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Amanece Dignidad. Voces latinoamericanas frente al poder de las transnacionales (OMAL y CEDIB, 2011)

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Amanece Dignidad. Voces latinoamericanas frente al poder de las transnacionales (OMAL y CEDIB, 2011)

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Desde hace décadas se afirma que la llegada de las multinacionales a América Latina impulsaría el progreso y la mejora de la calidad de vida de la población. Al contrario de lo esperado, han originado fuertes impactos sociales y ambientales. Así lo ha vivido Dominga en Bolivia, Gloria en Ecuador, y Norquis en Venezuela. Frente a estos impactos se han organizado con su comunidad para defender sus derechos y para exigir otros modelos de desarrollo que les permita tener una vida digna. Estas son sus historias.

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David Sandoval Morales:La mentira disfrazada de progreso por amanece dignidad voces latinoamericanas frente al poder de las multinacionales

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David Sandoval Morales:La mentira disfrazada de progreso por amanece dignidad voces latinoamericanas frente al poder de las multinacionales

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La explotación de hidrocarburos es un negocio que ha llegado a ser muy fructífero en algunos países de Latinoamérica, y en los cuales algunos multinacionales e inversores extranjeros están muy al tanto de la riqueza natural para proceder a su explotación, en el documental (amanece dignidad voces latinoamericanas frente al poder de las multinacionales) se muestra aquel panorama que inicialmente, busca explotar los recursos de los países que serán nombrados a continuación pero dando garantías de un supuesto “desarrollo” , que al final no es más que una idea que se vende para poder explotar los recursos de un estado, a costa de la comunidad que reside en dicho lugar.

Hablaremos de los 3 países mencionados Bolivia, Ecuador y Venezuela empezando con una Ecuador en el año 2000, en la cual el panorama que se puede apreciar es el de una comunidad indígena, con demasiada preocupación debido a la explotación de hidrocarburos (petróleo) de una multinacional llamada Repsol, la comunidad Waorani vive en ese momento un proceso de contaminación debido a la actividad de extracción del petróleo en lo cual muchos yacimientos ríos y animales salen muy afectados, por la actividad en cuestión, una farmacéutica ecuatoriana daba el siguiente contexto donde se explica el daño tan grande que ocasiono esta empresa y lo expresaba de la siguiente forma en Repsol por cada 100 baldes que sacan 93 son de agua de deformación  mientras 7 son petróleo, en el mismo contexto explica que el agua de deformación es un agua que contiene muchas toxinas, y en ese momento surge la pregunta y ¿qué pasa con estos 93 baldes restantes donde quedan ? pregunta que no es resuelta.

Al negociar el estado con empresas como Repsol se requiere según la información del documental que después de cierto tiempo cuando se haga la renovación de un contrato haya auditorias que permitan ver si hay o no impacto ambiental, de las cuales generalmente pasan como simples ideas y poco más, mientras la comunidad y el ecosistema como tal se ven afectados.

Situación similar en Bolivia con la falta y necesidad de abastecimientos de agua, donde es la misma comunidad que debe solventarse esa necesidad, debido a la ausencia de organizaciones que resuelva esta situación y del estado como tal.

Y no menos importante la compra del banco de Venezuela por inversor de dicho país para encaminarla a una organización de nivel internacional que evitaría en su momento que muchos venezolanos perdieran sus bienes.

Pero al final de cuenta esto simplemente expresa que independiente la situación al final existe una problemática en común y es el hecho de pensar que el progreso solo se puede lograr con la inversión extranjera o trayendo ideas de otros lugares del mundo, como si hubiera cierta desconfianza en la capacidad de los propios ciudadanos por parte del estado, cuando en muchas de las situaciones anteriormente mostradas era el mismo estado quien ocasiona estas problemáticas.

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Valentina Páez: El lado oscuro del desarrollo.

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Valentina Páez: El lado oscuro del desarrollo.

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Este Análisis busca encontrar una relación entre el desarrollo expuesto a través del curso hasta el momento, viendo de qué manera se manifiesta el desarrollo en los temas trabajados e identificando desde cada perspectiva como este afecta al mismo. Para esto se le brindará al lector una breve definición sobre el desarrollo trabajado así como la  contextualización sobre cada tema escogido por el grupo para finalmente llegar a una relación en la cual se pueda ampliar la visión sobre la otra cara del desarrollo.

El desarrollo como hoy lo conocemos es ese que busca implementar un poder superior por parte de las potencias capitalistas sobre los países tercermundistas en la cual se legitima la acumulación de riquezas únicamente por parte de estas potencias, la cuales buscan naturalizar este mecanismo a través de garantizar un bienestar para un país, se define como si fuera una guía a seguir por parte de los países tercermundistas.

La llegada de multinacionales a un país crea la falsa expectativa de que las mismas traen consigo desarrollo para el mismo, ocultando lo que esto implica en los territorios en los cuales se instala o ejecuta dichas multinacionales. Uno de los casos frecuentemente vistos es la explotación de espacios  en los cuales habitan grupos propios de dichos territorios, los cuales en muchas ocasiones a causa del mal manejo de recursos por parte de las multinacionales enfrentan condiciones de salud extremadamente graves  o contaminación en el entorno, hasta llegar incluso a causar un desplazamiento de sus territorios hacia las ciudades en donde se forman otros problemas sociales y culturales en las mismas.

Se habla constantemente de un desarrollo para el país al cual llegan las multinacionales, pero este desarrollo se planea generar en beneficio a las principales ciudades de los países implicados, nunca se habla de un desarrollo para los entornos rurales que están siendo afectados, de ahí es que se generan problemáticas sociales, ambientales y culturales que se forman a causa de la búsqueda de un supuesto desarrollo para un país tercermundista.

De estas problemáticas generalmente surgen lo que conocemos como líderes y lideresas que buscan ser esa voz para esas comunidades que temen a expresarse para beneficio de la misma, para ser la voz de ese entorno ambiental que no puede pedir por sí mismo un alto, o de esas culturas que se ven amenazadas a desaparecer por la condiciones del entorno a las que se ven sometidas. A causa de la labor que realizan los líderes y lideresas sociales, se han presentado múltiples asesinatos y persecuciones que conllevan a sembrar temor en las comunidades quienes se terminan viendo sometidas a condiciones precarias por la explotación causa a raíz del desarrollo.

El desarrollo promete generar óptimas condiciones para los países que buscan dejar de ser subdesarrollados, pero esto solo es una garantía para las grandes potencias mundiales, ya que no se tiene en cuenta las problemáticas que esto genera en los mismos como la concentración de riquezas, la pobreza, el asesinato de líderes sociales, la salud y la corrupción.

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Diego Diaz                       Líderes Sociales: Los asesinatos que cada día suman una cifra más.A tres semanas de que el presidente Iván Duque cumpliera su primer año de mandato, habló sobre las cifras de líderes sociales con las que cuenta el país. Y es que, aunque se quedó algo corto con ellas, el primer mandatario mencionó que hay alrededor de siete millones de líderes sociales inscritos en las Juntas de Acción Comunal (JAC) del país. Pero, hay que ponernos en contexto, en realidad ¿Qué es un líder social? Un líder social es aquella persona que trabaja por la Defensa de los Derechos Humanos, de los territorios, la educación, la salud, la seguridad, entre otras mas labores que puedan beneficiar a una determinada comunidad. Mas del 60% de las 62.000 juntas constituidas legalmente, pertenecen a zonas rurales del país. Y es que no es lo mismo trabajar por una comunidad en zona de conflicto que ser líder comunitario en una ciudad como Bogotá.Según el informe presentado el día 3 de marzo de 2020, por el relator especial de la ONU; el francés Michel Forst, Colombia es el país en donde mas defensores de derechos humanos son asesinados, y aunque no es la primera vez que Colombia tiene una denominación de esta, pues en junio del año 2019, las Naciones Unidas revelaron que en el país ser un líder social era extremadamente peligroso debido a que en el año 2018 mas de 110 defensores fueron asesinados.Alrededor de 24 departamentos colombianos son los que mas se ven afectados por la violencia del país; sin embargo, en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, es en los departamentos en los que mas muertes violentas se han presentado en contra de los defensores de derechos humanos. Y aunque parezca increíble, estas muertes aumentaron potencialmente luego de la firma de los acuerdos de paz, que recordemos dio lugar el 26 de septiembre del año 2016, y donde luego de esta fecha han sido asesinados alrededor de 400 líderes sociales según el diario “El país”.	El Programa Integral de Seguridad y Protección Para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, el Plan de Acción Permanente para la desmantelación de las organizaciones criminales, las mesas de garantías departamentales y municipales, son algunos de los planes o programas que se encuentran establecidos en los acuerdos de paz, pero que a la fecha no han tenido mayor notoriedad frente a los asesinatos de líderes sociales.	Hasta entonces, miles de líderes sociales que están siendo amenazados, piden con fuerza el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para capturar y sancionar a los autores intelectuales de los asesinatos … Pero por lo pronto, nos seguiremos preguntando: ¿Quién podrá defenderlos?

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Diego Diaz                       Líderes Sociales: Los asesinatos que cada día suman una cifra más.A tres semanas de que el presidente Iván Duque cumpliera su primer año de mandato, habló sobre las cifras de líderes sociales con las que cuenta el país. Y es que, aunque se quedó algo corto con ellas, el primer mandatario mencionó que hay alrededor de siete millones de líderes sociales inscritos en las Juntas de Acción Comunal (JAC) del país. Pero, hay que ponernos en contexto, en realidad ¿Qué es un líder social? Un líder social es aquella persona que trabaja por la Defensa de los Derechos Humanos, de los territorios, la educación, la salud, la seguridad, entre otras mas labores que puedan beneficiar a una determinada comunidad. Mas del 60% de las 62.000 juntas constituidas legalmente, pertenecen a zonas rurales del país. Y es que no es lo mismo trabajar por una comunidad en zona de conflicto que ser líder comunitario en una ciudad como Bogotá.Según el informe presentado el día 3 de marzo de 2020, por el relator especial de la ONU; el francés Michel Forst, Colombia es el país en donde mas defensores de derechos humanos son asesinados, y aunque no es la primera vez que Colombia tiene una denominación de esta, pues en junio del año 2019, las Naciones Unidas revelaron que en el país ser un líder social era extremadamente peligroso debido a que en el año 2018 mas de 110 defensores fueron asesinados.Alrededor de 24 departamentos colombianos son los que mas se ven afectados por la violencia del país; sin embargo, en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, es en los departamentos en los que mas muertes violentas se han presentado en contra de los defensores de derechos humanos. Y aunque parezca increíble, estas muertes aumentaron potencialmente luego de la firma de los acuerdos de paz, que recordemos dio lugar el 26 de septiembre del año 2016, y donde luego de esta fecha han sido asesinados alrededor de 400 líderes sociales según el diario “El país”.	El Programa Integral de Seguridad y Protección Para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, el Plan de Acción Permanente para la desmantelación de las organizaciones criminales, las mesas de garantías departamentales y municipales, son algunos de los planes o programas que se encuentran establecidos en los acuerdos de paz, pero que a la fecha no han tenido mayor notoriedad frente a los asesinatos de líderes sociales.	Hasta entonces, miles de líderes sociales que están siendo amenazados, piden con fuerza el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para capturar y sancionar a los autores intelectuales de los asesinatos … Pero por lo pronto, nos seguiremos preguntando: ¿Quién podrá defenderlos?

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El reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia ha producido una fuerte reacción crítica del gobierno de Iván Duque. La controversia gira alrededor de la cifra de líderes sociales asesinados, pero la cuestión de fondo es la falta de control del Estado sobre casi la mitad del territorio y las medidas preventivas que deben tomarse.

El asesinato de líderes políticos y sociales no es nuevo en Colombia. Durante décadas líderes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido víctimas del Estado, guerrillas, paramilitares, sicarios y narcotraficantes.

Desde que se firmó en 2016 el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la violencia disminuyó sustancialmente, pero han sido asesinados entre 300 a 500 activistas sociales, y más de 100 ex combatientes de las FARC, según la fuente que se consulte (más de 600 defensores de derechos humanos fueron asesinados mientras se negociaba el Acuerdo de Paz bajo la presidencia del presidente Santos).

Tampoco es nuevo el problema de falta total o parcial del Estado en casi la mitad del territorio, y la presencia de grupos armados no estatales, políticos o del crimen organizado, o una mezcla de ambos.

Varias de estas cuestiones fueron subrayadas el pasado 27 de febrero por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe anual sobre Colombia. El Informe critica la falta de acceso a la justicia que "perpetúa ciclos de impunidad y violencia", y señala que la Fiscalía General de la Nación sólo tiene alcance en la mitad del país. Explica, así mismo, la presencia de organizaciones armadas en varios territorios y las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo.

El Informe enfatiza la cuestión de los asesinatos a líderes sociales (sobre derechos humanos, sustitución de cultivos ilícitos, reintegración de tierras, derechos de minorías indígenas y afrocolombianos) y los ataques a la Juntas de Acción Comunal, registrando 108 asesinatos en 2019. Eso significa, según la OACNUDH, un aumento del 50% frente a 2018. Así mismo, contabiliza 36 masacres en 2019, que costaron la vida de 133 personas.

Si bien la Oficina de Derechos Humanos valora positivamente que haya avances en la resolución judicial del 55 % de los casos de asesinatos de líderes sociales, lamenta la lentitud del sistema de justicia y que hay "desafíos" para llevar a juicio a los autores intelectuales de los crímenes.

El informe también denuncia que en 2019 hubo privaciones arbitrarias de la libertad por parte del ejército y la policía, casos de violencia de miembros de las fuerzas armadas y la policía contra ex guerrilleros de las FARC, y presuntas torturas y malos tratos por parte de la policía.

En el campo de los derechos económicos y sociales, la OACNUDH verifica que en el último año aumentó la pobreza multidimensional (que afecta todos los aspectos de la vida de las personas) respecto de 2018, con el mayor impacto sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Retrasos en el acuerdo de paz

El informe se ocupa del cumplimiento del Acuerdo de Paz indicando que pese a que el Gobierno ha "formulado" 16 planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), hay retraso en su implementación y falta de coordinación entre las agencias gubernamentales.

También manifiesta su preocupación ante la falta de avance en el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos ilícitos, y la decisión del Gobierno de relanzar la controvertida fumigación aérea de glifosato para eliminar campos de coca. Recientemente el Gobierno anuló el contrato con la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y la Corrupción (UNODOC) para verificar la sustitución voluntaria de cultivos. Informes de esta Agencia e investigaciones independientes indicaban que el plan era , contrariamente a lo que sugiere el Gobierno, que se inclina, con el apoyo de Washington, por la sustitución forzada y la fumigación.

Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos elogia el funcionamiento de las instituciones, creadas a partir del Acuerdo de Paz, sobre justicia transicional: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión de la Verdad. En 2018 la OACNUDH y el Gobierno chocaron sobre el intento de Duque de recortar las funciones y alcance la JEP.

En otros terrenos, Naciones Unidas señala el problema de la corrupción que limita los recursos del Estado, la alta contaminación de las aguas debido al uso indiscriminado de mercurio (en la minería ilegal), el aumento de la violencia sexual y el reclutamiento forzoso de menores de edad, ejercida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados, y la insuficiente respuesta del Estado.

En las recomendaciones, el Informe subraya la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en el punto de la reforma rural; aumentar la presencia judicial y policial del Estado en zonas donde no está presente; y revisar y reformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que fue utilizado de forma polémica en 2019 contra las protestas sociales.

La reacción de Bogotá

El presidente Duque reaccionó indicando que es "una intromisión" en la soberanía nacional de Colombia y su preocupación por las "imprecisiones y que no se diga la verdad". Varios ministros consideraron que la Oficina de Derechos Humanos no menciona la migración venezolana y su impacto, ni la crisis humanitaria que viven algunas regiones debido a grupos armados ilegales, y discrepan de las cifras sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

Consideran, además, que el Informe no condena suficientemente a las organizaciones armadas no estatales. El Gobierno se muestra especialmente irritado con la afirmación de la OACNUDH sobre que la reforma rural establecida por el Acuerdo de Paz no se debe limitar a los PDETs.

El Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila dijo que el Informe contradice datos de otras agencias de la ONU sobre la política de "Paz con legalidad" de Duque. Se omiten, explicó, "las más de 34 medidas de seguridad adicionales que tenemos para los excombatientes y, de una manera sorprendente, los resultados que han tenido la Fiscalía y la justicia para condenar a cabecillas y autores materiales de homicidios contra estos".

Las limitaciones de la respuesta

Respecto de los ex combatientes de las FARC, la Misión de Verificación de la ONU en diciembre pasado que en 2019 fueron asesinados 77 exguerrilleros, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. A estos 173 se suman 14 desaparecidos y 29 intentos de asesinato.

El Gobierno reconoce el problema, aunque insiste en que los asesinatos no son "sistemáticos". En noviembre de 2018 Duque puso en marcha el de Acción Oportuna (PAO) para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. El Plan reconoce que la mayor parte de los asesinatos ocurren en zonas rurales con fuerte presencia de economías ilícitas, y alto niveles de pobreza.

Pero la Plataforma de organizaciones de derechos humanos y la Cumbre Agraria (coordinadora de asociaciones campesinas), que el Plan de Acción Oportuna tiene varios problemas: no soluciona la descoordinación entre agencias del Estado que se ocupan del tema y centra la atención en las acciones de grupos armados organizados. De este modo, se excluyen otros factores que pueden generar violencia contra líderes sociales como la minería ilegal, la impunidad, y las acciones de grupos paramilitares en presuntas connivencias con actores del sector privado y autoridades civiles y militares.

El Acuerdo de Paz de 2016 contempló una serie de medidas para la prevención y protección de líderes sociales y excombatientes, como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema de Alertas Tempranas, y la protección colectiva a comunidades en alto riesgo.

En medios no gubernamentales se considera que el Gobierno no ha utilizado esas herramientas y que el PAO es mucho menos efectivo. El informe de Naciones Unidas saluda la creación de este organismo, pero subraya que esos mecanismos no han sido usados adecuadamente o carecen de la financiación suficiente.

El Programa Somos Defensores, que más allá de proteger física y materialmente a las personas amenazadas es necesario centrarse en "la perspectiva de garantías de seguridad", que se ocupa de "los factores de riesgo y actores criminales". Esto implica, "combatir a los grupos criminales, con frecuencia asociados o protegidos por políticos, terratenientes, ganaderos, empresarios y demás actores de poder".

¿Pero, cuántos líderes han sido asesinados?

En enero pasado el fiscal general (e) de la Nación, Fabio Espitia, aseguró que en los primeros días de 2020 solo un líder social fue asesinado. Pero según el Instituto de Desarrollo para La Paz (Indepaz) en el mismo período fueron muertos más de 29.

Las diferencias sobre cuántas víctimas hay depende de la metodología de medición e investigación. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Defensoría del Pueblo, organismo gubernamental con alto grado de autonomía, usan diferentes formas de investigación. El Gobierno utiliza los datos de la OACDH, pero no tiene en cuenta, como el jurista Rodrigo Uprimny, los que están bajo investigación en esta Oficina de la ONU.

Varias organizaciones de la sociedad civil también hacen seguimiento a los asesinatos. Algunas contabilizan a toda víctima que sea parte de una comunidad. Por ejemplo, Indepaz incluye en su registro a las personas que ejercen liderazgo, tenga o no una posición directiva. Según esta organización, entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019 fueron asesinados 837 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de Farc.

Para la Defensoría del Pueblo, en 2019 fueron asesinados 118 líderes, pero entre enero de 2016 y el 21 de octubre de 2019 sumaron 555 casos. El Defensor El defensor del Pueblo, Carlos Negret, , además, el incremento del 63% en la violencia contra las lideresas que impulsan la sustitución voluntaria de cultivos y se oponen a la presencia de grupos armados en su territorio.

El problema con las diferencias en las cifras, la publicación Pacífista!, "es que ello repercute directamente en la magnitud de la respuesta estatal, la urgencia en la protección, y la aplicación de justicia". Sin embargo, la organización de derechos humanos DeJusticia que la diversidad de fuentes y de cifras no es un problema, ya que permite contar con análisis independientes, provenientes de las diferentes realidades regionales, y que proveen una descripción más detallada del problema.

La Canciller (ministra de Exteriores) Claudia Blum dijo que el Informe de la ONU "no es un diagnóstico integral y actualizado, que identifique tanto los retos como los logros existentes (...) esto genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en esta materia".

El gobierno Duque trata de encontrar el balance entre limitar la implementación, tener un buen reconocimiento en la ONU, y continuar recibiendo el apoyo político y financiero internacional. En ese complejo punto medio se encuentran las disputas con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Mariano Aguirre es associate fellow de Chatham House (Londres), fellow de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert, y miembro del Consejo Asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao) y de la Fundación Equitas (Santiago de Chile). Su último libro: Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria, Barcelona, 2017).

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La realidad detrás de los asesinatos de líderes sociales en Colombia

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El reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia ha producido una fuerte reacción crítica del gobierno de Iván Duque....

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Marlon Monroy: La protección de los lideres sociales no da espera. 

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Marlon Monroy: La protección de los lideres sociales no da espera. 

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La protección de los lideres sociales no da espera, el articulo publicado por la revista semana en el que describe los actos violentos a los que se han visto enfrentados varios lideres sociales pertenecientes a las comunidades afro en algunos territorios de Colombia, específicamente en departamentos como el Cauca, Norte de Santander y algunas zonas de Antioquia y Nariño, donde bandas delincuenciales y grupos armados como el ELN, las Águilas negras y en el ultimo tiempo la aparición de carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco nueva generación se disputan el territorio, la extracción de recursos ambientales y minerales de la zona, el cultivo  la producción y el trafico de drogas, de esta manera persiguen y declaran la guerra a quienes denuncian y no comparten el desarrollo de estas actividades que solo causan daño en los territorios, como es el caso de Francia Márquez, lideresa afro del Cauca quien ha denunciado estos sucesos y quien fue victima de un atentado en su contra, justo cuando se encontraba reunida con algunos otros lideres con quienes pretendía presentar un memorial de agravio al gobierno en representación de sus comunidades, argumentando que el incumplimiento de distintos acuerdos firmados desde 1986 ha propiciado espacios en estas comunidades para que las economías informales se establezcan en la zona y con ellas el surgimiento de grupos armados quienes buscan controlar el territorio ejerciendo violencia.

Los sucesos de violencia en contra de lideres sociales no son algo nuevo, pero destaca el articulo que desde el 2016 han tenido un incremento sustancial, es decir han aumentado las cifras de lideres asesinados por defender o denunciar actividades irregulares en sus territorios, parte del debate central es que no se tienen cifras exactas de lideres asesinados, ni la fiscalía ni la defensoría del pueblo coinciden en las cifras, todo esto haciendo mas difícil llevar los controles pertinentes y plantear soluciones para salvaguardar la vida de cientos de lideres que aun se atreven a denunciar o en algunos casos no poder esclarecer, capturar y judicializar a los responsables.

Estos acontecimientos tienen una relación con la noción de desarrollo trabajada en el curso ya que esta desarrolla y propicia un modelo extractivista con el agravante de que en estos territorios son las bandas criminales o grupos delincuenciales quienes los implantan y se lucran de ellas generando gran impacto ambiental y social  en estos territorios, siendo las comunidades quienes menos reciben dinero por la extracción o elaboración de estos productos.

Según datos de la fundación internacional para la defensa de los derechos humanos  Front Line Defenders, Colombia encabeza lista de países mas mortíferos para defensores de los derechos humanos y defensores del medioambiente.

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Lauren Franco: El asesinato sistemático de líderes sociales, un mal en aumento.

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Lauren Franco: El asesinato sistemático de líderes sociales, un mal en aumento.

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El informe especial ¡Basta Ya! de la revista Semana relata la dolorosa situación que atraviesa al país, el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Una situación que lleva desde siempre, pero que se ha aumentado desde la firma de los Acuerdos de Paz en el 2016, el período que escoge la revista para realizar el artículo.

Ante la inoperancia de las instituciones del Estado y la falta de garantías para la labor social, diversos grupos armados han tomado la delantera en el control territorial y en el proceso han silenciado cientos de voces.

Lo más aterrador de la situación es la falta de conceso con las cifras. Para la Fiscalía General de la Nación dice que hay 276 líderes asesinados desde el 2016, la Defensoría del Pueblo habla de 462, la ONG Indepaz asegura que hay 681 y Somos Defensores menciona a 366. Cual sea que sea la verdadera cifra, todas resultan igual de aterradoras. Sin embargo esta falta de unanimidad ha llevado a que no se implementen las acciones necesarias para la seguridad de los líderes, no se encuentre, ni investigue, a los responsables y que cada día el tejido social por el cual estos líderes trabajaron se rompa.

Las regiones más afectadas por esta situación son: Cauca y parte del Valle, en el Pacífico nariñense y caucano, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y algunas zonas de Caquetá, Meta y Vichada. Explicar la situación resultan complejo como realista, los asesinatos tienen un común denominador: la noción de desarrollo.

Los asesinatos sistemáticos ocurren en zonas donde predomina las actividades extractivitas, el cultivo de coca para el narcotráfico, el control territorial por parte de grupos armados  y en lugares donde las personas reclaman la restitución de las tierras despojadas durante el conflicto armado. Los actores armados han contemplado la visión de desarrollo para cometer los crímenes, un desarrollo que se lucra de la extracción de los recursos, el mantenimiento del narcotráfico y sobretodo el control de las personas para evitar subversiones de pensamiento que sean contrarias a las ideas que ellos proponen.

En ese sentido, la desigualdad es un factor que propicia el asesinato, una desigualdad íntimamente ligada a la idea de desarrollo hegemónico. Un claro ejemplo de eso sería el comercio del oro o la cocaína, el primero puede llegar a costar en el mercado por kilo 130 millones, el segundo más den 80, en ambos casos las comunidades no reciben ni la cuarta parte de estas ganancias.

Lo anterior permite entender qué condiciones han propiciado los asesinatos sistemáticos de los líderes: la desigualdad, la noción de desarrollo, los intereses de los grupos armados, la falta de garantías y presencia del Estado en zonas donde el conflicto es latente, pero sobretodo el objetivo de los grupos armados y las instituciones del Estado de acabar con la actividad social en las comunidades.

Aunando en lo anterior resulta igual de pertinente mencionar los actores que participan en este mal diario del país. Por un lado tenemos las estructuras armadas, el ELN, Clan del Golfo, Disidencias de las Farc, Caparrapos y estructuras paramilitares como las Águilas Negras. Sin embargo en estos crímenes también participan sicarios contratados por personas con intereses económicos y políticos en contra de los líderes. No obstante, el Estado con sus instituciones también es un actor en estos procesos, tanto por omisión (falta de garantías y presencia estatal) como por actuación (participación de instituciones en estos asesinatos),

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Texto escogido: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales.

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Texto escogido: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque. Algunos de ellos habían imaginado muchas veces una reacción como esta; otros la habían ensayado con sus esquema de seguridad; y un par, simplemente, actuó de forma instintiva, tal y como lo habían tenido que hacer para salvar sus vidas.

Tres hombres armados habían llegado a la finca La Trinidad, a solo 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, para asesinar a los 16 líderes de las comunidades afrodescendientes que se encontraban allí reunidos. El atentado comenzó como una noticia más de las que aparecen cada dos días, en promedio, desde 2016, con asesinatos o amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero sus características lo convirtieron en un hecho ampliamente repudiado.

Le sugerimos: Francia Márquez denuncia atentado en su contra y otros líderes en Cauca

Inicialmente, se llevó el foco de atención la lideresa Francia Márquez, ganadora el año pasado del Goldman Prize -una especie de Nobel del medioambiente- por su lucha para detener la minería ilegal de oro en su tierra ancestral. Pero después, cuando se supo que otros líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), como Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí o Sofía Garzón, también fueron objeto del ataque, la indignación y las alertas aumentaron. En ese paraje estaban las figuras más destacadas y visibles de las comunidades negras no solo del Pacífico, sino del país. Muchos son autoridades y personas admiradas en sus regiones, gracias al valeroso trabajo que han hecho durante décadas; han ganado el respeto de académicos, altos funcionarios del Gobierno, políticos, diplomáticos e incluso decenas de congresistas de Estados Unidos y Europa. Si la granada que cayó muy cerca del quiosco hubiera explotado, la masacre habría sido inevitable.

Rosero, Francia Márquez y demás líderes discutían los términos de una especie de memorial de agravios que las comunidades le iban a presentar al Gobierno dentro de los acuerdos firmados en la pasada minga indígena. "Queremos que haya una mesa definitiva para que cumplan los más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con las diferentes comunidades desde 1986. Que protejan la vida y derechos de las poblaciones, resuelvan asuntos de tierras o minería ilegal, financien proyectos productivos, nuestro sistema de salud, educación y gobierno", dijo Víctor Moreno, presidente de la Aconc.

Un kilo de oro vale 130 millones de pesos en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína.

Pocos imaginaban que el ataque no iba a parar ahí. Un día después del intento de asesinato, rechazado con vehemencia por el propio presidente Iván Duque, varios de estos líderes recibieron una nueva amenaza de las Águilas Negras: " Este es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes... les llegó la hora, negros" decía el mensaje de texto. La advertencia cumplió su cometido, los llenó de miedo y disolvió el segundo intento de reunión.

Lo ocurrido en el norte del Cauca ofrece un claro ejemplo de lo que pasa en otras zonas del país con el conflicto, las economías ilegales, el narcotráfico y la falta de presencia del Estado. Las amenazas y atentados contra los líderes sociales son el síntoma, la fiebre de un complejo fenómeno que amenaza la tranquilidad y seguridad no solo de las comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas, sino de gran parte de los colombianos.

Las intimidaciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a crecer luego de que las Farc dejaron las armas. Desde entonces, el debate se centró en qué tan ciertas eran las cifras, en si detrás de esa nueva oleada de sangre había una sistematicidad que permitiera llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en cómo salvaguardar la vida de cientos de personas. Muchos de estos y otros problemas aún siguen sin respuesta.

Foto: El defensor del Pueblo, Carlos Negret, el procurador general, Fernando Carrillo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lideran, desde sus diferentes perspectivas, la lucha contra los asesinos de los líderes sociales y contra la problemática que rodea el fenómeno.

Frente a las cifras, todavía no hay unanimidad. La Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados desde 2016, pero la Fiscalía dice que son 276, la misma suma de la ONU. Por su parte, la ONG Indepaz cuenta 681, y Somos Defensores menciona 366. Lo cierto es que, de todos los casos, la Fiscalía sostiene que ha avanzado en 225 y ha capturado 244 personas. De los números, los de la Defensoría serían los más cercanos a la realidad, por el alcance y el contacto con las comunidades que la entidad tiene permanentemente en todo el territorio nacional.

En cambio, parece haber más consenso en las razones de las muertes e intimidaciones. En gran parte, según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, responden a la lucha de los líderes contra los cultivos de coca, la minería ilegal o la destrucción del medioambiente, mientras protegen sus parcelas o territorios. La inmensa mayoría está en zonas de conflicto, donde las disidencias de las Farc, el ELN, bacrim, Águilas Negras, grupos neoparamilitares o bandas que protegen economías ilegales imponen su ley o mantienen enfrentamientos por controlar regiones o corredores estratégicos.
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Un importante número de homicidios ocurren en Cauca y parte del Valle, en el Pacífico nariñense y caucano, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y algunas zonas de Caquetá, Meta y Vichada (ver infografía). En estas regiones hoy se concentran los cultivos ilícitos, la producción de drogas, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Pero también otros negocios como el robo y el contrabando de combustibles, el tráfico de migrantes o el terrible exterminio de las selvas, bosques y sabanas naturales de la Orinoquia. Alrededor de 130 millones de pesos vale actualmente un kilo de oro en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína. Todo ello a manos de negociantes y terratenientes que han encontrado en el vacío que dejaron las Farc una oportunidad para apropiarse de miles y miles de hectáreas.

Lo que pasa en el Cauca o Nariño es terrible, dice Negret. Los indígenas, afros o campesinos luchan contra los modelos de producción extractivistas, pero los obligan a cultivar la coca. A su vez, sus propiedades y territorios han sufrido la invasión de miles de campesinos, colonos y raspachines provenientes de la Orinoquia, donde las Fuerzas Armadas han logrado avanzar en la erradicación de cultivos y asumir el control territorial. Detrás están no solo los grupos armados nacionales, sino los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación, que tienen cada vez más presencia en el Pacífico colombiano.

Los actores

El debate sobre la sistematicidad tuvo un giro inesperado hace cinco meses. Después de un encuentro con el alto gobierno, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció por primera vez dos patrones en los casos. "Uno activo y otro pasivo", dijo. El primero se refiere al tipo de estructuras responsables de los homicidios, y el segundo, al perfil de las personas que están matando.

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Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y los Caparrapos aparecen a la cabeza de la lista de presuntos responsables. En los registros, sin embargo, abundan los autores desconocidos. Se trata en buena parte de sicarios a sueldo, lo que ha dificultado determinar los autores intelectuales y las motivaciones para hacerlo.

Foto: El presidente Duque lanzó, junto con el fiscal general y varios de sus ministros, un cuerpo de jueces especializados para acelerar la judicialización de los asesinos de líderes sociales. A la derecha, las autoridades capturaron en Caloto a uno de los participantes en el atentado, un menor de 17 años.

La sistematicidad también tiene que ver con las víctimas. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal, a la fecha, han puesto la mitad. Un porcentaje preocupante si se tiene en cuenta que 7 millones de colombianos pertenecen a ese tipo de organizaciones. Si bien la mayoría de asesinatos y amenazas reportados conservan un estrecho vínculo con la aplicación del acuerdo de paz, los ataques están enfocados en destruir o debilitar los procesos asociativos locales. Quieren desactivar la participación y la organización social, y para conseguirlo atacan su expresión más pequeña. Para varios analistas consultados por SEMANA, al ya complejo escenario que están viviendo en muchos territorios se suma un ingrediente: las elecciones regionales de octubre.

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Es claro que en la mayoría de estas regiones ganó el Sí en el plebiscito, en segunda vuelta perdió Iván Duque y muchos de estos nuevos líderes y organizaciones quieren llegar al poder. Tal y como denunció el analista Ariel Ávila, las elecciones han multiplicado las acciones contra los líderes, algo que podría volver a pasar. Y en la arena política, las amenazas y balas pueden venir de cualquier lado, como ha demostrado la historia reciente del país.

Con la salida de las Farc, los líderes compraron la propuesta de que podían participar. Pero no fue así. Hablar y hacer política les está costando la vida. Además, la falta de coordinación del aparato institucional también los asfixia. Aunque hace mucho rato la dimensión del fenómeno sobrepasó la disputa por el número de víctimas, este es el punto de partida para diseñar una estrategia que los proteja.

Basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo para entender lo que está pasando. La primera versión conocida del proyecto tenía como base las 462 víctimas de las que habla la Defensoría del Pueblo. En la última, aparecen las 272 que mencionan las Naciones Unidas. Si el Estado cuenta con una entidad que se encarga de velar por proteger, defender y promover los derechos humanos, ¿por qué no creerle? Las diferencias con la Defensoría vienen de vieja data. El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos echó mano de la cifra más pequeña durante años.

Del papel al terreno

Para tratar de contener la oleada de asesinatos posteriores al acuerdo, en 2017 el Gobierno expidió casi una decena de decretos. Entre ellos, el 2252, que estableció que las Alcaldías y Gobernaciones deberían actuar como las "primeras respondientes" de detectar a tiempo las amenazas. También el 660, que creó medidas de protección colectivas para las comunidades en riesgo. Por su parte, el 2078 perfiló la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. El 898 creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales. Y el 2124 fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas.

En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado.

Pese a esta artillería de medidas, la realidad en las regiones es otra. ¿Qué está fallando? Lamentablemente, buena parte de las iniciativas tramitadas después de la firma del acuerdo de paz nacieron muertas. El Gobierno las concibió sin garantías de financiación, y con la llegada del nuevo Gobierno más de una terminó enterrada. La actual administración ha optado, al parecer, por una estrategia con sello propio. Aunque en un principio se dijo que las políticas públicas al respecto permanecerían vigentes, no ha sido así. La Comisión Nacional de Garantías solo se ha reunido una vez en lo que va del actual periodo, reemplazada por el Plan de Acción Oportuna (PAO).

Los efectos de esto van más allá. Ocho días antes del atentado en Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo le había hecho llegar a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, una alerta urgente sobre "la situación de riesgo identificada para las organizaciones comunitarias del Cauca". En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado. La alerta, sin embargo, no tuvo eco. A la entidad no llegó respuesta, y los líderes tampoco sintieron apoyo alguno en terreno.

Organizaciones como Somos Defensores aseguran que el PAO desconoce el trabajo que se venía adelantando y la importancia de garantizar la paz en los territorios para erradicar la violencia en contra de los defensores, y que también excluye a la sociedad civil. "Prefieren generar estrategias que, con la excusa de la seguridad, crean las condiciones para la militarización de las diferentes regiones en las que sufren agresiones los líderes sociales, bajo la vieja e inservible fórmula de combatir la guerra con más guerra, medida con la que sigue priorizando la protección física e ignora la importancia de la creación de garantías", detalló Somos Defensores en su más reciente informe, titulado 'La naranja mecánica'.

¿Hay solución?

En el encuentro llevado a cabo en agosto pasado en Apartadó, liderado por el procurador general, Fernando Carrillo, este consiguió que el alto gobierno firmara un pacto por la vida. Este ha sido clave, pero no suficiente para evitar más muertes. ¿La razón? Allí acordaron fortalecer la Unidad Nacional de Protección que hoy recibe 20 por ciento más de recursos que el año pasado. Es decir, el presupuesto quedó en 688.747 millones de pesos, cifra que por sí sola no alcanza para evitar más muertes.

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Porque robustecer y mejorar la ingeniería de la UNP, en parte, es clave para garantizar la seguridad de más de 4.377 líderes sociales. Francia Márquez es una de ellas. Su equipo de seguridad resultó determinante para evitar una tragedia en Santander de Quilichao, que habría desmoralizado al país, y también para determinar con rapidez lo que está pasando.

Los escoltas lograron rechazar con éxito el ataque, lo que permitió que, una semana después, las autoridades capturaran a un menor de 17 años como uno de los presuntos atacantes. Según relataron a la Fiscalía, no repelieron con más contundencia el ataque porque se dieron cuenta que se trataba de tres niños. Pero no solo ese detalle ayudó. También contaron que alcanzaron a impactar a uno en el brazo izquierdo, lo que facilitó su captura después de que se presentó fugazmente en un hospital.

Hacer justicia es otro factor clave para desmantelar las organizaciones responsables de estos ataques. Precisamente, esta semana el presidente Duque anunció un cuerpo de jueces para la "rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales".

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Parece clave hacerle una reingeniería a la UNP, lo que requiere hacer un diagnóstico de cómo están repartidos los escoltas en el país e identificar a quienes los tienen, aunque no los necesitan, a fin de proteger a quienes están más expuestos en los territorios. Es necesario ir más allá. Como le dijo el procurador Fernando Carrillo a SEMANA, "Debemos pasar de esquemas individuales, reactivos y urbanos a esquemas de protección colectivos, preventivos, rurales y con enfoque diferencial".

Aunque se ha repetido hasta el cansancio, nada funcionará sin la presencia integral del Estado. A la acción de la fuerza pública hay que sumarle soluciones sociales, de salud, educación, proyectos productivos, inversión en vías e infraestructura para sacar del abandono y el atraso a miles y miles de colombianos.

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Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque.