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La Corte Constitucional, con una votación de 7 contra 2, aprobó el plebiscito para la paz como el mecanismo para que los colombianos aprueben o desaprueben el acuerdo final que alcancen el Gobierno y las Farc en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba.

Vea también: ABC para entender el Plebiscito para la paz

Para hacernos a una idea de qué puede pasar en caso de que gane el SÍ a los acuerdos, o el NO, es preciso ver ejemplos de cómo otros pactos de paz, que sellaron conflictos en otras partes del mundo, fueron sometidos a la voluntad de las mayorías. Incluso, es necesario revisar casos en los que los acuerdos no fueron expuestos a una votación sino que se quedaron entre las partes involucradas:
El Salvador
El enfrentamiento entre la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Estado salvadoreño, que inició en 1980 y se extendió por más de 10 años, dejó alrededor de 75.000 muertos.

Cuatro años después de iniciada la guerra civil, las partes empezaron a buscar el diálogo. Entre 1984 y 1987 se sentaron a negociar en cuatro ocasiones sin mayor éxito. Por fin, en 1990, en Ginebra (Suiza), y con el respaldo de Naciones Unidas, las partes firmaron un primer acuerdo que estableció tanto las normas del proceso de negociación como su compromiso para lograr una solución dialogada.

Finalmente, en enero de 1992, el Gobierno proclamó una amnistía general y se firmó el Acuerdo de Paz de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, en México. En febrero de ese mismo año se produjo el cese del fuego y comenzó la desmovilización.

Los acuerdos incluyeron reformas como la modificación de las Fuerzas Armadas, la creación de la Policía Nacional Civil, la disolución de los servicios de inteligencia militar, la supresión de los cuerpos paramilitares, modificaciones del sistema judicial, la creación de una Comisión de la Verdad, modificaciones del sistema electoral, la transformación del FMLN en un partido político y la adopción de medidas económicas y sociales. A pesar de lo grueso de los acuerdos, las partes no convocaron a la ciudadanía a través de ningún mecanismo de participación.
Irlanda del Norte
Este conflicto tuvo componentes políticos y religiosos. Por un lado estaban los unionistas - en su mayoría protestantes- de Irlanda del Norte y por el otro los republicanos irlandeses -mayoría católicos- partidarios de la independencia. Los primeros querían preservar lazos con el Reino Unido, los segundos preferían la integración en la República de Irlanda. La violencia duró 30 años, entre 1968 y 1998, cuando se firmó el Acuerdo de Viernes Santo.

Los primeros diálogos secretos empezaron en 1987, entre John Hume, líder del Partido Laborista y Socialdemócrata norirlandés (SDLP), y el gobierno británico. Seis años después, en 1993, Gran Bretaña proclamó la Declaración de Downing Street, en la que aceptó la autodeterminación de Irlanda del Norte, dando pie a que el IRA decretara un alto al fuego.

Luego, en 1996, iniciaron las negociaciones multipartidistas bajo tres consignas: "consenso suficiente", es decir que las decisiones se tomaban por mayoría con la condición de que participaran los principales partidos. También, "consentimiento paralelo", que implicaba la necesidad de lograr mayorías en ambos bandos; y "nada está acordado hasta que todo esté acordado", es decir, que los acuerdos parciales no serían validos hasta que hubiera un acuerdo final.

Finalmente, en 1998 se firmó el Acuerdo de Belfast o Acuerdo de Viernes Santo, en el que se incluyó una reforma policial, una reforma de las instituciones de Irlanda del Norte, la formación de un Consejo Ministerial británico-irlandés, un Consejo Ministerial Norte-Sur y una Comisión de Derechos Humanos. En 2005, el IRA renunció a la lucha armada. El acuerdo se aprobó mediante referendos tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda y en ambas partes fue aprobado.
Sudáfrica
El proceso para acabar con el apartheid -sistema de segregación racial- en Sudáfrica necesitó más voluntad que tiempo, pues el sistema se fue haciendo insostenible con la presión externa sobre la política de segregación, la crisis económica que atravesaba el país y la pérdida de apoyos externos por la caída del muro de Berlín y el fin del imperio soviético.

Desde 1990 el Partido Nacional -NP- (de 'blancos') empezó a desmantelar su sistema de segregación. El primer paso fue levantar la prohibición a la conformación de organizaciones políticas, particularmente al Congreso Nacional Africano -ANC-, liderado por Nelson Mandela; los siguientes pasos, paulatinos, fueron el desmonte de las leyes del apartheid.

En 1993, en un contexto de intensa violencia política, el NP, el CNA y otras organizaciones, dieron inicio a las negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA). Como resultado, pactaron la creación de una Constitución provisional que sirvió de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que se encargaría de redactar la Constitución definitiva.

La constitución pactada incluía 36 principios que tenían que ser respetados por la Constitución definitiva, para dar tranquilidad a las partes, sobre todo a la minoría blanca que cedía el poder. En 1994, Nelson Mandela y el CNA ganaron las elecciones y la Asamblea Constituyente redactó la Constitución, definitiva respetando los principios establecidos anteriormente.
Sudán del Sur
El conflicto entre el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán -SPLA- y las Fuerzas Armadas de Sudán se remonta a 1983, cuando los primeros se rebelaron, buscando la independencia del sur del país. Según los cálculos actuales, a causa del conflicto, de cerca de 30 años, murieron más de un millón de personas.

En 1998, después de 15 años de guerra, empezaron los acercamientos y, en 1999, el Gobierno y el SPLA se reunieron por primera vez en Nairobi. Allí lograron acordar una tregua limitada y poner sobre la mesa la posibilidad de un arreglo político: el Ejecutivo reconoce la posibilidad de que 10 estados del sur celebren un referendo independentista.

A mediados de 2002, las partes firmaron el Protocolo de Machakos y establecieron los principios de gobernanza, el proceso de transición, las estructuras de gobierno y el derecho a la libre determinación para la población de Sudán del Sur.

En 2004, apoyados por la Autoridad Intergubernamental para el Desarollo -IGAD-, las partes firmaron un acuerdo sobre la distribución de la riqueza y firmaron un acuerdo humanitario para el cese del fuego. A finales de ese año, en Kenya, acordaron un alto al fuego permanente.

Al año siguiente, en 2005, el gobierno de Sudán y el SPLA firmaron el Acuerdo General de Paz y fijaron un plazo de seis años durante el cual las instituciones provisionales gobernarían el país y se establecerían y ejecutarían mecanismos internacionales de supervisión. Pasados los seis años, en 2011, se celebró el referendo con el que Sudán de Sur se proclamó independiente.

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Así se refrendaron los acuerdos de paz en cuatro países distintos

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Las vías que tomaron Sudáfrica, El Salvador, Irlanda del Norte y Sudán del Sur para refrendar sus acuerdos de paz.

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El proceso de paz duró cinco años.

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Albie Sachs estará sonriendo en algún lugar de Sudáfrica, celebrando que los colombianos estemos más cerca de la paz, esa "suave venganza" contra los violentos de la que habla el bello título de uno de sus libros.

"No te preocupes, camarada Albie, nosotros te vengaremos", decía la nota que le enviaron a su cama de hospital los compañeros de lucha contra el apartheid. Sin un brazo y sin un ojo por el impacto de la bomba que el régimen sudafricano había plantado en su carro, el legendario jurista se preguntaba en las noches de insomnio lo que significaría la vendetta, lo que sería vivir "en un país que terminara lleno de personas mutiladas y ciegas". Mientras cicatrizaban sus heridas, gracias a la atención esmerada de una enfermera colombiana en Londres en 1988, concluyó que su reivindicación no sería la violencia, sino "la suave venganza de lograr la democracia, la libertad y el Estado de derecho" que sus victimarios les habían negado a los sudafricanos.

De ahí que cuando asesoró a Mandela en las negociaciones de paz tres años después, apostó por la creación de una Comisión de la Verdad que aplicara a los perpetradores el suave castigo de la confesión pública y el arrepentimiento, en lugar de la pena física de la cárcel, que además habría hecho imposible llegar a un acuerdo de paz. De ahí también que cuando nos vimos en Medellín para una entrevista hace dos años, su consejo para el incipiente proceso de paz colombiano era enfatizar la justicia restaurativa (la verdad y la reparación para las víctimas) por encima de la justicia retributiva (el castigo penal, que en nuestro país erróneamente se identifica con la prisión).

Por eso digo que Sachs debe de estar celebrando que el acuerdo del miércoles en La Habana encarne una versión más afinada de su suave venganza: un equilibrio aún más acabado que el sudafricano entre las dos formas de justicia, entre la búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas. Como en Sudáfrica, la jurisdicción especial de paz colombiana se aplicará a todas las partes del conflicto y promoverá el derecho de las víctimas a la verdad, porque reserva el tratamiento penal favorable a los perpetradores que confiesen sus delitos. Pero a diferencia de Sudáfrica, el modelo colombiano no implica amnistía para todos los delitos a cambio de confesión, porque no exime de responsabilidad a quienes han cometido los más graves, como el secuestro, la violencia sexual o la desaparición forzada. Yendo más lejos de lo que pudieron Sachs y Mandela, exige también que, como condición para recibir sanciones menos duras que las ordinarias, los victimarios contribuyan efectivamente a reparar a sus víctimas, lo que lo convierte en el primer acuerdo de paz que especifica medidas de justicia restaurativa, como dijo Vicenç Fisas en este diario.

Ante las críticas de algunos sectores nacionales e internacionales contra el acuerdo por no prever pena de prisión para todos los casos de crímenes graves, hay que recordar que el modelo sudafricano, que es citado con frecuencia como ejemplo mundial, no contemplaba ningún tipo de sanción para quienes confesaran ante la Comisión de la Verdad. También hay que recordar que ningún instrumento actual de derecho internacional -ni el Estatuto de Roma que creó la CPI, ni las convenciones contra la tortura ni la Convención contra el Genocidio- prevé que la sanción por delitos graves sea necesariamente la cárcel. Lo que se exigen son "sanciones pertinentes", en el lenguaje de la Corte Interamericana en el caso Velásquez. De modo que otras formas de restricción efectiva de la libertad, como el confinamiento de los autores de los crímenes más graves durante un período de 5 a 8 años en una región del país que se derivaría del acuerdo reciente, deben pasar el examen del derecho internacional y la CPI.

Pasan también el examen de las investigaciones mundiales más rigurosas que se han hecho sobre los efectos de diferentes modelos de justicia transicional. Son estudios que se preguntan qué dosis y tipos de justicia penal, combinados con qué mecanismos de reparación y revelación de la verdad, promueven posconflictos duraderos y sociedades democráticas y protectoras de los derechos humanos. La información más completa está consignada en la Base de Datos sobre Justicia Transicional dirigida por dos de las expertas mundiales en el tema, Kathryn Sikkink y Leigh Payne. La base de datos incluye todos los países del mundo y comprende cuatro décadas, desde que la idea y las instituciones de justicia transicional comenzaron a desarrollarse en transiciones de la dictadura a la democracia en países como Grecia a comienzos de los años setenta del siglo pasado.

¿Qué revelan los datos? Que las transiciones más promisorias son justamente las que combinan diferentes formas de justicia, como lo hace el modelo planteado para la jurisdicción especial para la paz que entraría a funcionar cuando se llegue a un acuerdo final con las Farc. Así lo concluye Payne junto con Tricia Olsen y Andrew Reiter en "La justicia transicional en balance". Para ser más precisos, los modelos más exitosos son los que mezclan juicios penales con sanciones restrictivas de la libertad para delitos más graves, amnistías para los demás y una comisión de la verdad. Es decir, el híbrido que encarnaría el modelo colombiano con más claridad que la gran mayoría de los que se han intentado otros países.

En el lenguaje más farragoso de los juristas y las instituciones intergubernamentales, esa combinación es el "enfoque holista" que abrazó el Consejo de Seguridad de la ONU en su informe de 2004 sobre el Estado de derecho y la Justicia Transicional. "Cuando sea necesaria una justicia de transición, las estrategias utilizadas deben ser holísticas y prestar una atención integral a los juicios, las indemnizaciones, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y las destituciones o una combinación adecuada de los elementos anteriores". O como lo dijo en 2012 el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, "la práctica ha demostrado que las iniciativas aisladas y fragmentarias de enjuiciamiento no acallan la exigencia de otras formas de justicia distintas del mero enjuiciamiento".

De lo que se trata, en últimas, es de compensar la incompletud de cada forma de justicia (los tribunales, las comisiones de verdad, los mecanismos de reparación, las garantías de no repetición de las atrocidades del conflicto), con la incompletud de las demás. En otras palabras, que el todo sume más que las partes. Es una tarea tan imperfecta como difícil, en la que cada país, a su manera pero dentro de los parámetros del derecho internacional, lleva a cabo su propia búsqueda de la cuadratura del círculo.

El promisorio modelo de la justicia para la paz colombiana no logra la cuadratura del círculo, porque no hay forma humanamente posible de reparar todos los daños y todas las vidas truncadas por la violencia. Pero llega bastante lejos, quizás mucho más que el sudafricano, si los cabos sueltos que quedan por revelarse y la implementación de los acuerdos van en la línea de lo anunciado.

"En últimas nosotros peleamos por lograr una sociedad más aburrida, un país donde no viviéramos en medio de eventos espectaculares y anuncios grandiosos", me dijo Sachs al despedirnos. La justicia transicional es menos espectacular y grandiosa que la de los tribunales penales y la cárcel que algunos defienden, pero que perpetuaría la guerra y las violaciones de derechos humanos. Probablemente nos llevará a un país menos estridente y épico, pero menos infeliz y más justo.

* Director de Dejusticia y columnista de El Espectador.

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La suave venganza de la paz | ELESPECTADOR.COM

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Un experto compara la propuesta de justicia transicional acordada entre el Gobierno y las Farc con el modelo sudafricano.

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En abril, el presidente De Clerk anunció una cumbre de paz, y poco después se formó una Comisión Facilitadora civil y una Convención Nacional de Paz.

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La paz duró hasta cumplir la mayoría de edad. Con la masacre de 34 mineros huelguistas a manos de la policía hace un mes, Sudáfrica revive los recuerdos de las matanzas del apartheid.

Dieciocho años después de la transición a la democracia, el aire que se respira aquí es una combinación tóxica de perplejidad y angustia. Todos parecen preguntarse en qué momento la paz que inspiró a tantos alrededor del mundo -la de Mandela y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación- se vino a pique hasta morder el polvo en Marikana, en la esquina noroccidental del país, donde están las minas de platino más grandes del mundo.

"La herencia del apartheid nos persigue como un espectro", dijo la Nobel de Literatura Nadine Gordimer en un festival cultural celebrado poco después de la masacre. "En nuestra lucha contra el apartheid, ¿alguna vez se nos ocurrió cómo serían las cosas 20 años después de la llegada de la democracia?".

La pregunta se alza como un espectro no sólo en Sudáfrica, sino en países como Colombia que buscan lecciones para sus propios intentos de terminar la guerra. Entender a Sudáfrica hoy es advertir lo que puede salir mal en una transición. Y lo que es preciso hacer desde ahora para evitarlo.

La escena es de no creer. Frente a las cámaras, los tanques de la policía rodean al grupo de trabajadores que, palos y machetes en mano, protestan por los bajos sueldos y las paupérrimas condiciones de vida que tienen en la mina de Lonmin, la multinacional inglesa del platino. De pronto se oye el traqueteo de las metralletas policiales; en seguida caen las siluetas de los mineros entre la polvareda, como fichas de un dominó que no se veía desde las peores masacres del apartheid en los años sesenta contra las multitudes negras que exigían el fin del régimen. Pero esta vez quienes disparan son policías negros también, miembros de una fuerza controlada por el gobierno del partido que lideró la lucha contra el apartheid y ha ganado todas las elecciones desde 1994 (el ANC).

Lo peor vino después. Todo indica que la mayoría de las víctimas fueron ultimadas a quemarropa, fuera de la mirada de las cámaras, como lo denunció el fotorreportaje de Greg Marinovich, ganador del Pulitzer.

Como el realismo mágico no es monopolio latinoamericano, la gota que rebosó la copa de lo verosímil fue puesta por la justicia sudafricana. Reviviendo una vieja ley usada por los supremacistas blancos del apartheid para aplastar cualquier protesta, la Fiscalía acusó de homicidio a 270 mineros que participaron en la huelga. ¿La razón? Al participar en la protesta provocaron la reacción de la policía, que a la vez desembocó en la tragedia, según la Fiscalía. El mundo al revés; Macondo en África.

El escándalo que siguió hizo que los cargos fueran retirados. Pero el daño ya estaba hecho. Tras Marikana estalló una ola de huelgas que amenazan a todo el sector minero. El gobierno de Jacob Zuma ya no puede contar con la reelección. El ANC no es el partido invencible de la liberación nacional. En las calles y en los medios se habla de la crisis de la constitución más humanista del mundo, de la desilusión de la democracia multicolor.

¿Qué salió mal? Los especialistas que entrevisto martillan sobre dos legados que la paz no resolvió: la desigualdad y la herencia de la economía minera.

Sudáfrica es el país más desigual del mundo. A la antigua élite blanca se suma hoy una pequeña élite negra que también se refugia detrás de los infranqueables muros de las residencias de lujo, estampados con los letreros ubicuos de las compañías de seguridad que advierten: "Se dará respuesta armada". El coeficiente Gini corrobora lo que se ve en esta ciudad del apartheid social.

De modo que lo que explotó en Marikana fue la bomba de la desigualdad. La iniquidad que "está creando una caldera de gente pobre que se siente marginalizada", como le dijo Zwelinzima Vavi, el presidente de la federación sindical Cosatu, al semanario Saturday Star. Después de todo, los 3.000 trabajadores que pararon la mina de Lonmin protestaban contra salarios de miseria. Exigencia elemental que no puede hacer el 36% de la población, que está desempleada.

El problema es que la transición a la paz se centró en los actos individuales de violencia y dejó para otro día la solución a la desigualdad: a la concentración de la tierra en pocas manos, las diferencias abismales en la calidad de la educación de ricos y pobres, los sistemas paralelos de salud. Ya lo había anticipado hace 10 años el reconocido africanista Mahmood Mamdani en su crítica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo modelo ha sido exportado alrededor del mundo. Investigar, confesar y perdonar (o castigar) delitos individuales es esencial para llegar a la paz. Pero hace falta embarcarse también en una agenda de políticas sociales que desactiven la bomba social del conflicto. Lo mismo en Sudáfrica que en Colombia.

No es casual que la explosión haya sido en las minas. La locomotora minera pasó por aquí hace cien años, cuando los descubrimientos de los mayores yacimientos de oro del planeta cambiaron para siempre la geografía y la sociedad sudafricanas. Entre los cráteres del paisaje lunar de Johanesburgo se avistan aún, de vez en cuando, los buldóceres que raspan los últimos rastros del metal.

Pero en lugares como Marikana, en la región de Rustenberg, la locomotora minera anda a todo vapor. En los nuevos yacimientos de oro y platino se vive una fiebre extractiva similar a la latinoamericana. Y las disputas y sus protagonistas se parecen también. La huelga contra la inglesa Lonmin se extendió esta semana a la mina de platino de Anglo American, la mayor del mundo. El viernes, Xstrata anunció que cerraba temporalmente su mina en la misma región ante las amenazas de protestas y disturbios.

Los conflictos por los efectos ambientales y las condiciones laborales de la industria minera están en el corazón de la violencia posapartheid. Como tituló el semanario Mail & Guardian, Sudáfrica es hoy un campo minado. La razón es que "la industria minera tiene un legado de cien años por el que no ha pagado", según lo reconoció un ejecutivo del sector citado por el periódico. Y agregó: "La industria y todo el país tendrán que ponerle la cara; de lo contrario, siempre habrá conflicto".

De modo que, junto con las políticas contra la desigualdad, la historia sudafricana enseña que la paz duradera requiere políticas económicas y ambientales sostenibles. De lo contrario, al alborozo de la transición sigue la desilusión de las promesas incumplidas, la realidad de la violencia que rebrota.

Fue ese sabor agridulce el que quedó en el aire tras la conversación sobre la masacre de Marikana entre Nadine Gordimer y Mongane Serote, el viejo poeta y activista antiapartheid.

-¿Qué podemos hacer?, preguntó Gordimer.

-Tenemos que organizar una marcha -replicó Serote.

-La policía nos dispararía - replicó con sarcasmo la Nobel. Y terminó en el tono desencantado de la nueva Sudáfrica. "Los escritores no somos videntes. Andamos buscando el sentido de la vida. Qué poco hemos logrado en 18 años".

* Columnista de El Espectador
Gobierno sudafricano busca proteger la minería
El gobierno sudafricano, inquieto por las consecuencias económicas que pueden provocar las tensiones sociales en el sector minero, anunció medidas para mantener el orden en la región de Rustenburg, al norte del país, en donde las mineras cierran uno a uno sus pozos de platino. "Los que procedan a reagruparse ilegalmente, porten armas peligrosas, se libren a la provocación o amenacen con violencia en las zonas concernidas serán tratados como se debe", declaró el ministro de Justicia, Jeff Radebe, en una conferencia de prensa en que llama implícitamente a las fuerzas de seguridad a proceder al arresto de los que contravengan a las disposiciones. El sector minero sudafricano está perturbado desde hace cinco semanas por disturbios sociales. Este sector es el pulmón económico del país y contribuye al 9% del PIB y 19% si se le incluyen todas las actividades anexas. Representa, además, la mitad de las exportaciones del país.

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Lecciones desde Sudáfrica | ELESPECTADOR.COM

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Si se mira el proceso de paz de este país africano, son muchas las similitudes con el que se inicia en Colombia.

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El recién nombrado presidente De Clerk, que abrió negociaciones secretas con Mandela, convertido ya en el artífice de un proceso que daría la vuelta al mundo y se convertiría en la referencia para otros países que buscan un esquema de transición a la democracia y de reconciliación.

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PROCESO DE PAZ DE SUDÁFRICA

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se puso en marcha, el Acuerdo Nacional de Paz, como instrumento de participación ciudadana

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Mandela utilizó sus extraordinarios dotes persuasivos para ganarse la confianza y el respeto de sus oponentes y convertir los diálogos secretos en negociaciones formales.  Fue liberado en 1990, al tiempo que se legalizaban todas las formaciones políticas y se iniciaba el período de transición.

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A finales de los años ochenta,Sudáfrica vivía con problemas de gobernabilidad,existía una enorme presión externa sobre lapolítica de apartheid, el país sufría una importantecrisis económica, y el Congreso NacionalAfricano (CNA) de Nelson Mandela perdía losapoyos externos, como resultado de la caída delmuro del Berlín y del fin del imperio

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Texto de Héctor Moreno Soto.
Investigador Académico,
Museo Memoria y Tolerancia.

El proceso de transición que se vivió en Sudáfrica ha sido uno de los cambios sociales más importantes que marcaron el final del siglo XX. Una de las características más sobresalientes, fue la creación de una comisión de investigación del pasado creada a partir de dos premisas fundamentales: la búsqueda de la verdad y la procuración de medidas para la reconciliación.

El fin del Apartheid significó una oportunidad, no solo, para derogar las leyes injustas y liberar a los presos de conciencia, también para refundar la nación bajo una óptica multiétnica y multirracial donde los agravios pasados debían ser superados, para esto, era necesario cerrar las heridas del pasado.

Nelson Mandela calma a una multitud furiosa al este de Johannesburgo, durante un enfrentamiento entre partidarios del Congreso Nacional Africano y simpatizantes del Partido Inkatha, 1990. Cortesía del artista. © Graeme Williams

En 1995 el gobierno de Nelson Mandela creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, The Truth and Reconciliación Commission (RTC), cuya finalidad fue investigar las violaciones a los derechos humanos durante la era del Apartheid, al mismo tiempo creo un comité de compensación a víctimas y un comité de amnistías para quienes brindaran su testimonio.

El arzobispo Desmond Tutu apela a la paz, después de un episodio de violencia cerca de Johannesburgo 1990. Cortesía del artista. © Graeme Williams

"Nosotros (Los miembros de la Comisión Sudafricana) hemos estado interesados en lo que muchos pueden consideran como un aspecto de la justicia. Ciertamente, la amnistía (individual) no puede considerarse como justa, si creemos que la justicia sólo puede tener una naturaleza retributiva y punitiva. Sin embargo, creemos que hay otro tipo de justicia, una justicia restaurativa que refiere no tanto al castigo como con corrección, significa restaurar las relaciones rotas - con la sanación, armonía y reconciliación.

Esa justicia se centra en la experiencia de las víctimas; de ahí la importancia de la reparación" Desmond Tutu, Presidente de la Comisión de la verdad.

Una multitud furiosa se enfrenta a la policía, Johannesburgo 1992. Cortesía del artista. © Graeme Williams

El informe final de la comisión de la verdad sudafricana le fue entregado al presidente Nelson Mandela el 29 de octubre de 1998. Comenzando con la frase "Todos los sudafricanos sabemos que nuestra historia reciente está plagada de sucesos horrendos", su mandato estableció la investigación de las causas y la naturaleza de las masivas violaciones a los derechos humanos, desde la perspectiva de las víctimas y de las personas responsables, lo que derivó en una importante partición de la sociedad en las audiencias que se organizaron.

El papel que tuvo la Comisión dentro de la transición democrática que se vivió en Sudáfrica se definió a partir de la construcción de una nueva memoria colectiva, donde la lectura del pasado diera cabida a testimonios tanto de víctimas, como de perpetradores.

Nelson Mandela habla durante el lanzamiento de la "Convención para una Sudáfrica democrática". La Convención fue un foro de negociación destinado a la creación de una nueva constitución. Johannesburgo 1991. Cortesía del artista. © Graeme Williams

Desde la concepción misma de la comisión, ésta se definió a sí misma como una nueva vía hacia la reconciliación, que sólo podría darse con el perdón como un principio irrenunciable.

Se propuso la creación de un comité de amnistía, donde verdugos y víctimas participaron en una serie de audiencias públicas donde la confesión de todo el daño, además de nutrir con datos y hechos, sirvió como una especie de catarsis pública, que de acuerdo a diversos analistas, convirtió al país en un "enorme confesionario" donde la verdad que surgió, jamás se hubiera podido dar, sin un arrepentimiento auténtico y la promesa de un posible amnistía.

Se escucharon los testimonios de más de 22 mil víctimas como parte de una serie de audiencias públicas donde la masiva participación de los medios tuvo como consecuencia que el país entero fuera testigo del dolor y el trauma provocados por el régimen del Apartheid.

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Sudáfrica. El Perdón, como el camino a la reconciliación

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En 1995 el gobierno de Nelson Mandela creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuya finalidad fue investigar las violaciones a los derechos humanos..