# data[].attributes.headline
 El investigador policial, una vez culminado el procedimiento del presunto infractor de la ley.

# data[].attributes.subject
 El investigador policial, una vez culminado el procedimiento del presunto infractor de la ley.

# data[].attributes.body
El informe completo y sus anexos originales se entregan al fiscal de turno.

# data[].attributes.headline
El investigador policial de igual forma ingresará los indicios en los Centros de Acopio.

# data[].attributes.subject
El investigador policial de igual forma ingresará los indicios en los Centros de Acopio.

# data[].attributes.body
Esto asegura la integridad de la evidencia y facilita su análisis posterior.

# data[].attributes.headline
El investigador policial, elaborará el parte web de aprehensión.

# data[].attributes.subject
El investigador policial, elaborará el parte web de aprehensión.

# data[].attributes.body
Esto proporciona una narrativa clara de lo sucedido.

# data[].attributes.headline
El investigador policial una vez en la Unidad de Flagrancia obtendrá la hoja de ruta.  

# data[].attributes.subject
El investigador policial una vez en la Unidad de Flagrancia obtendrá la hoja de ruta.  

# data[].attributes.body
Estos documentos son importantes para establecer un registro claro del proceso y de los derechos otorgados a los detenidos.

# data[].attributes.headline
El investigador policial trasladará a las personas aprehendidas hasta los centros de salud del MSP.

# data[].attributes.subject
El investigador policial trasladará a las personas aprehendidas hasta los centros de salud del MSP.

# data[].attributes.body
Se llevará a los detenidos a centros de salud para obtener certificados médicos.

# data[].attributes.attachment_link.title
Ministerio de Salud Pública – El Ministerio de Salud Pública ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano

# data[].attributes.attachment_link.description
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. Código Postal: 170702 / Quito - Ecuador Teléfono: 593-2 381-4400

# data[].attributes.headline
En caso de existir vehículos dentro del procedimiento policial.

# data[].attributes.subject
En caso de existir vehículos dentro del procedimiento policial.

# data[].attributes.body
Se verifica y documenta su información, incluidas las series alfanuméricas y otros detalles.

# data[].attributes.attachment_link.title
Buscar propietario de vehículo por placa ANT Ecuador https://a.elyex.com/y42

# data[].attributes.headline
Una vez recopilado todos los elementos de convicción. 

# data[].attributes.subject
Una vez recopilado todos los elementos de convicción. 

# data[].attributes.body
Los sospechosos y la víctima son trasladados a la Unidad de Flagrancia para continuar con el proceso legal.

# data[].attributes.headline
El agente aprehensor dará a conocer sus derechos constitucionales al aprehendido o detenido.

# data[].attributes.subject
El agente aprehensor dará a conocer sus derechos constitucionales al aprehendido o detenido.

# data[].attributes.body
Esto se hace para garantizar que el detenido comprenda sus derechos básicos antes de ser interrogado.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1. Presentación
CAPITULO 1
El debido proceso durante la detención: Derechos Humanos durante la privación de la libertad
* La detención
* Derecho del Detenido a la Información
* Derecho a la Asistencia Jurídica antes del Juicio
* El Derecho a comparecer sin demora ante un Juez.
* El Derecho a impugnar la legalidad de la Detención
* El Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad
* Los Derechos durante el interrogatorio
* Derecho a no sufrir torturas
* Uso de la fuerza y el arma de fuego

CAPITULO I
LA DETENCIÓN

El laberinto de la injusticia
El 28 de Junio del 2002 Raúl fue detenido en un operativo realizado por Policías en la Coop. Derecho de los Pobres en el Guasmo Sur de Guayaquil quienes recibieron una denuncia verbal sobre tenencia de objetos supuestamente robados en la provincia de Manabí y guardados en el domicilio de Mariana.
En estas circunstancias los agentes de la policía acuden a dicho domicilio, percatándose que varios individuos estaban embarcando objetos en una camioneta y procediendo a detener a Mariana, Cristian, Angel y Raúl sin boleta constitucional de detención en su contra.
Ese mismo día, el Agente Fiscal ordenó poner en libertad a los detenidos. Sin embargo, Raul fue trasladado a las dependencias del Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN al suponer que se trataba de un menor de edad. El Agente Fiscal a cargo de las investigaciones ordena al Jefe de la DINAPEN que se deje en libertad a Raul por no encontrar "ningún grado de participación en hecho punible y por tanto no hay méritos para continuar acción en su contra".
El 16 de julio de 2002 el detenido fue trasladado al Centro de Detención Provisional del Guayas CDP al comprobarse su mayoría de edad. El Agente Fiscal se había inhibido del conocimiento de la causa y el proceso había sido remitido al Juzgado del Cantón Paján, Provincia de Manabí, donde se juzgaba el robo en mención.
El Fiscal y el Juez de Paján el 25 de julio del 2002 certifican al Director de la CDP del Guayas que Raúl no se encuentra procesado y peor aún que haya girado boleta constitucional de detención alguna en su contra. Sin embargo permanecía detenido sin justificación. El 7 de agosto el Jefe de la Policía Judicial indica que "Raúl no registra como detenido en esa dependencia"
El detenido fue puesto en libertad el Viernes 30 de Agosto del 2002, después de 63 días de detención arbitraria y después de 30 días de interpuesto el Recurso de Habeas Corpus.

DERECHO DEL DETENIDO A LA INFORMACIÓN

Prohibido preguntar
5 hermanos de entre 9 años y 16 años de edad, pertenecientes al Programa Muchacho Trabajador PMT, fueron detenidos por parte de elementos de la Policía Metropolitana el miércoles 19 de marzo del 2003 y trasladados hasta el Cuartel de la Policía Metropolitana e ingresados en una celda con adultos. Además el padre de los niños fue detenido arbitrariamente en el cuartel municipal al intentar averiguar sobre el paradero de sus hijos y el motivo de las detenciones.

DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA ANTES DEL JUICIO

EL DERECHO A COMPARECER SIN DEMORA ANTE UN JUEZ.

EL DERECHO A IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN

EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE O A SER PUESTO EN LIBERTAD

Toda persona privada de la libertad acusada de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a quedar en libertad en espera de juicio.
Hay dos conjuntos de normas que se exigen que los juicios se lleven a cabo en un plazo razonable. Ambos están directamente relacionados con la presunción de inocencia.
El primer conjunto es de aplicación a las personas que guardan prisión y exige que éstas sean juzgadas en un plazo razonable o quedar en libertad. Se basa en la presunción de inocencia y en el derecho a la libertad persona, que exige que toda persona en prisión preventiva tenga derecho a que su caso reciba trato prioritario y a que las diligencias se realicen con especial rapidez.
El segundo grupo de norma, que es aplicable a toda persona acusada de una infracción penal, esté o no detenida, exige que el juicio se celebre sin dilaciones indebidas. El principio objetivo es garantizar que la incertidumbre de quienes están a la espera juicio acusados de infracciones penales no se prolongue en exceso y que las pruebas no se pierdan o deterioren.
El hecho de que una persona en prisión preventiva sea puesta en libertad porque su juzgamiento no se ha efectuado en un tiempo razonable no significa que se retiren los cargos, sino que ha pasado a la situación de libertad en espera de la audiencia de juicio.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos regionales han evaluado, en función de cada caso, lo razonable de un periodo de detención preventiva, considerando, entre otros factores, la gravedad del delito presuntamente cometido, el carácter y la gravedad de las posibles penas y el riesgo de que el acusado se fugue al ser puesto en libertad. Otros factores examinados son si las autoridades nacionales han mostrado una "especial diligencia" al llevar a cabo las diligencias, considerando la complejidad y las características especiales de la investigación, y si los retrasos son imputables a la conducta del acusado o de los funcionarios judiciales.
El tiempo que se considera razonable mantener a una persona detenida en espera de juicio puede ser menor que el que se considera razonable que transcurra antes del comienzo del juicio de una persona que no está detenida.
La norma constitucional del Ecuador señala que "la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa."16 Disposición Constitucional que se encuentra recogida en nuestro procedimiento penal.
La Corte Interamericana afirmó que considera injusto privar a una persona de su libertad durante un tiempo desproporcionado en relación con la pena correspondiente al delito del que se la acusaba. En el caso Suárez Rosero, la Corte consideró que la detención durante tres años y seis meses violaba la presunción de inocencia.
Cuando pueda probarse que existe riesgo de fuga, éste será pertinente para determinar si la detención previa al juicio está justificada, pero no si su duración es razonable. La conducta de las autoridades también debe ser examinada.

LOS DERECHOS DURANTE EL INTERROGATORIO

Las personas sospechosas o acusadas de infracciones penales son más vulnerables que las demás a la violación de sus derechos humanos -como torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes- durante todas las etapas de investigación, tanto en la fase preliminar como en el proceso penal, especialmente las que están detenidas para ser interrogadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Hay varios derechos que procuran salvaguardar a las personas durante la investigación de un delito: la presunción de inocencia, la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de obligar al interrogado a declarase culpable o a testificar en su contra, el derecho a guardar silencio y el derecho a acceder a un abogado. Art. 4, 80 y 166 CPP.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados ha afirmado: "... la presencia de un abogado durante los interrogatorios de la policía es deseable en tanto que salvaguardia importante para protegerlos derechos del acusado...."
Entre otras cosas, las normas internacionales exigen que las autoridades no abusen de la situación de un detenido durante su interrogatorio. Las autoridades deben mantener registro del proceso de interrogatorio. Las declaraciones obtenidas como consecuencia de torturas o malos tratos no deben ser admitidas como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura.
Ahora bien, dentro de un juicio penal, el acusado no podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio en la etapa del juicio, ante el tribunal penal. Su testimonio servirá como medio de defensa y de prueba su favor. Sí así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá prestarse bajo juramento. En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe comunicar detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de los elementos de pruebas existentes y del tipo de infracción que se le imputa. El testimonio del acusado es indivisible; por lo tanto, el tribunal penal debe hacer uso de toda la declaración o de ninguna de sus partes. ART 143 y 144
Según el Comité de Derechos Humanos, la redacción del artículo 14.3 g de PIDCP -ninguna persona será "obligada a declarar contra si misma ni a confesarse culpable"- debe entenderse en el sentido de que no exista ninguna presión física o psíquica, directa o indirecta, de las autoridades que realizan la investigación sobre el acusado con vista a conseguir que se confiese culpable. Con mayor motivo, es inaceptable tratar a un acusado de forma contraria al artículo 7 del pacto para conseguir su confesión.
El derecho de un acusado a permanecer en silencio durante la etapa de la investigación y durante el juicio es inherente a la presunción de inocencia y constituye una importante salvaguardia del derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse culpable. El derecho a permanecer en silencio está en peligro durante el interrogatorio de personas acusadas de infracciones penales, ya que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen hacer todo lo que pueden para obtener una confesión o una declaración inculpatoria del detenido, y el ejercicio por parte de éste de su derecho a permanecer en silencio frustra estos esfuerzos.
Deben consignarse en registro todos los interrogatorios a que se someta una persona detenida o encarcelada. En estos registros figurará la duración de cada interrogatorio, los intervalos entre los interrogatorios y la identidad de los agentes que los practicaron y de otras personas presentes. La persona detenida o su abogado tendrá acceso a estos registros.

DERECHO A NO SUFRIR TORTURAS

Vendido por su orientación sexual y pobreza
El día 27de abril de 2002 en el Centro de Detención Provisional C.D.P. ubicado en el KM 16 de la Vía Daule en el cantón Guayaquil, Jorge de 17 años de edad por su condición de homosexual fue "vendido" al mejor postor y sufrió la violación colectiva de los demás internos de la celda denominada "lagartera". Este hecho contó con tolerancia de los Guías Penitenciarios quienes intentaron cobrar 3 dólares al menor para no meterlo a dicha celda.

USO DE LA FUERZA Y EL ARMA DE FUEGO

EL DERECHO A SER JUZGADO POR UN TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL ESTABLECIDO POR LA LEY.

EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO

El derecho a un juicio justo abarca todas las garantías procesales y otras garantías del debido proceso establecidas en cumplimiento con los procedimientos nacionales, siempre que éstos sean consecuentes con las normas internacionales. No obstante, un juicio, incluso si cumple todas las garantías procesales del derecho interno e internacional, puede no cumplir el criterio de una audiencia justa.
El derecho a un juicio justo es consustancial al concepto de proceso justo. Toda persona tiene derecho a una audiencia justa.
El derecho a ser escuchado con justicia en los procesos penales se especifica en varios derechos concretos, como son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a preparar una defensa, el derecho a defenderse personalmente o con la asistencia de un abogado, el derecho a obtener la comparecencia de testigos y a interrogarlos, y el derecho a ser protegido de la aplicación retroactiva de leyes penales.
Además, las normas internacionales relativas a la celebración de juicios aclaran que los derechos específicos que se enumeran no son sino garantías "mínimas". La observancia de cada una de las garantías no asegura, en todos los casos y circunstancias, que una audiencia haya sido justa. El derecho a una audiencia justa es más amplio que la suma de las garantías individuales que lo componen, y depende del desarrollo del juicio en su conjunto.
El criterio esencial para que una audiencia sea justa es el principio de la "igualdad de condiciones" entre las partes en una causa. La igualdad de condiciones, que debe observarse durante todo el proceso judicial, significa que ambas partes deben ser tratadas de forma que se garantice su igualdad en relación a los procedimientos judiciales y su igualdad para exponer su argumentación. Significa también que cada parte debe disponer de una oportunidad razonable para exponer sus argumentos, en condiciones que no la sitúen en desventaja frente a la parte contraria.
Concretamente el principio de legalidad, establecido en el art. 2 de la ley de procedimiento penal, nos da los parámetros de lo que debe ser juicio justo. Dice que nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto. Que deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse.
También se señala que: si la pena establecida al tiempo de las sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán ser aplicadas en lo que sean aplicables a los infractores.

Negación de justicia
El 13 de diciembre de 1991, Marco de 16 años, y Javier de 15 años, fueron asesinados en la piscina de un colegio. Ese día Marco fue muerto a golpes por Miguel. Javier fue encontrado muerto al día siguiente.
Las autoridades del Colegio sostuvieron la tesis de un accidente: que Marco se tiró de la rampa de la piscina y se estrelló contra Javier, lo que hizo que este último se hundiera y no flotara hasta el día siguiente.
El Colegio nunca colaboró con las investigaciones, no facilitó los nombres y domicilios de los alumnos que se encontraban en la piscina el día de los hechos. De igual manera los administradores de justicia no hicieron el menor esfuerzo por descubrir la verdad de lo sucedido.
Fueron los padres de los menores que dieron con el paradero de los testigos de la muerte de sus hijos, quienes declararon ante la justicia que efectivamente Marco fue asesinado en la piscina por Miguel.
El 2 de Julio de 2002 se declaró la prescripción de la causa.

EL DERECHO A UN JUICIO PÚBLICO

El derecho a un juicio público es una garantía esencial de la imparcialidad e independencia del proceso judicial, y una forma de mantener la confianza del público en el sistema de administración de la justicia.
El Art. 255 de la ley de procedimiento penal dice que la audiencia de tribunal penal será pública; pero será reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos contra la seguridad del Estado y de la rufianería y corrupción de menores.
Excepción hecha de las circunstancias arriba definida, las vistas judiciales y las sentencias deben ser públicas. El derecho a una audiencia pública en procesos penales esta así mismo establecido en las normas internacionales de Derechos Humanos.
El derecho a un juicio público significa que tiene derecho a estar presentes no sólo las partes que intervienen en el proceso sino también el público en general. El público tiene derecho a saber como se administra la justicia y qué decisiones toma el poder judicial.
Del derecho a que los juicios sean públicos dependen las personas que asisten como observadores a los procesos judiciales. El derecho de los observadores a "asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimientos de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables".
Circunstancias Excepcionales
En ciertas circunstancias, estrictamente definidas, puede restringirse el acceso del público a un juicio.
Las razones por las que puede excluirse a la prensa y al público de parte o de la totalidad de un juicio son: de orden moral( por ejemplo, en algún juicio relacionado con delitos sexuales); orden público, referidos principalmente al mantenimiento del orden en la sala del juicio; seguridad nacional en una sociedad democrática; cuando lo exija el supremo interés de lo niños o de la vida privada de las partes; o, en la medida estrictamente necesaria en opinión de tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Todas estas excepciones están sometidas a una interpretación estricta.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Un Parte de Detención Policial concluyente
El 25 de septiembre del 2001, Félix denuncia ante la Fiscalía del Guayas la muerte de su hijo Joffre, culpando a N.N. alias el "piojo" del crimen. De la lectura de la denuncia se deduce que el denunciante no conoce ni el físico ni la identidad del supuesto autor del crimen.
El 14 de octubre de 2001 se detiene a Enrique. En el Parte de Detención se lee: "Pongo en su conocimiento...que circulaba por el lugar... se acercó Bolívar el mismo que presentó una denuncia en contra del hoy detenido... el mismo que fue reconocido plenamente por el denunciante por lo que procedí a su detención". El 22 de octubre de 2001 el Informe del caso pone como base legal: Parte de Detención.
El Tribunal Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dicta sentencia el 23 de octubre de 2002, condenando a Enrique a la pena de once años de reclusión mayor ordinaria.
La Instrucción Fiscal, el Dictamen Fiscal, la Resolución del Juez y de la Sala que conoció la Apelación encuentran culpable a Enrique amparados en el Parte de Detención Policial y en la declaración de Carlos quien no presenció el hecho violento.
Se interpuso el Recurso de Casación para ante una de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que concluyó declarando improcedente el recursos de casación debido a que el recurrente "se ha limitado a impugnar el caudal probatorio desde su punto de vista personal".

EL DERECHO A NO SER OBLIGADO A DECLARAR CONTRA SI MISMO NI A CONFESARSE CULPABLE

Ninguna persona acusada de un delito puede ser obligada a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, de conformidad con la presunción de inocencia.
El art. 24, No. 9, de la Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o pariente..., ni compelido a declarar en contra de sí mismo, en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. En concordancia, el art. 81 del mismo cuerpo legal señala que se reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse.
En concordancia, el art. 81 de la ley de procedimiento penal señala que se reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse.
Ninguna persona acusada de un delito puede ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. Esta prohibición es consecuencia con la presunción de inocencia que hace recaer la carga de la prueba sobre la acusación, y la prohibición de influir tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La prohibición de obligar a un acusado a declarar contra si mismo o a confesarse culpable es de amplio alcance. Prohíbe que las autoridades practiquen cualquier forma de coacción, ya sea directa o indirecta, física o psicológica. Prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Prohíbe los tratos que violen el derecho de los detenidos a ser tratados con el respeto inherente a la dignidad de la persona.

LA PROHIBICIÓN DE APLICAR LEYES PENALES CON CARÁCTER RETROACTIVO Y DE PROCESAR DE NUEVO POR EL MISMO DELITO

EL DERECHO A SER JUZGADO SIN DILACIÓN INDEBIDA

DERECHO A OBTENER LA COMPARECENCIA DE TESTIGOS Y A INTERROGARLOS

Las personas privadas de la libertad, con prisión preventiva o condenadas, son esencialmente vulnerables, ya que están bajo el control del Estado. El derecho internacional reconoce este hecho y hace especialmente responsable al Estado de proteger a detenidos y presos. Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, asume el deber de cuidar de ella. Este deber consiste en mantener su seguridad y salvaguardar su bienestar.
Los siguientes enunciados constituyen un conjunto de reglas que son consideradas por la comunidad de naciones como normas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.

REGISTRO
El ingreso de una persona privada de la libertad al centro carcelario debe procederse a anotarlo en el correspondiente Registro, en el que deberá constar:
* su identidad,
* los motivos de su detención
* la autoridad que la dispuso y que se encuentra a sus órdenes
* El día y la hora de su ingreso al centro carcelario.
Ninguna persona podrá ser admitida en un centro carcelario sin una orden de privación de libertad. En caso de que aquello ocurra el responsable del centro de detención estaría cometiendo un delito contra la libertad individual de las personas.

TRASLADO DE LOS RECLUSOS
Al momento del traslado de los reclusos, este deberá hacerse de forma que impida su exposición pública de la mayor forma posible, en vehículos que guarden las condiciones de resguardar de cualquier sufrimiento físico, y en condiciones de igualdad para todos los reclusos.

# data[].attributes.attachment_link.title
Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

# data[].attributes.attachment_link.description
El CDH es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos con sede en Guayaquil Ecuador.

# data[].attributes.headline
El investigador policial o equipo investigativo, recopilará información.

# data[].attributes.subject
El investigador policial o equipo investigativo, recopilará información.

# data[].attributes.body
Se recopilarán testimonios de las víctimas y testigos, así como cualquier evidencia física relevante en la escena.

# data[].attributes.attachment_link.title
Modulo procedimientos del eje investigativo

# data[].attributes.attachment_link.description
Modulo procedimientos del eje investigativo - Descargar como PDF o ver en línea de forma gratuita

# data[].attributes.headline
Investigador policial prestará auxilio a las víctimas.

# data[].attributes.subject
Investigador policial prestará auxilio a las víctimas.

# data[].attributes.body
Si hay heridos en un robo a mano armada, se llamará a servicios médicos de emergencia para atender a las víctimas.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1157-DC-2021
Guayaquil (Guayas), 29 de diciembre de 2021.- La Fiscalía del Guayas procesó a un acusado de robar y herir a una mujer que se encontraba al interior de un vehículo, quien -junto a otra persona- había salido minutos antes de una entidad bancaria. En la acción policial, otro presunto antisocial logró huir a bordo de una motocicleta en la que se trasladaban. El hecho quedó grabado en video y publicado en redes sociales.

Según la denuncia del perjudicado, la tarde del martes 28 de diciembre abordó un taxi informal en el Parque Industrial California para ir a su residencia, ubicada en Monte Sinaí, en el norte de Guayaquil, luego de salir de una entidad bancaria.

En el semáforo de la avenida que conecta con la vía a Daule, dos individuos que se movilizaban en una moto abrieron las puertas del automotor y, tras agredir verbalmente a los pasajeros, exigieron la entrega de dinero y pertenencias personales, lo que fue rechazado por la pareja. Uno de los involucrados disparó contra la mujer, que resultó herida en su brazo derecho.

La acción fue observada por dos policías en servicio activo que neutralizaron al delincuente armado. Sin embargo, quien conducía la moto logró huir.

El detenido fue trasladado a Unidad Judicial Cuartel Modelo y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.

En la audiencia de flagrancia, desarrollada esta mañana, el fiscal Danny Vizueta Prado presentó como elementos de convicción: el examen médico-legal practicado a la víctima, la denuncia del agredido, el parte de detención del procesado, los bienes incautados en el procedimiento, entre los que se incluyen los 2.100 dólares sustraídos, artículos de joyería, celular, el arma de fuego, varios cartuchos sin percutir, entre otros; que pasaron a cadena de custodia de la Policía Judicial.

El juez de Garantías Penales, Humberto Barzola, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Carlos Andrés H. A.

La instrucción fiscal durará treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 189, primer inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de robo con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123

# data[].attributes.attachment_link.title
Fiscalía formula cargos contra detenido por robo a mano armada en el que una mujer resultó herida

# data[].attributes.attachment_link.description
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1157-DC-2021 Guayaquil (Guayas), 29 de diciembre de 2021.- La Fiscalía del Guayas procesó a un acusado de robar y herir a una mujer que se encontraba al interior de un vehículo, quien -junto a otra persona- había salido minutos antes de una entidad bancaria.

# data[].attributes.headline
El investigador policial o equipo de flagrancia, cuando se suscite un hecho.

# data[].attributes.subject
El investigador policial o equipo de flagrancia, cuando se suscite un hecho.

# data[].attributes.body
El equipo policial tomará medidas inmediatas para asegurar la escena y llevará a cabo una serie de pasos para recolectar pruebas y proceder con la detención.