# data[].attributes.body
¡Buenas a todxs!

Para dar inicio al espacio de intercambio, les proponemos la siguiente actividad:

A partir de los artículos periodísticos que dejamos aquí, piensen cómo se implementa la Ley 27.610 en sus espacios de trabajo o en sus territorios (localidad, provincia): ¿qué avances y qué obstáculos registran y qué perspectivas ven en este nuevo contexto?

En relación a esto último tengan en cuenta no sólo los riesgos en función de la afectación de las políticas públicas, sino también sobre qué estrategias podría apoyarse la defensa del derecho al aborto.

¡Lxs leemos!

https://redaas.org.ar/noticias/redaas-en-los-medios/a-3-anos-de-aborto-legal-disminuyo-la-mortalidad-materna-y-los-embarazos-de-ninas-y-adolescentes/

https://www.feminacida.com.ar/tres-anos-de-aborto-legal/#:~:text=Este%2030%20de%20diciembre%20se,qu%C3%A9%20datos%20tenemos%20hasta%20ac%C3%A1%3F&text=El%20aborto%20es%20mucho%20m%C3%A1s%20que%20un%20acto%20individual

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Este 30 de diciembre se cumplen tres años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): el fiel reflejo de la lucha feminista organizada. Pero, ¿qué datos tenemos hasta acá?
Foto de portada: Micaela Arbio Grattone
El aborto es mucho más que un acto individual. Transformó la vida social, política y sanitaria del país. En concreto, reconoció el derecho a decidir de mujeres y disidencias, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública. No es sólo una prestación más que brindan los equipos de sanitarios, sino también un hito para la sociedad que participó en uno de los debates más relevantes de la historia reciente.

El Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, monitorea la implementación de la Ley 27.610 y analiza su constitución e importancia como un derecho. " Es mucho más que un aborto " es el reporte del proyecto. Allí se refleja la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina a tres años de su legalización.

Desde 2020, el aborto se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Desde la aprobación de la ley hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras en instituciones públicas de salud. Además, desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023, la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92 por ciento de las cuales fueron sobre aborto.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto garantiza de forma integral acciones preventivas, estándares de calidad y de atención antes, durante y después del aborto. También cuenta con protocolos de atención actualizados según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Derechos en riesgo

El proyecto de "ley ómnibus" presentado este miércoles por el gobierno nacional propone modificaciones a la ley de los 1000 Días. Pretende reformar el artículo 1 de la Ley 27.611 de "Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia", que enumera objetivos para garantizar "la atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad".

En cambio, la iniciativa del Gobierno habla de "madres embarazadas", "niños desde la concepción" y no hace alusión a otras identidades de género con capacidad de gestar.

Además, sugiere agregar al capítulo 3 la "detección y asistencia a la madre embarazada y su hijo por nacer", el acompañamiento familiar y el fortalecimiento de la primera infancia.

Los datos son claros al momento de mostrar el desempeño de la política pública nacional y provincial, y la importancia de la intervención estatal, aún cuando las desigualdades territoriales para acceder al derecho persisten y deben ser corregidas. Pero el reconocimiento del derecho de las personas gestantes a decidir sobre su vida reproductiva significa mucho más.

Gio Eiriz es articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la región CABA. En entrevista con Feminacida, observa el impacto directo de estas nuevas políticas liberales en mujeres y disidencias sexo-genéricas: "La invisibilización y negación de la desigualdad de género y del patriarcado es el punto de partida para muchas de las medidas tomadas. La derogación de leyes que afectan a la clase trabajadora de la que somos parte, nos coloca en un lugar aún más relegado y empobrecido donde gestar y parir es nuestra principal función".

"Más allá de que desde la Campaña veníamos demandando más presupuesto y acompañamiento para las personas que padecen violencia, nos parecía importante tener un ministerio específico para la problemática de género. Su reducción a subsecretaría, el desfinanciamiento y el vaciamiento de esta y otras políticas estatales, ratifica que niegan toda existencia de desigualdad de género y violencia machista y que pretenden también quitarnos la libertad de decidir sobre nuestros propios proyectos de vida", agrega.

El camino para que se promulgara la Ley de IVE fue largo y de ardua labor de activismos, construcción de alianzas y cabildeo legislativo. En 2006, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se presentó un proyecto. Fue firmado por 72 diputados y diputadas de diez partidos políticos diferentes. Así, por primera vez desde 1921 se logró insertar el debate en el recinto. En 2020, un nuevo proyecto presentado por el entonces presidente Alberto Fernández fue aprobado por ambas cámaras, producto de una larga historia de lucha. Llegó para responder también a una demanda social: las agendas de género y feministas, de salud pública, de derechos humanos, del colectivo LGBTIQ+ y de personas con discapacidad, entre otras.

Miso y mife, soberanía nacional

A tres años de su legalización, el aborto es una prestación más dentro del sistema de salud que aspira a garantizar el acceso universal a prácticas seguras en todas las provincias y en los tres subsectores de salud: público, privado y obras sociales.

Una de las fortalezas de la política de acceso al aborto seguro es la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol. El santafecino, además, produce mifepristona.

En su artículo 264, el DNU 2023/70 deroga la ley N° 27.113 que tenía por objeto promover la actividad de los laboratorios de producción pública, es decir, aquellos que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal. Así se suprime la "Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)" lo que afecta la actividad de instituciones de alto prestigio dedicadas a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos.

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe es Sociedad del Estado provincial y se encuentra en "alerta", según su directora Elida Formente. Recientemente se convirtió en la primera institución pública de Latinoamérica en producir y distribuir mifepristona, un medicamento que, junto al misoprostol, constituye el procedimiento más eficaz para interrupciones voluntarias del embarazo, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El LIF se constituyó como Sociedad del Estado por ley provincial en 1999. Sin embargo, produce medicamentos para el sistema público de salud de Santa Fe desde 1947. Es el principal proveedor de entre los cinco laboratorios públicos que abastecen al programa REMEDIAR, la política pública que surgió en 2002 y se consolidó para garantizar el acceso a medicamentos a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Entrega botiquines con medicamentos esenciales en más de 8.100 centros de salud de todo el país.

Entre las especialidades que produce el laboratorio santafesino se encuentran antibióticos, corticosteroides, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antihipertensivos, antiespasmódicos, antiparasitario, antipsicóticos, analgésicos opioides, antifebriles, anticonceptivos, protectores solares, repelentes. En total son 46 medicamentos que abarcan un amplio espectro de necesidades.

En cuanto al abastecimiento de insumos para la provisión de abortos en los servicios de salud públicos, la política pública desde la aprobación de la ley IVE/ILE ha sido una condición necesaria para mejorar la calidad en la provisión de abortos. Es claro que sin insumos no hay garantía de un aborto seguro. En ese sentido, la directora del laboratorio santafesino, afirmó que "no hay muchos laboratorios en el mundo que hagan este tipo de medicamentos", y destacó que "el laboratorio público argentino siempre está a la vanguardia".

Según los informes públicos, no fue hasta octubre de 2018 que el misoprostol fue registrado para usos en salud reproductiva en dosis adecuadas. Durante el primer semestre de 2022, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y del Ministerio de Salud (DNSSR) se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol. Durante 2021 se distribuyeron 74.071, cuatro veces más que durante 2020. En 2022 se incorporó la distribución del llamado combipack (mifepristona + misoprostol) ampliando las opciones para el aborto con medicamentos y acercándose a los estándares de calidad internacional.

Entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo.

El contexto social y político que vive el país, tras la asunción del líder de La Libertad Avanza, cuestiona y pone en riesgo esta conquista, entre tantas otras, que impactan grave y particularmente en mujeres y disidencias. Esto no solo amenaza la autonomía, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad física y psicológica.

Aquello que supimos conseguir

El debate atravesó las calles, las escuelas, los medios de comunicación, las mesas familiares, las charlas de amigas y los lugares de trabajo argentinos. Más de 4,5 millones de personas vieron la transmisión en vivo, solo en los canales oficiales del Congreso de la Nación Argentina donde participaron legisladores y expositores con opiniones disímiles: 810 en Cámara de Diputados y 802 en Cámara de Senadores. Sanitaristas, profesionales de la salud y del derecho, activistas, ciudadanas de todas las edades incluyendo adolescentes, políticos y políticas, y periodistas de diferentes lugares del país, expresaron sus argumentos y aportaron datos durante la discusión pública.

El proceso legislativo y el texto de la ley fueron de inspiración para los sistemas democráticos de la región al plasmar la regulación de la objeción de conciencia y el acceso dentro de un sistema de salud desigual y fragmentado. El proceso de movilización social que concluyó en la norma aprobada también despertó admiración en otros países.

No obstante, aún con el compromiso de los equipos y las autoridades, todavía se observa una brecha territorial en el acceso al derecho: las 1982 instituciones públicas que dan acceso están distribuidas desigualmente. Si se miden los servicios en instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa.

Se produjo un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término (desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021), lo que implicó una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021. Esto se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados.

Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. Como indica el reporte Es mucho más que un aborto, "son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad". El aborto protege la vida y no hay marcha atrás que sea posible.

# data[].attributes.attachment_link.title
Tres años de aborto legal y el compromiso que se renueva - Feminacida

# data[].attributes.attachment_link.description
Este 30 de diciembre se cumplen tres años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14.

# data[].attributes.body
1. Para añadir contenido sólo debemos hacer click sobre el signo + que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

2. Para comentar en el posteo de otra persona, haciendo click en el recuadro debajo de esa publicación, podrás hacerlo.

3. Recordá dejar en tu publicación nombre y apellido o mail para poder dar seguimiento al tu comentario.

# data[].attributes.body
A partir de los artículos propuestos, la clase y situadx en mi lugar de trabajo (Provincia de Bs As) considero que es  drásticamente muy diferente cuando hay decisiones políticas gubernamentales orientadas a la garantía de derechos que cuando no. En la PBA, por ejemplo, seguimos teniendo, por decisión política y del Gobernador, el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Así como políticas públicas, programas, formaciones y equipos orientados a la garantía de derechos y prácticas de salud sexual y (no) reproductiva. De todas maneras, el contexto nacional afecta, como es mencionado en la nota de Feminacida, por ejemplo en la provisión y gestión de insumos así como en la producción pública de medicamentos. Lo cual a nivel gestión ministerial genera obstáculos.

En cuanto a las estrategias, considero que el contexto actual, nacional, regional y mundial, nos propone desafíos en los cuales es clave poder historizar, recuperar experiencias, conocer muy bien los marcos de derechos y legales, entramarnos, conocerse entre equipos de salud e intersectoriales, así como con las organizaciones locales y territoriales, para potenciar las redes provinciales, locales y comunitarias. Tal como relatan en ambas notas, en nuestro país tenemos una organización feminista muy amplia y que pudo devenir popular y desde ahí generar cambios estructurales no solo a nivel poder ejecutivo sino también legislativo. Por lo cual creo que es muy importante recuperar las experiencias situadas y comunitarias para poder re-pensarlas y accionar en la actualidad.

# data[].attributes.body
Desde mi lugar de trabajo (en una escuela secundaria) lo que observo es que pareciera que el discurso entre lxs jóvenes ha cambiado en relación al período 2015-2021. Considerando no encasillar a todxs lxs jóvenes en una misma generalidad, en el sector de la población con la que yo trabajo, junto con otrxs docentes coincidimos en que se puede observar nuevamente una resistencia muy fuerte a la reflexión sobre estos temas. Una resistencia y también una habilitación de discursos agresivos que polarizan el debate y no permiten un intercambio fluído y empático. Así todo considero como estrategia seguir llevándolos a las aulas, trabajando en conjunto con información científica y comprobable e incitando siempre a la tolerancia y el respeto desde las preguntas, los disparadores, la escucha y el ejemplo. Por otro lado, hasta ahora nunca me ha tocado acompañar una situación de embarazo no deseado y/o aborto pero intuyo que institucionalmente también pueda llegar a haber resistencias, barreras, dilatación de los procesos, prejuicios y mucha desinformación ya que no existen capacitaciones al respecto.

# data[].attributes.body
Desde mi lugar de trabajo, desde el servicio social del Hospital rural de la Localidad Los Menucos, ubicado en La región Sur de la Provincia de Río Negro. Puedo observar que previo a la implementación le la ley, el proceso de acompañamiento que fuimos brindando fue difícil, complejo se torno en algunos momentos hasta persecutorio. Ya que nuestro contexto territorial deviene de procesos de evangelización muy fuerte, con atravesamientos patriarcales de invisibilización de violencias de genero, por lo que fue necesario el apoyo de la red de profesionales por el derecho a decidir, de redes feministas que se encuentran en ciudades distantes, como las socorristas entre otras. Y de apoyarnos a nivel de red como región. Buscar médicos amigables y comenzar a hablar de los acompañamientos en abortos como practica de salud.

Posterior a la implementación de la ley IVE- ILE, se observo mayor apertura para hablar de aborto en la institución de salud con todo el equipo de trabajo, mayor compromiso en la temática desde otros sectores hospitalarios . Sin embargo al momento de la implementación de la practica se observa como obstáculo falta de medicación, y la medicalización de la practica en si , con dificultad en brindar un acompañamiento integral, con presencia en la mayoría de los hospitales de practicas en salud con lógicas de intervención de practicas médico hegemónicas. En función de ello desde los equipos de atención primaria de la salud nos encontramos con el desafío de pensar estrategias de acompañamiento, mediante el armado de redes.

# data[].attributes.body
Buenos días! En mi lugar de trabajo (atención primaria en la provincia de Córdoba) se trabaja a partir de un equipo interdisciplinario, con protocolo de atención. Se responde a la demanda dentro de las plazos recomendados e incluyendo a mujeres y personas gestantes que vienen de pueblos vecinos donde no se realiza la práctica. Por el contrario, en el hospital zonal solo brinda atención de IVE/ILE una médica generalista, ya que, los demás profesionales, según tengo entendido, son objetores.

Por mi parte, al haberme incorporado hace tan poco tiempo a APS de la zona, no tengo una visión comparativa desde el cambio de gobierno y políticas públicas. Por ahora, no se ha tenido faltante de medicación, por ejemplo. Tampoco he notado resistencia de la población, ni de otros profesionales. Ante los obstáculos que puedan presentarse, yo creo que la fortaleza es la solidez de este equipo, tanto en organización y capacitación como en convicción. También contamos con socorristas en la zona; por lo que asumo que el trabajo en red encontrará estrategias para sortear las dificultades que se presenten.

analiaiguain@gmail.com

# data[].attributes.body
Super interesante leer en cifras los avances que ha implicado la Ley en materia de derecho a decidir sobre nuestra corporalidades. En nuestra provincia se viene implementando el PPSSyR desde hace muchos años con buena cobertura de territorialidad en general, aunque con las dificultades que la ruralidad implica. Si bien hace muy poco me como referente, si se observa claramente de diciembre a esta fecha un claro desabastecimiento de medicamentos e insumos de parte de Nación teniendo que recurrir a los aportes de la provincia y de los propios hospitales para cubrir la demanda. Por otro lado se suma que van quedando pocos profesionales no objetores que realizan las prácticas viéndose recargados por las derivaciones que les llegan, siendo más visible esto en situaciones de ILE del segundo trimestre. Asimismo otra observación que me hacen llegar los profesionales es la falta de colaboración de las practicas complementarias (ej. ecografías) en la atención rápida que requiere el abordaje de una IVE/ILE, reflejándose no un obstrucción directa pero si le llamaría "obstrucción pasiva". En este sentido estamos conversando con lxs profesionales por región para determinar las limitaciones, las dificultades u obstrucciones que se manifiestan en el territorio para poder delinear una línea de acción concreta como capacitaciones, conversatorios, talleres y demás a fin de seguir dando cumplimiento a la Ley. También hay en la provincia organizaciones de la sociedad civil que monitorean y realizan un fuerte trabajo territorial que de gran ayuda. La Ley la sostenemos entre todes.

siguerocarolina@gmial.com

# data[].attributes.body
Buenas tardes! Un placer leerles.

En mi lugar trabajo, los equipos técnicos de aplicación de la Ley Nacional 26.061, en relación a  la vulneración al derecho a la integridad. Abordamos las situaciones desde una perspectiva de género y de cuidados. Generalmente, son las menos las situaciones de embarazos formados a adolescentes, no obstante, aquí en Mendoza se cuenta equipos interdisciplinarios que garantizan el acceso a la información de calidad y científica. Como también el acompañamiento posterior sostenido en el tiempo.

Se ha observado una gran demanda de estos espacios en relación a las violencias sexuales posterior a la sanción de la Ley Nacional 27.610 y su efectiva aplicación. Tal como lo exponen las notas leídas, ha reducido así el índice de comorbilidad y mortalidad de les cuerpes gestantes que deciden interrumpir un embarazo.

Además, considero que es de vital importancia la formación institucional para dar real garantía de acceso, contando con herramientas eficaces para democratizar dicha normativa en todos los sectores, en especial en aquellos en situación de vulnerabilidad social.

Claramente, en relación con las normativas traídas a colación en mi respuesta, es vital garantizar la corresponsabilidad en el acompañamiento de situaciones de violencia sexual contra las infancias y adolescencias, a los fines de restituir derechos en la medida de la particularidad de la situación.

Nadia Perez

# data[].attributes.body
Buenas! Con respecto a frente que obstáculos nos encontramos desde la promulgación de la ley, el mas importante, creo que es la falta de capacitación del personal no medico con el que se cruzan las usuarias hasta llegar a la consulta medica. La verdad que nunca hemos tenido carencias de medicación, pero si creo que lo que falla es lo anteriormente mencionado.. y ademá, hay falta de colaboracion de personas que podrian facilitar el trabajo que lleva la atencion de una consulta por un embarazo no intencional, por ej, la realizacion de ecografias de forma espontanea, las quejas de compañeros, las maneras en las que se refieren a las usuarias que vienen solicitando una interrupcion.. "llego la ILE", o mismo, colegas tocoginecologos que opinan sobre las diversas situaciones que pueden aparecer (pacientes cursando segundo trimestres tardios).. LEs habia comentado tambien que soy la unica medica no objetora de mi espacio de trabajo, y me pasa que me sobrecargo de trabajo, y no tengo colaboracion de nadie. Ademas si bien tengo un equipo conformado de psicologas, creo que faltaria articular con las TS de mi hospital para poder garantizar mas derechos que solo decidir sobre sus cuerpos. Otra cosa que destaco mucho, es la informacion que tienen muchas usuarias sobre el acercarse al hospital para realizar procedimientos de forma segura. Un punto importante tambien, es el funcionamiento de los CAPS como centros de realizacion de IVE, con su derivacion de los casos que ameriten la atencion en un segundo nivel, o en caso de gestaciones >13 semanas. Antes de la implementacion de la ley, se realizaba todo en el hospital, sobrecargandonos de pacientes. Si tengo que reconocer, que muchas cosas han mejorado con el tiempo desde el 2021, pero tenemos mucho camino por recorrer aun. Saludos

# data[].attributes.body
Que hoy estemos pudiendo decir “3 años de aborto legal” representa un avance en tantos sentidos: más de 245.000 personas accedieron a interrupciones seguras en instituciones públicas, la reducción casi a la mitad de las muertes maternas por aborto, el descenso progresivo de niñas que llevan embarazos a término hasta más de la mitad en niñas entre 10 y 14 años, casi 2000 instituciones públicas que garantizan el acceso universal, la producción pública de misoprostol y mifepristona… el aborto es un derecho que supimos conseguir porque sabíamos esto: el aborto seguro salva vidas.

Respecto de mi lugar de trabajo, los turnos se dan inmediatamente, hay demanda espotánea, la atención es de calidad. Hay trabajo interdisciplinario de gineco y salud mental, por lo que si la persona lo requiere, en la atención durante y post IVE/ILE, puede acceder a una acompañamiento. Suelo acompañar situaciones de ILE. Conversando con estas mujeres, con las profesionales del servicio también, no hay obstáculos en garantizar el cumplimiento de la ley, afortunadamente.

Claro que con los tiempos que corren, estamos en alerta y seguimos en lucha. “Plan ENIA en riego” es uno de los ejemplos del desguace estatal y avasallamiento al que nos enfrentamos hoy. Me indigna.

# data[].attributes.headline
Ricart daiana Marco legal y normativo en Argentina

# data[].attributes.subject
Ricart daiana Marco legal y normativo en Argentina

# data[].attributes.body
Mi lugar de trabajo: Hospital escuela Eva Peron, G. Baigorria. provincia de Santa Fe.

Previo a la implementación le la ley, el proceso de acompañamiento fue complejo, con una grieta marcada entre los profesionales, y personal del hospital, por lo que tanto para las pacientes y para los que trabajabamos, tenia una cognotacion angustiante. Posterior a la implementación de la ley, se observo una mejoria en la calidad de trabajo, en la comunicacion con la mayoria de los profesionales, mas compromiso en la temática. Sin embargo al momento de la implementación de la practica se observa como obstáculo profesionales que lo realicen, y brinden un acompañamiento integral. Por lo que se trata de ubicar a las pacientes los dias que se encuentren medicos amigables de guardia, con los cuales poder contar para la atencion y cuidado de estas pacientes.

# data[].attributes.body
Actualmente si bien sigue existiendo atención a la IVE, sabemos que los insumos van a ser limitados en breve porque venían de Nación y no hay mucha información sobre que va a pasar con la entrega de misoprostol, mifepristona, y ante los continuos mensajes anti aborto de Milei , ya se evidencia en las redes sociales de los medios de comunicación de la provincia ( Corrientes) mensajes que promueven estos mensajes violentos.

# data[].attributes.body
por suerte trabajo en un hospital que el acceso a la IVE / ILE está garantizada a quien la solicite pero lamentablemente llegan casos de pacientes que no pudieron acceder a ellos por políticas gubernamentales