mutuo.
Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Formosa, Asociación para la Promoción y el Desarrollo (APCD) Las Lomitas - Formosa, Centro Barrial Enrique Angelelli de Ing. Juárez - Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) - Formosa, Fundación Manos de Hermanos - Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez - Formosa, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).
Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar las leyes demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer el marco normativo de protección de las comunidades: una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.

# data[].attributes.attachment_link.title
Comunidades indígenas: las desigualdades se profundizaron durante la pandemia

# data[].attributes.attachment_link.description
La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del

# data[].attributes.body
En este artículo periodístico se da cuenta los problemas que trajo la pandemia en nuestro país, que no solo giran en torno a la salud, sino que impactaron fuertemente en la sociedad. En ese sentido, es importante resaltar que la estadística oficial señala que a finales de diciembre pasado se encontraban por debajo de la línea de pobreza 12 millones de personas, cerca de 2,1 millones más que a finales de 2019. Por lo que la economía argentina se desplomó 9,9 % en 2020, siendo uno de los peores desempeños en la historia del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos problemas no los estamos sufriendo solo en Argentina sino que es algo que afectó, en mayor o menor medida, a todo el mundo y que dejó por sentado la importancia de la intervención del estado.

En cuanto los problemas de la cuestión social, entonces, podemos encontrar el aumento de pobreza y de desempleo, sumado al aumento del empleo informal y la baja de ingresos que padecen en los hogares la mayoría de los argentinos.

En cuanto a las respuestas comunitarias se destacan las ollas popular y comedores.

Por último, el gobierno aumentó las ayudas económicas a los sectores más vulnerables y reforzó la asistencia estatal a los comedores comunitarios, donde creció la afluencia de personas en busca de alimentos.

En mi opinión, creo que se necesitan más políticas sociales o más asistencia y que sobre todo lleguen a todos los sectores vulnerados ya que es donde más está impactando esta pandemia y al no tener trabajo o no poder salir de sus casas por las restricciones o por no ser "personal esencial" hace que las familias tengan menos posibilidades de salir adelante.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Natalia Kidd

Buenos Aires, 31 mar (EFE).- La tasa de pobreza en Argentina se ubicó el segundo semestre de 2020 en el 42 %, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales en un año, uno de los peores efectos de la severa recesión que vive el país suramericano y que se ha agravado por la pandemia de covid-19.

De acuerdo a un informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza urbana registrada entre julio y diciembre pasado estuvo 1,1 puntos por encima de la del primer semestre de 2020 y 6,5 puntos por arriba de la de la segunda mitad de 2019, cuando el índice había sido del 35,5 %.

En tanto, la tasa de indigencia se ubicó en el 10,5 %, sin cambios con respecto al semestre anterior, pero con un avance de 2,5 puntos en la comparación interanual.

La tasa de pobreza alcanzada en la segunda mitad del pasado año no se registraba desde 2004, momento en el que Argentina aún trataba de recomponerse de la severa crisis económica de 2001-2002, cuando el nivel de pobreza llegó a un máximo del 57,5 %.

La medición cuyos resultados se difundieron este miércoles tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 28,5 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unas 45 millones de personas.

La estadística oficial señala que a finales de diciembre pasado se encontraban por debajo de la línea de pobreza 12 millones de personas, cerca de 2,1 millones más que a finales de 2019.

En tanto, 3 millones eran indigentes, unas 770.400 personas más que hace un año.

EL IMPACTO SOCIAL DE LA PANDEMIA

La pobreza ha crecido en Argentina en un contexto de recesión económica iniciado hace tres años y agravado por la pandemia de covid-19.

La economía argentina se desplomó 9,9 % en 2020, uno de los peores desempeños en la historia del país, con pérdida de empleos formales y aumento del trabajo informal y por cuenta propia y, por tanto, deterioro de los ingresos.

Los salarios de trabajadores formales y no registrados crecieron en promedio el año pasado el 33 %, por debajo de la inflación, que fue del 36,1 %, por lo que hubo pérdida neta del poder de compra de los hogares.

De acuerdo al informe del Indec, los ingresos de los hogares indigentes se encontraron en el segundo semestre de 2020 un 40,4 % promedio por debajo del coste de la cesta alimentaria, mientras que los ingresos de los hogares pobres estuvieron en promedio un 41,9 % por debajo de la canasta básica total.

ASISTENCIA A LOS MÁS VULNERABLES

Frente a la emergencia, el Gobierno de Alberto Fernández aumentó el año pasado las ayudas económicas a los sectores más vulnerables y reforzó la asistencia estatal a los comedores comunitarios, donde creció la afluencia de personas en busca de alimentos.

El ministro de Desarrollo Social argentino, Daniel Arroyo, reconoció días atrás, en declaraciones a medios locales, que "la situación social es crítica", señaló que el principal problema es el coste de los alimentos y el alto endeudamiento de las familias y dijo que el Gobierno no descarta adoptar nuevas medidas sociales si la pandemia vuelve a recrudecer en Argentina.

Según datos oficiales, la afluencia a comedores sociales pasó de 8 millones de personas a inicios de 2020 a 11 millones tras la irrupción de la pandemia, y actualmente es de unas 10 millones de personas.

De acuerdo a un estudio de impacto de la pandemia realizado por el Indec en Buenos Aires y su periferia, la región más poblada de Argentina, casi un tercio (33,8 %) de los hogares se vio en la necesidad de reducir la compra de al menos un alimento (carnes, verduras o leche) por razones económicas.

La reducción de los consumos alimentarios tuvo mayor incidencia en los hogares de los estratos socioeconómicos más bajos y en los que hay niños y adolescentes.

Y es precisamente este último grupo el más afectado por la crisis, con datos revelados este miércoles que confirman este dramático panorama: casi seis de cada diez argentinos menores de 14 años son pobres y el 15,7 % de los niños y adolescentes del país ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación. EFE

nk/rgm/cav

© EFE 2021. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

# data[].attributes.attachment_link.title
La pobreza trepó en 2020 en una Argentina azotada por la crisis y la pandemia

# data[].attributes.attachment_link.description
Natalia Kidd Buenos Aires, 31 mar (EFE).- La tasa de pobreza en Argentina se ubicó el segundo semestre de 2020 en el 42 %, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales en un año, uno de los peores efectos de la severa recesión que vive el país suramericano y que se ha agravado por la pandemia de covid-19.

# data[].attributes.body
En este marco de Pandemia, se demostró que aumentaron los problemas de la cuestión social que se manifiestan en los barrios populares.

En dónde la  pandemia nos ha afectado y atravesado a todos  de diferentes maneras,pero que no podemos  dejar de enfocar a aquellos barrios vulnerables, dónde se aumentan las incapacidades  de cumplir con el régimen, que termina perjudicando la capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Esta incapacidad de poner un freno y de cumplir con las medidas anunciadas por el gobierno hace que un grupo concreto salga a manifestar a las calles, cuales son esos problemas de la cuestión social,mostrando las diferencias de la brecha social ante diferentes posiciones y oportunidades.

Reclamar el comienzo de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia que acompañe al salario de la Canasta Básica Familiar.

El estado tiene una tarea difícil en este contexto poder tener la obligación de garantizar los derechos de todos los sujetos.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas y restricciones para contener la segunda ola de coronavirus, la Avenida 9 de julio se llenó de columnas y banderas de diferentes movimientos sociales. El motivo: exigir la apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia equiparado al salario a la Canasta Básica Familiar. Con la consigna "Una cuarentena sin hambre", la movilización reunió a gran cantidad de manifestantes en el obelisco, a horas de que comience a regir el DNU de nuevas restricciones en la circulación de personas. Marcharon luego al ministerio de Desarrollo Social, donde fueron recibidos por funcionarios de esa cartera.

La vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Marianela Navarro, dijo que las organizaciones fueron recibidas por un funcionario del ministerio a quien "le transmitimos el conjunto de las demandas", con prioridad en la "urgencia de que llegue la comida para los comedores comunitarios".

Los referentes sociales y funcionarios de la cartera que encabeza Daniel Arroyo acordaron una próxima reunión para hoy, donde abordarán con mayor profundidad los planteos de las organizaciones, aseguró la dirigente en declaraciones a la prensa, tras el encuentro en Desarrollo Social.

De la jornada nacional de lucha que se replicó por todo el país --aunque la principal movilización ocurrió en el centro porteño--, participaron además del FOL el Polo Obrero, el Movimiento de los Pueblos, el Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie, Libre del Sur, MST Teresa Vive, y MTR, entre otros.

Los manifestantes también se trasladaron al Ministerio de Trabajo y a la sede del Grupo Lusardi, -uno de los señalados por vender con sobreprecios al Estado Nacional en el medio de la pandemia del coronavirus- ubicado en San Martín 66.

A través de un comunicado, los movimientos alertaron que frente a la segunda ola de covid-19 existen "miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, con grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene". Por este motivo marcharon reclamando nuevas medidas económicas que acompañen a los sectores más vulnerados de la sociedad, doblemente perjudicados por la pandemia.

Las organizaciones también advirtieron que " uno de los sectores más afectados son la niñez y la adolescencia, donde el índice de pobreza alcanza a un 57%" y denunciaron "desalojos en masa y un nuevo tarifazo de alquileres".

En sintonía con la protesta, un grupo de militantes del Polo Obrero cortó también el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la Capital Federal, y se registraron bloqueos en Puente Saavedra, Constituyentes y General Paz y en el Puente 12.

"La segunda ola de coronavirus ya está haciendo estragos en los sectores populares y nuestros barrios siguen padeciendo las mismas problemáticas: miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene, y la desocupación, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables", señalaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

# data[].attributes.attachment_link.title
Movimientos sociales marcharon por "una cuarentena sin hambre" | Fueron recibidos en Desarrollo Social

# data[].attributes.attachment_link.description
Horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas y restricciones para contener la segunda ola de coronavirus, la Avenida 9 de julio se llenó de columnas y banderas de diferentes movimientos sociales. El motivo: exigir la apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia equiparado al salario a la Canasta Básica Familiar.

# data[].attributes.body
En el siguiente artículo periodístico se puede observar la situación de los pueblos originarios de Salta a raíz de la pandemia. Las expresiones de la cuestión social que se encuentran son, por un lado, la problemática de la falta de documentación, ya que no hay un registro de personas y esto los limita a la hora de acceder a beneficios sociales tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por otro lado nos encontramos por la tasa alta de mortalidad infantil a raíz de la situación sanitaria crítica.

Por parte de las políticas públicas y sociales del Estado nos encontramos con operativos desde el ministerio de interior, junto con el ANSES, para resolver la problemática de falta de documentación; y por otro lado con un reforzamiento de la instalación de puestos sanitarios y la designación de agentes para asistir a las comunidades originarias.

Por mi parte, creo que con los operativos del ministerio del interior para registrar a los integrantes de la comunidad originaria también están ayudando a bajar la tasa de mortalidad infantil porque al cobrar los distintos planes sociales que antes eran inaccesibles pueden llegar a suplir las necesidades básicas de los/as niños/as.

Con respecto a las respuestas comunitarias me encuentro con que hay escasa información pero creo que una de esas respuestas puede ser las reiteradas denuncias por el avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas y también la intermediación del consejo nacional de políticas indígenas con los distintos ministerios (de salud y del interior).

En este sentido, siguiendo a Bráncoli, los ámbitos en donde se “refugian” las actuales relaciones comunales son el espacio local (en este caso sería cierto territorio indígena de Salta que no está especificado), la familia y las relaciones de cooperación y ayuda mutua (esto lo veo representado que ante la falta de políticas estatales, se organizan para denunciar y ayudarse mutuamente).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Daniel Segovia, miembro del pueblo coya y titular del Consejo Nacional de Política Indígena, habló sobre la reunión que mantuvo con la ministra de salud, Carla Vizzotti. Llegaron al acuerdo de reforzar, de forma inmediata, la instalación de puestos sanitarios y la designación de agentes para asistir a las comunidades originarias que se encuentran en una situación sanitaria crítica.
"Hay una dejadez absoluta y un abandono en muchas circunstancias", dijo sobre la situación de los pueblos originarios de Salta y expuso que si bien se está trabajando para revertir la situación, en este momento no es posible que la mortalidad infantil descienda a cero.

Respecto de la problemática de la falta de documentación y el límite que genera a la hora de acceder a beneficios sociales, como la AUH, dijo: "Hay una falencia muy grande sobre el registro de personas con falta de documentación. Se está trabajando, con el Ministerio del Interior, en operativos para regularizar la situación".

El sábado (ayer) está llegando un operativo a Santa Victoria Este, y a distintos lugares, del ANSES y del Renaper", acotó y aseguró que hay ciento de personas indocumentadas.

Segovia planteó la necesidad de que se realicen sistemáticamente las denuncias por el avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas, "hasta hacerles pasar vergüenza a los que tienen responsabilidad sobre esto".

Sobre la ley de salud intercultural y su falta de aplicación, producto de la no reglamentación de la misma, dijo: "Más allá de la reglamentación, existen otros argumentos, otros soportes legales que nos permiten tener otro tipo asistencia".

En cuanto al vencimiento de la ley de reordenamiento territorial, 26.160, y la posibilidad de la sanción de la ley que brinda reconocimiento a la propiedad comunitaria indígena, Segovia, comentó: "Se va a trabajar con 18 proyectos que ingresaron, de los cuales no más de 2 son de pueblos originarios, se va a trabajar en una campaña formativa para tratar de consultarles a todos cómo quieren la solución".

"Tiene que haber relevamientos catastrales que demuestren qué territorios están aptos, o no, para ser relevados, porque se entregan tierras que no corresponden o que no son aptas para las comunidades", concluyó.

# data[].attributes.attachment_link.title
SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN SALTA:'' HAY UNA DEJADEZ ABSOLUTA Y UN ABANDONO EN MUCHAS CIRCUNSTANCIAS'' - La Otra Voz Digital

# data[].attributes.attachment_link.description
Daniel Segovia, miembro del pueblo coya y titular del Consejo Nacional de Política Indígena, habló sobre la reunión que mantuvo con la ministra de salud, Carla Vizzotti. Llegaron al acuerdo de reforzar, de forma inmediata, la instalación de puestos sanitarios y la designación de agentes para asistir a las comunidades originarias que se encuentran en una situación sanitaria crítica.

# data[].attributes.body
En este artículo periodístico que data del 10 de mayo del 2020, se menciona que "la pobreza se expande casi al mismo ritmo que los contagios en las villas". Alberto Fernández el 20 de marzo decretó la cuarentena obligatoria obligando la paralización de la actividad productiva y esto lleva a que el 40% de argentinos que vive de la economía informal no logre tener ingresos monetarios en su hogar. Como respuesta a esto, el gobierno da ayudas monetarias y alimenticias a la población más vulnerable, sumándole también que fueron surgiendo más rápidamente los comedores barriales donde se veían largas colas para poder llenar su tupper de comida, tanto ancianxs como niñxs.
En estos territorios se fueron viendo las condiciones de hacinamiento, la falta de agua corriente, graves problemas de higiene y deficiencias en servicios básicos, esto hizo que el "gobierno asumiera que el aislamiento familiar no podía llevarse a cabo y el propio Ministerio de Salud acuñó el término 'cuarentena comunitaria'"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La cola para llenar el táper es larga. Hoy toca fideos con pollo. Mañana habrá lentejas, polenta o arroz. En la villa 22 de Enero, Milda Gladys espera pacientemente, con mascarilla y guardando distancia prudencial, que un soldado llene su fiambrera. "Llega un momento en que ya las cosas no dan para más", dice esta empleada doméstica de 52 años que no puede trabajar por la cuarentena. En la cola está Jorgelina, de 69 años, que llenará tápers para la familia. "Cobro jubilación y tengo que pagar luz y todo; mi hijo no tiene trabajo y mi nuera sólo cobra la asignación por sus tres niños", dice.

La pandemia del hambre llegó a Argentina antes que la sanitaria. De hecho, existe desde mucho antes de que tuviéramos noticias de Wuhan, pero ahora la pobreza se expande casi al mismo ritmo que los contagios en las villas, que ya se han convertido en la principal preocupación de la autoridades argentinas. Ubicada en el municipio de La Matanza, la 22 de Enero es una de las más de 4.000 villas miseria de Argentina, la mayoría de ellas enclavadas en el área metropolitana de Buenos Aires y donde la presencia del Estado es casi inexistente.

No obstante, desde que el presidente Alberto Fernández decretó el 20 de marzo la cuarentena obligatoria, paralizando la actividad productiva y condenando a no tener ingresos al 40% de argentinos que vive de la economía informal, el Gobierno se volcó en ayudas monetarias y alimenticias a la población más vulnerable. También los ayuntamientos o incluso el ejército.

Sin embargo, sanitariamente es harina de otro costal. Viendo la grave situación en España e Italia, la imposición temprana de un confinamiento fue un acierto, como lo demuestra el bajo número de casos en el país, que ayer era de 5.611 y 293 fallecidos. Pero la realidad tercermundista de las villas, eternamente postergadas y en condiciones de hacinamiento, muchas sin agua corriente, con graves problemas de higiene y deficiencias en servicios básicos, hizo que el Gobierno asumiera desde el primer momento que el aislamiento familiar no podría llevarse a cabo, y el propio ministerio de Salud acuñó el término "cuarentena comunitaria".

Estas semanas, los canales de televisión se han hartado de mostrar imágenes de los barrios pobres con mucha gente por las calles -niños incluidos- sin respetar distancias y sin mascarilla. No obstante, hasta hace pocos días las autoridades no se han empezado a preocupar, al constatar que el crecimiento de contagios en las villas se aceleraba con relación al resto de lugares. En la ciudad de Buenos Aires, con medio centenar de asentamientos, los casos de coronavirus en zonas vulnerables ya representan casi la cuarta parte del total, que a su vez es casi la mitad del cómputo global del país.

La capital, con tres millones de habitantes, tiene un estatus equivalente a la autonomía de las provincias argentinas y es la administración que contabiliza con mayor detalle los casos en sus barrios carenciados. La alarma saltó cuando en la céntrica villa 31, la más segura y accesible mediáticamente, se multiplicó la Covid-19 y los vecinos denunciaron que gran parte de su territorio llevaba días sin agua corriente. Y esto sucede en el más cuidado de todos los asentamientos del país, situado en el distrito de Recoleta -uno de los más ricos de Argentina-, donde el Ayuntamiento ha invertido muchos recursos para su urbanización y cuyas calles desinfectan cada día los servicios municipales de limpieza.

En la villa 1-11-14, mucho más peligrosa y dominada por el narcotráfico, también se detectó un aumento exponencial de la enfermedad. Esta misma semana, el Ayuntamiento comenzó a hacer tests casa por casa que, aunque no pueden ser masivos, tratan de reflejar una muestra estadística de la situación. "Los resultados son preocupantes", indicó el propio Fernández cuando la noche del viernes anunció en rueda de prensa una prórroga, más flexible, de la cuarentena. El presidente aseguró que en la 1-11-14 el 60% de las pruebas realizadas dieron positivo.

Casi toda la otra mitad de contagios de Argentina se concentra en la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes y 1.800 asentamientos. Su gobernador, Áxel Kicillof, sentado el viernes junto a Fernández, destacó la "velocidad que tiene el contagio" en estos lugares. "Tenemos que tomar medidas de muchísimo cuidado", añadió. En algunas villas de la provincia bonaerense también se están incrementando los tests, pero sus autoridades sanitarias no ofrecen un número desagregado de los casos aunque aseguran que representan el 5% del total, cifra que se presume muy baja teniendo en cuenta que hay casi dos millares y que la prevención sanitaria es casi nula, más allá de los carteles que recomiendan lavarse las manos, usar mascarilla y guardar distancia.

La situación es "muy mala" y su "impacto es impredecible", reconoce a La Vanguardia una fuente oficial de la provincia. Los habitantes de las villas deben seguir el mismo protocolo si presentan síntomas de coronavirus; es decir, llamar a un número centralizado donde, si es necesario, acude una ambulancia y traslada al posible enfermo de Covid-19 a un hospital. Sin embargo, los residentes en barrios pobres saben que, salvando el hecho de que el personal de las ambulancias se atreviera a internarse en una villa insegura, quizás no podría hacerlo por las estrechas calles, que dificultan el acceso. Por todo ello, es previsible un subregistro de los casos.

"Los que tienen mayores recursos de educación y más resiliencia cumplen la cuarentena, cuidan a sus hijos, pero son los menos", asegura María Iraola, directora de la asociación Manos de La Cava, situada en la villa La Cava de San Isidro, a las afueras de la capital y una de las localidades más ricas de Argentina. "En una casa que tiene una habitación y viven diez personas, que por ahí no tienen ni baño, es mucho más difícil la cuarentena", continúa Iraola. "Entender que tienen que usar barbijo, que tienen que quedarse en su casa... pasas por la cancha de fútbol y hay un montón de personas jugando al fútbol", se lamenta. "Creo que si esto se sigue desarrollando no va a estar bueno, me parece que se va a contagiar mucha más gente", añade.

Cuando este corresponsal visitó en octubre pasado el comedor de Manos de La Cava, servía diariamente platos para 350 personas; ahora entrega 800 raciones. De los 44 millones de argentinos, once millones requieren asistencia alimentaria. Además 1,4 millones de personas viven en situación de hacinamiento y cinco millones lo hacen sin las condiciones necesarias de saneamiento, según datos ofrecidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec).

El ejército argentino ha creado un batallón para cocinar y servir comida en distintas zonas deprimidas, como las tres villas que recorrió esta semana La Vanguardia : 22 de Enero, Puerta de Hierro y Palito, situadas en La Matanza, que colinda con la capital argentina y que, con casi dos millones de habitantes, es el municipio bonaerense más poblado. Los camiones militares son recibidos con aplausos, mientras parroquias y oenegés allanan el terreno, identificando a los más vulnerables. Si no fuera por la Iglesia católica, por los llamados curas villeros que llevan años pisando las polvorientas calles o por las asociaciones, la pandemia del hambre sería mucho más dramática.

"La gente la va sobrellevando gracias a la comida que se le puede dar día a día", cuenta Miguel Ángel Rubio, que hace dos décadas que colabora con la parroquia San José, a cargo de varias villas de La Matanza. Al frente está el sacerdote Nicolás Angelotti, a quien todos llaman el Tano , que ha habilitado un espacio donde 35 ancianos vulnerables pasan la cuarentena o está levantando un centro provisional de atención sanitaria primaria.

El Tano gestiona varios comedores como el de Puerta de Hierro, donde su responsable, Karina Haedo, confirma que la demanda de comida caliente se ha "triplicado". Los tápers, cada uno con su nombre, se amontonan en una mesa a la espera de ser llenados y repartidos, pues ahora nadie puede entrar en el merendero.

Conocida como el supermercado del paco (pasta base de la cocaína), Puerta de Hierro tiene fama de ser una de las villas más peligrosas del país. Por sus pasillos estrechos no caben las ambulancias. El comedor está junto a una capilla que antes fue un búnker de venta de droga. En frente, en una pista de fútbol, los chicos le dan a la pelota como si el virus fuera invisible.

# data[].attributes.attachment_link.title
La pandemia llega a las villas miseria de Argentina

# data[].attributes.attachment_link.description
La cola para llenar el táper es larga. Hoy toca fideos con pollo. Mañana habrá lentejas, polenta o arroz. En la villa 22 de Enero, Milda Gladys espera pacientemente, con mascarilla y guardando distancia prudencial, que un soldado llene su fiambrera.

# data[].attributes.body
En 2015 desde el gobierno conducido por Mauricio Macri, se desarticuló el programa Conectar Igualdad que entre 2010 y 2015 depositó más de 5.300.000 de netbooks en manos de docentes y jóvenes de las escuelas secundarias, escuelas especiales e institutos de formación docente de nuestro país. Las consecuencias de estas decisiones se ven reflejadas en la crisis sanitaria, donde en Argentina se cerraron las escuelas y desde la provincia se propuso la continuidad pedagógica de forma virtual para prevenir y disminuir los contagios. Por lo tanto, la falta de material tecnológico por lo nombrado al comienzo, provocó que los derechos de miles de alumnos y alumnas se vean vulnerados, ya que no tienen acceso a un dispositivo tecnológico que les permita el acceso a la educación, aunque el Estado llevó a cabo políticas para que puedan mantenerse los lazos entre la escuela y los hogares. Podemos encontrar una relación entre las decisiones del gobierno Macrista y el texto de Pablo de Marinis, donde describe la Economización del Estado, donde el estado ya no apunta su energía hacia la solidaridad colectiva como en el Estado de bienestar, sino que cada sujeto, en pocas palabras, debía hacerse responsable de sus necesidades.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
A seis meses de la implementación de la educación a distancia como único mecanismo para garantizar la continuidad pedagógica de alumnos argentinos, funcionarios y especialistas señalaron que el sistema "respondió con celeridad y compromiso" pero la conectividad fue el elemento distintivo de las desigualdades que ya existían.

De acuerdo a la Encuesta de Evaluación sobre la continuidad pedagógica, 65% de los alumnos primarios que asisten a escuelas privadas se encuentra en condiciones óptimas de conectividad frente al 38% de las estatales que sólo logra conectarse a través del celular, valor que en el el sector privado es de 8%. En tanto, el 25% de los hogares no tiene acceso fijo a internet y un tercio de ellos carecen de recursos para la continuidad pedagógica.

El investigador y escritor Emilio Tenti Fanfani dijo que tener conectividad en tiempos en que millones de alumnos están fuera de las aulas se convirtió en "la garantía del derecho a la educación" en este contexto de pandemia, por lo que instó a los gobiernos a dejar la inversión en obras públicas y apostar fuertemente al área educativa con dotación de conectividad con banda ancha.

A su vez, calificó como "catástrofe educativa" la pérdida de la presencialidad y aseguró que en en esa situación "pierden los que antes ya perdían, los sectores más desfavorecidos".

Sonia Alesso, jefa de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), destacó que "hemos visto un esfuerzo de docentes para llevar adelante la educación en contextos de pandemia". "Seguimos trabajando a pesar de todo en múltiples formas por medio de la computadora, celulares, fotocopias, aún en provincias con mucho contagio y repartiendo el material casa por casa a los chicos", sostuvo.

En el nivel secundario, el 40% de los docentes informó tener hasta 100 estudiantes a cargo y 6% más de 300 estudiantes a cargo. Además, casi la mitad de docentes (46%) logró adecuar la propuesta de continuidad pedagógica en una y dos semanas. Un 20% dijo que la adaptación les llevó un mes.

Alesso resaltó el "compromiso del docente de trabajar más horas de las que debería". Un profesor de rugby de un colegio de Salta transformó sus clases para poder darlas a través de videollamada y coordinadoras pedagógicas de un colegio tuvieron que adaptar las clases virtuales y sus herramientas para alumnos con dificultades de aprendizaje.

El mensaje de texto, que no requiere el consumo de créditos, fue el elemento más usado para que los alumnos se contacten con sus docentes.

Para Tenti Fanfani, "una elite de alumnos tienen reuniones por la plataforma Zoom dos horas por día y la brecha con las que no lo tienen se agrandará". Según el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la desarticulación del programa Conectar Igualdad, que preveía la entrega de netbooks, es una de las causas de no poder dotar de conectividad a todos los alumnos. Agregó que la implementación del proceso de continuidad pedagógica "reconoce la realidad del sistema educativo, con una desigualdad que no nació del coronavirus". Télam

# data[].attributes.attachment_link.title
La educación virtual, con una brecha por los que no tienen internet

# data[].attributes.attachment_link.description
A seis meses de la implementación de la educación a distancia como único mecanismo para garantizar la continuidad pedagógica de alumnos argentinos, funcionarios y especialistas señalaron que el sistema "respondió con celeridad y compromiso" pero la conectividad fue el elemento distintivo de las desigualdades que ya existían.

# data[].attributes.body
En este artículo periodístico se lee y se ve una de las realidades más difíciles que atraviesan miles de argentinos de los territorios excluidos y siendo estos el epicentro de esto , en contexto de Covid 19.
Entendemos que estos sectores tras estar pasando por el Coronavirus los atraviesa muchísimas otras cuestiones, como la falta de agua, la desnutrición, inseguridad y escaso acceso a derechos. Estos sectores a pesar de que son atravesados por estas dificultades, muchas organizaciones vecinales que actúan en este contexto son ejemplos y caracterizados como sociabilidad comunitaria. Donde las personas establecen relaciones sociales, para un intercambio comunitario.
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200404/buscar-comida-en-buenos-aires-en-tiempos-de-crisis-sanitaria-7917092

# data[].attributes.body
Este artículo periodístico es uno más de la realidad en toda Latinoamérica pero lo tomó como ejemplo, para poder observar a  las comunidades y sus problemas, y cómo ellos responden ante estas dificultades.

Articulando con el texto de Bráncoli, Tonnies manifiesta que la ayuda mutua constituye un acto de carácter central comunitario.

Y en este artículo se observó a la población de "Iwi Imenb" unida protestando junto a otros manifestantes que brindaron su apoyo.

Teniendo en cuenta que tenemos medidas preventivas impuestas con la ASPO, para el cuidado de nuestra salud y los de nuestro entorno, tenemos gente, que tienen la obligación de salir a protestar a las calles para no ser reubicados, en medio de la nada, en donde ni siquiera cuentan con servicios salubres. ¿Cómo podrían cuidar su salud, si no siquiera cuentan con lo elemental  que es el agua, en el lugar que los quieren reubicar? Tampoco cuenta con tierras productivas, esas hectáreas en donde los quieren reubicar ¿cómo podrían subsistir, si ellos son sujetos que acostumbran a vivir principalmente de la tierra? Y ahora que todo se agudizo con el tema de la pandemia, a esta población se le agudiza a un más sus problemas de supervivencia. Esta es una clara expresión de la  cuestión social que tenemos hoy en día.

“La sociedad no puede hacer sentir su influencia a menos que esté en acción, y no esta en acción si los individuos que la componen no se asocian y actúan en común. Solo mediante mediante la acción común toma conciencia de sí misma y comprende cuál es su posición; es por sobre todas las cosas, una cooperación activa” (Nisbet, 1966).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Un grupo de vecinos de Abasto se movilizó hoy a la Municipalidad de La Plata para manifestar su rechazo al proyecto de relocalización de la comunidad indígena "Iwi Imenb" (Hijos de la Tierra) en terrenos de la zona de Estancia Chica. Se trata de parte de tierras que el club Gimnasia cedió para la reserva fiscal de 1980. En la zona, sin embargo, rechazaron la medida municipal al afirmar que las parcelas en cuestión corresponden a un área protegida, al tiempo que afirmaron que son demasiadas familias como para reubicarlas en tan sólo tres hectáreas, por lo que advirtieron por una futura situación de hacinamiento.

En ese sentido, se movilizaron con pancartas con leyendas alusivas, tales como "zona ecológica invadida", "No al comodato, no al hacinamient", "Protejamos arroyos, agua, tierra".

En la puerta de la Municipalidad, los manifestantes expresaron que "los pobladores de Abasto queremos que los funcionarios de La Plata no tomen decisiones unilaterales. Que sepan que llevar a tantas familias a tres hectáreas no productivas de la zona va a traer problemas. Es un área productiva".

"Son comunidades indígenas, hay que localizarlas en zonas dignas. No hay agua, claocas, transportes ni recolección de residuos. Las están tirando en el medio de la nada. Queremos dignidad para esas personas y para nosotros que queremos cuidar el área protegida de Abasto", señalaron.

"Pedimos que el proyecto se cancele. Tenemos un proyecto compatible con el barrio y con la ecología. Tenemos un proyecto de equinoterapia para que puedan venir todos los vecinos de La Plata. Queremos que se cancele este proyecto", dijeron.

"Es una decisión equivocada. Nosotros podemos decir lo que pasa en esa hectárea, que hay 20 centímetros de humus. Nosotros que vivimos en la zona flori-fruti-hortícola no nos pueden decir como se hace una quinta. Que no piensen que es discriminación con la comunidad, nosotros convivimos con colectividades paraguayas, japonesas, bolivianas", expresaron los manifestantes.

# data[].attributes.attachment_link.title
Protesta en rechazo a la relocalización de una comunidad indígena en Abasto: "Es un área protegida"

# data[].attributes.attachment_link.description
Un grupo de vecinos de Abasto se movilizó hoy a la Municipalidad de La Plata para manifestar su rechazo al proyecto de relocalización de la comunidad indígena "Iwi Imenb" (Hijos de la Tierra) en terrenos de la zona de Estancia Chica. Se trata de parte de tierras que el club Gimnasia cedió para la reserva fiscal de 1980.

# data[].attributes.body
El articulo elegido hace referencia  a situaciones problemáticas de distinta índole que atraviesan los sectores mas vulnerables de América Latina en el marco y contexto del aislamiento obligatorio a raíz de la Pandemia por Covid-19.
En este sentido, el articulo - en grandes oportunidades- nos expresa  que las situaciones desfavorables que atraviesan estos sectores ya existían, pero que con la Pandemia se hicieron mucho mas visibles.
Al comenzar el ASPO, lxs sujetxs estaban preocupadxs por sus ingresos, por la salud, por la violencia domestica, educación, hacinamiento, pero especialmente, preocupados  por la obligatoriedad de tener que quedarse en sus hogares , lavarse las manos, etc. cuando en realidad no contaban con estos medios -manifestaciones de la Cuestión Social-. Entonces, como expreso una compañera, ¿Cómo nos quedamos en nuestros hogares si no tenemos un ingreso fijo, ni tampoco unas condiciones dignas en las que vivir?   Todas estas esferas, hacen visible la necesidad de que el Estado garantice distintas políticas publicas con el fin  de poder incluir a todxs, y de mejorar sus condiciones de vida para que, por ejemplo, estén menos propensos a contagiarse del covid. En este sentido, el artículo nos expresa que es el Estado quien debe garantizar y priorizar "campañas transparentes de información pública, planificar estrategias que involucren a grupos marginados en áreas urbanas y comunidades indígenas, garantizar el acceso a agua limpia, jabón, alimentos, ingresos y otros artículos esenciales, garantizar la conectividad a Internet, usar espacios diferentes a los hospitales para aislar a los pacientes con COVID-19, y diseñar estrategias para mover pacientes de manera segura entre las instalaciones médicas" (Articulo Covid-19).
Ante estas diversas situaciones y conflictos, el Estado comenzó a promover el IFE como una ayuda económica hacia  lxs sujetxs y por lo tanto a sus ingresos que se vieron afectados. Se me ocurre, en este sentido, la política que lanzo en relación a hisopar de manera gratuita a lxs sujetxs, llevando a los barrios vehículos donde estos podían llevarse a cabo.
Otro punto importante, es la importancia - como reiteramos en distintas oportunidades- de lo comunitario  en los barrios, como una salida colectiva ya que por ejemplo, comedores, organizaciones barriales y sus referentxs, fueron de suma importancia para salir adelante mediante ollas populares, apoyo escolar para aquellxs niñxs que se vieron mas comprometidos y afectada su situación en cuanto educación.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En Argentina, el PNUD ha desarrollado una campaña de redes sociales que promueve las finanzas inclusivas. #PlataSinBanco explica las alternativas actuales para retirar dinero de un cajero automático local, incluso sin una tarjeta de débito o cuenta bancaria. © Foto: PNUD Argentina

Attachments

En América Latina, las infecciones por COVID-19 aumentan mientras que prácticamente todos los países enfrentan una recesión La pobreza y la desigualdad ya eran extremas incluso antes de la pandemia
Nueva York - América Latina está luchando por contener las crecientes infecciones por COVID-19 mientras enfrenta una recesión casi certera y los impactos relacionados, pero las políticas que priorizan a las personas pobres y vulnerables pueden ayudar a mitigar la pobreza y la desigualdad ya extremas de la región, según un nuevo estudio del PNUD.

Antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba un crecimiento económico de solo 1,6% para la región en 2020, con recesiones en varios países. En abril, proyectó una contracción del 5,2%, con casi todos los países en recesión. Las naciones caribeñas dependientes del turismo podrían ver una caída del PIB entre 5 y 10%, empeorando la pobreza crónica, la desigualdad y la inseguridad de la región.

Al 24 de junio, América Latina y el Caribe tenía 2.154.566 casos confirmados y un total de 100.214 muertes, lo que afecta a los sistemas de salud crónicamente subfinanciados. Brasil, México, Perú, Ecuador y Chile tienen el mayor número de muertes en la región, y Brasil ahora tiene el mayor número de muertes en todo el mundo después de los Estados Unidos. Los expertos también temen que algunos países estén subestimando el número de infecciones por COVID-19 y muertes relacionadas.

La Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford ha propuesto tres indicadores para captar el riesgo de infección por COVID-19: la falta de acceso al agua potable, el uso de combustibles nocivos dentro de los hogares y la desnutrición. Según esas medidas, 142 millones de personas corren el riesgo de contraer COVID-19 en América Latina, aproximadamente una cuarta parte de la población de la región.

Los ciudadanos de la región están preocupados. Una encuesta realizada a más de 1.000 personas en Argentina e informes de otras 15 oficinas de país del PNUD en la región encontró que los latinoamericanos mencionaron tener grandes preocupaciones relacionadas con las medidas de cierre dirigidas a contener la pandemia. Las principales preocupaciones fueron:

Ingresos: 12 de 16 países mencionaron la caída de los ingresos entre las principales preocupaciones; 10 mencionaron la caída de los ingresos como su principal preocupación.

Salud: 8 de los 16 países mencionaron los problemas relacionados con la salud, como el acceso a los medicamentos y servicios de salud, entre las principales preocupaciones.

Violencia doméstica: seis de los 16 países mencionaron la violencia doméstica entre las principales preocupaciones, impulsada por los altos niveles de abuso de alcohol y drogas en las zonas pobres.

Suministros de alimentos: cinco países mencionaron el acceso a los alimentos entre las principales preocupaciones.

Discriminación: Cinco países mencionaron la discriminación o exclusión de minorías, migrantes o miembros de la comunidad LGBTIQ como una de las principales preocupaciones.

Hacinamiento: Cinco países mencionaron el hacinamiento entre las principales preocupaciones.

Educación: el informe en profundidad para Argentina descubrió que el acceso limitado a la educación en línea y el fracaso del gobierno para proporcionar folletos impresos a todos los niños habían interrumpido gravemente el aprendizaje, lo que probablemente aumentó el riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela para siempre.

Las acciones políticas pueden limitar el daño a largo plazo

Según el estudio, se necesita una acción urgente en múltiples áreas relacionadas: en el frente epidemiológico, sanitario y de saneamiento; en el frente económico, en los mercados laborales; y en la protección social.

En el estado actual de emergencia, los gobiernos deben priorizar campañas transparentes de información pública, planificar estrategias que involucren a grupos marginados en áreas urbanas y comunidades indígenas, garantizar el acceso a agua limpia, jabón, alimentos, ingresos y otros artículos esenciales, garantizar la conectividad a Internet, usar espacios diferentes a los hospitales para aislar a los pacientes con COVID-19, y diseñar estrategias para mover pacientes de manera segura entre las instalaciones médicas.

Más tarde, los gobiernos deberían proporcionar pruebas gratuitas de COVID-19 a los grupos más pobres y vulnerables, seguir abriendo nuevos centros de aislamiento, garantizar el acceso al agua potable, garantizar que los grupos marginados posean dispositivos que les permitan ser rastreados, ampliar la inclusión financiera digital, proteger los medios de vida y proporcionar transferencias monetarias a las personas pobres.

También deben diseñar programas de empleo temporal, distribución directa de alimentos seguros, implementar recortes o aplazamientos de impuestos, evitar recortes de servicios básicos como el agua, la electricidad y Wi-Fi, mitigar la violencia doméstica, mantener la educación y garantizar el acceso a la salud y la medicación más allá COVID-19, dice el estudio.

PNUD a nivel de país

El PNUD está trabajando en toda América Latina y el Caribe para ayudar a contener la pandemia y mitigar sus impactos sociales y económicos:

En Argentina, el PNUD ha desarrollado una campaña de redes sociales que promueve las finanzas inclusivas. #PlataSinBanco explica las alternativas actuales para retirar dinero de un cajero automático local, incluso sin una tarjeta de débito o cuenta bancaria. Este programa apoya el esfuerzo de Emergencia de Ingresos Familiares del gobierno nacional para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, entre otras medidas. El PNUD también se asoció con los laboratorios regionales de innovación a través de un Hackathon virtual, reuniendo a más de 800 socios y 2.000 propuestas para hacer frente a COVID-19.

En Barbados, para generar empleos y entregar alimentos de manera segura, el PNUD y FarmFinder están diseñando un portal digital de agricultura y pesca para conectar de manera más efectiva a los vendedores y consumidores, incluido un sistema para rastrear los productos locales de cultivo y pesca.

En Haití, el PNUD está trabajando para reprogramar los fondos existentes, con el acuerdo de los donantes, para obtener EPP esencial, apoyar al personal médico y los sistemas judiciales y correccionales.

En Honduras, el PNUD está brindando asistencia técnica para priorizar a los hogares más afectados por la crisis para recibir apoyo social y transferencias de alimentos y está lanzando un mecanismo de transferencia de efectivo que llegará a unas 500.000 personas.

En México, el PNUD y ONU Mujeres están creando capacidad de respuesta y unidades de prevención de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de México, que apoyan a las mujeres víctimas de violencia doméstica y de género. El PNUD también está trabajando con la Fundación Zurich para apoyar a 6.000 familias de 100 comunidades con altos niveles de pobreza, en el sur de México.

# data[].attributes.attachment_link.title
Covid-19 y la protección social de las personas pobres y los grupos vulnerables en América Latina: un marco conceptual - Argentina

# data[].attributes.attachment_link.description
Attachments En América Latina, las infecciones por COVID-19 aumentan mientras que prácticamente todos los países enfrentan una recesión La pobreza y la desigualdad ya eran extremas incluso antes de la pandemia Nueva York - América Latina está luchando por contener las crecientes infecciones por COVID-19 mientras enfrenta una recesión casi certera y los impactos relacionados, pero las políticas que priorizan a las personas pobres y vulnerables pueden ayudar a mitigar la pobreza y la desigualdad ya extremas de la región, según un nuevo estudio del PNUD.

# data[].attributes.body
Elegí este artículo porque me parece que en el marco de una pandemia que nos obliga a seguir ciertos protocolos como quedarnos en casa, lavar nuestras manos, no estar en contacto con otrxs, etc. Es fundamental tener una vivienda, en un primer lugar. ¿Cómo quedarnos en casa si no tenemos hogar? ¿Cómo evitar la exposición al virus si no tenemos otra opción que rondar por las calles? Considero que actualmente la falta de viviendas es una manifestación de la cuestión social, se está vulnerando un derecho básico como lo es el tener un techo.

En este sentido, el Gobierno lanzó el Programa Reconstruir en el municipio bonaerense de Ensenada, que está destinado a reconstruir 55 mil viviendas que han quedado incompletas o ni siquiera han sido iniciadas por parte del gobierno anterior.

https://diariohoy.net/politica/fernandez-grabense-esta-foto-esta-es-la-foto-de-la-unidad-163006

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El presidente Alberto Fernández lanzó hoy, en el municipio bonaerense de Ensenada, el Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas, informaron fuentes oficiales.

El acto se llevó a cabo desde pasadas las 12:30 donde Alberto Fernández estuvo acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Mario Secco, intendente de Ensenada, fue quién tomó la palabra en primer lugar, donde agradeció la presencia de las autoridades nacionales, tanto del Presidente como de la Vicepresidenta, e incluso del Gobernador.

Además, destacó su labor en el contexto de pandemia donde puso en duda el futuro del país si el gobierno estuviera en manos de Mauricio Macri y/o María Eugenia Vidal.

Por su parte, continuó Axel Kicillof tras un breve discurso de Jorge Ferraresi. El Gobernador hizo énfasis en el lawfare, pero también descató que: "Se está librando una batalla contra el covid, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Se utilizan términos de guerra"

Luego continuó con ironía sobre la cantidad de viviendas (55.000) y la similitud con el préstamo que pidió el gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional, que endeudó al país.

Finalmente fue el Presidente quien se hizo cargo del micrófono y apuntó contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia quienes fallaron a favor del gobierno de la Ciudad por las clases presenciales.

Además, reinvindicó la unidad del Gobierno nacional, la cual había sido puesta en duda por parte de los medios opositores: "Grábense esta foto, no se olviden. Esta es la foto de la unidad", remarcó.

A su vez, también se refirió a la deuda que dejó la gestión anterior, encabezada por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, a nivel provincial. "Llenaron el país de miseria, dejaron a los argentinos sin casas. Cerraron los colegios, el Ministerio de Salud y el CONICET".

Por último, ya exaltado por el ya mencionado fallo por las clases presenciales en favor de Horacio Rodríguez Larreta y su no acatamiento al DNU publicado el 30 de abril, dijo: "Un juez tiene derecho a querer postular a un Presidente y tiene derecho a votarlo pero no puede usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan".

En ese marco, resonó quizás la frase del acto, por parte del Presidente: "Si los jueces están al servicio de los poderosos, estamos en el peor de los mundos".

Con la publicación en Boletín Oficial de la Resolución 99/2021, firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, se oficializó la creación del Programa Reconstruir, que tiene como objetivo la reactivación y finalización de aquellas obras de vivienda que se encuentren paralizadas en su ejecución, como asimismo aquellas que, habiendo sido proyectadas o aprobadas, no han sido iniciadas.

Seguir leyendo...

El programa contará con una inversión de $110 mil millones de pesos para finalizar las 55 mil viviendas que fueron abandonadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri cuando se encontraban en proceso de construcción a cargo de distintos entes ejecutores, con financiamiento del Estado Nacional.

"Se trata de 55 mil viviendas en todo el país con diferentes grados de avance que la gestión anterior abandonó y que, gracias a la aprobación en ambas Cámaras de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, se podrán volver a poner en marcha", explicó hace unos días el ministro Ferraresi.

EN VIVO | Ensenada - El presidente Alberto Fernández lanza el Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55.000 viviendas. https://t.co/835Bg4jfTv
- Casa Rosada (@CasaRosada) May 5, 2021

# data[].attributes.attachment_link.title
Fernández: "Grábense esta foto, esta es la foto de la unidad" - Diario Hoy En la noticia

# data[].attributes.attachment_link.description
El Presidente de la Nación lanzó en Ensenada un programa para finalizar la construcción de 55.000 viviendas. Lo hizo junto a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Verónica Magario y Sergio Massa. Allí apuntó a quienes plantan dudas sobre la unidad del Gobierno. "Esta es la foto de los que queremos poner de pie a la Argentina", aseguró.

# data[].attributes.body
A través del artículo, indagamos sobre la otra faceta que hablaron las compas, lo que Pierre Bourdieu establece como la comunidad de los poderosos. En este sentido, una expresión material, ideológica y política de la cuestión social. La conformación de estas concentraciones societarias ejemplifica un proceso de estratificación y una respuesta de estos actores que se vinculan en espacios alejados, distantes e incluso con cierto carácter remoto.

La información brindada por la nota periodística, nos da los índices y condiciones en la que estas “comunidades” acceden a dichos territorio. Y ejemplifica, el incumplimiento normativo, fiscal y jurídico en las que estas poblaciones accedieron a sus barrios privados. Además emerge otra faceta de la cuestión social, y es la caracterización y la no- estigmatización de estos sectores. Ya que en contraparte, se ven a los sectores más golpeados por la pandemia, y el déficit habitacional, ubicados y conceptualizados por distintos actores como los medios hegemónicos como:“usurpadores” y “agresores de la propiedad privada”.

En este sentido, la respuesta por parte de las políticas públicas está concentrada en la construcción y en la reactivación de las políticas habitacionales, pausadas y postergadas durante el periodo de la pandemia política, llevada a cabo por las políticas macristas. La contestación ante esta crisis económica y sanitaria está concentrada en primera medida en generar un movimiento en la economía y en consecuencia que se concreticen los espacios habitacionales.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La proliferación de barrios cerrados y countries en el gran Buenos Aires trae problemas ambientales y sociales profundos. A partir de una denuncia de las autoridades bonaerenses, también significan evasión y ningún ingreso a las arcas fiscales. Según el director de ARBA, Cristian Girard, el 25% de los 871 que hay en la provincia no está registrado como tal y por lo tanto eluden el pago de los tributos correspondientes que, estimó, alcanzan los $ 1500 millones anuales porque "pagan como tierra rural sin mejoras o como tierra urbana".

La cifra no es desdeñable puesto que, en total, la recaudación anual llega hasta los $ 6000 millones.
Cambios
Quince años atrás, el tramo de 25 km de la ruta 58 que une las localidades de Canning y San Vicente estaba arruinada. La fina capa asfáltica exhibía enormes baches que dejaban ver el camino de tierra anterior. El paisaje era monótono: campos llanos con vacas y caballos pastando.

Desde allí salía un camino de tierra que empalmaba con la ruta 210 a la localidad de Guernica. Se trata de la actual avenida Néstor Kirchner que conduce a los terrenos que fueron desalojados en la violenta represión del pasado jueves y que ocupaban parte de los terrenos en los que el grupo Campos del Bellaco SA, en sociedad con el Club San Cirano, construye desde 2015 un country en una superficie de más de 360 hectáreas.

La ruta 58 ahora es conocida como el "Corredor Canning" y gran parte de ella cuenta con doble carril y un boulevard con palmeras. En diciembre de 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el shopping Las Toscas, en Canning, que resultó causa y consecuencia del boom inmobiliario en curso.

Un informe de septiembre de 2018 publicado por el Grupo Adrián Mercado destacó "el crecimiento exponencial que tuvo la zona en los últimos años debido a los grandes emprendimientos y desarrollos privados y las nuevas urbanizaciones". Enumeró 60 barrios cerrados y clubes de campo consolidados, además de cuatro parques industriales, dos complejos de oficinas premium, cinco centros comerciales, dos en construcción, y una veintena de condominios y edificios en diferentes etapas de construcción. El impulso incluyó la construcción de clubes náuticos, resultado de la creación de lagunas artificiales formadas en los agujeros que quedaron tras tomar la tierra para rellenar otras zonas del mismo country. "Como en la playa pero todo el año", reza el slogan de uno de los más exclusivos.

El predio donde Campos del Bellaco y San Cirano pretenden avanzar con su barrio cerrado es un derrame hacia el este de esos desarrollos inmobiliarios que, por su extensión, llegan a lindar con los barrios más pobres de Guernica que, pandemia mediante, se tradujeron en la inmensa ocupación.

La exacerbación de la desigualdad se puso de manifiesto en las crecientes dificultades para acceder a una vivienda propia o alquilada por parte de los históricos habitantes de la zona como resultado, precisamente, de esa avanzada inmobiliaria. Es lo que ocurrió en el otro extremo del AMBA, en Pilar, que atravesó un proceso de la misma naturaleza tanto durante la última dictadura como en los años noventa y que, al mismo tiempo que agrupa la mayor concentración de barrios cerrados exhibe uno de los índices más altos de desigualdad del Conurbano.

El informe de Adrián Mercado también daba cuenta de esa realidad: "La gran cantidad de familias que decidió migrar influyó mucho en los precios del m2", señaló y agregó: "Comprar en Canning hoy implica desembolsar mucho más dinero que hace una década atrás aunque se trate del mismo tipo de construcciones". El informe aseguró, además, que la explosión inmobiliaria hizo que la zona "crezca en status". La evolución de los valores del metro cuadrado de terreno sin construir "es exponencial, pasó de los U$S 41 de 2009 hasta los U$S 103 en 2018".

Por otro lado, "las megaobras de emprendedores privados hicieron que los valores de alquiler dieran un gran salto. Un departamento puede salir lo mismo que en un barrio de alta demanda de la CABA o en los mejores condominios de San Isidro". Los valores de las expensas equivalen a un cuarto del alquiler.

Valorización

Según un estudio realizado mediante fotos satelitales por el director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC), Gabriel Lanfranchi, el Área Metropolitana de Buenos Aires creció entre 2006 y 2016 en unas 21 mil hectáreas de las cuales un 46% corresponde a barrios cerrados. A escala nacional, el 24% de los nuevos territorios urbanos corresponde a ese tipo de desarrollos. El especialista explica que "en la revalorización de suelo rural a urbano hay una renta diferencial que va de cuatro a 20 veces".

Eso explica el comportamiento de los countries que eluden al fisco. De hecho, esa elusión equivale a una cifra que habría permitido destinar más de $ 1 millón por familia desalojada para resolver su situación habitacional.

A pesar de eso, Girard aclaró que la regularización pautada, al no tratarse de una evasión, no será retroactiva. "
Prioridades
En agosto, el gobierno nacional dio a conocer el plan de reactivación de la obra publica. En primer lugar figura la reactivación de la extensión del Camino del Buen Ayre, comenzada por la gestión de Vidal, que conecta la Panamericana con la ruta 6 pasando por Canning y Guernica. Medios locales saludaron la iniciativa porque "la mejora de la infraestructura vial tiene un efecto directo en la valorización del mercado inmobiliario y la oferta de barrios cerrados".

# data[].attributes.attachment_link.title
La otra cara de Guernica: el boom inmobiliario y la elusión de los especuladores

# data[].attributes.attachment_link.description
La proliferación de barrios cerrados y countries en el gran Buenos Aires trae problemas ambientales y sociales profundos. A partir de una denuncia de las autoridades bonaerenses, también significan evasión y ningún ingreso a las arcas fiscales.

# data[].attributes.body
Con el comienzo de la pandemia se ejecutó el aislamiento social preventivo, el cual, a pesar de ser un acto de cuidado para toda la sociedad, para algunos fue un hecho que les quito el trabajo, el sueldo de todos los días. esos primeros meses en los cuales no se podía casi ni circular si no se contaba con un permiso, familias debían hacerlo para poder llegar a instituciones como la que se observa en la noticia. Contar con alimentos, y otros materiales diarios se convirtió en un recurso de “privilegiados”, lo que ocasionó que en los comedores donde solo circulaban ninxs comenzaran a concurrir padres, y personas adultas, ya que el momento fue muy difícil. En esta ocasión, como otras tantas que salieron en las noticias, podemos observar como el comedor del barrio les brindaba alimentos, pero donde también se les hacía muy difícil comprar la mercadería. Podemos observar una relación de comunidad, donde se intenta ayudar a los más cercanos, a los que forman parte de nuestro barrio, a partir de la solidaridad; Haciendo micro política, buscando que el estado aporte por ejemplo mercadería. Como explicaban en la clase teórica, en la sociedad podemos observar un cuidado más individualista, donde cuidamos nuestro entorno, pero no vemos más allá de ahí, no visitamos a los adultos de nuestra familia, pero circulamos por lugares repletos de personas. A partir de estos datos recolectados me surgió la duda de ¿Cómo puede procurarse seguridad ante el covid a estas familias? Ya que, aunque quisiesen no pueden aislarse.

# data[].attributes.attachment_link.title
Demanda de ayuda alimentaria, la otra curva ascendente

# data[].attributes.attachment_link.description
La necesidad de asegurarse una ración de comida aumenta al ritmo del peor momento de la pandemia."Día a día va creciendo la demanda, es impresionante lo que está pasando", aseguran desde un merendero.Y advierten una "nueva pobreza":para algunos, pedir ayuda para comer era una realidad inimaginada hasta ahora.

# data[].attributes.body
Desde la nota, pueden identificarse claramente las características de la cuestión social que atraviesa el barrio con respecto a las influencias que éstas tuvieron con la descontrolada propagación del virus y la preocupación preventiva que tuvieron los gobernantes ante el conocimiento de ellas.  Se mencionaron las capacidades espaciales con la que cuentan dentro del territorio, viendo que la mayoría de los pasillos no cuentan con una distancia mayor a 2 metros, y la aglomeración dentro de las casillas, encontrándose con una convivencia de entre 4 a 15 personas por hogar. Así también destacan la falta de infraestructura y servicios básicos como vía obstaculizadora de la higiene y consecuentemente beneficiaria a la ola de contagios. A partir de la necesidad de controlar la situación barrial, el Estado tomó medidas y aplicó políticas públicas fundamentales para el bienestar de los habitantes; como el confinamiento territorial y la utilización de testeos desde el Operativo Detectar, asistencia alimentaria y social, la distribución de bolsones con mercadería, tanto del municipio como de organizaciones sociales y finalizando con una incentivación a un proceso de urbanización para el barrio. Desde las vivencias contadas por les vecines y su participación solidaria para los suyos es que podemos ver como comenta De Marinis, que el juego del Estado, “entonces es doble: el Estado apela a las comunidades, se dirige a ellas y de algún modo promueve su constitución  y su participación en tareas de gobierno, y por el otro lado, las comunidades se activan, para conformar sus perfiles identitarios, […], y articular sus demandas a autoridades de diversos tipo.” (De Marinis 2005 pag 23), en este caso se ve como la comunidad se convirtió como dice el autor en “estar chez soi” y desde esta perspectiva relacionada con las “public-private parthnerships” es que los habitantes se auto convocaron al accionar de la búsqueda y detección de personas contagiadas, frente “a la necesidad “de hacer algo” percibiendo el problema.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La cuarentena comunitaria que se llevó a cabo durante 15 días para frenar los contagios en Villa Azul fue un éxito. A más de un mes del brote en el barrio situado entre los partidos de Quilmes y Avellaneda, la situación sanitaria está controlada gracias al operativo DetectAr del Ministerio de Salud y el gobierno de Axel Kicillof. Pero quedó al descubierto la precariedad habitacional y laboral, y la necesidad de urbanizar el barrio para acabar con las desigualdades de décadas.
En cruce de las calles Antonio Caviglia y Sargento Cabral, que divide el partido de Quilmes y el de Avellaneda sigue habiendo algunas vallas de metal y policías apostados para controlar el ingreso y el egreso al barrio Villa Azul. Los agentes ya no visten mamelucos amarillo, no hay patrulleros, ni tampoco están los móviles de la tv que coparon la entrada a el pasado 24 de mayo, cuando por la alta tasa de contagio el gobierno bonaerense decidió cerrarlo para evitar que se expanda el coronavirus.

Aunque el cierre total ya pasó y los vecinos viven ahora una nueva etapa de aislamiento -"focalizado"- muchos de ellos coinciden en que esos 15 días en que estuvieron sin poder salir del barrio fue una experiencia que los modificó. En tanto, las autoridades municipales y provinciales consideran a Azul como un caso exitoso de aislamiento comunitario. Según los datos oficiales, gracias a éste en se pasó de 50 a 5 contagios diarios.

El confinamiento

Villa Azul fue el primer barrio del conurbano, y por el momento el único, que fue cercado por razones sanitarias durante estos más de 100 días de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para evitar la propagación del coronavirus. Las villas y barrios más vulnerables fueron desde el inicio de la pandemia la preocupación más grande de los gobernantes como posibles focos de contagio, por el hacinamiento en que viven sus habitantes y la falta de infraestructura.

Los testeos realizados durante Operativo DetectAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en terreno de Argentina) el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo en Azul arrojaron datos alarmantes: de las 3.128 personas que viven allí, según el último censo realizado en 2018 -se estima que hoy son cerca de 5.000- ,123 personas habían sido hisopadas y 99 de ellas resultaron positivas a Covid-19.

Plasma: el mejor antídoto hasta que llegue la vacuna

En las proyecciones de los infectólogos el contagio pronto sería masivo. El gobernador de la provincia Axel Kicillof, en conjunto con la intendenta Mayra Mendoza, tomaron la decisión de un aislamiento comunitario por 14 días y el 25 de mayo quedó conformado el Comité Operativo de Emergencia (COE), integrado por representantes de las áreas de salud, de desarrollo y seguridad del municipio y la provincia.

Jonatan Konfino. Secretario de Salud de Quilmes, explicó a Nuestras Voces que se venía realizando una estrategia de búsqueda activa de casos en el partido cuando notaron que la tasa de positividad en Azul era muy alta. "Hablamos con las autoridades sanitarias de Avellaneda y tenían números de contagios similares. Nos dio la pauta de que había una circulación viral importante en el barrio y como los casos estaban concentrados en una zona geográfica era abordables. El aislamiento comunitario nos pareció la mejor estrategia para frenar los contagios", recordó.

Siguiendo la misma línea, Mendoza aseguró que con la medida buscaban "cuidar a los vecinos y los barrios que están cerca", y precisó que la medida es estrictamente sanitaria."Se toma al barrio como una familia y si el test que se le realice a un integrante da positivo, deben quedarse todos sus contactos estrechos haciendo la cuarentena", explicó.

Eses domingo 24 de mayo, Rosana González almorzaba en familia cuando vio pasar un helicóptero de la Policía Bonaerense, minutos después fue testigo de cómo las fuerzas de seguridad vallaron el barrio. Rosana contó a Nuestras Voces que "al principio hubo angustia porque no entendíamos nada. Había policías, personas del municipio y gente del barrio vestida de blanco que junto a los médicos iban casa por casa para detectar si tenías que hacerte o no el hisopado. Se llevaban a vecinos".

"Tenemos que evitar el monopolio del medicamento para tratar el COVID-19"

Rosana aseguró que recién entendió la gravedad del coronavirus cuando una de sus vecinas se enfermó. "Hasta el momento no pensaba que podíamos contagiarnos, ahí comenzamos a tomar precauciones". En los quince días que estuvo aislada recibió del municipio y de varias organizaciones sociales que colaboraron con los vecinos bolsones con productos de limpieza, alimentos secos, verduras, pan y dos pollo. "Había que pelearla un poco, pero las cosas llegaban", contó.

El secretario de salud aseguró que "durante el aislamiento los vecinos recibían asistencia alimentaria y social casa por casa psicológica, y médica para aquellas personas que lo requerían".

Claudio Villán también es vecino de Villa Azul. Vive en la parte de La Toma, el sector más vulnerable, del lado de Quilmes. Cuando se enteró del cierre del barrio y vio las vallas también sintió angustia aunque ahora reconoce que "la decisión fue para mejor". Vive de hacer changas y pinta casas pero la cuarentena, como a muchos otros, lo dejó sin trabajo. Desde el principio del aislamiento comunitario decidió dar una mano y fue el encargado de buscar a los infectados con personal de salud de la provincia. Sus días consistieron en calzarse un traje blanco esterilizado todas las mañanas y recorrer el barrio en búsqueda de los positivos. Recién cerca de las 20 volvía a su casa, se desinfectaba, comía algo y se iba a dormir.

Al tercer día de esa nueva rutina Claudio se encontró con la noticia que menos quería: el tercer nombre de la lista de infectados era el de su hijo de 21 años. "Fue un momento muy triste. Él casi no había tenido síntomas, sólo le había molestado un poco la garganta", contó y añadió que como es un chico sano y sus síntomas eran leves, los dejaron aislados en su casa. Su nuera, hermana y sobrinos también dieron positivo de Covid 19.

Los habitantes coinciden en que el foco de contagio estuvo en la canchita de futbol del barrio, muy cerca del centro sanitario municipal donde se instalaron los médicos para hacer hisopados y donde trataron a los casos sospechosos. "Se contagiaron todos ahí, seguían jugando campeonatos durante esos meses", afirmó Claudio. La cancha está rodeada por casillas de chapa y otras viviendas sin terminar donde viven familias. Se llama La Toma porque años atrás quedaron casas a mitad de construir y entonces el sector fue ocupado por los vecinos.

El Secretario de Salud de Quilmes contó que a medida que se iban identificando los casos positivos se buscaba sacarlos del barrio y llevarlos a los centros de aislamiento que de Quilmes. La gran mayoría fue al que se instaló en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), pero también hubo vecinos que se recuperaron en los centros de Almirante Brown y Berazategui.

Para el funcionario el apoyo de los vecinos para sacar a los infectados del barrio fue fundamental "fue importante porque es una sugerencia que inicialmente tiene resistencia, todos nos queremos quedar en nuestras casas pero cuando lo pones en perspectiva de que es una medida solidaria para con su familia y con el barrio, porque es una forma de cuidar a los vecinos, muchos accedieron y se recuperaron en lugares preparados para ello".

Las condiciones de Azul

Rosana tiene 51 años y vive desde hace más de 40 años en el sector del barrio conocido como "La Placita". Cuando se instaló el barrio era apenas un pequeño asentamiento muy distinto de como es actualmente, con menos habitantes. "Donde ahora hay construcciones de materiales o casillas se veía un descampado y basurales", recordó.

Durante la dictadura militar, Azul y su vecina Villa Itatí conformaban un solo barrio. Sus primeros habitantes fueron, algunas décadas antes, cirujas que se instalaron alrededor los basurales. Luego de que el gobierno de facto construyera el Acceso Sudeste, ambas villas quedaron divididas por una autopista. En Itatí, según el censo realizado en 2018 por el Gobierno de la Provincia, viven más de 15 mil personas. Según explican las autoridades, el aislamiento comunitario se decidió en parte para cuidar a la población de los barrios aledaños, porque el flujo de gente entre los barrios genera más contagios.

La parte de Azul que pertenece a Quilmes es el área en el que se registró la mayor cantidad de contagios. Allí las calles casi no existen, hay pasillos que no llegan a tener 2 metros de ancho. En su mayoría las casas son de chapa y madera.

¡Es la salud pública, estúpido!

Según el Censo, en Azul viven un promedio de casi 4 personas por casa. La gran mayoría usa garrafa para cocinar y si bien hay red de agua, no hay presión y ésta no llega a todos los hogares. Rosana contó que en los últimos años hay cada vez más familias ocupando espacios en el barrio. "La mayoría de las familias son de más de cinco personas. Hay hasta 15 personas viviendo en una misma casilla."

La gran mayoría de la población está desocupada o trabaja informalmente: muchos viven de changas o de trabajos temporales precarizados y otro tanto cartonea. Lorena que vive en Azul hace 15 años contó que varios vecinos perdieron sus posibilidades de ingreso con la cuarentena. "Yo cosía en mi casa pero con el cierre del barrio el proveedor dejó de traerme el materia y yo no podía ir a buscarlo. Tengo la máquina parada hace tiempo. Mi marido era delivery y se quedó sin trabajo, ahora no nos queda otra que salir a cartonear".

Las condiciones en que vive la población de Azul generó una propagación del virus más rápida.El médico sanitarista señaló que de un lado y otro de la calle Caviglia se ve las enormes diferencias que existen entre una villa y un barrio urbanizado. "El 80% de los casos de coronavirus en ese área fueron en la villa y el virus no conoce de códigos postales. Fue por la falta de infraestructura, de servicios y el hacinamiento", manifestó y resaltó que esto dio el puntapié a que comience el proceso de urbanización tan esperado por los vecinos.

El propio presidente Alberto Fernández dijo que Villa Azul "es el ejemplo más claro de la injusticia" y dio la orden de que comiencen con el proceso de urbanización. Mendoza celebró la iniciativa y dijo que debe ser "una política de Estado" para todos los barrios populares del país.

El momento de la apertura

Tras dos semanas de confinamiento total, fue levantado el aislamiento que impedía a los vecinos de Villa Azul salir del barrio.El COE resolvió a partir del 7 de junio implementar una cuarentena "focalizada" para continuar con el control de los contagios.La curva logró aplanarse hasta llegar a lo 3 a 5 contagios por día. Hubo dos muertes desde que inició el brote, dos hombres mayores de 65 años con enfermedades preexistentes.

La estrategia de Axel: entre la cuarentena estricta y la apertura

"Teníamos para entonces 2 o 3 positivos por día nada más, osea la tasas de positividad ya era similar a la población general de la provincia. Siguen habiendo casos pero se pudo contener el brote", afirmó Konfino.

La nueva etapa incluye flexibilizar la circulación dentro del barrio y hacia afuera bajo las normas vigentes del ASPO, con la excepción de los casos y los contactos estrechos, que tienen que permanecer en sus casas. Pueden ingresar y salir del barrio quienes sean trabajadores esenciales, bajo un estricto control sanitario y de seguridad. Se retomó la atención primaria en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) aunque continúa una unidad móvil tomando muestras ante la aparición de casos sospechosos.

"Estamos contentos de que la gente pueda volver a salir a trabajar. La experiencia de estar aislados nos cambió para siempre. Pudimos pasarla juntos y eso nos alegra", dijo Claudio. Varios días después del momento en que se determinó el cierre del barrio, Rosana consideró que" el esfuerzo funcionó.Se nota que los casos bajaron y durante estos días volvieron muchos vecinos recuperados, algo que nos reconfortó".

En tanto, el funcionario evaluó como muy exitosa a la experiencia. Por un lado, porque lograron sofocar el foco de contagio, y por otro por "el trabajo mancomunado que se logró con los vecinos.Fue muy interesante ver cómo se organizaron y fueron ayudando a identificar los casos y a llevar la asistencia alimentaria".

Mendoza explicó que además "al lograr controlar el brote, no sólo controlamos el contagio dentro del barrio, sino también en los barrios cercanos: Wilde, Don Bosco y Villa Itatí, donde viven entre 25 y 30.000 personas". En Itatí se siguieron los pasos de Azul y hoy hay una estrategia de vigilancia activa en la que los promotores de salud, que muchos de ellos son los vecinos, siguen los casos sospechosos. Hacen seguimientos a los casos estrechos de los positivos para ver si cumplen con el aislamiento, están pendientes de si éstos desarrollan síntomas para hisoparlos y garantizan que les lleguen alimentos y productos de limpieza.

Además, a partir de la solidaridad que tiene el barrio se están haciendo campañas para que quienes se hayan recuperado donen plasma. "Los vecinos tienen ganas de donar y están orgullosos de poder ser parte de la solución", aseguró el secretario. Mientras esperan que llegue el pavimento a las puertas de sus casas, aquellos que pasaron por la enfermedad están entusiasmados a colaborar para salvar a otros.

Comentarios

Comentarios

# data[].attributes.attachment_link.title
Villa Azul: un éxito sanitario con sabor amargo

# data[].attributes.attachment_link.description
La cuarentena comunitaria que se llevó a cabo durante 15 días para frenar los contagios en Villa Azul fue un éxito. Pero quedó al descubierto la precariedad habitacional y laboral, y la necesidad de urbanizar el barrio para acabar con las desigualdades de décadas.

# data[].attributes.body
Respecto a lo que compartió mi compañera Lamas Carolina, tema que me pareció muy interesante abordar y le quisiera agregar que la gente que sale a manifestar también pone en riesgo su salud porque se puede contagiar de COVID-19 pero también si no saldrían morirían porque no podrían comer.

Porque no les esta alcanzando para la canasta básica de alimentación, para alimentar a su familia. El gobierno es el que los tendría que estar apoyando mas en este momento complicado que estamos viviendo y no complicar las cosas o matar/violar gente como lo están haciendo.

# data[].attributes.body
La muerte de Ramona Medina, referenta de La Garganta Poderosa de la Villa 31, fue una de las numerosas consecuencias que desencadenó la actual situación sanitaria. Así pues, no solo se demuestra el descuido por parte del Gobierno de la Ciudad hacia los barrios más vulnerables de nuestro país, sino también, la obligación que tienen lxs vecinxs en cuanto a la búsqueda de recursos básicos, como es el agua y productos de higiene, para afrontar la coyuntura actual de pandemia.

Ante el corte del suministro de agua que llevó a cabo el Gobierno de la Ciudad por más de diez días, Ramona y vecinxs se organizaron para conseguir bidones y reciclar agua con el fin de cumplir con las condiciones de higiene. Sin embargo, esto no fue suficiente y el Estado lo único que hizo fue adjudicar la responsabilidad de la situación a los organismo sociales. En relación con el texto de Marinis, podríamos decir que son estas organizaciones como La Poderosa quienes se encargan de planear, diseñar y ejecutar políticas y programas de gobierno en donde el Estado pasa a “economizar” su energía. En este sentido, la intervención estatal deja de ser la única fuente de gubernamentalidad delegando parte de su deber a los organismos comunitarios.

En definitiva, el actual gobierno neoliberal de la ciudad se encarga de economizar las acciones de intervención estatal lo más posible en pos de ahorrar esa energía para su propio gobierno, mientras que aquellos barrios más quebrantados sufren doblemente la pandemia por la falta de urbanización y servicios básicos, el hacinamiento, el acceso a la salud y demás.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"Soy parte del grupo de riesgo y hace doce días que estoy sin agua en mi casa", le decía la semana pasada a Las12 y con una voz estremecida por la angustia, Ramona Medina, vecina de la villa 31 y referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa.

"No tengo plata para comprar bidones, tengo que reciclar agua para todo; desde el Gobierno se la pasan diciendo que este virus se combate higienizándose, ¿pero cómo podemos hacer para higienizarnos si no tenemos ni una gota de agua?", se preguntaba también Ramona mientras se las seguía ingeniando como podía para pasar una cuarentena imposible en una vivienda junto a seis integrantes más de su familia y además cuidar a su hijita, que está en silla de ruedas por padecer una enfermedad que prácticamente no le permite hacer nada por su propia cuenta.

Ramona también llegó a filmar un video que enseguida se volvió viral, en donde insistía en su reclamo por el agua y contaba las condiciones inhumanas en las que ella y su familia estaban viviendo. Pero nada de eso fue suficiente, porque a comienzos de esta semana, tuvo que ser transladada de urgencia hacia el hospital por un cuadro de neumonía, y ahí mismo le dieron la peor de las noticias: le diagnosticaron Covid-19, y eso la llevó a tener que quedarse internada, intubada, sedada y conectada a un respirador.

"Ramona se tuvo que exponer ella primero, y después tuvo que exponer su cuerpo porque al final siempre terminamos siendo nosotras, las mujeres, quienes no solamente sostenemos las ollas populares, los comedores, y un montón de otras cosas más, sino también quienes terminamos poniendo el cuerpo y exponiendo nuestra salud para poder garantizar derechos básicos que no son garantizados, y fue por todo eso también que ahora Ramona se vio expuesta al contagio", denuncia Lilian Andrade, compañera de militancia de Ramona, y vecina y comunicadora de la Asamblea de La Poderosa en la villa 31.

Como si todo esto fuera poco, mientras la curva de contagios se disparó y está creciendo de manera brutal en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, las dos hijas de Ramona, su sobrina y sus cuñados también dieron positivo al examen de coronavirus.

"Lo que le pasó a Ramona y a su familia hubiera sido un poco más evitable, o hubiera sido transitado de una manera mejor, si ellxs hubieran tenido una vivienda digna, algo que de hecho el Gobierno les venía diciendo que se lo iba a garantizar, porque fue algo por la cual Ramona tuvo que pelear un montón", agrega Tamara Noga, vecina de la villa 21.24, referenta del espacio de Salud de la Asamblea de la Poderosa y también compañera de Ramona.

En esta entrevista, Tamara y Lilian nos cuentan sobre su compañera y sobre la complejísima situación que se está viviendo en los barrios más vulnerados de la ciudad, en donde no solo sus habitantes están siendo afectadxs por la pandemia sino también, y tal vez principalmente, por la desidia y el abandono absoluto de parte de un Gobierno y de una sociedad que, a pesar de todo, sigue eligiendo mirar para otro lado.
¿Quién se está ocupando de la familia de Ramona? ¿Hay alguna respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad o del Estado?

Tamara Noga: No, prácticamente no hubo ninguna respuesta. Antes de entrar en estado crítico Ramona se comunicó con la Asamblea de La Poderosa porque sabe perfectamente, cómo lo sabemos todxs quienes vivimos en los barrios, que cuando pedimos información, recaudos o medidas al Estado, nunca hay respuesta. Por eso ella nos contactó a nosotrxs, para ver cómo podíamos ayudarla, para que le hagamos un seguimiento a su familia, igual que como estamos haciendo con muchos vecinos y vecinas de la 31, pero realmente la situación general del barrio es muy preocupante.
Ramona fue una de las tantas vecinas de la 31 que estuvo más de 12 días sin agua y eso resultó ser un agravante fundamental para su salud, pero a la vez creer que ella se enfermó solamente por la falta de agua es simplificar la situación que se está viviendo en todos los barrios populares de la ciudad...
L.A: Una vez más nosotras y lxs vecinxs del barrio nos estamos ocupando de todo. El Gobierno no le garantizó el hisopado a la familia de Ramona, entonces nosotras tuvimos que hacer el acompañamiento al hospital para que se lo hagan. Tampoco les llevaron productos de limpieza, el miércoles dijeron que lo iban a hacer pero eso todavía no sucedió, por eso tuvimos que volver a exigir que se los lleven ¿y sabés que nos contestaron? Que eso ellos no podían garantizarlo, así que veamos la manera de conseguirlo nosotras. O sea, el Gobierno nos está diciendo directamente que somos los vecinos y las vecinas quienes les tenemos que conseguir alcohol, lavandina y cosas básicas de higiene a las familias de los contagiadxs. Además de todo esto, en la familia de Ramona hay más personas en situación de riesgo, porque la hija tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, lo cual la hace tener convulsiones refractarias, entonces la situación es todavía mucho más grave, y nos resulta muy indignante que el Gobierno no les pueda garantizar ni siquiera las cosas mínimas de higiene a estas familias.

L.A: Claro, el tema del agua fue muy importante, porque la casa de Ramona es una de las que siguieron estando sin agua incluso después de que supuestamente se había restablecido el servicio en varios lugares del barrio. Ahora algunos días tiene y otros no, el servicio todavía es intermitente. Y durante todos esos días, ella tuvo que reciclar agua para todo. Nosotrxs también le estuvimos alcanzando bidones, pero a ella no le alcanzaba porque obviamente con un bidón no podés sostener a toda una familia, además de que no se pueden lavar las manos y eso implica no poder tomar las medidas necesarias para prevenir el virus. Pero no tener agua no fue lo único, porque en la casa de Ramona también falta comida, productos de limpieza, faltan un montón de cosas, y desde el Estado nadie fue capaz de hacerse cargo.
Ramona fue, además, la vecina que salió en muchos medios de comunicación para denunciar al Gobierno por la falta de respuestas.
T.N: Es una cuestión de pobreza estructural. Lo que le pasó a Ramona y a su familia hubiera sido un poco más evitable, o hubiera sido transitado de una manera mejor, si ellxs hubieran tenido una vivienda digna, que de hecho era algo que el Gobierno le venía diciendo a Ramona que se lo iba a garantizar, porque fue algo por la cual ella tuvo que pelear un montón y también peleó para poder tener los espacios que necesitaba, porque en esa vivienda que le iban a dar no entraba, por ejemplo, la silla de ruedas que usa su hija. Entonces justamente ese accionar lento del Estado también fue clave a la hora de que haya tantos contagios, y ahora a eso se le sumó todo lo del agua y otros factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones de salud que tenemos todas las personas que vivimos en el barrio como el hacinamiento, la humedad, las lluvias, las inundaciones, el rebalse de la cloaca, etcétera. Son todas cosas que también nos hacen estar mucho más expuestxs a correr diferentes riesgos, entonces ninguno de todos esos factores contribuyeron a que se evite el contagio de Ramona.
¿Cómo se sienten ustedes después de enterarse de lo que le pasó?
L.A: Sí, cuando salían en todos los medios a decir que ya había agua en la 31, que estaba todo normalizado, Ramona salió a denunciar que invitaba a todos los políticos a que vayan a su casa y que convivan ahí, porque ella todavía seguía sin agua. O sea, Ramona se tuvo que exponer ella primero, y después tuvo que exponer su cuerpo porque al final siempre terminamos siendo nosotras, las mujeres, quienes no solamente sostenemos las ollas populares, los comedores, y un montón de otras cosas más, sino también quienes terminamos poniendo el cuerpo y exponiendo nuestra salud para poder garantizar derechos básicos que no son garantizados, y fue por todo eso también que ahora Ramona se vio expuesta al contagio.

L.A: Estamos muy enojadas, muy indignadas, porque es algo que venimos denunciando muchísimo desde el comienzo de la cuarentena, y es increíble que no nos hayan dado pelota, que no hayan respondido a ninguna de las denuncias que veníamos diciendo, a ninguna de las propuestas que veníamos sugiriendo. Sabemos muy bien todo lo que Ramona la peleó, todo lo que puso para poder denunciar y visibilizar su situación, y nos da muchísima bronca y dolor que aún así no haya sido suficiente.
¿Cuáles son las necesidades urgentes que el Gobierno de la Ciudad o el Estado tienen que atender para evitar que se sigan expandiendo los contagios en los barrios?
T.N: La vez seguimos peleando, porque no queremos más llorar a ningún vecino ni a ninguna vecina, no queremos poner más los cuerpos, no queremos ser más lxs que vivimos en los barrios quienes ponemos a lxs enfermxs, porque siempre somos nosotrxs quienes salimos más perjudicadxs y además sin ningún tipo de respuesta.

T.N: Lo que habría que hacer es en realidad lo que debería haberse hecho hace muchos años, que es una urbanización pensada en conjunto con los vecinos y vecinas de los barrios, y que de una vez por todas nos entiendan como actores fundamentales en la construcción de propuestas o soluciones para todas las problemáticas que nos atraviesan. También es importante que el Gobierno responda en tiempo y forma cada vez que se confirma un caso sospechoso o que hay demanda por alguna falta de los servicios básicos para que se puedan garantizar las medidas preventivas en cada uno de los barrios. O que se pueda relocalizar a las personas, o a las familias que viven hacinadas sin romper la estructura familiar. Todo eso es responsabilidad del Estado también y no lo está haciendo. Como que haya una respuesta rápida y acertada del Ministerio de Desarrollo a la hora de poder garantizar los elementos que las familias necesitan para pasar esta pandemia. Y por otro lado, el seguimiento de cuestiones de salud tiene que ser muy cuidado, porque sabemos que si bien las personas que tienen mayor riesgo son los adultos mayores, también hay muchas personas jóvenes en nuestros barrios que por la mala alimentación y un montón de otras cuestiones tienen factores de riesgo, y eso hace que aumenten mucho más los contagios.

L.A: Hoy el "Detectar" (el programa que empezó a realizar el Gobierno para tomarle la fiebre a vecinos y vecinas con casos estrechos o familiares de casos confirmados) se está llevando a cabo solamente en la villa 31 y en la 1-11-14, o sea, en otras villas ya hay confirmados pero no se están tomando las medidas, y necesitamos que se empiecen a tomar ya, porque sino lo que está pasando en la 31 va a seguir en todos los demás barrios. O por ejemplo, en la villa 21-24 está pasando una cosa gravísima también, que es que el agua está contaminada, entonces el 70% de la población de ahí tiene plomo en sangre por consumir ese agua. O lo que pasa también con las ambulancias, que los fines de semana no entran a nuestros barrios. Nosotrxs propusimos soluciones a toda esas cosas, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Hay muchísimo para hacer, pero lo que falta son ganas, lo que falta es que vengan y hagan lo que tienen que hacer, y que si el Gobierno de la Ciudad no toma cartas en el asunto, que lo haga el Estado. Porque lo que está pasando es que se están tirando la pelota de quién es el responsable, pero acá son vidas humanas, son nuestras vidas las que están en juego, y necesitamos que esto que está pasando deje de suceder ya, que se comience a nombrar realmente a los responsables de esta situación. A Horacio Rodríguez Larreta, que hace una conferencia de prensa y en ningún momento menciona el tema del agua, o a Diego Santilli, que salió el otro día en televisión diciendo que si ahora hay más contagios en los barrios es porque ellos se están ocupando, o sea, son unos sin veguenzas, y siguen sin hacerse cargo de toda esta situación que generaron, porque ellos tienen todos los recursos para solucionar los problemas que tenemos en los barrios, pero la realidad es que siguen sin ponerlos en acción.

# data[].attributes.attachment_link.title
El caso de Ramona Medina, referenta de La Poderosa en la Villa 31, que murió de coronavirus | El testimonio de sus compañeras

# data[].attributes.attachment_link.description
Ramona estuvo necesariamente activa durante los más de 10 días que los barrios vulnerados de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron sin agua: denunció, mostró en videos cómo la situación seguía siendo crítica a pesar de que desde el gobi...

# data[].attributes.body
Esta artículo me pareció sumamente interesante y rico en información (debido a que trae varios relatos de las personas mismas que transitan y viven en el barrio "Padre Mugica"), plantea como eje principal la falta de acceso wifi y dispositivos en términos de desigualdad para poder desenvolverse en la escuela, pero sin dejar de lado la pandemia que estamos atravesando, con lo que ello significa con o sin clases presenciales.
Principalmente me gustaría hacer hincapié en el rol de las organizaciones sociales en relación al apoyo escolar, tarea que se vio sumamente dificultada, viéndose en la obligación de reinventar sus espacios. Si antes el apoyo escolar se trababa justamente de eso, un apoyo, con la pandemia se convirtieron en el único nexo entre la escuela y los estudiantes. Distintos miembros de las agrupaciones realizan un trabajo inmenso para tratar de garantizar la escolaridad, como reunir a pequeños grupos todos los sábados en el centro comunitario y recorrer barrio por barrio, pero lamentablemente se ve sobrepasados. La falta de políticas por parte del gobierno porteño (con enorme desinversión en la educación año tras año) para garantizar la conectividad quedan en evidencia. Retomando los aportes de Marinis (2005), podríamos decir que encontramos un Estado no ausente, sino presente para otros sectores, lo que lleva a un "impresionante revival" de la comunidad y las relaciones sociales que en ella se encuentran para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, encontrando allí un espacio de seguridad y amparo. Sin embargo encontramos otras formas de intervención estatal por parte del Estado Nacional como el "Programa Acompañar" y la entrega de 600 mil notbooks, queda esperar si esas medidas son suficientes para palear la desigualdad en el barrio Padre Mugica (y en otros tantos) frente a la des-conectividad y el "aislamiento"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, al menos 6.500 chicos y chicas quedaron desconectados de la escuela desde que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia del coronavirus. Computadoras compartidas, la falta de Internet, espacios reducidos y celulares que no aguantan el peso de los archivos y las aplicaciones, son parte de la "brecha digital" que nombran docentes y especialistas en educación. En la práctica, se traduce en un desconcierto general de los pibes y las pibas en edad escolar, y un conjunto de trabajadores de la educación que intentan dar respuesta a cada situación.

"¿Clases virtuales?", se pregunta Johana Funes, alumna de segundo año de la secundaria del Polo Educativo Mugica (PEM), ubicado en el barrio porteño de Retiro. Como Funes, otros 500 estudiantes que estudian en el PEM y viven en el barrio Padre Mugica -ex villa 31- miran con extrañeza el fenómeno de las clases por videoconferencia. "El primer mes de aislamiento pude hacer la tarea porque caminaba hasta la plaza para conectarme al wi-fi. Ahí descargaba las cosas, después las hacía en el cuaderno y las mandaba en una foto al grupo en el que están los profesores", relató a Página/12 Funes y señaló que "después, cuando empezó a haber tantos contagios en el barrio, dejé de ir y me atrasé un montón".

En la Ciudad, la cartera de educación presentó este miércoles el "Plan integral de retorno a la presencialidad" que propone clases en plazas y parques, sin embargo, docentes y directivos porteños aseguran que "no es momento para volver a encontrarse" con los estudiantes, y que la solución tiene que priorizar "la salud y la prevención de los contagios". Según Myrna Tamer, directora de la secundaria del Polo Mugica y profesora de geografía, "la Ciudad no está en una meseta sino en un altiplano; todavía hay que cuidarse". A nivel nacional, el Programa Acompañar, a cargo del Ministerio de Educación, prevé entre otras medidas disponer de 2.000 capacitadores para guiar a chicos y chicas de barrios vulnerables del país, que por distintas razones tuvieron que interrumpir su escolaridad durante la pandemia.

En la casa de Johana, en el Barrio Mugica, son siete personas y sólo tienen una computadora. "Es una netbook de las chiquitas, que el profe de mi hermano le regaló a él, pero no tenemos Internet, solo los datos del celular que se acaban enseguida", aclaró la estudiante. Su hermano va a tercer año y los demás, por la edad, todavía no arrancaron la escuela, aunque este año tampoco pudieron ir al jardín. Además de cursar el secundario, Funes trabaja algunas horas en un local de comida rápida, y también se encarga de atender a su hijo, de tres años. "Se me complicaba hacer las tareas porque la plaza donde hay Internet no queda cerca de mi casa, tengo que caminar varias cuadras y a veces llego y está saturado porque hay mucha gente conectada", relató Funes. Hace dos meses, cuando le robaron el celular y la situación se terminó de complicar, avisó a la escuela y ahora los profesores le imprimen la tarea y se la dan cuando va a buscar la canasta alimentaria, cada 15 días. "Sería bueno que todos pudiéramos tener conexión en nuestras casas", advirtió Funes.

Entre primaria y secundaria hay cerca de 1.600 estudiantes en el Polo Mugica, en Retiro. "Para mandar trabajos prácticos la selección tiene que ser mínima, para que el archivo no sea pesado. No podemos mandarlos a investigar nada porque no tienen cómo hacerlo, ni enviar videos explicativos. Tampoco trabajar desde aplicaciones o plataformas", relató Tamer y advirtió que "muchos piensan que van a repetir, tienen miedo de llegar a la escuela el año que viene y no entender nada". Las estrategias para llegar a los estudiantes quedan en manos de cada educador: algunos les cargan datos en los celulares para que puedan acceder a los archivos, otros hacen fotocopias de las tareas y las llevan a la escuela para que puedan retirarlas. "El tiempo de los docentes en este momento es de 24 horas. Si un pibe se conecta a la una de la mañana, igual le respondo porque sé que quizás es el único momento en que puede hablar", señaló Tamer. Para la directora de la escuela secundaria "Internet hoy es algo tan básico como un lápiz y un papel", y remarcó que "si no hay una red gratuita para las casas del barrio no es por falta de presupuesto sino por una decisión política".

Durante el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, según un relevamiento de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), 15 mil chicos y chicas de la Ciudad quedaron desconectados de su escuela. "La no continuidad tiene que ver con una diversidad de situaciones, desde chicos que no tienen computadora o internet, hasta otros que a pesar de contar con los elementos, solo responden cada tanto y no hacen las actividades", señaló Agustina Eroles, docente de la escuela primaria N°23, y explicó que "cuando a un pibe o piba le cuesta la escuela o se aleja es porque puede estar atravesando una situación difícil, desde bullying, violencia en la casa, o adicciones, hasta simplemente desmotivación porque hay otros problemas, otras prioridades".

La mayoría de los estudiantes de la escuela 23, donde Eroles da clases, viven en el barrio Padre Ricciardelli -ex villa 1-11-14- y no cuentan con Internet en su casa. "Sin comunicación no hay acto pedagógico, por eso lo primero es garantizar el acceso", advirtió Eroles y aclaró que "no se soluciona con una hora de ciber en la escuela ni con un pupitre en la plaza, lo que hace falta es una respuesta más integral que contemple cada una de las situaciones y que también priorice la salud de los pibes".

Un poco más hacia el sur de la Ciudad, en el barrio de Floresta, vive Jimena Quintana, maestra de educación inicial en el distrito educativo 19 de Villa Soldati y madre de cuatro hijos. "Los chicos extrañan la escuela pero son los que mejor entienden que hay que cuidarse", relató Quintana. Su padre, el abuelo de la familia, tuvo coronavirus y estuvo internado con respirador durante un tiempo. "Al vivirlo tan de cerca ellos entienden que no es un juego y no insisten con salir", señaló la maestra y apuntó que "hacemos cronogramas para todo: para usar la computadora, para ver la televisión, para estar en las habitaciones". En la casa son seis, y aunque además de una computadora tenían una netbook, hace unos meses se rompió y todavía no pudieron arreglarla. "La de séptimo y los mellizos que van a tercero tienen celulares, pero la conexión es tan lenta que colapsa todo el tiempo", relató Quintana y advirtió que "lo más complicado es tener que usar una misma computadora para las tareas de los chicos, para el ocio, para mi propio estudio y para las reuniones nuestras", ya que tanto ella como su pareja son docentes.

Más que brecha, un desgarro

"Se dijo mucho que 'la pandemia visibilizó desigualdades', yo creo que visibilizó las políticas neoliberales de subjetivación que se llevan adelante desde hace mucho tiempo en la Ciudad", afirmó a Página/12 Flavia Tsipkis, especialista en psicología de la educación y trabajadora de la Defensoría del Pueblo de CABA, y advirtió que "más que una brecha es un desgarro lo que ocurrió con la educación en los barrios populares".

Según la especialista, "si los problemas son complejos hay que dar una multiplicidad de respuestas", y remarcó que en este momento "hay que aprender a trabajar en la heterogeneidad" y hacer "hincapié en la singularidad de cada pibe y piba", particularmente en aquellos casos donde se interrumpió por completo la conexión con la escuela. "Armar lazo implica un trabajo de sostén y de acompañamiento, de que nadie se quede afuera, y para eso tienen que participar quienes están en el territorio y conocen a las familias", explicó Tsipkis y advirtió que "hay una cuestión de pérdida y de duelo en el quedar afuera".

Acompañar casa por casa

A falta de una solución efectiva por parte de las autoridades, las organizaciones sociales reinventaron sus espacios de apoyo escolar en los barrios populares. "La escuela se trata de esa conexión directa con el alumno, y en los barrios históricamente lo venimos haciendo las organizaciones", relató Sara Gómez, integrante del equipo de educación de la agrupación Barrios de Pie en el barrio 21-24 de Barracas.

Cada sábado, a eso de las tres de la tarde, ella recibe a tres o cuatro chicos en el centro comunitario del barrio para revisar los contenidos del colegio. "Esto surgió hablando con los pibes, que nos decían que no entendían la tarea o tenían problemas para hacer las actividades, y también por la preocupación, porque algunos habían perdido ya casi la mitad del año", señaló Gómez y explicó que "intentamos consiguiendo más dispositivos, después probamos con grupos de chat y tampoco fue suficiente, por eso decidimos abordar uno por uno, con los que tenían más dificultades".

En Bajo Flores, Soldati, Retiro y Lugano la agrupación adoptó este formato de apoyo escolar en grupos reducidos. "Hay compañeros que van de barrio en barrio, pero aún así hay zonas a donde no podemos llegar porque no damos abasto", relató Gómez. En este sentido Eroles, docente e integrante de Barrios de Pie, agregó que "se necesita una solución urgente pero también clara, porque la confusión y la incertidumbre sobre lo que va a pasar con las clases genera en las y los pibes más angustia de la que ya hay".

El Programa Acompañar, presentado por la cartera nacional de educación, prevé poner a disposición capacitadores para que se sumen al trabajo de las organizaciones sociales y grupos que brindan apoyo escolar en los barrios vulnerables del país. "Estamos sobrepasados, hay barrios que no podemos cubrir, donde viven chicos y chicas que sabemos que necesitan seguimiento", señaló Gómez y advirtió que "la educación no puede ser una cuestión de clase, donde si querés buen nivel tenés que pagar, tiene que ser igual para todes".

Informe: Lorena Bermejo

# data[].attributes.attachment_link.title
La falta de conectividad produce aislamiento | El relato de alumnos y docentes de escuelas de barrios vulnerables

# data[].attributes.attachment_link.description
En los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, al menos 6.500 chicos y chicas quedaron desconectados de la escuela desde que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia del coronavirus. Computadoras compartidas, la falta de Internet, espacios reducidos y celulares que no aguantan el peso de los archivos y las aplicaciones, son parte de la "brecha digital" que nombran docentes y especialistas en educación.

# data[].attributes.body
Hace una semana que en muchos medios de comunicación o en las redes sociales, se viene hablando de lo que está pasando en Colombia.
En relación a los textos, Marinis en "16 comentarios sobre las sociologías de las comunidades" habla sobre la preocupación de los clásicos por la destrucción de la comunidad, también plantea que el con el neoliberalismo, la comunidad reinventó.
En Colombia, hace una semana se vienen manifestado por las reformas tributarias que quiere hacer el Presidente Iván Duque Martínez, entre muchas de sus reformas, quiere aumentar el impuesto sobre los insumos básicos y servicios públicos. Esto básicamente quiere decir que les estan quitando mas oportunidades de subsistir a las clases mas bajas. Dado que Colombia tiene al 42% de su población bajo la pobreza, eso se calcularía en mas de 20.000.000 de personas.
Por todo esto, la población colombiana se unió y salió a manifestarse, dado que las reformas fueron la gota que rebalsó el vaso, y el gobierno respondió con represión mediante Fuerzas Militares, violaciones a mujeres que se estaban manifestando y un sin fín de fallecidxs y heridxs.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Hace seis días que las calles están repletas de colombianos y colombianas que marchan en contra del proyecto de reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque Martínez.

La iniciativa del mandatario incluía, entre otras cosas, un aumento en los impuestos sobre productos básicos y servicios públicos, aspirando a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía.
El año pasado, el PBI registró una caída del 6,8% y el desempleo trepó al 16,8%. Además, casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza afecta al 42,5% de la población, un porcentaje que representa a unos 21 millones de ciudadanos.
"No nos dan oportunidad a los pobres de nada. Nos quieren ahorcar más", es la expresión generalizada, que retrata la desigualdad.

Las protestas se enmarcan, además, en un país que ya venía golpeado por otras cuestiones, como la reforma a la salud, el desplazamiento de campesinos, el aumento de femicidios, abuso policial y precarización laboral. A esto, se suman los reclamos contra el presidente, involucrado en procesos judiciales relacionados con el narcotráfico, entre otros delitos.

"Eso es lo que hace que Colombia sea un gran elefante de corrupción que tiene las puertas cerradas para las nuevas generaciones", explica para Filo.News Natalia Restrepo.
Finalmente, la protesta triunfó y el presidente retiró la reforma tributaria, pero se estima que la represión dejó más de 21 muertos.
El paro nacional continúa y Colombia sigue sumida en una profunda crisis de derechos humanos. Se denunciaron asesinatos, agresiones y personas desaparecidas. Todavía persiste la militarización del país y se están evaluando las consecuencias de la represión policial de los últimos días.

En el país piden la intervención de organismos internacionales para garantizar el derecho a la protesta y a la vida.

"No sé está gente dónde leyó que la democracia y la represión venían en el mismo paquete", cerró Natalia.

# data[].attributes.attachment_link.description
Hace seis días que las calles están repletas de colombianos y colombianas que marchan en contra del proyecto de reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque Martínez. La iniciativa del mandatario incluía, entre otras cosas, un aumento en los impuestos sobre productos básicos y servicios públicos, aspirando a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía.

# data[].attributes.body
En este artículo me interesaría resaltar la relación con el texto de Marinis “16 comentarios sobre las sociologías de las comunidades” ya que en el presenta la preocupación de autores clásicos de la sociología por la destrucción de las comunidades y sus tipos de relaciones sociales, sin embargo el autor planteaba que con el neoliberalismo sucedió todo lo contrario, lo comunitario se revitalizó por las emergencias que surgieron en este modelo de gobierno.

En el artículo creo que se puede ver la misma relación que planteó Pablo, con la pandemia los lazos sociales del tipo comunitario en los barrios se vieron fortalecidos. Esto es por las necesidades extremas que fueron consecuencia de la falta de empleo (de la mano de que se complicaron los empleos informales como changas, limpieza de casas, etc), la falta de recursos básicos como agua potable e higiene, y la falta de servicios de salud que derivan en una gran problemática por los contagios del covid – 19, sobre todo teniendo en cuenta que las ambulancias no entran al barrio. La solidaridad y los lazos sociales aquí cumplen un papel muy importante, ya que son las únicas salidas que se encuentran en estos contextos tan problemáticos. La organización del barrio más importante fue el comedor que pasó de atender 80 familias a 300.

Lamentablemente el artículo no habla de las políticas desde el estado, está muy presente en la nota un clima de enojo con el gobierno por pedir medidas de precaución que en sus realidades son imposibles de concretar. No menciona varias medidas que el Estado tomó, se habla de una no creencia en los políticos, esto claramente está relacionado con la ideología que tiene el diario Infobae.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El hambre que no perdona juega desde hace más de un año su peor batalla contra el enemigo silencioso que puso al mundo de cabezas (AFP)

El escenario es el mismo. No distingue jurisdicción. Los comentarios de los protagonistas pueden intercambiarse sin que el relato pierda sentido. Dicen y sienten los mismos los responsables de comedores comunitarios que están de ambos lados de la General Paz, tanto del territorio porteño como de la orilla bonaerense. Cada uno aseguró que no dan abasto, que antes recibían menos de los que asisten ahora, que hasta se integraron personas mayores, que ya no pueden albergar a más personas si antes no tienen comida para darles. Lo pudo haber dicho cualquiera: Maximiliano del Centro Comunitario 17 de Marzo en La Matanza, Daiana del Merendero La Sirenita en Almirante Brown o Carlos del comedor Los Niños Primero del barrio porteño de Barracas. El panorama es homogéneo, con sus particularidades.

" Muchas personas vivían de trabajos temporales en la construcción o en la limpieza doméstica, pero con la cuarentena del año pasado paró todo y se quedaron sin ingresos, y se la rebuscaron para llevar un plato de comida a sus hijos; tenían la necesidad de buscar el mango", resume Maximiliano Malvelén, de 31 años, sobre lo que vio durante los últimos 13 meses al frente del Centro Comunitario 17 de Marzo, en La Matanza, donde " de unas 80 familias pasamos a recibir 250 y hasta 300. No damos abasto", reconoce sobre las entre 1.200 y 1.500 bocas que alimentan cada día por medio de viandas. Esa situación y otras similares se repiten en la mayor parte de los barrios humildes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Malvelén asume que sus palabras son un reflejo de lo que pasa desde hace décadas en cada una de las zonas donde cumplir con los protocolos sanitarios se hace difícil: no tienen agua potable ni cloacas, y el hambre ya apretaba fuerte cuando en marzo de 2020 se decretó el aislamiento por la llegada del COVID-19 en todo el país y en muchos casos dio vuelta todo: el poco trabajo que había terminó, las changas (empleo ocasional) dejaron de existir y los platos de las mesas comenzaron a quedar vacíos. Esta segunda ola se convirtió para ellos en un tsunami. Hoy, ese hambre no perdona y los comedores que siempre se ocuparon de alimentar a sus vecinos también padecen la crisis y luchan en desventaja por sobrevivir.

Una de las tristes postales del Conurbano de Buenos Aires: viviendas precarias, sin agua, sin luz y sin la posibilidad de un lugar donde proteger su salud (AFP)

Desde los números, la pandemia fue devastadora para la economía Argentina, en recesión desde 2018. La pobreza alcanzó en 2020 al 42% de los 45 millones de habitantes. De ellas, el 40% vive de la economía informal y les es imposible alimentarse sin contar con la ayuda de esos centros comunitarios porque además de buscar donaciones de alimentos, deben peregrinar para conseguir agua potable, un bien que escasea.
La dura realidad se ve tanto en los comedores de la Ciudad de Buenos Aires como en los del Conurbano que reciben a miles de personas por un plato de comida.
La desesperación se escucha en las voces de quienes tienen sobre sus hombros la misión de alimentar a las miles de bocas que sólo cuentan con su ayuda. Si bien el presente es muy duro, no dista de lo que fue antes de marzo de 2020: carecen de los recursos mínimos e indispensables (agua potable ni cloacas), muchos no tienen tendido eléctrico; en algunos barrios ni las ambulancias ni los patrulleros ingresan y el aumento de la inseguridad es moneda corriente. En ese contexto crítico, la solidaridad de los propios es el único cable a tierra.

Maximiliano Malvelén comanda un centro comunitario en una de las zonas más vulnerables del populoso partido de La Matanza. A solo 20 kilómetros del Obelisco, dice que allí se levanta otro mundo y que en plena pandemia a sus habitantes " no les queda otra que salir a buscar el peso", no por desobediencia o capricho sino porque la pulseada frente a tanta necesidad jamás la ganan. "No tienen opción", admite.

La cruda realidad en los barrios más humildes de La Matanza. "No se puede hacer la cuarentena. Si uno no trabaja no vive". (AFP)

Al mismo tiempo dice que para muchos chicos del barrio ir a la escuela les representaba la opción de un plato de comida. " Todos los meses que no tuvieron clases perdieron también la posibilidad de comer allí. Si están en casa todo el día también demandan los alimentos que no hay", lamenta.

El joven creció viendo a su madre asistir a sus vecinos y fue testigo de cómo desde hace más de 20 años el comedor de la localidad de San Justo fue el paso obligado para habitantes de los barrios 17 de Marzo y los de las villas San Petersburgo y Puerta de Hierro; y no duda en ocupar ese legado que aún comparten.

Desde media mañana, los vecinos de los barrios más humildes hace fila para llevar comida a sus casas. "Les pedimos que traigan recipientes para poder llevar el alimento que necesitan para el día", cuenta a Infobae uno de los voluntarios. (AFP)

"Las veces que hizo falta, usamos mi auto para trasportar a los vecinos que necesitaron ir al hospital", dice sobre cuando debió llevar a personas con distintas dolencias o con síntomas de covid-19 al Hospital Paroissien, ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta Nacional N° 3. Debido al coronavirus, unos diez vecinos murieron. Actualmente, hay doce familias contagiadas y aisladas a las que las asisten. "Si bien tratan de cuidarse, la gente ya no le tiene miedo al virus como antes y lucha también con sus propias necesidades y la vulnerabilidad extrema a la que se suma la inseguridad. Hasta les roban los recipientes con comida", relata afligido.

Al Centro Comunitario S.C y D Barrio 17 de Marzo llegan hasta 1500 personas para ser alimentadas

En la localidad vecina está el comedor Las manos solidarias de La Matanza -nacido hace 12 años en el barrio Atalaya de Isidro Casanova- donde cada mediodía unas 300 familias (con un promedio de cinco integrantes) llega por sus viandas. Allí, Rubén Dos Santos (62) y Sandra Bustos (60) se encargan de todo.

"Recibimos alimentos no perecederos del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo demás debemos conseguirlo a cuesta de donaciones de particulares", cuenta sobre el espacio donde, a diferencia de otros, las raciones no son solamente para los vecinos sino para quienes llegan desde localidades alejadas, incluso a más de diez kilómetros.

Para ellos, cumplir la cuarentena significó medir el miedo con el hambre: " Muchos hablan de pobreza, pero tocan de oído porque no se meten en los barrios y no la ven de cerca. No creo en los políticos. Acá la gente necesita y tiene problemas graves", admite el hombre que desde el año 2000 trabaja vendiendo artículos de limpieza y que asumió como una responsabilidad personal ayudar luego de sobrevivir a la Gripe A, en 2009.

Rubén y Sandra están al frente del Comedor Las Manos Solidarias en el barrio de Atalaya, Isidro Casanova. Hasta allí llegan personas que viajan más de diez kilómetros por una vianda de comida

"Me salvé de milagro y supe que fue por algo. Mientras me recuperaba, cinco nenes tocaron a la puerta de casa. Era una tarde de lluvia torrencial y estaban empapados. Con mi esposa Sandra los hicimos pasar y les ofrecimos una merienda y medias secas. En ese momento, al verlos a los ojitos, supe que esa era mi misión: ayudarlos a que no pasaran hambre... A nosotros no nos sobra nada, vivimos con lo justo y en ese momento la estábamos pasando muy mal por el tiempo que no trabajé, pero ellos tenían hambre", rememora emocionado el jueves aquel cuando mientras los nenes se iban los citó para una nueva merienda el lunes siguiente. Creyó que no volverían, pero lo hicieron y acompañados de otros diez niños. Ese día nació el comedor que además brinda contención social a sus vecinos.

No es diferente la situación que viven en el comedor Los Niños Primero, del barrio porteño de Barracas que también alimenta a personas que viven en hoteles y conventillos de San Telmo y La Boca. El lugar nació hace 32 años y su administrador Carlos Esteban cuenta que durante los meses más duros de 2020, entregaron unas 330 raciones de comida y que el número se mantuvo hasta hace dos meses cuando algunas de las personas salieron a buscar un nuevo trabajo.

"Hubo quienes encontraron una salida y dejaron de llegar desde otros barrios. Lo que hacen es pedir ayuda al Gobierno que los deriva aquí y nosotros los aceptamos, pero lamentablemente ya no podemos recibir a más personas si no vamos a recibir antes la comida para ellos", dice apenado aunque intenta que nadie se vaya con las manos vacías.

Antes de la pandemia, el comedor comunitario "Los Niños Primeros" de Barracas abría sus puertas para recibir a quienes llegaban por un palto de comida. Hoy asiste a niños y adultos de tres barrios porteños

Lamentando la lucha diaria que llevan en ese comedor donde también asisten desde lo social, asegura que " las organizaciones sociales que están al frente de los comedores reciben cada seis meses nada más que $60 mil y $300 mensuales por cada voluntario de la cocina. Con la pandemia hubo recorte de productos que enviaban para mandar los productos sanitizantes y de protección; estamos de acuerdo con que lo hagan por este contexto, pero esa decisión no deja de quitarles a los chicos derechos adquiridos como pasó con los huevos de Pascuas, por ejemplo".

En el mismo tono, agregó que "antes había un menú variado y nutritivo, ahora ocho veces al mes comen lo mismo con menos calidad y cantidad. Aunque estén en la villa, no es un dinero que alcance para grandes cosas", reclama y asegura que "hay otra cuestión más profunda, pero estamos en pandemia y hay que aguantar aunque esta realidad no empezó hace un año sino hace más de treinta, y no se resuelve ".

Los voluntarios el comedor Los Niños Primero también se ocupan de repartir bolsones de comida a quienes pueden llegar una vez por semana y brindan a los más chicos clases de computación. Asimismo reparten ropa y guardan algunos alimentos para quienes llegan luego de que sirvieran la comida para que nadie se vaya con las manos vacías.

Vecinos del asentamiento CCT de Almirante Brown hacen largas filas por un poco de comida que calme el hambre. "La mayoría vive del cartoneo", cuenta Daiana a Infobae (Infocamioneros)

A una hora de distancia de Plaza de Mayo está el Merendero La Sirenita, en el barrio San José del partido de Almirante Brown. Allí, "cuando suena la sirena", llegan niños del asentamiento CCT. "Antes de la pandemia eran solo 60 chicos y ahora más de 100 y vienen también las madres, y muchas personas mayores", cuenta Daiana (32) que desde hace una década se dedica a ayudar con lo poco que consigue por sus propios medios.

En estos meses vio con dolor cómo quienes asiste no contaban con recursos para cuidarse del coronavirus. " En el asentamiento no tienen nada, ni luz, ni agua, ni cloacas. Hacen en una zanja y se las arreglan como pueden. No tenían ni tapabocas ni alcohol en gel cuando por la tele decían que había que lavarse las manos y 'Quedate en casa'... Imaginate una familia de cinco en una casita de un asentamiento. Es muy precaria. La gente no puede estar ahí y además, muchos viven del cartoneo y salen a buscar lo que sea para poder venderlo y hacerse de unos mangos", resume la dura realidad de quienes habitan un barrio precario "de pasillos, donde si se contagia uno expone a todos porque están muy cerca".

La mujer creció buscando comida en los comedores del barrio humilde en el que creció, al sur del Conurbano, y sabe qué necesitan los más chicos y trata de dárselos. No se refiere solamente a los alimentos sino a " prestarles las orejas, contenerlos y ayudarlos desde ahí ".

El merendero del barrio La Sirenita de Almirante Brown cuenta solo con la ayuda de Camioneros. (Infocamioneros)

Daiana trabaja sola en el patio de su casa y cada vez que logra reunir raciones de comida, hace sonar la sirena (tipo bombero) que tiene instalada y la gente del barrio forma una larga fila a la espera de algo que le alivie el hambre. "Apenas la escuchan salen como están, muchos vienen descalzos, y arman largas filas de más de dos cuadras para comer. Yo les entrego dos flautitas de pan por persona y reparto lo que haya conseguido, pero a veces no alcanzan y se pelean por lo último. Es muy triste".

En su caso, no recibe más donaciones que la del sindicato de camioneros que cada tanto llega con cajas de alimentos no perecederos y la ayudan a realizar meriendas de mate cocido, pan, alguna galletita dulce y, por fin, un poco de agua limpia.
SEGUIR LEYENDO:

# data[].attributes.attachment_link.title
La otra cara de la pandemia: los comedores comunitarios que recibían a 80 familias en 2020 hoy asisten a 300

# data[].attributes.attachment_link.description
El drama que se vive en los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires y la CABA es cada vez mayor: falta el trabajo, el hambre aprieta y escasean el agua potable, las cloacas y la electricidad.

# data[].attributes.body
Dada la coyuntura de emergencia sanitaria, una de las medidas del gobierno provincial fue el cierre de las escuelas y la continuidad pedagógica virtual. No es novedad que en nuestro país el acceso equitativo a la conectividad es inexistente, convirtiéndose este hecho en una manifestación de la cuestión social en el cotidiano de los y las pibas que vieron vulnerada su continuidad pedagógica y por ende, su derecho. El derecho a la educación, que siempre fue amenazado por las condiciones materiales de miseria pero que en tiempos de pandemia corre más peligro que nunca.
Es en este contexto que se creó el Programa ATR, un dispositivo de acompañamiento que implica visitas por parte de docentes a los domicilios de estudiantes de primaria y secundaria, con el fin de fortalecer el lazo escuela-hogar o en caso de abandono escolar, reconstruirlo. Fue definitivamente una acción del Estado, una política pública que apostó a la permanencia y que accionó en pos de la vigencia de un derecho.
Por otro lado, se menciona la demanda de la Multisectorial por la Escuela Pública (una de las formas que adquiere la organización comunitaria aunque en esta ocasión no por motivos de co-presencia en un territorio sino por la similitud en sus reclamos y por ende de una identidad en común) en relación a los dispositivos tecnológicos que desde CABA decidieron no entregar a pesar de la crisis educacional -decisión que puede encuadrarse tranquilamente en lo que De Marinis ( 2005, p.20) denomina "economización del Estado" ya que responsabiliza a los sujetos al manejo de su vida sin mediaciones estatales-
En definitiva una noticia que nos recuerda la importancia de la cosmovisión del gobierno de turno puesto que la misma se materializa en políticas públicas que luego afectarán -positiva o negativamente- a los sujetos con los que vamos a intervenir en conjunto. Nos recuerda también, que el Estado es un agente fundamental en la comunidad, entendiendo a esta última como un lazo social que se reconfigura permanentemente.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El pasado 30 de septiembre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la presentación del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de estudiantes (ATR), de la cual participaron junto al gobernador Axel Kicillof, la Directora General de Cultura y Educación de la provincia, Agustina Vila, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el Viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak.

El Programa ATR consiste en un dispositivo de acompañamiento a las trayectorias educativas que implica visitas domiciliarias a estudiantes de primaria y secundaria de todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la continuidad pedagógica y la revinculación escolar de estudiantes que hayan tenido dificultades con la continuidad educativa.

Las visitas domiciliarias serán llevadas a cabo por docentes suplentes que integran el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares (PIEDAS) y estudiantes avanzados, de 3° y 4° año, de educación superior de los profesorados de educación primaria y secundaria y tecnicaturas superiores de gestión estatal y privada. Podrán inscribirse aquelles estudiantes en formación que no pudieron realizar su práctica, teniendo la posibilidad de acreditarla como una práctica preprofesional.

Cada docente tendrá a cargo un grupo de 6 estudiantes, a les cuales visitará dos veces por semana, percibiendo una beca mensual de $8.000 ($7160+$840 de movilidad). Sobre la movilidad, Agustina Vila argumentó que esta será reducida siendo que les docentes trabajarán con las comunidades educativas de sus distritos, a modo de evitar la circulación en la vía pública. Les docentes recibirán formación ad hoc específica para realizar la tarea de acompañamiento a las trayectorias, y la planificación y el seguimiento de las tareas estará a cargo del docente de cada curso.

Entre les 11.000 docentes suplentes que integran el PIEDAS y les 35.000 en formación se conforma un total de 46.500 docentes que tendrán por objetivo acompañar a les 279.000 estudiantes, que según los números expuestos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), requieren de un mayor acompañamiento pedagógico. De ese total de niñes y adolescentes, 225.000 mantienen actualmente algún tipo de vínculo con las escuelas, pero requieren de un mayor acompañamiento para mantener la continuidad pedagógica. Les 54.000 estudiantes restantes, actualmente no tienen vinculación cotidiana con las escuelas. En términos generales 9 de cada 10 estudiantes mantienen continuidad pedagógica.

Si bien los números son alentadores, no dejan de sorprender conociendo las preocupantes condiciones habitacionales y de nula conectividad de gran parte de los hogares de la provincia de Buenos Aires, y teniendo a nivel nacional más de un 56% de niñes y adolescentes pobres. Por lo cual se torna absolutamente necesario que el gobierno bonaerense dé a conocer los datos recabados en cada distrito, visibilizando detalles del relevamiento llevado a cabo, y apostando al acompañamiento que puede direccionarse desde las organizaciones sociales presentes en cada territorio.

Reconociendo la complejidad actual, es de suma importancia entender que la política pública, previo a su implementación, deba ser pensada estratégicamente, para anticiparse a la emergencia de posibles obstáculos.

Desde el programa ATR, pensando en la territorialidad de la política, sería necesario generar articulaciones con aquelles actores que posiblemente cuenten con las herramientas para aportar a la logística e implementación, como las organizaciones sociales y los sindicatos. En cuanto a estos últimos, la presentación del programa contó con la presencia de los gremios docentes, que se mostraron conformes con la medida. María Laura Torre, docente de SUTEBA, expresó al portal de Diputados Bonaerenses que "el programa ATR es muy interesante para revincular a las y los docentes con los alumnos, algo que vivimos con mucha preocupación".

A pesar de algunos interrogantes que naturalmente puedan surgir sobre la implementación del programa, es preciso comprenderla como una política coyuntural y necesaria. Evidentemente existe una preocupación en el gobierno de la provincia, y específicamente en la DGCyE, por intervenir sobre la problemática de la continuidad educativa para contrarrestarla, en el marco de una pandemia tan prolongada. El gobernador bonaerense explicitó que se prevé una inversión de 300 millones de pesos para el Programa ATR, destinado a aquelles que han perdido la continuidad pedagógica debido a la falta de conectividad, evitando así el riesgo que implica que asistan nuevamente a las escuelas. Argumentó que "los niños y niñas son los más privilegiados, no nos podemos permitir someterlos a ellos a riesgo o experimento. No queremos que la escuela contribuya a aumentar los contagios, lo vamos a lamentar toda la vida."

Sobre la vuelta a clases presenciales, manifestó que tomar una decisión prematura es poner en riesgo a les estudiantes y sus familias, y a les docentes. La propuesta desde el gobierno provincial, según expresó, es "para los lugares de más alta circulación y para toda la provincia ir a las casas a buscar una forma de revinculación y de continuidad de sus trayectorias y un acompañamiento". Para los lugares de menor circulación aseguró que entregaron a Nación un protocolo para clases presenciales, que implicará de un entrenamiento previo garantizando las condiciones óptimas para evitar una exposición riesgosa.

Dimensionar las condiciones de desigualdad existentes en la provincia y en el país, en materia de educación, requiere del necesario y permanente ejercicio de revisar nuestra historia. Axel Kicillof recordó con énfasis que "venimos de una época en la que a la educación la tiraron al tacho, teniéndonos que dedicar a hacerle el service y activar 60.000 computadoras, que tenían chicos y chicas pero que no funcionaban porque ni el service le hicieron" y continuó aseverando que en el período anterior se discontinuó la política de estado de proporcionarle acceso, conectividad y tecnología a les que más lo necesitaban, haciendo que hoy el problema sea mayor.

En el mismo sentido, Trotta aseguró que desde el Ministerio de Educación Nacional "no renunciamos a garantizar todos los aprendizajes de nuestros niños/as y adolescentes, y tampoco la calidad educativa, por eso llevamos adelante la evaluación de la calidad educativa", afirmando que desde el Ministerio se considera central el presupuesto educativo 2021, para "romper la inercia de la desinversión en el campo educativo que viene transitando la argentina desde los últimos cuatro años". Que el ministro resalte que "más Estado es lo que necesita la sociedad", posiblemente se deba al hecho de que venimos de cuatro años en los cuales el desfinanciamiento de la educación pública, y el intento por mercantilizarla generó no solo un aumento de la brecha social, sino también de la brecha digital, específicamente a partir de la decisión gubernamental de la Alianza Cambiemos de suspender el Programa Conectar Igualdad.

Basta con enforcarnos en lo que ocurre actualmente en Capital Federal, donde la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, solicitó la aprobación al ministerio de Educación Nacional de su propuesta oficial que consiste en clases presenciales al aire libre reabriendo determinadas escuelas para les 6.500 estudiantes que se quedaron sin conectividad. Desde el Ministerio, argumentando que "tenemos que lograr que la escuela vaya a los chicos, no exponer a los chicos a ir la escuela ", se propuso como contrapropuesta entregar hasta 6.500 dispositivos tecnológicos a aquelles niños, niñas y adolescente que quedaron fuera del ciclo lectivo virtual y proveer la conectividad necesaria para garantizar su inclusión.

El gobierno de la Ciudad porteña (ciudad con más presupuesto y recaudación del país) no sólo se niega a entregar por su cuenta las computadoras que garanticen un acceso igualitario a la educación virtual, sino que, a partir de la contrapropuesta efectuada por Nación, aún no presentaron los listados de la cantidad de niñes y adolescentes que precisan de los dispositivos y de la conectividad para garantizar la continuidad pedagógica.

La Multisectorial por la Escuela Pública, integrada por madres, padres, cooperadoras, organizaciones sociales, centros de estudiantes y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), presentó un recurso de amparo en la justicia para que la gestión de Horacio Rodriguez Larreta informe dicho listado en pos de que el Ministerio de Educación Nacional pueda avanzar en la entrega de los dispositivos.

No requiere de un ejercicio dificultoso imaginarnos en qué situación se encontraría el sistema educativo público si Juntos por el Cambio continuase gobernando la Nación y la provincia bonaerense. Se torna explícita la diferencia entre gestiones que conciben a la educación pública como un derecho y una responsabilidad prioritaria del Estado para garantizar la inclusión social, y aquellas que la conciben como un servicio, direccionando la responsabilidad en el individuo que debe esforzarse para acceder a la educación, profundizando así la exclusión. Claro está, que la desinversión en la educación pública, lejos de relacionarse con incapacidades e ingenuidades de gestión, se debe a la decisión política de desactivar la capacidad de aprendizaje y reflexión del pueblo.

Los esfuerzos que se han desplegado desde los gobiernos nacional y bonaerense, se reflejan en las diversas políticas públicas que apuntan a garantizar la continuidad pedagógica, disminuyendo el acceso desigual a la educación y al mismo tiempo la desigual permanencia existente en el sistema educativo.

Evidenciar todo lo que resta por hacer se debe corresponder con el ser conscientes de que los problemas estructurales en torno a la educación pública existen desde comienzos de siglo, reconociendo los importantes avances entre el 2003-2011, las dificultades y discontinuidades entre 2011-2015, y el escandaloso desprestigio y desfinanciamiento entre 2015-2019. Enfrentar las problemáticas implicará comprender dicho camino como un proceso a largo plazo, siendo menester entenderlo como una prioridad.

Asimismo, afrontar estratégicamente el ciclo lectivo 2021 implicará uno de los desafíos más complejos e importantes del Ministerio de Educación Nacional, desafío que las organizaciones sociales debemos comprometernos a asumir con responsabilidad y compromiso, entendiendo a la educación pública y a la educación popular como una herramienta fundamental para la construcción de una Patria más libre, justa y soberana.

Laura Herrera

# data[].attributes.attachment_link.description
El pasado 30 de septiembre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la presentación del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de estudiantes (ATR), de la cual participaron junto al gobernador Axel Kicillof, la Directora General de Cultura y Educación de la provincia, Agustina Vila, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el Viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak.

# data[].attributes.body
Escogí este artículo periodístico ya que abre el abanico de problemáticas: No solo  expresa cómo impacta la pandemia en los territorios que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad desde antes de la llegada del Covid 19 –cuya situación se vio empeorada por el virus- sino que también expone el espacio que ocupa  la mujer en este ámbito, su rol en el trabajo barrial, más aun en este contexto tan particular. En este sentido, se habla de problemáticas que azotan a los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y cómo estas se profundizan con la llegada de la pandemia; el  hambre, el hacinamiento, la falta de agua, tal como comenta una vecina de la Villa 31. Ante esta crisis, las mujeres toman protagonismo tramando estrategias comunitarias frente a la urgencia y las necesidades de su gente; no solo realizando tareas domésticas, sino también participando en asuntos de salud, economía y trabajo, abanderando reclamos sociales. Frente a la problemática del agua, vecinas exigen a la secretaria de integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad una respuesta contundente en relación a la vulneración de un derecho vital, sobretodo bajo la situación pandémica en la que vivimos. Frente a la negligencia de no obtener ningún reparo, una vez más aparece la organización popular.

Como expresa Shirley Bricher -vecina de la 1-11-14 y promotora de salud en el centro comunitario MP La Dignidad- “De esta crisis, o salimos entre todas, o no sale ninguna”.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La semana pasada se terminó de confirmar la existencia de contagio comunitario de Covid-19 en varios barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y por estos días, mientras la curva de contagios en el resto de la ciudad disminuye, en las las villas se está acelerando de manera drástica. Principalmente en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde ya hay 5 muertes, y en la villa 31 de Retiro, donde hay más de 198 casos y un fallecimiento.

"Las personas están cada vez más angustiadas en el barrio, especialmente por la falta de comida, de medicamentos, y también porque hay muchísimo miedo al contagio", cuenta a Las12 Shirley Bricher, vecina de la villa 1-11-14 y Promotora de Salud del Centro Comunitario MP La Dignidad.

Pero la aparición del coronavirus está muy lejos de ser el único problema que alarma a los barrios más olvidados de la ciudad más rica de país: "Lo que está haciendo todo esto es profundizar todavía más la pobreza estructural, porque ni el hambre, ni el hacinamiento, ni la falta de agua, ni el dengue son problemas nuevos en las villas, pero el tema es que, en este contexto de pandemia, el daño que eso está generando es muchísimo más grave", dice Lilian Andrade, comunicadora de La Poderosa en la villa 31.

Y ante esta crisis que lleva tantísimo tiempo y que parece nunca tener fin, una vez más las mujeres y feminidades vuelven a ser quienes se hacen presentes en sus barrios, tramando estrategias comunitarias frente a cada urgencia y cada necesidad, y asumiendo todos esos múltiples roles que van desde las tareas domésticas y los cuidados de sus familias, hasta los asuntos de la salud, la economía, el trabajo, y los reclamos sociales siempre tan invisibilizados de esos territorios.
¿Quién se lava las manos?
Silvana Olivera tiene 36 años y vive en la villa 31 junto a cinco integrantes más de su familia. Hasta antes del aislamiento social obligatorio, trabajaba como cajera en una franquicia de panaderías. Ella, como la mayoría de los y las habitantes de ese barrio, estuvo más de diez días sin agua. En todo ese tiempo, Silvana se vio obligada a romper la cuarentena para acercarse hasta los camiones cisterna que envió el Gobierno de la Ciudad y así poder cargar agua en unos tachos de pintura de 20 litros que le sirven de recipientes, y que luego los tuvo que volver a llevar a su casa para subirlos por las escaleras hasta el tercer piso en donde vive.

"Es increíble que hayamos estado tanto tiempo sin agua en medio de una pandemia. Y todavía hay muchos lugares que siguen sin tener. Todos las mañanas las vecinas tenemos que ir a cargar baldes para llevarlos a nuestras casas. Algunos caminan hasta siete cuadras con los tachos de 20 litros. Estoy segura de que los contagios se expandieron por eso, porque además de no poder higienizarnos, tuvimos que hacer filas larguísimas de gente que viene de todos lados. Y encima el agua que nos dan no es potable; está sucia, entonces ni siquiera la podemos tomar. La forma en la que tenemos que guardarla, en los tachos sin tapa, también es muy peligrosa, porque acá hay muchísimos casos de dengue. Desde el Gobierno de la Ciudad se la pasan hablando del descacharreo, la limpieza de manos y todo eso, pero en estas condiciones es imposible hacerlo".

Ramona Medina también vive en la Villa 31, en una de las manzanas en las que aún no volvió el agua. La voz le tiembla cuando tiene que contar lo que le pasa: "Para poder tomar agua tenemos que comprarla, y acá la situación económica está totalmente desbordada, porque ni siquiera podemos salir a trabajar, y la asistencia que tendríamos que tener de parte del Estado no existe. Yo soy parte del grupo de riesgo, no tengo plata para comprarme bidones de agua, entonces tengo que estar reciclando todo el tiempo, porque además ahora también la necesitamos para cortar el alcohol y la lavandina. Es una injusticia total tener que estar en cuarentena, encerradxs y sin agua".

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de la Ciudad? "Echarle la culpa a Aysa -dice Silvana-. Y Aysa le echa la culpa al Gobierno. Se pasan las responsabilidades, pero nosotrxs sabemos muy bien que por el proceso de urbanización que se estuvo haciendo estos cuatro años acá, toda la infraestructura de la red de agua de nuestro barrio le compete exclusivamente a la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad, porque Aysa llega hasta los límites del barrio, pero de ahí hacia adentro ya es ese organismo el que debe garantizar el acceso al agua en todas las viviendas".

Pero como sucede tantas veces, frente a la desidia del Gobierno aparece la organización popular. Y lxs vecinxs de estos barrios, si hay algo que han aprendido a pura adversidad, es a cuidarse comunitariamente.

Ramona sabe mucho de esto, y por eso decidió hace un tiempo formar parte del eje de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Villa 31: "Como organización nos estamos ocupando de todo lo que el Estado no hace: estamos viendo la manera para que las vecinas que necesitan atención médica puedan tenerla en tiempo y forma, y también estamos brindando todo tipo de asistencia a las familias que se enfermaron con este virus: les llevamos agua, comida y productos de limpieza a sus casas para que puedan cuidarse en cuarentena".

Pamela Gallardo está estudiando para recibirse de enfermera y es Promotora de Salud del CeSAC Nº 47 (Centro de Salud y Acción Comunitaria), en donde todos los días, junto al equipo que trabaja con ella, atiende a más de 60 personas, entre ellas varias posibles de haberse contagiado coronavirus.

"Veo cosas muy flojas por parte del Gobierno de la Ciudad. Por ejemplo, hace ya unos días se concretó que la Secretaria de Inclusión Social y Urbana se iba a hacer cargo de acercarle alimentos e higiene a la familia de las personas de casos positivos, pero eso no se está cumpliendo. Hay muchas cosas que son simplemente palabras y que no se concretan. Y también hay mucha falta de comunicación. Por ejemplo, no sabemos qué pasa con lxs pacientes que trasladamos de acá a los hospitales, entonces la familia muchas veces tampoco sabe, o no sé sabe qué pasa o con quién se quedan los hijos de esas personas. Las salas donde atendemos también son lugares muy reducidos, y si no tratamos de que esté la menor cantidad de gente el nivel de contagio puede ser muy peligroso".

Desde hace ya unos meses, las integrantes de la agrupación La Poderosa venían advirtiendo que si el virus entraba en el barrio la situación iba a ser incontrolable: "Lo que está haciendo todo esto es profundizar todavía más la pobreza estructural, porque ni el hambre, ni el hacinamiento, ni la falta de agua son problemas nuevos en el barrio, pero el tema es que, en este contexto, el daño que eso está generando es muchísimo más grave", aclara Lilian Andrade, comunicadora de La Poderosa en la villa 31.

Lxs vecinxs de la villa 31 tuvieron que pasar más de diez días sin agua para que, el martes, el Gobierno empiece a hacer testeos dentro del barrio: "Establecieron lugares de testeo para quienes tengan algún síntoma o estuvieron en contacto estrecho con quienes ya se contagiaron. Esto da la posibilidad de aislar a los casos confirmados y es ideal principalmente para adultes mayores que no se manejan bien afuera del barrio, pero también para un montón de casos más. Lo que estamos exigiendo ahora es que sean testeos reales, es decir, que se hagan verdaderamente y que sean para todas las personas, no solamente para algunas. Y además, para que se cumpla con el protocolo, tienen que poder garantizar un acompañamiento integral, que estas personas tengan comida, sanidad, productos de limpieza, agua potable, etcétera", concluye Lilian.

Durante todo un día, Las12 intentó establecer comunicación con varixs funcionarixs del Gobierno de la Ciudad para saber qué respuesta tenían sobre la falta de agua en la villa 31. O al menos dar alguna explicación sobre lo que sucede con las redes precarias y con las obras nuevas en las que se gastaron más de mil millones de pesos. O el motivo por el cual, como informaron al poder judicial, han enviado al barrio un solo camión cisterna para más de 45 mil personas.

Después de varios intentos, una persona cercana al Gobierno que no quiso hacer público su nombre, envió un comunicado informando que la situación ya se había normalizado. Sin embargo, varias mujeres de la 31 consultadas por Las12 avisaron que esto no era así en todos lados, y que hay manzanas del barrio que aún hoy, después de más de una semana y en plena pandemia, siguen sin poder tener acceso al agua.
El virus del hambre
Zaira Mamani Fernández tiene 34 años, vive en la villa 1-11-14, milita en el Movimiento Evita, es ama de casa, cuidadora domiciliaria y, desde hace ya cinco años, coordina un comedor y merendero asistido -el Gobierno de la Ciudad le da los alimentos pero no paga el alquiler, los sueldos, ni los servicios públicos-, a donde acuden más de 158 familias.

Zaira cuenta que desde que empezó la pandemia se duplicó la cantidad de gente que llega al comedor: "Todos los días viene gente a pedir por favor un plato de comida. Recibimos alrededor de seis familias por día, y nosotras tenemos que anotarlas en una lista de espera porque ya no tenemos cupo y no nos alcanzan los alimentos. Actualmente tenemos doce familias en la lista".

Con lxs habitantes de la villa 31 sucede algo parecido: la mayoría, o bien ha perdido su fuente de empleo por la pandemia, o tiene trabajos informales, o la situación de la cuarentena les obligó a suspender sus changas habituales: "En nuestros merenderos se duplicó la demanda a nivel nacional, mientras que en los comedores se triplicó, así que con la misma mercadería tenemos que inventar cómo hacer para que de ahí puedan comer tres veces más personas. Ahora estamos llegando al número de raciones gracias a los aportes de la gente, aunque no siempre alcanza y algunxs se quedan sin comer; además de que la cifra va en aumento a medida que la cuarentena y la situación de la pandemia se agrava", dice Soledad López, redactora de La Poderosa y vecina de la 31.

"Si bien nos están mandando más raciones -dice Zaira en relación a la ayuda que reciben por parte del Gobierno de la Ciudad-, igualmente no son suficientes, porque el hambre acá es muchísimo. Y además, también tenemos mucha gente que por distintos motivos no puede asistir a los comedores, y esas personas, que no tienen plata ni para comprar el gas o los artículos de limpieza, no están recibiendo ningún tipo de ayuda".

Y agrega: "Las pocas veces que viene gente del Gobierno de la Ciudad al barrio hacen algo que a mí me da muchísima bronca: desinfectan cinco metros, se sacan una foto como diciendo 'ya fumigamos toda la villa' y se van enseguida".
Tareas desconectadas
Florencia Alarcón es docente hace diez años y hace más de uno que trabaja en la villa 1-11-14 como maestra de quinto año de la primaria. Desde que empezó la cuarentena, Florencia cuenta que está haciendo malabares para poder seguir comunicada con sus alumnxs.

"La situación con las clases es muy difícil, porque estamos tratando de seguir con la cursada a través de Whatsapp, pero la mayoría de les chiques no tienen celular, o a veces comparten uno entre toda la familia. Además, muchxs lo cargan con tarjeta y cuando se les acaba el crédito quedan incomunicades. Con las computadoras pasa algo parecido: algunes tienen, pero no tienen internet, porque no hay wifi en el barrio, entonces no les sirve para nada. A veces les mando una tarea y me responden una semana más tarde. Aparte de los cuadernillos que manda el Estado, nosotros también armamos unos y los llevamos a la entrega de los bolsones. Eso también nos posibilitó el poder contactarnos con les chiques que no teníamos su teléfono. Todo cuesta mucho acá, pero insistimos igual porque estamos convencides de que en este momento más que nunca la escuela tiene que estar presente, y tenemos ganas de saber de nuestros alumnos y alumnas, de seguir construyendo saberes de manera conjunta, y también de seguir denunciando la desigualdad enorme en la que vivimos."

Algo similar a lo que pasa con la educación sucede con las situaciones de violencia machista en los barrios: el contexto de la cuarentena se intensificaron más y son las mismas vecinas, en este caso, quienes tienen que ayudarse entre ellas. Además, a este escenario también se le suma la violencia económica, el hambre y la crisis; cuestiones que inciden directamente en que esas situaciones se incrementen.

"En un contexto en donde cerramos nuestras cooperativas de trabajo, que están conformadas en un 86% por mujeres y feminidades, y teniendo que reducir la vida de todas nuestras compañeras adentro del hogar, muchas de ellas compartiendo las 24 horas del día con su agresor, con accesos muy limitados a redes de protección por el aislamiento, entendimos necesario armar guardias telefónicas, donde las compañeras están en constante comunicación con todas, principalmente con quienes están atravesando una situación de violencia de género. Y, ante cualquier situación de urgencia, se activan los mecanismos de cuidado de la misma comunidad barrial. Actualmente estamos haciendo 406 acompañamientos, que son seguimientos diarios", explica Jésica Azcurraire, vecina de la Villa 21.24 y referente del Frente de Géneros de La Poderosa.
Feminismo villero y popular
"Mientras las estadísticas del coronavirus muestran una prevalencia de la población masculina entre los contagiados, hay una estadística más silenciosa que se engrosa al borde de este fenómeno global. Apenas la OMS declaró la pandemia, Naciones Unidas emitió un informe donde advirtió el peso desigual que la propagación del virus tendría sobre nosotras", observa la politóloga Andrea Conde en un artículo publicado el martes por este diario.

Ese informe de la Naciones unidas que cita Conde, afirma: "Las mujeres no sólo son víctimas. Desempeñan un papel crucial en la respuesta a la covid-19. Cerca del 70 por ciento del personal de salud en la línea de combate, así como en el área de trabajo social, son mujeres. Las mujeres también cargan con una parte desproporcionada del trabajo no remunerado de cuidados de personas y son actores críticos del desarrollo sostenible en todos los países".

Un claro ejemplo de esto es el caso de las promotoras de salud de la Ciudad de Buenos Aires, quienes, más allá de todo el marketing que hace el Ministerio de Salud de la Ciudad al remarcar el rol fundamental que cumplen ellas en esta pandemia, eso no se ve para nada reflejado en sus contratos laborales, ya que todas las personas que trabajan en este rubro están contratadas bajo un subsidio de capacitación en donde no cuentan ni con seguro, ni con ART ni con ningún tipo de cuidado.

"Estamos con muchísimo trabajo y eso nos está desbordando", comenta Shirley Bricher, también vecina de la 1-11-14 y Promotora de Salud del Centro Comunitario MP La Dignidad: "Nuestro trabajo debería ser de doce horas semanales, pero acá lo que se trabaja es mucho más; no tenemos horario y ahora es bastante peor, porque las necesidades son muchísimas más".

Al igual que lo que dice el informe de la ONU, Zaira también cree que las mujeres vienen teniendo un rol fundamental desde que empezó la cuarentena, porque son quienes más trabajan y además, al final del día también tienen que cuidar de sus familias: "Las mujeres le estamos poniendo bastante el cuerpo a la pandemia, porque ahora hay que trabajar muchísimo más que antes. Organizamos la comida, el colegio de nuestrxs hijxs, desinfectamos los pasillos; hacemos de todo. El 1º de mayo, por ejemplo, que supuestamente era feriado, terminamos todas cansadísimas, con dolores por todo el cuerpo de tanto trabajar, pero contentas a la vez porque logramos que todxs se puedan llevar su plato de comida".

Shirley, por su parte, cuenta que desde el mes pasado sus días son bastante complicados: se levanta a las seis de la mañana ya pensando en todas las tareas que tiene para ese día y en cómo hacer para poder sobrellevar el barrio con todo lo que hace falta y lo que se necesita. Desayuna algo rápido, sale de su casa y ya no vuelve hasta la noche. Y así todos los días desde que empezó el aislamiento social obligatorio. Sus tareas son muy variadas: desde tomarle la presión a una vecina, repartir folletería para prevenir el coronavirus y el dengue (Flores es uno de los barrios más afectados de la ciudad), hasta hacer ollas populares o llevarle la comida a un adulto mayor que está en cuarentena y no puede salir. Entre todo eso, Shirley también cuida a su hija y está estudiando para terminar el secundario.

"Las mujeres acá, en el barrio, trabajamos mucho más que los varones, porque aparte de hacer todas las tareas de la casa también salimos a la calle a buscar comida, insumos, medicamentos, o trabajamos en los comedores y los centros de salud, porque en esos lugares la gran mayoría de personas también somos mujeres. Y ahora además se están empezando a sumar nuevas voluntarias que quieren ayudar".

Shirley reflexiona sobre cómo encuentra anímicamente a la gente de su barrio: "Las personas están cada vez más angustiadas, especialmente por la falta de comida, de medicamentos, y de lugares donde poder vacunarse, y también hay muchísimo miedo al contagio. Ahora se dejaron de hacer los controles médicos en los hospitales y en los centros de salud. Como las personas mayores no pueden salir de sus casas, somos nosotras quienes tenemos que ocuparnos de todo eso, pero muchas veces no podemos porque nos piden, por ejemplo, una receta que la hacían antes en el hospital, pero ahora hay que hacerlo en otro lugar que queda muy lejos y no podemos ir, entonces las personas que tiene diabetes, por ejemplo, se quedan sin tomar su medicación".

La situación de precariedad y abandono que se vive en los barrios populares no es de ahora sino desde hace muchísimo tiempo. Y desde hace bastantes años también, a veces en silencio y otras no tanto, son las mujeres y feminidades de estos mismos lugares quienes están acostumbradas a inventar y a generar respuestas rápidas frente al permanente estado de crisis en el que viven.

Tal vez sea por eso también que, ante esta nueva crisis pandémica, ellas no sólo no se rinden sino todo lo contrario: con una solidaridad desbordante que les nace desde muy adentro, saben sacar fuerzas de donde pareciera que ya no quedan para hacerle frente a todas las adversidades; mientras repiten, como si fuera un mantra una frase que llevan a todos lados a donde van: "de esta crisis, o salimos entre todas, o no sale ninguna".

# data[].attributes.attachment_link.title
La curva que no se aplana | Mujeres de barrios vulnerados de Buenos Aires

# data[].attributes.attachment_link.description
La semana pasada se terminó de confirmar la existencia de contagio comunitario de Covid-19 en varios barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y por estos días, mientras la curva de contagios en el resto de la ciudad disminuye, en las las villas se está acelerando de manera drástica.