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La ONU desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos armados y la respuesta a violaciones masivas de derechos humanos, buscando promover la paz y la justicia en contextos de crisis. Además, la Corte Penal Internacional (CPI), que opera en el marco del derecho internacional humanitario, es responsable de juzgar crímenes de guerra, genocidios y otros crímenes contra la humanidad. La CPI actúa para asegurar que quienes cometan estas graves violaciones rindan cuentas, contribuyendo a la protección de los derechos humanos y la paz global, en estrecha colaboración con las Naciones Unidas.

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En conclusión, el derecho a la libertad de circulación es fundamental para una sociedad democrática, ya que permite que cada persona decida libremente dónde vivir y moverse sin temor. No obstante, este derecho solo cobra sentido cuando va acompañado de condiciones de seguridad que protejan la vida y la integridad de todos, especialmente en comunidades vulnerables. Al garantizar tanto la libertad de movimiento como la seguridad, se promueve una sociedad más justa y acogedora, en la que cada individuo pueda encontrar oportunidades y sentirse parte activa y valiosa de su comunidad.

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El derecho a la libertad de circulación es vital en una sociedad democrática porque garantiza que cada persona pueda moverse y vivir donde desee, abriendo puertas a oportunidades y mejor calidad de vida. Este derecho es, en esencia, un reconocimiento de la dignidad y autonomía de cada individuo, permitiendo que participen plenamente en su comunidad, conecten con otros y contribuyan a una sociedad más justa e inclusiva.

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El artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de circulación como fundamental, permitiendo a los individuos moverse libremente dentro de un Estado. Este derecho se relaciona con libertades personales y puede estar sujeto a restricciones legales. Los Estados deben garantizar su respeto y protección, prohibiendo acciones como deportaciones arbitrarias.

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Estas soluciones tienen como objetivo mejorar el desplazamiento y la libre movilidad en diversas zonas, promoviendo un entorno seguro y accesible para todos. Al garantizar condiciones adecuadas para la circulación, se logra un impacto positivo que beneficia colectivamente a toda la comunidad, fortaleciendo su bienestar y desarrollo social.

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Soluciones duraderas: una apuesta por la población desplazada de Colombia

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Se trata de un enfoque propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para hacerle frente al desplazamiento interno que, por distintos motivos, está en auge en el mundo. El Gobierno nacional lo adoptó para atender a la población desplazada por el conflicto armado.

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Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia.

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Nuestra región enfrenta como limitación el conflicto armado, que afecta de manera constante a nuestro departamento. Esta situación dificulta la movilidad y permanencia de muchas personas en los territorios, especialmente para quienes se encuentran en condiciones vulnerables. En varias áreas rurales, la falta de seguridad y las amenazas constantes ponen en riesgo sus vidas y restringen su derecho a la libre circulación y residencia.

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Radiografía de la violencia en Cauca, donde ni el cese al fuego paró el conflicto

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En los últimos meses ha incrementado el asesinato de líderes sociales, los confinamientos, los desplazamientos y el reclutamiento forzado.