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1. Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia): Establece la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la prohibición del reclutamiento forzado.

2. Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras): Reconoce a los menores reclutados forzadamente como víctimas del conflicto armado y establece medidas de protección y reparación.

3. Constitución Política de Colombia (Art. 44): Garantiza los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la protección contra la explotación y el abuso.

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1. Convención sobre los Derechos del Niño (1989): Prohíbe el reclutamiento forzado de menores de 18 años en conflictos armados.

2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados (2000): Establece la obligación de los Estados de prevenir el reclutamiento forzado de menores.

3. Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales): Prohíbe el reclutamiento forzado de menores y la participación de niños en conflictos armados..

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1. Defensoría del Pueblo: Entidad encargada de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los derechos de los niños y adolescentes.

2. Fiscalía General de la Nación: Entidad responsable de investigar y sancionar los delitos relacionados con el reclutamiento forzado de menores.

3. Unicef: Organismo internacional que trabaja para proteger los derechos de los niños y adolescentes, incluyendo la prevención del reclutamiento forzado.

4. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): Organismo humanitario que trabaja para proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado, incluyendo los menores reclutados forzadamente.

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1. Denunciar casos de reclutamiento forzado a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.

2. Solicitar la intervención de Unicef y el CICR para proteger a los menores y brindar asistencia humanitaria.

3. Trabajar con organizaciones locales y comunidades para prevenir el reclutamiento forzado y promover la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

4. Exigir al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales y nacionales para proteger los derechos de los menores