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La vivienda digna es un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución Política del Perú (art. 2, inc. 1) y por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11). No se trata solo de un techo, sino de un entorno seguro, con acceso a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento.

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El Estado peruano reconoce el derecho a la vivienda adecuada en nuestra actual Constitución Política? A través del desarrollo jurisprudencial, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre este derecho? ¿Cuáles son los retos del derecho a la vivienda vinculados con el Derecho Administrativo? El presente artículo busca dar respuesta a estas interrogantes a partir de la revisión de diversos instrumentos internacionales de los cuales el Perú es un Estado parte; así como de la revisión de la normativa interna y jurisprudencia peruana. Finalmente se reflexionará sobre los retos que tiene el derecho a la vivienda en el contexto peruano a partir de la reciente publicación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (2021) y la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

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Vista de El problema de la vivienda en el Perú, retos y perspectivas

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El problema de la vivienda en el Perú, retos y perspectivas

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Defensoría: Hay un reto del país en materia de acceso a vivienda digna

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Love Teaching. (2021, 28 de octubre). Como crear un muro digital en Padlet [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=inOTDxUkwy8

Salazar, L. (2022). Derecho a la vivienda y justicia social en el Perú. Revista Peruana de Derecho Constitucional, 15(2), 45-60.

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El derecho a la vivienda digna es un pilar fundamental para garantizar una vida plena, segura y con oportunidades. En el Perú, si bien existen normas legales y programas estatales que buscan atender esta necesidad, los desafíos persisten: informalidad, déficit habitacional, falta de acceso a servicios básicos y limitada fiscalización.

Desde el enfoque jurídico, es urgente fortalecer el marco normativo, asegurar su aplicación efectiva y fomentar políticas públicas inclusivas y sostenibles. Solo así se podrá garantizar que este derecho no quede en el papel, sino que se haga realidad para todos los peruanos, especialmente los más vulnerables.