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¿Cúal es el contenido restaurador de la sentencia?

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¿Cúal es el contenido restaurador de la sentencia?

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Conozco el análisis del contenido reparador y restaurador de los proyectos de sanción propia prestado por los comparecientes.

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La adición del crimen de lesa humanidad de esclavitud en la Sección de Reconocimiento. La aplicación de las teorías de Claus Roxin y Günther Jakobs para poder responsabilizar a los miembros del secretariado como máximos responsables.

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Vacíos y ambigüedades identificadas, para profundizar:

1. Definición insuficiente del “contenido restaurador”: la sentencia no delimita con precisión qué constituye un verdadero aporte restaurador ni establece estándares verificables. Ello permite que actividades de bajo impacto sean presentadas como cumplimiento, sin asegurar reparación efectiva.

2. Estándares laxos de restricción efectiva: las sanciones propias contemplan restricciones de derechos, pero sin equivalencia clara frente a la gravedad de los crímenes. El riesgo es que la restricción se perciba más simbólica que real.

3. Participación de víctimas aún genérica: aunque se reconoce un avance en inclusión, la participación sigue siendo consultiva y no decisoria, debilitando el principio de centralidad de las víctimas.

4. Verdad plena insuficiente: persisten vacíos en la información suministrada por los comparecientes, especialmente en lo relativo a desapariciones forzadas y responsabilidades individuales.

5. Ausencia de estados financieros y capacidad real de reparación: no existen informes claros sobre bienes y capacidad económica de los comparecientes para garantizar aportes materiales a la reparación.

6. Voluntad efectiva para ubicar personas desaparecidas: la sentencia reconoce obligaciones, pero los compromisos se mantienen en el plano declarativo, sin garantías operativas ni plazos verificables.

7. Proporcionalidad y detrimento público: los beneficios jurídicos (descuentos y sanción propia) no guardan plena equivalencia con la magnitud de los crímenes, lo que puede percibirse como una forma de impunidad funcional.

8. Relación costo-beneficio institucional: la inversión estatal en el sostenimiento[A1]  del régimen especial contrasta con la falta de resultados tangibles en reparación y verdad, lo que genera desconfianza social.

9. Falta de resultados tangibles y trazabilidad: la ausencia de indicadores claros de cumplimiento impide evaluar de manera objetiva los impactos reales de los TOAR.

10. Compatibilidad política sin salvaguardas suficientes: se privilegia la reincorporación política de los comparecientes, sin mecanismos robustos de control que garanticen que ello no debilite la reparación a las víctimas.

11. Correspondencia material y personal débil: no siempre se evidencia una relación directa entre los responsables y los daños específicos ocasionados, lo que genera un déficit en materia de imputación y reparación diferenciada.

12. La Fuerza Pública y sus familias como víctimas: la sentencia no establece una línea específica de medidas para veteranos, soldados y policías secuestrados, ni para sus familias, quienes sufrieron impactos diferenciados.

13. Transparencia y control social insuficientes: los mecanismos de verificación carecen de participación ciudadana amplia, lo que afecta la legitimidad y el escrutinio social de las medidas.

14. Régimen de condicionalidad poco aplicado: no se evidencia un uso riguroso de este instrumento, que debería ser la garantía principal frente a eventuales incumplimientos de los comparecientes.

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Reivindicamos que el objetivo de la audiencia de verificación debe ser, en efecto, verificar los aportes a la verdad de los comparecientes (tal como lo dice el artículo 30 de la ley 1922 de 2018), y no solamente un trámite meramente formal para ratificar el compromiso de los comparecientes con el aporte a la verdad ¿ cómo se materializó la participación de las víctimas en la APV en la sentencia?

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Reivindicamos que el objetivo de la audiencia de verificación debe ser, en efecto, verificar los aportes a la verdad de los comparecientes (tal como lo dice el artículo 30 de la ley 1922 de 2018), y no solamente un trámite meramente formal para ratificar el compromiso de los comparecientes con el aporte a la verdad ¿ cómo se materializó la participación de las víctimas en la APV en la sentencia?

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1. Si en la definición de los proyectos de sanción propia se realizó un análisis de viabilidad financiera y de los recursos disponibles actualmente por el Estado para la ejecución de estas sanciones, ya que de nada sirve que se imponga jurídicamente esta sanción si no hay recursos para materializarlas

2. Igualmente, no entiendo por qué incluyen como proyecto de sanción una obligación que hace parte de su compromiso con la JEP (búsqueda de personas dadas por desaparecidas) pese a las observaciones de las representaciones judiciales de las víctimas sobre este aspecto.

3. Tampoco es claro en la sentencia el tratamiento que le dieron al NO RECONOCIMIENTO del crimen de esclavitud ya que, a pesar de adicionar la imputación jurídica, los comparecientes NUNCA reconocieron este crimen por lo que no me es claro la razón por la que se impone una sanción propia (que se aplica cuando en efecto hubo reconocimiento).

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Conozco en detalle los TOARS anticipados y el contenido no restaurativo de algunos bajo los mismos criterios establecidos por la Sentencia.

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¿Cuál será la ruta a seguir para dar cumplimiento a las órdenes de la sección en relación con la articulación de las instituciones del sector paz ?

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Conocemos que la sentencia representa un hito histórico en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y envía un mensaje de no repetición frente al secuestro como práctica criminal sistemática. No obstante, los vacíos señalados erosionan la promesa restaurativa y generan desconfianza entre las víctimas, en particular aquellas pertenecientes a la Fuerza Pública y a sectores sociales fuertemente golpeados por el secuestro.

Desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, resulta indispensable:

Exigir verdad plena y verificable, especialmente en casos de desaparición.

Garantizar aportes materiales reales y trazables a la reparación integral.

Establecer salvaguardas políticas y jurídicas que aseguren proporcionalidad y control en la reincorporación.

Diseñar una línea específica para la Fuerza Pública y sus familias que fueron víctimas.

Fortalecer el régimen de condicionalidad como mecanismo de presión real frente a incumplimientos.

Implementar mecanismos de transparencia y control social efectivos que garanticen legitimidad ante la ciudadanía.

En suma, la sentencia cumple con el marco acordado entre el Estado y las FARC, pero su eficacia restaurativa depende de que se corrijan estas deficiencias. Solo así podrá consolidarse una paz con justicia restaurativa, en la que la centralidad de las víctimas sea una realidad y no una promesa inconclusa.

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Conocemos de manera integral el contenido de la sentencia y las ordenes enmarcadas para la implementación de las " sanciones propias" y las medidas autónomas de reparación.

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1. Cómo es posible que la desaparición forzada se juzgue con beneficios a los responsables lo cual está expresamente prohibido por la convención interamericana sobre desaparición forzada?

2. Cómo es posible que descuenten tiempo como toar anticipado por actuaciones realizadas antes de la existencia d ella JEP y antes de la desmovilizacion ocurrida en 2017, durante los diálogos de la Habana?

3. Cómo es posible considerar que se verificó el aporte a verdad sin haber permitido a los representantes de víctimas exponer en audiencia las razones por las cuales no han aportado mínimos de verdad los comparecientes?

4. Cómo es posible que se considere verificado el aporte a la reparación si los responsables no han entregado sus bienes

5. Cómo es posible llegar a un fallo de primera instancia teniendo el mismo proceso pendiente de resolver de fondo 3 incidentes por incumplimiento a los aportes a verdad y al aporte a los bienes para la reparación de las víctimas?

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¿Cuál es el papel que tendrán los bienes reportados por los comparecientes al Mecanismo de Verificación de la ONU, de cara a la reparación de las víctimas?

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¿Cuál es el papel que tendrán los bienes reportados por los comparecientes al Mecanismo de Verificación de la ONU, de cara a la reparación de las víctimas?

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Conozco apartes del componente restaurativo y del empalme con proyectos de memoria, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y trabajo en torno a MAP.

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La Fundamentación dadas por el despacho respecto de las Sanciones Propias. Las Diferentes etapas desarrolladas durante la instrucción del caso. La postura del equipo de defensa respecto. Los TOAR establecidos en el marco de la sentencia y sus antecedentes.

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1. La adecuación típica realizada por la SeRVR a traves de la doble imputación. 2. Responsabilidad de Mando. 3. Valoración del Daño y 4. Sanciones Propias y ordenes dadas por el despacho de la SeRVR

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1. La adecuación típica realizada por la SeRVR a traves de la doble imputación. 2. Responsabilidad de Mando. 3. Valoración del Daño y 4. Sanciones Propias y ordenes dadas por el despacho de la SeRVR

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7. Cómo es posible que el fallo no haya hecho ruptura procesal frente a la imputación de esclavitud que no ha Sido aceptada ni reconocida por los comparecientes.

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7. Cómo es posible que el fallo no haya hecho ruptura procesal frente a la imputación de esclavitud que no ha Sido aceptada ni reconocida por los comparecientes.

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8. Cómo es posible que la sala haya asumido la competencia del caso de Granda para impedir su extradición por el caso de Cecilia Cubas cuando en diciembre había decidido que no eran competentes, y esto, después de la sentencia, es decir, asumen competencia adicional de un caso que se supone que está juzgado ya en la sentencia, del cual indicaron que no eran competentes para conocer

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conozco que el caso 01 aborda los secuestros cometidos por las extintas Farc-Ep y demas crimenes  de guerra y lesa humanidad cometidos contra las personas en cautiverio.  

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conozco que el caso 01 aborda los secuestros cometidos por las extintas Farc-Ep y demas crimenes  de guerra y lesa humanidad cometidos contra las personas en cautiverio.  

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pude profundizar en el análisis que realizó la Sal sobre la atribución de responsabilidad a los ex-miembros del Secretariado, entre esas las posiciones de liderazgo y coordinación, así como conductas que pudieron prevenirse o sancionarse.

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La relación entre los TOAR anticipados y su caracter restaurativo para la dosificación penal.

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Intervendrán instituciones del orden local en la materialización de los proyectos ¿?

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Necesito comprender mejor los criterios para la actual priorización territorial de los TOARs a la luz de los daños y territorios identificados en el macro caso 01.

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De las ordenes dadas, se desprende alguna preguntas como son las ordenes Vigecima Novena y Nonagecima, en los TOAR anticipados? estos ya no fueron terminados? entonces como les dieron los descuentos, vamos a tener unos descuentos mas???

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Materialización de las ordenes encaminadas a hacer efectiva las sanciones propias (justicia restaurativa en la práctica)

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Materialización de las ordenes encaminadas a hacer efectiva las sanciones propias (justicia restaurativa en la práctica)

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10. Cómo es posible estimar que la sanción es material y proporcional cuando las penas impuestas son simbólicas y no corresponden a la idoneidad de la conducta, no son reparadoras ni corresponden a los territorios en que cometieron la mayor parte de sus crímenes ?

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Conocemos que la sentencia concluye que los máximos responsables del Secretariado Farc-Ep son responsables del delito de secuestro, ejecutados como una política a gran escala con diferentes objetivos (Financiero, intercambio y control territorial)

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11. Porqué se ha omitido que el informe financiero de la fiscalía y el ejército aportado en el informe génesis, revela que los ingresos de las FARC fueron 19.5 billones de pesos, y que sus gastos fueron 6 millones, mayoritariamente por secuestro y narcotráfico, pero se omite esa información en la sentencia?

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12. Porqué se omite que hay 13.5 billones de pesos que no han Sido entregados por las FARC oml reparación de víctimas

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1. La decisión descuenta tiempo de la sanción por actividades realizadas por los comparecientes antes del fallo, algunas de las cuales eran compromisos inherentes al Acuerdo de Paz (ej. desminado piloto). Esto ¿Podría constituirse como un error al valorar como cumplimiento anticipado de la sanción lo que en realidad eran condiciones para acceder a los beneficios de la justicia transicional?

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Me gustaría saber cómo opera el régimen de condicionalidad durante la ejecución de las sanciones? Cómo opera en caso de incumplimiento?

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Cuál es el tipo de restricción que van a tener los comparecientes, quien se encargara de su estricto seguimiento y cumplimiento.

Ausencia de verdad plena ya que las victimas en su gran mayoría no han podido saber la verdad de sus hechos victimizarte y no han dado una respuesta clara a cada caso.

3.. Ausencia de avances en cuanto al encontrar a las personas dadas por desaparecidas ya que en este sentido hay un avance precario.

4.. Aporte presupuestal para la realización de la reparación a las víctimas dentro de lo enmarcado en la sentencia.

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La sentencia representa un avance sustantivo en la implementación del componente de justicia del Acuerdo Final de Paz, pero los vacíos identificados limitan su potencial transformador. Desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia restaurativa, se observan tres ejes críticos de discusión:

1. Eficacia restaurativa versus formalidad procedimental: Aunque el fallo cumple formalmente con los parámetros del SIVJRNR, la ausencia de indicadores verificables de cumplimiento y la falta de seguimiento integral debilitan el carácter transformador de las sanciones propias. El riesgo es que la justicia restaurativa se reduzca a un cumplimiento simbólico, sin impacto tangible en las víctimas ni en las comunidades afectadas.

2. Centralidad de las víctimas y legitimidad del sistema: El principio de centralidad de las víctimas columna vertebral del Acuerdo se mantiene más como declaración que como práctica. La Fuerza Pública víctima, así como sus familias, continúan sin una línea [A1] específica de medidas diferenciales, lo que profundiza la sensación de exclusión y desbalance frente a otros grupos reconocidos por el sistema.

3. Proporcionalidad, reparación y sostenibilidad política: La proporcionalidad entre beneficios jurídicos y gravedad de los crímenes sigue siendo un punto de tensión. Los descuentos por TOAR, aunque justificables como incentivos restaurativos, deben acompañarse de compromisos verificables de verdad, reparación y no repetición. Sin estos controles, el modelo corre el riesgo de perder legitimidad social y credibilidad ante las víctimas.

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Conozco de la sentencia los crímenes concurrentes de violencia sexual, desplazamiento forzado, homicidio, etc., conozco la doble imputación y las sanciones