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Alan y Bush en firma del TLC en Washington.JPG

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Ley de Consulta Previa: En 2011, se promulgó la Ley N° 29785, que establece el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas sobre proyectos que afecten sus territorios.

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No estamos de acuerdo con esta justificación porque bien sabemos que luego
del baguazo estos decretos se derogaron y el TLC siguió en pié, aunque el
desarrollo económico es importante, debe estar equilibrado con la protección de
los derechos de las comunidades y el medio ambiente. La justificación del
gobierno fue unilateral y no consideró adecuadamente las implicancias sociales
y ambientales, lo que convirtió los decretos en medidas controversiales y
provocadoras

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La situación presentada en el Baguazo resalta cómo las comunidades indígenas muchas veces no son tomadas en cuenta en las decisiones sobre los recursos naturales, a pesar de vivir en esas tierras por generaciones. Estas poblaciones suelen enfrentarse a la imposición de proyectos extractivos que afectan su territorio, sus recursos y su estilo de vida, sin que se les dé una participación real en el proceso de decisión. Además, la respuesta del Estado ha tendido a priorizar los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades, lo que lleva a un ambiente de tensión y desconfianza.

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Como grupo, propondríamos mejorar el manejo del conflicto mediante el fortalecimiento de los procesos de diálogo y consulta previa, asegurando que las comunidades puedan participar activamente y sin coacción. También sugerimos implementar mecanismos de monitoreo ambiental en los que las comunidades participen, permitiéndoles observar de primera mano los impactos en sus territorios. La creación de políticas más estrictas para la protección del medio ambiente y la responsabilidad corporativa sería esencial para que las empresas cumplan con estándares éticos y sostenibles.

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Un caso emblemático
de conflicto socioambiental en los últimos tres años es el de la cuenca del río
Marañón, específicamente en las comunidades indígenas de Loreto, afectadas
por derrames de petróleo en sus territorios. En 2021 y 2022, ocurrieron varios
derrames en el Oleoducto Norperuano, lo que contaminó las aguas de las que
dependen miles de personas para pescar y obtener agua potable. La falta de
acciones rápidas y efectivas para mitigar los daños por parte de las empresas
responsables ha generado protestas y movilizaciones. Este caso refleja la
necesidad urgente de justicia y de mejores prácticas de prevención y reparación
de daños ambientales para evitar el deterioro de los ecosistemas y la salud de
las comunidades afectadas.