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Regular la responsabilidad de los servidores públicos

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Regular la responsabilidad de los servidores públicos

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Servidores públicos y algunos particulares

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Servidores públicos y algunos particulares

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Procuraduría u oficinas de control interno

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Procuraduría u oficinas de control interno

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Investigación preliminar y proceso disciplinario

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Investigación preliminar y proceso disciplinario

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Desde 2021 (tras aplazamientos judiciales)

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Desde 2021 (tras aplazamientos judiciales)

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Promover integridad, transparencia y ética pública

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Promover integridad, transparencia y ética pública

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Servidores públicos, contratistas y particulares con función pública

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Servidores públicos, contratistas y particulares con función pública

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Se amplía a contratistas y particulares con poder público

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Se amplía a contratistas y particulares con poder público

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Procuraduría y oficinas con mayor autonomía

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Procuraduría y oficinas con mayor autonomía

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Refuerza defensa técnica, publicidad y doble instancia

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Refuerza defensa técnica, publicidad y doble instancia

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Se refuerza, excluye responsabilidad objetiva

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Se refuerza, excluye responsabilidad objetiva

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Incluye pruebas digitales y electrónicas

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Incluye pruebas digitales y electrónicas

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(Febrero 05)
(Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el Artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el Artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023)

Por la cuál se expide el Código Disciplinario Unico.
El Congreso de Colombia DECRETA: LIBRO I PARTE GENERAL TÍTULO I PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY DISCIPLINARIA
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdiccion disciplinaria.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a peticion de cualquier persona, podra avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. También se procedera en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un proceso.

La Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura son competentes a prevencion para conocer, hasta la terminación del proceso, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la rama judicial, salvo los que tengan fuero constitucional.

Las personerias municipales y distritales tendrán frente a la administración poder disciplinario preferente.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 2003) (Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-948 de 2002)
Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en el Capítulo IV del Título V del Libro IV de este Código.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-948 de 2002) (Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 2003) TÍTULO II LA LEY DISCIPLINARIA CAPÍTULO PRIMERO La Función Pública y la falta disciplinaria
(Ver Sentencia 2017-00876 de 2020 Consejo de Estado)

(Ver Sentencia 2017-00876 de 2020 Consejo de Estado)
CAPÍTULO SEGUNDO Ámbito de aplicación de la ley disciplinaria CAPÍTULO TERCERO Sujetos disciplinables
Los indigenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participacion mayoritaria.
CAPÍTULO CUARTO Formas de realización del comportamiento
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.
CAPÍTULO QUINTO Exclusión de la responsabilidad disciplinaria
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

3. En cumplimiento de orden legitima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cuál deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuacion, proporcionalidad y razonabilidad.

5. Por insuperable coaccion ajena o miedo insuperable.

6. Con la conviccion errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.

7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dara inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.

No habra lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.
TÍTULO III LA EXTINCION DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA CAPÍTULO PRIMERO Causales de extincion de la acción disciplinaria
1. La muerte del investigado.

2. La prescripción de la acción disciplinaria.

PARÁGRAFO . El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.
CAPÍTULO SEGUNDO Prescripción de la acción disciplinaria
En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un sólo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

( Modificado por el art. 132, Ley 1474 de 2011.)

PARÁGRAFO . Los términos prescriptivos aqui previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.
CAPÍTULO TERCERO Prescripción de la sanción disciplinaria
Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producira la rehabilitacion en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta Política.
TÍTULO IV DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO CAPÍTULO PRIMERO Derechos
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función.

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales cómo los de vivienda, educacion, recreacion, cultura, deporte y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir tratamiento cortes con arreglo a los principios basicos de las relaciones humanas.

8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes generales y especiales.

10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
CAPÍTULO SEGUNDO Deberes
(Ver Sentencia 2017-00876 de 2020 Consejo de Estado)

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las ordenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integraran a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omision que cause la suspensión o perturbacion injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público.

4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la informacion reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.

5. Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cuál tenga acceso, e impedir o evitar la sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebidos.

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.

8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, asi cómo por la ejecucion de las ordenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.

12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelacion legal o urgencia manifiesta.

13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.

14. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y telefono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.

15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien comun, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfaccion de las necesidades generales de todos los ciudadanos.

16. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Asi mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.

17. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quién deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quién deba proveer el cargo.

18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las ordenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.

19. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, asi cómo los internos sobre el trámite del derecho de peticion.

20. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservacion de los utiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilizacion.

23. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la personeria, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuáles tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime utiles para el mejoramiento del servicio.

26. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano comun, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluira el objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario.

27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorias departamentales y municipales, cómo a la Contraloria General de la República y las Personerias Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.

28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, politicas y programas que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.

29. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdiccion coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.

30. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdiccion coactiva para el cobro de las sanciones de multa.

31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoria Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.

32. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-1061 de 2003)
33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Informacion Financiera SIIF, asi cómo los demás sistemas de informacion a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.

34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.

35. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u omisiones antijuridicas de los superiores, subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Presidente de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentara la materia.

36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.

37. Crear y facilitar la operacion de mecanismos de recepcion y emision permanente de informacion a la ciudadania, que faciliten a esta el conocimiento periodico de la actuacion administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.

38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún genero de discriminación, respetando el orden de inscripcion, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.

39. Acatar y poner en practica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participacion de la comunidad en la planeacion del desarrollo, la concertacion y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.

40. Capacitarse y actualizarse en el area donde desempeña su función.
CAPÍTULO TERCERO Prohibiciones
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dadivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno.

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.

6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que esta obligado.

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, asi cómo retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quién corresponda su conocimiento.

9. INEXEQUIBLE. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.
(Ver Sentencia Corte Constitucional C-350 de 2009.)
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.

11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliacion.

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideologicamente falsos u omitir informacion que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa.

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiendese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

17. Ejercer cualquier clase de coaccion sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido.

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdiccion contencioso-administrativa, o proceder contra resolucion o providencia ejecutoriadas del superior.

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

22.Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoria en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejacion del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cuál presto sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoria a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado

Esta prohibición sera indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuáles el servidor conocio en ejercicio de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuáles conocio en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuáles existe sujetos claramente determinados.

( Modificado por el art 3, Ley 1474 de 2011.)

23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos.

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecucion.

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo.

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o etnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1°, Convención Internacional sobre Eliminacion de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente permitido.

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicacion, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cuál se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.

30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.

31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad.

32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminucion del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

33. Adquirir, por si o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales.

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no este facultado para hacerlo.

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos.
CAPÍTULO CUARTO Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito politico.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los ultimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendra una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la ultima sanción.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 2003)
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-132 de 2019)

3. Hallarse en estado de interdiccion judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.

PARÁGRAFO 1°. Quién haya sido declarado responsable fiscalmente sera inhabil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesara cuando la Contraloria competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la República excluya al responsable del boletin de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quién haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletin de responsables fiscales, continuara siendo inhabil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios minimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios minimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios minimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios minimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entendera por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesion del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria debera especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdiccion, desde el momento de su eleccion y hasta cuando este legalmente terminado el periodo:
(Ver Sentencia de Corte Constitucional 1076 de 2002)
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuacion contractual en los cuáles tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;

b) Actuar cómo apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectuen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cuál se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia.

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público debera declararse impedido.
TÍTULO V FALTAS Y SANCIONES CAPÍTULO PRIMERO Clasificación y connotacion de las faltas
1. Gravísimas

2. Graves.

3. Leves.

1. El grado de culpabilidad.

2. La naturaleza esencial del servicio.

3. El grado de perturbacion del servicio.

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometio la falta, que se apreciaran teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparacion, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participacion en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometio en estado de ofuscacion originado en circunstancias o condiciones de dificil prevencion y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervencion de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

9. La realización tipica de una falta objetivamente gravisima cometida con culpa grave, sera considerada falta grave.
CAPÍTULO SEGUNDO Clasificación y límite de las sanciones
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravisima.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-028 de 2006.)
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestacion escrita, para las faltas leves culposas.

PARÁGRAFO . Habra culpa gravisima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatencion elemental o violacion manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa sera grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del comun imprime a sus actuaciones.

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o eleccion, o

b) La desvinculacion del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o

c) La terminación del contrato de trabajo, y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafon o carrera.

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se origino la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

4. La amonestacion escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, debera comunicarse la sanción al representante legal o a quién corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.

ARTÍCULO 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general sera de diez a veinte años; la inhabilidad especial no sera inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad sera permanente.

La suspensión no sera inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecucion del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertira el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

La multa no podra ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario basico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.

La amonestacion escrita se anotara en la correspondiente hoja de vida.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 2003)
1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijaran de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;

b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;

d) La confesion de la falta antes de la formulacion de cargos;

e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;

f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolucion, restitucion o reparacion no se hubieren decretado en otro proceso;

g) El grave daño social de la conducta;

h) La afectacion a derechos fundamentales;

i) El conocimiento de la ilicitud;

j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.

2. A quién, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduara la sanción de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta ultima se incrementara hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementara hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementara hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

d) Si las sanciones son de multa se impondra la más grave aumentada en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

e) Si las sanciones a imponer para cada una de las faltas son la multa o la amonestacion, se impondran todas.
LIBRO II PARTE ESPECIAL TÍTULO UNICO LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR CAPÍTULO I Faltas gravísimas
(Ver Sentencia 2014-00154 de 2019 Consejo de Estado)

1. Realizar objetivamente una descripcion tipica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.
Nota: (Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124 de 2003, y por la Sentencia C-720 de 2006.)
2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar oportunamente a los miembros del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control politico.

3. Dar lugar a que por culpa gravisima se extravien, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales.

Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

4. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitacion de la actuacion disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función.

5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuacion con la intencion de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, etnico, racial, religioso, politico o social:
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-1076 de 2002)
a) Lesion grave a la integridad fisica o mental de los miembros del grupo;

b) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destruccion fisica, total o parcial;

c) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

d) Traslado por la fuerza de miembros del grupo a otro.

6. Ocasionar, con el proposito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, etnico, racial, religioso, politico o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos, por razón de su pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de sus miembros.

7. Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario.

8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar informacion sobre su paradero, sustrayendola del amparo de la ley.

9. Infligir a una persona dolores o sufrimientos graves fisicos o psiquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero informacion o confesion, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algun tipo de discriminación.

10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la poblacion que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia.

11. Ocasionar la muerte en forma deliberada, y dentro de un mismo contexto de hechos, a varias personas que se encuentren en situación de indefension, por causa de sus opiniones o actividades politicas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.

12. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.

13. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfaccion de cualquier tipo de exigencias.

14. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.

15. Retardar injustificadamente la conduccion de persona capturada, detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a ordenes de la autoridad competente, dentro del término legal.

16. Atentar, con cualquier proposito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicacion, u obtener informacion o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulacion de una persona en quién concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.

18. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuáles se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalados en las normas vigentes.

19. Amenazar, provocar o agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones.

20. Autorizar u ordenar la utilizacion indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinacion especifica en la Constitución o en la ley.

21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política.

22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el deficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, creditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.

25. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto organico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.

26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecucion presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera.

27. Efectuar inversion de recursos públicos en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado.

28. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nominas de los servidores públicos al ICBF.

29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicacion de tiempo completo e impliquen subordinacion y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.

30. Intervenir en la tramitacion, aprobación, celebracion o ejecucion de contrato estatal con persona que este incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omision de los estudios tecnicos, financieros y juridicos previos requeridos para su ejecucion o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello.

33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebracion de los contratos sin existir las causales previstas en la ley.

34. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas tecnicas obligatorias, o certificar cómo recibida a satisfaccion, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados cómo conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

( Modificado por el Parágrafo 1 del art. 84, Ley 1474 de 2011.)

35. Dar lugar a la configuracion del silencio administrativo positivo.

36. No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de la entidad, en el evento de proceder, la acción de repeticion contra el funcionario, ex funcionario o particular en ejercicio de funciones públicas cuya conducta haya generado conciliacion o condena de responsabilidad contra el Estado.

37. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violacion de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la proteccion de la diversidad etnica y cultural de la Nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indigenas, la salud humana o la preservacion de los ecosistemas naturales o el medio ambiente.

38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales."

( Corregido por el Decreto Nacional 224 de 2002)
(Ver Sentencia Corte Constitucional C-794 de 2014)
39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos politicos y en las controversias politicas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.

40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter politico partidista.

41. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la administración o la adjudicacion de contratos a favor de determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su intervencion en dicho trámite.

42. Influir en otro servidor público, prevaliendose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuacion, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para si o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita.

43. Causar daño a los equipos estatales de informatica, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer informacion en cualquiera de los sistemas de informacion oficial contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.

44. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.
Nota: (Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030 de 2012. La expresion "el buen nombre y prestigio" declarada INEXEQUIBLE por la Sentencia C-030 de 2012.)
45. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece.

46. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-252 de 2003)
47. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción.

48. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia fisica o siquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.

Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, sera calificada cómo grave.

49. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o cómo causales de mala conducta.

50. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasion de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario.

51. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los adquieran.

52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduria General de la Nación y no observar las politicas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir informacion confiable, oportuna y veraz.

53. Desacatar las ordenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la promocion de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el manejo del orden público o la congelacion de nominas oficiales, dentro de la orbita de su competencia.

54. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.

55. El abandono injustificado del cargo, función o servicio.

56. Suministrar datos inexactos o documentacion con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusion en carrera administrativa.

57. No enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la informacion que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repeticion o del llamamiento en garantía.

58. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o causas de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría General de la Nación, o hacer la anotación tardiamente.

59. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.

60. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.

61. Ejercer las funciones con el proposito de defraudar otra norma de carácter imperativo.

62. Incurrir injustificadamente en mora sistematica en la sustanciacion y fallo de los negocios asignados. Se entiende por mora sistematica, el incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por ley o reglamento interno en la sustanciacion de los negocios a el asignados, en una proporcion que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.

63. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.

64. Sin perjuicio de la adopcion de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediendose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupcion".
(Adicionado por el art. 93, Ley 1523 de 2012)
( Adicionado por el art. 43, de la Ley 1474 de 2011)

65. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley.
Nota: (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002; Texto resaltado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-125 de 2003)
PARÁGRAFO 1°. Además de las faltas anteriores que resulten compatibles con su naturaleza, también serán faltas gravísimas para los funcionarios y empleados judiciales el incumplimiento de los deberes y la incursion en las prohibiciones contemplados en los artículos 153 numeral 21 y 154 numerales 8, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

PARÁGRAFO 2°. También lo sera la incursion en la prohibición de que da cuenta el numeral 3 del artículo 154 ibidem cuando la mora supere el término de un año calendario o ante un concurso de infracciones en número superior a diez o haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores.

PARÁGRAFO 3°. También sera falta gravisima la incursion en la prohibición de que da cuenta el numeral 10 del artículo 154 ibidem cuando el compromiso por votar o escoger una determinada persona se realiza entre varios funcionarios o empleados a cambio del apoyo a otro u otros, de una decisión o de la obtención de un beneficio cualquiera.

PARÁGRAFO 4°. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias:

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;

b) Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotropicas o insumos para su fabricacion;

c) Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicacion no autorizados, tales cómo telefonos, radios, radiotelefonos, buscapersonas, similares y accesorios;

( Modificado por el art. 100, Ley 1709 de 2014).

d) Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier indole con los reclusos o con sus familiares;

e) Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que permitan el acceso a las dependencias del establecimiento;

f) Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remision o desviarse de la ruta fijada sin justificación;

g) Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los libros de los centros de reclusion o no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o los reglamentos a la autoridad competente sobre novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, llamadas telefonicas y entrevistas;

h) Ceder, ocupar o dar destinacion diferente sin autorización legal a las Casas Fiscales;

i) Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden interno, la seguridad del establecimiento de reclusion o la tranquilidad de los internos;

j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o visitas de otra indole legalmente permitidas;

k) Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio sin la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos legalmente;

l) Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones;

m) Disponer la distribucion de los servicios sin sujecion a las normas o a las ordenes superiores;

n) Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre funcionamiento de los establecimientos de reclusion;

o) Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al servicio;

p) Retener personas;

q) Intimidar con armas y proferir amenazas y en general;

r) Preparar o realizar hecho s que afecten o pongan en peligro la seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los centros carcelarios;

s) Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del centro de reclusion en cualquiera de sus dependencias;

t) Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos carcelarios.

PARÁGRAFO 5°. Las obligaciones contenidas en los numerales 23, 26 y 52 sólo originaran falta disciplinaria gravisima un año después de la entrada en vigencia de este Código. El incumplimiento de las disposiciones legales referidas a tales materias serán sancionadas conforme al numeral 1 del artículo 34 de este código.

PARÁGRAFO 6°. También incurriran en falta gravisima las personas sujetas a esta ley que desvien u obstaculicen el uso de los recursos destinados para el Sistema General de Seguridad Social en Salud o el pago de los bienes o servicios financiados con estos.

( Adicionado por el art. 25, Decreto Nacional 126 de 2010).

PARÁGRAFO 7°. También incurriran en falta gravisima los servidores públicos investidos de facultades de policia judicial que se nieguen a declarar en un proceso en el cuál se investigue o juzgue un evento de corrupcion o fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

( Adicionado por el art. 25, Decreto Nacional 126 de 2010).

ARTÍCULO 49. Causales de mala conducta. Las faltas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175 de la Constitución Política, cuando fueren realizadas por el Presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.

La gravedad o levedad de la falta se establecera de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este código.
LIBRO III RÉGIMEN ESPECIAL TÍTULO I RÉGIMEN DE LOS PARTICULARES CAPÍTULO PRIMERO Ámbito de aplicación
Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales cómo causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o culpa gravisima.

Este llamado de atención se anotara en la hoja de vida y no generara antecedente disciplinario.

En el evento de que el servidor público respectivo incurra en reiteracion de tales hechos habra lugar a formal actuacion disciplinaria.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los organos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, asi cómo el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditara, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas ultimas han destinado para su utilizacion con fines específicos
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria sera exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-338 de 2011) CAPÍTULO SEGUNDO .
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cuál resultaran destinatarios de las normas disciplinarias.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria sera exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.

( Modificado por el art. 44, Ley 1474 de 2011.)
CAPÍTULO TERCERO
1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.

2. Las contempladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen.

3. Las contempladas en los artículos 37 y 38 de esta ley.

Las previstas en la Constitución, la ley y decretos, referidas a la función pública que el particular deba cumplir.

1. Realizar una conducta tipificada objetivamente en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, por razón o con ocasión de las funciones.

2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución o en la ley.

3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función.

4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.

5. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogacion.

6. Ofrecer u otorgar dadivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para obtener beneficios personales que desvien la transparencia en el uso de los recursos públicos.

7. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dadivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público.
(Modificado por el art. 45, Ley 1474 de 2011)
8. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-1076 de 2002.) (Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-124 de 2003)
9. Ejercer las funciones con el proposito de defraudar otra norma de carácter imperativo.

10. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.

11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56 y 59, parágrafo cuarto, del artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función.
TÍTULO II RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS CAPÍTULO PRIMERO
PARÁGRAFO 1°. Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
CAPÍTULO SEGUNDO Faltas especiales de los notarios
PARÁGRAFO 2°. Los arbitros y conciliadores quedaran sometidos además al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza particular. Las sanciones a imponer serán las consagradas para los funcionarios judiciales acorde con la jerarquía de la función que le competia al juez o magistrado desplazado.

Multa de diez a cien salarios minimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de la falta, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial sera igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación provenga de nombramiento oficial, sera de destitución e inhabilidad de uno a veinte años.

Los principios rectores, los términos prescriptivos de la acción y de la sanción disciplinaria, al igual que el procedimiento, son los mismos consagrados en este código respecto de la competencia preferente.

1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de Impuestos Nacionales, las demás de carácter oficial y las Entidades de Seguridad o Prevision Social.

2. Ejercer la función por fuera del circulo notarial correspondiente o permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial, estableciendo sitios de trabajo en oficinas de usuarios y lugares diferentes de la notaria.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-124 de 2003)
3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de dineros, bienes o efectos negociables que reciban de los usuarios del servicio, en deposito o para pagos con destinacion especifica.

4. La transgresion de las normas sobre inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, la ley y decretos.

5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas tendientes a establecer privilegios y preferencias ilegales en la prestación del servicio. Son preferencias ilegales, la omision o inclusion defectuosa de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada contrato y el no dejar las constancias de ley cuando el acto o contrato contiene una causal de posible nulidad relativa o ineficacia.

PARÁGRAFO . Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
CAPÍTULO TERCERO Sanciones
1. Les esta prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de indole comercial en documentos de la esencia de la función notarial o utilizar incentivos de cualquier orden para estimular al público a demandar sus servicios, generando competencia desleal.

2. Es deber de los notarios, someter a reparto las minutas de las escrituras públicas correspondientes a los actos en los cuáles intervengan todos los organismos administrativos del sector central y del sector descentralizado territorial y por servicios para los efectos contemplados en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando en el circulo de que se trate exista más de una notaria.

3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e instrucciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con el desempeño de la función notarial y prestación del servicio, contenidas en los actos administrativos dictados dentro de la orbita de su competencia.

4. Los demás deberes y prohibiciones previstas en el Decreto-ley 960 de 1970, su Decreto Reglamentario 2148 de 1983 y las normas especiales de que trata la función notarial.
LIBRO IV PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO TÍTULO I LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
1. Destitución para el caso de faltas gravísimas realizadas con dolo o culpa gravisima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves realizadas con dolo o culpa y las gravísimas diferentes a las anteriores.

3. Multa para las faltas leves dolosas.

La suspensión no sera inferior a treinta días, ni superior a doce meses.

El procedimiento disciplinario previsto en esta ley se aplicara en los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los particulares disciplinables conforme a ella.

ARTÍCULO 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciara y adelantara de oficio, o por informacion proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procedera por anonimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos minimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a peticion del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violacion del debido proceso, podra asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cuál este la suspendera y la pondra a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa informacion al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotara el trámite de la actuacion hasta la decisión final.

Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración distrital o municipal.
TÍTULO II LA COMPETENCIA
Las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que asi lo reconoce, originaran responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviandole las pruebas de la posible conducta delictiva.

ARTÍCULO 71. Exoneracion del deber de formular quejas. El servidor público no esta obligado a formular queja contra si mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.

Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrara en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del servidor público.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecera este ultimo.

El particular disciplinable conforme a este código lo sera exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omision.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la competencia radicara exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación y se determinara conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros.

Las personerias municipales y distritales se organizaran de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo personero. Donde ello no fuere posible la segunda instancia le correspondera al respectivo Procurador Regional.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados.

En todo caso, la segunda instancia sera de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, sera competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quién le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.

PARÁGRAFO 1°. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación conocera y fallara las investigaciones que se adelanten contra los empleados judiciales de la entidad. La segunda instancia sera de competencia del señor Fiscal General de la Nación.

PARÁGRAFO 2°. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración.

PARÁGRAFO 3°. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente sera el superior inmediato del investigado y la segunda instancia correspondera al superior jerárquico de aquel

Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personeria se conservara la unidad procesal.

Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de control interno disciplinario, las faltas cometidas por los servidores públicos en el exterior y en ejercicio de sus funciones, correspondera a los funcionarios que de acuerdo con el factor subjetivo y objetivo, fueren competentes en el Distrito Capital.

Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, conocera el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación.

Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigaran y decidiran en el mismo proceso, por quién tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía.
TÍTULO III IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
Si el funcionario a quién se remite la actuacion acepta la competencia, avocara el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitira al superior comun inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicara cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podra promover conflicto de competencia al superior, pero podra exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolvera lo pertinente.

1. El proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en unica instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este código, cuyo conocimiento sera de competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el evento en que el Procurador haya sido postulado por esa corporación, conocera la Sala Plena del Consejo de Estado. La conduccion del proceso estara a cargo, de manera exclusiva y directa, del presidente de la respectiva corporación.

2. En el proceso que se adelante por las faltas disciplinarias señaladas en el artículo 48, cometidas por los servidores públicos determinados en el artículo 49 de este código, el Procurador General de la Nación por si, o por medio de comisionado, tendra a su cargo las funciones de Policia Judicial.

1. Tener interés directo en la actuacion disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

2. Haber proferido la decisión de cuya revision se trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dicto la providencia.

3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales.

4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuacion.

5. Tener amistad intima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales.

6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolucion de acusacion o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales.
TÍTULO IV SUJETOS PROCESALES
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anonima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la demora sea debidamente justificada.

Cuando se trate de recusacion, el servidor público manifestara si acepta o no la causal, dentro de los dos días siguientes a la fecha de su formulacion, vencido este término, se seguira el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuacion disciplinaria se suspendera desde que se manifieste el impedimento o se presente la recusacion y hasta cuando se decida.

En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, esta podra intervenir en calidad de sujeto procesal.

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la practica de las mismas.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuacion disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y

4. Obtener copias de la actuacion, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado.

PARÁGRAFO . La intervencion del quejoso se limita unicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podra conocer el expediente en la secretaria del despacho que profirio la decisión.

El funcionario encargado de la investigación, notificara de manera personal la decisión de apertura, al disciplinado. Para tal efecto lo citara a la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificacion personal, se le notificara por edicto de la manera prevista en este código.

El trámite de la notificacion personal no suspende en ningún caso la actuacion probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtia dicho trámite de notificacion, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado.

Enterado de la vinculación el investigado, y su defensor si lo tuviere, tendra la obligación procesal de señalar la dirección en la cuál recibiran las comunicaciones y de informar cualquier cambio de ella.

La omision de tal deber implicara que las comunicaciones se dirijan a la ultima dirección conocida.

1. Acceder a la investigación.

2. Designar defensor.

3. Ser oido en version libre, en cualquier etapa de la actuacion, hasta antes del fallo de primera instancia.

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su practica.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 2003) TÍTULO V LA ACTUACION PROCESAL CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales
5. Rendir descargos.

6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.

7. Obtener copias de la actuacion.

8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o unica instancia.

El investigado estara obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

Las demás formalidades se regiran por las normas del Código Contencioso Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza funciones de policia judicial se aplicara el Código de Procedimiento Penal, en cuánto no se oponga a las previsiones de esta ley.
CAPÍTULO SEGUNDO Notificaciones y comunicaciones
Las decisiones que requieran motivacion se tomaran en el término de diez días y las de impulso procesal en el de tres, salvo disposición en contrario.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios tecnicos y su contenido se consignara por escrito sólo cuando sea estrictamente necesario.

Asi mismo, la evacuacion de audiencias, diligencias en general y la practica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso, a través de medios cómo la audiencia o comunicacion virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuacion. De ello se dejara constancia expresa en el acta de la diligencia.
(Adicionado por el art. 46, Ley 1474 de 2011)
Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos, debera reiniciarse la actuacion oficiosamente.

En la comunicacion se indicara la fecha de la providencia y la decisión tomada.

La actuacion permanecera en la Secretaria del funcionario que profirio la decisión.

De esta forma se notificaran los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegatos de conclusión.

Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envio de la citacion, no comparece el citado, en la Secretaria se fijara edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.
CAPÍTULO TERCERO Recursos
Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con el se surtira la notificacion personal, previo el procedimiento anterior.

ARTÍCULO 108. Notificacion por conducta concluyente. Cuando no se hubiere realizado la notificacion personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actua en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicaran al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejara constancia en el expediente.

Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-338 de 1996

Si la notificacion de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas se realizaren en diferentes sesiones, se interpondran en la sesion donde se produzca la decisión a impugnar.

Cuando la decisión haya sido proferida en estrado la sustentacion se hara verbalmente en audiencia o diligencia, o en la respectiva sesion, según el caso.

En el efecto suspensivo se concedera la apelacion de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la practica de pruebas, cuando no se han decretado de oficio, caso en el cuál se concedera en el efecto diferido; en el devolutivo, cuando la negativa es parcial.

Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior, el funcionario competente enviara al superior funcional las copias pertinentes, para que decida el recurso.
CAPÍTULO CUARTO Revocatoria directa
El costo de las copias estara a cargo del impugnante.
(Modificado por el art. 47, Ley 1474 de 2011.) (Modificado por el art. 48, Ley 1474 de 2011).
Si quién conoce del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenara al competente que las remita a la mayor brevedad posible. Si decide que el recurso debe concederse, lo hara en el efecto que corresponde.
(Modificado por el art. 49, Ley 1474 de 2011). (Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-1076 de 2002) La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdiccion contencioso administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podra solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelacion y queja, asi cómo aquellas contra las cuáles no procede recurso alguno, quedaran en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente.

El fallo corregido, aclarado, o adicionado, sera notificado conforme a lo previsto en este código.

ARTÍCULO 122. Procedencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a peticion del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quién los profirio.

PARÁGRAFO . El Procurador General de la Nación podra revocar de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la peticion de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cuál proferira el fallo sustitutivo correspondiente.

La solicitud de revocacion debera decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podra ser recusado, caso en el cuál la actuacion se remitira inmediatamente al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quién la resolvera en el término improrrogable de un mes designando a quién deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolvera el Viceprocurador.

1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicacion del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuacion se tendra cómo unica, salvo que oportunamente señalen una diferente.
TÍTULO VI PRUEBAS (Modificado por el art. 50, Ley 1474 de 2011.)
2. La identificacion del fallo cuya revocatoria se solicita.

3. La sustentacion expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.

La solicitud que no reuna los anteriores requisitos sera inadmitida mediante decisión que se notificara personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o complementarla. Transcurrido este sin que el peticionario efectuare la correccion, sera rechazada.

Tampoco daran lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del silencio administrativo.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana critica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicaran de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de la misma y el término para practicarlas.
(Modificado por el art. 51, Ley 1474 de 2011.)
El comisionado practicara aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitara ampliacion y se concedera y comunicara por cualquier medio eficaz, de lo cuál se dejara constancia.

Se remitiran al comisionado las copias de la actuacion disciplinaria que sean necesarias para la practica de las pruebas.

El Procurador General de la Nación podra comisionar a cualquier funcionario para la practica de pruebas, los demás servidores públicos de la Procuraduría sólo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.

En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, el Procurador General podra, de acuerdo con la naturaleza de la actuacion y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del funcionario que este adelantando la actuacion, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.

Si la actuacion disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a los de la Procuraduría General de la Nación, podrán recurrir a esta entidad y a los demás organismos oficiales competentes, para los mismos efectos.

La multa se impondra mediante decisión motivada, contra la cuál procede el recurso de reposición, que debera interponerse de acuerdo con los requisitos señalados en este código.
TÍTULO VII NULIDADES
Impuesta la multa, el testigo seguira obligado a rendir la declaración, para lo cuál se fijara nueva fecha.

Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podra disponerse la conduccion del testigo por las fuerzas de policia, siempre que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de la prueba. La conduccion no puede implicar la privación de la libertad.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-1076 de 2002)
Esta norma no se aplicara a quién este exceptuado constitucional o legalmente del deber de declarar.

En toda decisión motivada debera exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

(Ver Sentencia 2014-00154 de 2019 Consejo de Estado)
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 2003)
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
TÍTULO VIII ATRIBUCIONES DE POLICIA JUDICIAL
2. La violacion del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
(Ver sentencia de la Corte Constitucional C-1121 de 2005) TÍTULO IX PROCEDIMIENTO ORDINARIO CAPÍTULO PRIMERO Indagacion preliminar
PARÁGRAFO . Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidacion, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento.

La declaratoria de nulidad de la actuacion disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.

El Procurador General de la Nación podra delegar en cualquier funcionario de la Procuraduría, en casos especiales, el ejercicio de atribuciones de policia judicial, asi cómo la facultad de interponer las acciones que considere necesarias. Quién hubiere sido delegado podra proferir las decisiones que se requieran para el aseguramiento y la practica de pruebas dentro del proceso disciplinario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, para efecto del ejercicio de las funciones de Policia Judicial establecidas en el inciso final del artículo 277, el Procurador General de la Nación tendra atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuáles podra dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y practica de pruebas en el trámite procesal.
Nota: (Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003; Texto en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002)
La indagacion preliminar tendra cómo fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificacion o individualizacion del autor de una falta disciplinaria se adelantara indagacion preliminar. En estos eventos la indagacion preliminar se adelantara por el término necesario para cumplir su objetivo.
CAPÍTULO SEGUNDO Investigación disciplinaria
En los demás casos la indagacion preliminar tendra una duración de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violacion a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagacion preliminar podra extenderse a otros seis meses.

Para el cumplimiento de este, el funcionario competente hara uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podra oir en exposicion libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualizacion o identificacion de los intervinientes en los hechos investigados.

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le sean conexos.

PARÁGRAFO 1°. Cuando la informacion o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibira de iniciar actuacion alguna.

PARÁGRAFO 2°. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podra imponer una multa hasta de 180 salarios minimos legales diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación, o quienes ejerzan funciones disciplinarias, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podra imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolucion motivada contra la cuál procede unicamente el recurso de apelacion que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a su notificacion.
(Modificado por el art. 236, Decreto Nacional 019 de 2012.)
1. La identidad del posible autor o autores.

2. La relación de pruebas cuya practica se ordena.

3. La orden de incorporar a la actuacion los antecedentes disciplinarios del investigado, una certificacion de la entidad a la cuál el servidor público este o hubiere estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la epoca de la realización de la conducta y su ultima dirección conocida.

4. La orden de informar y de comunicar esta decisión, de conformidad con lo señalado en este código.

Si la investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control disciplinario interno, esta dara aviso inmediato a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de la personeria correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. La procuraduría establecera los mecanismos electronicos y las condiciones para que se suministre dicha informacion

Si la investigación disciplinaria la iniciare la Procuraduría General de la Nación o las personerias distritales o municipales, lo comunicara al jefe del organo de control disciplinario interno, con la advertencia de que debera abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.

En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no podra exceder de dieciocho meses. Este término podra aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuacion se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.

( Modificado por el art. 52, Ley 1474 de 2011.)

En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no podra exceder de dieciocho meses. Este término podra aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuacion se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados

En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificara en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

( Modificado por el art. 53, Ley 1474 de 2011.)

El término de la suspensión provisional sera de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podra prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o unica instancia.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-656 de 2003) (Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-908 de 2013) (Ver art. 2.2.5.5.48, Decreto 1083 de 2015.)
El auto que decreta la suspensión provisional sera responsabilidad personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en los procesos de unica, procede el recurso de reposición.
(Ver la Sentencia de Corte Constitucional C-1076 de 2002) Nota: (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de 2003; Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-977 de 2002, con respecto de los cargos analizados y en los términos de la parte motiva de la sentencia)
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitira de inmediato el proceso al superior, previa comunicacion de la decisión al afectado.
CAPÍTULO TERCERO Evaluación de la Investigación Disciplinaria
Recibido el expediente, el superior dispondra que permanezca en secretaria por el término de tres días, durante los cuáles el disciplinado podra presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidira dentro de los diez días siguientes.

Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional debera ser revocada en cualquier momento por quién la profirio, o por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.

PARÁGRAFO . Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o unicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendra en cuenta el lapso en que el investigado permanecio suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendra derecho a percibir la diferencia.

ARTÍCULO 160. Medidas preventivas. Cuando la Procuraduría General de la Nación o la Personeria Distrital de Bogotá adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecucion para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudara al patrimonio público. Esta medida sólo podra ser adoptada por el Procurador General, por quién este delegue de manera especial, y el Personero Distrital.

En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificara en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

( Adicionado por el art. 53, ley 1474 de 2011)

(Ver Sentencia 2014-02189 de 2019 Consejo de Estado)

1. La descripcion y determinacion de la conducta investigada, con indicacion de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizo.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violacion, concretando la modalidad especifica de la conducta.

3. La identificacion del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la epoca de comisión de la conducta.

5. El analisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposicion fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.
(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 2003) CAPÍTULO CUARTO Descargos, pruebas y fallo (Modificado por el art. 54, Ley 1474 de 2011.)
7. La forma de culpabilidad.

8. El analisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

Para el efecto inmediatamente se librara comunicacion y se surtira con el primero que se presente.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicacion no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procedera a designar defensor de oficio con quién se surtira la notificacion personal.

Las restantes notificaciones se surtiran por estado.

El pliego de cargos podra ser variado luego de concluida la practica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o unica instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variacion se notificara en la misma forma del pliego de cargos y de ser necesario se otorgara un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cuál no podra exceder la mitad del fijado para la actuacion original.

Además, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un término no mayor de noventa días.

Las pruebas decretadas oportunamente dentro del término probatorio respectivo que no se hubieren practicado o aportado al proceso, se podrán evacuar en los siguientes casos:

1. Cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado, sin que los mismos tuvieren culpa alguna en su demora y fuere posible su obtención.

2. Cuando a juicio del investigador, constituyan elemento probatorio fundamental para la determinacion de la responsabilidad del investigado o el esclarecimiento de los hechos.

( Modificado por el art. 55, Ley 1474 de 2011.)

( Adicionado por el art. 56, Ley 1474 de 2011.)

1. La identidad del investigado.

2. Un resumen de los hechos.
CAPÍTULO QUINTO Segunda Instancia
3. El analisis de las pruebas en que se basa.
(Ver la Sentencia de Corte Constitucional C-1076 de 2002)
4. El analisis y la valoracion jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
TÍTULO X EJECUCION Y REGISTRO DE LAS SANCIONES
5. La fundamentacion de la calificación de la falta.

6. El analisis de culpabilidad.

7. Las razones de la sanción o de la absolucion, y

8. La exposicion fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduacion de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.

ARTÍCULO 171. Trámite de la segunda instancia. El funcionario de segunda instancia debera decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretara pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliara hasta en otro tanto. Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2002

PARÁGRAFO . El recurso de apelacion otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar unicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnacion.

1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito.

2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.

3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.

4. Los presidentes de las corporaciones de eleccion popular o quienes hagan sus veces, respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas.

5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.

6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones públicas.

PARÁGRAFO . Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicara al funcionario que deba ejecutarlo, quién tendra para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicacion.

Toda multa se destinara a la entidad a la cuál preste o haya prestado sus servicios el sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992.

Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, debera cancelar la multa a favor de esta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promovera el cobro coactivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.
TÍTULO XI PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CAPÍTULO I Procedimiento verbal
Si el sancionado fuere un particular, debera cancelar la multa a favor del Tesoro Nacional, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la Procuraduría General de la Nación.

Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a la jurisdiccion coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la jurisdiccion coactiva informara sobre su pago a la Procuraduría General de la Nación, para el registro correspondiente.

En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago de la multa, el moroso debera cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses comerciales.

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1° del artículo 38 de este Código, debera comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.
El Procurador General de la Nación, buscando siempre avanzar hacia la aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y concentracion, podra determinar otros eventos de aplicación del procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores. (Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-1077 de 2002)
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que figuren en el registro.

También se aplicara el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley

En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citara a audiencia, en cualquier estado de la actuacion, hasta antes de proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citara a audiencia.

( Modificado por el art. 57, Ley 1474 de 2011.)

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citara a audiencia.

( Adicionado por el art. 24, Decreto Nacional 126 de 2010)

Cuando el procedimiento verbal se aplique por las oficinas de control interno se debera informar de manera inmediata, por el medio más eficaz, al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación o personerias distritales o municipales según la competencia.

En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la identificacion del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que los tipifican, la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado.

La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
(Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-1076 de 2002.)
Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir sólo o asistido de abogado, podra dar su propia version de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuáles serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres (3) días. Si no fuere posible hacerlo se suspendera la audiencia por el término máximo de cinco (5) días y se señalara fecha para la practica de la prueba o pruebas pendientes.

Las pruebas se practicaran conforme se regulan para el proceso ordinario, haciendolas compatibles con las formas propias del proceso verbal.

Podra ordenarse la practica de pruebas por comisionado, cuando sea necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por inconducentes, impertinentes o superfluas, debe ser motivada

El director del proceso podra ordenar un receso, por el tiempo que estime indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el cuál sera de mínimo tres (3) días y máximo de diez (10) días. De la misma manera podra proceder en aquellos eventos que no esten previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe ningún recurso.
CAPÍTULO II Procedimiento disciplinario especial ante el Procurador General de la Nación
De la audiencia se levantara acta en la que se consignara sucintamente lo ocurrido en ella. Todas las decisiones se notifican en estrados.

( Modificado por el art. 58, Ley 1474 de 2011.)

En el curso de la audiencia, el investigado podra aportar y solicitar pruebas, las cuáles serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspendera la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalara fecha para la practica de la prueba o pruebas pendientes.

De la audiencia se levantara acta en la que se consignara sucintamente lo ocurrido en ella.

El recurso de apelacion cabe contra el auto que niega pruebas, contra el que rechaza la recusacion y contra el fallo de primera instancia, debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados. Inmediatamente se decidira sobre su otorgamiento.

( Modificado por el art. 59, Ley 1474 de 2011.)

( Modificado por el art. 60, Ley 1474 de 2011.)

1. Breve motivacion en la que se expongan los hechos constitutivos de la falta y su tipicidad.

2. Enumeracion de las pruebas con fundamento en las cuáles se hace la citacion a audiencia.

3. Relación de las pruebas que se practicaran en el curso de la audiencia pública.

4. Indicacion del lugar, la fecha y la hora en la que se realizara la audiencia.

5. Citacion al servidor público para que comparezca a la audiencia, asistido por defensor si asi lo quisiere, y para que aporte, o, en su oportunidad solicite las pruebas que pretenda hacer valer en la diligencia.

6. Explicacion de las causas que fundamentan la orden de suspensión provisional del cargo del servidor público, si tal medida preventiva fuere procedente, de acuerdo con las normas legales respectivas.

Si no se lograre realizar la notificacion personal en el término indicado, se fijara edicto por dos días para notificar la providencia. Vencido este término, si no compareciere el investigado, se le designara defensor de oficio, a quién se le notificara la decisión y con quién se continuara el procedimiento, sin perjuicio de que el investigado comparezca o designe defensor. Contra la decisión que cita a audiencia no procede recurso alguno.

El Procurador General de la Nación resolvera sobre las pruebas solicitadas, en el curso de la audiencia pública.
CAPÍTULO III Competencia contra altos dignatarios del Estado TÍTULO XII DEL RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales (Ver Sentencia de Corte Constitucional C-1076 de 2002) CAPÍTULO SEGUNDO Faltas Disciplinarias CAPÍTULO TERCERO Sujetos procesales CAPÍTULO CUARTO Impedimentos y recusaciones CAPÍTULO QUINTO Providencias CAPÍTULO SEXTO Notificaciones y ejecutoria
A continuacion, el Procurador General de la Nación resolvera sobre las pruebas solicitadas y ordenara la practica de las que resulten conducentes y pertinentes, asi cómo de las que de oficio estime necesarias.

Si se tratare de pruebas que no pudieren realizarse en el curso de la audiencia, la suspendera por un lapso no superior a diez días y dispondra lo necesario para su practica, con citacion del investigado y de los demás sujetos procesales.

Practicadas las pruebas se concedera la palabra, por una sola vez al investigado y a su defensor.
CAPÍTULO SEPTIMO Recursos y consulta CAPÍTULO OCTAVO Pruebas
El Procurador General de la Nación podra solicitar al investigado o a su defensor que limiten su intervencion a los asuntos relativos al objeto de la actuacion disciplinaria, pero no podra limitar temporalmente la exposicion de los argumentos.
CAPÍTULO NOVENO Investigación disciplinaria
Terminadas las intervenciones se suspendera la diligencia, la cuál debera reanudarse en un término no superior a cinco días, con el fin de dar lectura al fallo correspondiente.
CAPÍTULO DECIMO Procedimiento verbal
En la fecha señalada, instalada la audiencia, por Secretaria se dara lectura al fallo.
CAPÍTULO UNDECIMO Régimen de los conjueces y jueces de paz
Se notificaran personalmente al disciplinado y/o su defensor el pliego de cargos y la sentencia. Si no fuere posible la notificacion personal del pliego de cargos al investigado, vencidos los términos previstos en esta ley, se le designara defensor de oficio con quién se surtira la notificacion y continuara el trámite de la actuacion.
CAPÍTULO DUODECIMO Ejecucion y registro de las sanciones TRANSITORIEDAD Y VIGENCIA
PARÁGRAFO . Podrán ser designados defensores de oficio los miembros de los consultorios juridicos a que se refiere el artículo 1° de la Ley 583 de 2000 y/o defensores públicos.
Carlos Garcia Orjuela. El Presidente del honorable Senado de la República, Luis Francisco Boada Gómez. El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República, Guillermo Gaviria Zapata. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. Dada en Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de febrero de 2002. ANDRES PASTRANA ARANGO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Romulo Gonzalez Trujillo. El Ministro de Justicia y del Derecho, Mauricio Zuluaga Ruiz. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nota: Publicado en el Diario Oficial No.44.699 del 5 de febrero de 2002.
Al Ministerio Público se notificaran personalmente las providencias susceptibles de recursos; trámite que se entendera agotado tres (3) días después de ponerse el expediente a su disposición, si no se surte con anterioridad.

Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, podrán comisionar a sus abogados asistentes y a cualquier funcionario judicial del país para la practica de pruebas.

ARTÍCULO 213. Reintegro del suspendido. Quién hubiere sido suspendido provisionalmente sera reintegrado a su cargo y tendra derecho a la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con archivo definitivo o se produzca fallo absolutorio, o cuando expire el término de suspensión sin que hubiere concluido la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su defensor. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendra derecho a percibir la diferencia.

Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal, se reduciran a la mitad.

Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en unica instancia, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los Conjueces que actuan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo y Consejos Seccionales de la Judicatura.

ARTÍCULO 224. Vigencia. La presente ley regira tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública.

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(Febrero 05) (Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el Artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el Artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) Por la cuál se expide el Código Disciplinario Unico.

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(Enero 28) La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de Marzo de 2022, a excepción de los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, que entraran a regir a partir del 30 de Junio de 2021, y el Artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrara a regir el 29 de diciembre del 2023, de acuerdo con el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. Por medio de la cual se expide el EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: LIBRO I PARTE GENERAL TITULO I PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY DISCIPLINARIA código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
ARTÍCULO 1. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien Intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad humana.

ARTÍCULO 2. Titularidad de la potestad disciplinaria. funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.

Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría a General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, en los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal e permanente.

La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. (Modificado por el ARTÍCULO 1 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 3. Poder disciplinario preferente. La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y personerías distritales y municipales. Igualmente, podrá asumir el proceso en segunda instancia.

Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la administración poder disciplinario preferente.

ARTÍCULO 4. Legalidad. Los destinatarios de este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. La preexistencia también se predica de las normas complementarias

La labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de especialidad y subsidiariedad.

ARTÍCULO 5. Fines de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

ARTÍCULO 6. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. La imposición de la sanción disciplinaria deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

La sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la falta y a su graduación de acuerdo con los criterios que fija esta ley.

ARTÍCULO 7. Igualdad. Las autoridades disciplinarias deberán hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, fisica, mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, color, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar o étnico, la lengua, el credo religioso, la orientación sexual, la identidad de género, la opinión política o filosofica, las creencias o prácticas culturales en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso disciplinario como elementos de discriminación.

ARTÍCULO 8. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien este cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política.

ARTÍCULO 9. Ilicitud sustancial. La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin rusticación alguna.

(Modificado por el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 10. Culpabilidad. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

ARTÍCULO 11. Fines del proceso disciplinario. Las finalidades del proceso son la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en el intervienen.

ARTÍCULO 12. Debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en la forma indicada en esta ley.

(Modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 13. Investigación integral. Las autoridades disciplinarias tienen la obligación de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad.

ARTÍCULO 14. Presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad.

(Expresión subrayada, declarada INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-495 de 2019)

ARTÍCULO 15 Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial. Si no lo hiciere, se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

Nota: (Entiéndase la expresión subrayada " defensor público o estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida" de conformidad con el ARTÍCULO 72 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 16. Cosa juzgada disciplinaria. El destinatario la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante de naturaleza disciplinaria, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

Lo anterior sin perjuicio la revocatoria directa establecida en la Ley.

ARTÍCULO 17. Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación procesal causara erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales.

Los sujetos procesales tendrán derecho a que se les entregue de manera gratuita copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a audiencia y formulación de cargos y de los fallos que se profieran.

Nota: (La expresión subrayada debe entenderse como pliego de cargos de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 18. Celeridad de la actuación disciplinaria. El funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este código.

ARTÍCULO 19. Motivación. Toda decisión de fondo deberá motivarse.

ARTÍCULO 20. Congruencia. El disciplinado no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el auto de citación a audiencia y formulación de cargos, sin prejuicio de la posibilidad de su variación.

Nota: (La expresión subrayada debe entenderse como pliego de cargos de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 21. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia.

Se deben considerar, al respecto, las siguientes excepciones: la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.
TITULO II DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I LA FUNCION PUBLICA
ARTÍCULO 22. Prevalencia de los principios rectores e integración normativa. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta Ley además de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. En lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, General del Proceso Penal y de Procedimiento Penal en lo que no contravengan a la naturaleza del derecho disciplinario.
CAPITULO II AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 23. Garantía de la función pública. Con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibles, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las Leyes.
CAPITULO III SUJETOS DISCIPLINABLES
ARTÍCULO 24. Ámbito de aplicación de la ley disciplinaria. La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.

ARTÍCULO 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinarios los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.
CAPITULO IV LA FALTA DISCIPLINARIA
Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado, serán disciplinados conforme a este código.

ARTÍCULO 26. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.

ARTÍCULO 27. Acción y omisión. La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo equivale a producirlo.

ARTÍCULO 28. Dolo. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización.

ARTÍCULO 29. Culpa. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confio en poder evitarla.

La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave.

La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

(Modificado por el artículo 4 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 30. Autores. Es autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otro a realizarla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función.

ARTÍCULO 31. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice:

1. Por fuerza mayor.

2. En caso fortuito.

3. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

4. En cumplimiento de orden legitima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

5. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.

6. Por insuperable coacción ajena.

7. Por miedo insuperable.

8. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Si el error fuere de hecho vencible, se sancionará la conducta a título de culpa, siempre que la falta admita tal modalidad. De ser vencible el error de derecho, se impondrá, cuando sea procedente, la sanción de destitución y las demás sanciones graduables se reducirán en la mitad. En los eventos de error acerca de los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad disciplinaria, se aplicaran, según el caso, los mismos efectos del error de hecho. Para estimar cumplida la conciencia de la ilicitud basta que el disciplinable haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo ilícito de su conducta.

9. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará a la dependencia administrativa correspondiente.
TITULO III LA EXTINCION DE LA ACCION Y DE LA SANCION DISCIPLINARIA CAPITULO I LA EXTINCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento. (Modificado por el ARTÍCULO 5 de la Ley 2094)

ARTÍCULO 32. Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.

2. La caducidad.

3. La prescripción de la acción disciplinaria.

PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. (Modificado por el ARTÍCULO 6 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del ultimo hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá sí. transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia.

Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el termino de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.

(Modificado por el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021)
CAPITULO II LA EXTINCION DE LA SANCION DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 34. Renuncia a la prescripción. El sujeto disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procederá decisión distinta a la de la declaración de la prescripción.

ARTÍCULO 35. Causales de extinción de la sanción disciplinaria. Son causales de extinción de la sanción disciplinaria:

1. La muerte del sancionado.

2. La prescripción de la sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 36. Termino de prescripción de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.
TITULO IV DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL SERVIDOR PUBLICO CAPITULO I DERECHOS
Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta Política.

ARTÍCULO 37. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo servidor público:

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para respectivo cargo o función.

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la Ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir tratamiento cortes con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.

8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes generales y especiales.
CAPITULO II DEBERES
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

ARTÍCULO 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos, de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

2. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el manejo del orden público.

3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injusticia de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

4. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos.

5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.

6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

8. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.

9. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

10. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

11. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las ordenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.

12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.

13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.

14. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.

15. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.

16. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos.

17. Permitir a los representantes del Ministerio Publico, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.

18. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.

19. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.

20. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite del derecho de petición.

21. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

24. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la Personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.

25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.

26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.

27. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, y en la página web, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y su valor y el nombre del adjudicatario.

28. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la Republica dentro del término legal, las partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.

29. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.

30. Ordenar en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente,

31. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa.

32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoria Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.

33. Implementar el Control Disciplinario Interno al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Publica.

34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.

35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.

36. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u omisiones antijurídicas de los subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.

37. Publicar en la página web de la respectiva entidad, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.

38. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.

39. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún genero de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.

40. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.

41. Llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y los de contabilidad financiera.

42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.
CAPITULO III PROHIBICIONES
43. Enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de perdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.

ARTÍCULO 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dadivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno.

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.

6. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, o demás servidores públicos.

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.

9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación.

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.

11. Incumplir de manera reiterada e injusticia obligaciones civiles, laborales: comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación.

12. Ocasionar daño o dar lugar a la perdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.

14. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.

15. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.

16. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa-administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.

17. Permitir tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.

18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

19. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o contra personas con las que tenga relación por razón del servicio.

20. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.

21. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros; en asuntos que estuvieron a su cargo.

22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra de la vida pública. (ARTÍCULO 1, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).

23. Ejercer la docencia por un número superior a cinco horas semanales dentro de la jornada laboral, salvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

24. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero

25. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo o efectuarlo en forma irregular.

26. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.

27. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad.

28. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

29. Adquirir, por si o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales.

30. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no este facultado para hacerlo.

31. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que pertenece.

32. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de discriminación.

33. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.
CAPITULO IV INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
34. Las demás prohibiciones consagradas en la ley.

ARTÍCULO 40. Incorporación de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se entienden incorporados a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto intereses señalados en la Constitución y en la ley.

ARTÍCULO 41. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicara al actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.

ARTÍCULO 42. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a la pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.

Esta inhabilidad tendrá una duración igual al termino de pena privativa de la libertad.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria, de la última sanción.

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.

PARÁGRAFO 1. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.

Esta inhabilidad cesara cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la Republica excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuara siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses la cuantía fuere igualo inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO 2. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.

ARTÍCULO 43. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio:

a. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;

b. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.

Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce meses después del retiro del servicio.

3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales

ARTÍCULO 44. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.
TITULO V FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS CAPITULO I CLASIFICACION Y CONNOTACION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 45. Extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para los gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de los niveles departamental, distrital y municipal.

ARTÍCULO 46. Clasificación de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias son:

1. Gravísimas.

2. Graves.

3. Leves.

ARTÍCULO 47. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en la ley. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

1. La forma de culpabilidad.

2. La naturaleza esencial del servicio.

3. El grado de perturbación del servicio.

4. La jerarquía y mande que el servidor público tenga en la respectiva institución.

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciaran teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de dificil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave.
CAPITULO II CLASIFICACION Y LIMITE DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
(Modificado por el ARTÍCULO 8 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 48. Clases y límites de las sanciones disciplinarias. El disciplinable está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.

2. Destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.

3. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho (18) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas.

4. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12) meses para las faltas graves culposas.

5. Multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días del salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas.

6. Amonestación escrita para las faltas leves culposas.

PARÁGRAFO. En el evento que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad.
ARTÍCULO 49. Definición de las sanciones.
(Modificado por el artículo 9 de la Ley 2094 de 2021) (Ver Literal c) del Art. 14 de la Ley 1828 de 2017)

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a. La terminación de la relación del servidor público o del particular con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección; o

b. La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley; o

c. La terminación del contrato de trabajo; y

d. En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el termino señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el termino señalado en el fallo.

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

4. La amonestación implica un llamado de atención, por escrito, que debe registrarse en- la hoja de vida.

PARÁGRAFO. Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en periodo diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva.

(Modificado por el artículo 10 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 50. Criterios para la graduación de la sanción. La cuantía de la multa y el termino de duración de la suspensión e inhabilidad se fijaran de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Atenuantes:

a. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función o la ausencia de antecedentes.

b. La confesión de la falta o la aceptación de cargos.

c. Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o compensado el perjuicio causado y.

d. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso.

2. Agravantes:

a. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Salvo lo establecido para la multa y la amonestación que serán valorados si fueron impuestas en los últimos tres (3) años. Las sanciones de multa y la amonestación se tendrán como agravantes si fueron impuestas en los tres (3) años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

b. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero:

c. El grave daño social de la conducta;

d. La afectación a derechos fundamentales;

e. El conocimiento de la ilicitud;

f. Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad;

g. Ejecutar la conducta constitutiva de falta disciplinaria por recompensa o promesa remuneratoria de un tercero;

h. La naturaleza de los perjuicios causados. (Modificado por el artículo 11 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 51. Concurso de faltas disciplinarias. A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduara la sanción de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

b. Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

c. Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal, y
LIBRO II PARTE ESPECIAL TITULO UNICO LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR CAPITULO I FALTAS GRAVISIMAS
d. Si la sanción más grave es la multa, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal.

ARTÍCULO 52. Faltas relacionadas con la infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, cualquiera de los actos mencionados a continuación:

a. Matanza de miembros del grupo;

b. Lesión grave a la integridad fisica o mental de los miembros del grupo;

(Expresión subrayada declarada INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-560 de 2019)

c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción fisica, total o parcial;

d. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

2. Incurrir en graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia.

3. Someter a una o más personas a arresto, detención, secuestro o cualquier privación de la libertad, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

4. Infligir a una persona dolores o sufrimientos, ya sean fisicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

5. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos que una persona o un grupo de ellas se desplace de su hogar o de su lugar de residencia, o abandone sus actividades económicas habituales.

6. Privar arbitrariamente a una persona de su vida.

ARTÍCULO 53. Faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales.

1. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias.

2. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.

3. Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del término legal.

4. Realizar, promover, o instigar a otro servidor público a ejecutar actos de hostigamiento, acoso o persecución, contra otra persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología política o filosofica.

ARTÍCULO 54. Faltas relacionadas con la Contratación Publica.

1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.

2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que este incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.

3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la Ley para ello.

5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley.

6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

ARTÍCULO 55. Faltas relacionadas con el servicio o la función pública.

1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción.

2. Consumir, en el sitio de trabajo, sustancias prohibidas que produzcan dependencia fisica o psíquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave. En el evento de que esta conducta fuere cometida en lugares públicos ella será calificada como grave, siempre y cuando se velique que ella incidió en el correcto ejercicio del cargo, función o servicio.

(Expresión subrayada Por medio de la Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2019 se resuelve estarse a lo resuelto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-252 de 2003)

3. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los adquieran.

4. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.

5. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio por un término igualo superior a cinco (5) días sin justificación.

6. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa.

7. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o causas de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría General de la Nación, o hacer la anotación tardíamente.

8. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.

9. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.

10. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los asuntos asignados. Se entiende por mora sistemática el incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por ley o reglamento interno en la sustanciación de los asuntos a el asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.

11. Adoptar decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el fin de favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico, u obligar a otro servidor público para que realice dicha: conducta.

12. Las demás conductas que en la Constitución o en la Ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta.

ARTÍCULO 56. Faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses.

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

2. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona a sabiendas de que en ella concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

3. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas vigentes.

4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de un (1) año después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual presto sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que haya estado vinculado.

Esta incompatibilidad será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor público conoció en ejercicio de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados.

5. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto.

ARTÍCULO 57. Faltas relacionadas con la hacienda publica

1. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación especifica en la Constitución o en la ley.

2. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política.

3. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

4. Incumplir los pagos de cuentas por pagar o reservas presupuestales, contrariando la programación establecida en actos administrativos.

5. Asumir, ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

6. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el deficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.

7. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.

8. Efectuar o autorizar la inversión de recursos asignados a la entidad o administrados por esta, en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado.

9. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales del Sistema Integrado de Seguridad Social o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF.

10. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario.

11. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Publica de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz.

12. Desacatar las ordenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia.

13. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.

14. Incumplir las normas que buscan garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

15. No ejecutar las transferencias para los resguardos indígenas.

16. Constituir unidad de caja con las rentas de destinación especifica.

17. Incumplir los acuerdos relativos a la reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal.

18. No realizar la destinación preferente del porcentaje establecido en la ley proveniente de la renta percibida por concepto de renta de monopolio para salud y educación

ARTÍCULO 58. Falta relacionada con la acción de repetición. No instaurarse en forma oportuna por parte del representante legal de la entidad, en el evento de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, exfuncionario o particular en ejercicio de funciones públicas, cuya conducta haya generado conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado.

ARTÍCULO 59. Faltas relacionadas con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.

1. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente.

2. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.

3. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley.

ARTÍCULO 60. Faltas relacionadas con la intervención en política.

1. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.

2. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.

ARTÍCULO 61. Faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales.

1. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control.

2. Abstenerse de suministrar dentro del término que señale la ley a los miembros del Congreso de la Republica, las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político.

3. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función.

ARTÍCULO 62. Faltas relacionadas con la moralidad publica

1. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

2. Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

3. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.

4. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.

5. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.

6. Amenazar o agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones.

7. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la administración o la adjudicación de contratos a favor de determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su intervención en dicho trámite.

8. Influir en otro servidor público o particular que ejerza función pública, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita.

9. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.

10. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción.

ARTÍCULO 63. Faltas atribuibles a los funcionarios judiciales y a los empleados judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código y en las demás disposiciones legales vigentes, para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, también serán faltas gravísimas las siguientes:

1. Tomar interés directa o indirectamente en remates o ventas en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier despacho judicial.

2. Interesarse indebidamente, de cualquier modo, que sea, en asuntos pendientes ante los demás despachos judiciales o emitir conceptos sobre ellos.

3. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales.

4. Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.

5. Aceptar de las partes o de sus apoderados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.

6. Ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa.

PARÁGRAFO 1. Los jueces de paz, en su calidad de particulares que cumplen la función pública de administrar justicia en equidad, solo serán disciplinables en los términos del artículo 34 de la Ley 497 de 1999 o leyes que la reformen.

PARÁGRAFO 2. Para los auxiliares de la justicia aplican las faltas previstas en los numerales 4° y 5° de la presente disposición. (Modificado por el Artículo 12 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 64. Faltas relacionadas con el régimen penitenciario y carcelario. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código y en las demás disposiciones legales vigentes, para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias también serán faltas gravísimas las siguientes:

1. Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella.

2. Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o insumos para su fabricación.

3. Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicación no autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios.

4. Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares.

5. Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que permitan el acceso a las dependencias del establecimiento.

6. Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remisión o desviarse de la ruta fijada sin justificación.

7. Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los libros de los centros de reclusión o no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o los reglamentos a la autoridad competente sobre novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, llamadas telefónicas y entrevistas.

8. Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las Casas Fiscales.

9. Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden interno, la seguridad del establecimiento de reclusión o la tranquilidad de los internos.

10. Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o visitas de otra índole legalmente permitidas.

11. Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio sin la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos legalmente.

12. Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones.

13. Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas o a las órdenes superiores.

14. Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre funcionamiento de los establecimientos de reclusión.

15. Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al servicio.

16. Retener personas.

17. Intimidar con armas y proferir amenazas y en general.

18. Preparar o realizar hechos que afecten o pongan en peligro la seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los centros carcelarios.

19. Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del centro de reclusión en cualquiera de sus dependencias.

20. Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos carcelarios.

ARTÍCULO 65. Faltas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de el.

ARTÍCULO 66. Causales de mala conducta. Las faltas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175; numeral 3 del artículo 178 y el tercer inciso del ARTÍCULO 178 A de la Constitución Política, cuando fueren realizadas por el Presidente de la Republica, los Magistrados de la Comisión de Aforados, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, o de la Corte Constitucional, los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Fiscal General de la Nación.
CAPITULO II FALTAS GRAVES Y LEVES
(La corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la EXEQUIBILIDAD de la expresión subrayada por carencia actual de objeto, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-560 de 2019)

ARTÍCULO 67. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta este prevista como falta gravísima.

La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47 de este código.
LIBRO III REGIMEN ESPECIAL TITULO I REGIMEN DE LOS PARTICULARES CAPITULO I AMBITO DE APLICACION
ARTÍCULO 68. Preservación del orden interno. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato adoptara las medidas correctivas pertinentes sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Dichas medidas no generaran antecedente disciplinario.

ARTÍCULO 69. Normas aplicables. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catalogo especial de faltas imputables a los mismos.

ARTÍCULO 70. Sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines especificos.
CAPITULO II INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso.

ARTÍCULO 71. Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, para los particulares que ejerzan funciones públicas, las siguientes:

1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.

2. Las contempladas en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen.

3. Las contempladas en los artículos 42 y 43 de esta ley.

Las previstas en la Constitución y la ley, referidas a la función pública que el particular deba cumplir.

PARÁGRAFO. Conflicto de intereses. El particular disciplinable conforme a lo previsto en este código deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, controlo decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
CAPITULO III SUJETOS, FALTAS Y SANCIONES
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del particular disciplinable deberá declararse impedido.

ARTÍCULO 72. Sujetos y faltas gravísimas. Los sujetos disciplinables por este título solo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas; son faltas gravísimas las siguientes conductas:

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución o en la ley.

2. Desatender: las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función.

3. Apropiarse, directa o indirectamente en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.

4. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogación.

5. Ofrecer u otorgar dadivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para obtener beneficios personales que desvíen la transparencia en el uso de los recursos públicos.

6. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dadivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público.

7. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.

8. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.

9. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.

10. Las consagradas en el numeral 14 del artículo 39; numerales 2, 3, 6 Y 7 del artículo 54; numerales 4, 7 Y 10 del artículo 55; numeral 3 del artículo 56; numerales 1, 8, 9, 10 Y 11 del artículo 57; numeral 2 del artículo 60; numeral I del artículo 61; numerales 1, 4, 5, 6 Y 8 del artículo 62, cuando resulten compatibles con la función, servicio o labor.

11. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de el.

PARÁGRAFO 1. Las faltas gravísimas solo son sancionables a título de dolo o culpa.

PARÁGRAFO 2. Los árbitros y conciliadores quedaran sometidos además régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza particular. Las sanciones a imponer serán las consagradas para los funcionarios judiciales acorde con la jerarquía de la función que le competía al juez o magistrado desplazado.

ARTÍCULO 73. Sanción. Los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:

Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurrentemente, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación provenga de nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de 1 a 20 años.
TITULO II REGIMEN DE LOS NOTARIOS CAPITULO I AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 74. Criterios para la graduación de la sanción. Además de los criterios para la graduación de la sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los destinatarios de la ley disciplinaria de que trata este libro, se tendrán en cuenta el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado y la cuantía de la remuneración percibida por servicio prestado.

ARTÍCULO 75. Normas aplicables. El Régimen Disciplinario Especial de los particulares también se aplicará a los notarios y comprende el catálogo de faltas imputables a ellos, contempladas en este título.

Los principios rectores, los términos prescriptivos de la acción y de la sanción disciplinaria al igual que el procedimiento, son los mismos consagrados en este código respecto de la competencia preferente.
CAPITULO II FALTAS ESPECIALES DE LOS NOTARIOS
ARTÍCULO 76. Órgano competente. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial con todos sus requisitos y consecuencias, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación.

ARTÍCULO 77. Faltas gravísimas de los notarios. Constituyen faltas imputables a los notarios, además de las faltas gravísimas contempladas en este Código, las siguientes:

1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de Impuestos Nacionales, las demás de carácter oficial y las entidades de seguridad o previsión social.

2. Ejercer la función por fuera del circulo notarial correspondiente o permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial, estableciendo sitios de trabajo en oficinas de los usuarios.

3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de dineros, bienes o efectos negociables que reciban de los usuarios del servicio, en depósito o para pagos con destinación especifica.

4. La transgresión de las normas sobre inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, la ley y decretos.

5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas tendientes a establecer privilegios y preferencias ilegales en la prestación del servicio. Son preferencias ilegales, la omisión o inclusión defectuosa de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada contrato y el no dejar las constancias de ley cuando el acto o contrato contiene una causal de posible nulidad relativa o ineficacia.

PARÁGRAFO. Las faltas gravísimas solo son sancionables a título de dolo o culpa.

ARTÍCULO. 78. Faltas de los notarios. Constituye falta disciplinaria grave y, por lo tanto, da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones.

ARTÍCULO 79. Deberes y prohibiciones. Son deberes y prohibiciones de los notarios, los siguientes:

1. Les está prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de índole comercial en documentos de la esencia de la función notarial o utilizar incentivos de cualquier orden para estimular al público a demandar sus servicios, generando competencia desleal.

2. Es deber de los notarios, someter a reparto las minutas de las escrituras públicas correspondientes a los actos en los cuales intervengan todos los organismos administrativos del sector central y del sector descentralizado territorial y por servicios para los efectos contemplados en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando en el círculo de que se trate exista más de una notaría.

3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e instrucciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con el desempeño de la función notarial y prestación del servicio, contenidas en los actos administrativos dictados dentro de la órbita de su competencia.

4. Los demás deberes y prohibiciones previstos en el Decreto-ley 960 de 1970, su Decreto Reglamentario número 2148 de 1983 y las normas especiales de que trata la función notarial.
CAPITULO III SANCIONES
(Nota: el Decreto 2148 de 1983 fue compilado en el Decreto 1069 de 2015)

ARTÍCULO 80. Sanciones. Los notarios estarán sometidos al siguiente régimen de sanciones:

Destitución e inhabilidad para el caso de faltas gravísimas realizadas con dolo o culpa gravísima.

Suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves realizadas con dolo o culpa y las gravísimas diferentes a las anteriores.

Multa para las faltas leves dolosas.

ARTÍCULO 81. Límite de las sanciones. La inhabilidad no será inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20) años. La suspensión no será inferior a un (1) mes, ni superior a cuarenta y ocho (48) meses.

La multa es una sanción de carácter pecuniario la cual no podrá ser inferior al valor de 10, ni superior al de ciento ochenta (180) días del salario mínimo legal mensual vigente establecido por el Gobierno nacional.
LIBRO IV PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO TITULO I LA ACCION DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 82. Criterios para la graduación de la falta y la sanción. Además de los criterios para la graduación de la falta y la sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los notarios se tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado, la cuantía de la remuneración percibida por el servicio prestado y los antecedentes en el servicio y en materia disciplinaria.

ARTÍCULO 83. Ejercicio de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces; la Superintendencia de Notariado y Registro; los Personeros Distritales y Municipales; las Oficinas de Control Disciplinario Interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores.

El poder disciplinario de los Personeros Distritales y Municipales no se ejercerá respecto del Alcalde y de los Concejales. Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación.

Nota: (la expresión subrayada se entenderá elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021, la cual señala: La expresión "o el que haga sus veces" que acompaña a la nominación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, se entenderá eliminada)

ARTÍCULO 84. Aplicación del procedimiento. El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las respectivas Oficinas de Control Disciplinario Interno, personerías municipales y distritales, y la Procuraduría General de la Nación.

PARÁGRAFO. Los procesos que se adelantan por la jurisdicción disciplinaria se tramitaran conforme al procedimiento establecido en este Código en lo que no contravenga la naturaleza de la jurisdicción.

ARTÍCULO 85. Naturaleza de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria es pública.

ARTÍCULO 86. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciara y adelantara de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotara el trámite de la actuación hasta la decisión final.

Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración distrital o municipal.

ARTÍCULO 87. Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciara inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.

ARTÍCULO 88. Exoneración del deber de formular quejas. El servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.

ARTÍCULO 89. Acción contra servidor público retirado del servicio. La acción disciplinaria es procedente, aunque el servidor público ya no este ejerciendo funciones publicas

Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del servidor público.
TITULO II LA COMPETENCIA
ARTÍCULO 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarara y ordenara el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso.

ARTÍCULO 91. Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

ARTÍCULO 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia este asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el ARTÍCULO 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente de la Procuraduría General de la Nación y se determinara conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.

(Modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

PARÁGRAFO 2. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002.

(Modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 94. Significado de Control Disciplinario Interno. Cuando en este Código se utilice la locución "Control Disciplinario Interno", debe entenderse por tal, la oficina dependencia o entidad que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

ARTÍCULO 95. Competencia de la Procuraduría General de la Nación y las Personerías. Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales se tramitaran de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código.

ARTÍCULO 96. Faltas cometidas por funcionarios de distintas entidades. Cuando en la comisión de una o varias faltas conexas hubieren participado servidores públicos pertenecientes a distintas entidades, el servidor público competente de la que primero haya tenido conocimiento del hecho, informará a las demás para que inicien la respectiva acción disciplinaria.

Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería se conservará la unidad procesal.

ARTÍCULO 97. El factor territorial. Es competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la conducta.

Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de control disciplinario interno, las faltas cometidas por los servidores públicos en el exterior y en el ejercicio de sus funciones, corresponderán a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el factor objetivo y subjetivo, fueren competentes en el Distrito Capital.

Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación.

ARTÍCULO 98. Competencia por razón de la conexidad. Se tramitarán bajo una misma cuerda procesal las actuaciones que satisfagan los siguientes presupuestos:

Que se adelanten contra el mismo disciplinado.

Que las conductas se hayan realizado en un mismo contexto de hechos o que sean la misma naturaleza.

Que no se haya proferido auto de cierre de investigación o que no se haya vencido el término de investigación.

Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigaran y decidirán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía.

La acumulación podrá hacerse de oficio o a solicitud de los sujetos procesales. Si se niega, deberá hacerse exponiendo los motivos de la decisión contra la cual procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocara el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

ARTÍCULO 100. Competencia en el proceso disciplinario contra el Procurador General de la Nación. La competencia para investigar y juzgar disciplinariamente al Procurador General de la Nación corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En caso en que haya sido postulado por esta corporación, la competencia será del Consejo de Estado.

El proceso disciplinario que se surta contra el Procurador General de la Nación se tramitara mediante el procedimiento previsto en este código.

En la Corte Suprema de Justicia, previo al reparto de la queja correspondiente, se sortearán entre los miembros que componen la Sala Plena, los magistrados que harán la investigación, el juzgamiento, la doble instancia y doble conformidad. Para la acusación será sorteado un integrante de cada una de las Salas, Civil y de Familia, Laboral y Penal.

Para el resto de las etapas se sortearán 5 magistrados de la Sala Plena, en donde se garantice la representación de cada una de las Salas. Si el conocimiento del proceso disciplinario corresponde al Consejo de Estado, la competencia para la instrucción corresponderá, por reparto, a una de las Salas Especiales de Decisión.

La etapa de juzgamiento estará a cargo de los presidentes de cada una de las secciones que integran la Sala Plena del Consejo de Estado, salvo que hubiese participado en la etapa anterior, evento en el cual se sorteara un miembro de la sección que aquel preside.

La segunda instancia compete a la Sala Plena del Consejo de Estado, con exclusión de los magistrados que hubieren conocido del proceso en etapas anteriores. Previo a asumir la segunda instancia, se sorteará un magistrado de cada una de las secciones que componen la Sala Plena del Consejo de Estado quienes resolverán la doble conformidad, en el evento de presentarse, magistrados que no podrán integrar la Sala Plena para resolver la segunda instancia.

(Yerro corregido por el Art. 4 del Decreto 1656 de 2021)

*jurisprudencia*

ARTÍCULO 101 Competencia de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación contara con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos.

El Vicepresidente de la Republica, los Ministros del Despacho, los Congresistas, el Contralor General de la Republica, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la Republica y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la Republica, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la Republica y oficiales de rango equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de Departamentos - Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Publico, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría General.

También conocerán de los procesos disciplinarios de los demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría a los mencionados, siempre que la competencia no este asignada a otra autoridad disciplinaria.

La competencia de las Salas Disciplinarias se ejercerá respecto de las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de la calidad de los servidores enunciados en este artículo o durante su ejercicio, en este último caso, aunque hayan hecho dejación del cargo.

PARÁGRAFO 1. Las Salas Disciplinarias estarán conformada cada una por tres (3) integrantes. Según las competencias internas, las Salas Disciplinarias conocerán de la consulta de la suspensión provisional y de los recursos de apelación y queja interpuestos contra las decisiones de primera instancia de las procuradurías delegadas. Igualmente, de la segunda instancia y de la doble conformidad, en los procesos con asignación especial, siempre y cuando el funcionario desplazado tenga la competencia de procurador delegado y de las demás que le sean señaladas.

PARÁGRAFO 2. La Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos disciplinarios contra los Congresista3, siempre y cuando no corresponda a conductas en ejercicio de la función congresional de conformidad con la Constitución, el Reglamento del Congreso y las normas ético disciplinarias incorporadas a este.

(Modificado por el ARTÍCULO 16 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 102. Competencia disciplinaria del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación conocerá de la segunda instancia de las decisiones de las Salas Disciplinarias de Juzgamiento. Igualmente, de la doble conformidad de las decisiones sancionatorias de las salas. La doble conformidad de las decisiones sancionatorias del Procurador General de la Nación será resuelta por una sala compuesta por tres (3) personas que cumplan los mismos requisitos del artículo 232 de la Constitución Política, sorteadas de una lista de doce (12) nombres que debe elaborar la Comisión Nacional del Servicio Civil, en estricto orden descendente de quienes se presentaron al concurso de méritos de que trata el ARTÍCULO anterior. La participación en esta Sala no impide el derecho a ser nombrado en la Sala especial de Juzgamiento de servidores de elección popular en caso de presentarse una vacante.

En el evento en que, por cualquier causa, esta lista se reduzca, el Procurador General de la Nación deberá recomponerla de la lista anterior.

El Procurador General de la Nación, por razones de. orden público, imparcialidad o independencia de la función disciplinaria, así como para asegurar las garantías procesales o la seguridad o integridad de los sujetos procesales, podrá asignar directamente el conocimiento de un asunto como también desplazar a quien este conociendo de un proceso.

En ningún caso, tal desplazamiento podrá surtirse en relación con los procesos contra servidores públicos de elección popular. (Modificado por el artículo 18 de la Ley 2094 de 2021)
TITULO III IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
ARTÍCULO 103. Trámite Procesal. La competencia disciplinaria especial establecida en los ARTÍCULO s anteriores será ejercida de conformidad con el procedimiento previsto en esta Ley.

ARTÍCULO 104.Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:

Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia.

Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales.

Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.

Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales.

Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación, o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales.

Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la demora sea debidamente justificada.

ARTÍCULO 105. Declaración de impedimento. El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, señale la causal y, si fuere posible, aporte las pruebas pertinentes.

ARTÍCULO 106. Recusaciones. Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 104 de esta ley. Al escrito de recusación acompañara la prueba en que se funde.

ARTÍCULO 107. Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. En caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al superior, quien decidirá de plano dentro-de los tres (3) días siguientes a la fecha de su recibo.

Si acepta el impedimento, determinara a quien corresponde el conocimiento de las diligencias.

Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestara si acepta o no la causal, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su formulación; vencido este término, se seguirá el tramite señalado en el inciso anterior.

La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se presente la recusación y hasta cuando se decida.
TITULO IV SUJETOS PROCESALES
ARTÍCULO 108. Impedimento y recusación del Procurador General de la Nación. Si el Procurador General de la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la causal, el Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la actuación disciplinaria. Si el Procurador General no acepta la causal de recusación, enviara de manera inmediata la actuación disciplinaria a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en un término de cinco días hábiles, para que decida. Si declara infundada la causal, devolverá la actuación al Despacho del señor Procurador General. En caso contrario la enviara al despacho del señor Viceprocurador General.

ARTÍCULO 109. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Publico, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Secciona les de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en el Congreso de la Republica contra los funcionarios a que se refiere el ARTÍCULO 174 de la Constitución Política. Esta misma condición la ostentaran las victimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral.

En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.

Nota: (la expresión subrayada se entenderá elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021, la cual señala: La expresión "o el que haga sus veces" que acompaña a la nominación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, se entenderá eliminada.)

ARTÍCULO 110. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado.

PARÁGRAFO 1. La intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo establecido en el ARTÍCULO anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente en la Secretaria del Despacho que profirio la decisión.

PARÁGRAFO 2. Las víctimas o perjudicados, cuando se trate de investigaciones por violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o actos constitutivos de acoso laboral, tienen la facultad de designar apoderado.

ARTÍCULO 111. Calidad de disciplinado. La calidad de disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura de investigación o la orden de vinculación.

El funcionario encargado de la investigación notificara de manera personal la decisión de apertura de investigación al disciplinado. Para tal efecto lo citara a la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación personal, se le notificara por edicto de la manera prevista en este código.

El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del disciplinado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado

Enterado de la apertura de investigación disciplinaria, el disciplinado y su defensor, si lo tuviere, tendrán la obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones.

La omisión de tal deber implicara que las comunicaciones se dirijan a la última dirección conocida.

ARTÍCULO 112. Derechos del disciplinado. Como sujeto procesal, el disciplinado tiene los siguientes derechos:

1. Acceder a la actuación.

2. Designar apoderado.

3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera o única instancia.

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica, para lo cual se le remitirá la respectiva comunicación.

5. Rendir descargos.

6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.

7. Obtener copias de la actuación.

8. Presentar alegatos antes de la evaluación de la investigación y antes del fallo de primera o única instancia.

ARTÍCULO 113. Estudiantes de consultorios jurídicos y facultades del defensor. Los estudiantes de los consultorios jurídicos podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios según los términos previstos en la ley.
TITULO V LA ACTUACION PROCESAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado. Cuando existan criterios contradictorios, prevalecerán los del defensor.

ARTÍCULO 114. Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente Ley y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.

ARTÍCULO 115 Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.

El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

ARTÍCULO 116. Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por duplicado, e. el medio más idóneo posible.

Las demás formalidades se regirán por las normas del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza funciones de policía judicial se aplicara la Ley 600 de 2000 en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley.

(Ver Ley 906 de 2004)

ARTÍCULO 117. Motivación de las decisiones disciplinarias, termino para adoptar decisiones. Salvo lo dispuesto en normas especiales de este código, todas las decisiones interlocutorias y los fallos que se profieran en el curso de la actuación deberán motivarse.

En la etapa de indagación previa e investigación, las decisiones que requieran motivación se tomaran en el término de diez (10) días y las de impulso procesal en tres (3), salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 118. Utilización de medios técnicos. Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.

Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.

ARTÍCULO 119. Reconstrucción de expedientes. Cuando se pierda o destruya un expediente correspondiente a una actuación en curso, el funcionario competente deberá practicar todas las diligencias necesarias para lograr su reconstrucción. Para tal efecto, se allegarán las copias recogidas previamente por escrito o en medio magnético y se solicitara la colaboración de los sujetos procesales, a fin de obtener copia de las diligencias o decisiones que se hubieren proferido; de igual forma se procederá respecto de las remitidas a las Entidades oficiales
CAPITULO II NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos, deberá reiniciarse la actuación oficiosamente

ARTÍCULO 120. Formas de notificación. La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser personal, por estado electrónico, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

(Modificado por el artículo 19 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 121. Notificación personal. Se notificarán personalmente los autos de apertura de investigación disciplinaria, el de vinculación, el pliego de cargos y su variación, los fallos de instancia.

(Modificado por el artículo 20 de la Ley 2094 de 2020)

ARTÍCULO 122. Notificación por medios de comunicación electrónicos. Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y, por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

(Expresiones subrayadas, declaradas EXEQUIBLES, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-570 de 2019)

ARTÍCULO 123. Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión se procederá así:

1. Al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse.

2. En la comunicación se indicarán la fecha de la providencia y la decisión tomada.

3. Si transcurridos tres (3) días hábiles al recibo de la comunicación el disciplinado no comparece, la secretaria del despacho, que profirio la decisión la notificara por estado. Se entenderá recibida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo.

De esta forma se notificara el auto de cierre de la investigación y traslado para alegatos precalificatorios y el traslado del dictamen pericial para la etapa de investigación.

Nota: (La expresión subrayada debe entenderse como: "a la entrega de la comunicación en la última dirección registrada" de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 124. Notificación por funcionario comisionado. En los casos en que la notificación del pliego de cargos y su variación deba realizarse en sede diferente a la del competente, este podrá comisionar para tal efecto a otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la que esté vinculado el investigado o, en su defecto, al personero distrital o municipal del lugar donde se encuentre el disciplinable o su defensor, según el caso. Si no se pudiere realizar la notificación personal, se fijara edicto en lugar visible de la secretaria del despacho comisionado, por el termino de cinco (5) días. Cumplido lo anterior, el comisionado devolverá inmediatamente al comitente la actuación, con las constancias correspondientes.

La actuación permanecerá en la secretaria del funcionario que profirio la decisión.

(Modificado por el artículo 21 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 125. Notificación por estado electrónico. Se surtirá mediante anotación e inserción en estado electrónico, en el que deberá constar:

1. El número de radicación del expediente.

2. La indicación de los nombres y apellidos del disciplinable. Si varias personas son disciplinables, bastara la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión.

3. Fecha de la decisión que se notifica.

4. Fecha en que se surte la notificación y la firma del secretario o del funcionario competente.

5. La fecha del estado. El estado podrá ser consultado en línea, bajo la responsabilidad del secretario o del funcionario que adelanta el proceso. La inserción en el estado se hará al día siguiente de la fecha del auto o providencia.

El estado se insertará en los medios electrónicos de los que disponga la Procuraduría General de la Nación. La notificación por estado llevara inserta la providencia o decisión que se quiera notificar. Deberá enviarse mensaje de datos al disciplinable y/o su apoderado comunicándole la existencia de estado. Solo el disciplinable v su defensor tendrán acceso al estado por medio electrónico.

De las notificaciones hechas por estado, el secretario o el funcionario que adelanta la actuación dejara constancia dentro del expediente en el que se profirio la decisión notificada.

En aquellas dependencias en donde no sea posible cumplir con el estado electrónico, el estado se fijara en un lugar visible de la secretaria o en la oficina del funcionario competente para adelantar la actuación, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijara al finalizar la ultima hora hábil del mismo. Igual constancia se dejará en el caso del estado electrónico.

(Modificado por el artículo 22 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 126. Notificación en estrado. Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales Inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.

ARTÍCULO 127. Notificación por edicto Los autos que disponen la apertura de investigación, la vinculación, el pliego de cargos y su variación, y los fallos que no puedan notificarse personalmente, se notificaran por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinable, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer.

Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envió de la citación.

Si transcurrido el termino de cinco (5) días a partir del día siguiente a la entrega de la comunicación en la última dirección registrada no comparece el disciplinable, en la secretaria se fijara edicto por el termino de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el investigado ha estado asistido por defensor, con el se surtirá la notificación. (Modificado por el artículo 23 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 128. Notificación por conducta concluyente. Cuando no se hubiere realizado la notificación personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el disciplinado o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

ARTÍCULO 129. Comunicaciones. Las decisiones de sustanciación que no tengan una forma especial de notificación prevista en este código se comunicaran a los sujetos procesales por el medio más eficaz, de lo cual el secretario dejara constancia en el expediente.

Al quejoso se le comunicara la decisión de archivo y la del fallo' absolutorio. Se entenderá cumplida cuando hayan transcurrido cinco (5) días a partir del siguiente día de la fecha de la entrega de la comunicación en la última dirección registrada, sin perjuicio de que se haga por otro medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia.
CAPITULO III RECURSOS
(Modificado por el artículo 24 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 130. Clases de recursos. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja.

PARÁGRAFO. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 131. Oportunidad para interponer los recursos Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la decisión hasta el vencimiento de los cinco (5) días siguientes a la notificación respectiva.

Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y, sustentarse en el curso de la audiencia o diligencia. Si la misma se realiza en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión en la que se profiera la decisión a impugnar.

(Modificado por el artículo 25 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 132. Sustentación de los recursos. Quien interponga un recurso expondrá las razones en que lo sustenta, ante el funcionario que profirio la decisión y en el plazo establecido en el artículo anterior.

Si la sustentación no se presenta en tiempo o no se realiza en debida forma, el recurso se declarará desierto.

(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 133. Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá únicamente contra las siguientes decisiones: la que decide sobre la solicitud de nulidad, la que niega la solicitud de copias, la que niega las pruebas en la etapa de investigación, la que declara la no procedencia de la objeción al dictamen pericial, la que niega la acumulación, y la decisión que finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario.

(Modificado por el artículo 27 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 134. Recurso de apelación. El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la decisión que niega pruebas en etapa de juicio, la decisión de archivo, la decisión que finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario, y el fallo de primera instancia.

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas si no se han decretado de oficio.

Cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se decreten de oficio, o la negación de pruebas a solicitud del disciplinado sea parcial, se concederá en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 135. Prohibición de la reformatio in pejus. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea apelante único.

ARTÍCULO 136. Recurso de queja. El recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación.

ARTÍCULO 137. Trámite del recurso de queja. Dentro del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará

Dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del termino anterior, el funcionario competente enviara al superior funcional las copias pertinentes para que decida el recurso.

El costo de las copias estará a cargo del impugnante. Si quien conoce del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenara al competente que las remita a la brevedad posible. Si deciden que el recurso debe concederse, lo hará en el efecto que corresponda.

ARTÍCULO 138. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedaran en firme cinco (5) días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.

Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, la consulta y aquellas contra las cuales no procede recurso alguno quedaran en firme el día que sean notificadas.

ARTÍCULO 139. Desistimiento de los recursos. Quien hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes de que el funcionario competente lo decida.

ARTÍCULO 140. Corrección, aclaración y adición de los fallos. En los casos de error aritmético, o en el nombre o Identidad del Investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba, o en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo profirio.
CAPITULO IV REVOCATORIA DIRECTA
El fallo corregido, aclarado o adicionado será notificado conforme a lo previsto en este código. Cuando no haya lugar a corrección, aclaración o adición, se rechazará la petición mediante auto que no afectara la ejecutoria del fallo.

ARTÍCULO 141. Procedencia de la revocatoria directa. Los fallos sancionatorios que dicten las personerías y oficinas de control interno disciplinario podrán ser revocados de oficio o a petición del interesado, por la Procuraduría General de la Nación, según las competencias internas.

Igualmente, de oficio o a petición del quejoso, de las víctimas o perjudicados, la Procuraduría General de la Nación podrá revocar el fallo absolutorio o el archivo de la actuación cuando se trate de faltas que constituyan infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El quejoso, las víctimas o perjudicados podrán solicitar la revocatoria directa dentro de los cuatro (4) meses siguientes al conocimiento de la respectiva decisión.

Una vez se allegue la petición de revocatoria, se le informara al disciplinable para que se pronuncie, dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega de la comunicación en la última dirección registrada.

La solicitud de revocatoria deberá resolverse en el término máximo de seis

(6) meses contados a partir de que se asuma su conocimiento.

(Modificado por el artículo 28 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 142. Competencia. El Procurador General de la Nación será la única autoridad competente que podrá revocar los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio.

En el caso de los fallos absolutorios, procederá la revocatoria únicamente cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria.

ARTÍCULO 143. Causal de revocación de las decisiones disciplinarias. En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables solo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deban fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.

ARTÍCULO 144. Revocatoria a solicitud del sancionado. El sancionado podrá solicitar, por una única vez, la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra aquellos recursos ordinarios previstos en este Código.

La revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso -administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva; con todo, si se hubiere proferido sentencia, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.

ARTÍCULO 145 Requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:

1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuación se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.

2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita.

3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.

La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificara personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco (5) días para corregirla o complementarla. Transcurrido este sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada.

ARTÍCULO 146. Efecto de la solicitud y del acto que la resuelve. Ni la petición de revocatoria de un fallo ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de los medios de control en materia contencioso-administrativa.
TITULO VI PRUEBAS
Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno ni a la aplicación del silencio administrativo.

ARTÍCULO 147. Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.

ARTÍCULO 148; Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscara la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.

ARTÍCULO 149. Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección disciplinaria y los documentos, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en este código.

Los indicios se tendrán en cuenta en el momento de apreciar las pruebas, siguiendo lob principios de la sana critica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

ARTÍCULO 150. Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

ARTÍCULO 151. Petición y negación de pruebas. Los sujetos procesales pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán negadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

ARTÍCULO 152. Practica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor de la misma Entidad. Cuando se requiera practicar pruebas fuera de la sede del despacho de conocimiento, se podrá acudir a las personerías distritales o municipales

En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de la misma y el termino para practicarlas.

El comisionado practicara aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido expresamente. Si el termino de comisión se encuentra vencido, se solicitará ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo cual se dejará constancia.

Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica de las pruebas. Dicha remisión podrá hacerse por medio electrónico.

El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario para la práctica de pruebas. Los demás servidores públicos de la Procuraduría solo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.

ARTÍCULO 153. Practica de pruebas en el exterior. La práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes.

En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, el Procurador General podrá, de acuerdo con la naturaleza de la actuación y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del funcionario que este adelantando la actuación, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.

ARTÍCULO 154. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias fisicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias fisicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.

Cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una investigación penal en curso, o requiera trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias fisicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitara al Fiscal del caso, quien evaluara la solicitud y determinara que información o elementos materiales de prueba o evidencias fisicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.

ARTÍCULO 155. Aseguramiento de la prueba. El funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de las facultades de policía judicial, tomara las medidas que sean necesarias para asegurar los elementos prueba.

Si la actuación disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a los de la Procuraduría General de la Nación, podrán recurrir a esta entidad ya los demás organismos oficiales competentes, para los mismos efectos.

ARTÍCULO 156. Apoyo técnico. El servidor público que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente, a todos los organismos del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para el éxito de las investigaciones.

ARTÍCULO 157. Oportunidad para controvertir la prueba. Los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que sean notificados del auto de apertura de investigación disciplinaria o de la orden de vinculación.

ARTÍCULO 158. Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente.

ARTÍCULO 159. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana critica.

En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
CAPITULO I CONFESION
ARTÍCULO 160 Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.

ARTÍCULO 161. Requisitos de la confesión o aceptación de cargos La confesión o la aceptación de cargos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Se hará ante la autoridad disciplinaria competente para instruir, juzgar o ante el comisionado o designado.

2. La persona deberá estar asistida por defensor.

3. La persona será informada sobre el derecho a no declarar contra sí misma, y de las garantías consagradas en el artículo 33 de la Constitución Política y de los beneficios y de las rebajas de las sanciones contempladas en este código.

4. La autoridad disciplinaria ante la cual se realice la aceptación de cargos, deberá constatar que la misma se hace en forma voluntaria, consciente, libre, espontanea e informada.

PARÁGRAFO. En la etapa de investigación o juzgamiento, el disciplinable podrá confesar o aceptar su responsabilidad respecto de los hechos disciplinariamente relevantes enunciados en la apertura de la investigación o en los cargos formulados en el pliego.

(Modificado por el artículo 29 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 162. Oportunidad y beneficios de la confesión y de la aceptación de cargos. La confesión y la aceptación de cargos proceden, en la etapa de investigación, desde la apertura de esta hasta antes de la ejecutoria del auto de cierre. Al momento de la confesión o de la aceptación de cargos se dejará la respectiva constancia. Corresponderá a la autoridad disciplinaria evaluar la manifestación y, en el término improrrogable de diez (10) días elaborará un acta que contenga los términos de la confesión o de la aceptación de cargos, los hechos, su encuadramiento típico, su clasificación y la forma de culpabilidad. Dicho documento equivaldrá al pliego de cargos, el cual será remitido al funcionario de juzgamiento para que, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su recibo, profiera el respectivo fallo.

Si la aceptación de cargos o la confesión se producen en la fase de juzgamiento, se dejará la respectiva constancia y, se proferirá la decisión dentro de los quince (15) días siguientes. La aceptación de cargos o la confesión en esta etapa procede hasta antes de la ejecutoria del auto que concede el traslado para alegar de conclusión.

Si la confesión o aceptación de cargos se produce en la etapa de investigación, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se disminuirán hasta la mitad. Si se produce en la etapa de juzgamiento, se reducirán en una tercera parte.

El anterior beneficio no se aplicará cuando se trate de las faltas gravísimas contenidas en el ARTÍCULO 52 de este código. En el evento en que la confesión o aceptación de cargos sea parcial, se procederá a la ruptura de la unidad procesal en los términos de esta ley.

PARÁGRAFO. No habrá lugar a la retractación, salvo la violación de derechos y garantías fundamentales. (Modificado por el ARTÍCULO 30 de la Ley 2094 de 2021)
CAPITULO II TESTIMONIO
ARTÍCULO 163. Criterios para la apreciación. Para apreciar la confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario competente tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para apreciar el testimonio.

ARTÍCULO 164. Deber de rendir testimonio. Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se le solicita en la actuación Procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Los menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser recibida ante el Defensor o Comisario de Familia en su despacho, o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. El menor absolverá el cuestionario enviado para el caso por la autoridad disciplinaria. El disciplinado o su defensor podrán formular preguntas que no sean contrarias al interés del declarante.

(Declarado INEXEQUIBLE la expresión subrayada, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-452 de 2020)

ARTÍCULO 165. Testigo renuente. Cuando el testigo citado se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa hasta el equivalente a cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en la época de ocurrencia del hecho, a favor del Tesoro Nacional, a menos que justifique satisfactoriamente su no comparecencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha señalada para la declaración.

La multa se impondrá mediante decisión motivada, contra la cual procede recurso de reposición. Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a rendir la declaración, para lo cual se fijara nueva fecha.

Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podrá disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la libertad.

Esta norma no se aplicará a quien este exceptuado constitucional o legalmente del deber de declarar.

PARÁGRAFO. El procedimiento para aplicar la multa será el establecido para el quejoso temerario, contenido en el artículo 210 de este Código.

ARTÍCULO 166. Excepción al deber de declarar. El servidor público informara a quien vaya a rendir testimonio sobre las garantías consagradas por el artículo 33 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 167. Excepciones por oficio o profesión. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:

1. Los ministros de cualquier culto admitido legalmente.

2. Los abogados.

3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar secreto.

ARTÍCULO 168. Amonestación previa al juramento. Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento amonestara previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra quien declare falsamente o incumpla lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento.

ARTÍCULO 169. Testigo impedido para concurrir. Si el testigo estuviere fisicamente impedido para concurrir al despacho del funcionario competente, será interrogado en el lugar en que se encuentre a través de cualquier medio técnico que facilite su recepción.

ARTÍCULO 170. Testimonio por certificación jurada. El testimonio por certificación jurada se recaudará mediante la formulación de cuestionario dirigido al declarante, indicando de manera sucinta los hechos materia de investigación. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma de la certificación.

La certificación jurada deberá remitirse al despacho de origen dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo del cuestionario.

Quien estando obligado a ello, y sin justificación no rinda la certificación jurada o la demore, incurrirá en causal de mala conducta. El funcionario que haya requerido la certificación pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de disciplinar al renuente.

Prestaran certificación jurada: el Presidente de la Republica; el Vicepresidente de la Republica; los Ministros del despacho; los Congresistas; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo del Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, y los miembros del Consejo Nacional Electoral; el Fiscal y Vicefiscal General de la Nación; el procurador y Viceprocurador General de la Nación; los oficiales generales o de insignia en servicio activo; el Director Nacional de Fiscalías; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la Republica; el Registrador Nacional del Estado Civil; los Directores de Departamentos Administrativos; el Contador General de la Nación; los miembros de la Junta Directiva del Banco de la Republica; el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.; los agentes diplomáticos y consulares l e Colombia en el exterior.

El derecho a rendir certificación jurada es renunciable.

Nota: (La expresión subrayada se entenderá elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021, la cual señala: La expresión "o el que haga sus veces" que acompaña a la nominación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, se entenderá eliminada)

ARTÍCULO 171. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombio de una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo pertinente para que, si el tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.

Si el llamado a declarar fuere dependiente del agente diplomático, se solicitará a este que le conceda el permiso para hacerlo y una vez obtenido se procederá en forma ordinaria.

ARTÍCULO 172. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber ni escuchar las declaraciones de quienes les preceden.

ARTÍCULO 173. Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo o de preguntar su opinión salvo que se trate de testigo cualificado, técnica, cientifica o artísticamente.

Esta prohibición se hará extensiva a los sujetos procesales.

ARTÍCULO 174. Recepción del testimonio. Los testimonios serán recogidos y conservado por el medio más idóneo, de tal manera que faciliten su examen cuantas veces sea necesario, sobre lo cual se dejara constancia.

ARTÍCULO 175. Practica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

1. Presente e identificado el testigo, el funcionario lo amonestará y le tomará el Juramento, lo interrogará sobre sus condiciones civiles, personales y sobre la existencia de parentesco o relación con el disciplinable, cumplido lo cual le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar.

2. El funcionario le informara sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de la declaración y le solicitara que haga un relato de cuanto le conste sobre los mismos. Terminado este, se formularán las preguntas complementarias o aclaratorias necesarias.

Cumplido lo anterior, se les permitirá a los sujetos procesales interrogar.

Las respuestas se registran textualmente. El funcionario deberá requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el objeto de la investigación.
CAPITULO III PERITACION
ARTÍCULO 176. Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio.

ARTÍCULO 177. Procedencia. La autoridad disciplinaria podrá decretar, de oficio o a petición de los sujetos procesales, la práctica de pruebas técnico cientificas o artísticas, que serán rendidas por servidores públicos o particulares que acrediten conocimiento y experiencia en los temas objeto de prueba.

El dictamen presentado por el perito deberá ser motivado y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma y se pondrán en conocimiento de las partes por el termino de tres (3) días para que puedan pedir que se complementen o aclaren.

ARTÍCULO 178. Impedimentos y recusaciones del perito. Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que la autoridad disciplinaria competente. El perito en quien concurra alguna causal de impedimento deberá manifestarla antes de su posesión, acompañando, de ser posible, la prueba que lo sustente y el competente procederá a reemplazarlo si la acepta.

Los sujetos procesales podrán recusar al perito aportando las pruebas que tengan en su poder o solicitando las que estime pertinentes; la recusación deberá formularse motivadamente por escrito desde su posesión y hasta antes del vencimiento del plazo concedido para emitir su dictamen.

Si el perito acepta la causal o manifiesta estar impedido será reemplazado; en caso contrario, la autoridad disciplinaria que conozca el proceso resolverá sobre la recusación, designando un nuevo perito si la declara probada. De estimarse procedente, se remitirán copias de lo pertinente para la investigación a que haya lugar.

Contra la decisión que se pronuncia sobre el impedimento o la recusación no procede recurso.

ARTÍCULO 179. Requisitos y práctica. El perito tomara posesión de su cargo jurando cumplir fielmente los deberes que ello impone y acreditara su idoneidad y experiencia en la materia objeto de prueba. El perito confirmará que tiene los conocimientos para rendir el dictamen competente podrá disponer que la diligencia de posesión tenga lugar ante el comisionado.

En el desempeño de sus funciones, el perito deberá examinar los elementos sometidos a su estudio dentro del contexto de cada caso. Para ello funcionario competente aportara la información necesaria y oportuna.

El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte de su examen, actividad en la cual no es necesaria la presencia de los sujetos procesales. Estos podrán controvertir dichas diligencias solamente una vez concedido el traslado.

El dictamen debe ser claro, conciso y preciso, conforme a lo solicitado por el funcionario de conocimiento, y en el se explicarán, además de la metodología empleada para alcanzar la conclusión, los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, cientificos o artísticos de las conclusiones.

Cuando se designen varios peritos, estos conjuntamente practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por separado.

En todos los casos, al perito se le advertirá la prohibición de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad disciplinaria.

El perito presentara su dictamen por escrito o por el medio más eficaz, dentro del término señalado por la autoridad disciplinaria, el cual puede ser susceptible de prórroga. Si no lo hiciere, se le conminara para cumplir inmediatamente. De persistir en la tardanza, se le reemplazará y si no existiere justificación se informará de ello a la autoridad disciplinaria correspondiente.

ARTÍCULO 180. Contradicción del dictamen. Recibido el dictamen, el funcionario competente examinara que se haya cumplido a cabalidad con lo ordenado; si no fuere así, lo devolverá al perito para que proceda a su corrección o complementación. De satisfacer todos los requisitos mediante decisión que se notificara por estado, se correrá su traslado a los sujetos procesales por el termino común de tres (3) días para que puedan solicitar su aclaración, complementación o adición.

Cuando se decrete la aclaración, complementación o adición del dictamen, se concederá al perito un término no superior a cinco (5) días, prorrogable por una sola vez, para que aclare, amplié o adicione su dictamen. De denegarse la solicitud, procederá el recurso de reposición.

El dictamen aclarado, ampliado o adicionado dará por terminado el trámite.

Los dictámenes podrán ser objetados por error grave. En caso de concurrencia de solicitudes provenientes de distintos sujetos procesales, en las que se objete el dictamen o se pida su aclaración, ampliación o adición, se resolverá primero la objeción.

El escrito de objeción podrá ser allegado hasta antes de correr traslado para alegatos de conclusión previos al fallo y en el se precisará el error y se podrán pedir o allegar las pruebas para demostrarlo.

Si es aceptada la objeción, se designará un nuevo perito que emitirá su dictamen de acuerdo con el procedimiento aquí previsto. De denegarse la objeción, procederá el recurso de reposición.

El dictamen emitido por el nuevo perito será inobjetable, pero susceptible de aclaración o complementación. La decisión correspondiente se adoptará de plano.

PARÁGRAFO 1. Los traslados previstos en este artículo en la etapa de investigación, se comunicarán y notificaran por estado.

PARÁGRAFO 2. Cuando sea procedente la prueba pericial en el trámite de la audiencia se dará aplicación al trámite previsto en este artículo, pero el traslado y la sustentación de las aclaraciones, complementaciones u objeciones se sustentarán verbal y motivadamente y

las notificaciones se harán en estrado.

ARTÍCULO 181. Comparecencia del perito a la audiencia. De oficio o a petición de los sujetos procesales, se podrá ordenar la comparecencia del perito a la audiencia para que explique el dictamen y responda las preguntas que sean procedentes.

ARTÍCULO 182. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta su solidez, precisión y fundamentación técnico- cientifica, así como la idoneidad y competencia del perito. El dictamen se apreciará en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero, pero se estimará conjuntamente con el, excepto cuando prospere objeción por error grave.

ARTÍCULO 183. Tramite de la objeción del dictamen. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se aclare, se adicione o se amplié.

Si no prospera la objeción, el funcionario apreciara conjuntamente dictámenes practicados. Si prospera aquella, podrá acoger el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo, que será inobjetable, pero cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se aclare, adicione o amplié.

ARTÍCULO 184. Examen médico o paraclínico. Para los efectos de la comprobación de la conducta disciplinaria, sus circunstancias y el grado de responsabilidad, el funcionario competente podrá ordenar los exámenes médicos o paraclínicos necesarios, los que en ningún caso podrán violar los derechos fundamentales.

Las entidades de la Administración pública tendrán la obligación de practicar oportuna y gratuitamente los exámenes, análisis y cotejos que los peritos requieran y que ordene el funcionario competente.
CAPITULO IV INSPECCION DISCIPLINARIA
Cuando se rehusé al examen de reconocimiento médico y se trate de faltas relacionadas, directa o indirectamente, con la ingesta o consumo de bebidas embriagantes o de otras sustancias que produzcan dependencia o que alteren la conducta, se admitirán como medios de prueba subsidiarios, testimonio de quienes presenciaron los hechos o comportamiento, así como otros medios de prueba que resulten útiles.

ARTÍCULO 185. Procedencia. Para la individualización de autores y su posterior vinculación o la certificación o el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, inspección disciplinaria que podrá recaer sobre cosas, lugares, bienes y otros efectos materiales, de la cual se extenderá acta en la que se describirán los elementos relevantes encontrados y se consignarán manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia.

Durante la diligencia el funcionario comisionado podrá recibir dentro de ella los testimonios útiles al proceso de quienes estén presentes o puedan comparecer inmediatamente en el lugar de su realización, los que se recogerán en formulario distinto al acta de inspección. Los elementos probatorios útiles se recogerán y conservarán teniendo en cuenta los procedimientos de cadena de custodia.

ARTÍCULO 186. Requisitos. La inspección disciplinaria se decretará por medio de providencia que exprese con claridad el objeto de la diligencia, así como el lugar de su realización. Al disciplinable se le informara la fecha y hora de la diligencia. Durante el trámite de la inspección, de oficio o a petición de cualquier sujeto procesal, se podrán ampliar los aspectos objeto de la misma.

Cuando fuere necesario, el funcionario competente podrá designar perito en la misma providencia o en el momento de realizarla. El comisionado podrá igualmente hacer tal designación al momento de practicar la diligencia. Se admitirá, también, la opinión técnica, artística o cientifica de quienes, por razón de su formación, clasificación, especialidad o experiencia, puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, siempre que se haya autorizado en la providencia que decreto la inspección.
CAPITULO V DOCUMENTOS
Cuando la inspección disciplinaria sea ordenada durante el trámite de la audiencia, sr deberá señalar la fecha y hora en que se llevara a cabo, pudiéndose comisionar para su práctica.

ARTÍCULO 187. Naturaleza de la queja y del informe. Ni la queja ni el informe ni otros medios que contengan la noticia disciplinaria constituyen por si mismos prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con todo, con ellos se podrá encauzar la actividad probatoria.

Los documentos allegados con la queja o informe se apreciarán siguiendo las reglas de la sana critica.

ARTÍCULO 188. Aporte. Los documentos se aportarán en original o copia y, solo de ser necesario, se adelantarán las diligencias tendientes a verificar su autenticidad.

ARTÍCULO 189. Obligación de entregar documentos. Salvo lo contemplado en el ARTÍCULO 154 y demás excepciones legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso disciplinario, tiene la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad disciplinaria que los requiera de manera oportuna o de permitir su conocimiento.

Cuando se trate de persona jurídica, pública o privada, la orden de solicitud de documentos se comunicará a su representante legal, en quien recaerá la obligación d entregar aquellos que se encuentren en su poder y que conforme a la ley tenga la obligación de conservar. La información deberá entregarse dentro de I os términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las leyes que regulen la materia.

ARTÍCULO 190. Documento tachado de falso. Cuando el documento tachado de falso se hallare en otro proceso, el funcionario competente podrá solicitar a la autoridad a cargo de su trámite o bajo cuya posesión se encuentre, la remisión de copia autenticada o, si fuere necesario, que le envié el original para su eventual cotejo y devolución al despacho de origen o para agregarlo al expediente. Lo decidido sobre el documento tachado de falso se comunicará al funcionario que conozca del proceso en que se encontraba dicho documento.

Cuando se advierta la falsedad documental se dispondrá el informe correspondiente con los medios de prueba del caso y su remisión a la autoridad penal correspondiente.

ARTÍCULO 191. Presunción de autenticidad. Los documentos allegados al proceso se presumen auténticos, así como los informes rendidos por las entidades públicas o privadas requeridas por la autoridad disciplinaria. En caso de duda deberán ser sometidos a examen técnico, para lo cual se atenderá lo señalado en lo referido a la prueba pericial.

ARTÍCULO 192. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:

Los protegidos por el secreto comercial o industrial.

Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

Los amparados por el secreto profesional.

Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en la historia clínica, hojas de vida, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.

Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito publico y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis

(6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

PARÁGRAFO. Los documentos reservados deberán incorporarse al expediente en cuaderno separado y conservarán su condición de forma permanente. Los sujetos procesales podrán consultarlos, pero no se expedirán copias.

ARTÍCULO 193. Informes técnicos. Los funcionarios podrán requerir a entidades públicas o privadas informes sobre datos que aparezcan registrados en sus libros o consten en sus archivos, destinados a demostrar hechos que interesen a la investigación o al juzgamiento.

ARTÍCULO 194. Requisitos. Los informes se rendirán bajo juramento, motivados y en ellos se explicará fundadamente el origen de los datos que se están suministrando.
CAPITULO VI INDICIO
ARTÍCULO 195. Traslado. Los informes se pondrán en conocimiento de las partes por el termino de tres (3) días para que se puedan solicitar aclaraciones o complementaciones. Respecto de estos no procede la objeción por error grave.

ARTÍCULO 196. Elementos. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro hecho.

ARTÍCULO 197. Unidad de indicio. El hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores.

ARTÍCULO 198. Prueba del hecho indicador. El hecho indicador debe estar probado.
TITULO VII ATRIBUCIONES DE POLICIA JUDICIAL
ARTÍCULO 199: Apreciación. El funcionario apreciara los indicios en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba que obren en la actuación procesal.

ARTÍCULO 200. Atribuciones de policía judicial. En desarrollo de las atribuciones de policía judicial, en los términos del ARTÍCULO 277 de la Constitución Política, solo el Procurador General de la Nación podrá de oficio o a solicitud de la autoridad disciplinaria, debidamente motivada, ejercer estas funciones.

En el proceso que se adelante por faltas disciplinarias catalogadas como gravísimas, cometidas por los servidores públicos determinados en el artículo 174 de la Constitución Política, solo el Procurador General de la Nación tendrá a su cargo las funciones de policía judicial.

(Modificado por el artículo 31 de la Ley 2094 de 2021)
TITULO VIII NULIDADES
ARTÍCULO 201. Intangibilidad de las garantías constitucionales. Las actuaciones que se realicen en ejercicio de las atribuciones de Policía Judicial lo serán con estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.

ARTÍCULO 202. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.

La violación del derecho de defensa del investigado.

La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

ARTÍCULO 203. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.

Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular.

Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

ARTÍCULO 204. Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionamiento que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarara la nulidad de lo actuado. Contra esta providencia no procede recurso.

ARTÍCULO 205. Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria nulidad afectara la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalara el funcionario competente y ordenara que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula.

La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.

ARTÍCULO 206. Requisitos de solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes .de dar traslado para alegatos de conclusión y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas, así como expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.

(Modificado por el artículo 32 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 207. Termino para resolver. El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su recibo. Si la misma se presenta en el marco de una audiencia, se resolverá en esta.

Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad procede el recurso de reposición.
TITULO IX PROCEDIMIENTO CAPITULO I INDAGACION PREVIA
(Modificado por el artículo 33 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 208. Procedencia, objetivo y trámite de la indagación previa. En caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa.

La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el termino de indagación previa podrá extenderse a otros seis (6) meses.

Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos. Cuando a la actuación se allegue medio probatorio que permita identificar al presunto autor, inmediatamente se deberá emitir la decisión de apertura de investigación.

PARÁGRAFO. Si en desarrollo de la indagación previa no se logra identificar o individualizar al posible autor o se determine que no procede la investigación disciplinaria, se ordenara su archivo. Esta decisión no hará tránsito a cosa juzgada material.

(Modificado por el artículo 34 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 209. Decisión inhibitoria. Cuando la información o queja sea manifiestan-ente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. Contra esta decisión no procede recurso.

ARTÍCULO 210. Quejas falsas o temerarias. Las quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que así lo reconoce, originaran responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.

Advertida la temeridad de la queja en cualquier etapa del proceso, la autoridad disciplinaria podrá imponer una multa hasta de 180 salarios diarios mínimos legales vigentes. En tales casos, se citará al quejoso por parte de la autoridad disciplinaria para escuchar sus explicaciones, aporte pruebas y ejerza su derecho de contradicción. De no concurrir, se le designará un defensor de oficio que puede ser un defensor público o un estudiante de consultorio jurídico de Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas, con quien se surtirá la actuación. Escuchado el quejoso o su defensor, el funcionario resolverá en el término de cinco (5) días. Contra la decisión procede el recurso de reposición.

Nota: (Entiéndase la expresión subrayada " defensor público o estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida" de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)
CAPITULO II INVESTIGACION DISCIPLINARIA
(Modificado por el artículo 35 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 211. Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación previa se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciara la investigación disciplinaria.

ARTÍCULO 212. . Fines y trámite de la investigación. La investigación tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

Para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre.

La investigación se limitará a los hechos de objeto denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

ARTÍCULO 213. Termino de la investigación. La investigación tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura. Este término podrá prorrogarse hasta en otro tanto, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos (2) o más servidores o particulares en ejercicio de función pública y culminará con el archivo definitivo o la notificación de la formulación del pliego de cargos.

Cuando se trate de investigaciones por infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el termino de investigación no podrá exceder de dieciocho (18) meses.

Con todo, si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación jurídica del disciplinable, los términos previstos en los incisos anteriores se prorrogaran hasta por tres (3) meses más. Vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos se archivara definitivamente la actuación.

(Modificado por el artículo 36 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 214. Ruptura de la unidad procesal. Procederá en los siguientes casos:

a) Cuando se adelante investigación por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda;

b) Cuando en la comisión de la falta intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que este atribuido a una jurisdicción especial.

c) Cuando se decrete la nulidad parcial la actuación procesal que obligue a reponer el trámite en relación con uno de los disciplinados o una o algunas de las faltas atribuidas a un mismo disciplinado;

d) Cuando en la etapa de juzgamiento surjan pruebas sobrevinientes que determinan la posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación de otra persona en calidad de disciplinado, evento en el cual se ordenara expedir copias de las pruebas pertinentes para iniciar la nueva acción en expediente separado;

e) Cuando en la etapa de juzgamiento se velique la confesión de una de las faltas o de uno de los disciplinados, evento en el cual se continuará el juzgamiento por las demás faltas o disciplinados en actuación esperada.

PARÁGRAFO. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales del disciplinado. Tampoco genera nulidad el hecho de adelantar procesos independientes para conductas en las que se presenta conexidad procesal.

ARTÍCULO 215. Contenido de la investigación disciplinaria. La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:

1. La identidad del posible autor o autores.

2. Relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes en lenguaje comprensible.

3. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.

4. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del disciplinable, una certificación sobre la relación con la entidad a la cual el servidor público este o hubiese estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última dirección conocida.

5. La información sobre los beneficios de la confesión o aceptación de cargos.

6. La orden de informar y de comunicar esta decisión, en los términos del artículo siguiente.

(Modificado por el artículo 37 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 216. Informe de la iniciación de la investigación. Si la investigación disciplinaria se inicia por una Oficina de Control Disciplinario Interno, esta dará aviso inmediato a la Viceprocuraduria General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. La Procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones para que se suministre dicha información.
CAPITULO III SUSPENSION PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS
Si la investigación disciplinaria se inicia por la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, se comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno, con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspender la inmediatamente, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.

ARTÍCULO 217. Suspensión provisional. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.

El auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prorroga serán Objeto de consulta, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado.

Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaria por el termino de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.

Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirio, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.

PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el disciplinado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.

(Declarado EXEQUIBLE por sentencia de la Corte Constitucional C-015 de 2020)

ARTÍCULO 218. Reintegro del suspendido. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia.

En este caso, no obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad, la obligación hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.
CAPITULO IV CIERRE DE LA INVESTIGACION Y EVALUACION
ARTÍCULO 219. Medidas preventivas. Cuando la Procuraduría General de la Nación o las Personerías adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudara al patrimonio público. Esta medida solo podrá ser adoptada por el Procurador General por quien este delegue de manera especial y el Personero.

ARTÍCULO 220. Alegatos precalificatorios. Cuando se hayan recaudado las pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria, o vencido el término de esta, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de: sustanciación declarara cerrada la investigación y ordenara correr traslado por el termino de diez (10) para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación.

ARTÍCULO 221. Decisión de evaluación. Una vez surtida la etapa prevista en el ARTÍCULO anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluara el mérito de las pruebas recaudadas y formulara pliego de cargos al disciplinable o terminara la actuación y ordenara el archivo, según corresponda.

(Modificado por el artículo 38 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 222. Procedencia de la decisión de citación a audiencia y formulación de cargos. El funcionario de conocimiento citara a audiencia y formulara pliego de cargos cuando este objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

(Ver Sentencia 2014-02189 de 2019 Consejo de Estado)

PARÁGRAFO. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción disciplinaria el auto de citación a audiencia será dictado por el magistrado sustanciador.

ARTÍCULO 223. Contenido del auto de citación a audiencia y formulación de cargos. La decisión mediante la cual se cite a audiencia al disciplinado deberá contener:

1. La identificación del autor o autores de la falta.

2. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

3. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de lar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

4. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad especifica de la conducta.

5. El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.

6. El análisis de la culpabilidad.

7. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

8. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el ARTÍCULO 47 de este Código.

9. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

Nota: (La expresión subrayada debe entenderse como pliego de cargos de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)
CAPITULO V JUZGAMIENTO
ARTÍCULO 224. Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.

ARTÍCULO 225. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación. El pliego de cargos se notificara personalmente al procesado o a su defensor si lo tuviere. Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.

Si vencido el termino de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega de la comunicación en la última dirección registrada y al correo electrónico, no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal.

Las restantes notificaciones se surtirán conforme lo previsto en el artículo 121 de este Código.

Cumplidas las notificaciones, dentro del término improrrogable de tres (3) días, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento correspondiente.

Nota: (Entiéndase la expresión subrayada " defensor público o estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida" de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)

(Modificado por el artículo 39 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 225 A. Fijación del juzgamiento a seguir. Recibido el expediente por el funcionario a quien corresponda el juzgamiento, por auto de sustanciación motivado, decidirá, de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo, si el juzgamiento se adelanta por el juicio ordinario o por el verbal. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

El juicio verbal se adelantará cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta.

También se seguirá este juicio por las faltas leves, así como por las gravísimas contempladas en los artículos 54, numerales 4 y 5; 55, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; 56, numerales 1,2,3,5: 57, numerales 1, 2 ,3 ,5 y 11, 58, 60, 61 y 62, numeral 6.

PARÁGRAFO. En cualquiera de los eventos anteriores, el funcionario adelantara el proceso verbal, salvo que, por la complejidad del asunto, el número de disciplinables, el número de cargos formulados en el pliego, o la carencia de recursos humanos, fisicos o dotacionales de la dependencia que debe cumplir la función de juzgamiento, dificulte el logro de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal en el desarrollo de la actuación disciplinaria. En estos casos, el funcionario deberá motivar su decisión.
JUICIO ORDINARIO
(Adicionado por el artículo 40 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 225 B. Solicitud de pruebas y descargos. En el auto en el que el funcionario de conocimiento decide aplicar el procedimiento ordinario, también dispondrá que, por el termino de quince (15) días, el expediente quede a disposición de los sujetos procesales en la secretaria. En este plazo, podrán presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas. Contra esta decisión no procede recurso alguno. La renuencia del investigado o su defensor a presentar descargos no interrumpen el trámite de la actuación.

(Adicionado por el ARTÍCULO 41 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 225 C. Termino probatorio. Vencido el término para presentar descargos, así como para aportar y. solicitar pruebas, el funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenara la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término no mayor de noventa (90) días.

Las pruebas decretadas oportunamente y que no se hubieren practicado o aportado durante el periodo probatorio, se podrán evaluar en los siguientes casos:

1. Cuando hubieran sido solicitadas por el disciplinable o su defensor, sin que los mismos tuvieren responsabilidad alguna en su demora y fuere posible su obtención.

2. Cuando a juicio del funcionario de conocimiento, constituyan elemento probatorio fundamental para la determinación o la ausencia de responsabilidad del investigado o el esclarecimiento de los hechos.

(Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 225 D. Variación de los cargos. Si el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por error en la clasificación o prueba sobreviniente, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si vencido el término para presentar descargos, el funcionario de conocimiento advierte un error en la clasificación, por auto de sustanciación motivado, devolverá el expediente al instructor para que proceda a formular una nueva clasificación, en un plazo máximo de quince (15) días. Contra esta decisión no procede recurso alguno y no se entenderá como un juicio previo de responsabilidad.

2. Si el instructor varia la clasificación, notificara la decisión en la forma indicada para el pliego de cargos. Surtida la notificación, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento quien, por auto de sustanciación, ordenara dar aplicación al ARTÍCULO 225A para que se continúe con el desarrollo de la etapa de juicio.

3. Si el instructor no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber al funcionario de juzgamiento por auto de sustanciación motivado en el que ordenará devolver el expediente. El funcionario de juzgamiento podrá decretar la nulidad del pliego de cargos, de conformidad con lo señalado en esta ley.

4. Si como consecuencia de prueba sobreviniente, una vez agotada la etapa probatoria, surge la necesidad de la variación del pliego de cargos, el funcionario de juzgamiento procederá a realizarla, sin que ello implique un juicio previo de responsabilidad.

5. La variación se notificara en la misma forma del pliego de cargos y se otorgara un término de diez (10) días para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas. El periodo probatorio, en este evento, no podrá exceder el máximo de dos (2) meses.

(Yerro corregido por el Art. 1 del Decreto 1656 de 2021)

ARTÍCULO 225 E. Traslado para alegatos de conclusión. Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las decretadas, el funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación ordenara el traslado común por diez (10) días; para que los sujetos procesales presenten alegatos de conclusión.

(Adicionado por el ARTÍCULO 44 de la Ley 2094 de 2020)

ARTÍCULO 225 F. Termino para fallar y contenido del fallo. El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los (30) días hábiles siguientes al vencimiento del termino de traslado para presentar alegatos de conclusión. El fallo debe constar por escrito y contener:

La identidad del disciplinable.

Un resumen de los hechos.

El análisis de las pruebas en que se basa.

El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.

La fundamentación de la clasificación de la falta.

El análisis de la ilicitud del comportamiento.

El análisis de la culpabilidad.

La fundamentación de la clasificación de la falta.

Las razones de la sanción o de la absolución y,

La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.

(Adicionado por el artículo 45 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 225 G. Notificación y apelación del fallo. La decisión será notificada personalmente en los términos de esta ley. Si no fuera posible hacerlo en los plazos correspondientes, se hará por edicto. Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la secretaria del despacho.
JUICIO VERBAL
(Adicionado por el artículo 46 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 225 H. Citación a audiencia de pruebas y descargos. En el auto en el que el funcionario de conocimiento decida adelantar el juicio verbal, de conformidad con las reglas establecidas en esta ley, fijara la fecha y la hora para la celebración de la audiencia de descargos y pruebas, la cual se realizara en un término no menor a diez (10) días ni mayor a los veinte (20) días de la fecha del auto de citación. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

(Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 226. Formalidades. La audiencia se adelantará teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

La audiencia deberá ser grabada en un medio de video o de audio.

De le ocurrido en cada sesión se levantará un acta sucinta, la cual será firmada por los intervinientes.

Finalizada cada sesión se fijara junto con los sujetos procesales la hora, fecha y lugar de la continuación de la audiencia y esta decisión quedara notificada en estrados.

Durante la suspensión y la reanudación de la audiencia no se resolverá ningún tipo de solicitud.

ARTÍCULO 227. Instalación de la audiencia. El funcionario competente instalará la audiencia, verificará la presencia del disciplinable o de su defensor y hará una presentación sucinta de los hechos y los cargos formulados.

Acto seguido, si el disciplinable acude a la audiencia acompañado de defensor, se le preguntara si acepta la responsabilidad imputada en el pliego de cargos. Si la aceptare, se seguirá el tramite señalado en el artículo 162 de este Código.

Si el disciplinable concurre a la audiencia sin defensor, se le preguntara si es su voluntad acogerse al beneficio por confesión o aceptación de cargos. En caso de que responda afirmativamente, se suspenderá la audiencia por el termino de cinco (5) días para la designación de un defensor de oficio que podrá ser un defensor público o estudiante de consultorio jurídico de Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas, o para que el disciplinable asista con uno de confianza.

En el evento en que la confesión o aceptación de cargos sea parcial, se procederá a la ruptura de la unidad procesal en los términos de este código. En caso de no darse la confesión o la aceptación de cargos o si esta fuere parcial, la autoridad disciplinaria le otorgara la palabra al disciplinable para que ejerza el derecho a rendir versión libre y presentar descargos, así como solicitar o aportar pruebas. Posteriormente, se le concederá el unos de la palabra al defensor, si lo tuviere. De concurrir el delegado del Ministerio Publico, y las victimas o perjudicados o su apoderado judicial, el funcionario, en ese orden, les concederá el uso de la palabra para que puedan presentar solicitudes, invocar nulidades, solicitar o aportar pruebas.

El funcionario competente resolverá las nulidades, una vez ejecutoriada esta decisión, se pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas y decretará las que de oficio consideren necesarias.

Si se niega a la práctica de pruebas solicitadas, la decisión se notificara en estrados y contra ella procede el recurso de apelación que debe interponerse y sustentarse en la misma sesión.

La práctica de pruebas se adelantará hasta por el termino de veinte (20) días prorrogables por una sola vez hasta por el mismo lapso. En este último caso, la prorroga se dispondrá mediante decisión motivada.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado cuando sea estrictamente necesario y procedente.

PARÁGRAFO. En el caso de la confesión o la aceptación de cargos, no habrá lugar a la retractación, salvo la violación de derechos y garantías fundamentales.

Nota: (Entiéndase la expresión subrayada " defensor público o estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida" de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021)

(Modificado por el artículo 48 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 228. Renuencia. A la audiencia debe ser citado el disciplinable y su defensor. Si el defensor no asiste, esta se realizará con el disciplinable, salvo que solicite la presencia de aquel. Si no se presentare ninguno de los dos sin justificación, se designará inmediatamente un defensor de oficio que podrá ser un defensor público o un estudiante de consultorio jurídico de Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas, si es del caso, se ordenara compulsa de copias para que se investigue la conducta del defensor.

El disciplinable y su defensor podrán presentarse en cualquier momento asumiendo el proceso en el estado en que se encuentra. La misma consecuencia se aplicará en los eventos de sustitución de poder.

La inasistencia de los sujetos procesales distintos al disciplinable o su defensor no suspende el trámite de la audiencia.

Nota: (Entiéndase la expresión subrayada " defensor público o estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida" de conformidad con el ARTÍCULO 72 de la Ley 2094 de 2021)

(Modificado por el artículo 49 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 229. Variación de los cargos. Si el funcionario advierte la necesidad de variar los cargos por error en la clasificación o prueba sobreviniente, se aplicarán las siguientes reglas.

Si después de escuchar los descargos, el funcionario de conocimiento advierte un error de clasificación, así lo hará saber en la audiencia, motivara su decisión y ordenará devolver el expediente al instructor para que proceda a formular una nueva clasificación en un plazo máximo de quince (15) días. Contra esta decisión no procede recurso alguno y no se entenderá como un juicio previo de responsabilidad. Si el instructor varia la clasificación, notificara la decisión en la forma indicada para el pliego de cargos. Surtida la notificación, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento quien, fijara la fecha y la hora para la realización de la audiencia de descargos y pruebas, la cual se realizará en un término no menor a los diez (10) días ni mayor a los veinte (20) días de la fecha del auto de citación.

Si el instructor no varia el pliego de cargos, así se lo hará saber al funcionario de juzgamiento quien, citara a audiencia en la que podrá decretar la nulidad del pliego de cargos, de conformidad con lo señalado en esta ley.

Si agotada la etapa probatoria, la variación surge como consecuencia de prueba sobreviniente, el funcionario procederá a hacer la variación en audiencia, sin que ello implique un juicio previo de responsabilidad.

La variación se notificara en estrados y suspenderá la continuación de la audiencia, la que se reanudará en un término no menor a los cinco (5) días ni mayor a los diez (10) días. En esta audiencia, el disciplinable o su defensor podrán presentar descargos y solicitar y aportar pruebas. Así mismo, el funcionario resolverá las nulidades. Ejecutoriada esta decisión se pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas y decretara las que de oficio considere necesarias, las que se practicaran en audiencia que se celebrara dentro de los cinco (5) días siguientes. Podrá ordenarse la práctica de prueba por comisionado cuando sea necesario y procedente en los términos de esta ley.

El periodo probatorio, en este evento, no podrá exceder el máximo de un (1) mes. (Modificado por el ARTÍCULO 50 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 230. Traslado para alegatos previos al fallo. Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado la decretadas, se suspenderá la audiencia por el termino de diez (10) días para que los sujetos procesales preparen sus alegatos previos a la decisión.

Reanudada esta, se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que procedan a presentar sus alegatos, en el siguiente orden, el Ministerio Publico, la victima cuando fuere el caso, el disciplinable y el defensor. Finalizadas las intervenciones, se citará para dentro de los quince (15) días siguientes, con el fin de dar a conocer el contenido de la decisión.

(Modificado por el artículo 51 de la Ley 2094 de 2020)

ARTÍCULO 231. Contenido del fallo. El fallo debe constar por escrito y contener:

La identidad del disciplinado.

Un resumen de los hechos.

El análisis de las pruebas en que se basa.

El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.

El análisis de la ilicitud del comportamiento.

El análisis de culpabilidad.

La fundamentación de la clasificación de la falta.

Las razones de la sanción o de la absolución y

La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.

ARTÍCULO 232. Ejecutoria de la decisión. La decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.
CAPITULO VI SEGUNDA INSTANCIA
ARTÍCULO 233. Recurso contra el fallo de primera instancia. Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la misma diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes ante la secretaria del despacho.

ARTÍCULO 234. Tramite de la segunda instancia. El funcionario de segunda instancia deberá decidir por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso.

El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

ARTÍCULO 235. Pruebas en segunda instancia o en etapa de doble conformidad. En segunda instancia o en procesos de doble conformidad, excepcionalmente se podrán decretar pruebas de oficio.

El funcionario de conocimiento debe decretar aquellas pruebas que puedan modificar sustancial y favorablemente la situación jurídica del disciplinado. En dicho evento y, luego de practicadas las pruebas, se dará traslado por el termino de cinco (5) días a los sujetos procesales, vencidos estos, el fallo se proferirá en el término de cuarenta (40) días.
TITULO X EJECUCION Y REGISTRO DE LAS SANCIONES
(Modificado por el artículo 52 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 236. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:

1. El Presidente de la Republica, respecto de los gobernadores y los alcaldes de distrito.

2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.

3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y de carrera.

4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. En el evento de que la sanción recaiga sobre aquellos funcionarios, la sanción se hará efectiva por el Vicepresidente de la respectiva corporación.

5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.

6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del, particular que ejerza funciones públicas y las entidades públicas en supresión, disolución o liquidación.

PARÁGRAFO. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de tres días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.

En el caso de los servidores públicos de elección popular, la comunicación solo podrá efectuarse cuando el funcionario competente cuente con certificación judicial que indique que contra la decisión no se interpuso el recurso extraordinario de revisión de que trata esta ley, que fue rechazado, o resuelto de forma desfavorable.

(Yerro corregido por el Art. 5 del Decreto 1656 de 2021)

ARTÍCULO 237. Pago y plazo de la multa. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiara para que el cobro se efectué por descuento. Cuando la suspensión en el cargo haya sido convertida en días de salario, el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva.

Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios el sancionado.

Si el sancionado no se encuentra vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a favor de esta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.

Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor del Tesoro Na1ional dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la procuraduría General de la Nación.

Cuando o hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a la jurisdicción coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la jurisdicción coactiva informara sobre su pago a la Procuraduría General de la Nación, para el registro correspondiente.

En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago de la multa el moroso deberá cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses corrientes.

ARTÍCULO 238. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos corresponsabilidad fiscal, de las decisiones de perdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el PARÁGRAFO 1 ⁰ del artículo 42 de este código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que figuren en el registro.

ARTICULO 238 A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos absolutorios y los archivos, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos o, el derecho internacional humanitario. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación.

(Yerro corregido por el Art. 6 del Decreto 1656 de 2021)

ARTÍCULO 238 B. Competencia. Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación.

Los Tribunales Administrativos de lo Contencioso Administrativo de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por los Procuradores Regionales de Juzgamiento.

(Adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 238 C. Causales de Revisión. Son causales de revisión.

1. Violación directa de la ley sustancial.

2. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la apreciación de la prueba.

3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.

4. Por nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

5. Error en la dosificacion de la sanción disciplinaria por violación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria.

6. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de tercero.

7. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

8. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada por un delito del funcionario que profirió la decisión o de un tercero.

9. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado se modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión recurrida

(Adicionado por el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 238 D. Termino para interponer el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión disciplinaria por el disciplinado en el caso de las decisiones sancionatorias o por el quejoso, víctima o perjudicado en el caso de las decisiones absolutorias o de archivo cuando se trate de conductas contrarias los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.

En el caso de las causales contempladas en los numerales 6 a 9, el termino de los treinta (30) días se contará una vez se produzca el hecho en que se fundamenta la causal.

En todos los casos relacionados con servidores públicos de elección popular, la ejecución de la decisión en su contra quedará suspendida hasta que se resuelva el recurso correspondiente, si es que se presentase y fuere admitido, o hasta que se venza el termino de Ley para la radicación y admisión del mismo.

En los demás procesos disciplinarios, las partes podrán solicitar ante la autoridad judicial correspondiente la suspensión de la ejecución de la sanción, en calidad de medida cautelar, cumpliendo los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta solicitud deberá ser resuelta en el auto admisorio.

(Adicionado por el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 238 E. Requisitos del recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión debe interponerse mediante escrito que deberá contener:

1. La designación de las partes, sus apoderados o representantes.

2. Nombre y domicilio del recurrente.

3. La causal invocada y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud.

4. Pretensión resarcitoria debidamente fundamentada, cuando sea precedente.

Con el recurso se deberá acompañar poder para su presentación y las pruebas que el recurrente tenga en su poder. Igualmente solicitara las que pretende hacer valer.

(Adicionado por el artículo 58 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 238 F. Tramite. Una vez radicado el recurso y efectuado el reparto correspondiente, el magistrado al que le corresponda, resolverá sobre su admisión en el término máximo de diez (10) días.

Si el recurso se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el ARTÍCULO anterior se concederá al recurrente un plazo de cinco

(5) días para subsanar los defectos que se adviertan en el auto inadmisorio. En este plazo no procederá la ejecución de la sanción ni la reforma del recurso

Procederá el rechazo del recurso en los siguientes eventos:

1. Cuando no se presente en el término legal.

2. Cuando se presente por quien carezca de legitimación para hacerlo.

3. No se subsanen en termino las falencias advertidas en la inadmisión.

Admitido el recurso, este auto se notificara personalmente a la Procuraduría General de la Nación, para que lo conteste dentro del término de los cinco (5) días siguientes y solicite las pruebas a que haya lugar. No se podrán proponer excepciones previas.

Si se decretaren pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará un término máximo de veinte (20) días para su práctica. (Adicionado por el ARTÍCULO 59 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 238 G. Sentencia. Vencido el periodo probatorio si lo hubiere, se dictará la respectiva sentencia. En todo caso, la decisión de este recurso no podrá ser superior al termino de los seis (6) meses contados desde su admisión. Para el efecto, este recurso tendrá prelación frente a los otros asuntos que le corresponden conocer a la respectiva Sala Especial o el Tribunal, salvo las acciones constitucionales. El incumplimiento de los términos aquí previstos será causal de mala conducta.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de revisión dejara sin validez la decisión recurrida y dictara la que en derecho corresponda.

En la sentencia que invalide la decisión se resolverá sobre los perjuicios, y demás consecuencias que se puedan derivar de aquella. Si en el expediente no existiere prueba para condenar en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.
TITULO XI REGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
(Adicionado por el artículo 60 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 239. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitarán y resolverán los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley, y demás autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan fuero especial.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Procuraduría General para conocer de los procesos disciplinarios contra sus propios servidores, sin excepción alguna, salvo el caso del Procurador General de la Nación.

PARÁGRAFO 1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es titular del ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, investigación o juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parten los siguientes casos:

1. Violación del debido proceso;

2. Que el asunto provoque o comprometa un impacto de orden social, político o institucional, o tenga una connotación especial en la opinión pública nacional o territorial.

3. Que se advierta razonadamente que, para la garantía de los principios que rigen el proceso disciplinario, la actuación la adelante directamente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

PARÁGRAFO 2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial podrán dividirse internamente en salas o subsalas, para poder dar cumplimiento a las garantías que se implementan en esta ley. En todo caso el funcionario que investiga debe ser diferente al que juzga.

(Yerro corregido por el Art. 7 del Decreto 1656 de 2021)

ARTÍCULO 240. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción jurisdiccional corresponde al Estado y se ejerce por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

(Modificado por el artículo 62 de la Ley 2094 de 2021)
CAPITULO II FALTAS DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 241. Integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán los principios rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas en el Código General del Proceso, Código Penal y de Procedimiento Penal, en lo que no contravenga a la naturaleza del derecho disciplinario jurisdiccional.

ARTÍCULO 242. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

ARTÍCULO 243. Decisión sobre impedimentos y recusaciones. En la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, los impedimentos y recusaciones serán resueltos de plano por los demás integrantes de la Sala y si fuere necesario se sortearán con jueces. En las Salas disciplinarias duales de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, los impedimentos y recusaciones de uno de sus miembros serán resueltos por el otro magistrado, junto con el conjuez o conjueces a que hubiere lugar.
CAPITULO III PROVIDENCIAS
Nota: (La expresión subrayada se entenderá elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021, la cual señala: La expresión "o el que haga sus veces" que acompaña a la nominación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, se entenderá eliminada)

ARTÍCULO 244. Funcionario competente para proferir las providencias. Los autos interlocutorios, excepto el auto de terminación, y los de sustanciación, serán dictados por el magistrado sustanciador. El auto de terminación, y la sentencia serán dictadas por la respectiva Sala. Cuando se trate de juicio verbal, se seguirán las reglas previstas en este Código. Las notificaciones y las actuaciones que se tramiten en los procesos disciplinarios se surtirán con base en las reglas dispuestas en el decreto legislativo 806 de 2020.

PARÁGRAFO. En los procesos adelantados ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la decisión de terminación, o la sentencia será adoptada por la respectiva Sala.

(Modificado por el artículo 63 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 245. Notificación por funcionario comisionado. En los casos en que la notificación personal deba realizarse en sede diferente Gel competente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, podrán comisionar a cualquier otro funcionario o servidor público con autoridad en el lugar donde se encuentre el investigado o su defensor.

Nota: (La expresión subrayada se entenderá elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021, la cual señala: La expresión "o el que haga sus veces" que acompaña a la nominación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, se entenderá eliminada)

ARTÍCULO 246. Ejecutoria. La sentencia que resuelve los recursos de apelación, de queja, la consulta y aquellas no susceptibles de recurso, quedaran ejecutoriadas al momento de su notificación.
CAPITULO IV RECURSOS Y CONSULTA
(Modificado por el artículo 64 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 247. Clases de recursos. Contra las providencias proferidas en el tramite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este código. Además, procederá la reposición contra el auto de terminación del procedimiento y archivo definitivo en los procesos seguidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

(Modificado por el artículo 65 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 248. Consulta. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Comisiones Secciona les de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, y que no fueren apeladas serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los procesados.
CAPITULO V PRUEBAS
(Derogado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 249. Practica de pruebas por comisionado y facultades de policía judicial. Para la práctica de pruebas, los miembros de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, podrán comisionar dentro de su sede a los empleados de su dependencia y fuera de ella a funcionarios judiciales de igual o inferior categoría.

Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podrán comisionar a sus Magistrados Auxiliares, abogados asistentes y a cualquier funcionario judicial del país para la práctica de pruebas.
CAPITULO VI INVESTIGACION DISCIPLINARIA
La jurisdicción disciplinaria tiene facultades de policía judicial. (Modificado por el artículo 66 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 250. Archivo definitivo. El archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente código.

ARTÍCULO 251. Termino. La investigación disciplinaria contra funcionarios de la Rama Judicial se adelantará dentro los términos establecidos en el artículo 213 del presente código.

ARTÍCULO 252. Suspensión provisional. La suspensión provisional a que se refiere este código, en relación con los funcionarios judiciales, será ordenada por la Sala respectiva. En este caso, procederá el recurso de reposición.

ARTÍCULO 253. Reintegro del suspendido. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo y tendrá derecho a la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con archivo definitivo o se produzca fallo absolutorio, o cuando expire el término de suspensión sin que hubiere concluido la investigación. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.
CAPITULO VII JUZGAMIENTO
En este caso, no obstante, la suspensión del pago de la remunera con, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.

ARTÍCULO 254. Juzgamiento disciplinario Jurisdiccional. El procedimiento establecido en este código procede de conformidad con la competencia de la Comisión Nacional o las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. El juicio verbal lo adelantara el Magistrado sustanciados hasta antes del fallo de primera instancia. Dentro de los cinco (5) días siguientes registrará el proyecto de fallo que será dictado por la sala en el término de ocho (8) días. Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación.

(Modificado por el artículo 67 de la Ley 2094 de 2021)
CAPITULO VIII REGIMEN DE LOS CONJUECES Y JUECES DE PAZ
ARTÍCULO 255. En el desarrollo de audiencia se podrán utilizar medios técnicos y se levantara un acta sucinta de lo sucedido en ella.

ARTÍCULO 256. Competencia. Corresponde exclusivamente a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los jueces de paz conforme a la Ley 497 de 1999 o normas que la modifiquen. Corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los conjueces que actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, Las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

(Modificado por el artículo 68 de la Ley 2094 de 2021)

ARTÍCULO 257. Deberes, prohibiciones, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. El régimen disciplinario para los Conjueces en la Rama Judicial y los jueces de paz comprende el catálogo de deberes y prohibiciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto resulten compatibles con la función respecto del caso en que deban actuar, y el de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses previstos en dicha Ley y en las demás disposiciones que los regulen.

Nota: (La referencia a los jueces de paz debe entenderse elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2093 de 2021)

ARTÍCULO 258. Faltas gravísimas. El catálogo de faltas gravísimas imputables a los conjueces y jueces de paz es el señalado en esta ley, en cuanto resulte compatible con la función respecto del caso en que deban actuar.

Nota: (La referencia a los jueces de paz debe entenderse elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2093 de 2021)

ARTÍCULO 259. Faltas graves y leves, sanciones y criterios para graduarlas. Para la determinación de la gravedad de la falta respecto de los conjueces y jueces de paz se aplicará esta ley, y las sanciones y criterios para graduarlas serán los establecidos en el presente código.
CAPITULO IX EJECUCION Y REGISTRO DE LAS SANCIONES
Nota: (La referencia a los jueces de paz debe entenderse elimida de conformidad con el artículo 72 de la Ley 2093 de 2021)

ARTÍCULO 260. Comunicaciones. Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la Gerencia de la Rama Judicial o quien haga sus veces, y al nominador del funcionario sancionado

(Expresión Gerencia de la Rama Judicial y Consejo de Gobierno Judicial declaradas INEXEQUIBLES por la corte Constitucional en Sentencia C-285 de 2016 y en su lugar declara que la expresión "Consejo de Gobierno Judicial" se sustituye por "Consejo Superior de la Judicatura", y se suprime la expresión "y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial".)

ARTÍCULO 261. Ejecución de las sanciones. Las sanciones a los funcionarios judiciales ejecutaran en la forma prevista en este código. Las multas serán impuestas favor de la Gerencia de la Rama Judicial o quien haga sus veces. Igual destino tendrán las sanciones impuestas por quejas temerarias a que se refiere esta normatividad.

(Expresión Gerencia de la Rama Judicial y Consejo de Gobierno Judicial declaradas INEXEQUIBLES por la corte Constitucional en Sentencia C-285 de 2016 y en su lugar declara que la expresión "Consejo de Gobierno Judicial" se sustituye por "Consejo Superior de la Judicatura", y se suprime la expresión "y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial".)
TITULO XII TRANSITORIEDAD, VIGENCIA Y DEROGATORIA
ARTÍCULO 262. Remisión al procedimiento ordinario. Los aspectos no regulados en este título se regirán por lo dispuesto para el procedimiento consagrado en este código.

ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuaran su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.

PARÁGRAFO. La designación de la primera sala disciplinaria de juzgamiento a que alude el ARTÍCULO 17 de esta ley, deberá ser integrada de forma tal que, a su entrada en vigencia, asuma inmediatamente sus competencias. El periodo de esta primera sala se extenderá hasta el 17 de marzo de 2025, sin perjuicio de su eventual prorroga.

(Yerro corregido por el Art. 3 del Decreto 1656 de 2021)

ARTÍCULO 264. Con el fin de promover la capacitación, investigación, divulgación y publicación del contenido de la presente ley, la Procuraduría General de la Nación podrá destinar hasta el 1% de su presupuesto al Instituto de Estudios del Ministerio Público.

ARTÍCULO 265. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entraran a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este periodo conservara su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.

Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras "y la consulta" que está prevista en el numeral 1 del ARTÍCULO 59 de la ley 1123 de 2007.

Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservaran su vigencia.

PARÁGRAFO 1. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrara a regir a partir de su promulgación.

PARÁGRAFO 2. el artículo 7 de la presente ley entrara a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el ARTÍCULO 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA ERNESTO MACIAS TOVAR EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA GREGORIO ELJACH PACHECO EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO REPUBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL PUBLIQUESE Y EJECUTESE Dada en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de enero de 2019 LA MINISTRA DEL INTERIOR, NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, GLORIA MARIA BORRERO RESTREPO EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ALBERTO CARRASQUILLA BARRERO
(Modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021)

Publicado en el Diario Oficial No. ** de 28 de enero de 2019.

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(Enero 28) La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de Marzo de 2022, a excepción de los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, que entraran a regir a partir del 30 de Junio de 2021, y el Artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrara a regir el 29 de diciembre del 2023, de acuerdo con el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021.

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Se reforma la Ley 1952 de 2019, en lo relacionado a las potestades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación

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PREAMBULO EL PUEBLO DE COLOMBIA,
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Ver la Constitución Política de 1886 DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Jurisprudencia Vigencia

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

(Ver Constitución Política; Art. 13 Inc. 1.; Art. 42)

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 1).

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 2).

(Ver Ley 467 de 1998)

(Ver Ley 495 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000; Art. 1.)

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 854 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 882 de 2004)

(Ver Ley 979 de 2005)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1190 de 2008)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1361 de 2009)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1857 de 2017)

ARTÍCULO 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

(Ver Constitución Política; Art. 121)

(Ver Ley 142 de 1994; art 12)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 65 al 71)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 99)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 2)

(Ver Ley 970 de 2005)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1778 de 2016)

(Ver Ley 1828 de 2017)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 2.)

ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

(Ver Constitución Política; Art. 246)

(Ver Ley 70 de 1993; Art.3, numeral 1)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 5, numeral 3)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 6)

(Ver Ley 1374 de 2010)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 205)

(Ver Ley 1516 de 2012)

ARTÍCULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

(Ver Ley 47 de 1993)

(Ver Ley 70 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 260 de1996)

(Ver Ley 340 de1996)

(Ver Ley 594 de 2000; Art. 34)

(Ver Ley 997 de 2005)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 2058 de 2020)

(Ver Ley 2059 de 2020)

ARTÍCULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

(Ver Constitución Política; Art. 226; Art. 227)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 231)

(Ver Ley 76 de 1993)

(Ver Ley 1167 de 2007; Art. 7)

(Ver Ley 1465 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-740-2000; C-910-2001; C-915-2001; C-953-2001; C-264-2002; C-288-2002; C-335-2002; C-334-2002; C-067-03; C-315-04; C-533-04; C-291-07)

ARTÍCULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos etnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüisticas propias será bilingüe.

(Ver Ley 47 de 1993; Art. 42)

(Ver Ley 982 de 2005; Art. 2)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-488-93; C-053-99; C-053-99; C-288-2000; C-1106-2000; C-1107-2000; C-712-2001; C-370-02; C-958-07)
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

(Ver Ley 65 de 1993; art 6)

(Ver Ley 297 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 387 de 1997)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 1190 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1374 de 2010)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1410 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

ARTÍCULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 35)

(Ver Ley 405 de 1997)

(Ver Ley 589 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 165; Art. 166)

(Ver Ley 707 de 2001)

(Ver Ley 1309 de 2009; Art. 1)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010; Art. 1)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012)

ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 12)

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

(Ver Constitución Política; Art. 100)

(Ver Código Sustantivo del Trabajo; Art. 10)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 47)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 3)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numerales 2.6, 2.8)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 3)

(Ver Ley 169 de 1994)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 2, literal f)

(Ver Ley 248 de 1995)

(Ver Ley 324 de 1996)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35)

(Ley 387 de 1997)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 7)

(Ver Ley 679 de 2001)

(Ver Ley 762 de 2002)

(Ver Ley 823 de 2003)

(Ver Ley 931 de 2004)

(Ver Ley 982 de 2005)

(Ver Ley 984 de 2005)

(Ver Ley 991 de 2005; Art. 1)

(Ver Ley 1091 de 2006)

(Ver Ley 1145 de 2007)

(Ver Ley 1190 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1252 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1276 de 2009)

(Ver Ley 1287 de 2009)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1315 de 2009)

(Ver Ley 1316 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1346 de 2009)

(Ver Ley 1384 de 2010)

(Ver Ley 1413 de 2010)

(Ver Ley 1414 de 2010)

(Ver Ley 1415 de 2010)

(Ver Ley 1432 de 2011)

(Ver Ley 1434 de 2011)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 103)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1496 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1588 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013)

(Ver Ley 1680 de 2013)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1912 de 2018)

(Ver Art. 3 de la Ley 2040 de 2020)

ARTÍCULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

(Ver Constitución Política; Art. 44)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1531 de 2012)

ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1581 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013)

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 15; Art. 16)

Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

(Ver Ley 594 de 2000)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 31)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 2, literal b); Art. 30)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 37)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1341 de 2009; Art. 70; Art. 71)

(Ver Ley 1408 de 2010; Art. 5)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 156)

(Artículo modificado por el Art. 1 del Acto Legislativo 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2004)

TEXTO ANTERIOR: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin mas limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

ARTÍCULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

(Ver Ley 800 de 2003)

(Ver Ley 985 de 2005)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 6)

ARTÍCULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razon de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-027-93; C-033-93; C-127-93; C-150-93; C-344-93; C-456-93; C-535-93; C-728-09; C-900-11)

ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

(Ver Ley 11 de 1992; Art. 53)

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 48 de 1993; Art. 28, Literal a))

(Ver Ley 133 de 1994)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 12)

(Ver Ley 171 de 1994; Art. 9)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 210 de 1995; Art. 2)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 3)

(Ver Ley 537 de 1999; Art. 1)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 156)

(Ver Ley 1753 de 2015; Art. 244)

(Ver Ley 1955 de 2019; Art. 127)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-127-93; C-456-93; C-535-93; C-566-93; C-567-93; C-568-93; C-350-94; C-297-2002; C-313-2002; C-320-2002; C-152-03; C-715-06 ; C-766-10; C-817-11; C-948-14; C-224-16; C-441-16; C-567-16; C-111-17; C-288-17; C-054-18; C-033-19; C-034-19)

ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 14, literal d)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 13)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 2, literal b); Art. 29)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1341 de 2009)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1507 de 2012)

(Ver Ley 1581 de 2012)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1887 de 2018)

(Ver Ley 1978 de 2019)

ARTÍCULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 14, literal d)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-033-93; C-114-93; C-556-2001; C-042-2002; C-131-2002; C-182-03; C-230-03; C-442-11; C-452-16)

ARTÍCULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

(Ver Acto Legislativo 1 de 2016)

(Ver Acto Legislativo 1 de 2012)

(Ver Ley 104 de 1993)

(Ver Ley 251 de 1995)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 10)

(Ver Ley 434 de 1998; Art. 1)

(Ver Ley 438 de 1998)

(Ver Ley 497 de 1999)

(Ver Ley 548 de 1999; Art. 1)

(Ver Ley 782 de 2002)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 2. Num. 2.2.)

(Ver Ley 1156 de 2007)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1592 de 2012)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Ley 1957 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-048-2001; C-131-2002; C-202-2002; C-432-04; C-269-14)

ARTÍCULO 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes.

(Adicionado por el Art. 1 del Acto Legislativo 5 de 2017)

(Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-076 de 2018)

ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

(Ver Código Contencioso Administrativo; Art. 9 al 26)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 41 Num. 7)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 4)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 74)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 13 al 33)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1755 de 2015)

ARTÍCULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de el, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

(Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2003, INEXEQUIBLE.)

(Acto Legislativo 2 de 2003 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2004)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 195 de 1995; Art. 4)

(Ver Ley 282 de 1996)

(Ver Ley 986 de 2005)

(Ver Ley 987 de 2005)

(Ver Ley 1175 de 2007)

(Ver Ley 1206 de 2008)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1465 de 2011)

ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 324 de 1996; Art. 10)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 931 de 2004)

(Ver Ley 995 de 2005)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1221 de 2008)

(Ver Ley 1233 de 2008)

(Ver Ley 1306 de 2009; Art. 13)

(Ver Ley 1391 de 2010)

(Ver Ley 1413 de 2010)

(Ver Ley 1429 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1636 de 2013)

(Ver Ley 1780 de 2016)

(Ver Ley 1929 de 2018)

(Ver Art. 1 de la Ley 2040 de 2020)

ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos.

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

(Ver Constitución Política; Art. 123)

(Ver Ley 36 de 1993)

(Ver Ley 64 de 1993)

(Ver Ley 72 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 78 de 1993)

(Ver Ley 157 de 1994)

(Ver Ley 211 de 1995)

(Ver Ley 228 de 1995; Art. 4)

(Ver Ley 266 de 1996)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 122)

(Ver Ley 365 de 1997; Art. 4)

(Ver Ley 372 de 1997)

(Ver Ley 376 de1997)

(Ver Ley 385 de 1997)

(Ver Ley 392 de 1997)

(Ver Ley 398 de 1997)

(Ver Ley 421 de 1998

(Ver Ley 429 de 1998)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 153 al 156)

(Ver Ley 511 de 1999)

(Ver Ley 528 de 1999)

(Ver Ley 552 de 1999)

(Ver Ley 605 de 2000)

(Ver Ley 657 de 2001)

(Ver Ley 841 de 2003)

(Ver Ley 842 de 2003)

(Ver Ley 878 de 2004)

(Ver Ley 1006 de 2006)

(Ver Ley 1016 de 2006)

(Ver Ley 1090 de 2006)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1124 de 2007)

(Ver Ley 1164 de 2007

(Ver Ley 1240 de 2008)

(Ver Ley 1249 de 2008)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1297 de 2009)

(Ver Ley 1310 de 2009

(Ver Ley 1322 de 2009)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1768 de 2015)

ARTÍCULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra.

(Ver Constitución Política; Art. 71)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 36)

(Ver Ley 198 de 1995)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-016-93; C-027-93; C-246-93; C-378-93; C-008-01; C-505-2001; C-673-2001; C-1053-2001; C-457-04; C-832-07)

ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

(Modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2003, INEXEQUIBLE)

(Ver Ley 190 de 1995; Art. 59A)

(Ver Ley 228 de 1995; Art. 41)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 176)

(Ver Ley 745 de 2002)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 363)

(Ver Ley 837 de 2003)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 318)

(Ver Ley 986 de 2005)

(Ver Ley 987 de 2005)

(Ver Ley 1095 de 2006; Art. 1.; Art. 3.)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 106)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 52; Art. 53)

(Ver Ley 1154 de 2007)

(Ver Ley 1175 de 2007)

(Ver Ley 1380 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1765 de 2015)

TEXTO ANTERIOR: Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada periodo de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

(Ver Ley 975 de 2005; Art. 63)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 6o.; Art. 38 Num. 7)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 6o.; Art. 79 Num. 7)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 6)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-922-01; C-692-08; C-980-10; C-331-12; C-034-14)

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

(ver Ley 1142 de 2007; Art. 47)

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(Ver Constitución Política; Art. 31; Art. 228)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 2; Art. 134)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 116)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 29)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 54)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 3; Art. 4)

(Ver Ley 333 de 1996; Art. 11; Art. 16)

(Ver Ley 379 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 73)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 600 de 2000)

(Ver Ley 679 de 2001)

(Ver Ley 712 de 2001)

(Ver Decreto 1975 de 2002; Art 8; Art. 9)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 745 de 2002)

(Ver Ley 747 de 2002)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 764 de 2002)

(Ver Ley 765 de 2002)

(Ver Ley 777 de 2002)

(Ver Ley 782 de 2002; Art. 27)

(Ver Ley 794 de 2003)

(Ver Ley 813 de 2003)

(Ver Ley 837 de 2003)

(Ver Ley 890 de 2004)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 919 de 2004)

(Ver Ley 937 de 2004)

(Ver Ley 941 de 2005)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1028 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 26)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1149 de 2007)

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 17)

(Ver Ley 1153 de 2007)

(Ver Ley 1154 de 2007)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1194 de 2008)

(Ver Ley 1200 de 2008)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1224 de 2008)

(Ver Ley 1236 de 2008)

(Ver Ley 1268 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1282 de 2009)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 1)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1311 de 2009)

(Ver Ley 1312 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1357 de 2009)

(Ver Ley 1381 de 2010; Art. 7)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 18)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010; Art. 11; Art. 17)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1592 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013; Art. 4)

(Ver Ley 1653 de 2013)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Ley 1826 de 2017)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

(Ver Constitución Política; Art. 28)

(Ver Ley 15 de 1992; Art. 2)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 177)

(Ver Ley 971 de 2005; Art. 1o. Inc. 2o.; Art. 11; Art. 17)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 1)

ARTÍCULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 29 Inc. 4.; Art. 86 Inc. 2)

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

ARTÍCULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en el, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-392-2000; C-600-2000; C-634-2000; C-793-2000; C-1112-2000; C-1546-2000; C-760-2001; C-774-2001; C-296-2002; C-175-04; C-237-05; C-519-07)

ARTÍCULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra si mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

(Ver Ley 1648 de 2013; Art. 1)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 28)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 68)

ARTÍCULO 34. Se prohíben penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o este en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendra control automático ante el superior jerárquico.

En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

PARÁGRAFO TRANSITORIO El Gobierno Nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización efectiva, condena y acompañamiento psicológico.

Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.

(Modificado por el Art 1 del Decreto 294 de 2020)

(Modificado por el Art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2020)

TEXTO ANTERIOR: Se prohíben penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o este en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendra control automático ante el superior jerárquico.

En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

PARÁGRAFO TRANSITORIO El Gobierno Nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización efectiva, condena y acompañamiento psicológico.

TEXTO ANTERIOR: Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

(Ver Ley 160 de 1994; Art. 63)

(Ver Ley 333 de 1996)

(Ver Ley 365 de 1997; Art. 14)

(Ver Ley 412 de 1997; Art. 9)

(Ver Ley 517 de 1999)

(Ver Decreto 1975 de 2002)

(Ver Ley 793 de 2002)

(Ver Ley 863 de 2003; Art. 40)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 14; Art. 15)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 133; Art. 134)

(Ver Ley 1327 de 2009)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009; Art. 9)

(Ver Ley 1395 de 2010; Art. 73 al 81)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 72 al 85)

(Ver Ley 1708 de 2014)

ARTÍCULO 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia.

(Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1998.)

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.

(Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1998)

(Artículo modificado por el Art. 1. del Acto Legislativo No. 1 de 1997.)

(Ver Ley 67 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 195 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 412 de 1997; Art. 13)

(Ver Ley 707 de 2001; Art. 5)

(Ver Ley 876 de 2004)

(Ver Ley 970 de 2005; Art. 44)

(Ver Ley 1278 de 2009)

(Ver Ley 1418 de 2010; Art. 13)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 70)

(Ver Ley 1537 de 2012; Art. 10)

(Ver Ley 1908 de 2018; Art. 58)

TEXTO ANTERIOR: Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento.

No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia.

ARTÍCULO 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-127-93; C-129-94; C-1149-2001)

ARTÍCULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 26; Art. 44)

(Ver Ley 1801 de 2016; Titulo VI)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-542-93; C-024-94; C-088-94; C-742-12; C-223-17; C-281-17; C-009-18)

ARTÍCULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

(Ver Código de Comercio; Art. 362 al 365)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 7)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 23)

(Ver Ley 743 de 2002)

(Ver Ley 753 de 2002)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 32)

(Ver Ley 1258 de 2008)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1391 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-562-92; C-606-92; C-010-2000; C-008-2001; C-054-2001; C-543-2001; C-580-2001; C-948-2001; C-1173-2001; C-031-03; C-229-03; C-424-05; C-1190-05; C-520-07; C-354-09; C-113-17)

ARTÍCULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producira con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personeria jurídica solo procede por via judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

(Ver Constitución Política; Art. 55; Art. 93)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 23)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1210 de 2008; Art. 5)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 2025 de 2020)

(Ver Circular Conjunta 001 de 2022)

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley, por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura.

(Inciso ADICIONADO por el Art. 1 del Decreto 027 de 2023)

La autoridad competente conservará el ejercicio de la vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos.

(Inciso ADICIONADO por el Art. 1 del Decreto 027 de 2023)

(Ver Ley 772 de 2002)

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 9)

(Ver Ley 403 de 1997)

(Ver Ley 772 de 2002)

(Ver Ley 815 de 2003)

(Ver Ley 1757 de 2015; Art. 4 al 20)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-542-93; C-089-94; C-130-94; C-180-94; C-179-2002; C-381-2000; C-169-2001; C-580-2001; C-954-2001; C-1508-2000)

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-020-93; C-089-94; C-199-94; C-283-95; C-226-96; C-157-98; C-371-2000; C-1159-2000; C-169-2001; C-955-2001)

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-513-92; C-016-93; C-131-93; C-132-93; C-264-96; C-562-2000; C-011-2001; C-949-2001; C-1113-2001; C-048-04; C-323-06; C-841-10; C-827-13; C-866-14; C-387-15; C-283-17; C-392-19; C-441-19) (Ver la Ley 1098 de 2006, Art. 210).

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

(Ver Ley 43 de 1993)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 19)

(Ver Decreto Ley 2106 de 2019; Art. 34; Art. 35)

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

(Ver Decreto 2241 de 1986; Art. 88; Art. 89)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 731 de 2002)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1227 de 2008)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 22)

(Ver Ley 1622 de 2013)

(Ver Ley 1885 de 2018)

ARTÍCULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Civica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 68)

(Ver Ley 107 de 1994; Art. 1; Art.2)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 7, literal g)

(Ver Ley 1013 de 2006)

(Ver Ley 1029 de 2006)

(Ver Ley 1053 de 2006; Art. 2)

(Ver Ley 1195 de 2008)

(Ver Ley 1712 de 2014; Art. 31)

(Ver Ley 2025 de 2020)
CAPÍTULO 2. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
ARTÍCULO 42. La familia es el nucleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vinculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 2.; Art. 3o. Lit. i)

(Ver Ley 311 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 15)

(Ver Ley 333 de 1996; Art. 32)

(Ver Ley 495 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000; Art. 1)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 189; Art. 190)

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 854 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 991 de 2005; Art. 1)

(Ver Ley 1361 de 2009)

(Ver Ley 1857 de 2017)

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se considerá destructiva de su armonia y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 575 de 2000)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 742 de 2002)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 882 de 2004)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-776-10)

Los hijos habidos en el matrimonio o fuerá de el, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cientifica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-11; C-727-15; C-110-18; C-289-19)

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

(Ver Ley 1385 de 2010)

(Ver Ley 1412 de 2010)

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vinculo, se rigen por la ley civil.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-746-11; C-700-13; C-262-16)

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 15)

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 34)

Tambien tendrán efectos civiles las Sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

(Ver Ley 25 de 1992)

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 979 de 2005)

(Ver Ley 984 de 2005)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 3. Num. 3.2)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1280 de 2009)

(Ver Ley 1404 de 2010)

(Ver Ley 1453 de 2011; 87 al 96)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012; Art. 7. Lits. b) y d)

(Ver Ley 1532 de 2012)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1554 de 2012)

(Ver Ley 1948 de 2019)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 2020)

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y despues del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibira de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

(Ver Ley 82 de 1993)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 248 de 1995)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 3, literal d)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 511 de 1999; Art. 5)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 731 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 755 de 2002)

(Ver Ley 823 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 984 de 2005)

(Ver Ley 1009 de 2006

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 7. Num. 7.1)

(Ver Ley 1202 de 2008)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1412 de 2010)

(Ver Ley 1413 de 2010)

(Ver Ley 1429 de 2010; Art. 11)

(Ver Ley 1434 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 114 al 118)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 177; Art. 179)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1496 de 2011)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 25)

(Ver Ley 1626 de 2013)

(Ver Ley 1822 de 2017)

(Ver Ley 1823 de 2017)

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

(Ver Constitución Política; Art. 14; Art. 67)

(Ver Ley 11 de 1992; Art.70; Art. 77; Art. 78)

(Ver Ley 33 de 1992; Art. 14)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 30)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 123 de 1994)

(Ver Ley 124 de 1994)

(Ver Ley 146 de 1994)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 171 de 1994)

(Ver Ley 173 de 1994)

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 195 de 1995)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 3, literales, e y f)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 36)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 16)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 405 de 1997)

(Ver Ley 470 de 1998; Art. 7)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 670 de 2001)

(Ver Ley 679 de 2001; Art. 1)

(Ver Ley 704 de 2001)

(Ver Ley 707 de 2001; Art. 12)

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 746 de 2002)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 765 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 58)

(Ver Ley 1751 de 2015)

(Ver Ley 1777 de 2016)

(Ver Ley 2026 de 2020)

(Ver Ley 2033 de 2020)

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armonico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

(Ver Ley 33 de 1992; Art. 14)

(Ver Ley 265 de 1996)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 360 de 1997; Art. 5; Art. 12)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 14)

(Ver Ley 468 de 1998)

(Ver Ley 470 de 1998)

(Ver Ley 670 de 2001)

(Ver Ley 724 de 2001)

(Ver Ley 765 de 2002)

(Ver Ley 833 de 2003)

(Ver Ley 854 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 1008 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1109 de 2006)

(Ver Ley 1146 de 2007)

(Ver Ley 1195 de 2008)

(Ver Ley 1225 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1327 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1335 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1361 de 2009)

(Ver Ley 1373 de 2010)

(Ver Ley 1385 de 2010)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1404 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011; Art. 17 al 21)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 136)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 87 al 96)

(Ver Ley 1480 de 2011; Art. 28)

(Ver Ley 1531 de 2012; Art. 7o. Lits. b) y d)

(Ver Ley 1532 de 2012)

(Ver Ley 1554 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 7)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1626 de 2013)

(Ver Ley 1652 de 2013)

(Ver Ley 1750 de 2015)

(Ver Ley 1857 de 2017)

(Ver Ley 1948 de 2019)

(Ver Ley 2026 de 2020)

ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jovenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4; Art. 20)

(Ver Ley 214 de 1995; Art. 61)

(Ver Ley 124 de 1994)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 36)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 16)

(Ver Ley 360 de 1997; Art. 5; Art. 12)

(Ver Ley 375 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 14)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 535 de 1999)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1146 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 7. Num. 7.2)

(Ver Ley 1195 de 2008)

(Ver Ley 1335 de 2009)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011; Art. 17 al 21)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 87 al 96)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 7)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1622 de 2013)

(Ver Ley 1885 de 2018)

(Ver Ley 2039 de 2020)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional : C-019-93; C-127-93; C-344-93; C-1042-2000; C-1141-2000; C-1264-2000; C-1403-2000; C-1409-2000; C-144-2001; C-410-2001; C-1068-02; C-271-03; C-172-04; C-154-07; C-740-08; C-468-09; C-853-09; C-862-12)

ARTÍCULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercerá edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

(Ver Ley 271 de 1996)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 35)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 17)

(Ver Ley 445 de 1998)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 700 de 2001)

(Ver Ley 717 de 2001)

(Ver Ley 931 de 2004)

(Ver Ley 952 de 2005)

(Ver Ley 1091 de 2006)

(Ver Ley 1171 de 2007)

(Ver Ley 1204 de 2008)

(Ver Ley 1251 de 2008)

(Ver Ley 1276 de 2009)

(Ver Ley 1315 de 2009)

(Ver Ley 1655 de 2013)

(Ver Ley 1912 de 2018)

ARTÍCULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos fisicos, sensoriales y psiquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 18)

(Ver Ley 324 de 1996)

(Ver Ley 360 de 1997; Art. 4)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35)

(Ver Ley 582 de 2000)

(Ver Ley 762 de 2002)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1145 de 2007)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1287 de 2009)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1316 de 2009)

(Ver Ley 1346 de 2009)

(Ver Ley 1384 de 2010)

(Ver Ley 1412 de 2010; Art. 6)

(Ver Ley 1414 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 176)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 103)

(Ver Ley 1566 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013)

(Ver Ley 1679 de 2013)

(Ver Ley 1680 de 2013)

(Ver Ley 1946 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-176-93; C-312-93; C-337-93; C-221-94; C-410-2001; C-559-2001; C-1174-2001; C-297-2002; C-065-03; C-401-03; C-478-03; C-227-04; C-765-12; C-741-15)

ARTÍCULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

(Ver Ley 717 de 2001)

(Ver Ley 919 de 2004)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1443 de 2011)

(Ver Ley 1949 de 2019)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 47)

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 968 de 2005; Art.10; Art.11)

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-428-09)

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

(Ver Ley 480 de 1998)

(Ver Ley 633 de 2000; Art. 93)

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 15 Num. 6)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 247 Num. 6)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 9)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional C-349-04; C-341-07; C-978-10)

La ley definira los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

(Ver Constitución Política; Art. 53)

(Ver Ley 1328 de 2009; Art. 57)

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financierá del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumira el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley este a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financierá de lo establecido en ellas.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C- 451-20)

Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo alli establecido.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario minimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periodicos inferiores al salario minimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pension.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá régimenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los paragrafos del presente artículo.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir mas de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, au cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales validamente celebrados.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO 1. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios minimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO 2. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los paragrafos del presente artículo, la vigencia de los régimenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos validamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales mas favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderan vigencia el 31 de julio de 2010.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse mas alla del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estándo en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendra dicho régimen hasta el año 2014.

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este ultimo decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razon de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 6. Se exceptuan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.

El porte y consumo de sustancias psicoactivas no reguladas está prohibido, salvo prescripción médica.

Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para toda la población y en especial a las personas que consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requieren el consentimiento informado del consumidor.

La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará para el porte, producción, distribución, venta y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad. Tampoco aplicará para ninguna de estas sustancias cuando su destinación sea para usos científicos o de investigación, siempre y cuando cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente.

La ley restringirá el consumo y comercialización de cannabis o sus derivados en entornos escolares y reglamentará el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos, recreativos, en espacios privados y públicos abiertos al público, comunes, zonas comunes, en establecimientos carcelarios y de rehabilitación, entre otros.

Así mismo, el Estado atenderá con un enfoque de derechos humanos a toda la población con una relación problemática con sustancias psicoactivas y a su familia y/o redes de apoyo, garantizando su tratamiento y rehabilitación; y así prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará de manera permanente campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos nocivos, así como estrategias de reducción de riesgos y daños en favor de los consumidores que tienen relación problemática o dependiente con sustancias psicoactivas.

El Estado incorporará en el Sistema Educativo, en su diferentes formas, modalidades y niveles, la educación sobre la prevención en el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y sus efectos nocivos.

Las entidades que conformas en sistema General de Seguridad Social en Salud y sus prestadores garantizarán la aplicación e incorporación de lo establecido en este artículo de forma obligatoria.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 1 del Decreto 029 de 2023)

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009)

(Declarado EXEQUIBLE por medio de la Sentencia de la Corte Constitucional C-882 de 2011)

(Ver Ley 41 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 60 de 1993; Art. 2, numeral 2)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 22 al 26)

(Ver Ley 100 de 1993)

(Ver Ley 140 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.3)

(Ver Ley 162 de 1994)

(Ver Ley 164 de 1994)

(Ver Ley 266 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 19; Art. 11)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 19)

(Ver Ley 408 de 1997)

(Ver Ley 509 de 1999)

(Ver Ley 691 de 2001)

(Ver Ley 711 de 2001)

(Ver Ley 729 de 2001

(Ver Ley 776 de 2002)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 38 al 58)

(Ver Ley 919 de 2004)

(Ver Ley 972 de 2005)

(Ver Ley 1023 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 27; Art. 29)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1164 de 2007)

(Ver Ley 1187 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 20089

(Ver Ley 1250 de 2008)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1335 de 2009)

(Ver Ley 1355 de 2009)

(Ver Ley 1373 de 2010)

(Ver Ley 1381 de 2010; Art. 9)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1392 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010)

(Ver Ley 1412 de 2010)

(Ver Ley 1414 de 2010)

(Ver Ley 1419 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 52 al 59)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 152 al 164)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1488 de 2011)

(Ver Ley 1566 de 2012)

(Ver Ley 1575 de 2012)

(Ver Ley 1616 de 2013)

(Ver Ley 1658 de 2013)

(Ver Ley 1659 de 2013)

(Ver Ley 1751 de 2015)

(Ver Ley 1797 de 2016)

(Ver Ley 1816 de 2016)

(Ver Ley 1902 de 2018)

(Ver Ley 1929 de 2019)

(Ver Ley 1949 de 2019)

(Ver Ley 2015 de 2020)

(Ver Ley 2026 de 2020)

(Ver Ley 2041 de 2020)

TEXTO ANTERIOR: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Tambien, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

ARTÍCULO 50. Todo niño menor de un año que no este cubierto por algu tipo de protección o de seguridad social, tendra derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 19)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 27)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1373 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-580-92; C-337-93; C-041-94; C-313-94; C-410-2001; C-839-2001; C-130-2002)

ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 29 al 34)

(Ver Ley 281 de 1996)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 26)

(Ver Ley 473 de 1998; Art. 6)

(Ver Ley 510 de 1999; Art. 4)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 708 de 2001)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 89 al 109)

(Ver Ley 823 de 2003; Art. 109

(Ver Ley 902 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 69; Art. 71)

(Ver Ley 973 de 2005)

(Ver Ley 1001 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1183 de 2008)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1415 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1432 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 123 al 127)

(Ver Ley 1469 de 2011)

(Ver Ley 1537 de 2012)

(Ver Ley 1573 de 2012; Art. 10)

(Ver Ley 1796 de 2016)

(Ver Decreto 353 de 1994)

(Ver Ley 2044 de 2020)

ARTÍCULO 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

(Ver Ley 1029 de 2006)

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionara, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 211 Inc. 3)

(Ver Ley 49 de 1993)

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 1, numeral 6; Art. 33)

(Ver Ley 350 de 1997)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 39; Art. 40)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 582 de 2000)

(Ver Ley 595 de 2000)

(Ver Ley 729 de 2001)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 83)

(Ver Ley 912 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 72; Art. 73)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 30)

(Ver Ley 1158 de 2007)

(Ver Ley 1207 de 2008)

(Ver Ley 1225 de 2008)

(Ver Ley 1270 de 2009)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1289 de 2009)

(Ver Ley 1316 de 2009)

(Ver Ley 1355 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1389 de 2010)

(Ver Ley 1422 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 14; Art. 174)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 97; Art. 98)

(Ver Ley 1558 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 18)

(Ver Ley 1638 de 2013)

(Ver Ley 1679 de 2013)

(Ver Ley 1750 de 2015)

(Ver Ley 1946 de 2019)

(Ver Ley 2023 de 2020)

TEXTO ANTERIOR: Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

ARTÍCULO 53. El Congreso expedira el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendra en cuenta por lo menos los siguientes principios minimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración minima vital y movil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios minimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

(Ver Sentencias del Consejo de Estado 2014-00666 de 2022)

(Ver Ley 82 de 1993)

(Ver Ley 731 de 2002; Art. 29)

(Ver Ley 776 de 2002)

(Ver Ley 823 de 2003)

(Ver Ley 995 de 2005)

(Ver Ley 1016 de 2006)

(Ver Ley 1204 de 2008)

(Ver Ley 1496 de 2011)

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periodico de las pensiones legales.

(Ver Ley 717 de 2001)

(Ver Ley 758 de 2002)

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

(Ver Ley 52 de 1993)

(Ver Ley 55 de 1993)

(Ver Ley 320 de 1996)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 410 de 1997)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 436 de 1998)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 704 de 2001)

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

(Ver Ley 52 de 1993)

(Ver Ley 55 de 1993)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 11; Art. 272)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 115)

(Ver Ley 146 de 1994)

(Ver Ley 210 de 1995)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 320 de 1996)

(Ver Ley 361 de 1997; Capítulo IV)

(Ver Ley 362 de 1997)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 410 de 1997)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 436 de 1998)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 677 de 2001; Art. 15)

(Ver Ley 712 de 2001)

(Ver Ley 755 de 2002)

(Ver Ley 731 de 2002)

(Ver Ley 776 de 2002)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 790 de 2002)

(Ver Ley 797 de 2003)

(Ver Ley 860 de 2003)

(Ver Ley 995 de 2005)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1116 de 2006)

(Ver Ley 1149 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 3)

(Ver Ley 1173 de 2007)

(Ver Ley 1197 de 2008)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1221 de 2008)

(Ver Ley 1223 de 2008)

(Ver Ley 1233 de 2008)

(Ver Ley 1280 de 2009)

(Ver Ley 1359 de 2009)

(Ver Ley 1429 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 168 al 173)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1488 de 2011)

(Ver Ley 1527 de 2012)

(Ver Ley 1562 de 2012)

(Ver Ley 1595 de 2012)

(Ver Ley 1610 de 2013)

(Ver Ley 1636 de 2013)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1822 de 2017)

(Ver Ley 1823 de 2017)

(Ver Ley 1902 de 2018)

(Ver Ley 1929 de 2018)

(Ver Ley 2040 de 2020, Art. 8)

ARTÍCULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

(Ver Ley 119 de 1994)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art 35)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 1221 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1429 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 176)

ARTÍCULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

(Ver Constitución Política; Art. 39; Art. 93)

(Ver Ley 524 de 1999; Art. 5)

(Ver Ley 1210 de 2008; Art. 5)

ARTÍCULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

La ley reglamentará este derecho.

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuira a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento.

(Ver Ley 31 de 1992; Art. 39)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 5)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 278 de 1996)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 990 de 2005)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 26; Art. 44)

ARTÍCULO 57. La ley podrá establecer los estimulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.

(Ver Ley 256 de 1996; Art. 22)

(Ver Ley 1014 de 2006)

ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

(Ver Ley 97 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 308 de 1996)

(Ver Ley 428 de 1998)

(Ver Ley 675 de 2001)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1682 de 2013; Art. 19)

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

(Ver Ley 29 de 1992)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-350-13)

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

(Ver Ley 454 de 1998)

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 1999)

(Ver Código Civil; Art. 669)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119, numeral 7)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 20)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 27; Art. 78)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 133)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 35)

(Ver Ley 160 de 1994; Art. 85)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 125 al 130)

(Ver Ley 594 de 2000; Art 45)

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 8)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 144 al 153; Art. 169)

(Ver Ley 1182 de 2008)

(Ver Ley 1183 de 2008)

(Ver Ley 1228 de 2008)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 83)

(Ver Ley 1469 de 2011)

(Ver Ley 1523 de 2012, Art. 69 al 75)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1682 de 2013; Art. 19)

(Ver Ley 1738 de 2014; Art. 6o.; Art. 7)

(Ver Ley 1753 de 2015; Art. 49 Inc. 3)

TEXTO ANTERIOR: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

ARTÍCULO 59. En caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.

En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.

El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por si o por medio de sus agentes.

(Ver Ley 41 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 31, numeral 27)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 56)

(Ver Ley 161 de 1994; Art. 20)

ARTÍCULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democrátizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

(Ver Ley 35 de 1993; Art. 25)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 10)

(Ver Ley 160 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 27 numeral 27.7)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 13 Inc. 3o.; Art. 77)

(Ver Ley 226 de 1995)

(Ver Ley 363 de 1997; Art. 4, numeral 1)

(Ver Ley 1118 de 2006)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 1728 de 2014)

(Ver Ley 1900 de 2018)

ARTÍCULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 232 de 1995; Art. 2o. Lit. c.)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 33)

(Ver Ley 463 de 1998)

(Ver Ley 545 de 1999)

(Ver Ley 603 de 2000; Art. 2)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 84)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1343 de 2009)

(Ver Ley 1403 de 2010)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Ley 1520 de 2012)

(Ver Ley 1915 de 2018)

ARTÍCULO 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar.

El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

(Ver Ley 594 de 2000; Art. 44)

(Ver Ley 633 de 2000; Art. 14)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-367-94; C-008-2001; C-053-2001; C-540-2001; C-543-2001; C-580-2001; C-585-2001; C-651-2001; C-652-2001; C-671-2001; C-705-2001; C-806-2001; C-809-2001; C-837-2001; C-838-2001; C-869-2001; C-992-2001; C-914-2001; C-1095-2001; C-1096-2001; C-1112-2001; C-1168-2001; C-1174-2001; C-1250-2001; C-1251-2001; C-093-2002)

ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos etnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueologico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

(Ver Constitución Política; Art. 79; Art. 80)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 25)

(Ver Ley 160 de 1994, Art. 85, numeral 6)

(Ver Ley 299 de 1996)

(Ver Ley 715 de 2001; Art. 18; Art. 91)

(Ver Ley 1021 de 2006; Art. 23)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 140)

(Ver Decreto 28 de 2008; Art. 21)

(Ver Ley 1304 de 2009)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 83 Num. 10)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1675 de 2013)

(Ver Ley 1815 de 2016; Art. 40 Parágrafo)

(Ver Ley 1940 de 2018; art. 37 Parágrafo)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 35)

ARTÍCULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.

El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.

El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde Un enfoque de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos cono a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.

Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política.

PARÁGRAFO 1. La ley reglamentará la institucionalidad necesaria para lograr los fines del presente artículo y establecerá los mecanismos presupuestales que se requieran, así como el derecho de los campesinos a retirarse de la colectividad, conservando el porcentaje de tierra que le corresponda en casos de territorios campesinos donde la propiedad de la tierra sea colectiva.

PARÁGRAFO 2 . Se creará el trazador presupuestal del campesinado como herramienta para el seguimiento del gasto y la inversión realizada por múltiples sectores y entidades, dirigida a atender a la población campesina ubicada en zona rural y rural dispersa.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2023)

Norma Anterior

(Ver Ley 41 de 1993)

(Ver Ley 69 de 1993)

(Ver Ley 100 de 1993)

(Ver Ley 101 de 1993)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 64)

(Ver Ley 160 de 1994)

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 383 de 1997; Art. 63)

(Ver Ley 398 de 1997; Art. 10)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 691 de 2001)

(Ver Ley 708 de 2001)

(Ver Ley 797 de 2003)

(Ver Ley 860 de 2003)

(Ver Ley 1001 de 2005)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Num. 3.7; Art. 26)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 60 al 69)

(Ver Ley 1537 de 2012; Art. 27 al 32)

(Ver Ley 1728 de 2014)

(Ver Ley 1776 de 2016)

(Ver Ley 1900 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-006-93; C-060-93; C-074-93; C-467-93; C-543-2001; C-651-2001; C-948-2001; C-953-2001; C-1173-2001; C-088-2001; C-505-2001; C-1065-2001; C-180-05; C-623-15; C-077-17)

ARTÍCULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agricolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnologia para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el proposito de incrementar la productividad.

(Ver Ley 51 de 1993)

(Ver Ley 69 de 1993)

(Ver Ley 83 de 1993)

(Ver Ley 89 de 1993)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 1; Art. 5)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 64)

(Ver Ley 117 de 1994)

(Ver Ley 118 de 1994)

(Ver Ley 132 de 1994)

(Ver Ley 139 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 89 Num. 3)

(Ver Ley 165 de 1994)

(Ver Ley 170 de 1994)

(Ver Ley 172 de 1994)

(Ver Ley 189 de 1995)

(Ver Ley 197 de 1995)

(Ver Ley 211 de 1995; Art. 7, literal c)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 240 de 1995)

(Ver Ley 243 de 1995)

(Ver Ley 302 de 1996)

(Ver Ley 363 de 1997)

(Ver Ley 471 de 1998)

(Ver Ley 579 de 2000)

(Ver Ley 607 de 2000)

(Ver Ley 611 de 2000)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 135)

(Ver Ley 818 de 2003)

(Ver Ley 925 de 2004; Art. 4.; Art. 5.)

(Ver Ley 939 de 2004)

(Ver Ley 1011 de 2006)

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1133 de 2007)

(Ver Ley 1377 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 60 al 69)

(Ver Ley 1659 de 2013)

(Ver Ley 1776 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-040-93; C-074-93; C-216-93; C-490-93; C-543-2001; C-651-2001; C-953-2001; C-557-2000; C-1266-2000; C-1403-2000; C-1647-2000; C-809-2001; C-992-2001; C-1047-2001; C-045-2002; C-168-14; C-165-15)

ARTÍCULO 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del credito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

(Ver Ley 69 de 1993)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 1; Art. 12)

(Ver Ley 302 de 1996; Art. 4; Art. 9)

(Ver Ley 363 de 1997; Art. 3)

(Ver Ley 607 de 2000; Art. 12)

(Ver Ley 676 de 2001)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 135)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1094 de 2006)

(Ver Ley 1133 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 22; Art. 24)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 72; Art. 73)

(Ver Ley 1776 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-074-93; C-021-94; C-1266-00; C-1065-01; C-180-05)

ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, cientifico, tecnologico y para la protección del ambiente.

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 346 de 1997; Art. 5)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 934 de 2004)

(Ver Ley 1029 de 2006)

(Ver Ley 1053 de 2006; Art. 2)

(Ver Ley 1056 de 2006; Art. 8)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1259 de 2008)

(Ver Ley 1389 de 2010)

(Ver Ley 1466 de 2011)

(Ver Ley 1477 de 2011)

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como minimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

(Ver Constitución Política; Art. 44)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 17; Art. 18)

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 49)

(Ver Ley 633 de 2000; Art. 93)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 28)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-376-10)

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

(Ver Ley 1188 de 2008)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-782-07)

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 7; Art. 8)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 115 de 1994)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 13, numeral 2)

(Ver Ley 198 de 1995)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 13)

(Ver Ley 934 de 2004; Art. 6)

(Ver Ley 986 de 2005; Art. 19)

(Ver Ley 1014 de 2006)

(Ver Ley 1034 de 2006)

(Ver Ley 1064 de 2006)

(Ver Ley 1084 de 2006)

(Ver Ley 1146 de 2007; Art. 11 al 14)

(Ver Ley 1269 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1286 de 2009)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1297 de 2009)

(Ver Ley 1313 de 2009)

(Ver Ley 1324 de 2009)

(Ver Ley 1347 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1404 de 2010)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 51)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 79)

(Ver Ley 1511 de 2012)

(Ver Ley 1532 de 2012)

(Ver Ley 1546 de 2012)

(Ver Ley 1547 de 2012)

(Ver Ley 1549 de 2012)

(Ver Ley 1554 de 2012)

(Ver Ley 1574 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1650 de 2013)

(Ver Ley 1651 de 2013)

(Ver Ley 1678 de 2013)

(Ver Ley 1680 de 2013)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1732 de 2014)

(Ver Ley 1740 de 2014)

(Ver Ley 1768 de 2015)

(Ver Ley 1874 de 2017)

(Ver Ley 1911 de 2018)

(Ver Ley 1917 de 2018)

(Ver Ley 1923 de 2018)

(Ver Ley 1937 de 2018)

(Ver Ley 1948 de 2019)

(Ver Ley 1951 de 2019)

ARTÍCULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participara en la dirección de las instituciones de educación.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad etica y pedagogica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

(Ver Ley 33 de 1992; Art. 14)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 13, numeral 2)

Las integrantes de los grupos etnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 7; Art. 8)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 6)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35)

(Ver Ley 934 de 2004)

(Ver Ley 1064 de 2006)

(Ver Ley 1269 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1313 de 2009)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 138 al 150)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1768 de 2015)

(Ver Ley 2025 de 2020)

(Ver Ley 2042 de 2020)

ARTÍCULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 91 de 1993)

(Ver Ley 344 de 1996; Art. 10)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 1. Inc. 4)

(Ver Ley 647 de 2001)

(Ver Ley 805 de 2003)

(Ver Ley 922 de 2004; Art 2.)

El Estado fortalecerá la investigación cientifica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

(Ver Ley 556 de 2000)

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

(Ver Ley 30 de 1992, Art. 28)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2; Numeral 1, literal b)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 69)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 1)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 49)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 647 de 2001)

(Ver Ley 749 de 2002)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 84)

(Ver Ley 1002 de 2005)

(Ver Ley 1012 de 2006)

(Ver Ley 1084 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 34; Art. 38)

(Ver Ley 1188 de 2008)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1313 de 2009)

(Ver Ley 1322 de 2009)

(Ver Ley 1324 de 2009)

(Ver Ley 1371 de 2009)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1443 de 2011)

(Ver Ley 1546 de 2012)

(Ver Ley 1547 de 2012)

(Ver Ley 1574 de 2012)

(Ver Ley 1886 de 2018)

(Ver Ley 1914 de 2018; Art. 3)

ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza cientifica, técnica, artistica y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el pais. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

(Ver Ley 9 de 1992)

(Ver Ley 98 de 1993)

(Ver Ley 115 de 1994)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 4)

(Ver Ley 125 de 1994; Art. 4)

(Ver Ley 198 de 1995)

(Ver Ley 247 de 1995)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 14)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 814 de 2003)

(Ver Ley 904 de 2004)

(Ver Ley 932 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 74)

(Ver Ley 1034 de 2006)

(Ver Ley 1170 de 2007)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1297 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1403 de 2010)

(Ver Ley 1477 de 2011)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1511 de 2012)

(Ver Ley 1516 de 2012)

(Ver Ley 1536 de 2012)

(Ver Ley 1546 de 2012)

(Ver Ley 1556 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1675 de 2013)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1874 de 2017)

(Ver Ley 1951 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-589-92; C-016-93; C-027-93; C-334-93; C-378-93; C-489-93; C-005-2001; C-053-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-303-2001; C-505-2001; C-810-2001; C-859-2001; C-862-2001; C-914-2001; C-953-2001; C-1097-2001; C-1042-03; C-070-04; C-742-06 ; C-054-13; C-264-14; C-441-16; C-480-19)

ARTÍCULO 71. La busqueda del conocimiento y la expresión artistica son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnologia y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estimulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

(Ver Ley 77 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 98 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 161 de 1994)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 814 de 2003)

(Ver Ley 932 de 2004)

(Ver Ley 969 de 2005)

(Ver Ley 1034 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 7. Num. 7.5)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1253 de 2008)

(Ver Ley 1254 de 2008)

(Ver Ley 1286 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1403 de 2010)

(Ver Ley 1477 de 2011)

(Ver Ley 1520 de 2012; Art. 4)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1923 de 2018)

(Ver Ley 1951 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-589-92; C-016-93; C-086-93; C-204-93; C-246-93; C-378-93; C-005-2001; C-008-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-303-2001; C-505-2001; C-810-2001; C-862-2001; C-914-2001; C-953-2001; C-1097-2001; C-1250-2001; C-742-06)

ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación esta bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueologico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos etnicos asentados en territorios de riqueza arqueologica.

(Ver Ley 47 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 140 de 1994)

(Ver Ley 247 de 1995)

(Ver Ley 336 de 1996)

(Ver Ley 340 de 1996)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 580 de 2000)

(Ver Ley 594 de 2000; Art. 45)

(Ver Ley 851 de 2003)

(Ver Ley 916 de 2004)

(Ver Ley 929 de 2004)

(Ver Ley 932 de 2004)

(Ver Ley 1040 de 2006)

(Ver Ley 1138 de 2007; Art. 6)

(Ver Ley 1158 de 2007)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1304 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1497 de 2011)

(Ver Ley 1516 de 2012)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1617 de 2013, Art. 97 al 103)

(Ver Ley 1632 de 2013)

(Ver Ley 1675 de 2013)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1702 de 2013)

(Ver Ley 1913 de 2018)

(Ver Ley 1916 de 2018; Art. 2)

(Ver Ley 1947 de 2019)

(Ver Ley 1975 de 2019; Art. 3)

(Ver Ley 1982 de 2019; Art. 3)

(Ver Ley 2017 de 2020)

(Ver Ley 2053 de 2020)

(Ver Ley 2021 de 2020)

(Ver Ley 2057 de 2020)

ARTÍCULO 73. La actividad periodistica gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

Ley 335 de 1996; Art. 25

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 1016 de 2006)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-033-93; C-488-93; C-529-93; C-477-2001; C-087-98; C-505-2001; C-1172-2001; C-1168-2001; C-1213-2001; C-927-2005)

ARTÍCULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 17)

(Ver Ley 1097 de 2006)

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 4 Lit. d)

(Ver Ley 1219 de 2008; Art. 7)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 144)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 23)

(Ver Ley 1621 de 2013; Art. 33)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1753 de 2015; Art. 20 Inciso 7)

ARTÍCULO 75. El espectro electromagnetico es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendra por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolisticas en el uso del espectro electromagnetico.

(Ver Ley 37 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 102 al 107)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 28)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 96)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 198 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 252 de 1995)

(Ver Ley 422 de 1998)

(Ver Ley 514 de 1999)

(Ver Ley 527 de 1999)

(Ver Ley 543 de 1999)

(Ver Ley 544 de 1999)

(Ver Ley 555 de 2000)

(Ver Ley 1065 de 2006)

(Ver Ley 1341 de 2009)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 80)

(Ver Ley 1507 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013; Art. 17)

(Ver Ley 1978 de 2019)

ARTÍCULO 76. Derogado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2011

(Ver Acto Legislativo 2 de 2011; Art. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 88 Inc. 3)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 26; Art. 27)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 91; Art. 96)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 3)

(Ver Ley 198 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 252 de 1995)

(Ver Ley 324 de 1996; Art. 4; Art. 5)

(Ver Ley 335 de 1996)

(Ver Ley 506 de 1999)

(Ver Ley 527 de 1999)

(Ver Ley 543 de 1999)

(Ver Ley 544 de 1999)

(Ver Ley 680 de 2001)

(Ver Ley 982 de 2005; Art. 17)

(Ver Ley 1507 de 2012)

TEXTO ANTERIOR: La intervención estatal en el espectro electromagnetico utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personeria jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.

ARTÍCULO 77. El Congreso de la República expedira la ley que fijará la política en materia de television.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2011.)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2011; Art. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 88 Inc. 3)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 33)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 25)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 91)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 3)

(Ver Ley 335 de 1996)

(Ver Ley 1507 de 2012)

TEXTO ANTERIOR: La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del Organismo mencionado.

La televisión será regulada por una entidad autonoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al Director. Los miembros de la Junta tendrán periodo fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de television. La Ley dispondra lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad.

PARÁGRAFO . Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravision.
CAPÍTULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
ARTÍCULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 6)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 276 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 1, numeral 8; Art. 70)

(Ver Ley 336 de 1996)

(Ver Ley 395 de 1997; Art. 15)

(Ver Ley 400 de 1997)

(Ver Ley 675 de 2001; Art. 80; Art. 81)

(Ver Ley 688 de 2001)

(Ver Ley 693 de 2001)

(Ver Ley 711 de 2001)

(Ver Ley 916 de 2004)

(Ver Ley 925 de 2004; Art. 5)

(Ver Ley 1209 de 2008)

(Ver Ley 1229 de 2008)

(Ver Ley 1328 de 2009)

(Ver Ley 1340 de 2009)

(Ver Ley 1341 de 2009)

(Ver Ley 1480 de 2011)

(Ver Ley 1558 de 2012; Art. 25)

(Ver Ley 1887 de 2018)

(Ver Ley 1978 de 2019)

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad P. integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El Estado tiene un especial deber de protección del agua.

Queda prohibida de exploración o explotación minerá de cualquier tipo o de hidrocarburos en ecosistemas de paramo y sus zonas de amortiguamiento. Tambien estarán prohibidas las expansiones urbanas y suburbanas y las actividades de alto impacto estos ecosistemas.

Los municipios a traves de las herramientas de ordenamiento territorial estableceran los usos en ecosistemas colindantes a los paramos que pudieran generar daños sobre estos, en especial lo referente a mineria artesanal y de subsistencia en las areas amortiguadoras, tendientes para mitigar el impacto negativo sobre estos ecosistemas.

(Ver Constitución Política; Art. 63)

(Ver Ley 29 de 1992)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 4)

(Ver Ley 139 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 295 de 1996)

(Ver Ley 296 de 1996)

(Ver Ley 304 de 1996)

(Ver Ley 306 de 1996)

(Ver Ley 356 de 1997)

(Ver Ley 357 de 1997)

(Ver Ley 618 de 2000)

(Ver Ley 629 de 2000)

(Ver Ley 693 de 2001)

(Ver Ley 720 de 2001)

(Ver Ley 746 de 2002)

(Ver Ley 766 de 2002)

(Ver Ley 768 de 2002; Art. 13)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 36)

(Ver Ley 885 de 2004)

(Ver Ley 960 de 2005)

(Ver Ley 981 de 2005

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1083 de 2006)

(Ver Ley 1109 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 5)

(Ver Ley 1196 de 2008

(Ver Ley 1205 de 2008)

(Ver Ley 1252 de 2008)

(Ver Ley 1259 de 2008)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1348 de 2009)

(Ver Ley 1360 de 2009)

(Ver Ley 1374 de 2010)

(Ver Ley 1377 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 202 al 227)

(Ver Ley 1453 de 2011; 29 al 41)

(Ver Ley 1466 de 2011)

(Ver Ley 1505 de 2012)

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Ley 1523 de 2012)

(Ver Ley 1536 de 2012)

(Ver Ley 1549 de 2012)

(Ver Ley 1638 de 2013)

(Ver Ley 1658 de 2013)

(Ver Ley 1682 de 2013; Art. 40)

(Ver Ley 1715 de 2014)

(Ver Ley 1718 de 2014)

(Ver Ley 1930 de 2018)

(Ver Ley 1931 de 2018)

(Ver Ley 1938 de 2018)

(Ver Ley 2036 de 2020)

(Ver Ley 2041 de 2020)

(Modificado por el Art. 1 del Decreto 052 de 2021)

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

(Ver Constitución Política; Art. 63)

(Ver Ley 99 de 1993

(Ver Ley 139 de 1994)

(Ver Ley 140 de 1994)

(Ver Ley 161 de 1994)

(Ver Ley 162 de 1994)

(Ver Ley 164 de 1994)

(Ver Ley 165 de 1994)

(Ver Ley 172 de 1994)

(Ver Ley 191 de 1995; Art. 9)

(Ver Ley 197 de 1995)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 257 de 1996)

(Ver Ley 293 de 1996)

(Ver Ley 295 de 1996)

(Ver Ley 299 de 1996)

(Ver Ley 304 de 1996)

(Ver Ley 306 de 1996)

(Ver Ley 346 de 1997; Art. 5)

(Ver Ley 356 de 1997)

(Ver Ley 357 de 1997)

(Ver Ley 373 de 1997)

(Ver Ley 408 de 1997)

(Ver Ley 464 de 1998)

(Ver Ley 523 de 1999)

(Ver Ley 557 de 2000)

(Ver Ley 579 de 2000)

(Ver Ley 611 de 2000)

(Ver Ley 629 de 2000)

(Ver Ley 685 de 2001)

(Ver Ley 697 de 2001)

(Ver Ley 807 de 2003)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 36)

(Ver Ley 926 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 70)

(Ver Ley 1011 de 2006)

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1118 de 2006)

(Ver Ley 1131 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 5)

(Ver Ley 1211 de 2008)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1274 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1347 de 2009)

(Ver Ley 1377 de 2010)

(Ver Ley 1382 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 202 al 227)

(Ver Ley 1453 de 2011; 29 al 41)

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Ley 1523 de 2012)

(Ver Ley 1638 de 2013)

(Ver Ley 1658 de 2013)

(Ver Ley 1930 de 2018)

(Ver Ley 1931 de 2018)

(Ver Ley 1938 de 2018)

ARTÍCULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas quimicas, biologicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos toxicos.

El Estado regulará el ingreso al pais y la salida de el de los recursos geneticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

(Ver Ley 162 de 1994)

(Ver Ley 208 de 1995)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 296 de 1996)

(Ver Ley 303 de 1996)

(Ver Ley 525 de 1999)

(Ver Ley 559 de 2000)

(Ver Ley 728 de 2001)

(Ver Ley 766 de 2002)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1156 de 2007)

(Ver Ley 1196 de 2008)

(Ver Ley 1252 de 2008

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-519-94; C-526-94; C-505-2001; C-1260-2001; C-799-08; C-350-13)

ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso comu, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalia que genere su acción urbanistica y regularán la utilización del suelo y del espacio aereo urbano en defensa del interés comu.

(Ver Ley 810 de 2003)

(Ver Ley 1469 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-026-93; C-216-93; C-295-93; C-071-94; C-221-94; C-519-94; C-526-94; C-731-2000; C-955-2000; C-1043-2000; C-410-2001; C-568-03; C-1007-05; C-192-16; C-211-17; C-253-19)
CAPÍTULO 4. DE LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

(Ver Código Civil; Art. 1603)

(Ver Código de Comercio; Art. 871)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1481 de 2011)

ARTÍCULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 25)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 186)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 18)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-606-92; C-017-93; C-054-93; C-094-93; C-114-93; C-209-93; C-486-93; C-412-2001; C-477-2001; C-569-04)

ARTÍCULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

(Ver Decreto 2591 de 1991; Art. 2)

ARTÍCULO 86. Toda persona tendra acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actue a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quierá que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actue o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revision.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir mas de diez dias entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefension.

(Ver Ley 24 de 1992; Art. 9, numeral 23; Art. 14)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 4)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 57)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 143 de 1994)

(Ver Ley 393 de 1997; Art. 9)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 17; Art. 19)

(Ver Decreto 2591 de 1991)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-017-93; C-018-93; C-054-93; C-739-2001; C-1194-2001; C-1195-2001; C-590-05; C-483-08; C-378-10; C-940-10; C-284-14; C-367-14; C-122-18)

ARTÍCULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 76 al 82)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 4o.; Art. 116)

(Ver Ley 393 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 16)

(Ver Ley 617 de 2000; Art. 83)

(Ver Ley 1185 de 2008; Art. 11)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-301-93; C-555-93; C-020-94; C-416-94; C-490-94; C-566-94; C-010-2001; C-507-2001; C-805-2001; C-1194-2001; C-319-13)

ARTÍCULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

Tambien regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definira los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.6; Art. 10)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 15)

(Ver Ley 472 de 1998)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 11)

ARTÍCULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

(Ver Ley 40 de 1993)

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 50 al 59)

(Ver Ley 104 de 1993)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 228 de 1995)

(Ver Ley 286 de 1996)

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 308 de 1996)

(Ver Ley 333 de 1996)

(Ver Ley 365 de 1997)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997)

(Ver Ley 446 de 1998)

(Ver Ley 488 de 1998)

(Ver Ley 589 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 600 de 2000)

(Ver Ley 610 de 2000)

(Ver Ley 679 de 2001)

(Ver Ley 685 de 2001)

(Ver Ley 707 de 2001)

(Ver Ley 733 de 2002)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 742 de 2002)

(Ver Decreto 1975 de 2002)

(Ver Ley 782 de 2002)

(Ver Ley 793 de 2002)

(Ver Ley 837 de 2003)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 954 de 2005)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1121 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1153 de 2007)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1236 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1311 de 2009)

(Ver Ley 1312 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1357 de 2009)

(Ver Ley 1382 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 18)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1480 de 2011; Titulo VIII; Capit. I)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1708 de 2014)

(Ver Ley 1738 de 2014)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Ley 1779 de 2016)

(Ver Ley 1941 de 2018)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 49; Art. 81)

(Ver Ley 288 de 1996; Art. 12)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 16)

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 40)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 909 de 2004; Art. 2. Num 3. Lit. c); Art. 48 Num. 5)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 6)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-058-93; C-136-93; C-149-93; C-197-93; C-214-93; C-364-93; C-464-93; C-531-93; C-542-93; C-544-93; C-430-00; C-100-2001; C-404-2001; C-832-2001; C-840-2001; C-892-2001; C-949-2001; C-1149-2001; C-047-2001; C-048-2001; C-442-2001; C-832-2001; C-917-2001; C-309-2002; C-311-03; C-913-03; C-1003-03; C-043-04; C-125-04; C-542-05; C-038-06; C-338-06; C-957-14; C-470-15; C-286-17)

ARTÍCULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá uicamente en el superior que da la orden.

(Ver Ley 1418 de 2010; Art. 6)

ARTÍCULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 51; Art. 58)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 836 de 2003)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-165-93; C-250-94; C-010-2001)

ARTÍCULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:)

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendra efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en el.

(Ver Ley 67 de 1993)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 15)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 9)

(Ver Ley 146 de 1994)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 148 de 1994)

(Ver Ley 169 de 1994)

(Ver Ley 171 de 1994)

(Ver Ley 173 de 1994)

(Ver Ley 195 de 1995)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 210 de 1995)

(Ver Ley 233 de 1995)

(Ver Ley 248 de 1995)

(Ver Ley 265 de 1996)

(Ver Ley 291 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996)

(Ver Ley 320 de 1996)

(Ver Ley 404 de 1997)

(Ver Ley 405 de 1997)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 554 de 2000)

(Ver Ley 704 de 2001)

(Ver Ley 707 de 2001)

(Ver Ley 742 de 2002)

(Ver Ley 762 de 2002)

(Ver Ley 765 de 2002)

(Ver Ley 798 de 2003)

(Ver Ley 799 de 2003)

(Ver Ley 800 de 2003)

(Ver Ley 802 de 2003)

(Ver Ley 804 de 2003)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1008 de 2006)

(Ver Ley 1164 de 2007; Art. 27)

(Ver Ley 1180 de 2007)

(Ver Ley 1197 de 2008)

(Ver Ley 1410 de 2010)

(Ver Ley 1411 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

ARTÍCULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 4)
CAPÍTULO 5. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona esta obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-540-93; C-542-93; C-565-93; C-099-2001; C-332-2001; C-1147-2001)

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

(Ver Ley 986 de 2005)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1505 de 2012)

(Ver Ley 1523 de 2012)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-564-92; C-575-92; C-134-93; C-197-93; C-411-93; C-542-93; C-122-99; C-045-2001; C-332-2001; C-400-03; C-313-13; C-793-14)

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legitimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-075-93; C-058-94; C-511-94; C-519-94; C-048-2001)

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 985 de 2005)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-519-94)

5. Participar en la vida política, civica y comunitaria del pais;

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-415-93; C-099-2001; C-307-04; )

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

(Ver Ley 104 de 1993)

(Ver Ley 368 de 1997; Art. 9 al 13)

(Ver Ley 434 de 1998; Art. 4, literal d)

(Ver Ley 438 de 1998)

(Ver Ley 497 de 1999)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-075-93; C-077-93; C-169-93; C-266-93; C-267-93; C-268-93; C-415-93; C-464-93; C-048-2001)

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;

8. Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente sano;

(Ver Ley 295 de 1996)

(Ver Ley 296 de 1996)

(Ver Ley 580 de 2000)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-204-93; C-379-93; C-530-93; C-059-94; C-318-94; C-423-94; C-519-94; )

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

(Ver Constitución Política; Art. 363)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 265 de 1996)
DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO DE LA NACIONALIDAD
ARTÍCULO 96. Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjerá y fuego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.

2. Por adopcion:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;

b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y;

c) Los miembros de los pueblos indigenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningu colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2002.)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 38 al 42)

(Ver Ley 1565 de 2012)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-027-93; C-199-2001; C-551-2001; C-915-2001; C-893-09)

TEXTO ANTERIOR: Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjerá y luego se domiciliaren en la República.

2. Por adopcion:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción.

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren.

c) Los miembros de pueblos indigenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningu colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.

ARTÍCULO 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actue contra los intereses del pais en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su pais de origen; tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en pais extranjero, contra el pais de su nueva nacionalidad.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-179-94; C-915-2001)
CAPÍTULO 2. DE LA CIUDADANIA
ARTÍCULO 98. La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.

Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadania, podrán solicitar su rehabilitación.

PARÁGRAFO . Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadania se ejercerá a partir de los dieciocho años.

(Ver Ley 1622 de 2013; Art. 5. Nums. 1 y 7)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-093-2001; C-581-2001; C-329-03; C-523-03; C-862-12)

ARTÍCULO 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-545-93; C-406-94; C-169-2001; C-581-2001; C-523-03)
CAPÍTULO 3. DE LOS EXTRANJEROS
ARTÍCULO 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 39)

(Ver Ley 320 de 1996)

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.

(Ver Código de Comercio; Art. 471 al 473)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 20; Art. 22)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1166 de 2007)
CAPÍTULO 4.
ARTÍCULO 101. Los limites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

(Ver Ley 251 de 1995)

Los limites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipielago de San Andres, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

(Inciso aclarado por la Aclaración de la Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991

TEXTO ANTERIOR: Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipielago de San Andres, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, demás de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

Tambien son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aereo, el segmento de la orbita geoestacionaria, el espectro electromagnetico y el espacio donde actua, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

(Ver Ley 28 de 1992)

(Ver Ley 37 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 252 de 1995)

(Ver Ley 539 de 1999)

(Ver Ley 543 de 1999)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-027-93; C-060-93; C-216-93; C-457-93; C-815-2001; C-992-2001; C-067-03; C-278-04; C-269-14)

ARTÍCULO 102. El territorio, con los bienes públicos que de el forman parte, pertenecen a la Nación.

(Ver Ley 28 de 1992)

(Ver Ley 37 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 1561 de 2012)
DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
ARTÍCULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentara.

El Estado contribuira a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, juveniles, beneficas o de utilidad comu no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

(Ver Constitución Política; Art. 270)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 99)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, Lit. b)

(Ver Ley 299 de 1996; Art. 3)

(Ver Ley 375 de 1997; Art. 19 al 22)

(Ver Ley 507 de 1999; Art. 2)

(Ver Ley 741 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 796 de 2003)

(Ver Ley 1227 de 2008)

(Ver Ley 1327 de 2009)

(Ver Ley 1354 de 2009)

(Ver Ley 1618 de 2013, Art. 22)

(Ver Ley 1622 de 2013)

Ley 1757 de 2015)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Decreto Ley 1391 de 2016)

(Ver Ley 1885 de 2018)

(Ver Ley 1909 de 2018; Art. 22)

(Ver la Ley 1098 de 2006, Art. 210)

ARTÍCULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.

ARTÍCULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que este determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 206)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 33)

ARTÍCULO 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que esta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual esta obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva.

(Artículo aclarado por Aclaración de la Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991.)

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 106 al 111)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 47 Inc. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-454-93; C-180-94)

TEXTO ANTERIOR: Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que esta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual esta obligada a tramitarlos.
CAPÍTULO 2. DE LOS PARTIDOS Y DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS
ARTÍCULO 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Los partidos, movimientos políticos o la Organización Electoral deberán llevar el registro de los militantes y afiliados de cada partido o movimiento político; los cuales sólo podrán renunciar seis (6) meses después de afiliarse al partido o movimiento político.

Los partidos, povimientos (sic) políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán organizarse democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad y la paridad de género, siendo su deber de presentar y divulgar sus ideas y programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, deberán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, con la participación exclusiva de sus afiliados y militantes de cada partido político o movimiento ciudadano respectivamente; que podrán coincidir o no con las elecciones a Corporaciones Públicas o cualquier otro mecanismo de democratización interna, incluido el consenso, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias.

Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, deberá acreditar una militancia mínima de seis (6) meses en la correspondiente organización política y no podrá inscribirse o participar por otro partido político, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio para todos los candidatos, partidos y movimientos participantes.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas, previendo mecanismos para elegir sus directivas y candidaturas por medios democráticos, que garanticen la participación, respetando la paridad de género, así como la inclusión de personas con discapacidad, los cuales serán garantizados, de acuerdo con sus estatutos y plataforma programática.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, democratización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados por hechos cometidos antes o durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad o delitos en contra de la administración pública.

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

Los directivos de los partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica, también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul y al partido o movimiento político al menos 1 año antes del primer día de inscripciones. En este caso la curul será ocupada por el candidato que siga en el orden de la elección del partido o movimiento político al cual pertenecía el miembro de la corporación pública, salvo que la renuncia provenga del corporado que resultó elegido en razón del estatuto de la oposición, caso en el cual deberá asumir el que tenga mejor derecho.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, autorícese, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

PARÁGRÁFO TRANSITORIO 2. Las organizaciones políticas tendrán un año desde la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de que trata el parágrafo transitorio 3 de este artículo para incluir dentro de sus estatutos mecanismos democráticos de elección de candidaturas y directivas. Cuando se celebren consultas populares, internas o interpartidistas, el orden de las listas definitivas se determinará según el mayor a menor número de votos obtenidos por los candidatos en las consultas internas, garantizando en todo momento la participación, respetando la paridad de género, tanto en la integración de la lista, como en la determinación de quien las encabeza. Los partidos que no cumplan con lo señalado en el presente artículo no podrán postular candidaturas.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. Dentro de los tres meses siguientes a la promulgación del presente Acto Legislativo, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior y en coordinación con las autoridades electorales, radicará ante el Congreso de la República un proyecto de Ley Estatutaria que establezca los términos y condiciones de los mecanismos de elección de candidaturas y directivas de los partidos; y los mecanismos, requisitos y procedimientos de la fusión y escisión de todas o parte de las personerías jurídicas que integran una coalición.

Será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos, abstenerse de utilizar algún mecanismo de democracia interna para la elección de los candidatos a cargos y Corporaciones Públicas de elección popular, establecida igualmente en la ley para tal fin.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 2 del Decreto 027 de 2023)

ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personeria Juridica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos validamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderan si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptua el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorias étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

Tambien será causal de perdida de la Personeria Juridica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones mas importantes de la organización política.

Los Partidos y Movimientos Politicos con Personeria Juridica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien el delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Politicos regularán lo atinente a su Regimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Politico o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

(Ver Ley 974 de 2005)

(Ver Directiva Presidencial 5 de 2010)

(Ver Directiva Presidencial 2 de 2006)

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Politicos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la perdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del periodo para el cual fue elegido.

(Inciso declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 de 2010)

PARÁGRAFO TRANSITORIO . Para las elecciones al Congreso de la República a celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del presente artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerira del requisito de inscripción con un año de antelación del que habla el inciso 8.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2017; Artículo Transitorio 2)

(Ver Decreto 2241 de 1986; Art. 88; Art. 89)

(Ver Ley 84 de 1993)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 3; Art. 9)

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-020-93; C-027-93; C-454-93; C-488-93; C-089-94; C-145-94; C-264-94; C-265-94; C-353-94; C-169-2001; C-955-2001; C-572-04; C-859-06; C-141-10; C-1017-12)

ARTÍCULO 109. El Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos con Personería Jurídica, consejos comunitarios o por movimientos y grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral con recursos 100% estatales.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos; contarán con financiación estatal de acuerdo con los topes señalados por la Autoridad Electoral. Podrán recibir recursos privados para su funcionamiento y administración.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

La transgresión de los parámetros establecidos por la constitución y la ley para la financiación de campañas. políticas, será causal de sanción a los partidos y movimientos políticos, conforme a la Ley.

Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen, destino de sus ingresos y gastos. Los candidatos que participen en los diferentes comicios electorales deberán rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados por parte de la organización política que los avaló.

Es prohibido a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y consejos comunitarios, recibir financiación para campañas electorales de personas naturales o jurídicas extranjeras. Tampoco podrán recibir ingreso de dinero en efectivo los partidos y/o campañas electorales.

Los servicios de televisión y radiodifusión comunitarios, en época electoral, podrán transmitir publicidad electoral y divulgación política o propaganda. La Ley determinará los lineamientos pertinentes para hacer efectiva esta disposición.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 3 del Decreto 027 de 2023)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2017; Artículo Transitorio 1)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 18)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 12; Art. 13)

(Ver Ley 163 de 1994; Art. 12; Art. 13)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 2)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Decreto 2207 de 2003)

ARTÍCULO 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquierá de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de perdida de la investidura.

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-020-93; C-454-93; C-488-93; C-089-94)

ARTÍCULO 111. Los partidos y movimientos políticos con personeria jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnetico, en todo tiempo, conforme a la ley. Ella establecerá así mismo los casos y la forma como los partidos, los movimientos políticos y los candidatos debidamente inscritos, tendrán acceso a dichos medios.

(Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-572-04; C-342-06)

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 112. Los partidos y movimientos políticos con personeria jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función critica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnetico de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la replica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personeria jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria reglamentará integramente la materia.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40 Inc. 2)

(Ver Ley 1909 de 2018)

El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendra el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el periodo de la correspondiente corporación.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015.)

(Ver Ley 1921 de 2018; Art. 1)

Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015.)

En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.

(Ver Ley 1909 de 2018; Art. 25)

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2003)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 32 al 36)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 4, paragrafo 1)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 996 de 2005)

TEXTO ANTERIOR: Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función critica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de replica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales.

Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria regulará integramente la materia.
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
ARTÍCULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autonomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armonicamente para la realización de sus fines.

(Ver Ley 42 de 1993; Art. 53)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 1, literal b; Art. 3)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 8; Art. 9)

(Ver Ley 970 de 2005)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 6)

(Ver Ley 1381 de 2010; Art. 8)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 26)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 7)

(Ver Ley 1620 de 2013, Art. 5. Num. 1)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020, Art. 102)

ARTÍCULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 58; Art. 59)

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6; Art. 7)

(Ver Ley 475 de 1998)

ARTÍCULO 115. El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

El Gobierno Nacional esta formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

Ningu acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendra valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

(Ver Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); Art. 65)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 38 Num. 1; Art. 119)

Las gobernaciones y las alcaldias, así como las superintendecias , los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 66)

ARTÍCULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural.

El órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural será la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

(Inciso Modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 03 de 2023)

(Inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015.)

(Se sustituye La expresión "Consejo Superior de la Judicatura" sustituida por la de "Comisión Nacional de Disciplina Judicial", por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 11)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 146; Art. 147)

(Ver Ley 585 de 2000; Art. 1)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 4)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020, Art. 105)

TEXTO ANTERIOR: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. Tambien lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Num. 4)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 178)

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 12; Art. 13)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 37)

(Ver Ley 1116 de 2006; Art. 6)

(Ver Ley 1258 de 2008; Art. 44)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 5; Art. 6)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 252)

(Ver Ley 1564 de 2012; Art. 24 Num. 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-156-13; C-436-13; C-170-14)

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de arbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-222-13; C-170-14; C-572A-14; C-135-16)

Crease un Tribunal de Garantías Penales que tendra competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República. Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

(Incisos y paragrafo transitorio adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2012. INEXEQUIBLES)

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2002)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 67 al 71)

(Ver Ley 222 de 1995; Art. 90)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 13)

(Ver Ley 315 de 1996)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 111)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 148)

(Ver Ley 863 de 2003; Art. 38)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1107 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 6. Num. 6.1.2)

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 54)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 6)

(Ver Ley 1380 de 2010)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1480 de 2011; Art. 57; Art. 80)

(Ver Ley 1563 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1653 de 2013)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 200; Art. 201)

TEXTO ANTERIOR: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. Tambien lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de arbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley

ARTÍCULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.

(Ver Ley 42 de 1993; Art. 53)

(Ver Ley 106 de 1993)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020, Art. 1)

ARTÍCULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 266)

(Ver Ley 6 de 1992; Art. 112)

(Ver Ley 24 de 1992)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 62)

(Ver Ley 134 de 1994, Art. 44)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 168 al 182)

(Ver Ley 177 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 201 de 1995)

(Ver Ley 223 de 1995; Art. 178)

(Ver Ley 522 de 1999; Art. 278; Art. 279; Art. 290; Art. 291; Art. 368; Art. 369; Art. 374; Art. 458; Art. 569; Art. 571; Art. 572; Art. 574; Art. 580; Art. 600)

(Ver Ley 573 de 2000; Art. 1. Num. 4)

(Ver Ley 578 de 2000; Art. 3)

(Ver Ley 589 de 2000; Art. 8)

(Ver Ley 610 de 2000; Art. 11)

(Ver Ley 721 de 2001; Art. 9)

(Ver Ley 732 de 2002, Art. 3)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 83)

(Ver Ley 782 de 2002; Art. 36)

(Ver Ley 850 de 2003; Art. 22; Art. 23)

(Ver Ley 971 de 2005; Art. 3.; Art. 5.; Art. 6.; Art. 12)

(Ver Ley 941 de 2005)

(Ver Ley 1021 de 2006; Art. 9. PARÁGRAFO 2) (Ver Ley 1031 de 2006)

(Ver Ley 1095 de 2006, Art. 3. Num. 5)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 84; Art. 116 Par.; Art. 127; Art. 170; Art. 171)

(Ver Ley 1151 de 2007, Art. 140)

(Ver Ley 1146 de 2007; Art. 3 Num. 6)

(Ver Ley 1474 de 2011)

ARTÍCULO 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

(Ver Decreto 267 de 2000)

(Ver Ley 42 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 65)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 48)

(Ver Ley 106 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 117 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 118 de 1994; Art. 10)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 29)

(Ver Ley 138 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 141 de 1994; Art. 14; Art. 64)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 27.4)

(Ver Ley 161 de 1994; Art. 21)

(Ver Ley 181 de 1995; Art. 88)

(Ver Ley 272 de 1996; Art. 13)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 48)

(Ver Ley 391 de 1997; Art. 5)

(Ver Ley 534 de 1999; Art.14)

(Ver Ley 610 de 2000)

(Ver Ley 756 de 2002; Art. 13)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 13; Art. 25)

(Ver Ley 1283 de 2009)

(Ver Ley 1707 de 2014; Art. 17)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020)

ARTÍCULO 120. La organización electoral esta conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduria Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 21; Art. 22)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 99)

ARTÍCULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 6)
CAPÍTULO 2. DE LA FUNCIÓN PUBLICA
ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que esten contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

(Ver Sentencias del Consejo de Estado 2014-00666 de 2022)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-679-11)

Ningu servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.

(Ver Ley 2013 de 2019)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 13)

Dicha declaración solo podrá ser utilizada para los fines y propositos de la aplicación de las normas del servidor público.

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

(Inciso modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2004.)

(Ver Ley 1864 de 2017; Art. 5)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-630-12)

TEXTO ANTERIOR: Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

PARÁGRAFO . Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos de este acto legislativo y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no esten efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no esten efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas.

Como aporte a las garantías de no repetición, el Estado colombiano garantizará que los hechos que ocurrieron en el pasado no se repitan, y para ello implementará las medidas referidas en el Acuerdo General de Paz en esta materia. Quienes sean sancionados por graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho Internacional Humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control.

(Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017)

(Artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-674 de 2017)

(Ver Constitución Política; Art. 211)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6; Art. 7)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 38)

(Ver Ley 962 de 2005: Art. 17)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1319 de 2009)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ley 1635 de 2013)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 42)

(Ver Ley 2013 de 2019)

TEXTO ANTERIOR: No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.

ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejerceran sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

(Ver Decreto 960 de 1970; Art. 3)

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 74)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 101 y otros)

(Ver Ley 489 de 1998)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 20)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 951 de 2005)

(Ver Ley 996 de 2005; Art. 38 al 41)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1285 de 2009)

(Ver Ley 1322 de 2009)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1635 de 2013)

(Ver Ley 2013 de 2019)

(Ver Ley 2014 de 2019)

ARTÍCULO 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 412 de 1997)

(Ver Ley 610 de 2000)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 836 de 2003)

(Ver Ley 842 de 2003)

(Ver Ley 996 de 2005; Art. 38 al 41)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1056 de 2006; Art. 5)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

(Ver Sentencias del Consejo de Estado 2014-00666 de 2022)

(Ver Ley 1093 de 2006)

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrerá y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 195)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 771 de 2002)

(Ver Ley 909 de 2004)

(Ver Ley 982 de 2005; Art. 37)

(Ver Ley 1002 de 2005; Art. 10)

(Ver Ley 1161 de 2007)

(Ver Ley 1821 de 2016)

(Ver Ley 1952 de 2019)

(Ver Ley 1960 de 2019)

(Ver Ley 409 de 2020)

(Ver Ley 2040 de 2020)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-084-18; 093-2020)

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, literal d.)

PARÁGRAFO . Los periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual este fue elegido.

(Parágrafo adicionado por el Artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-166-14)

PARÁGRAFO TRANSITORIO . PARÁGRAFO INEXEQUIBLE

(Parágrafo adicionado por el Artículo 1. del Acto Legislativo 1 de 2008)

(Ver Acto Legislativo 4 de 2011; Art. 1)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1474 de 2011)

TEXTO ANTERIOR: Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil implementará los mecanismos necesarios para inscribir en carrerá administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los servidores que a la fecha de públicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de carrerá vacantes de forma definitiva en calidad de provisionales o de encargados del sistema general de carrerá siempre y cuando cumplieran las calidades y requisitos exigidos para su desempeño al momento de comenzar a ejercerlo y que a la fecha de la inscripción extraordinaria continuen desempeñando dichos cargos de carrera. Igual derecho y en las mismas condiciones tendrán los servidores de los sistemas especiales y específicos de la carrera, para lo cual la entidad competente, dentro del mismo término adelantará los trámites respectivos de inscripción.

Mientras se cumpla este procedimiento, se suspenden todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados por empleados a quienes les asiste el derecho previsto en el presente páragrafo.

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la públicación del presente acto legislativo, instrumentos de calificación del servicio que midan de manera real el desempeño de los servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrerá administrativa.

Quedan exceptuados de estas normas los procesos de selección que se surtan en desarrollo de lo previsto por el Artículo 131 de la Constitución Política y los servidores regidos por el Artículo 256 de la Constitución Política, carrerá docente y carrerá diplomática consular.

ARTÍCULO 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esten ligados por matrimonio o union permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vinculos señalados en el inciso anterior.

Se exceptuan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por meritos en cargos de carrera.

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de genero y criterios de merito para su selección.

Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año despues de haber cesado en el ejercido de sus funciones:

Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.

(Aparte tachado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018, salvo sobre los apartes declarados INEXEQUIBLES en la Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016.)

A partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo nadie podrá ser elegido para más de tres (3) periodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.

(Inciso ADICIONADO por el Art. 4 del Decreto 027 de 2023)

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 190 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 174, Lit. f)

TEXTO ANTERIOR: Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esten ligados por matrimonio o union permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Se exceptuan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por meritos.

ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.

A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les esta prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.

(Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

TEXTO ANTERIOR: A los empleados del Estado y de sus Entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les esta prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.

(Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 39)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 60 Num. 1)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1153-05; C-794-14)

TEXTO ANTERIOR: Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley.

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.

TEXTO ANTERIOR: Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primerá vuelta de la elección presidencial, y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los cuales, antes de ese lapso, el Presidente o el Vicepresidente podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.

(Inciso derogado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

TEXTO ANTERIOR: Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptuan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria.

(Inciso derogado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 2, literal a; Art. 8)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 39)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 60 Num. 1)

(Ver Ley 2014 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-454-93; C-089-94; C-199-94; C-299-94; C-349-94; C-415-94)

ARTÍCULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente mas de un empleo público ni recibir mas de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiendese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 13 Literal m)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 269 de 1996)

(Ver Ley 797 de 2003; Art. 2. Literal m)

ARTÍCULO 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-299-94; C-308-04)

ARTÍCULO 130. Habra una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.

(Ver Ley 909 de 2004; Art. 7 al 13)

(Ver Ley 1033 de 2006; Art. 8 al 13)

ARTÍCULO 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarias, con destino a la administración de justicia.

(Ver Ley 685 de 2001; Art. 240)

(Ver Ley 788 de 2002; Art. 112)

(Ver Ley 810 de 2003; Art. 7)

(Ver Ley 863 de 2003; Art. 64)

(Ver Ley 926 de 2004; Art. 1)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 20; Art. 37)

(Ver Ley 1579 de 2012)

(Ver Ley 1819 de 2016; Art. 363)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-084-18)

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-421-06)

Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro.

(Ver Ley 1183 de 2008)
DE LA RAMA LEGISLATIVA CAPÍTULO 1. DE LA COMPOSICIÓN Y LAS FUNCIONES
ARTÍCULO 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 262)

ARTÍCULO 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

(Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 1431 de 2011)

(Ver Ley 1828 de 2017)

TEXTO ANTERIOR: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

ARTÍCULO 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profierá orden de captura dentro de los respectivos procesos.

Para efectos de conformación de quorum se tendra como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten mas de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO . Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la perdida de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo.

La prohibición de reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.

(Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE mediate Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018.)

(Artículo modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2009)

(Artículo modificado por el artículo 1. del Acto Legislativo No. 3 de 1993)

(Ver Ley 1871 de 2017; Art. 4)

(Ver Ley 2003 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-531-93; C-532-93; C-349-94; C-699-13)

TEXTO ANTERIOR: Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente.

ARTÍCULO 135. Son facultades de cada Cámara:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-069-94; C-830-2001; C-372-04; C-572-04)

1. Elegir sus mesas directivas.

2. Elegir a su Secretario General, para periodos de dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.

(Numeral modificado por el artículo 7 del Acto Legislativo 1 de 2003. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 2004)

3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo siguiente.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-432-17)

4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia.

5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.

6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 14 PARÁGRAFO) 7. Organizar su Policia interior.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 51, Num. 7 Inc. 7; Art. 391)

8. Citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros, Superintendentes o Directores de Departamentos Administrativos no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los Ministros, Superintendentes o Directores Administrativos deberán ser oidos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continue en las sesiones posteriores por decisión de la respectiva cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del dia de la sesion.

(Numeral modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2007. Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-757 de 2008)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-179-94; C-198-94; C-518-07)

TEXTO ANTERIOR: Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los Ministros deberán ser oidos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continue en sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del dia de la sesion.

9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la decima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el decimo dia siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerira el voto afirmativo de la mitad mas uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma.

(Numeral modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2007. Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-757 de 2008)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-198-94; C-376-94; C-518-07)

TEXTO ANTERIOR: Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la decima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y el decimo dia siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerira la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.

ARTÍCULO 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1250-2001)

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.

2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomatica o sobre negociaciones de carácter reservado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 257)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-227-93)

3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.

4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no esten destinadas a satisfacer creditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-260-93; C-364-93; C-022-94; C-311-94; C-547-94; C-705-2001; C-032-04; C-022-04; C-045-04; C-034-19)

5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-364-93; C-022-94; C-145-94; C-311-94)

6. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: ( C-216-94; C-528-94)

ARTÍCULO 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Num. 6; Art. 236)

Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, despues de oirlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez dias, bajo estricta reserva.

La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 454)

Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-165-93; C-198-94)
CAPÍTULO 2. DE LA REUNION Y EL FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 138. El Congreso, por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos periodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo periodo iniciará el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio.

Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo no podrán tramitarse proyectos de leyes estatutarias ni reformas a la Constitución.

En el periodo de sesiones en el que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, este periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.

Si por cualquier causa el Congreso no pudiese reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuese posible, dentro de los periodos respectivos.

También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas sólo podrá ocuparse de los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.

(MODIFICADO por el Art. 1 del Acto Legislativo 02 de 2003)

Norma Anterior

(Ver Decreto 866 de 2021)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 119)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-141-10; C-685-11)

En el curso de ellas solo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.

(Ver Ley 3 de 1992, Art. 1)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-607-92; C-011-94; C-093-94; C-198-94; C-334-94; C-408-94)

ARTÍCULO 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza legitimamente sus funciones.

ARTÍCULO 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la República.

Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado.

(Ver Constitución Política; Art. 150 Numeral 6)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 9; Art. 33 Inc 2)

ARTÍCULO 141. El Congreso se reunira en un solo cuerpo uicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con arreglo al artículo 135.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 9)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 142 Inc. 2.)

(Ver Ley 1904 de 2018; Art. 1)

ARTÍCULO 142. Cada Cámara elegira, para el respectivo periodo constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley.

La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse.

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015; Art. 26 Inc. 5)

(Ver Ley 3 de 1992)

(Ver Ley 186 de 1995)

(Ver Ley 754 de 2002)

(Ver Ley 1147 de 2007)

Cuando sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quorum decisorio será el que se requierá para cada una de las comisiones individualmente consideradas.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 2 al 11)

(Ver Ley 1127 de 2007)

(Ver Ley 1202 de 2008)

(Ver Ley 1434 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-022-94; C-093-94; C-145-94; C-226-94; C-311-94; C-334-94; C-809-2001; C-1190-2001; C-1248-2001; C-011-13)

ARTÍCULO 143. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquierá de las comisiones permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir los asuntos que hubieren quedado pendientes en el periodo anterior, de realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que las Cámaras les encarguen.

ARTÍCULO 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones Permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento.

El ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley.

(Artículo modificado por el artículo 7 del Acto Legislativo 1 de 2009)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 68 al 115)

(Ver Ley 273 de 1996; Art. 2.)

TEXTO ANTERIOR: Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento.

ARTÍCULO 145. El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quorum diferente.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-133-93; C-006-2001; C-737-2001; C-278-04; C-781-04; C-337-15)

ARTÍCULO 146. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.

(Ver Constitución Política; Art. 133)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 116 al 138)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-006-2001; C-737-2001; C-069-04; C-585-14; C-337-15)

ARTÍCULO 147. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 6)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40 al 45)

ARTÍCULO 148. Las normas sobre quorum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular.

ARTÍCULO 149. Toda reunion de miembros del Congreso que, con el proposito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectue fuerá de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá darseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 5 Num. 1; Art. 50 Num. 1)

(Ver Decreto 491 de 2020, Art. 12)
CAPÍTULO 3. DE LAS LEYES
ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(Ver Ley 1027 de 2006)

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

(Ver Ley 72 de 1993)

(Ver Ley 177 de 1994)

(Ver Ley 276 de 1996)

(Ver Ley 286 de 1996)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 388 de 1997)

(Ver Ley 505 de 1999)

(Ver Ley 507 de 1999)

(Ver Ley 526 de 1999)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 537 de 1999)

(Ver Ley 548 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000)

(Ver Ley 582 de 2000)

(Ver Ley 603 de 2000)

(Ver Ley 614 de 2000)

(Ver Ley 632 de 2000)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 1219 de 2008)

(Ver Ley 1679 de 2013)

(Ver Ley 1946 de 2019)

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

(Ver Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral)

(Ver Ley 40 de 1993)

(Ver Ley 49 de 1993)

(Ver Ley 57 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 65 de 1993)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 228 de 1995)

(Ver Ley 232 de 1995)

(Ver Ley 256 de 1996)

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 362 de 1997)

(Ver Ley 365 de 1997)

(Ver Ley 389 de 1997)

(Ver Ley 446 de 1998)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 589 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 600 de 2000)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 685 de 2001)

(Ver Ley 712 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 745 de 2002)

(Ver Ley 746 de 2002)

(Ver Ley 747 de 2002)

(Ver Ley 755 de 2002)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 769 de 2002)

(Ver Ley 777 de 2002)

(Ver Ley 791 de 2002)

(Ver Ley 794 de 2003)

(Ver Ley 795 de 2003)

(Ver Ley 809 de 2003)

(Ver Ley 813 de 2003)

(Ver Ley 820 de 2003)

(Ver Ley 903 de 2004)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 926 de 2004)

(Ver Ley 937 de 2004)

(Ver Ley 954 de 2005)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Ley 975 de 2005; Art. 71)

(Ver Ley 1005 de 2006)

(Ver Ley 1028 de 2006)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1149 de 2007)

(Ver Ley 1154 de 2007)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1194 de 2008)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1236 de 2008)

(Ver Ley 1239 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1280 de 2009)

(Ver Ley 1281 de 2009)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1311 de 2009)

(Ver Ley 1312 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1357 de 2009)

(Ver Ley 1364 de 2009)

(Ver Ley 1382 de 2010)

(Ver Ley 1383 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 18)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1548 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1696 de 2013)

(Ver Ley 1708 de 2014)

(Ver Ley 1727 de 2014)

(Ver Ley 1730 de 2014)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1760 de 2015)

(Ver Ley 1761 de 2015)

(Ver Ley 1762 de 2015)

(Ver Ley 1773 de 2016)

(Ver Ley 1774 de 2016)

(Ver Ley 1801 de 2016)

(Ver Ley 1809 de 2016)

(Ver Ley 1811 de 2016, Art. 8.; Art. 9.; Art. 14; Art. 15; Art. 17)

(Ver Ley 1822 de 2017)

(Ver Ley 1826 de 2017)

(Ver Ley 1843 de 2017; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 11)

(Ver Ley 1846 de 2017)

(Ver Ley 1893 de 2018)

(Ver Ley 1911 de 2018; Art. 22)

(Ver Ley 1918 de 2018; Art. 1)

(Ver Ley 1934 de 2018)

(Ver Ley 1944 de 2018)

(Ver Ley 1952 de 2019)

(Ver Ley 2014 de 2019)

3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

(Ver Ley 95 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 152 de 1994)

(Ver Ley 153 de 1994, Art. 3)

(Ver Ley 165 de 1994)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 343 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 508 de 1999)

(Ver Ley 812 de 2003)

(Ver Ley 1151 de 2007)

(Ver Ley 1450 de 2011)

(Ver Ley 1473 de 2011)

(Ver Ley 1541 de 2012)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1753 de 2015)

(Ver Ley 1955 de 2019)

(Ver Ley 1977 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-490-94; C-547-94; C-566-94; C-1065-2001; C-022-04; C-473-04; C-533-05; C-377-08; C-510-08)

4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

(Ver Ley 47 de 1993)

(Ver Ley 60 de 1993)

(Ver Ley 136 de 1994)

(Ver Ley 191 de 1995)

(Ver Ley 677 de 2001)

(Ver Ley 715 de 2001)

(Ver Ley 1059 de 2006)

(Ver Ley 1625 de 2013)

5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.

Constitución Política; Art. 301)

(Ver Ley 93 de 1993; Art. 3; Art. 4)

(Ver Ley 122 de 1994; Art. 1; Art. 3)

(Ver Ley 288 de 1996)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 38)

(Ver Ley 648 de 2001)

(Ver Ley 666 de 2001)

(Ver Ley 687 de 2001)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1276 de 2009)

(Ver Ley 1655 de 2013)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-478-92)

6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.

(Ver Constitución Política; Art. 140)

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura organica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autonomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

(Ver Constitución Política; Art. 189, Numeral 15)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Nums. 2 y 3)

(Ver Ley 62 de 1993)

(Ver Ley 91 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 105 de 1993)

(Ver Ley 109 de 1994)

(Ver Ley 116 de 1994)

(Ver Ley 119 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 161 de 1994)

(Ver Ley 182 de 1995)

(Ver Ley 199 de 1995)

(Ver Ley 281 de 1996)

(Ver Ley 298 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 51)

(Ver Ley 309 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 314 de 1996)

(Ver Ley 318 de 1996)

(Ver Ley 322 de 1996)

(Ver Ley 352 de 1997; Art. 40)

(Ver Ley 368 de 1997)

(Ver Ley 396 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 66)

(Ver Ley 401 de 1997)

(Ver Ley 432 de 1998)

(Ver Ley 454 de 1998; Art. 29 al 36)

(Ver Ley 490 de 1998)

(Ver Ley 526 de 1999)

(Ver Ley 768 de 2002; Art. 13)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 49)

(Ver Ley 887 de 2004)

(Ver Ley 888 de 2004)

(Ver Ley 914 de 2004; Art. 5o.; Art. 6)

(Ver Ley 1002 de 2005)

(Ver Ley 1009 de 2006)

(Ver Ley 1084 de 2006)

(Ver Ley 1118 de 2006)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1427 de 2010)

(Ver Ley 1886 de 2018)

(Ver Ley 1938 de 2018)

(Ver Ley 1951 de 2019)

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 31 de 1992)

(Ver Ley 35 de 1993)

(Ver Ley 105 de 1993)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 143 de 1994)

(Ver Ley 222 de 1995; Art. 229)

(Ver Ley 272 de 1996; Art. 12)

(Ver Ley 336 de 1996)

(Ver Ley 527 de 1999)

(Ver Ley 549 de 1999; Art. 18)

(Ver Ley 643 de 2001; Art. 53)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-465-92; C-553-92; C-559-92; C-560-92; C-542-93; C-008-2001; C-199-2001; C-921-2001; C-782-07; C-246-19)

9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar emprestitos y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periodicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254)

(Ver Ley 60 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 95 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 30)

(Ver Ley 153 de 1994, Art. 3)

(Ver Ley 226 de 1995)

(Ver Ley 227 de 1995; Art. 4)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 41)

(Ver Ley 321 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 343 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 534 de 1999; Art. 8)

(Ver Ley 643 de 2001; Art. 56)

(Ver Ley 781 de 2002)

(Ver Ley 848 de 2003; Art. 32)

(Ver Ley 1041 de 2006; Art. 2)

(Ver Ley 1062 de 2006; Art. 3)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1068 de 2006; Art. 7)

(Ver Ley 1080 de 2006; Art. 3)

(Ver Ley 1366 de 2009)

(Ver Ley 1523 de 2012; Art. 67)

(Ver Ley 1541 de 2012)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1914 de 2018; Art. 3)

(Ver Ley 1940 de 2018; Art. 120)

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerira la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, organicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119 Num. 2; Art. 208 Num. 3)

(Ver Ley 60 de 1993; Art. 27)

(Ver Ley 61 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 62 de 1993; Art. 35)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 172)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 43)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 139)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 101; Art. 104)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 199; Art. 202)

(Ver Ley 160 de 1994; Art. 108)

(Ver Ley 180 de 1995; Art. 7)

(Ver Ley 190 de 1995; Art. 83)

(Ver Ley 222 de 1995)

(Ver Ley 223 de 1995; Art. 180)

(Ver Ley 322 de 1996; Art. 37)

(Ver Ley 344 de 1996; Art. 30)

(Ver Ley 375 de 1997; Art. 50)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 488 de 1998; Art. 79; Art. 120)

(Ver Ley 573 de 2000)

(Ver Ley 651 de 2001; Art. 9o. )

(Ver Ley 788 de 2002; Art. 60)

(Ver Ley 789 de 2002; Art. 5)

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 16)

(Ver Ley 797 de 2003; Art. 17)

(Ver Ley 909 de 2004; Art. 53)

(Ver Ley 1424 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 205)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 104)

(Ver Ley 1474 de 2011, Art. 75)

(Ver Ley 1642 de 2013)

(Ver Ley 1654 de 2013)

11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.

(Ver Ley 53 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 54 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 696 de 2001)

(Ver Ley 803 de 2003; Art. 2)

(Ver Ley 817 de 2003; Art. 5)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-447-92; C-448-92; C-510-92; C-057-93; C-072-93; C-112-93; C-206-93; C-261-93; C-271-93; C-364-93; C-416-93; C-502-93; C-548-93; C-197-2001; C-1249-2001; C-527-03; C-066-18)

12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

(Ver Conctitución Política; Art. 154; Art. 338)

(Ver Ley 6 de 1992)

(Ver Ley 48 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 89 de 1993)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 135)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 31)

(Ver Ley 123 de 1994)

(Ver Ley 181 de 1995; Art. 75 al 78)

(Ver Ley 191 de 1995; Art. 25 al 29)

(Ver Ley 219 de 1995; Art. 2)

(Ver Ley 223 de 1995)

(Ver Ley 272 de 1996; Art. 3)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 40)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 395 de 1997; Art. 16)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 120)

(Ver Ley 488 de 1998)

(Ver Ley 534 de 1999; Art. 2)

(Ver Ley 546 de 1999; Art. 56)

(Ver Ley 550 de 1999)

(Ver Ley 633 de 2000)

(Ver Ley 677 de 2001; Art. 16)

(Ver Ley 685 de 2001; Art. 236)

(Ver Ley 716 de 2001)

(Ver Ley 788 de 2002)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 126)

(Ver Ley 818 de 2003)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Ley 863 de 2003)

(Ver Ley 924 de 2004)

(Ver Ley 925 de 2004; Art. 4)

(Ver Ley 939 de 2004)

(Ver Ley 964 de 2005; Art. 82)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1064 de 2006; Art. 6)

(Ver Ley 1066 de 2006)

(Ver Ley 1099 de 2006)

(Ver Ley 1101 de 2006; Art. 3)

(Ver Ley 1233 de 2008)

(Ver Ley 1378 de 2010)

(Ver Ley 1558 de 2012)

(Ver Ley 1707 de 2014; Art. 3)

(Ver Ley 1911 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-510-92; C-553-92; C-560-92; C-575-92; C-058-2001; C-172-2001; C-543-2001; C-651-2001; C-711-2001; C-806-2001; C-1097-2001; C-1148-2001; C-155-03; C-432-03; C-527-03; C-1035-03; C-349-04; C-508-06; C-517-07; C-621-07; C-173-08; C-228-09; C-1018-12; C-030-19)

13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-478-92; C-021-93; C-529-93; C-021-94; C-050-94; C-070-94; C-132-94; C-781-2001; )

14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañias o entidades públicas, sin autorización previa.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 11)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-337-93)

15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-057-93; C-859-2001; C-766-10)

16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-279-2001; C-953-2001; C-012-04; C-129-04; C-309-04; C-622-04; C-121-08; C-378-09; C-823-11)

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistias o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistia o indulto.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Legislativo 2 de 2019.)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 20 Num. 3; Art. 120 Num. 2)

(Ver Ley 40 de 1993; Art. 14)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 57)

(Ver Ley 589 de 2000; Art. 14)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1820 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-127-93; C-171-93; C-207-93; C-214-93; C-415-93; C-008-94; C-179-94; C-928-05;

18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldias.

(Ver Ley 41 de 1993)

(Ver Ley 70 de 1993)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 123 al 130)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1738 de 2014; Art. 7; Art. 8)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 146)

a) Organizar el credito público;

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Inc. 10)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, Lit. c)

(Ver Ley 185 de 1995)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 487 de 1998)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-068-93; C-311-94; C-357-94; C-490-94; C-547-94; C-566-94)

b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;

(Ver Constitución Política; Art. 371)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Inc. 10)

(Ver Ley 518 de 1999)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-553-92; C-564-92; C-021-93; C-084-93; C-103-93; C-364-93; C-445-93; C-468-93; C-354-06; C-140-07; C-339-07; C-624-07; C-860-07)

c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas;

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, Num. 2.9.)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 763 de 2002)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1609 de 2013)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-311-92; C-511-92; C-563-92; C-062-93; C-083-93; C-085-93; C-798-04; C-140-07; C-624-07; C-723-07)

d) Regular las actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquierá otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;

(Ver Constitución Política; Art. 335)

(Ver Ley 35 de 1993; Art. 1 al 4)

(Ver Ley 510 de 1999)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 676 de 2001)

(Ver Ley 795 de 2003)

(Ver Ley 789 de 2002; Art. 16 Num. 14)

(Ver Ley 905 de 2004; Art. 18; Art. 19)

(Ver Ley 920 de 2004)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1133 de 2007; Art. 10)

(Ver Ley 1328 de 2009)

(Ver Ley 1430 de 2010)

(Ver Ley 1527 de 2012)

(Ver Ley 1735 de 2014)

(Ver Ley 1902 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-558-92; C-015-93; C-024-93; C-074-93; C-132-93; C-209-93; C-364-93; C-542-93; C-700-99; C-955-00; C-041-06; C-553-07; C-438-11; C-823-11)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

(Ver Ley 4 de 1992)

(Ver Ley 116 de 1994; Art. 2)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 43 al 46)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, Lit. c)

(Ver Ley 199 de 1995)

(Ver Ley 244 de 1995)

(Ver Ley 245 de 1995)

(Ver Ley 332 de 1996)

(Ver Ley 352 de 1997)

(Ver Ley 445 de 1998)

(Ver Ley 476 de 1998)

(Ver Ley 923 de 2004)

(Ver Ley 987 de 2005)

(Ver Ley 995 de 2005

(Ver Ley 1071 de 2006)

(Ver Ley 1660 de 2013)

f) Regular el régimen de prestaciones sociales minimas de los trabajadores oficiales.

(Ver Ley 4 de 1992)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2 Lit. c)

(Ver Ley 245 de 1995)

(Ver Ley 401 de 1997; Art. 12)

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogarselas.

La Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente en aclaración del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991, informo lo sucedido con el tenor original del literal f) públicado en la Gaceta No. 114, el cual establecia: "f) Regular la educación".

20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 367 a 392)

21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los limites a la libertad económica.

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 256 de 1996)

(Ver Ley 344 de 1996)

(Ver Ley 550 de 1999)

(Ver Ley 590 de 2000)

(Ver Ley 617 de 2000)

(Ver Ley 905 de 2004)

(Ver Ley 922 de 2004)

(Ver Ley 1116 de 2006)

(Ver Ley 1173 de 2007)

(Ver Ley 1314 de 2009)

22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva.

(Ver Ley 31 de 1992)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 17)

(Ver Ley 1484 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-478-92; C-021-93; C-455-93; C-468-93; C-529-93; C-021-94; C-050-94; C-070-94; C-132-94; C-489-94; C-490-94; C-521-94; C-547-94; C-560-94; C-566-94; C-401-2001; C-781-2001)

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.

(Ver Ley 37 de 1993)

(Ver Ley 41 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 100 de 1993)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 146)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 143 de 1994)

(Ver Ley 489 de 1998)

(Ver Ley 632 de 2000)

(Ver Ley 689 de 2001)

(Ver Ley 769 de 2002)

(Ver Ley 797 de 2003)

(Ver Ley 856 de 2003)

(Ver Ley 903 de 2004)

(Ver Ley 1005 de 2006)

(Ver Ley 1215 de 2008)

(Ver Ley 1228 de 2008)

(Ver Ley 1239 de 2008)

(Ver Ley 1250 de 2008)

(Ver Ley 1281 de 2009)

(Ver Ley 1310 de 2009)

(Ver Ley 1383 de 2010)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1506 de 2012)

(Ver Ley 1548 de 2012)

(Ver Ley 1696 de 2013)

(Ver Ley 1730 de 2014)

(Ver Ley 1949 de 2019)

24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 98 de 1993)

(Ver Ley 178 de 1994)

(Ver Ley 243 de 1995)

(Ver Ley 545 de 1999)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-095-93; C-115-93; C-144-93)

25. Unificar las normas sobre policia de transito en todo el territorio de la República.

(Ver Ley 769 de 2002)

(Ver Ley 903 de 2004)

(Ver Ley 1310 de 2009)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1548 de 2012)

(Ver Ley 1696 de 2013)

(Ver Ley 1730 de 2014)

Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional.

PARÁGRAFO . Las disposiciones del inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política, en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones y serán aplicadas a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Legislativo 2 de 2019)

(Ver Ley 21 de 1992; Art. 107)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2 Num. 3o.; Art. 3)

(Ver Ley 590 de 2000; Art. 12)

(Ver Ley 785 de 2002; Art. 3)

(Ver Ley 816 de 2003)

(Ver Ley 905 de 2004; Art. 9)

(Ver Ley 963 de 2005)

(Ver Ley 1005 de 2006)

(Ver Ley 1150 de 2007)

(Ver Ley 1239 de 2008)

(Ver Ley 1281 de 2009)

(Ver Ley 1343 de 2009)

(Ver Ley 1383 de 2010)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1508 de 2012)

(Ver Ley 1548 de 2012)

ARTÍCULO 151. El Congreso expedira leyes organicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se estableceran los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes organicas requeriran, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.

(Ver Ley 5 de 1992)

(Ver Ley 80 de 1993 Art. 41 PARÁGRAFO 1)

ARTÍCULO 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:

a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;

(Ver Ley 133 de 1994)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1581 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013)

(Ver Ley 1621 de 2013)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1751 de 2015)

(Ver Ley 1755 de 2015)

b) Administración de justicia;

(Ver Ley 270 de 1996)

(Ver Ley 286 de 1996)

(Ver Ley 585 de 2000)

(Ver Ley 771 de 2002)

(Ver Ley 785 de 2002)

(Ver Ley 1285 de 2009)

(Ver Ley 1781 de 2016)

(Ver Ley 1957 de 2019)

c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales;

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 616 de 2000)

(Ver Ley 1157 de 2007)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Ley 1909 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-488-93; C-089-94; C-145-94; C-353-94; C-484-96; C-1159-2000; C-1338-00; C-155-05; C-161-08; C-283-17)

d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 1)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, literal b)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 21)

(Ver Ley 563 de 2000)

(Ver Ley 649 de 2001)

(Ver Ley 741 de 2002)

(Ver Ley 743 de 2002)

(Ver Ley 850 de 2003)

(Ver Ley 892 de 2004)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1622 de 2013)

(Ver Ley 1745 de 2014)

(Ver Ley 1757 de 2015)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Ley 1885 de 2018)

e) Estados de excepción.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 207)

(Ver Ley 137 de 1994)

(Ver Ley 1095 de 2006; Art. 1. Inc. 2)

f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reuan los requisitos que determine la ley.

(Literal adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004.)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 207)

(Ver Ley 996 de 2005)

g) Literal adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2012. INEXEQUIBLE>

PARÁGRAFO TRANSITORIO . El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentaran, antes del 1o de marzo de 2005, un Proyecto de Ley Estatutaria que desarrolle el literal f) del artículo 152 de la Constitución y regule además, entre otras, las siguientes materias: Garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnetico, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de replica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República.

El proyecto tendra mensaje de urgencia y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. El Congreso de la República expedira la Ley Estatutaria antes del 20 de junio de 2005. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del Proyecto de Ley Estatutaria, por parte de la Corte Constitucional.

(Inciso INEXEQUIBLE Si el Congreso no expidiere la ley en el término señalado o el proyecto fuere declarado inexequible por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en un plazo de dos (2) meses reglamentará transitoriamente la materia.)

(Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1153-05; C-665-06)

ARTÍCULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigira la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla.

ARTÍCULO 154. Las leyes pueden tener origen en cualquierá de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

(Ver Constitución Política; Art. 294)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 129)

(Ver Ley 123 de 1994)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 29)

(Ver Ley 223 de 1995; Art. 14)

(Ver Ley 299 de 1996; Art. 14)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 39)

(Ver Ley 454 de 1998; Art. 37)

(Ver Ley 633 de 2000)

(Ver Ley 716 de 2001)

(Ver Ley 773 de 2002; Art. 4)

(Ver Ley 788 de 2002)

(Ver Ley 811 de 2003; Art. 1 (Adición del Artículo 129 de la Ley 101 de 1993)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Ley 863 de 2003)

(Ver Ley 939 de 2004)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1099 de 2006)

(Ver Ley 1422 de 2010)

Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno.

Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.

ARTÍCULO 155. Podran presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del pais. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.

Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oido por las Cámaras en todas las etapas del trámite.

(Ver Constitución Política; Art. 375)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 2; Art. 58)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 47 Inc. 2)

(Ver Ley 1625 de 2013; Art. 18)

ARTÍCULO 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

(Se sustituye la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" sustituida por la de "Consejo de Gobierno Judicial" por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Ley 974 de 2005; Art. 13)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-527-94; C-646-2001)

TEXTO ANTERIOR: La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

ARTÍCULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 147)

1. Haber sido públicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 144 Num. 3)

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 9)

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 147 Inc. 4.; Art. 196)

ARTÍCULO 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comision. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 148 a 195)

ARTÍCULO 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva camará a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 166)

ARTÍCULO 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho dias, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince dias.

Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.

En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 157 Inc. 1; Art. 175)

Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá darsele el curso correspondiente.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 157 Inc. 1)

Ningu proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.

(Inciso Adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003)

ARTÍCULO 161. Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría.

Previa publicación por lo menos con un dia de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si despues de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considerá negado el proyecto.

(Artículo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

TEXTO ANTERIOR: Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada cámara. Si despues de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto.

ARTÍCULO 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningu proyecto podrá ser considerado en mas de dos legislaturas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 190)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-133-93; C-166-93; C-168-2001; C-068-04; C-069-04; C-433-04; C-885-04; C-857-06; C-933-06; C-202-16; C-360-16)

ARTÍCULO 163. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva camará deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta dias. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendra prelación en el orden del dia excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva camará o comisión decida sobre el.

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra camará para darle primer debate.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 169 Num. 2; Art. 191)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 31; Art. 32)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-607-92; C-025-93; C-045-94; C-510-96; C-809-2001; C-1190-2001; C-872-02; C-658-03; C-864-06; C-637-15; C-481-19)

ARTÍCULO 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 192; Art. 216)

(Ver Ley 169 de 1994)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 297 de 1996)

(Ver Ley 1085 de 2006)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-202-2001; C-071-03; C-572-04)

ARTÍCULO 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si este no lo objetare, dispondra que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la camará en que tuvo origen.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-167-93; C-058-94; C-241-94; C-251-94; C-528-94; C-090-2001; C-202-2001; C-500-2001; C-581-2001; C-974-2001; C-1145-2001; C-071-03; C-069-04; C-120-04; C-280-04; C-889_04; C-932-06)

ARTÍCULO 166. El Gobierno dispone del término de seis dias* para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de mas de veinte artículos; de diez dias, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte dias cuando los artículos sean mas de cincuenta.

Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendra el deber de públicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.

Constitución Política; Art. 168

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-057-93; C-227-93; C-270-93; C-268-95; C-380-95; C-292-96; C-028-97; C-089-2001; C-090-2001; C-197-2001; C-198-2001; C-502-2001; C-580-2001; C-581-2001; C-737-2001; C-804-2001; C-805-2001; C-859-2001; C-1249-2001; C-068-04; C-069-04; C-932-06; C-911-07; C-1040-07; C-714-08; C-634-15)

ARTÍCULO 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a segundo debate.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 197; Art. 199)

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad mas uno de los miembros de una y otra Cámara.

Exceptuase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional.

En tal evento, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis dias siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.

(Ver Constitución Política; Art. 162)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119, Num. 10; Art. 199)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-883-07; C-082-19)

Si la Corte considerá que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oido el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119, Num. 1; Art. 200; Art. 203)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-057-93; C-227-93; C-241-94; C-251-94; C-490-94; C-566-94; C-045-2001; C-089-2001; C-090-2001; C-168-2001; C-197-2001; C-502-2001; C-580-2001; C-705-2001; C-706-2001; C-707-2001; C-737-2001; C-804-2001; C-805-2001; C-825-2001; C-826-2001; C-859-2001; C-1249-2001; C-086-2001; C-068-04; C-069-04; C-070-04; C-433-04; C-985-06; C-663-07; C-883-07; C-1040-07; C-328-13; C-634-15; C-202-16; C-633-16)

ARTÍCULO 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 201)

(Ver Ley 109 de 1994; Art. 4)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-270-93; C-433-04; C-927-2005; C-714-08)

ARTÍCULO 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta formula:
"El Congreso de Colombia,
DECRETA".

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 193)

ARTÍCULO 170. Un número de ciudadanos equivalente a la decima parte del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley.

La ley quedará derogada si así lo determina la mitad mas uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en este una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias.

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 3; Art. 4)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 47 Inc. 2)
CAPÍTULO 4. DEL SENADO
ARTÍCULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.

Habra un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indigenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indigenas se regira por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indigenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido lider de una organización indigena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

(Ver Constitución Política; Art. 112 Inc. 5; (Transitorio 1; Transitorio 2)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2017; Art. 1)

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 2)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 15)

(Ver Ley 649 de 2001)

(Ver Ley 1921 de 2018; Art. 1)

ARTÍCULO 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener mas de treinta años de edad en la fecha de la elección.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 60; Art. 61)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 43)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-487-93; C-130-94; C-145-94; C-093-2001)

ARTÍCULO 173. Son atribuciones del Senado:

1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.

2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confierá el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el mas alto grado.

3. Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la República.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 323; Art. 325)

4. Permitir el transito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313 Num. 8)

6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.

7. Elegir al Procurador General de la Nación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-1293-2001)

ARTÍCULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

(Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016)

(Ver Constitución Política; Art. 234)

(Ver Ley 734 de 2002; 193 al 215)

(Ver Ley 1010 de 2006; Art. 17)

TEXTO ANTERIOR: Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

ARTÍCULO 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-893-2001)

1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-032-93)

2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o perdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguira juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 267)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 49)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-152-93; C-558-94)

3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondra al acusado a disposición de la Corte Suprema.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 267)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-152-93)

4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservandose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 193 al 215)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-198-94)
CAPÍTULO 5. DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
ARTÍCULO 176. La Cámara de Representantes se elegira en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

Cada departamento y el Distrito capital de Bogota, conformará una circunscripción territorial. Habra dos representantes por cada circunscripción territorial y uno mas por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina, elegira adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley.

(Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencias de la Corte Constitucional C-290 de 2017 y C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: Habra dos representantes por cada circunscripción territorial y uno mas por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000.

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogota conformarán una circunscripción territorial.

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos etnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos asi: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indigenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta ultima, solo se contabilizarán los votos depositados fuerá del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.

(Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencias de la Corte Constitucional C-290 de 2017 y C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos etnicos y los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cinco (5) representantes, distribuidos asi: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indigenas, y dos (2) por la circunscripción internacional. En esta ultima, solo se contabilizarán los votos depositados fuerá del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.

PARÁGRAFO 1. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le corresponderá a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules.

PARÁGRAFO 2. Si como resultado de la aplicación de la formula contenida en el presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o mas curules, mantendra las mismas que le correspondian a 20 de julio de 2002.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a mas tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) dias siguientes a esa fecha. En dicha reglamentación se incluiran, entre otros temas, la inscripción de candidatos, y la inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, los mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a traves de los Consulados y Embajadas, y la financiación estatal para visitas al exterior por parte de los Representantes elegidos.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2013.)

(Artículo modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2005)

(Artículo modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2005)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2005)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 15)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 649 de 2001)

(Ver Decreto 4766 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-532-93; C-353-94; C-047-2001; C-169-2001; C-759-04; C-866-04; C-665-06)

TEXTO ANTERIOR: La Cámara de Representantes se elegira en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

Habra dos representantes por cada circunscripción territorial y uno mas por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogota conformarán una circunscripción territorial.

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos etnicos y de las minorias políticas y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes.

ARTÍCULO 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener mas de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.

ARTÍCULO 178. La Cámara de Representantes tendra las siguientes atribuciones especiales:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-487-93; C-130-94; C-145-94; C-093-2001; C-169-2001)

1. Elegir al Defensor del Pueblo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 306; Art. 307)

2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor General de la República.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 268 Num. 2; Art. 305 Num. 2; Art. 309; Art. 310)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-376-94)

3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.

(Numeral modificado por el artículo 7 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015; Art. 26 Inc. 5)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 305; Art. 311; Art. 312)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-472-94; C-558-94; C-646-2001)

TEXTO ANTERIOR: Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados.

4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan merito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

(Ver Ley 273 de 1996)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-558-94)

5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 305)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 193 al 215)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-417-93; C-428-93; C-487-93; C-179-94; C-198-94; C-212-94)

ARTÍCULO 178A. (Artículo INEXEQUIBLE)

(Artículo adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Artículo declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373-16 de 2016)
CAPÍTULO 6. DE LOS CONGRESISTAS
ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-111-98; C-952-2001)

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-342-06)

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 8; Art. 58)

(Ver Ley 1881 de 2018; Art. 18)

(Ver Ley 1437 de 2011 Art. 275 Num. 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-040-93; C-546-94; C-543-2001)

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 280 Num. 4)

5. Quienes tengan vinculos por matrimonio, o union permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 23)

6. Quienes esten vinculados entre si por matrimonio, o union permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-415-94)

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

8. Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

(Numeral modificado por el artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 2009. Declarado INEXEQUIBLE.)

(Numeral modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. Declarado INEXEQUIBLE)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 23)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-093-94; C-145-94; C-334-94; C-572-04)

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considerá que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 279; Art. 280)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 23)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 9)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-532-92; C-537-93; C-507-94; C-329-95; C-540-2001; C-015-04; C-101-18)

ARTÍCULO 180. Los congresistas no podrán:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 283 Inc. 1)

(Ver Ley 144 de 1994; Art. 18)

(Ver Ley 1881 de 2018; Art. 20)

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 44)

3. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.

(Numeral modificado por el paragrafo 2. artículo 2. del Acto Legislativo No. 3 de 1993.)

TEXTO ANTERIOR: Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptua la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 8)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-093-94; C-334-94; C-349-94; C-497-94; C-507-94)

PARÁGRAFO 1. Se exceptua del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la catedra universitaria.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 283 Num 1)

PARÁGRAFO 2. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con el un contrato o acepte que actue como gestor en nombre propio o de terceros, incurrira en causal de mala conducta.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 58)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 282)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-329-95)

ARTÍCULO 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para el desempeño de cargo o empleo público o privado, caso en el cual solo deberá mediar la renuncia debidamente aceptada. Para el caso de cargos de elección popular, la renuncia deberá ser antes de la correspondiente inscripción.

(Inciso MODIFICADO por el Art. 5 del Decreto 027 de 2023)

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesion.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 283; Art. 284; Art. 285)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 8; Art. 44)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-334-94; C-349-94; C-497-94; C-329-95)

ARTÍCULO 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 168; Art. 285; Art. 286; Art. 287; Art. 291; Art. 292; Art. 294)

(Ver Ley 144 de 1994; Art. 16)

(Ver Ley 1881 de 2018; Art. 18)

(Ver Ley 2003 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-089-94; C-337-06)

ARTÍCULO 183. Los congresistas perderan su investidura:

(Ver Acto Legislativo 1 de 2009)

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 286; Art. 287; Art. 296 Num. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-093-94; C-334-94; C-349-94; C-507-94)

2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 90; Art. 268 Num. 1.; Art. 270 Num. 4., Parágrafo; Art. 271; Art. 274; Art. 295)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 34 Num. 11)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 38 Num. 12)

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho dias siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 280 Num. 4; Art. 296 Nums. 1 y 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-537-93; C-089-94; C-319-94;
PARÁGRAFO .
(Inciso adicionado al paragrafo por el artículo 1. del Acto Legislativo 1 de 2011)

(Inciso 1 del Parágrafo INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1056 de 2012)

TEXTO ANTERIOR: La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendra aplicación cuando los Congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos.

Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.

(Ver Constitución Política; Art. 109 Inc. 7.; Art. 110; Art. 268 Num. 10)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 90; Art. 124; Art. 127 Inc. 2o.; Art. 293; Art. 295)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 44)

(Ver Decreto 31 de 2011)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-037-96)

ARTÍCULO 184. La perdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la camará correspondiente o por cualquier ciudadano.

(Ver Constitución Política; Art. 31)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 41 Num. 7; Art. 270 Num. 4; Art. 265; Art. 299)

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-011-94; C-319-94; C-507-94; C-207-03; C-254A-12)

ARTÍCULO 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 265)

(Ver Ley 1828 de 2017)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-245-96; C-572-04)

ARTÍCULO 186. De los delitos que cometan los Congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, uica autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primerá Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las Sentencias que profierá la Sala Especial de Primerá Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La primerá condena podrá ser impugnada.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2018)

(Ver Constitución política; Art. 235 Num. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 267)

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-025-93; C-152-93: C-319-94; C-472-94; C-040-02; C-934-06; C-240-14)

ARTÍCULO 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-423-94; C-1064-2001)
DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NOTA ACLARATORIA
Los epigrafes tanto del Titulo VII, como del Capítulo I, fueros corregidos por Aclaración de la Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991.

Los epigrafes correspondientes a los públicados en la Gaceta No. 116, son los siguientes:
"LA RAMA EJECUTIVA" CAPÍTULO I. "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA".
ARTÍCULO 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(Ver Ley 4 de 1913; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1172-2001; C-022-04)

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-479-92; C-391-93;)

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomaticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someteran a la aprobación del Congreso.

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-048-2001; C-404-03)

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

(Ver Ley 418 de 1997; Art 105 al 116)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-574-92)

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313)

(Ver Ley 251 de 1995)

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el transito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313 Num. 9)

8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.

9. Sancionar las leyes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 147)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-92)

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y ordenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 105)

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 18)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-465-92; C-089A-94)

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 150, Numeral 7)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Nums. 2)

(Ver Ley 489 de 1998)

(Ver Decreto 254 de 2000)

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Num. 3)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 105)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 75)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 54)

.(Ver Ley 790 de 2002; Art. 1o.; Art. 2)

(Ver Ley 905 de 2004; Art. 4 Literal m)

(Ver Ley 1314 de 2009; Art. 11)

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1293-2001)

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 31)

(Ver Ley 72 de 1993)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 1740 de 2014)

22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 31)

(Ver Ley 31 de 1992; Art. 46)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 2; Art. 3)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2)

(Ver Ley 222 de 1995; Art. 82)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 689 de 2001)

(Ver Ley 1740 de 2014)

23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 11)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-374-94)

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.

(Ver Ley 454 de 1998; Art. 53)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 510 de 1999)

(Ver Ley 795 de 2003)

25. Organizar el Credito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 150 Num. 19 Lit. c)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.9)

(Ver Ley 185 de 1995)

(Ver Ley 487 de 1998)

(Ver Ley 510 de 1999)

(Ver Ley 518 de 1999)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1066 de 2006)

(Ver Ley 1609 de 2013)

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad comu para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 31)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 1740 de 2014)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-311-94; C-008-2001)

27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos utiles, con arreglo a la ley.

(Ver Ley 23 de 1992; Art. 6)

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-095-93)

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley.

(Ver Ley 4 de 1913; Art. 66)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 19; Art. 20)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

ARTÍCULO 190. El Presidente de la República será elegido para un periodo de cuatro años, por la mitad mas uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendra lugar tres semanas mas tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las mas altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos.

En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercerá votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.

Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por quince dias.

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 31 Inc. 3)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 44) (Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-353-94)

ARTÍCULO 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-130-94)

ARTÍCULO 192. El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".

Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos.

ARTÍCULO 193. Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo.

Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado o, en receso de este, a la Corte Suprema de Justicia.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313; Art. 323)

ARTÍCULO 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos ultimos por el Senado.

Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175.

ARTÍCULO 195. El encargado del Ejecutivo tendra la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces hace.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-92; C-428-93)

ARTÍCULO 196. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de este, a la Corte Suprema de Justicia.

La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.

El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del pais dentro del año siguiente a la fecha en que ceso en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado.

Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313)

ARTÍCULO 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente.

No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquierá de los siguientes cargos:

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policia, Gobernador de departamento o Alcalde.

(Aparte tachado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016)

(Artículo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2004. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1040 de 2005)

(Ver Constitución Política; Art. 322)

(Ver Ley 996 de 2005)

TEXTO ANTERIOR: No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio.

Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquierá de los siguientes cargos:

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, Ministros del Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Director de Departamento Administrativo, Gobernador de Departamento o Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogota.

ARTÍCULO 198. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.

ARTÍCULO 199. El Presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.
CAPÍTULO 2. DEL GOBIERNO
ARTÍCULO 200. Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso:

1. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 140; Art. 142 Parágrafo)

2. Convocarlo a sesiones extraordinarias.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 116 a 138)

3. Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.

(Ver Ley 152 de1994)

(Ver Ley 508 de 1999)

(Ver Ley 812 de 2003)

(Ver Ley 1151 de 2007)

(Ver Ley 1450 de 2011)

(Ver Ley 1753 de 2015)

(Ver Ley 1955 de 2019)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1065-2001)

4. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 209) (Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-206-93; C-179-94)

5. Rendir a las cámaras los informes que estas soliciten sobre negocios que no demanden reserva.

6. Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten poniendo a su disposición la fuerza pública, si fuere necesario.

ARTÍCULO 201. Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial:

1. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-127-93; C-171-93; C-207-93; C-214-93; C-415-93)

2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 120; Art. 254 Num. 6 Lit. e)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 23)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 57)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1820 de 2016)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-928-05;)
CAPÍTULO 3. DEL VICEPRESIDENTE
ARTÍCULO 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo dia y en la misma formula con el Presidente de la República.

Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada formula quienes la integraron en la primera.

El Vicepresidente tendra el mismo periodo del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que estas se presenten antes de su posesion.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 18 Num. 1)

En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primerá oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumira el cargo hasta el final del periodo.

El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva.

El Vicepresidente no podrá asumir funciones de Ministro Delegatario.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-093-94)

ARTÍCULO 203. A falta del Vicepresidente cuando estuvierá ejerciendo la Presidencia, esta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.

La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-428-93)

ARTÍCULO 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

TEXTO ANTERIOR: El Vicepresidente podrá ser reelegido para el periodo siguiente si integra la misma formula del Presidente en ejercicio.

(Inciso 2 derogado por el artículo 10 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: El Vicepresidente podrá ser elegido Presidente de la República para el periodo siguiente cuando el Presidente en ejercicio no se presente como candidato.

(Inciso 3 derogado por el artículo 10 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018.)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-130-94; C-1153-05)

TEXTO ANTERIOR: Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de la República, ni Vicepresidente para el periodo inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunira por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de remplazarlo para el resto del periodo. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-093-94; C-334-94)
CAPÍTULO 4. DE LOS MINISTROS Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 206. El número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-089A-94; C-212-94; C-808-2001)

ARTÍCULO 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-089A-94; C-130-94; C-141-2001)

ARTÍCULO 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 140 Num. 2; Art. 233; Art. 234; Art. 235; Art. 237)

Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince dias de cada legislatura, informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren convenientes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 79 Num. 7; Art. 84; Art. 233; Art. 234; Art. 254 Num. 4)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 96)

Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 79, numeral 7; Art. 84; Art. 233; Art. 234; Art. 235; Art. 237 a 260)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-022-94; C-069-94; C-808-2001; C-1258-2001; C-317-12)
CAPÍTULO 5. DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 209. La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

(Ver Ley 1066 de 2006)

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 384 Num. 3)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 91; Art. 186)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2)

(Ver Ley 344 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 81; Art. 100)

(Ver Ley 716 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 785 de 2002; Art. 7)

(Ver Ley 809 de 2003; Art. 1; Art. 2)

(Ver Ley 951 de 2005)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Ley 970 de 2005)

(Ver Ley 1006 de 2006)

(Ver Ley 1066 de 2006)

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 13; Art. 21)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1454 de 2011; Art. 27)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1523 de 2012; Art. 3. Num. 10)

(Ver Ley 1698 de 2013; Art. 13)

(Ver Ley 1702 de 2013; Art. 7. Inc. Final)

(Ver Ley 1816 de 2016; Art. 6.)

(Ver Ley 1952 de 2019

ARTÍCULO 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por ley o por autorización de esta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.

Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 32, numerales 3. y 4)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 101 y otros)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 678 de 2001)

La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 1, literal b; Art. 14)

ARTÍCULO 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

(Ver Ley 31 de 1992, Art. 47)

(Ver Ley 49 de 1993; Art. 56)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 12)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 169)

(Ver Ley 181 de 1995; Art. 84)

(Ver Decreto 2150 de 1995; Art. 37)

(Ver Ley 434 de 1998; Art. 8o. Art. 9)

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 40 Inc. 2)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 9 al 14)
CAPÍTULO 6. DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION
ARTÍCULO 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendra las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad.

La declaración del Estado de Guerra Exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresion.

Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunira con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periodicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 120 Nums. 1 y 2; Art. 254 Num. 6 Lit. c)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 42)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 22 al 33)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 533 de 1999; Art. 7)

ARTÍCULO 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policia, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa dias, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendra las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa dias mas.

Dentro de los tres dias siguientes a la declaratoria o prorroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunira por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254; Art. 313)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 17; Art. 42)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 34 al 45)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 533 de 1999; Art. 7)

(Ver Decreto 1837 de 2002)

(Ver Decreto 3929 de 2008)

(Ver Ley 1341 de 2009; Art. 8)

ARTÍCULO 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someteran a las siguientes disposiciones:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-739-2001; C-171-04; C-431-04)

1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-033-93)

2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 3)

(Ver Ley 171 de 1994)

(Ver Ley 173 de 1994)

(Ver Ley 251 de 1995)

(Ver Ley 297 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 5)

(Ver Ley 1095 de 2006; Art. 1. Inc. 2.)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-018-93; C-027-93; C-581-2001; C-291-07; C-534-08)

3. No se interrumpira el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-034-93; C-048-2001)

4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al Estado de Conmoción Interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el Estado de Excepción.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-338-94; C-408-94)

5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-032-93)

6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al dia siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

(Ver Ley 137 de 1994)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-004-92; C-579-92; C-300-94; C-366-94; C-466-95; C-027-96; C-122-97; C-063-03; C-067-00; C-802-02; C-122-03; C-148-03; C-327-03; C-070-09)

ARTÍCULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del pais, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por periodos hasta de treinta dias en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa dias en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos ultimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez dias siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta dias, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254 Num. 6 Lit. b)

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunira por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

PARÁGRAFO . El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al dia siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 42)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 46 al 50)

(Ver Ley 533 de 1999; Art. 7)

(Ver Ley 1341 de 2009; Art. 8)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 170)
CAPÍTULO 7. DE LA FUERZA PUBLICA
ARTÍCULO 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policia Nacional.

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

(Ver Ley 48 de 1993)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 74)

(Ver Ley 352 de 1997; Art. 1)

(Ver Ley 548 de 1999; Art. 2)

(Ver Ley 694 de 2001)

(Ver Ley 924 de 2004)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1481 de 2011)

(Ver Ley 1565 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-007-93; C-027-93; C-031-93; C-034-93; C-077-93; C-1214-2001; C-048-2001; C-740-2001; C-404-03; C-753-08; C-879-11; C-082-18; C-277-19)

ARTÍCULO 217. La Nación tendra para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aerea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 103)

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

(Ver Ley 48 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 836 de 2003)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1033 de 2006)

(Ver Decreto 1790 de 2000)

(Ver Decreto 1428 de 2007)

(Ver Ley 1279 de 2009; Art. 1.; Art. 2o.; Art. 3)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policia.

La Policia Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

(Ver Ley 62 de 1993)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 20; Art. 21)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 73)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1033 de 2006)

(Ver Ley 1249 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1259 de 2008)

(Ver Ley 1270 de 2009)

(Ver Ley 1279 de 2009; Art. 2.; Art. 5.; Art. 6.; Art. 7)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1466 de 2011)

(Ver Ley 1801 de 2016)

ARTÍCULO 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legitima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-034-93; C-112-93; C-431-04)

ARTÍCULO 220. Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-453-94; C-676-2001; C-432-04)

ARTÍCULO 221. De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reua las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario.

(Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-084 de 2016)

La Justicia Penal Militar o policial será independiente del mando de la Fuerza Pública.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2015)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2012.)

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 1995)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2012; Art. 1 Inc. 3; Art. 4 Transitorio.; Art. 5 Transitorio.)

(Ver Ley 1224 de 2008)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1765 de 2015; Art. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-001A-92; C-007-93; C-055-93; C-093-93; C-152-93; C-226-93; C-592-93; C-240-94; C-141-95; C-399-95; C-563-95; C-047-96; C-196-97; C-358-97; C-561-97; C-146-98; C-445-98; C-368-99; C-476-99; C-089-00; C-368-00; C-878-00; C-361-2001; C-676-2001; C-713-01; C-740-01; C-1054-2001; C-1068-2001; C-1149-2001; C-1214-2001; C-1262-2001; C-228-02; C-286-02; C-457-02; C-709-02; C-710-02; C-756-02; C-802-02; C-980-02; C-160-03; C-182-03; C-209-03; C-228-03; C-407-03; C-879-03; C-892-03; C-171-04; C-1002-05; C-1079-05; C-1176-05; C-736-06; C-291-07; C-928-07; C-533-08; C-1184-08; C-308-09; C-469-09; C-373-11; C-326-16; C-372-16)

TEXTO ANTERIOR: De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar

ARTÍCULO 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-453-94; C-1293-2001)

ARTÍCULO 223. Solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.

Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

(Ver Ley 61 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 1, literal b; Art. 14)

(Ver Ley 554 de 2000)

(Ver Ley 684 de 2001; Art. 5; Art. 21, literal J)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 55)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-031-93; C-077-93; C-127-93; C-207-93; C-214-93; C-464-93; C-1191-2001; C-082-18)
CAPÍTULO 8. DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
ARTÍCULO 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 217)

(Ver Ley 224 de 1995; Art. 29)

(Ver Ley 539 de 1999)

(Ver Ley 1008 de 2006)

(Ver Ley 1873 de 2017; Art. 26)

(Ver Ley 1940 de 2018; Art. 26)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 23)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-027-93; C-974-2001; C-321-06; C-132-14; C-280-14)

ARTÍCULO 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 67)

(Ver Ley 1909 de 2018; Art. 20)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-027-93)

ARTÍCULO 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-504-92; C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-554-2001; C-005-2001; C-012-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-279-2001; C-303-2001; C-671-2001; C-834-2001; C-860-2001; C-914-2001; C-916-2001; C-953-2001; C-1145-2001; C-1034-03; C-129-04; C-249-04; C-315-04; C-150-05; C-152-05 ; C-923-07; C-926-07)

ARTÍCULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de America Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-554-2001; C-012-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-279-2001; C-860-2001; C-914-2001; C-916-2001; C-953-2001; C-974-2001; C-1145-2001; C-012-04; C-129-04; C-502-07)
DE LA RAMA JUDICIAL DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autonomo.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 49)

(Ver Ley 412 de 1997)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 35)

(Ver Ley 1285 de 2009)

(Ver Ley 1319 de 2009)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 196 al 201)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1563 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1653 de 2013)

ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en que casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 640 de 2001; Art. 4)

(Ver Ley 794 de 2003; Art. 1)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1182 de 2008)

(Ver Ley 1194 de 2008)

(Ver Ley 1224 de 2008)

(Ver Ley 1282 de 2009)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 2)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1653 de 2013)

ARTÍCULO 230. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 23)

(Ver Ley 107 de 1994; Art. 4)

(Ver Ley 1395 de 2010; Art. 115)

(Ver Ley 1564 de 2012)

ARTÍCULO 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.

(Apartes tachados INEXEQUIBLES, el aparte en letra cursiva corresponde a la corrección introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285 de 2016)

En el conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la formula de votación y el término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.

(Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 15)

(Ver Ley 1781 de 2016; Art. 1)

TEXTO ANTERIOR: Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

ARTÍCULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen credito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la catedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la catedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el area de la magistratura a ejercer.

(Numeral modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen credito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la catedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

PARÁGRAFO . Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrerá judicial.

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 34)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 9)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-487-93)

ARTÍCULO 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permaneceran en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 217; Art. 318 Inc. 2; Art. 319)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 34; Art. 130)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 9)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-417-93; C-351-95)
CAPÍTULO 2. DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
ARTÍCULO 234. La Corte Suprema de Justicia es el maximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y se compondrá del número impar de Magistrados que determine la ley. Esta dividira la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas Especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primerá condena.

La Sala Especial de Instrucción estará integrada por seis (6) Magistrados y la Sala Especial de Primerá Instancia por tres (3) Magistrados.

Los miembros de estas Salas Especiales deberán cumplir los requisitos para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les aplicará el mismo régimen para su elección y periodo.

Los Magistrados de las Salas Especiales solo tendrán competencia para conocer de manera exclusiva de los asuntos de instrucción y juzgamiento en primerá instancia en las condiciones que lo establezca la ley.

El reglamento de la Corte Suprema de Justicia no podrá asignar a las Salas Especiales el conocimiento y la decisión de los asuntos que correspondan a la Sala de Casación Penal.

Los Magistrados de las Salas Especiales no podrán conocer de asuntos administrativos, ni electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la Sala Plena.

PARÁGRAFO . Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señale la ley.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2018.)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 7)

(Ver Ley 1781 de 2016; Art. 1; Art. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-142-93; C-557-01; C-743-01; C-1106-01; C-1255-01; )

TEXTO ANTERIOR: La Corte Suprema de Justicia es el maximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividira la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

ARTÍCULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-104-93; C-142-93; C-668-2001)

2. Conocer del derecho de impugnación y del recurso de apelación en materia penal, conforme lo determine la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 186; Art. 234)

(Ver Acto Legislativo 1 de 2018; Art. 1; Art. 2)

3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido en los [numerales 2 y 3 del] artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta punible que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por Salas Especiales que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-142-93; C-152-93; C-417-93; C-934-06)

4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(Numeral 4. modificado por el artículo 13 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

(Numeral 4. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 6 de 2011)

(Ver Constitución Política; Art. 186)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 75 Num. 7)

(Ver Ley 906 de 2004; Arts. 32 Num. 7; Art. 533)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-142-93; C-222-96; C-545-08)

5. Juzgar, a traves de la Sala Especial de Primerá Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalias ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomatica o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-152-93; C-472-94; C-361-2001; C-591-2005)

6. Resolver, a traves de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primerá Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

7. Resolver, a traves de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primerá condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares.

(Ver Art. 199A de la Ley 906 de 2004)

8. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomaticos acreditados ante el Gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-240-14)

9. Darse su propio reglamento.

10. Las demás atribuciones que señale la ley.

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 50; Art. 51)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-548-94; C-349-09)

PARÁGRAFO . Cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendra para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: )

TEXTO ANTERIOR: on atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomatica o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomaticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

6. Darse su propio reglamento.

7. Las demás atribuciones que señale la ley.

PARÁGRAFO . Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendra para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
CAPÍTULO 3. DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 236. El Consejo de Estado tendra el número impar de Magistrados que determine la ley.

El Consejo se dividira en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley.

La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 34)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 9)

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-104-93; C-1255-2001; C-816-2001; C-1290-2001)

ARTÍCULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-104-93; C-226-93; C-544-93)

2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 49)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-003-93; C-039-93; C-037-96; C-560-99; C-365-2001; C-781-2001; C-400-13; C-524-13)

3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oido en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de transito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o transito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aereo de la nación, el gobierno debe oir previamente al Consejo de Estado.

4. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-535-12)

5. Conocer de los casos sobre perdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 296; Art. 299; Art. 300)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-319-94)

6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.

7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley.

(Numeral 7 adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

PARÁGRAFO . Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 75)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 15, inciso 2)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 20)

(Ver Ley 270 de 1996; 35 al 39)

(Ver Ley 393 de 1997; Art. 3)

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 50; Art. 51)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 1107 de 2006)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 10; Art. 12)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-319-94; C-353-94; C-513-94; C-816-2001; C-557-2001; C-739-2001; C-1252-2001; C-1290-2001; C-283-17)

ARTÍCULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por via judicial.

(Ver Constitución Política; Art. 4)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 30)

(Ver Ley 1107 de 2006; Art. 1)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 229 al 236)
CAPÍTULO 3A. (Capitulo adicionado por el Art. 2 del Acto Legislativo 03 de 2023) DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL.
ARTÍCULO 238A. Créase la Jurisdicción Agraria Rural. La ley determinará su competencia y funcionamiento, así como el procedimiento especial agrario y rural, con base en los principios y criterios del derecho agrario señalados en la ley, y con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos y a los Grupos étnicos: Comunidades negras o afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado.
CAPÍTULO 4. DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO 239. La Corte Constitucional tendra el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.

Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Num. 5; Art. 18 Nums 3 y 6; Art. 20; Art. 23; Art. 24; Art. 27; Art. 317; Art. 318; Art. 319)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 44)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-025-93; C-1106-2001)

ARTÍCULO 240. No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1255-2001; C-1256-2001)

ARTÍCULO 241. A la Corte Constitucional se le confia la guarda de la integridad y supremacia de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplira las siguientes funciones:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquierá que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación.

(Ver Constitución Política; Art. 379)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 34; Art. 60)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-141-10)

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos ultimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40 Inc. 2o.; Art. 100 Inc. Final; Art. 103; Art. 104; Art. 105; Art. 319 Incs 2. y 3; Art. 321 Inc. 4; Art. 379)

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-102-18)

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-221-97; C-141-01; C-048-04; C-073-04; C-158-04; C-282-04; C-283-04; C-662-04 C-734-05; C-441-19)

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 55)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-004-92; C-005-92; C-447-92; C-448-92; C-579-92; C-063-03)

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-057-93; C-292-03; C-041-04; C-068-04; C-070-04; C-307-04; C-433-04; C-397-10)

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-018-93)

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis dias siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-155-98; C-256-98; C-246-99; C-1490-00; C-005-2001; C-012-2001; C-279-2001; C-505-2001; C-861-2001; C-914-2001; C-916-2001; C-951-2001; C-1145-2001; C-071-03; C-255-03; C-291A-03; C-318-03; C-354-03; C-401-03; C-961-03; C-962-03; C-012-04; C-120-04; C-172-04; C-278-04; C-279-04; C-280-04; C-309-04; C-315-04; C-533-04; C-534-04; C-557-04; C-649-06; C-280-14; C-187-19; C-234-19)

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

(Numeral 11 modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

12. Darse su propio reglamento.

(Numeral 12 adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

PARÁGRAFO . Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 202; Art. 379)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-92; C-607-92; C-018-93; C-1142-08; C-685-11; C-634-15)

ARTÍCULO 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-105-93; C-534-00; C-323-06; C-174-17; C-492-17)

1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-132-93; C-323-06)

2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.

3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-465-92; C-026-93; C-586-2001; C-737-2001; C-035-03; C-666-05; C-734-05; C-926-06; C-102-11; C-641-12; C-473-13; C-235-14; C-137-18)

4. De ordinario, la Corte dispondra del término de sesenta dias para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.

5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercerá parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.

(Ver Decreto Ley 889 de 2017)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-006-2001; C-429-2001; C-430-2001; C-507-2001; C-915-2001; C-1174-2001; C-1252-2001; C-1256-2001; C-1290-2001; C-966-03; C-475-06; C122-11)

ARTÍCULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen transito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.

(Ver Ley 270 de 1996; 48)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 189)

ARTÍCULO 244. La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 43)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-105-93)

ARTÍCULO 245. El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.
DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 246. Las autoridades de los pueblos indigenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 35)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-001A-92; C-027-93; C-507-2001; C-370-02; C-127-03; C-151-03; C-463-14)

ARTÍCULO 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. Tambien podrá ordenar que se elijan por votación popular.

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 4)

(Ver Ley 497 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000; Art. 1)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 4 Num. 1. Lt. d.; Art. 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-001A-92; C-027-93; C-507-2001; C-1195-2001; C-103-04; C-059-05)

ARTÍCULO 248. Unicamente las condenas proferidas en Sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los ordenes legales.

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 12)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-007-93; C-114-93; C-127-93; C-377-93; C-252-2001; C-098-03; C-245-08)
CAPÍTULO 6. DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ARTÍCULO 249. La Fiscalia General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalia General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendra autonomía administrativa y presupuestal.

(Ver Constitución Política; 125; Art. 126 Inc. 5)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 116 de 1994; Art. 1)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 64)

(Ver Ley 282 de 1996; Art. 6)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-150-93; C-487-93; C-037-96; C-057-2001; C-245-2001; C-361-2001; C-670-2001; C-775-2001; C-431-03; C-166-14)

ARTÍCULO 250. La Fiscalia General de la Nación esta obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las carácteristicas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias facticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptuan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalia General de la Nación, debera:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalia General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los limites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a mas tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

(Ver Constitución Política; Art. 30)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 21)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 14)

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a mas tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

(Aparte tachado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1092 de 2003)

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

(Ver Constitución Política; Art, 15)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-431-03; C-336-07; C-334-10; C-591-14; C-516-15)

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-570-03)

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere merito para acusar.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-620-2001)

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-180-14)

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 67 al 73)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 35 al 46)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-053-93; C-058-93; C-409-09; C-180-14; C-603-16)

8. Dirigir y coordinar las funciones de policia Judicial que en forma permanente cumple la Policia Nacional y los demás organismos que señale la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-034-93; C-404-03; C-594-14)

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

(Ver Ley 40 de 1993; Art. 18)

(Ver Ley 67 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 64)

(Ver Ley 333 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 504 de 1999; Art. 34)

(Ver Decreto 1975 de 2002)

(Ver Ley 793 de 2002)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1708 de 2014)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-066-93)

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

(Ver Ley 585 de 2000)

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1260-05)

PARÁGRAFO . La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.

(Parágrafo declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-966 de 2003)

PARÁGRAFO 2. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalia General de la Nación. En todo caso, la Fiscalia General de la Nación podrá actuar en forma preferente.

(Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 379 de 2012)

(Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 6 de 2011)

(Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2003. INEXEQUIBLE)

TEXTO ANTERIOR: Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquel los sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policia judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalia General de la Nación conformará unidades especiales de Policia Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regiran, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1039 de 2004)

(Ver Acto Legislativo 1 de 2012)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1826 de 2017)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-059-93; C-096-03; C-594-14; C-557-19)

TEXTO ANTERIOR: Corresponde a la Fiscalia General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptuan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalia General de la Nación debera:

1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.

3. Dirigir y coordinar las funciones de policia judicial que en forma permanente cumplen la Policia Nacional y los demás organismos que señale la ley.

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

La Fiscalia General de la Nación esta obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.

ARTÍCULO 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-775-2001; C-1092-03; C-013-04)

1. nuevo texto es el siguiente:> Investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalias ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero Constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

(Numeral 1 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 6 de 2011)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C C-069-94)

TEXTO ANTERIOR: Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 23)

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquierá que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquia, determinar el criterio y la posición que la Fiscalia deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

(Ver Decreto Ley 706 de 2017; Art. 12)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-232-16)

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional C-066-93; C-646-2001)

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policia Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalia General de la Nación.

(Ver Ley 526 de 1999; Art. 13)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-034-93)

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se esten adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. Acto Legislativo 3 de 2002 declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1039 de 2004)

(Ver Ley 116 de 1994; Art. 2 paragrafo)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 29)

(Ver Ley 938 de 2004; Art. 11)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-093-93; C-136-93)

TEXTO ANTERIOR: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.

3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policia judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalia General de la Nación.

5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se esten adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

ARTÍCULO 252. Aun durante los Estados de Excepción de que trata la Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.

(Ver Ley 137 de 1994)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 28)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-034-93; C-035-93; C-052-93; C-059-93; C-093-93; C-171-93; C-207-93; C-214-93; C-415-93)

ARTÍCULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalia General de la Nación, al ingreso por carrerá y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.

(Ver Ley 4 de 1992)

(Ver Ley 332 de 1996; Art. 1)

(Ver Decreto 261 de 2000)

(Ver Ley 1653 de 2013)

(Ver Decreto 16 de 2014)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-127-93; C-409-2001; C-670-2001; C-775-2001; C-1262-2001; C-279-07; C-878-08; C-901-08)
CAPÍTULO 7. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL.
(Encabezado modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015)

ARTÍCULO 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho años, asi: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.

(Artículo modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Inc. 5o.; Art. 18 Inc. 6; Art. 20 Inc 2o.; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 27; Art. 28)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 76)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 41; Art. 42)

(Ver Ley 1653 de 2013)

TEXTO ANTERIOR: El Consejo Superior de la Judicatura se dividira en dos salas:

1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho años, asi: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.

2. Numeral derogado tacitamente según Sentencia C-285-16 La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un periodo de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podra haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley.

ARTÍCULO 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen credito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.

(Artículo modificado por el artículo 16 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 77)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-265-93; C-487-93; C-093-2001)

TEXTO ANTERIOR: La Gerencia de la Rama Judicial es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial.

La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logistico a este órgano, administrar la Rama Judicial, elaborar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial, formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el territorio nacional, administrar la Carrerá Judicial, organizar la Comisión de Carrerá Judicial, realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los funcionarios y los despachos. El Gerente de la Rama Judicial representará legalmente a la Rama Judicial. Ejercerá las demás funciones que le atribuya la ley.

ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1. Administrar la carrerá judicial.

2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptua la jurisdicción penal militar que se regira por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.

5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley.

(Artículo derogado por el artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencias de la Corte Constitucional C-029 de 2018 y C-373 de 2016. Declarado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Acto Legislativo 4 de 2011; Art. 1o. Inc. Final.)

(Ver Ley 771 de 2002)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1395 de 2010; Art. 53 al 56)

(Ver Ley 1407 de 2010)

ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplira las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40)

5. Las demás que señale la ley.

(Derogatoria tacita del artículo 257 por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 declarada INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional

(Ver Constitución Política; Art. 126 Inc. 5)

(Ver Decreto Ley 2651 de 1991; Art. 53)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 41; Art. 42)

(Ver Ley 1653 de 2013, Art. 3)

ARTÍCULO 257A. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendran periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

(Apartes tachados INEXEQUIBLES, el aparte subrayado corresponde a la corrección introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285 de 2016)

Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos.

Podra haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

PARÁGRAFO . La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumira los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejerceran sus funciones hasta el dia que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrerá de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.

(Artículo adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)
DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES
ARTÍCULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubiculos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electronicos o informaticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personeria jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen mas y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

(Modificado por el Art. 11 del Acto Legislativo 1 de 2003)

PARÁGRAFO 1. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primerá vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratandose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

(Parágrafo modificado por el Artículo 9 del Acto Legislativo 1 de 2009)

TEXTO ANTERIOR: Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primerá vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratandose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

PARÁGRAFO 2. Se podrá implementar el voto electronico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.

(Artículo modificado por el Artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003)

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 163 de 1994; Art. 17)

(Ver Ley 892 de 2004)

(Ver Ley 1227 de 2008)

TEXTO ANTERIOR: El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubiculos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen mas y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos

ARTÍCULO 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presento al inscribirse como candidato. La

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PREAMBULO EL PUEBLO DE COLOMBIA, En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la

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