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el interés social es el interés común de los socios en una sociedad. Este consiste, presumiblemente, en la maximización sostenida del valor económico de la empresa

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el interés social es el interés común de los socios en una sociedad. Este consiste, presumiblemente, en la maximización sostenida del valor económico de la empresa

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les dejo otra noticia en base del cuidado por el medio ambiente

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les dejo otra noticia en base del cuidado por el medio ambiente

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La pandemia del covid-19 ha afectado a todas las dimensiones de la humanidad, desde la salud, la más evidente, hasta la economía y el medioambiente. Un sector que puede sufrir graves consecuencias y del que poco se ha hablado es el agroalimentario.

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), "la pandemia puede sumir a las economías nacionales en una recesión. Por ende, los países deberían adoptar medidas urgentes para mitigar las repercusiones en los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria".

(Le puede interesar: Las migraciones climáticas afectarán especialmente a América Latina)

En Colombia, la FAO hizo una encuesta con 1.086 productores y el 87 por ciento respondieron que están atravesando por situaciones difíciles para producir y comercializar los alimentos. Existe, según la misma fuente, una preocupación latente por la disminución de los precios y la pérdida de producción de determinados alimentos, como los del mar.

En la India, por ejemplo, la FAO estima que la producción de camarones cultivados puede disminuir entre un 30 y un 40 por ciento. Una situación similar podría replicarse en Colombia.

Para profundizar en estos temas, en el Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes (CODS) habló con Ximena Rueda, profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y PhD en Geografía de la Universidad de Clark, en Estados Unidos.

Usted ha estudiado a profundidad el sector agrario y recientemente se ha concentrado en las cadenas de valor agroindustriales. ¿Cuáles son las implicaciones del covid-19 en el campo colombiano?

Colombia es un importador neto de alimentos. Nosotros no nos abastecemos enteramente de los alimentos producidos en el país, sino que dependemos en buena medida de alimentos importados como el trigo, el maíz y hortalizas como la cebolla.

Algo similar sucede con las frutas: muchas no se producen en el país y se importan. En una pandemia esto tiene ventajas como desventajas. Por el lado de las ventajas está que tenemos un abastecimiento, una oferta mundial de alimentos que hasta el momento no ha tenido problemas.

Frente a las desventajas podemos decir que el problema está en la disminución de la demanda. Muchas personas han perdido sus empleos, se han cerrado restaurantes y comercios y se ha reducido el ingreso de la población. Ante esta situación, se disminuye la demanda por alimentos y esto afecta a los productores agrícolas locales.

En Tumaco, por mencionar un ejemplo, la demanda por camarón y pescado ha disminuido notablemente y los pescadores están sufriendo al no poder comercializar sus productos.

(También: El duro golpe para el reciclaje y los recicladores del país)

Y ampliando un poco la perspectiva, ¿qué retos se han evidenciado en América Latina y el Caribe en términos del agro?

Una de las principales preocupaciones es el empobrecimiento de la región. América Latina y el Caribe es una de las regiones que más había avanzado en los últimos años en la lucha contra el hambre y la desnutrición. Según un reporte de FAO de 2019, mientras el 20 por ciento de la población de África y el 12 por ciento de la de Asia Occidental sufría de hambre, en América Latina esa proporción había bajado al 7 por ciento. Sin embargo, actualmente es la región que más contagios tiene, con efectos devastadores sobre la economía.

Será muy difícil mejorar la situación económica en América Latina: los Estados tienen poco margen de maniobra, pues muchas de las empresas estatales se han privatizado. También es un momento muy difícil porque la mayoría del empleo en la región es informal; la gente vive del día a día, de salir a vender cosas a la calle. Es una región donde no hay seguros de desempleo, donde la mayoría de las personas no tienen cesantías y cuando dejan de recibir ingresos caen rápidamente en la pobreza. Y esta contracción de la demanda afectará a los agricultores.

¿Cómo estaba el agro en Colombia antes de la pandemia y cómo puede cambiar teniendo en cuenta sus efectos?

A pesar de que somos importadores netos de alimentos, una porción importante de los productos que consumimos viene de la agricultura familiar y de circuitos de producción locales, es decir, de agricultura peri-urbana, situada alrededor de las ciudades que son los centros de consumo.

En el país ha sucedido algo interesante y es que en algunos casos las cadenas locales se están fortaleciendo; es decir, se ha impulsado la idea de apoyar lo local y de consumir los productos que se producen en los alrededores y apoyar a las personas que están en nuestro entorno biofísico y geográfico.

La pandemia ha generado oportunidades para que estas iniciativas se fortalezcan. Muchas personas se han visto en la necesidad de comprar a domicilio por un temor fundado a salir a la calle y esto ha permitido que se incentive la compra a distribuidores que compran directamente a productores. Esto dinamiza un consumo más directo, no tan intermediado por los supermercados.

(Vea: Vide: La ruralidad y la protección de los páramos en Colombia)

Hemos visto incluso programas por parte de las alcaldías para impulsar los mercados campesinos...

Sí, y también para comprar en plazas de mercado. En general se ha despertado ese interés y es algo bueno en términos de sostenibilidad, porque se acerca al consumidor a la realidad del productor. Muchas personas están siendo más conscientes de las necesidades de las personas que viven en el campo y esto sucede en parte por la reducción en la intermediación de los supermercados, los cuales han sido actores dominantes en las cadenas de valor agroalimentarias y que han tenido muchísimo control sobre los alimentos que consumimos.

Recientemente, en la cátedra Nuestro Futuro de la Universidad de los Andes usted señaló que hay un problema grave en el uso eficiente de los recursos. Cuéntenos un poco más...

Es muy importante revisar los subsidios a la agricultura, sobre todo a la de gran escala que está subsidiada bajo el argumento de la soberanía alimentaria y el empleo rural. Sin embargo, cuando uno ve esos argumentos son muy frágiles porque soberanía alimentaria, por lo menos en Colombia, no tenemos; dependemos del resto del mundo, lo cual es no es malo en sí mismo, como mencioné al comienzo de la entrevista, pues es mejor tener redes de comercio activas y suplir la necesidad de alimentos desde lugares donde se producen con mayor eficiencia y no tener que producir todo acá ineficientemente y utilizando ecosistemas que son únicos y que es mejor conservar.

Ahora, si miramos el empleo rural vemos que se generan muy pocos empleos en la agricultura a gran escala y cuando se generan son de mala calidad: trabajos mal pagos, sin seguridad social, etc.

Por otro lado, los pocos impuestos que se pagan sobre la tierra no reflejan el valor de la misma, entonces lo que vemos es una serie de ineficiencias en los mercados que, si se corrigieran, podrían ayudarnos a darle un uso más sostenible a la tierra, entre otras razones, porque se incorporaría el costo real de la agricultura y se haría más eficiente el uso del agua, se reduciría el uso de pesticidas, entre otras prácticas.

Además, sin esos subsidios el Estado puede usar los recursos en provisiones importantes como bienes públicos rurales: asistencia técnica, vías, telecomunicaciones y aquello que realmente puede ayudar a que las comunidades rurales vivan mejor. (Contexto: Latinoamérica, rezagada en los objetivos de desarrollo sostenible)

Y si esto se hiciera así, ¿cómo se pueden aplicar los ODS en el sector agroindustrial?

América Latina y el Caribe es una región en su mayoría urbanizada, la población que vive en ciudades ronda entre el 60 y el 70 por ciento. Para aplicar los ODS en la región es clave establecer relaciones entre el consumo urbano sostenible y la producción rural sostenible, porque si los consumidores no somos los que empezamos a pedir alimentos sanos, producidos de manera responsable y que mejoren la vida de los agricultores, los cambios en la producción se van a demorar en llegar.

La mayoría de comunidades agrarias en la región están dispersas y por más de que han hecho esfuerzos por organizarse, tener voz en las ciudades no es tan fácil, por eso creo que debemos encontrar una solidaridad con el productor para impulsar la sostenibilidad.

Los ODS también ofrecen una enorme oportunidad porque buscan proteger los ecosistemas y a la vez avanzar en la erradicación del hambre. No muestran estos dos objetivos como contradictorios, como quizás se pensaba en décadas anteriores , sino que demuestran que los servicios ecosistémicos son la base para superar la pobreza y que desde la conservación surgen las posibilidades para mejorar las condiciones de vida.

En la cátedra usted también habló sobre el poder que tienen diferentes grupos económicos para ayudar a cumplir la Agenda 2030. ¿Cómo podrían aportar ahora?

Hace unos años WWF dijo que es necesario trabajar con las grandes compañías agroalimentarias para lograr la conservación de los ecosistemas naturales; se dio cuenta de que estas son el eslabón que concentra el poder en las cadenas de valor, pues son las que toman las decisiones que afectan tanto a los consumidores como a los productores y proveedores.

Estas compañías están llamadas a realizar un cambio trascendental y pueden hacerlo, es decir, pueden comprar y ofrecer productos con un origen sostenible, donde las comunidades productoras reciban un trato digno y los consumidores reciban alimentos sanos.

Un ejemplo es lo que ha hecho Lipton en más de 20 países que producen té, incluyendo a Kenia y la India. Esta marca de Unilever ha buscado transformar las condiciones de vida de los agricultores e implementar prácticas sostenibles. Sin embargo, esto no siempre es posible porque las empresas enfrentan diferentes dilemas: consumidores que quieren un producto más saludable pero que no cueste más y también tienen que prestar atención a sus financiadores y responderles a sus dueños.

Cuando las empresas comienzan a conjugar todos estos intereses siento que las preocupaciones ambientales se van diluyendo. Y sí, hay algunas que tienen el respaldo de ONGs importantes o del sector público para hacer sus cadenas de valor más sostenible. Sin embargo, cuando llega el momento de la ejecución, los programas se diluyen. (Le puede interesar: Santurbán y el proyecto minero que intenta llegar a Santander)

¿Cuál sería un ejemplo de esta disolución en los compromisos ambientales?

Mira, recientemente se ha presentado un auge de acuerdos sobre cero deforestación y grandes compañías en el mundo los están firmando. Sin embargo, cuando ves la implementación de los mecanismos, no todo es tan claro:¿Se comprometen a frenar la deforestación neta o bruta? ¿Es decir, cumplir con el acuerdo significa permitir la deforestación siempre y cuando se siembren árboles en otro lugar? ¿Son los resultados equivalentes? Sabemos que, en términos ecosistémicos, no lo son.

También se preguntan, ¿Desde cuándo vamos a contar el compromiso con la cero deforestación? ¿Desde hace 10 años cuando teníamos 80 millones más de hectáreas de bosques tropicales en el planeta o desde hoy, prácticamente concediendo una amnistía a la deforestación de la última década? Como dice el dicho: el diablo está en los detalles, y si estas empresas con tantos intereses no se hacen cargo de implementar correctamente los acuerdos, el compromiso, que si bien es loable, no alcanza para generar los cambios que se necesitan.

Y hay casos en donde ni siquiera hay compromiso ambiental en ninguna parte de la cadena de valor...

Un ejemplo de ello y que no es agroalimentario pero que ilustra el caso es el de la minería de oro. Todos sabemos que las tecnologías para extraerlo son muy destructivas para el medio ambiente: contaminan las fuentes de agua, agregan cianuro, mercurio, en fin, acarrean muchísimos problemas ambientales. Las joyerías más famosas, las que vemos en los carteles de publicidad, han intentado hacer esfuerzos para demostrar a sus consumidores que el oro que venden es un oro limpio, producido sosteniblemente o reciclado. Sin embargo, estas joyerías de marca que están asumiendo compromisos de sostenibilidad, representan a lo sumo el 1 por ciento de todas las empresas que comercian oro.

El oro que se vende en las calles de Nueva Delhi o de Beijing, por ejemplo, difícilmente puede ser rastreado y usualmente quien compra es el consumidor emergente, quien después de muchos años por fin tiene acceso a bienes que no había tenido antes. Y el oro, claro, representa un símbolo de ascenso social, es un consumo simbólico. En esta compra masiva muy poca gente es consciente de dónde proviene ese oro y del daño que se le hace al planeta y, por lo menos en este caso, el daño reputacional por producir oro de una forma que no sea sostenible no basta para frenar su expansión

Una de las preocupaciones más reiterativas con el covid-19 es el incremento en la pobreza. ¿Cómo afectaría a los agricultores de la región?

En general todo lo que ocurre en las ciudades va a impactar o ya está impactando al campo. Si bien es cierto que las familias agricultoras han tenido la posibilidad de estar más aisladas y por ende los contagios donde habitan no son tan altos, sí se puede presentar una reducción en los precios de los alimentos y esto es terrible, pues muchas de estas familias ya estaban en una situación de fragilidad. Por eso, creo, soluciones como la de la renta básica son una alternativa porque apoyan a toda la cadena.

La renta a una familia pobre en Bogotá tiene efecto en la demanda de bienes y servicios básicos que se proveen en la zona rural del país. No solo se ayuda a la familia en situación de pobreza, sino que jalona la demanda por alimentos que se producen en el campo y se comercializan en las plazas de mercado. Es mejor que la familia tenga dinero y pueda salir a demandar los alimentos que desee en lugar de recibir una provisión de mercados comprados que no se sabe de dónde salieron, a quiénes se compraron, con qué valor nutricional (generalmente no incluyen frutas ni verduras, por ejemplo) y, como hemos visto, ofrecen grandes oportunidades para la corrupción y benefician a supermercados que, como dije, son uno de los eslabones más fuertes en estas cadenas.

En los últimos meses se han publicado cifras preliminares que proyectan un aumento de la deforestación en la Amazonía para 2020....

En Colombia existe un aumento de la deforestación guiada por el acaparamiento de tierras, no por la demanda de alimentos. En Brasil se mezclan muchos factores, desde los incendios forestales que ocurren en esta época del año, hasta las condiciones de los mercados y las decisiones y discursos del gobierno de tratar a la Amazonía como un territorio que se puede explotar. Este discurso ha hecho que en la práctica se amplíe la frontera agrícola en la Amazonía brasileña para satisfacer demandas de bienes como la soya y la carne.

En Colombia no está sucediendo lo mismo. Las estadísticas del sector lechero, por ejemplo, demuestran que actualmente hay más producción de leche de la que se puede vender porque la demanda ha caído. La deforestación en Colombia no se está presentando por una demanda de alimentos sino, como decía, por un acaparamiento de tierras. Además, el Estado está un poco maniatado en las condiciones actuales para cuidar esos territorios, hoy en día aprovechados por actores ilegales.

Y hablando en un corto y mediano plazo, ¿qué consecuencias de la crisis ambiental se pueden sumar a la deforestación en la región?

Es difícil precisar los impactos climáticos en países específicos, todavía no está tan claro en qué grado y cómo variará el clima en América Latina. No obstante, es importante señalar que el sector agrícola será uno de los más perjudicados por el cambio climático, pues es el más dependiente de las condiciones climáticas, sobre todo en el área de la agricultura a pequeña escala, pues los agricultores a duras penas tienen suficientes insumos para producir y no tienen mecanismos financieros ni tecnológicos para defenderse de las variaciones abruptas del clima, como el cambio en los regímenes de lluvia o el aumento de plagas. Todos estos factores van a exacerbar la vulnerabilidad de los agricultores más pobres.

Yo creo, sin embargo, que los Andes americanos tienen aún condiciones para enfrentar la crisis climática. En la región tenemos relictos de bosques y zonas de conservación importantes, y no tener un paisaje homogéneo sino un mosaico diverso permitirá, si se mantiene y fortalece, mitigar los impactos climáticos. Y por supuesto: toda esa biodiversidad será clave para generar una mayor resiliencia.

Para terminar, quisiera preguntarle cómo se puede impulsar la agenda de la sostenibilidad en una coyuntura tan difícil como esta...

Ahora los gobiernos pueden enfocarse en ayudar a las compañías que tienen prácticas más sostenibles, a reorientar los subsidios hacia la economía verde. Es clave mantener a las empresas que están comprometidas con el desarrollo sostenible.

Varios restaurantes, por ejemplo, se habían convertido en una fuente increíble de innovación y sostenibilidad en sus cadenas de aprovisionamiento. Ante la crisis se han adaptado pero el golpe ha sido terrible: la demanda ha caído hasta en un 80% y ha sido difícil reinventarse. Mantener el vínculo con el consumidor tampoco será fácil porque está guardado en su casa, sin plata y con miedo. Ahora el reto es idear formas de acercar al consumidor a esos productos de la economía verde, hacer que la cadena llegue hasta la casa, velando por la sostenibilidad y equidad de todos los eslabones, incluida la distribución.

Santiago Valenzuela Amaya
periodista del Centro de ODS de la Universidad de los Andes@santiagov72

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'Hay que revisar acuerdos ambientales que hacemos con las empresas'

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La pandemia del covid-19 ha afectado a todas las dimensiones de la humanidad, desde la salud, la más evidente, hasta la economía y el medioambiente. Un sector que puede sufrir graves consecuencias y del que poco se ha hablado es el agroalimentario.

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- mejorar su economía
- acabar con la desigualdad social
- mejorar educación
- acabar con la pobreza
- acabar con la alta taza de desempleo
-acabar con la contaminación

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articulo dirigido a los intereses sociales de la región caribe

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articulo dirigido a los intereses sociales de la región caribe

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por aquí les dejo una noticia actual en base a los intereses sociales de la región caribe

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por aquí les dejo una noticia actual en base a los intereses sociales de la región caribe

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El "Acuerdo Regional para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe" es conocido con el nombre de Acuerdo de Escazú, debido a que fue firmado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, en marzo del año 2018.
Antecedentes
Como todo documento de extensión en el derecho internacional, el mismo contiene antecedentes que deben inexcusablemente ser tomados en cuenta para su comprensión. En efecto, son varias las declaraciones y conferencias llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hacen mención al medio humano y el desarrollo sostenible.

"El futuro que queremos" (Río de Janeiro, 2012) merece atención así como el impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 25 de setiembre de 2015, titulado "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible", cuyo propósito es el compromiso de lograr el desarrollo en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma integrada.

La propia secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en donde tuvo origen intelectual el Acuerdo Escazú así como otros, considera que se "trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. Este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos".

Dice, además, que "es la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones. Desde un enfoque basado en los derechos, se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada".
Nuevo modelo de desarrollo
Se busca con este acuerdo lo que sus propiciadores también llaman "un nuevo modelo de desarrollo" de manera a hacer "frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región". El compromiso, siguen diciendo, es incluir a los que están "excluidos".

Como se podrá notar, las citadas intenciones parecen bondadosas. Sin embargo, es preciso también decir que muchas veces, y este es el caso, la frase "el camino al infierno está pavimentando de buenas intenciones" merece nuestro detenimiento y no porque estemos en contra de cuidar y preservar el medio ambiente sino porque el cómo es todavía más importante que el mismo objetivo.

Por ejemplo, cuando se habla de "transformar el mundo" mediante el "futuro que queremos" puede ser tomado como una loable intención, pero todo se vuelve diferente si ese futuro implica iniciar un proceso en el que algunos tienen la atribución legal de usar la compulsión propia de leyes administradas por el Estado cuyos gobiernos pondrán en práctica dichas "transformaciones".
Terminar con la cultura del privilegio
Además, y así lo dicen los antecedentes de este acuerdo, estamos ante "un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos". Esto es un experimento que será aplicado por primera vez para abordar "el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada". Cabría preguntarse, por ejemplo y también, a ¿qué cultura del privilegio se refieren sus propiciadores?
Terminología ambigua
Apenas al inicio del documento se observa que el artículo 1 y así discurre hasta el final, la terminología ambigua es una característica que se presta a diversas interpretaciones. El mencionado artículo 1 dice que el acuerdo tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso; no obstante, no dice y no define que es lo importante, qué se entiende por "plena" y por "efectiva" implementación, ni tampoco de indicadores.

El artículo 2 de las Definiciones. La autoridad competente para el acuerdo son: "las instituciones públicas, organismos independientes o autónomos del Estado o controlados por él, que actúen por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes; organizaciones privadas que reciban fondos o beneficios públicos directa o indirectamente". Como se notará, aquí ingresarían, por ejemplo, las ONGs ambientalistas y otros grupos, pero con calidad de autoridad.

El artículo 3 de los Principios: Como sabemos los principios son la columna vertebral del ordenamiento jurídico porque ayudan a la comprensión y consolidación de los "institutos". En el derecho ambiental fueron recogidos progresivamente por diversos instrumentos como la Declaración de Río de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente (1992) el preventivo y el precautorio.

En cuanto al principio preventivo, el mismo actúa como dice la misma palabra y ocurre en la evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, el acuerdo menciona de modo importante también al principio precautorio. Este se refiere a normas que autorizan medidas protectoras ante la sospecha de que cierta actividad, producto o tecnología afecta al medio ambiente, sin la debida certeza científica.

Si a alguna autoridad competente de las que citamos se le ocurre, por ejemplo, que un propietario "al parecer" está dañando el ambiente, entonces actúa para impedirlo mediante el Artículo 4, que permite la asistencia del "público", audiencias sin restricciones y que toda la información según el artículo 6: Acceso a la información ambiental, las autoridades competentes "sin necesidad de mencionar interés especial o justificar razones" podrán solicitar toda la información al indiciado.

Pero el acuerdo no solo dice eso. Sostiene que las autoridades competentes tendrán la facultad, la atribución de "asegurar que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente, clara sobre las cualidades de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles" y que la participación de las autoridades competentes incide en la toma de decisiones ambientales en los proyectos privados (Artículo 7).

Y seguidamente la guinda sobre la torta. El Artículo 9 crea a los llamados "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales", esto es, personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, que deberán contar con un "entorno seguro y propicio y protegerlos en su integridad personal, de opinión y expresión".

El Acuerdo de Escazú es la cabeza playa que desembarcará en nuestro país en caso de ser ratificado por el Congreso para subalternizar la propiedad privada y colectivizarla e incentivar de ese modo el abuso del derecho.
Postura de los distintos sectores
El ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, dijo esta semana que si Paraguay ratifica el tratado internacional de Escazú sobre el ambiente, su ordenamiento jurídico dependería de otros y afectará su soberanía. A su vez, 60 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Ejecutivo en setiembre último la ratificación del mismo, porque "ayudará a evitar la ilegalidad ambiental". También varios gremios productivos felicitaron al MAG por apoyar su postura técnica y refieren que dicho pacto usa argumentos en base a supuestos y no científicos como dictan las normas de la Organización Mundial del Comercio y otros organismos que garantizan la agricultura sostenible.
Privado
Acuerdo de Escazú es la cabeza playa que desembarcará en caso de ser ratificado por el Congreso para subalternizar la propiedad privada.
Ambiguo
Apenas al inicio del documento y hasta el final, la terminología ambigua es una característica que se presta a diversas interpretaciones.
Daño
Si a alguna autoridad competente se le ocurre, por ejemplo, que un propietario "al parecer" está dañando el ambiente, entonces actúa para impedirlo.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros "Gobierno, justicia y libre mercado": "Cartas sobre el liberalismo"; "La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes" y otros como el recientemente publicado "Ensayos sobre la Libertad y la República".

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Acuerdo de Escazú: violación de la propiedad y abuso del derecho - Económico - ABC Color

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El siguiente escrito es el cuarto que publico con relación a este específico tema, en razón a su importancia para la economía y el orden jurídico del país. En esta ocasión me detendré a examinar otras implicancias. Menciono acerca de lo que ya fue publicado, pues nociones esbozadas por mi parte fueron explicadas con anterioridad.

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lograr acabar con la violencia y disminuir la taza de delincuencia 

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lograr acabar con la violencia y disminuir la taza de delincuencia 

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Publicado en: lun, 25 sep 2017 05:20:00 -0500

En Colombia no hay un representante de la política de la región Caribe al que pueda llamarse líder. O mejor dicho, que la ciudadanía caribeña reconozca como tal. Hay quienes piensan que el liderazgo político en la región está pasando por una crisis desde hace tiempo. Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República y coordinador de la iniciativa Casa Grande, analiza la situación en el artículo "El liderazgo y el futuro del caribe colombiano".

Meisel presentó las principales tesis del texto durante el séptimo coloquio organizado por Casa Grande, que se realizó en Cartagena el jueves, 20 de septiembre, en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Silvia Gloria, decana de la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, fue invitada para participar como comentarista de la investigación de Meisel.

Si bien es cierto que, desde el punto de vista técnico de la democracia, la región tiene gran potencial electoral (que se evidencia en la elección de congresistas con altas votaciones e incluso en la definición de una elección presidencial como la del año 2014), de acuerdo con Meisel hay una enorme distancia entre el peso electoral de la región y el rol que juega en la conducción del estado.

"No tenemos peso político, hay que preguntarse ¿por qué nuestros dirigentes no tienen incidencia en las decisiones más importantes a nivel político?", dice Meisel, quien en su escrito identifica cinco factores principales que han contribuido al escaso liderazgo político de la región Caribe en la actualidad.

Estos son: la estructura económica y social, cuyo rezago con respecto al centro del país es considerable; la estructura territorial, donde pesa el hecho de que cada departamento del Caribe actúe independientemente; la debilidad de la tecnocracia, que incluye factores relacionados con la debilidad educativa de nuestro capital humano; falta de legitimidad de la dirigencia política de la región, asociado al rol de la corrupción; y la ausencia de vocación de poder en la esfera nacional, que se manifiesta en la ausencia de nuestra dirigencia en los temas de mayor trascendencia para el país.

Para la decana Silvia Gloria, este es un documento motivador de cara al futuro y plantea un escenario de debate con miras a qué tipo de líderes necesita la región Caribe. Según Gloria, a pesar de que el rezago de la región se puede decir que está sobrediagnósticado, tanto en lo económico, como en lo social y en lo cultural, todavía no se ha hecho un diagnóstico profundo sobre qué clase de profesional queremos formar para que lidere el Caribe que queremos construir.

"El trabajo de Meisel plantea la reflexión sobre cómo superar la visión localista que hay entre departamentos para actuar en la defensa de los intereses de la región; además de cómo suscribir una agenda de prioridades económicas, sociales, de política pública, cultura", señala la decana. "Después necesitaremos una clase política que se siente comprometida por esa agenda de prioridades que se establezcan".

Al final, ambos académicos coinciden en la necesidad de que en la región se encuentre un liderazgo político transformativo. En este sentido, Gloria considera prioritario empezar a formar más políticos por vocación, una tarea que debe hacerse en conjunto entre universidades y tanques de pensamiento, como Casa Grande, de la región.

Por Jesús Anturi

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Publicado en: lun, 25 sep 2017 05:20:00 -0500 En Colombia no hay un representante de la política de la región Caribe al que pueda llamarse líder. O mejor dicho, que la ciudadanía caribeña reconozca como tal. Hay quienes piensan que el liderazgo político en la región está pasando por una crisis desde hace tiempo.

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por acá les dejo una gran conferencia en base al conflicto de intereses

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por acá les dejo una gran conferencia en base al conflicto de intereses

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Conferencia "Conflicto de Intereses" Video 1