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Es aquella rama que representa al gobierno, hace cumplir las leyes y que ejecuta en la práctica lo que determina la ley a través de la administración pública.

Está compuesta por las gobernaciones,  alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado.

En esta el presidente de la Republica de Colombia como cabeza de la rama ejecutiva tiene varios papeles o funciones que cumplir, función como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y  La Suprema Autoridad Administrativa.

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A esta Rama le corresponde formular las leyes; instrumento importante de la regulación social,  la función de ejercer control sobre el Gobierno y reformar la Constitución. 
Se encuentra conformada por el Congreso de la Republica; órgano principal que la representa, el Senado y la Cámara de Representantes, y tiene 6 funciones. 

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El Congreso tiene el consentimiento de hacer reformas a la Constitución por medio de proyectos mediante actos legislativos los cuales deben tramitarse en dos vueltas, lo que equivale a ocho debates para poder ser aprobados.

Ejemplo: El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, presentó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 267 de la Constitución en lo que se refiere a las funciones de la Contraloría General de la República.

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Proyecto de acto legislativo para reformar la Contraloría

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Presentan proyecto de reforma constitucional para transformar a la Contraloría

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El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, presentó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 267 de la Constitución en lo que se refiere a las funciones de la Contraloría General de la República.

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El Congreso tiene la licencia de elaborar, derogar y reforma leyes.
Para el trámite de esa elaboración se requieren que estas pasen por cuatro debates para ser aceptadas.

Ejemplo: Esta noticia cumple la función legislativa porque menciona que el congreso quiere crear una ley o empezó un proyecto de ley donde se va a imponer que el trabajador cercano a su tiempo finalización de vida laboral no podrá ser despedido. Este proyecto de ley ya ha pasado por 2 de los 4 debates que se requieren para poder ser aprobada y con esta ley se pretende "dar protección a quienes, en el desarrollo laboral, se puedan ver afectados"

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Prepensionados no podrían ser despedidos 3 años antes de jubilarse, según proyecto de ley

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Esto lo han peleado muchos por tutela, pero ahora será por ley. Solo faltan dos debates para que se les garantice estabilidad laboral.

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Función 2: Función de control político. 

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Función 2: Función de control político. 

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El control político entraña mirar la actuación del Gobierno, cuestionarla, verificar si es acorde a las necesidades de los ciudadanos, si cumple de manera estricta la ley y tiene en cuenta la responsabilidad política y ética que le incumbe.
Se ejerce por medio de las mociones de censura y las citaciones a los ministros y a otros funcionarios públicos del Estado.

Ejemplo: Luego de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, superara la moción de censura este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes y le diera su apoyo para seguir en el cargo, surgió una polémica por cuenta del grito de un representante, que varios parlamentarios señalaron como irrespetuoso.

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Luego de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, superara la moción de censura este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes y le diera su apoyo para seguir en el cargo, surgió una polémica por cuenta del grito de un representante, que varios parlamentarios señalaron como irrespetuoso.

(En contexto: Mindefensa se anotó triunfo político clave en la Cámara)

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda preguntó en redes sociales quién había gritado, desde la virtualidad,: "¡Perdieron los vándalos!", luego de que se negara la moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo, que se realizó oficialmente de manera mixta (presencial y virtual) por primera vez.

"¿Quién gritaba, escondido en la virtualidad, "PERDIERON LOS VÁNDALOS" (sic) cuando negaron la Moción de Censura? INACEPTABLE! (sic) Aquí los vándalos no somos nosotros, mírense ustedes!", trinó la congresista de la oposición junto al video donde se escucha el grito.

¿Quien gritaba, escondido en la virtualidad, "PERDIERON LOS VÁNDALOS" cuando negaron la Moción de Censura?

INACEPTABLE! Aquí los vándalos no somos nosotros, mírense ustedes! pic.twitter.com/R1NOeLkzCa
- Katherine Miranda (@MirandaBogota) October 14, 2020

En ese mismo sentido, se refirió el representante de los 'verdes' Inti Asprilla, quien retó al representante a la Cámara que gritó a que "le dé la cara al país". Además, anunció que pedirá la grabación para revisar exactamente cuál parlamentario fue quien gritó.

(Le sugerimos: Duro mensaje de Claudia López al Gobierno por marcha de minga indígena)

"Reto al Representante a la Cámara que gritó "PERDIERON LOS VÁNDALOS" (sic) cuando se negó la Moción de Censura, a través de la plataforma y que no estaba presente en el Capitolio, que LE DÉ LA CARA AL PAÍS!!! (sic) Pediré la grabación plataforma @CamaraColombia para encontrarlo. Fuerza".

Reto al Representante a la Cámara que gritó "PERDIERON LOS VÁNDALOS" cuando se negó la Moción de Censura, a través de la plataforma y que no estaba presente en el Capitolio, que LE DÉ LA CARA AL PAÍS!!! Pediré la grabación plataforma @CamaraColombia para encontrarlo✊🏽Fuerza✊🏽
- Inti Asprilla (@intiasprilla) October 13, 2020

Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido Farc, habló en nombre de la oposición. "Los de oposición no somos vándalos", puntualizó.

"Los de oposición no somos vándalos, contrario a esto #PerdieronLosVándalos que decidieron seguir en guerra, que aceptan la violencia contra el pueblo solo por proteger sus interés políticos y personales. El #RevolcónAlCongreso2022 tiene que castigar a estos que votaron por el NO", trinó.

(No se quede sin leer: Desde 2014, ICBF acogió a 72.543 niños víctimas de violencia sexual)

El representante del Polo Democrático Germán Navas señaló que el responsable del grito sería del Centro Democrático, no obstante a la fecha no se conoce quién fue el autor de este grito que ha causado polémica en la oposición.

"Estaba en el sector del CD", trinó Navas.

Frente a este asunto, Saúl Franco, comisionado de la verdad, criticó este enfrentamiento en el Congreso, en entrevista con La W radio.

"Me pareció gravísimo que empezaron a gritar que perdieron los vándalos", afirmó en la emisora. El Comisionado agregó que esto contribuye a aumentar la polarización en el país y criticó el episodio asegurando que es una señal de que aún no ha calado del todo en la sociedad el espíritu de reconciliación del acuerdo de paz.

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POLÍTICA
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'Perdieron los vándalos': grito de un congresista que causa polémica

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Luego de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, superara la moción de censura este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes y le diera su apoyo para seguir en el cargo, surgió una polémica por cuenta del grito de un representante, que varios parlamentarios señalaron como irrespetuoso.

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El congreso tiene la facultad de elegir funcionarios.
Congreso completo elige:
• Al contralor general de la República.
• A los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
• Al vicepresidente de la República, en caso de presentarse vacancia absoluta de éste.
El Senado escoge:
• A los magistrados de la Corte Constitucional.
• Al procurador general de la nación.
La Cámara de representantes elige:
• Al defensor del pueblo.
En esta noticia es un ejemplo de la función nominativa del congreso al notificar cual fue el escogido como el contralor general de la República.

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¡Atención! Congreso escoge al nuevo contralor y no es la opción de Uribe

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¿Se le voltearon? El contralor no será José Félix Lafaurie

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Función 5: Funciones administrativas y especiales.

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Función 5: Funciones administrativas y especiales.

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El Senado, la Cámara de Representantes o el Congreso en pleno, al ser el órgano principal de elección popular, tienen funciones o atribuciones especiales que no resultan fácilmente clasificables y que podrían denominarse protocolarias.

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Ejemplo Funciones administrativas y especiales.

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Ejemplo Funciones administrativas y especiales.

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Este ejemplo aplica debido a la función del senado que dice: "Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno a oficiales generales y oficiales de insignia de las Fuerzas Militares, hasta el más alto grado."

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Entre los ascendidos están el Comandante del Ejército Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
Bogotá D.C., 29 de julio de 2020 (Prensa Senado). En la sesión de la plenaria virtual, se llevaron a cabo hoy los ascensos de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares.
Ejército Nacional
Con votos 74 a favor se aprobó el ascenso al grado de general, el mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, actual comandante del Ejército Nacional. La ponencia fue presentada por el senador Juan Diego Gómez Jiménez.
Fuerza Aérea Colombiana (FAC)
Con 73 votos a favor fue ascendido al grado de general, el mayor general de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge León González Parra, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. La ponencia la presentó el congresista José Luis Pérez Oyuela.
Armada Nacional
De igual manera, los congresistas aprobaron con 73 votos afirmativos el ascenso al grado de mayor general, al brigadier general de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Ricardo Humberto Perico Pinto, con ponencia del legislador Ernesto Macías.

Asimismo se aprobó con 73 votos por el sí, el ascenso al grado de vicealmirante, el contralmirante de la Armada Nacional, Camilo Hernando Gómez Becerra, con ponencia del senador Jaime Durán.

Igualmente 70 senadores votaron para ascender al grado de contralmirante, el capitán de navío de la Armada Nacional, Orlando Alberto Cubillos Chacón, con ponencia de la congresista Paola Holguín.

También se aprobó con 72 votos el ascenso al grado de brigadier general, el coronel de Infantería de Marina, Jorge Federico Torres Mora, con ponencia favorable del legislador John Harold Suárez Vargas.
Presentación de ponencias por parte de senadores
El senador Juan Diego Gómez presentó para ascenso al grado de general, el mayor general del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamirán, de quien exaltó sus más de 30 años al servicio del Ejército Nacional. Ingresó a la escuela José María Córdova en el año 1983, graduándose dos años después. Fue comandante de la Escuela de Paracaidismo, cumplió toda una carrera operativa hasta llegar a ser nombrado por el Presidente de la República, como Comandante del Ejército Nacional.

Gómez dijo que se verificó la hoja de vida en la Procuraduría General de la Nación, en la Contraloría General de la República, en la Fiscalía General de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia y precisó que además se consultó a la JEP y a la Defensoría del Pueblo. Lo describió como un hombre de familia, un hombre que ha cumplido con toda su labor.

Así mismo, el congresista José Luis Pérez presentó para ascenso al grado de general, al mayor General de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, Jorge León González Parra. En su presentación, el legislador precisó que su asignado es actualmente el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. El alto oficial nació el 16 de diciembre 1963 en Palmira, Valle del Cauca, según dijo el senador Pérez, no tiene tacha alguna en su hoja de vida, ni disciplinaria, ni fiscal, ni penal. Afirmó que también ante la JEP presentó su hoja de vida.

Ha sido Jefe de Seguridad y edecán aéreo de la Presidencia de la República, Director de Operaciones y Jefe de Planeación, Jefatura de la seguridad y defensa de las bases aéreas en Colombia. Ha estado en diferentes misiones diplomáticas, dentro de las cuales destacó la de la Embajada de Colombia en Washington. Recordó sus estudios como Administrador Aeronáutico y especialista en Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra.

Por su parte, el congresista Ernesto Macías presentó al grado de mayor general, al brigadier general de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Ricardo Humberto Perico Pinto. El senador se refirió al alto oficial como un boyacense que lleva en la Armada, 36 años, con una hoja de vida intachable, limpia, con una experiencia extraordinaria. Es profesional en Ciencias Navales de la Escuela Naval Almirante Padilla, magister en estudio de Defensa y Seguridad, especialista en Seguridad y Defensa Nacional.

Al grado de vicealmirante ascendió el contralmirante de la Armada Nacional, Camilo Hernando Gómez Becerra, quien fue presentado por el legislador Jaime Enrique Durán, quien informó que el alto oficial ingresó a la Armada Nacional en 1984, es decir que lleva 36 años de servicio militar. Precisó que estudió su hoja de vida desde lo disciplinario y penal, sin encontrar tema que impida pedirles a los senadores que lo asciendan.

La senadora Paola Holguín presentó para ascenso al grado de contralmirante, al capitán de navío de la Armada Nacional, Orlando Alberto Cubillos Chacón. Expresó que tanto su hoja de vida como su carrera son impecables al servicio de la Patria. Dijo que desde sus inicios fue comandante y además líder en el proyecto de incorporación de la corbeta incorporada del gobierno de Corea a Colombia. Fue también Director de Operaciones Navales, profesional en Ciencias de la Administración, especializado en Recursos humanos, con maestría en Seguridad y Defensa. Su primer ascenso fue en 1992, como teniente de corbeta. Tiene 17 condecoraciones.

"Un hombre del que todos podemos dar fe que le va a continuar sirviendo bien a Colombia. Surtió todo el proceso, conocimos todos sus antecedentes, hoy el ascenso que le hacemos a este gran hombre también merece el reconocimiento a su familia, su esposa Giovanna, sus hijos Luisa Fernanda y Santiago Alberto, porque finalmente las familias hacen enormes sacrificios para que nuestros héroes puedan cumplirle a Colombia", precisó la congresista.

Al grado de brigadier general fue ascendido el coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Jorge Federico Torres Mora, quien fue presentado por el legislador John Harold Suárez. El coronel Torres nació el 13 de septiembre de 1966 en Bogotá, ha realizado estudios en la Escuela Almirante Padilla, con especialización en Seguridad y Defensa Nacional y Comando y Estado Mayor y está casado con Martha Lucía Guerra. El coronel Torres ha sido condecorado en más de 20 ocasiones en su tiempo de servicio, dentro de las cuales podemos destacar la Medalla al Mérito Logístico y Administrativo Contralmirante Rafael Tono. En la actualidad tiene el cargo de Subjefatura de Estado Mayor, Administrativo y Financiero.

Luego de la aprobación de los ascensos y de la intervención del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien agradeció al Senado de la República por el reconocimiento a los altos oficiales, el presidente del Congreso, Arturo Char, levantó la sesión y afirmó que por Secretaría se informará la fecha de la próxima sesión plenaria.

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Senado aprobó seis ascensos de altos oficiales de las Fuerzas Militares

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Entre los ascendidos están el Comandante del Ejército Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Bogotá D.C., 29 de julio de 2020 (Prensa Senado). En la sesión de la plenaria virtual, se llevaron a cabo hoy los ascensos de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares.

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El Poder Judicial es el departamento encargado de hacer cumplir las leyes vigentes en nuestro país, que ayudan a proteger los derechos y determinar qué sucede con las personas e instituciones que no cumplen con estos derechos,  interfieren en los enfrentamientos entre particulares y los conflictos entre "autoridades administrativas", incluso los controla y colabora en la elaboración de normas y en la difusión de la constitución.

Las personas e instituciones que no obedecen estas leyes, el poder mediante pronunciamientos como, sentencias, decisiones u órdenes, deciden lo que les puede suceder. Todo esto con el fin de lograr y mantener la convivencia social.

Esta rama consta de ´´2´´ funciones; la función de administrar justicia y la función de controlar las ramas ejecutivas y legislativas, pero se considera la primera como su función primigenia o primordial y se encuentra dividida en distintas cortes, tribunales y juzgados.

Su composición funcional es de cinco jurisdicciones (Ordinaria, Contenciosa Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y especiales) de las cuales se desprenden correspondientemente cuatro altas cortes para las primeras cuatro jurisdicciones, a saber: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y Consejo Superior de la Judicatura.

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El ciudadano es el centro de las acciones. Esta es la entidad encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos y hace que toda persona que cumpla con una función publica, accione de manera correcta para así evitar la corrupción. Y además se percata que no haya ningún desvió económico de la economía del país.

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La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

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Los jueces de esta jurisdicción solucionan conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, debido a hechos o actos de la Administración pública.

Ejemplo:

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Polémica en Colombia: Consejo de Estado condena a la Nación por atentado contra 'El Nogal' (1/4)

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Esta compuesta por en la cabeza  la corte suprema de justicia , le sigue los tribunales superiores del distrito judicial , y por último los juzgados civiles, laborales, penales, entre otras categorías.
Esta Jurisdicción trata los conflictos entre particulares.

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El caso por el asesinato de Dimar Torres pasa a la justicia ordinaria

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Es la jurisdicción que se encarga de vigilar a todo el gremio de abogados.

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Bogotá D.C., octubre 9 de 2020. Con ponencia del Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal y dentro del conflicto de jurisdicciones surgido entre la Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá y el Juzgado 143 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, con ocasión al conocimiento del proceso penal adelantado contra los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz, por la presunta comisión del delito de homicidio agravado y tortura agravada, siendo víctima el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia de fecha 7 de octubre del presente año, resolvió asignar el conocimiento del asunto a la Justicia Penal Ordinaria representada por el Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá.

Las presentes diligencias se originaron en hechos acaecidos el día 9 de septiembre de 2020, cuando el ciudadano Javier Ordóñez fue requerido por la autoridad policial del CAI Villa Luz de esta ciudad, concretamente por los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes según testigos le propinaron descargas eléctricas siendo posteriormente trasladado a la sede el CAI en mención, donde presuntamente se le ocasionaron golpes por parte de los uniformados, por lo que fue trasladado a un Centro Asistencial donde llegó sin signos vitales.

En el caso en mención, se consideró por parte de la Sala que de conformidad con las pruebas arribadas al proceso, el conocimiento de las presentes diligencias debe ser atribuido a la Justicia Penal Ordinaria, pues se evidencia con claridad que no existe la relación del hecho investigado penalmente con la prestación del servicio, en los términos que demanda el artículo 2 del Código Penal Militar.

En efecto, inicialmente sostuvo esta Colegiatura que de los medios de prueba obrantes en el plenario se observaba una actuación inicial por parte de los uniformados consistente en propinarle descargas eléctricas al ciudadano Javier Ordóñez, existiendo un claro uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes involucrados, pues no obstante estar este ciudadano ya controlado por los uniformados continuaron propinándole dichas descargas, excediendo totalmente el ámbito de sus funciones constitucionales y legales y es precisamente ese actuar desproporcionado el que rompe cualquier nexo de causalidad con el servicio que para el día 9 de septiembre de 2020 prestaban los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, indicó la Sala que, de ninguna manera puede admitirse que una actuación totalmente desproporcionada, excesiva y alejada de las funciones constitucionales y legales de los miembros de la Fuerza Pública, se considere como un acto del servicio. Por el contrario, este tipo de procedimientos que van en contravía de los derechos de los ciudadanos, que desconocen por completo los protocolos para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, bajo ninguna circunstancia pueden ser asignadas a la Justicia Castrense, pues no existe relación alguna con el servicio, todo lo contrario, desdibujan por completo las funciones que el constituyente asignó a los miembros de la Policía Nacional quienes deben velar por proteger la vida, honra y bienes de todos los Colombianos.

Así las cosas, vislumbró la Sala que no se encuentra presente en el sub examine, la relación próxima y directa de las funciones que ejercían los uniformados con el presunto punible de homicidio agravado y tortura agravada, con relación a lo acaecido el 9 de septiembre de 2020, en ese contexto, no obran en el expediente pruebas que permitan determinar un nexo causal entre la comisión de la conducta investigada -situación fáctica- y el servicio encomendado a los policiales, menos aún, se puede sostener que las conductas descritas dentro del plenario, puedan tener relación directa con la prestación del servicio, pues no se debe perder de vista que el material probatorio obrante en el plenario lo que muestra es un actuar desproporcionado por parte de los uniformados, alejado por completo de sus funciones constitucionales y legales y totalmente ajeno a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho prevista en el artículo 1º de la Carta Política, el cual se funda en el principio de la dignidad humana.

Finalmente, sostuvo la Sala que dentro del presente asunto no era aplicable el precedente contenido dentro del radicado No. 1100101020002019-2728-00, donde se resolvió asignar a la Justicia Penal Militar la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz Medina. Al respecto indicó esta Colegiatura: "Nótese que a esa conclusión llegó la Sala porque precisamente los hechos en que resultó lesionado el joven Dilan Cruz tuvieron como génesis una manifestación que se tornó violenta y que requirió de la participación de la Policía Nacional para dispersarla, luego la actuación del uniformado involucrado en los hechos si se dio como consecuencia de un acto del servicio. Por el contrario, en el caso del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, la actuación de los uniformados investigados traspasó esa línea que existe para poder asignar un asunto a la Justicia Castrense, pues precisamente al atacar de manera reiterada a un ciudadano desarmado, esposado y reducido, golpeándolo y propinándole descargas eléctricas pese a sus súplicas para que se detuvieran, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y justamente ese uso excesivo de la fuerza desproporcionado e irracional es lo que rompe cualquier nexo con el servicio que como miembros de la Policía Nacional prestaban los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos".

En esta providencia aclaró voto el Magistrado Camilo Montoya Reyes.

OFICINA DE COMUNICACIONES

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

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Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirime conflicto de jurisdicciones en el caso Javier Ordóñez

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Función:

Es el encargado de la conducción política del país tanto en el orden nacional como en el internacional.

Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.

Dirigir la fuerza pública y dispone de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

Promulgar, obedecer y sancionar las leyes.

Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.

Ejemplo:
En esta noticia el presidente cumple la función de jefe de gobierno porque cumple una de las funciones la cual es promulgar, obedecer y sancionar leyes; en este caso el Jefe de Gobierno sancionó la ley de las pasantías.
El presidente, firmo la norma ya que los estudiantes "al graduarse de su carrera universitaria no eran contratados por las empresas con la excusa de que no cuentan con la suficiente experiencia certificada, pero tampoco podían empezar a generarla porque ninguna empresa les daba la oportunidad" por ende, ahora el presidente dice que con esta sanción ya se cuenten las practicas profesionales, monitorias y pasantías como experiencia profesional del estudiante con el fin de que ellos tengan algo que mostrar a la hora de mostrar su hoja de vida.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Sancionan la ley de pasantías, clave para generar empleo entre los jóvenes

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El presidente Duque firmó la norma que valida las prácticas profesionales como experiencia profesional.

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En esta noticia se menciona que la procuraduría pide declarar nulos los decretos que aceptan o permiten la explotación de hidrocarburos entre ellos en Fracking ya que no se esta tomando la precaución debida de los riesgos y daños irreversibles que el Fracking le causaría al daño ambiente en especial, la contaminación de aguas la cual perjudicaría la salud del ser humano, violando así un derecho fundamental.

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En sus alegatos finales dentro de una demanda contra las normas que regulan el fracking, la Procuraduría General le solicitó al Consejo de Estado que, por no ser compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución, declare nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014.

Estos decretos " establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking", y están demandados ante el Consejo de Estado, que en 2018 los suspendió provisionalmente mientras se resuelve de fondo el recurso.

El Ministerio Público expresó que hay evidencia científica e información sobre las múltiples aristas "de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medioambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales".

Por lo que consideró que es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que " puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente, los ecosistemas que dependan de estas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política".

(Le sugerimos leer: El balance de la recta final de la demanda contra el 'fracking')

El Ministerio Público entregó sus alegatos finales sobre el tema ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, e insistió en aplicar el principio de precaución "teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medioambiente, en especial, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano".

(Le sugerimos leer: Pilotos de 'fracking' seguirán vigentes mientras se decide demanda)

La Procuraduría reiteró que de permitirse el fracking, el daño sería irreversible, ya que el país no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.

Al respecto, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) hizo un duro pronunciamiento y dijo que hay un error de interpretación del Ministerio Público. "Se cita de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible, al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales", dijo la ACP.

En todo caso, junto con el pronunciamiento de la Procuraduría, el Consejo de Estado deberá considerar el de los demandantes y las entidades demandadas, como el Ministerio de Minas, para tomar su decisión, que se estaría produciendo en los próximos meses.

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Procuraduría pide declarar nulos decretos que regulan el 'fracking'

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En sus alegatos finales dentro de una demanda contra las normas que regulan el fracking, la Procuraduría General le solicitó al Consejo de Estado que, por no ser compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución, declare nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014.

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Esta noticia hace parte de la procuraduría porque en ella se menciona que en agosto del 2019 se realizo un operativo contra un campamento de disidencias de las Farc en Caquetá donde hubo un bombardeo y como resultado murieron 8 niños menores de edad. Aquí se ve la violación del derecho a la vida.

La procuraduría aun tiene abierta la indagación y le pedirá al general de las Fuerzas Militares el cual estaba al frente del operativo que declare sobre dicho bombardeo.

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El viernes 30 de octubre, ante la Procuraduría General, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, deberá declarar sobre el bombardeo de las Fuerza Pública en Caquetá en el que murieron 8 menores de edad.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, durante un operativo de la Fuerza Aérea contra un campamento de disidencias de las Farc.

(Lea también: Ejército niega que fueran 18 los menores muertos en Caquetá)

Por estos hechos la Procuraduría General tiene abierta una indagación preliminar, en la cual se ha tomado la declaración a funcionarios del Ejército y la Fuerza Aérea, entre ellos oficiales asesores en derecho operacional.

Así mismo, el órgano de control informó que se han hecho requerimientos a diferentes entidades, entre ellas el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea.

(Le puede interesar: El objetivo no eran los menores, era 'Gildardo Cucho': Mindefensa (e))

En su momento las Fuerzas Militares explicaron que el objetivo del operativo era el jefe disidente conocido como Gildardo Cucho.

El Comando General de las FF.MM. dijeron en ese momento que tienen certeza de que ese operativo fue una operación legítima, legal y en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

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Comandante de FF. MM. a responder por bombardeo donde murieron 8 niños

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El viernes 30 de octubre, ante la Procuraduría General, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, deberá declarar sobre el bombardeo de las Fuerza Pública en Caquetá en el que murieron 8 menores de edad. Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, durante un operativo de la Fuerza Aérea contra un campamento de disidencias de las Farc.

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Esta noticia hace parte de la jurisdicción constitucional puesto a que se menciona que una ciudadana presentó una tutela a la Gobernadora del Valle porque  viola el principio constitucional de laicidad del Estado. La ciudadana menciona que la Gobernación del Valle esta plagada de imágenes, estatuas y objetos católicos que llegan irrespetar o interrumpir la dignidad y respeto a la diversidad de funcionarios, contratistas y visitantes de diferentes credos que ingresan al Edificio de la Gobernación.

Además dice que, el juzgado se posicionó o se baso en el articulo 19 de la constitución y que tomó en cuenta la sentencia SU5-40 de 2014 de la corte en la cual establece que el país no puede ser consagrado de manera oficial a ninguna religión añadiendo otra sentencia del 94 donde se estableció que los servidores públicos no pueden utilizar sus funciones para favorecer o manifestar determinadas religiones, el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali le dio la razón a la ciudadana que presento la tutela y ahora la entidad deberá retirar todas las imágenes religiosas del primer piso y del sótano para que se ampare el derecho fundamental de laicidad del Estado.

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La ciudadana Piedad Maya Cardona elevó una acción de tutela porque la Gobernación del Valle, en cabeza de Clara Luz Roldán, violaría constantemente el principio constitucional de laicidad del Estado. El juzgado quinto de pequeñas causas de Cali le dio la razón y ahora la entidad deberá retirar todas las imágenes religiosas del primer piso y el sótano.

Imágenes religiosas, crucifijos, fotografías de Juan Pablo II y altares católicos, son todos los objetos que la Gobernación del Valle del Cauca deberá retirar del sótano y el primer piso de su edificio, por orden de la jueza Janneth Del Rosario Burgos. Tras evaluar una acción de tutela elevada por Piedad Maya Cardona, experta en protocolo, el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali amparó el derecho fundamental de laicidad del Estado.

Piedad Maya Cardona cuenta que la Gobernación del Valle se convirtió en todo un dolor de cabeza para ella, pues las constantes alusiones a la religión católica no solo son excesivas, si no están en contra de la Constitución. "Causa malestar ver todas las imágenes dentro de la Gobernación, las entrevistas que le hacen a la gobernadora Clara Luz Roldán, de ver celebración de misas dentro de la misma Gobernación. Hay un cuadro de Juan Pablo II que colgó Ubeimar Delgado, el exgobernador, con el argumento de que es católico y que fue monaguillo", cuenta la accionante en diálogo con El Espectador.

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La ciudadana asegura que ha trabajado para la Gobernación del Valle en diferentes eventos de posesión. Sin embargo, en la mayoría de oportunidades la invitan a incluir una misa o una bendición espiritual en los itinerarios. "Uno siempre explica, pero no entienden. Siempre me dice que son católicos y hacen las cosas así. A mí no me interesa que sean así, hagan sus cosas por allá a las cinco de la mañana, tenga las imágenes en su casa, pero no las lleve al ámbito oficial. No lo entienden. Es desesperante porque se trata de la Constitución", agrega Piedad Maya Cardona.

Cansada de ver la presunta violación al principio del Estado laico, amparado en el articulo 19 de la Constitución, Piedad Maya elevó una acción de tutela que fue admitida el pasado 23 de octubre en el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali. A través de su abogado, Víctor David Aucenon, la ciudadana compiló un total de 12 pruebas donde se verificaría la excesiva publicidad de imágenes católicas, lo que dificultaría su trabajo como consultora en protocolo y representaría una falta de respeto con los visitantes no católicos. Por ejemplo, adjuntó trinos de celebraciones de eucaristías dentro de la misma Gobernación.

"La oficina de la gobernadora Clara Luz Roldán está llena de santos, eso es una falta de respeto y consideración para los visitantes que son de otra religión. Ella se escuda en que votaron un millón de personas por ella, eso no es así, cuando ya es un mandatario se debe a todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Es un exceso", denuncia Piedad Maya. Sin embargo, la Gobernación del Valle se defendió indicando que la funcionaria Roldán no tiene a cargo ninguna campaña evangelizadora gubernamental y, además, que no ha dejado sus preferencias religiosas por contar con la dignidad de sus votantes.

Incluso, la gobernadora Clara Luz Roldán indicó al juzgado quinto de pequeñas causas que nunca ha violado el principio de igualdad en materia religiosa, "pues por el contrario trata con la misma dignidad y respeto a la diversidad de funcionarios, contratistas y visitantes de diferentes credos que ingresan al Edificio de la Gobernación, donde no son rechazados o marcados con un nombre u otro por su manera de representar la fe", contestó la Gobernación del Valle en el tramite de la acción de tutela.

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Tras analizar los argumentos de la Gobernación del Valle y de la ciudadana Piedad Maya, la jueza Janneth Del Rosario Burgos resolvió que la institución estatal tendrá que acatar dos de las 12 peticiones que quedaron consignadas en la acción de tutela. Por un lado, se deberán retirar todas las imágenes y objetos religiosos que estén en el sótano y en el primer piso del edificio. Además, la gobernación no podrá volver a oficiar misas católicas hasta que miembros de otras religiones tengan el mismo espacio.

"si bien es cierto, los servidores públicos adscritos a la Gobernación del Valle cuentan con el derecho a la libertad de expresar, practicar, profesar sus creencias religiosas de manera pública; también es cierto que dicha libertad no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un límite, responsabilidades y deberes, en un grado diferente a las demás personas y, por lo tanto, en su calidad de servidores deben optar por preservar la neutralidad en materia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado", consideró la jueza Janneth Del Rosario Burgos.

Para tomar su decisión, el juzgado se amparó en el articulo 19 de la Constitución. Además, se tuvo en cuenta la sentencia SU5-40 de 2014 de la Corte Constitucional, en la cual se establece que el país no puede ser consagrado de manera oficial a ninguna religión, incluso si es la profesada por la mayoría del pueblo. Así mismo, se consideró otra sentencia de 1994, la cual estableció que los servidores públicos "no pueden es utilizar sus funciones para favorecer determinadas religiones o manifestarse en contra de otras, puesto que ello vulnera el pluralismo, la laicidad y la igualdad".

La Gobernación del Valle no se ha pronunciado oficialmente sobre la acción de tutela que podrá impugnar en segunda instancia. Por otro lado, la ciudadana Piedad Maya cree que este tipo de decisiones puede mejorar el trabajo de su gremio y puede ser un precedente en materia de libertad de culto. "Qué bueno que esto trascienda porque en muchos municipios es así. Por ejemplo, llega un alcalde y lo primero que hace es poner una virgen. El Estado tiene que ser totalmente neutro en esas cuestiones filosóficas", concluyó.

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quitan imagenes religiosas en gobernación del valle

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Gobernación del Valle deberá retirar imágenes religiosas por vulnerar el Estado laico

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La ciudadana Piedad Maya Cardona elevó una acción de tutela porque la Gobernación del Valle, en cabeza de Clara Luz Roldán, violaría constantemente el principio constitucional de laicidad del Estado. El juzgado quinto de pequeñas causas de Cali le dio la razón y ahora la entidad deberá retirar todas las imágenes religiosas del primer piso y el sótano.

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Sucede cuando el congreso investiga a un alto mandatario , este proceso se da en dos partes : primero la cámara de representantes se encarga de investigar y acusar , luego el senado entra y juzga.
Los altos mandatarios pueden ser:

Presidente

Magistrados

Consejo superior de la judicatura

Fiscal general

Ejemplo: En esté video se ve como la cámara de representantes acusa a Álvaro Uribe - Expresidente de Colombia.

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URIBE soporta graves acusaciones ante la Camara de Representantes

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En el ejemplo se muestra el momento en el que el presidente al ser nombrado también adquiere título de Jefe de las fuerzas armadas.

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Iván Duque asume como comandante jefe de las FF.MM.  | El Espectador

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Funciones:

Representar al país internacionalmente.

Suscribir tratados con otros países.

Elegir los embajadores que representarán a Colombia en el exterior.

Ejemplo:
El presidente Iván Duque, modifica algunos controles para la llegada de pasajeros internacionales, entre ellos, la no exigencia de la prueba PCR negativa, pero sí se hará rastreo a los viajeros nacionales y extranjeros que lleguen al país.

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Se hará rastreo a los viajeros

R. R. | Bogotá | 4 de noviembre de 2020 5 comentarios
TEMAS RELACIONADOS: Fernando Ruíz, ministro de Salud, Organización Panamericana de la Salud (OPS)
El Ministro de Salud, Fernando Ruíz anunció en el programa "Prevención y Acción" la expedición de la resolución 1972, la cual modifica algunos controles para la llegada de pasajeros internacionales, entre ellos, la no exigencia de la prueba PCR negativa, pero sí se hará rastreo a los viajeros nacionales y extranjeros que lleguen al país.

"Esta decisión la tomamos con base en un concepto técnico emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que cobija a todos los países del continente. Aquellos territorios que tengan transmisión comunitaria no necesitan de la exigencia de la prueba PCR, eso sí las EPS y las Secretarías de Salud tendrán que hacer rastreo a los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, además que se mantiene el uso del tapabocas durante todo el transcurso del vuelo", dijo Ruíz.

Igualmente, la resolución indica el levantamiento de la restricción para el uso del baño en vuelos que tengan una duración superior a las dos horas, pero recomienda que uno de ellos se designe a la tripulación y se dispongan de suficientes baños para uso de los pasajeros por ubicación. También se autoriza la distribución de alimentos en contenedores sellados y preenvasados, pero se debe hacer de tal manera que los pasajeros de la misma fila no coman al tiempo. (Colombia reiniciará vuelos internacionales en 4 aeropuertos).

El ministro también resaltó el uso obligatorio del tapabocas durante todo el vuelo. Así mismo, se recomienda a los viajeros estar en silencio en lo posible durante el vuelo porque esto disminuye el riesgo de transmisión de la Covid-19. Antes del vuelo los pasajeros deberán informar si presentan fiebre o síntomas respiratorios asociados con la Covid-19, además de diligenciar el formulario de la App Check- Mig.

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Prueba PCR ya no es necesaria para entrar en Colombia | Noticias de turismo REPORTUR

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El Ministro de Salud, Fernando Ruíz anunció en el programa "Prevención y Acción" la expedición de la resolución 1972, la cual modifica algunos controles para la llegada de pasajeros internacionales, entre ellos, la no exigencia de la prueba PCR negativa, pero sí se hará rastreo a los viajeros...

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Funciones:

Dictar la ley del Banco de la República.

Decidir el Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones públicas.

Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos.

Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.

Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.

Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades de carácter financiero y bursátil, o de cualquier otra que esté relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos públicos.

Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos.

Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y debe decretar su inversión de acuerdo con las leyes.

Ejemplo: El hallazgo de mayor cuantía, por $10.614 millones, tiene que ver con irregularidades en la ejecución de un proyecto para mejorar las condiciones alimentarias de adultos vulnerables.

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Hallazgos fiscales de la Contraloría en el departamento del Cesar

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proyecto de control fiscal de la contraloría

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Contraloría reveló seis hallazgos en el Cesar por $33.367 millones

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La Contraloría General de la República reportó seis hallazgos fiscales en el Cesar en proyectos con recursos del Sistema General de Regalías que llegan a un monto de $33.367 millones. El hallazgo de mayor cuantía, por $10.614 millones, tiene que ver con irregularidades en la ejecución de un proyecto para mejorar las condiciones alimentarias de adultos vulnerables.

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Esta noticia hace parte de dicha función ya que se menciona que se presentó una tutela por 49 personas las cuales decían que hubo una violación sistemática del derecho a la protesta pacífica y la corte constitucional falló a favor de dicha tutela.

En el trascurso de la noticia se menciona que para aceptarla en su totalidad  se tuvo que hacer varios análisis con las fuerzas del ESMAD para definir que su presencia es estrictamente cuando las protestas no son pacificas al igual con su armamento y otros factores que incumplen ese derecho.

La tutela será repartida a un despacho, donde se deberá evaluar "si es relevante, novedosa y si cumple otros requisitos" y luego  llega a una Sala de Selección que cambia cada mes y es ahí donde se define si se elige o no.

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Un día después de conocerse la decisión en la que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una tutela de 49 ciudadanos, por encontrar que ha habido una violación sistemática del derecho a la protesta pacífica, el Ministerio de Defensa dijo que le pedirá a la Corte Constitucional que revise esa tutela.

Contrariando los argumentos de la Corte, el Mindefensa afirmó este miércoles que la "protesta pacífica está garantizada", dijo que las actuaciones del Esmad se producen "exclusivamente ante las acciones violentas", y señaló que los uniformados que violen la ley "son individualizados y sancionados".

(Lea también: Las 14 órdenes de la Corte por la 'agresión sistemática' a la protesta).

El presidente Iván Duque también se pronunció ayer en entrevista con Caracol Televisión, en la que dijo que muchas de las cosas que exige la Corte ya estaban siendo desarrolladas por el Gobierno, señalando que "el Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión ciudadana pacífica".

Dentro de la valoración que deberá hacer la Corte Constitucional para determinar si elige o no la tutela, y si decide de fondo, hay varios elementos que hacen parte del debate jurídico que suscitó el fallo. EL TIEMPO consultó con constitucionalistas algunos de los asuntos más controvertidos.

(Lea: Gobierno pedirá que Corte Constitucional revise tutela sobre protestas).

El primero es si la Corte podía dar el tipo de órdenes que dio o si incurrió en algún exceso, como han insistido varios sectores, entre ellos dos magistrados de la misma Sala Civil que salvaron su voto. Incluso ayer el presidente Duque afirmó que cree que en este caso hubo una especie de "coadministración y colegislación por parte del juez de tutela".

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdova Triviño afirmó que las órdenes fueron "ponderadas, razonables y necesarias". Además, dijo que la discusión sobre si un juez puede invadir competencias del Legislativo o Ejecutivo es muy antigua, debate frente al que considera que en el constitucionalismo contemporáneo "el poder del juez implica dar órdenes efectivas".

(En contexto: Corte ordena proteger derecho a protesta ante agresiones sistemáticas).

Lo mismo piensa el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, quien dijo que la Suprema procedió "dentro de la órbita de su función", pues evaluó algo muy delicado como "la represión en exceso, y en muchos casos armada, de la Fuerza Pública". Y cree que no hay una invasión en las competencias del Presidente porque si bien él tiene la competencia sobre el orden público, debe hacerlo "en el marco de la Constitución".

Y Luis Ernesto Vargas, también expresidente de la Corte Consitucional, y exintegrante de la Corte IDH, asegura que "no hay ninguna posibilidad de que la Corte Suprema haya excedido sus competencias como juez de tutela", pues a su juicio estaba ante una violación sistemática de derechos fundamentales.

En ese sentido, dice Vargas, el fallo sí podía dar órdenes y extender la protección incluso más allá de los 49 tutelantes. Recordó, por ejemplo, que el fallo del 2004 que reconoció un estado de cosas inconstitucional por el desplazamiento tuvo incluso una extensión mayor a esta decisión.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, asegura que el fallo es "necesario y trascendental", pues se ajusta a circunstancias donde hay "sistemáticas agresiones" a la protesta.

Y el exmagistrado José Gregorio Hernández asegura que la Corte no se excedió porque lo propio de una tutela es impartir órdenes ya sean positivas, para actuar ante una omisión, o negativas para frenar una acción que vulnere derechos fundamentales.

Pero una opinión distinta tiene el constitucionalista Johann Wolfgang Patiño, quien cree que la Sala Civil le dio al fallo un alcance que "pervierte el fundamento original de la tutela", pues desconoce que había otros medios a los que se podía acudir. También dice que el fallo no ponderó los principios del Estado de derecho y del poder legítimo del Estado.

El exmagistrado Carlos Bernal, recién salido de la Corte Constitucional, aseguró que el fallo es inconstitucional pues la tutela era improcedente, entre otras cosas, porque quienes la presentaron no agotaron otras vías como pedir la nulidad de algunos de decretos cuestionados. También cree que viola el principio de separación de poderes al ordenar crear un estatuto que regule el uso de la fuerza.

Y un exmagistrado del alto tribunal constitucional, que pidió no ser nombrado, aseguró que todo dependerá de lo que diga la Corte Constitucional, si revisa la tutela, pero cree que en algunas directrices la Sala Civil pudo haber ido más allá de la forma en la que la Corte Constitucional suele dar sus órdenes, ya que señaló cómo cumplirlas, lo que podría quitarle algo de margen al Ejecutivo.

La suspensión de armas

El segundo punto de discusión tiene que ver c on la orden de la Corte al Esmad de suspender el uso en manifestaciones de escopetas calibre 12. Según dijo ayer el presidente Duque, este armamento no está siendo utilizado mientras se adelanta una revisión.

Para el exmagistrado Córdova Triviño, al ordenar la suspensión la Corte actuó "bajo el principio de precaución" al analizar el disparo de esa arma y la muerte de un ciudadano (Dilan Cruz), por lo que considera razonable suspender su uso.

(Lea también: ¿Podría el fallo de Corte tener implicaciones en caso de Dilan Cruz?).

Para Burbano, en este caso la Corte no está decidiendo qué armas puede usar la Fuerza Pública, sino que suspendió el uso de una hasta que haya garantías para su "uso responsable y mesurado".

Para Patiño, en cambio, a la Corte no le correspondía pronunciarse sobre estas armas porque "está invadiendo competencias que no son suyas". Y el exmagistrado que habló off the record cree que este es el punto más discutible, pues dice que nunca la Corte Constitucional ha suspendido un arma y "ni siquiera lo hizo en su momento la Corte Internacional de Justicia con armas nucleares".

También hubo discusión sobre si el Gobierno puede negarse a cumplir las órdenes de la Corte. De hecho, en su comunicado de este miércoles, en ninguna parte el Mindefensa ofrece las disculpas que le exigió el alto tribunal.

La Procuraduría General dijo, también el miércoles, que las decisiones de la justicia deben cumplirse, así no se compartan y exhortó a otras instituciones del Estado a hacer lo mismo. Por eso, aseguró, acatará lo que el alto tribunal le ordenó sobre crear una mesa de trabajo para expedir un protocolo que verifique capturas en protestas.

(Lo invitamos a leer: ¿Puede el Gobierno no acatar fallo de la Corte sobre protestas?).

El exmagistrado Hernández afirma que el hecho de que la Corte Constitucional pueda seleccionar el fallo "no exime al Gobierno de tener que cumplirlo", so pena de quedar en desacato. Lo mismo dijo el abogado Pedro Nel Escorcia, señalando que "no es un buen precedente que el Ejecutivo no acate órdenes de los jueces".

En cambio, el abogado Jesús Albeiro Yepes cree que el fallo sobrepasa las funciones de los jueces y el Gobierno puede buscar mecanismos para preservar sus funciones del manejo de la seguridad.

La revisión en la Corte

Una vez el fallo llegue a la Corte Constituciona l, la tutela será repartida a un despacho que deberá evaluar si es relevante, novedosa y si cumple otros requisitos.

Esta ficha técnica llega a una Sala de Selección que cambia cada mes y que define si la elige o no, según los argumentos del despacho y las peticiones de revisión. Si la selecciona, en una audiencia pública, por sorteo, la reparte a una de las nueve salas de revisión.

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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El intenso debate jurídico que abrió fallo de la Corte sobre protestas

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Un día después de conocerse la decisión en la que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una tutela de 49 ciudadanos, por encontrar que ha habido una violación sistemática del derecho a la protesta pacífica, el Ministerio de Defensa dijo que le pedirá a la Corte Constitucional que revise esa tutela.

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En la distinción que hizo el gobierno nacional, la Universidad del Cauca fue exaltada en el área de innovación; Planeación Nacional premió la “Investigación de alternativas para el uso de subproductos derivados de la agroindustria piscícola”, Este proyecto apoyado por el El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca – CREPIC. es financiando con un monto cercano  a los $8.000 millones de pesos y beneficia a los productores de trucha y tilapia de cinco municipios del Departamento del Cauca, a 1.800 personas. 500 familias y más de 140 piscifactorías.

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En la distinción que hizo el gobierno nacional, la Universidad del Cauca fue exaltada en el área de innovación; Planeación Nacional premió la "Investigación de alternativas para el uso de subproductos derivados de la agroindustria piscícola", Este proyecto apoyado por el El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca - CREPIC. es financiando con un monto cercano a los $8.000 millones de pesos y beneficia a los productores de trucha y tilapia de cinco municipios del Departamento del Cauca, a 1.800 personas. 500 familias y más de 140 piscifactorías.
En total, Luego de tres años de haber sido puesto en marcha el Sistema General de Regalías (SGR), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) premió a un gobernador, tres alcaldes y ocho proyectos por hacer un buen uso de los recursos que recibe el Estado por cuenta de la actividad minero - energética.

El director del DNP, Simón Gaviria Muñoz, anunció que el Premio Nacional Regalías en la categoría de departamentos fue recibido por el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero.

El Cauca tuvo además otros dos proyectos entre los finalistas "Implementación red de formación del talento humano para la innovación social y productiva en el departamento del cauca Popayán, Cauca" Y "Fortalecimiento de la caficultura caucana como una oportunidad en el pacto social a desarrollarse en 30 municipios cafeteros y con una cobertura total de 47.340 familia en tres líneas de acción"

Asimismo, en la categoría de municipios, Jesús Moncaleano (alcalde de Coyaima, Tolima), José Gómez (alcalde de Tuluá, Valle del Cauca) y Edison Bustamante (alcalde de Belmira, Antioquia) fueron premiados por el DNP.

Adicionalmente, ocho proyectos de equidad, integración regional, innovación y participación ciudadana presentados por las alcaldías de Cuaspud (Nariño), Sopó (Cundinamarca), Cali (Valle del Cauca) y por la Universidad del Cauca, fueron escogidos por el jurado -entre 165 iniciativas postuladas en 32 departamentos-.

Gaviria Muñoz manifestó que con esta estrategia impulsada por el Gobierno se busca reconocer no solo los esfuerzos de los gobernadores y los alcaldes, sino aquellos proyectos que han tenido impactos notorios en diferentes comunidades. "Este reconocimiento se focaliza en los actuales mandatarios locales, quienes durante su administración en los primeros tres años del SGR se destacaron por el buen manejo de las regalías".

Los proyectos que ganaron entre 165 postulados fueron examinados por un jurado compuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Dirección de Regiones de la Presidencia de la República, Transparencia por Colombia y la Universidad del Rosario.

Asimismo, los jurados que decidieron cuáles son las entidades territoriales más destacadas fueron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial, el Consejo Privado de Competitividad, la Asociación Colombiana del Petróleo y la Fundación Cerrejón.

Finalmente, en la decisión en torno a los proyectos participaron Ecopetrol, Fedemunicipios, Fededepartamentos, Portafolio y Caracol TV.

información basada en publicación de portafolio.co

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Premian a Universidad del Cauca por buen uso de recursos de regalías

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En la distinción que hizo el gobierno nacional, la Universidad del Cauca fue exaltada en el área de innovación; Planeación Nacional premió la "Investigación de alternativas para el uso de subproductos derivados de la agroindustria piscícola", Este proyecto apoyado por el El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca - CREPIC.

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Bogotá, 11 de noviembre de 2020.-Las metas de reducción de azufre en los combustibles pueden encontrar una limitación en la capacidad de las refinerías colombianas, lo cual obligaría a realizar importaciones con estándares acordes a los de la legislación ambiental, situación que impacta los precios al consumidor y las finanzas del país, señala un reciente estudio de la Contraloría General de la República.

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Boletines de Prensa - Contraloría General de la República

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Bogotá, 11 de noviembre de 2020.-Las metas de reducción de azufre en los combustibles pueden encontrar una limitación en la capacidad de las refinerías colombianas, lo cual obligaría a realizar importaciones con estándares acordes a los de la legislación ambiental, situación que impacta los precios al consumidor y las finanzas del país, señala un reciente estudio de la Contraloría General de la República.