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En la tarde del 7 de enero, en medio de una operación policial en la cárcel Regional de Guayaquil, se anunció que el criminal José Adolfo Macías, más conocido como Fito, logró escapar. Fito es considerado uno de los reos más peligrosos del Ecuador por ser el líder de la banda narcodelictiva Los Choneros. Durante los dos días posteriores, se registraron motines en seis cárceles del país, guardias penitenciarios secuestrados y múltiples ataques terroristas en al menos 9 provincias. Varios edificios y puentes fueron bombardeados, decenas de autos calcinados y, en la tarde del 9 de enero, los presentadores de un canal de televisión nacional fueron tomados como rehenes por delincuentes armados durante un programa en vivo.

Estos hechos son un claro reflejo de la grave crisis de seguridad que el Ecuador ha enfrentado durante los últimos 6 años. Mientras el 2017 cerraba con una tasa de 5.8 homicidios por cada 100 000 habitantes, en 2023, Ecuador se coronó como el país más violento de la región con una tasa de 46.5. A mediados del año pasado, adicional a la crisis de seguridad, se desató una crisis política a raíz de un escándalo de corrupción que presuntamente envolvía al cuñado del entonces presidente, Guillermo Lasso, con redes albanesas de narcotráfico. La crisis desencadenó en nuevas elecciones, en las cuales triunfó el empresario Daniel Noboa, quien tomó posesión el 23 de noviembre y actualmente enfrenta su primera mayor crisis nacional.

La crisis actual llegó a tomar tales magnitudes debido a la combinación entre el fortalecimiento del narcotráfico, la fragmentación de las bandas criminales y el debilitamiento del Estado en sus capacidades de gobernanza en seguridad.

Estos hechos son un claro reflejo de la grave crisis de seguridad que el Ecuador ha enfrentado durante los últimos 6 años.
Pablo Velasco, Carolina Andrade

1 - El fortalecimiento del narcotráfico como principal causa de la violencia criminal

Ecuador se consolidó como un lugar de envío de droga hacia otras regiones, principalmente Norteamérica y Europa. En 2022, entre el 30% y el 50% de la droga que llegó a Grecia y Turquía provino del puerto de Guayaquil. El crecimiento de las actividades ilícitas se puede evidenciar en 234,200 hectáreas de cultivos récord de uso ilícito de coca en 2020 que ha provocado también un incremento de toneladas incautadas de droga que pasaron de 18.2 en 2010 a 98.7 en 2017 y 206 en 2023, siendo este último el tercer año consecutivo que el país supera las 200 toneladas. Ecuador es actualmente el tercer país con la mayor cantidad de cocaína incautada en el mundo.

Esto ha producido que determinados sectores del territorio ecuatoriano sean de alto interés para mafias locales e internacionales, lo que ha disparado los niveles de criminalidad y conflicto. La provincia de Los Ríos, sitio estratégico de conexión de la droga desde las fronteras hacia los puertos, cerró el 2023 con una tasa de 110.8 homicidios por cada 100 000 habitantes. La provincia del Guayas, la cual tiene el puerto marítimo más grande del país, cuenta con una tasa elevada de 84.5 homicidios.

Ecuador es actualmente el tercer país con la mayor cantidad de cocaína incautada en el mundo.
Pablo Velasco, Carolina Andrade

2 - La gran disputa por el control criminal

La banda criminal los Choneros surgió en los años 90 en la provincia de Manabí y, a través de la cooperación con grupos transnacionales de narcotráfico, lograron consolidarse como una de los mayores grupos criminales del Ecuador. A partir de 2007, Jorge Luis Zambrano González, alias "Rasquiña", tomó el control de la organización, la cual se extendió hacia puntos estratégicos del país que garantizaban el resguardo armado de mercadería proveniente de Colombia y Perú hacia los puertos costeros.

La muerte de Zambrano en diciembre de 2020 desencadenó fisuras y una serie de conflictos internos entre facciones disidentes de la banda criminal. Mientras el segundo al mando, Fito, fundó la organización alterna los Fatales, el que le seguía en la cadena de mando, Junior Roldán, alias JR, fundó las Águilas. Otras facciones armadas disidentes también tomaron fuerza como los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones. Los enfrentamientos entre estos grupos han resultado en múltiples masacres carcelarias a partir de 2020, en enfrentamientos sangrientos fuera de las cárceles y en la muerte de varios líderes.

3 - El desmantelamiento del Estado en el sector de Seguridad

A partir de 2018, bajo una lógica de reestructuración estatal para reducir el gasto público, se hicieron modificaciones profundas al modelo de gestión de los organismos encargados del manejo de las cárceles y el control de la fuerza pública. A continuación, una cronología de los hechos:

Adicionalmente a este cambio institucional, el manejo de la seguridad también estuvo sujeto a las decisiones discrecionales de las autoridades frente a estas entidades. A noviembre de 2023, en medio de la crisis de seguridad y el llamado a elecciones anticipadas, el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Guillermo Lasso había ejecutado menos del 30% de su presupuesto anual de inversión, el cual preveía, entre otros elementos, la compra de implementos operativos para efectivos de la fuerza pública.

A partir de 2018, bajo una lógica de reestructuración estatal para reducir el gasto público, se hicieron modificaciones profundas al modelo de gestión de los organismos encargados del manejo de las cárceles y el control de la fuerza pública.
Pablo Velasco, Carolina Andrade

4 - El intento de control desde un Estado debilitado y cooptado

La relación entre las fuerzas estatales y las bandas criminales no se puede entender sin analizar la zona gris, es decir, la intersección de colaboración entre estas dos entidades. Durante los últimos gobiernos, surgieron diferentes escándalos judiciales que permitieron vislumbrar los mecanismos de colaboración del Estado con el crimen organizado, tales como el caso de "Don Nasa", la denuncia de "Narcogenerales", la investigación "El Gran Padrino" y el reciente "Caso Metástasis". En estos dos últimos, se muestran presuntas relaciones entre altas esferas del gobierno y de la función judicial con operadores del narcotráfico.

Entre los aparentes mecanismos de cooperación se encuentran los fallos judiciales en favor de la reducción de penas y la influencia sobre las autoridades encargadas del control de las prisiones. El modelo de control criminal de las cárceles, entonces, ha oscilado entre la co-gobernanza junto al Estado o inclusive la auto-gobernanza. Desde 2021 hasta 2023, el expresidente Guillermo Lasso firmó 12 decretos de estados de excepción por "grave conmoción interna" netamente relacionados al control de las cárceles y enfrentar la crisis de seguridad. Sin embargo, las múltiples intervenciones muchas veces tenían efectos rápidamente revertidos, como el traspaso de Fito hacia la cárcel la Roca en agosto de 2023, el cual fue un evento altamente mediático, pero tuvo una duración de un mes antes de que un juez pidiera el regreso del criminal a la cárcel Regional de Guayaquil. En recientes declaraciones públicas, frente a la fuga del líder de Los Choneros, el presidente Daniel Noboa criticó fuertemente a su predecesor y aseguró que "Fito en los últimos dos gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa en la Penitenciaría".

A raíz del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, la campaña de las elecciones presidenciales de 2023 tuvo por eje principal de discusión la seguridad. El presidente Daniel Noboa ganó las elecciones promoviendo la existencia de su plan de seguridad, el Plan Fénix, el cual proponía como uno de sus elementos centrales retomar el control de las cárceles del país y construir nuevos centros de máxima seguridad. A inicios de diciembre de 2023, a una semana de su posesión en el cargo, Noboa aseguró que recibió una solicitud de acuerdo de paz desde una banda criminal, pero que no estaba dispuesto a negociar con bandas criminales.

A una semana de su posesión en el cargo, Noboa aseguró que recibió una solicitud de acuerdo de paz desde una banda criminal, pero que no estaba dispuesto a negociar con bandas criminales.
Pablo Velasco, Carolina Andrade

Frente a esta posición y la programación de traspasos de cárceles de líderes criminales, las bandas han desplegado una triple estrategia de contingencia. En primer lugar, rechazaron de facto el traspaso de líderes a través de fugas masivas y de motines en las cárceles del país. Entre el 7 y el 8 de enero, no solamente logró escapar Fito, sino también Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda Los Lobos y otras decenas de presos adicionales de diferentes cárceles del país. En segundo lugar, han buscado amedrentar a la fuerza pública a través de asesinatos viralizados de guardias de seguridad y policías dentro y fuera de las cárceles. Los centros de policía también han sido blancos de ataque de explosivos y secuestros por parte de los criminales. En tercer lugar, han procurado desplegar estrategias para generar pánico en la población, a través de ataques a civiles, saqueos, quema de vehículos particulares y la toma del canal de televisión nacional durante un programa en vivo. Durante la transmisión, uno de los encapuchados dejó claro su mensaje al declarar que "están al aire para que sepan que no se juegan con las mafias".

El gobierno ha endurecido las medidas para el control de la situación firmando un nuevo decreto de estado de excepción por conmoción interna el pasado 8 de enero y declarando un conflicto armado interno el 9 de enero contra grupos terroristas. El saldo de los primeros días del estado de excepción ha sido de al menos 11 muertos y 329 detenidos. Siguen produciéndose actos terroristas y aún no se ha podido retomar el control de todas las cárceles.

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Ecuador: puntos clave para comprender la ola de violencia - El Grand Continent

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La ola de violencia sigue en Ecuador. El presidente Daniel Noboa había logrado apaciguar el país tras los ataques del 9 de enero y la declaración de un "conflicto armado interno". Pero ayer, miércoles 17 de enero, el fiscal anticorrupción César Suárez que investigaba el asalto a un canal de televisión fue asesinado a plena luz del día.

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Fito uno de los criminales más peligrosos de la Cárcel de Guayaquil consigue escapar la tarde del 7 de enero

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CARTELES MEXICANOS CONEXIÓN CON COLOMBIA

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CARTELES MEXICANOS CONEXIÓN CON COLOMBIA

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Negocios en las sombras en Cali y Medellín. Reuniones en localizaciones secretas entre capos de distinta nacionalidad. Trasiego de dólares y armas. Después de un proceso de mutación constante durante las últimas décadas, en los ambientes del narco en Colombia se ha colado como protagonista el acento mexicano. Emisarios del país norteño se encuentran presentes en las ciudades y el campo colombianos, mezclándose con el resto de la población y financiando el negocio y a los grupos armados que lo protegen.

Los narcos mexicanos eran, en los años 80 y principios de los 90, apenas un enlace entre los grandes carteles colombianos de la época y Estados Unidos, por aquel entonces -y todavía- el mayor consumidor mundial de cocaína. Esa relación ha cambiado con los años y se ha invertido. Ahora son los mexicanos quienes dominan el negocio del narcotráfico transfronterizo. La desarticulación de los carteles de Medellín y Cali y la atomización de los grupos criminales en Colombia dejó como consecuencia su pérdida de poder internacional en detrimento de los carteles del país norteamericano.

Colombia sigue siendo, con mucha diferencia, el principal productor mundial de cocaína. Una realidad que no ha cambiado ni tiene visos de hacerlo en un futuro próximo. Las remotas y montañosas comunidades rurales del país sudamericano, donde el Estado tiene una escasa o nula presencia, siguen siendo perfectas para la plantación de la hoja de coca y la producción de la droga a espaldas de las autoridades.

Pero ahora quienes se encargan de la parte más lucrativa del negocio, llevar la cocaína a Estados Unidos, son los grandes carteles mexicanos. Estos tienen presencia en el país sudamericano a través de emisarios, financiando la siembra de coca y, por ende, a los grupos armados que protegen las plantaciones y se lucran de ellas, tanto directamente como a través de impuestos a los campesinos. Un nuevo jugador que supone un escollo mayúsculo a los intentos del Gobierno colombiano de pacificar el país.

"Hay un sistema de franquicias y de representación comercial. Existen unas estructuras mexicanas que tienen un nivel de protección personal. Es decir, esquemas de seguridad propios, escoltas que casi siempre son contratados localmente y cuya principal labor en las regiones cocaleras de Colombia es adquirir cocaína, garantizar los contratos, dar condiciones de seguridad al negocio, organizar la logística y hacer un seguimiento", asegura a El Confidencial Daniel Mauricio Rico, director de C-Analisis y experto en criminología.

Los principales grupos que operan en Colombia, a través de emisarios, son el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Trabajan en las grandes ciudades relativamente cercanas a zonas de sembradío, como Cali, o en los corredores de la coca que comunican las plantaciones con el Pacífico o el Caribe. Allí también cumplen una función de supervisión del negocio.

"Los mexicanos llevan a cabo un trabajo de articulación, regulando la cadena de producción de la cocaína".

Se relacionan, dependiendo del lugar en el que estén, con los grupos colombianos que dominan la producción de cocaína, como el Clan del Golfo, que es el mayor grupo narco paramilitar de Colombia y, con diferencia, el principal proveedor de los mexicanos. También operan con las disidencias de las extintas FARC, los Pelusos, la Cordillera, La Constru, Los Rastrojos o los Pachenca, entre otros actores armados, muchos de los cuales operan apenas a nivel local o regional, a diferencia de la época en la que Pablo Escobar y los hermanos Orejuela dominaban el negocio.

"Los mexicanos llevan a cabo un trabajo de articulación, regulando la cadena de producción de la cocaína. Un ejemplo es la relación construida entre el Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca", asegura Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito califican a los mexicanos como "los invisibles", por operar en las sombras, aunque a veces topen con las autoridades colombianas.

Medio centenar de mexicanos han sido capturados por la Policía del país sudamericano bajo acusaciones de narcotráfico y parte de ellos han sido identificados como miembros de los grandes carteles del país norteamericano. A pesar de no haberse establecido como grupo armado convencional en Colombia y de operar a través de emisarios, sí podrían tener la capacidad de medrar en el conflicto armado que desangra Colombia desde hace más de medio siglo.

Según fuentes de inteligencia, citadas por la revista Semana, un capo mexicano capturado el año pasado en Cali -era uno de los 30 más buscados por la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA)- habría llegado a Colombia, enviado por el cartel de Sinaloa, en busca de la pacificación entre dos grupos distintos de disidentes de las FARC enfrentados ahora en armas. Uno es el liderado por alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia del ex comandante 'fariano' alias Iván Márquez. La sangrienta disputa estaba y está afectando al negocio del narcotráfico y el bajón lo notan los mexicanos.

Ese espíritu de influencia en los asuntos locales, aunque limitado, podría suponer un escollo para el proyecto de 'Paz Total' impulsado por el presidente Gustavo Petro como piedra angular de su gestión, la primera en la historia de un mandatario izquierdista en Colombia. El líder progresista ha iniciado unas complejas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla de Colombia, que se financia, en parte, cobrando impuestos a la coca y que dialoga también con el Clan del Golfo, con las disidencias de las FARC y con otros actores armados que se lucran del narcotráfico.

Su objetivo es firmar pactos de paz, como el rubricado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos con las extintas FARC, o de sometimiento, con el objetivo de desmovilizar a esos grupos armados. Pero incluso suponiendo que Petro pudiese tener éxito en esa difícil empresa -algo que expertos como Mauricio Rico no ven viable debido a cómo está estructurado el plan-, algunos analistas creen que los carteles mexicanos medrarían para que el narcotráfico, que es la gasolina del conflicto, continúe en marcha como hasta ahora, minando las posibilidades del plan.

" Son una amenaza para la paz total porque podrían poner plata para crear grupos que llenen los vacíos dejados por los actores armados que firmaran algún tipo de acuerdo", comenta Kyle Johnson, experto de la Conflict Response Foundation.

Ninguno de los analistas espera, en cualquier caso, un desembarco masivo de los carteles mexicanos en Colombia. Sería inviable, entre otras cosas, porque los grupos colombianos saben defender muy bien su territorio a fuego y bala. "El arreglo es que los colombianos controlan Colombia y los mexicanos ponen la plata. En un vacío hipotético de grupos armados colombianos, los mexicanos no podrían sustituirles. Primero, no conocen para nada el terreno; segundo, se delatarían muy fácilmente, porque no son de esas zonas y su acento y su cultura es distinta. Tampoco es que tengan interés. Lo que sí pueden hacer es poner plata sobre la mesa de los actores armados colombianos para que no negocien de verdad, o para que se dividan", considera Johnson.

Las autoridades colombianas son conscientes de que los carteles mexicanos han estado echando combustible al conflicto, especialmente con la venta de armas, que son parte de los pagos por la cocaína. La droga sale de Colombia camino al norte, mientras que por las mismas rutas viajan camino al sur dólares, pero también fusiles, granadas y minas. Plata y plomo. Mientras el narcotráfico sea fuerte, la paz será un espejismo en Colombia.

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Plata y plomo: cómo los cárteles mexicanos están condenando a Colombia a un conflicto perpetuo

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Las cada vez más poderosas organizaciones criminales de México están financiando la siembra de coca y, por ende, a los grupos armados que protegen las plantaciones y se lucran de ellas

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como ha cambiado el negocio de la coca

a lo largo de los años, y ahora es Mexico

quien lidera el negocio y antes era

Colombia.

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Las bandas vinculadas al tráfico de estupefacientes mantienen un guerra que llena las calles de cadáveres

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Situación de las bandas en Mexico

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Por Juan Rojas/Becario Intel de la Universidad Internacional de Florida, Centro de Investigación en Seguridad

Entre 2018 y 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió más de 20 alertas de que filiales de los cárteles más grandes y poderosos de México estaban activas en suelo colombiano. Unos 40 ciudadanos mexicanos, según la Defensoría, estaban tras las rejas por cargos de narcotráfico en Colombia a principios de 2023.

Grupos como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) forjaron alianzas rivales con sus pares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó la revista colombiana Cambio Colombia.

Los cárteles mexicanos parecen intensificar sus operaciones en Colombia, lo que supone un cambio radical con respecto a la época en la que los cárteles colombianos dominaban la mayor parte del comercio regional de cocaína. Desde la caída de los cárteles colombianos de Medellín y Cali a mediados de la década de 1990, el dominio de los cárteles mexicanos en el corazón de la distribución de narcóticos desplazó el poder de los proveedores colombianos.

"Hoy en día los cárteles mexicanos lo controlan todo, desde la hoja de coca hasta la venta de cocaína en una esquina de Nueva York. Son más poderosos que Pablo Escobar o Carlos Castaño", dijo el presidente de Colombia Gustavo Petro, entonces senador, en un tuit de agosto de 2019.

Según el laboratorio de ideas InSight Crime, que estudia el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, la detención y posterior extradición en 2021 de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del grupo narco-paramilitar Clan del Golfo, puede ser el último arresto de un capo de su talla. "La salida de Otoniel deja tras de sí un paisaje criminal transformado", sostiene InSight Crime. En lugar de cárteles jerárquicos e integrados verticalmente, el panorama criminal actual de Colombia es cada vez más horizontal y fragmentado, con distintos actores que controlan las ramificaciones del tráfico de cocaína, desde el cultivo inicial de coca hasta el transporte nacional y la posterior exportación de cocaína a países vecinos.

En declaraciones a AFP, el ex vicepresidente de Colombia y General de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo Trujillo ofreció un análisis similar. "[Antes] había una especie de división del trabajo: Los colombianos producían [y] almacenaban la coca, [la transportaban] por las costas del Pacífico y del Caribe, así como por los puertos, y luego la enviaban a México [...] o a los Estados Unidos con la ayuda de [traficantes] mexicanos", afirmó Naranjo, quien añadió que en la actualidad los grupos criminales mexicanos "subordinaron" a sus homólogos colombianos.

En este contexto, el control de los cultivos de coca en departamentos como Norte de Santander, Nariño, Cauca, norte de Antioquia y sur de Córdoba es el foco de conflicto entre las organizaciones guerrilleras y paramilitares colombianas. A ello se suma el hecho de que los narcotraficantes mexicanos suelen pagar a los proveedores colombianos con armas de alta calidad y promueven cultivos de variedades de coca de alto rendimiento, que producen cocaína de alta calidad y alto beneficio en mayores cantidades a partir de una superficie más pequeña, publicó en un artículo de opinión de julio de 2022 Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de la Brookings Institution, un laboratorio de ideas con sede en Washington.

Pagar a los proveedores de cocaína con armas ayuda a los cárteles mexicanos a blanquear los beneficios y evitar mover grandes cantidades de dinero en efectivo a través de las fronteras, informó Reuters.

"Lo que están haciendo los grupos armados ilegales en Colombia es utilizar a los mexicanos para igualar y superar a las fuerzas armadas del Estado en términos de armamento", dijo a Reuters en abril de 2022 bajo condición de anonimato un funcionario del Centro de Información Antiterrorista y de Rastreo de Armas (CIARA), de la Policía Nacional de Colombia,. "En el futuro eso podría tener serias implicaciones, como un aumento de las hostilidades".

Los cárteles mexicanos no sólo están cada vez más implicados en el tráfico y la venta al por mayor de cocaína, sino también en las disputas internas entre grupos armados en las regiones colombianas, a menudo instigando a la violencia para desplazarse unos a otros o ganar exclusividad.

Según la Defensoría del Pueblo, "los Zetas [cártel] compran cargamentos de cocaína en el Caribe colombiano. Luego los cargamentos se introducen de contrabando en Venezuela, se exportan a Centroamérica, y desde allí a Europa y a los Estados Unidos", informó el diario colombiano Semana. Por el contrario, el CJNG y el Cártel de Sinaloa se basan en rutas de tráfico en el Pacífico, que salen de los campos de coca de los departamentos colombianos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

La detención en Cali, en abril de 2022, de Brian Donaciano Olguín Berdugo, alias Pitt, principal enlace del Cártel de Sinaloa con grupos como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y disidentes de las FARC, es instructiva en cuanto al papel de los cárteles mexicanos como mediadores entre los grupos armados colombianos. Según Reuters, la Policía Nacional de Colombia se refirió a su detención como la más importante de un emisario de un cártel hasta la fecha.

Alias Pitt, identificado como mano derecha de Joaquín "El Chapo" Guzmán, máximo líder del Cártel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, tenía la misión de negociar el fin de las disputas territoriales entre los frentes 1 y 2 de las ex FARC y la llamada Segunda Marquetalia. Es más, la inteligencia colombiana señaló que el Cártel de Sinaloa estaba involucrado en los intentos de detener la extradición de alias Otoniel. Al parecer, al Cártel de Sinaloa le preocupaba que Otoniel pudiera proporcionar a las fuerzas de seguridad estadounidenses información que pudiera poner en peligro sus operaciones en Norteamérica, e incluso consideró la posibilidad de dar un golpe contra el ex capo, informó Semana.

Reportes del diario colombiano El Tiempo indicaron que Alfredo Guzmán-Salazar, alias Alfredillo, hijo de El Chapo, dirigió las operaciones colombianas del cártel desde la ciudad de Medellín entre 2016 y 2018. Según información de inteligencia de las autoridades colombianas, así como de la DEA y el FBI, Alfredillo operaba un laboratorio de cocaína en las afueras de Envigado, al sureste de Medellín, que producía aproximadamente 100 kilogramos de droga por semana, informó El Tiempo. Al parecer, Guzmán-Salazar también estaba custodiado por miembros de La Terraza, una de las bandas armadas más conocidas de Medellín, afiliada a la Oficina de Envigado.

Estos hechos son preocupantes y sugieren que la cúpula de las mayores y más sofisticadas organizaciones de narcotraficantes de México está tratando de ampliar sus operaciones transnacionales en Colombia. A medida que el panorama criminal colombiano sigue fragmentándose, el papel de los cárteles mexicanos en el tráfico de cocaína parece que complicará aún más un conjunto ya enmarañado de alianzas criminales y relaciones de seguridad.

Para Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una empresa de análisis de riesgos y seguridad, los cárteles mexicanos no son sólo una amenaza para Colombia, sino para toda la región, que debe ser abordada "por todos los países implicados", declaró al sitio de noticias neoyorquino Business Insider.

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Cárteles mexicanos refuerzan presencia y alianzas en Colombia - Diálogo Américas

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Entre 2018 y 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió más de 20 alertas de que filiales de los cárteles más grandes y poderosos de México estaban activas en suelo colombiano. Unos 40 ciudadanos mexicanos, según la Defensoría, estaban tras las rejas por cargos de narcotráfico en Colombia a principios de 2023.

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Las operaciones que están haciendo los

carteles mexicanos en Colombia

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Al terminar el libro sobre Cuba, al que llegué como señalé en la entrega anterior por accidente, quise entender mejor la historia del narcotráfico y consumo de drogas en Colombia desde los años 20. Quería entender también el desarrollo inicial de las redes colombianas en Miami y Nueva York, así como la diplomacia de los narcóticos entre Colombia y los Estados Unidos. Eran temas históricos inexplorados en los cuales nadie había hecho trabajo de archivos. En los últimos años acometí una detallada investigación en archivos colombianos (Archivo General de la Nación, Archivo de la Presidencia, Archivo de la Cancillería) y en más de una docena de archivos norteamericanos: archivos nacionales, archivos judiciales, archivos estatales y archivos presidenciales.

De casi una decena de artículos ya publicados y en varios capítulos en borrador y que eventualmente se constituirán en un libro, quiero compartirles algunos resultados:

1. La marihuana era cultivada y consumida en el país desde los años 20. Y no solamente en la Costa Caribe, sino también en el Viejo Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y diferentes regiones del país. En la periodización sobre la historia del narcotráfico se han equivocado muchos, entre ellos Roberto Junguito y Carlos Caballero Argáez, quienes sostuvieron en su artículo sobre la economía subterránea que éste era un fenómeno que se dio sólo a partir de los años 70 y la demanda norteamericana.

2. Mucho antes del boom de la marihuana y la cocaína por la demanda norteamericana, los narcotraficantes colombianos eran muy activos en el negocio. Colombia no se metió en el negocio de las drogas ilegales como un actor pasivo víctima de los vicios del Imperio.

3. Curiosamente, en cuanto a la cocaína, durante los años 60 esta se consumía y negociaba desde Bogotá principalmente, no desde el occidente del país como sucedió pocos años después.

4. La economía del narcotráfico creció en forma paralela a la economía legal y al desarrollo de las comunicaciones y a una mayor integración económica, especialmente con los Estados Unidos.

5. La carrera de muchos narcotraficantes ha corrido paralela a otras actividades criminales: secuestros, falsificación de documentos, hurtos. Esto se dio en Colombia como entre colombianos en Estados Unidos.

6. Los colombianos introdujeron una violencia indiscriminada y hasta entonces desconocida en la economía del narcotráfico, especialmente en el sur de la Florida.

7. Los narcotraficantes norteamericanos y cubanos en el sur de la Florida no utilizaban la violencia en sus negocios. Por tanto se reafirma lo que encontré en el narcotráfico en Cuba: narcotráfico no implica violencia. Únicamente aquellas sociedades acostumbradas a la violencia en la vida cotidiana y en los negocios legales e ilegales, como México y Colombia, toman como algo natural la violencia en el narcotráfico.

8. No es cierto que los narcotraficantes colombianos sean discriminados por las cortes norteamericanas, parte de la idea de percibir a los colombianos como víctimas y no como actores centrales en negocios criminales. He estudiado en detalle miles de casos en las cortes norteamericanas de las décadas de los años 60 y 70 y comienzos de los 80. Las penas impuestas tienen que ver con la importancia del reo en la organización. Por ejemplo, los importadores de marihuana norteamericanos recibían penas larguísimas, mientras que las mulas o los marineros colombianos recibían penas mucho más cortas.

9. El término carteles del narcotráfico no es apropiado. El término Kartell utilizado hace un siglo para describir las empresas alemanas que se reunían para fijar precios y cantidades no aplica al narcotráfico. El narcotráfico es un sector altamente competitivo, de entrada libre, en el que muchos empiezan desde abajo y van construyendo su banda y sus rutas. Por eso no tiene sentido hablar de cartel de Medellín, cartel de Cali, cartel del norte del Valle, aún menos de "cartelitos". Semántica e históricamente el término no aplica.

10. Estudiando la diplomacia del narcotráfico entre Colombia y los Estados Unidos en los años 70 y 80, uno encuentra una actividad displicente por parte del presidente Alfonso López Michelsen. Durante su gobierno se fortalecieron económica y políticamente los narcotraficantes colombianos. Para López el problema era de los "gringos". Es cierto que ellos ponían la demanda, pero no se preguntó seriamente por qué países vecinos como Panamá, Ecuador y Venezuela no suplían la oferta que los grupos criminales colombianos asumieron con creatividad, energía y agallas. López estaba más preocupado por temas como los secuestros por parte del crimen común y reaccionaba con soberbia quejándose de la mala imagen que supuestamente se le hacía a Colombia cuando los medios internacionales señalaban la creciente criminalidad y corrupción del narcotráfico.

11. La mala imagen era un reflejo de la realidad. La repatriación de capitales sin preguntar por sus orígenes y conocida como la ventanilla siniestra, fue una lavandería oficial establecida por el gobierno. Mientras tanto, las élites aceptaban el narcotráfico como algo positivo para irrigar la economía nacional. Fabio Echeverri, durante décadas presidente de la ANDI, el poderoso gremio industrial, sugirió que los capitales narcos fueran legalizados para que los traficantes pagaran impuestos y los empresarios legales, o "gente bien", tuviesen que pagar menos.

12. Ante las constantes acusaciones a funcionarios y políticos colombianos, Julio César Turbay como presidente no tuvo más remedio que militarizar La Guajira y capturar cultivadores y mulas. Sin embargo, no se metió con los narcotraficantes samarios como los Dávila, quienes acopiaban la producción de marihuana y la enviaban a Estados Unidos. La campaña militar de Turbay capturó peces chicos colombianos, así como jóvenes mulas norteamericanas. Mientras tanto, la exportación de cocaína se seguía consolidando.

12. Quiero comentarles un caso sobre el tema de la tolerancia de los colombianos al narcotráfico, al menos hasta el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y la creciente presión norteamericana contra las redes criminales que estaban desestabilizando el país.

A comienzos de 1978, Diego Asencio, embajador norteamericano en Bogotá, se entrevistó con Turbay Ayala, quien estaba en plena campaña presidencial; éste le señaló que los ataques contra él eran "rumores" diseminados por miembros de la campaña presidencial de Carlos Lleras Restrepo. Turbay Ayala por supuesto negó cualquier conexión con el narcotráfico y le señaló a Asencio que Lleras Restrepo tenía el apoyo de narcotraficantes, especialmente entre la élite de Santa Marta, y que a uno de sus principales recaudadores de fondos para la campaña política, el empresario Gustavo Gaviria González, la embajada norteamericana le había retirado la visa de entrada a los Estados Unidos (esto último era cierto; según Asencio: "Tenemos razones para creer que él está involucrado en el narcotráfico").

13. Entre paréntesis: Gustavo Gaviria González (1924-2012), un riquísimo empresario exportador de café nacido en Pereira, relacionado con la élite económica y política del país y excónsul de Colombia en Nueva York, fue cercano a varios presidentes colombianos, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, y fue uno de los mentores de las candidaturas presidenciales de Luis Carlos Galán Sarmiento y César Gaviria Trujillo. Para el periódico económico Portafolio, "algunos analistas consideran a Gaviria González el padre ideológico de Luis Carlos Galán". Cuando Gaviria González murió en 2012, el presidente de la República Juan Manuel Santos expresó: "Lamentamos de corazón la muerte de Gustavo Gaviria. Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia. Hizo mucho por esta patria" . Sin comentarios.

14. El embajador norteamericano concluyó después de su charla con Turbay: "Sería fácil concluir... que quizás ambos caballeros [Turbay Ayala y Lleras Restrepo] son unos pícaros y que estaríamos en problemas con quien quiera que gane [la elección a la Presidencia]. Sin embargo, parece más probable que el medio social y político de Colombia ha llegado a un punto tal que es virtualmente imposible organizar un grupo político que no contenga elementos asociados con los traficantes". Concluyó que dado que Turbay será "probablemente el próximo presidente de Colombia" y que "él es claramente sensible a las acusaciones y rumores de que es el candidato de los narcotraficantes... esta sensibilidad la usaremos a nuestro favor para lograr una cooperación más amplia del gobierno de Colombia si él resultase electo". De todas formas, Asencio tenía una visión cínica sobre el contexto cultural en el que, según él, florecía el narcotráfico en Colombia: "La alta tasa de criminalidad en Colombia es producto de las circunstancias históricas y culturales que han creado una propensión alta entre los colombianos para violar la ley en búsqueda de ingresos. El número total de oportunidades para la actividad criminal es numeroso [...] y dentro de riesgos aceptables" y concluyó: "Muchas de las características de la población colombiana que han llevado al crimen y a la corrupción son las mismas características que en otros ambientes producirían una actividad empresarial vigorosa y legítima".

15. La posición de Asencio se enmarca en lo que el académico argentino Carlos Escudé calificó como "imperialismo moral" de los norteamericanos . Escudé se refería a la intromisión del presidente Jimmy Carter en el tema de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos de las dictaduras de Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet en el Cono Sur. Pinochet y Videla hicieron llamados al nacionalismo ante el "imperialismo moral" yanqui. Pero imperialismo o no, los hechos denunciados tanto en Argentina como en Chile eran ciertos. Y en cuanto a las acusaciones sobre la corrupción generalizada y el narcotráfico en Colombia, simplemente les pueden preguntar a varios expresidentes de la República. Ellos lo saben muy bien.
* Profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Ph.D. y M.A. en Historia, M.A. y B.A en Economía. Ha enseñado en las universidades de Harvard y California en Los Ángeles (UCLA) y ha sido investigador visitante en la Universidad de Miami.

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Al terminar el libro sobre Cuba, al que llegué como señalé en la entrega anterior por accidente, quise entender mejor la historia del narcotráfico y consumo de drogas en Colombia desde los años 20. Quería entender también el desarrollo inicial de las redes colombianas en Miami y Nueva York, así como la diplomacia de los narcóticos entre Colombia y los Estados Unidos.

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Distintos sucesos de como Colombia empezó en el mundo de la droga

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El origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de sombras. Mientras que muchos señalan a los inmigrantes chinos, llegados a México a principios del siglo XX con el equipaje cargado de sus conocimientos sobre el cultivo de opio y su dependencia a esta droga, otros creen que realmente el problema empezó décadas más tarde, cuando Estados Unidos, bajo la Administración de Franklin Delano Roosevelt, supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en suelo mexicano. El supuesto plan consistía en producir la gran cantidad de morfina necesaria para calmar los dolores de los militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

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Fuera como fuese, lo cierto es que desde aquellos orígenes el narcotráfico se ha convertido en un gigante ingobernable que no para de aumentar su poder, que penetra en los cuerpos y las instituciones del Estado y es responsable de unos niveles de violencia salvajes. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, México podría haber alcanzado los 19.000 homicidios a finales de 2016, una cifra que supone un aumento del 3,2% respecto al año anterior. También ha crecido el número de secuestros y extorsiones, de manera que, a pesar de algún éxito puntual que se anotó el Gobierno en la reducción de los niveles de violencia entre 2013 y 2014, todo indica que las cifras a finales de 2016 volverán a ser igual de desastrosas que al inicio de la legislatura del actual presidente del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

Y no solo aumentan las víctimas, también lo hace la expansión de los delitos por la geografía mexicana, algo que demuestra que el presidente y su equipo fracasan en el control de territorio a pesar de la gran inversión económica que se realiza para intentar frenar la violencia en el país. Sin embargo, el fracaso del actual presidente en la lucha contra el narcotráfico no es algo novedoso y exclusivo de su mandato. La expansión y el éxito del crimen organizado en México es la historia de un fracaso político desde el Gobierno de Miguel de la Madrid, que en 1985, presionado por Estados Unidos, lanzó la primera ofensiva real contra el narco en respuesta al asesinato del agente Enrique Camarena, de la agencia antinarcóticos estadounidense (conocida en inglés como DEA), a manos del Cártel de Guadalajara, antes conocido como la Organización de Sinaloa.

Las autoridades lograron entonces detener a los líderes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto. Habría que esperar hasta 1989, ya bajo el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, para ver cómo caía el fundador del cártel, Miguel Ángel Félix Gallardo. Con un golpe de esa magnitud, se esperaba que se debilitaran profundamente los pilares del narcotráfico y se desplomara toda la estructura, pero nada más alejado de la realidad. Por aquel entonces, el pastel se lo repartían el Cártel de Guadalajara y el del Golfo, pero el descabezamiento del primero dio lugar al surgimiento de otros tres cárteles: el de Sinaloa, el de Juárez y el de Tijuana.

Desde los años 70, los cárteles han pasado de ser dos a nueve, a los que hay que sumar sus 37 células delictivas aliadas. Además, el 60% de los estados mexicanos sufre la presencia de al menos un cártel del narcotráfico. Las organizaciones sobreviven independientemente de la detención o caída de sus líderes, porque no se realizan las investigaciones sobre las redes de lavado de dinero ni sobre los poderes políticos que realmente son su soporte. La debilidad del Estado, la corrupción de las autoridades, el fallo del Estado de Derecho y la falta de una política de drogas integral son los ingredientes de la receta de la expansión del narcotráfico y el consiguiente aumento de la violencia. Pero no hay que olvidar que el éxito de los cárteles no sería el mismo si México no contara con su vecino estadounidense, que es uno de los países más voraces del mundo en el consumo de drogas.

La historia del fracaso de los Gobiernos

Fue durante el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), el primero de una serie de presidentes impulsores del neoliberalismo, cuando el director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, encargó el asesinato del periodista Manuel Buendía, que con su trabajo puso en evidencia el vínculo del narcotráfico con las autoridades federales y el Ejército, un cuerpo que gozaba de la fama de incorruptible. En los años 80, el dinero del narcotráfico comenzaba a carcomer instituciones importantes, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa o la Policía Judicial Federal. Por aquel entonces, el secretario de Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, fue acusado en dos juicios en tribunales federales estadounidenses de haber recibido jugosos sobornos del narcotráfico. Las acusaciones no sentaron nada bien a De la Madrid, que puso en marcha una serie de respuestas diplomáticas contra Washington por haber puesto en duda la honorabilidad de su ministro y no tomó ninguna medida al respecto.

Durante el mandato de Carlos Salinas (1988-1994), los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta la familia presidencial. El hermano del mandatario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito para más tarde ser puesto en libertad sin que nunca se llegara a saber qué ocurrió realmente. Paralelamente, bajo el mandato de Salinas se creaba la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, se decomisaban y destruían grandes cantidades de drogas ilícitas, se emprendían campañas con el Ejército para disuadir del desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, se aumentaba la cooperación bilateral con los países vecinos y el país participaba en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobado por el Senado mexicano en noviembre de 1989.

Pero el final de los 80 y el inicio de los 90 fueron años prósperos para el crimen organizado. El Cártel de Tijuana o de los Arellano Félix creció durante los Gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo (1994-2000), mientras que el Cártel de Juárez alcanzaría un poder inmenso de la mano de su conocido líder, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, bautizado como el capo más poderoso, superando a los narcotraficantes colombianos, por la DEA. A la muerte de Carrillo Fuentes en 1996, la organización se debilitó, pero sus principales integrantes no tardaron en crear una nueva formación con base en Sinaloa. Algunos de los nombres se vienen repitiendo desde entonces: Ismael el Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno el Azul, Ignacio Coronel Villarreal, los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín el Chapo Guzmán Loera. El Cártel de Sinaloa se convirtió entonces en el más poderoso en México junto al Cártel del Golfo.

Otro hombre más del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaría en 1994 para convertirse en el último de los quince presidentes consecutivos que había conseguido su partido. Ernesto Zedillo protagonizaría un hito importante en la historia del combate contra el crimen organizado. En una visita del expresidente Bill Clinton en 1997, ambos Gobiernos firmaron un pacto de cooperación sin precedentes para la luchar contra el narcotráfico. El acuerdo sirvió para apaciguar un poco los ánimos del Congreso estadounidense, que ya entonces dudaba de la capacidad del Ejecutivo mexicano para combatir la lacra del tráfico de estupefacientes, a pesar de las sonoras detenciones de los cabecillas de los cárteles y su posterior extradición a Estados Unidos para ser juzgados.

Sin embargo, Zedillo tampoco salió indemne de los escándalos familiares relacionados con el narcotráfico. En 1998 un hermano del presidente reconoció haber firmado un negocio inmobiliario con personas que resultaron ser testaferros del ya fallecido Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Además, durante el mandato de Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar antidrogas de aquel momento, también fue acusado de sostener vínculos con Carrillo Fuentes. El general acusó a su vez al entonces secretario de Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, de proteger a altos cargos militares que tenían ensuciadas las manos con el narcotráfico.

Con el cambio de milenio, el Partido de Acción Nacional (PAN) llega a la presidencia pisando fuerte de la mano de Vicente Fox (2000-2006). En el primer año de mandato, su Gobierno presumió de lograr decomisar un 340% más de psicotrópicos que en el mandato anterior, así como de destruir miles de hectáreas de cultivo de marihuana y amapola. De nuevo, se lanzó una ofensiva exitosa contra algunos de los principales capos; sin embargo, durante este periodo surgen nuevos cárteles, Los Zetas y la Familia Michoacana, mientras que el líder del Cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, se fuga por primera vez de una prisión de máxima seguridad. Pasados los años y apartado del poder, Fox ha cambiado radicalmente de discurso y ha repetido en varias ocasiones que es necesario legalizar todas las drogas para acabar con el narcotráfico en México.

El período más sangriento

Al llegar 2006, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), también del PAN, se enfrenta a un panorama sin precedentes: los cárteles ya no se dedican solo a vigilar y proteger el tránsito de los cargamentos de droga, sino que entran en conflicto para controlar el territorio. Al poco de llegar al poder, el presidente tomó la decisión de involucrar a la Policía y al Ejército en una lucha frontal contra el narcotráfico bautizada como la "guerra contra las drogas". El exmandatario incrementó en un 50% el gasto en seguridad del Gobierno al tiempo que fortalecía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal.

El expresidente impulsó una guerra no declarada del Estado contra el crimen organizado y protagonizó uno de los períodos más sombríos de la historia de México. Esta ofensiva se saldó con alrededor de 70.000 víctimas mortales sin que sirviera para nada. Más aún, se exacerbó la violencia y las organizaciones criminales aumentaron su presencia. Calderón dejó de informar sobre el número de personas fallecidas en hechos relacionados con el crimen organizado en 2011 y, cuando fue cuestionado por el número de víctimas, dijo que se trataba de "daños colaterales". El ahora expresidente se defiende diciendo que, cuando llegó a la presidencia, se encontró varios estados, municipios y ciudades donde había un proceso de captura del Estado.

Cuando el actual presidente mexicano, perteneciente al PRI, llega al poder en 2012, propone un abandono de la estrategia frontal de la "guerra contra las drogas" de Calderón contra las organizaciones del narcotráfico, con la intención de reducir los niveles de violencia. Según aseguró Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, no solo se capturaría a los líderes de los cárteles, sino también a los principales operadores.

La realidad es que Peña Nieto se encuentra en el último tercio de su mandato y se estima que podría terminar su legislatura con unas cifras de violencia similares a las de Calderón. De las diez propuestas de seguridad nacional que el mandatario expuso dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, en noviembre de 2014, ninguna ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Solo ha prosperado la creación del número de emergencia 911, algo que no necesitaba la aprobación parlamentaria.

Los errores que perpetúan la violencia

Javier Oliva, investigador experto en seguridad nacional, cree que el principal fallo que han cometido los últimos tres presidentes -Fox, Calderón y Peña Nieto- es que no han tenido ninguna estrategia ni visión de conjunto. En su opinión, ninguno de los tres ha tenido la capacidad o el liderazgo institucional para convocar a los otros dos poderes -legislativo y judicial- porque consideran que México es un régimen presidencialista.

Así, la falta de una política integradora es achacable a dos principales causas: la toma de decisiones políticas a corto plazo, con la mira puesta en las próximas elecciones, y la falta de cuadros formados en las instituciones, o, lo que es lo mismo, la "improvisación" de funcionarios sin conocimientos o experiencia para afrontar el problema. Otro de los errores principales es que se insiste en perseguir los efectos, pero no las causas; las políticas siempre son de contención, no de prevención. Ninguno de los mandatarios ha logrado llegar al origen del problema, cuyos dos ejes fundamentales son, de acuerdo con Oliva, la corrupción e impunidad y la tolerancia de la sociedad mexicana a las prácticas de ilegalidad.

El enfoque desde el que se ha planteado afrontar el crimen organizado nunca ha sido sanitario, aunque el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas sea un problema de salud pública. Por el contrario, se ha continuado con el enfoque combativo, con una terminología militar. Desde 1970, las Fuerzas Armadas han sido el pilar básico para la lucha contra el narcotráfico, pero esta institución, tan bien valorada por los mexicanos, sufre un continuo desgaste, una sobreexposición y una sobrecarga de tareas.

Tampoco ha habido una respuesta eficaz a patrones que se han venido repitiendo en las últimas décadas y sobre los que el Gobierno debería tener una respuesta efectiva. Como hemos visto, la captura de los principales cabecillas del narcotráfico a menudo ha desembocado en la reestructuración y surgimiento de nuevas organizaciones. A día de hoy, tras la recaptura del Chapo, el Ejecutivo sigue sin tener las herramientas que le permitan paralizar la fragmentación de cárteles, una vez que han sido descabezados, en otros grupos escindidos.

Por último, el papel de Estados Unidos es clave, y no precisamente para bien. Más allá de las colaboraciones puntuales de las autoridades estadounidenses con México, anunciadas a bombo y platillo, la desconfianza de ambas instituciones es mutua. Hablando en cifras, el Congreso estadounidense calcula que entre 19.000 y 29.000 millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales en México. El tráfico no es solo de dinero negro, sino que también se calcula que entran diariamente a México unas 2.000 armas provenientes de Estados Unidos. El panorama no parece muy esperanzador: el recién electo Donald Trump ya ha hablado claramente a favor de la enmienda para mantener la posibilidad de que el ciudadano estadounidense posea armas, algo que seguramente le hará un flaco favor al tránsito de armas ilegales a México. Mientras tanto, en Estados Unidos aumenta el consumo de droga; en concreto, el consumo de heroína es especialmente preocupante, porque prácticamente se triplicó entre 2007 y 2014 y llega a causar 10.000 muertes al año.

En México, los cárteles trafican con drogas, contrabando, armas y personas y lavan su dinero con bancos y proyectos económicos. En la actualidad, los grupos están más fragmentados, tienen un peso más local y diversifican sus actividades ilícitas para obtener más ingresos. El país sigue albergando las organizaciones criminales más peligrosas, violentas y sofisticadas del hemisferio norte, que consiguen extender sus redes hasta Canadá, Argentina e incluso a países de Europa.

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El narcotráfico en México, historia de un fracaso político

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El origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de sombras. Mientras que muchos señalan a los inmigrantes chinos, llegados a México a principios del siglo XX con el equipaje cargado de sus conocimientos sobre el cultivo de opio y su dependencia a esta droga, otros creen que realmente el problema empezó décadas más tarde, cuando Estados Unidos, bajo la Administración de Franklin Delano Roosevelt, supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en suelo mexicano.

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Historia de Mexico con la droga

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La Madrina. La Viuda Negra. La Reina. Los numerosos alias y apodos de Griselda Blanco reflejan la notoriedad que adquirió al dirigir un imperio de la droga multimillonario y sangriento que se extendía desde Colombia hasta Estados Unidos.

La vida de Blanco, protagonista de la serie de Netflix Griselda, difuminó la línea entre la realidad y la ficción mientras se abría camino hasta una posición de poder en un mundo violento. Pero, ¿quién fue la mujer real detrás del mito?

Blanco nació en Colombia el 15 de febrero de 1943. Su patria pronto se vería desgarrada por La Violencia, un periodo de disturbios masivos que comenzó el 9 de abril de 1948, cuando el popular político Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá. Cuando terminó, una década más tarde, habían muerto 200 000 personas.

Griselda Blanco aparece en una escena del documental de 2006 Cocaine Cowboys.

Fotografía de Magnolia Pictures, ZUMA Press

Blanco alcanzó la mayoría de edad en este contexto de violencia. Como señaló la historiadora Elaine Carey en Women Drug Traffickers [ Mujeres traficantes de droga], Blanco y sus contemporáneas aprendieron que "el poder a menudo llegaba a través de actos violentos".

Blanco creció en la pobreza en Medellín y al principio no tenía mucho poder. Se inició en el mundo criminal a los 11 años, cuando presuntamente secuestró a un niño de la zona y lo asesinó después de que su intento de rescate no prosperara. En los años siguientes, añadió a su currículum el robo de carteras y la falsificación de dinero.

Blanco conoció y acabó casándose con Carlos Trujillo, que se ganaba la vida falsificando documentos y traficando con seres humanos. El matrimonio tuvo tres hijos, pero acabó en divorcio. A mediados de los años 70, Trujillo había muerto. Algunos dicen que Trujillo murió por problemas de salud; otros afirman que Blanco estaba realmente detrás de su muerte.

El auge de la música disco en la década de 1970 provocó un creciente mercado de drogas ilícitas como la cocaína. A mediados de la década, Colombia se había convertido en el centro del tráfico de cocaína, lo que ofrecía oportunidades de riqueza asombrosa... y de peligro.

Junto con Alberto Bravo, contrabandista de drogas y segundo marido de Blanco, construyeron un imperio de cocaína con sede en Nueva York. Dependían de contrabandistas que llevaban ropa interior especialmente diseñada para ocultar la droga a través de las fronteras internacionales.

A medida que el imperio crecía, la relación entre Blanco y Bravo se deterioró. Aunque los detalles de lo que ocurrió exactamente siguen siendo controvertidos, Bravo fue asesinado en 1975. Blanco afirmó más tarde que ella le disparó personalmente en la boca.

Izquierda: Arriba:

Parte de la destrucción que sacudió Bogotá se muestra el 15 de abril de 1948, tras el asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril.

Derecha: Abajo:

Un coche diplomático fue volcado y quemado en los disturbios y saqueos del 9 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia.

fotografías de William J. Smith, AP Photo

La muerte de Bravo cimentó la imagen de Griselda Blanco como la "Viuda Negra", una mujer que se deshacía de sus maridos matándolos.

En su mejor momento, la red de Blanco vendía cocaína por valor de 80 millones de dólares al mes. Sus mayores mercados eran Nueva York, Miami y Los Ángeles.

El imperio de la cocaína de Blanco le valió el apodo de "La Madrina", la respuesta colombiana al Vito Corleone de El Padrino. Blanco parecía inclinarse por la mitología. Después de dar a luz a su cuarto y último hijo en 1978, lo llamó Michael Corleone en honor del personaje central de la película.

La violencia fue la base sobre la que Blanco construyó y mantuvo su imperio. Era la gasolina que mantenía en marcha el motor de su red, y transformó Miami en un campo de batalla en la guerra de la droga.

Uno de los ataques más conocidos tuvo lugar el 11 de julio de 1979. Dos hombres, probablemente por orden de Blanco, mataron a tiros a un traficante de cocaína y a su guardaespaldas en una licorería del Dadeland Mall de Miami.

La policía dice que dos hombres en una furgoneta pintada con el lema "Happy Time Complete Party Supply" trabajaban para Griselda Blanco. Dispararon y mataron a un traficante rival y a su guardaespaldas dentro de Crown Liquors el 11 de julio de 1979.

Fotografía de David Poller, ZUMA Wire

En otro incidente en Miami, Blanco ordenó el asesinato de su socio Jesús Castro, que al parecer había pateado a uno de sus hijos. Pero cuando sus sicarios intentaron realizar el trabajo en 1982, mataron por error a Johnny, el hijo de dos años de Castro.

Según Jorge Ayala, uno de sus asesinos, Blanco se alegró del error: "Al principio se enfadó mucho porque no dimos con el padre. Pero cuando se enteró de que habíamos cogido al hijo por accidente, dijo que se alegraba, que estaban en paz".

El tiroteo a plena luz del día en el centro comercial Dadeland Mall se considera el comienzo de la "guerra de la cocaína" en el sur de Florida.

Los hijos de Blanco fueron testigos directos de la violencia. En 1983, probablemente ordenó la muerte de su tercer marido, Darío Sepúlveda. Fue asesinado delante de Michael Corleone, su hijo de cinco años, en Colombia.

En total, las autoridades sospechaban de la implicación de Blanco en no menos de 40 asesinatos en todo Estados Unidos.

En el capítulo 1 de la primera temporada de nuestra serie 'Narco Wars', titulado 'Cómo la cocaína llegó a América' hay una entrevista de Michael Corleone hablando de su madre Griselda Blanco. La serie está disponible en Disney+.

Blanco consiguió mantenerse un paso por delante de la ley, al menos durante un tiempo. La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) trabajó con informadores para localizarla y construir un caso contra ella.

La arrestaron en Irvine, California, el 17 de febrero de 1985, y en el juicio se la condenó a 15 años de prisión. Nueve años después, llegaron más cargos, esta vez por los asesinatos de Johnny Castro y los narcotraficantes Alfredo y Grizel Lorenzo.

Blanco fue deportada a Colombia en 2004, y vivió tranquilamente en El Poblado, el barrio más rico de Medellín, durante ocho años.

El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco, de 69 años, salió de una carnicería de Medellín. De repente, sonaron dos disparos: provenían del arma de unos asesinos en motocicleta, que huyeron rápidamente del lugar. Blanco se desplomó. La mujer que se había forjado un camino sangriento para escapar de la pobreza de las calles de Medellín murió en ellas.

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Ascenso y caída de Griselda Blanco, la "madrina" de la cocaína de los 70

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¿Cómo una chica que creció en la pobreza en Colombia se convirtió en una reina internacional del narcotráfico capaz de facturar 80 millones de dólares al mes...

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La primera mujer colombiana en liderar un negocio de drogas