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2.- Concepto de Derecho administrativo. (s. f.). Recuperado 6 de septiembre de 2021, de https://abogadavelazquez.mx/2-concepto-de-derecho-administrativo/

Derecho_administrativo_I.pdf. (s. f.). Recuperado 6 de septiembre de 2021, de http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf

Monografias.com,  claudia palacios. (s. f.). Derecho administrativo—Monografias.com. Recuperado 6 de septiembre de 2021, de https://www.monografias.com/trabajos96/administrativo-derecho/administrativo-derecho.shtml

(S. f.). Recuperado 6 de septiembre de 2021, de https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTMyMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzA0uQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAXgtz2jUAAAA=WKE

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Concluimos que éste es una rama del derecho público, pero a la vez un conjunto de normas jurídicas  que se encarga de regular las distintas áreas u ocupaciones del Estado de acuerdo a la administración pública(poder ejecutivo y sus relaciones).
LUZ MARIA ORTIZ ESCOTO

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Es una rama del derecho público interno -y en algunos aspectos externo-, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común, que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado.
Bibliografía:
https://abogadavelazquez.mx/2-concepto-de-derecho-administrativo/

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Así como se presentan innumerables dificultades para conceptualizar algún término, este Derecho no es la excepción, pues diversos autores lo han definido desde distintos puntos de vista, no obstante, lo importante es identificar cuál de ellos es el que te resulta más fácil de comprender, de memorizar o que te guste por tener los elementos que lo hagan más completo, a continuación, te menciono algunos:

"Es la rama del derecho público que regula: 1. La organización de la empresa de la administración pública y de las diversas personas administrativas en las cuales ha encarnado. 2. Los poderes y los derechos que poseen estas personas administrativas para manejar los servicios públicos. 3. El ejercicio de estos poderes y de estos derechos por la prerrogativa especial, por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias contenciosas que se siguen". Maurice Hauriou.

"Es una rama del derecho público interno -y en algunos aspectos externo-, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común, que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado". Andrés Serra Rojas.

"Es un conjunto de normas o leyes que regulan a los dos sujetos: administración pública y administrados". Alfonso Nava Negrete.

"Es la Rama del Derecho Público que estudia el ejercicio de la función Administrativa y la protección judicial existente contra ésta". Agustín A. Gordillo.

"Es la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí". Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara.

"Es la Rama del derecho público que regula la actividad del estado que se realiza en forma de función administrativa". Gabino Fraga.

"Es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones". I. Martínez Morales.

"Es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares". Jorge Fernández Ruiz.

De las anteriores definiciones podemos advertir, que el derecho administrativo se ocupará de todo lo relacionado con los actos que deriven del Poder Ejecutivo a través de su función administrativa, desde los servicios públicos, una autorización, licencia o permiso, hasta cuestiones más complejas como fideicomisos, concesiones, expropiaciones, contratos, ejercicio del gasto público, obras públicas y mi tema favorito las responsabilidades administrativas de servidores públicos, entre otros tantos temas.
¡Espero haber contribuido en tu aprendizaje, escríbeme si tienes algún comentario! Nos leemos pronto...

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Así como se presentan innumerables dificultades para conceptualizar algún término, este Derecho no es la excepción, pues diversos autores lo han definido desde distintos puntos de vista, no obstante, lo importante es identificar cuál de ellos es el que te resulta más fácil de comprender, de memorizar o que te guste por tener los elementos que lo hagan más completo, a continuación, te menciono algunos: "Es la rama del derecho público que regula: 1.

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Es la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí.
Bibliografía:
https://abogadavelazquez.mx/2-concepto-de-derecho-administrativo/

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Así como se presentan innumerables dificultades para conceptualizar algún término, este Derecho no es la excepción, pues diversos autores lo han definido desde distintos puntos de vista, no obstante, lo importante es identificar cuál de ellos es el que te resulta más fácil de comprender, de memorizar o que te guste por tener los elementos que lo hagan más completo, a continuación, te menciono algunos:

"Es la rama del derecho público que regula: 1. La organización de la empresa de la administración pública y de las diversas personas administrativas en las cuales ha encarnado. 2. Los poderes y los derechos que poseen estas personas administrativas para manejar los servicios públicos. 3. El ejercicio de estos poderes y de estos derechos por la prerrogativa especial, por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias contenciosas que se siguen". Maurice Hauriou.

"Es una rama del derecho público interno -y en algunos aspectos externo-, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común, que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado". Andrés Serra Rojas.

"Es un conjunto de normas o leyes que regulan a los dos sujetos: administración pública y administrados". Alfonso Nava Negrete.

"Es la Rama del Derecho Público que estudia el ejercicio de la función Administrativa y la protección judicial existente contra ésta". Agustín A. Gordillo.

"Es la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí". Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara.

"Es la Rama del derecho público que regula la actividad del estado que se realiza en forma de función administrativa". Gabino Fraga.

"Es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones". I. Martínez Morales.

"Es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares". Jorge Fernández Ruiz.

De las anteriores definiciones podemos advertir, que el derecho administrativo se ocupará de todo lo relacionado con los actos que deriven del Poder Ejecutivo a través de su función administrativa, desde los servicios públicos, una autorización, licencia o permiso, hasta cuestiones más complejas como fideicomisos, concesiones, expropiaciones, contratos, ejercicio del gasto público, obras públicas y mi tema favorito las responsabilidades administrativas de servidores públicos, entre otros tantos temas.
¡Espero haber contribuido en tu aprendizaje, escríbeme si tienes algún comentario! Nos leemos pronto...

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Así como se presentan innumerables dificultades para conceptualizar algún término, este Derecho no es la excepción, pues diversos autores lo han definido desde distintos puntos de vista, no obstante, lo importante es identificar cuál de ellos es el que te resulta más fácil de comprender, de memorizar o que te guste por tener los elementos que lo hagan más completo, a continuación, te menciono algunos: "Es la rama del derecho público que regula: 1.

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El Derecho administrativo es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones Públicas, así como las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos.
Bibliografía: https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTMyMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzA0uQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoAXgtz2jUAAAA=WKE

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Derecho Administrativo

¿Qué se entiende por Derecho Administrativo?

Como apunta Santamaría Pastor, hablar de "Derecho administrativo" supone dar por sentadas dos afirmaciones: que la Administración Pública está sometida al Derecho y que este sometimiento no se da solo al Derecho general, sino a un sector específico del mismo.

Ahora bien, hechas estas afirmaciones, de por sí no muy problemáticas, son múltiples las definiciones que los estudiosos de la materia han dado del Derecho administrativo. Se pueden clasificar en varios grupos: las que ponen el acento en el objeto de las normas que componen esta parte del ordenamiento jurídico, ofrecidas por las concepciones objetivas; las que inciden en el sujeto de dichas normas, la Administración, que han dado lugar a las concepciones subjetivas; y las que reparan especialmente en el aspecto estatutario de la regulación.

Por poner unos ejemplos, y sin ánimo exhaustivo, en el primero de los planos indicados se sitúa la noción ofrecida por Ballbé, para quien el Derecho administrativo es "aquella parte del Derecho público interno que determina el ejercicio de la función administrativa". Esta noción trae consigo importantes consecuencias: se trata de una parte del Derecho, compuesto no sólo por normas, sino también por principios e, incluso, primariamente, por la naturaleza misma de las instituciones y por el orden concreto inmanente a cada una; además, forma parte del Derecho público, por ello, cuando la Administración actúa como sujeto privado, sus relaciones con los particulares quedan al margen del Derecho administrativo; en concreto, integra el Derecho público interno; finalmente, determina la actividad administrativa objetivamente considerada.

En el segundo de los planos, para Garrido Falla el Derecho administrativo consiste en " aquella parte del Derecho público que regula la organización y el funcionamiento del Poder ejecutivo y sus relaciones con los administrados, así como la función administrativa de los diversos Poderes y Órganos constitucionales del Estado", con lo que sale al paso de los que niegan el carácter administrativo de las normas de organización. En la misma línea se sitúa Entrena Cuesta, para quien el Derecho administrativo es "el conjunto de normas de Derecho público interno que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública". Ambos autores consideran que las normas administrativas son tanto de organización como de actuación; en este sentido, el último autor citado advierte de que el contenido del Derecho administrativo es tridimensional: un sector de las normas regula la organización administrativa, otro las relaciones entre los entes públicos y el último, el más importante, las relaciones entre los entes públicos y los particulares.

Queda por reseñar el tercer plano, el estatutario, en el que se encuentra García de Enterría, que considera el Derecho administrativo como "un Derecho de naturaleza estatutaria, en cuanto se dirige a la regulación de singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del Derecho común". Este autor diferencia este Derecho del Derecho general, aplicable a toda clase de sujetos, asumiendo que forma parte del Derecho público interno y dotándole de la cualidad de ser común para la Administración, con la consecuencia de que tiene capacidad de autointegrar sus propias lagunas sin necesidad de acudir a otros Derechos. En todo caso, la presencia de la Administración Pública constituye un requisito necesario para que exista una relación jurídico-administrativa.

Más descriptiva, y quizás, de síntesis, es la definición de Zanobini, para el que "el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones Públicas, así como las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos". Esta concepción, seguida por Ramón Parada, sirve para destacar que las normas administrativas tienen como sujeto o como destinatario a una Administración, de forma tal que no se entienden o no son tales sin esa presencia, pero esto no supone que la Administración no pueda utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por disposiciones no administrativas.

Con este punto de partida, resulta que la forma en la que norma administrativa tiene como sujeto destinatario a una Administración Pública admite diversas variedades: a veces, la Administración resulta el destinatario único y preferente, como cuando se regula la organización interna; en otras ocasiones, aun estando dirigidas a ser cumplidas por la Administración, su aplicación y efectividad no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos, como en expropiación o la contratación pública; finalmente, hay normas cuyos destinatarios más directos son los particulares o administrados, pero que presuponen la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad.

¿Cómo se refleja el sometimiento de la Administración al Derecho?

Según se ha dicho, uno de los postulados del Derecho administrativo radica en que la Administración está bajo el imperio del Derecho. Esta sumisión parece hoy incontestable, máxime a la luz de nuestra Carta magna, donde se sujeta a los poderes públicos " a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídic o" ( artículo 9.1 CE) y, en concreto, a la Administración se la obliga a servir con objetividad los intereses generales "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" ( artículo 103.1 CE). En el mismo sentido se pronuncia la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su art. 3.1 reitera el principio constitucional de actuación de las Administraciones Públicas "con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho".

Sin embargo, esta sujeción no ha sido una constante histórica. Por el contrario, comienza a afirmarse de modo consciente y sistemático a finales del siglo XVIII, pues, hasta entonces, el absolutismo implicaba que el monarca no estaba sometido a las leyes, sino que, precisamente, la ley era su voluntad. Es a partir de la revolución francesa de 1789 cuando, al desplazarse la soberanía del monarca al pueblo y configurarse la ley como expresión de la voluntad general, los ciudadanos y, también, los órganos del Estado quedan sometidos a la ley.

Con todo, esta sujeción al Derecho admite varias modalidades. Por un lado, cabe establecer una paridad con los ciudadanos, de manera que la Administración se rija por las mismas reglas y normas que disciplinan la actividad de aquéllos, como ocurre en los países anglosajones.

Por otro lado, también es posible desarrollar un régimen normativo especial, diferente del común, justificado porque las necesidades de la gestión de los intereses generales demandaban potestades y privilegios desconocidos en el mundo privado que, dada la desconfianza que suscitaba, se veían contrarrestados por ciertas trabas y sujeciones.

Esta última modalidad es la propia de los derechos continentales, como el nuestro, donde la sumisión a la ley es total, reforzada con el control judicial de "la potestad reglamentaria" y de "la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican" ( artículo 106.1 de la Constitución Española).

¿Cuál es la relación entre Derecho administrativo y Derecho privado?

La sujeción de la Administración a la ley plantea la cuestión de si lo es sólo a la ley administrativa; dicho de otro modo, si el Derecho administrativo cubre la totalidad de la actuación administrativa.

A este respecto, parece claro que la Administración Pública no se rige sólo, ni en su organización ni en su actividad, por el Derecho administrativo, sino que también confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho civil, el mercantil o el social, por poner algunos casos y dejando fuera, por su especificidad, el Derecho penal.

Un ejemplo muy clarificador se encuentra en el ámbito de la contratación, donde coexisten contratos sujetos al Derecho administrativo con otros sometidos al Derecho civil, conjugándose, a veces, reglas administrativas y reglas civiles .

El problema estriba en saber cuándo ha de aplicarse uno u otro ordenamiento jurídico, lo que no siempre es tarea fácil, por más que, en ocasiones, como en el ejemplo de los contratos reseñado, la ley ofrezca algunas pautas. Sin perjuicio de dichas indicaciones normativas, la solución opera en dos planos: el primero, en el de la decisión de la Administración sobre el régimen jurídico a emplear en una acción concreta; el segundo, cuando la operación o el acto ha sido ya realizado.

A este respecto, se han sugerido varios criterios delimitadores, como el fin perseguido o los medios utilizados para actuar -en especial, los llamados "actos de autoridad"-.

Estas dificultades de la delimitación del ámbito del Derecho administrativo se han acentuado con la progresiva convergencia de múltiples sectores de las diferentes ramas jurídicas, produciéndose fenómenos de aproximación debidos a la publificación del Derecho privado y a la correlativa privatización de las actividades de los entes públicos que, para la doctrina italiana, están dando lugar a la aparición de un nuevo tipo de Derecho común, como ocurre, en cierta manera, con el Derecho urbanístico, zona de confluencia de la regulación civil sobre la propiedad y de la intervención administrativa sobre la ordenación y el uso del suelo.

Por lo demás, las consecuencias tienen su reflejo en el orden jurisdiccional llamado a resolver de las impugnaciones dirigidas contra actuaciones de la Administración, ya que no hay una unificación determinada por la intervención de ese singular sujeto. Así, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atribuye a los Juzgados y a los Tribunales de dicha jurisdicción, el conocimiento "de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo", existiendo, en consecuencia, la posibilidad de que la Administración sea parte ante los órganos judiciales de otras jurisdicciones, como ocurre en la realidad.

Lege ferenda

La expresión lege ferenda se emplea en el mundo jurídico-político para hacer referencia a lo que es deseable. Se contrapone al aforismo lege data, que hace alusión al Derecho existente.

Es frecuente que el operador jurídico se encuentre ante argumentaciones o disquisiciones de lege data, es decir, según el Derecho tal y como es, y argumentaciones de lege ferenda, esto es, las que proponen modificaciones legislativas. Aunque muchos juristas sostienen que no es posible trazar una clara línea divisoria entre ambos conceptos, otros, como Karl Larenz, sostienen lo contrario. Para este autor no todo lo que puede ser deseable jurídico-políticamente puede realizarse en el marco de las leyes vigentes con los medios de interpretación y desarrollo del Derecho garantizados metódicamente.

Existen, además, cuestiones que son de importancia tan trascendental para las más diferentes esferas de la vida que sólo el legislador, que ha podido conseguir la necesaria perspectiva, está llamado a solucionar. Esto le condujo a afirmar que el juez no debe quitar al legislador las decisiones por él exigidas, y que la consideración de puntos de vista jurídico-políticos en la interpretación y desarrollo interpretativo del Derecho vigente es legítima, pero dentro de ciertos límites.

¿Cuáles son los caracteres del Derecho administrativo?

A la luz de las líneas que anteceden, hay que destacar que el Derecho administrativo es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración. Se trata de lo que se ha llamado un "Derecho de la desigualdad". En efecto, en el Derecho privado, la idea dominante es que los individuos y sus intereses son tratados con igualdad, pero el Derecho administrativo es, paradójicamente, el Derecho de la desigualdad dentro de la legalidad.

Esta desigualdad se manifiesta en los poderes y privilegios que se conceden a la Administración, justificados teóricamente en función de los fines superiores que tiene encomendados, pues, de la misma manera que una medida de intervención puede constreñir a algunos particulares, protege o libera a otros. Sirva como ejemplo entre los poderes, la potestad sancionadora, y, entre los privilegios, la capacidad que se la reconoce, como sujeto de derecho, para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas sin necesidad de recabar la tutela judicial . No obstante, según se ha avanzado, es un régimen de desigualdad dentro de la legalidad, por cuanto la Administración está sometida al principio de legalidad, correspondiendo constitucionalmente a los Tribunales el control de las posibles desviaciones en que se incurra.

Además, es un Derecho de tutela y de garantía, en primer lugar, de los intereses generales. Recuérdese que la finalidad tuitiva de los intereses públicos , cuya directa satisfacción persigue la Administración con su actuación, es la que justifica las prerrogativas y privilegios para con respecto a los particulares.

Pero también sirve para proteger a los administrados. De hecho, ya se ha indicado que surgió para someter la Administración a la ley, garantizando de esta forma la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Las garantías encuentran su último escalón en la tutela judicial, pero en los peldaños inferiores también hay otras, como la necesidad de seguir unos trámites para elaborar las decisiones, la obligatoriedad de dar audiencia al interesado antes de resolver sobre las cuestiones que le afectan o la debida observancia de los principios de igualdad, de mérito y de capacidad en los procedimientos selectivos, entre otros.

Otro de los caracteres del Derecho administrativo es la de poseer una fuente propia: el Reglamento , fruto de la potestad reglamentaria atribuida a la Administración . El Reglamento es una norma que, a diferencia de la ley, no expresa la voluntad popular, sino la del Gobierno o, más en general, la de las Administraciones Públicas, por lo que tienen reconocido un valor subordinado tanto de la Constitución, como de las leyes o normas con rango de ley.

Enlazada con la característica que se acaba de expresar aparece la de la contingencia y variabilidad del sistema normativo escrito, demostrada con la simple lectura de los Boletines oficiales, donde se publican diariamente un número considerable de disposiciones generales de carácter administrativo, en una proporción absolutamente mayoritaria respecto a las demás normas de otro carácter, dando lugar a una auténtica "legislación motorizada".

A la vista de lo expuesto resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa. Para ello, y dentro de este proyecto se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones.

Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, en 2015 se abordó una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, plasmada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público responde al segundo de los ejes citados.

Recuerde que...

* Uno de los postulados del Derecho administrativo radica en que la Administración está bajo el imperio del Derecho.

* La Administración Pública no se rige sólo por el Derecho administrativo, sino que también confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho civil, el mercantil o el social.

* El Derecho administrativo es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración.

* El Derecho administrativo posee una fuente propia: el Reglamento, fruto de la potestad reglamentaria atribuida a la Administración.

* El Reglamento es una norma que, a diferencia de la ley, no expresa la voluntad popular, sino la del Gobierno o, más en general, la de las Administraciones Públicas, por lo que tienen reconocido un valor subordinado tanto de la Constitución, como de las leyes o normas con rango de ley.

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Derecho Administrativo ¿Qué se entiende por Derecho Administrativo? Como apunta Santamaría Pastor, hablar de "Derecho administrativo" supone dar por sentadas dos afirmaciones: que la Administración Pública está sometida al Derecho y que este sometimiento no se da solo al Derecho general, sino a un sector específico del mismo.

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El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares.
Bibliografía:
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf

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El Derecho Administrativo es un complejo de principios y normas de Derecho público interno que regula: la organización y comportamiento de la administración pública, directa e indirectamente; las relaciones de la administración pública con los administrados; las relaciones de los distintos órganos entre sí de la administración pública; a fin de satisfacer y lograr las finalidades del interés público hacia la que debe tender la Administración.
Bibliografía:
https://www.monografias.com/trabajos96/administrativo-
derecho/administrativo-derecho.shtml

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El alumno contara con elementos para:

Conocer los antecedentes del Derecho Administrativo.

Definir y clasificar al Derecho Administrativo.

Conocer el objeto, características, funciones y las ramas del derecho administrativo.

Distinguir las diversas fuentes del Derecho Administrativo.

Conocer las relaciones que guarda el Derecho Administrativo con otras ramas del Derecho.

Y conocer la codificación del derecho administrativo.

Administración deriva del latín ad? y ministratio que significa " servir".
CONCEPTO.- Algunos autores lo definen asi:
Para " Rafael Bielsa" el Derecho Administrativo es un complejo de principios y normas de Derecho público interno que regula: la organización y comportamiento de la administración pública, directa e indirectamente; las relaciones de la administración pública con los administrados; las relaciones de los distintos órganos entre sí de la administración pública; a fin de satisfacer y lograr las finalidades del interés público hacia la que debe tender la Administración.

Para "Villegas Basavilbaso" el Derecho Administrativo es un complejo de normas y de principios de Derecho Público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares o entre aquéllos entre sí, para la satisfacción concreta, directa o inmediata de las necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal.

Para " Néstor Dario Rombolá" y "Lucio Martin Reboiras" el Derecho Administrativo es aquel que regula las relaciones de los órganos públicos, entidades autárquicas o descentralizadas y empresas del Estado, respecto los habitantes o administrados.

"Rafael I. Martínez Morales" expresa: "El derecho Administrativo es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones:"

"Jorge Fernández Ruiz", da la siguiente definición: El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares.

"Rafael de Pina" expresa: El Derecho Administrativo es la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí.

La Administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata, las necesidades e intereses colectivos y el logro de los fines del Estado dentro el orden jurídico establecido y con arreglo a este.

La Administración Pública se encuentra conformada por:

a) El Órgano Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas.

b) Los Gobiernos Autónomos Municipales en el marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades y la Ley Marco De Autonomías Y Descentralización.

c) Las Universidades Públicas en el marco de la Autonomía Universitaria.

Ambas utilizan los principios y técnicas de la Ciencia de la Administración.
DIFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA:

Tiene base social.

Su fin es el servicio y la utilidad públicos.

Le Pertenece al campo del Derecho Público.

Las decisiones la toman un conjunto de personas.

La estructura es compleja.

Los programas destinados a los administrados tienen que cumplirse, aun coercitivamente.

Tiene base en el individualismo.

Su fin es el lucro.

Su régimen jurídico está en el Derecho Privado.

Generalmente las decisiones lo toma una sola persona, el Gerente.

Su estructura es más sencilla.

Los programas diseñados pueden cumplirlo o no, los destinatarios.

Existen incentivos y motivaciones monetarias o jerárquicas (ascensos)

La esencia del Derecho administrativo radica en la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, y ésta a su vez la racionalización del ejercicio del poder público en beneficio de la colectividad.

La Administración, a diferencia de los particulares, no tiene fines propios, sino que es una institución cuya única razón de ser y cuya fuente de legitimidad es actuar para satisfacer los intereses generales o públicos.

Para la gestión de los intereses generales, las leyes atribuyen a la Administración Pública un conjunto de prerrogativas, y en virtud de ellas puede adoptar decisiones unilaterales con fuerza jurídica vinculante (de obligado cumplimiento).

Las normas de Derecho administrativo confieren poderes a la Administración que la sitúan en posición de supremacía sobre los particulares. En este tipo de relaciones los ciudadanos no se en encuentran respecto de la Administración en la situación de igualdad jurídica que es propia del Derecho privado, pues el interés general no puede quedar sometido a los intereses privados. Estamos en el ámbito del Derecho público que constituye la esencia del Derecho administrativo.

La posición de supremacía tiene su contrapartida, pues el Derecho administrativo impone límites y condiciones estrictas para el ejercicio de las potestades y prerrogativas de la Administración. No sólo atribuye poderes a la Administración sino que reconoce también derechos a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. En un Estado de Derecho la legislación administrativa es igualmente garante de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

El Derecho administrativo impone a la Administración una vinculación más fuerte a la ley. Los gobernantes y administradores públicos, están obligados siempre a perseguir los intereses generales, en los términos establecidos por la ley u el resto de las normas jurídicas. Incluso cuando la ley atribuye a la Administración una amplia capacidad de decisión o de iniciativa para el cumplimiento de sus fines, los gobernantes y administradores deben respetar principios y reglas jurídicas generales (la objetividad o imparcialidad, la igualdad de los ciudadanos, la proporcionalidad de sus decisiones,...) De ahí que la Constitución imponga la vinculación plena de la Administración a la ley y al Derecho. (Art. 103.1)

Por último, el Derecho administrativo regula un conjunto de garantías y controles sobre el ejercicio de las funciones administrativas (por su carácter e intensidad) de ámbito privado:
-Controles internos:
Intervención del gasto público, exigencia de informes previos, interposición de recursos contra una decisión ante el órgano superior jerárquico que la adoptó,...
-Controles externos:
El control judicial de nuestro país, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Historicidad del Derecho Administrativo
Una característica importante es su mutabilidad, pues dada su íntima relación con el ejercicio del poder político, que regula y ordena, experimenta de manera directa e inmediata los cambios que se producen en la estructura, el origen, los objetivos y las formas de manifestación del poder. Entre el Derecho administrativo del Estado Liberal del S. XIX y el del S. XX, propio de un Estado intervencionista, democrático y social, hay profundas diferencias.

También las instituciones, los conceptos, las técnicas jurídicas del Derecho administrativo varían más que los respectivos sistemas de Derecho privado. Existe una relación directa entre el sistema de Derecho administrativo y la Constitución de cada Estado, de ahí que no en todos los Estados europeos exista una Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por todo ello, las cualidades definitorias de nuestro Derecho administrativo, sus rasgos esenciales, incluso la razón por la que existe como rama diferenciada del ordenamiento jurídico, debe buscarse en la historia reciente.
Los precedentes
La presencia de una Administración, más o menos extensa pero articulada como organización estable y jerarquizada, encargada de la gestión cotidiana de los asuntos públicos: la organización administrativa. Durante la Edad Media la autoridad de la Corona con su poder sobre señoríos feudales y estamentos con apoyo de una nueva burocracia profesional. A partir del Renacimiento y con las Monarquías Absolutas, la nueva organización burocrática y jerarquizada se extendió por Europa, era una Administración central compleja y repartida en un sistema de Consejos o un modelo departamental con Secretarios de Estado. Desde un punto de vista funcional, el Estado, fue sumando a sus funciones tradicionales otras por fomentar la riqueza del país y el bienestar de los súbditos, particularmente en el Despotismo Ilustrado, quedando así una organización centralizada y jerarquizada, todavía reducida en sus efectivos, pero segura de su poder y en vías de expansión.

Un sistema de garantías que permita asegurar la primacía de las normas y el respeto de los derechos frente a eventuales extralimitaciones de las autoridades públicas y sus agentes. La Monarquía Absoluta redujo la efectividad del sistema de garantías jurídicas, pues toda autoridad proviene del Rey y este principio limita la posibilidad de un control efectivo de las decisiones y actuaciones de los servidores reales.
3.3. El Estado de Derecho Liberal y la aparición de Derecho Administrativo 3.3.1. Principios y realidades
La lucha entre la Monarquía y la aristocracia del Antiguo Régimen desencadenó, las revoluciones liberales que dieron paso a un nuevo modelo de Estado. Del contraste entre el ideario liberal y las conveniencias de quienes entonces comparten el poder, surge el Derecho administrativo.

En el Estado liberal la soberanía se atribuye en principio a la Nación, de la que emana la legitimidad de los poderes públicos. Hubo que alcanzar un compromiso político que reconocía una doble fuente de legitimidad, una soberanía compartida (dinástica y nacional). Desde un punto de vista jurídico, el dogma de la soberanía nacional permitió articular el poder político en torno a un ente abstracto e impersonal, el Estado, poniéndose así las bases del Derecho público moderno. Ese Estado liberal se asienta en la división de poderes, el poder Ejecutivo debe quedar sometido y controlado, pues es aquel cuya capacidad de acción y de intervención puede poner en mayor peligro los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero en realidad, el Poder Ejecutivo heredó y reconstruyó la organización burocrática que ahora llamamos Administración Pública, pues los Gobiernos constitucionales perfeccionaron y potenciaron la maquinaria administrativa para defender el nuevo régimen constitucional de sus enemigos, para responder a las demandas de infraestructuras, de servicios básicos todavía no generales,...

La teoría liberal del Estado proclama también la supremacía de la ley, la esencia del Estado de Derecho, sin la que no existiría el Derecho administrativo. La ley es, en la concepción rousseauniana, la expresión de la voluntad general, aprobada por el Parlamento. La ley es "la misma para todos", no sólo eso, sino que en el Estado de Derecho la ley y la Constitución reconoce a todos por igual un conjunto de derechos y libertades que deben ser respetados por los poderes públicos y en particular por la Administración.
3.3.2. El modelo francés de Derecho Administrativo y su difusión por Europa
Sin embargo, la necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley incluso por las autoridades y órganos administrativos, en garantía de los derechos de los ciudadanos y de la preciada seguridad jurídica, obligaba a establecer algún remedio jurídico a favor de los particulares y para combatir los abusos e ilegalidades. Consistió en un recurso jerárquico que el ciudadano podía formular ante el superior del funcionario que había adoptado la decisión de considerarse ilegal. La Constitución del año VIII atribuyó definitivamente la tramitación de los recursos al Consejo de Estado, compuesto por altos funcionarios y que ejercía también funciones consultivas del Gobierno. Así se cumplía la máxima establecida desde el período de la Revolución, según la cual "juzgar a la Administración es también administrar".
3.3.3. La variante inglesa
En el período de la revolución industrial, la división de poderes, entendida esencialmente como el equilibrio entre el Parlamente y la Corona, se había consolidado y evolucionaba hacia un régimen parlamentario. Considerado el Juez como único órgano del Derecho y sometida la Administración a estricto control parlamentario, la creación de un Derecho administrativo autónomo y la atribución del poder de controlar a la Administración a una jurisdicción especializada e integrada por funcionarios públicos resultaban ajenas por entero a la "constitución" inglesa.

Desde la perspectiva de un sistema económico y social prototipo del liberalismo, la aparición de un "régimen administrativo" que justificaba con carácter general las prerrogativas de la Administración y la dispensaba de un verdadero control judicial, pudo concebirse como una amenaza a la libertad y a la primacía del Derecho. Se trataba de un error de perspectiva, pues aunque no se desarrolló una jurisdicción administrativa especializada, ni se formó un corpus doctrinal de Derecho administrativo durante el S. XIX, de manera pragmática, el Derecho británico estableció un sistema propio de controles de la Administración, fundamentalmente basado en la garantía de intervención de los interesados en los procedimientos de adopción de las decisiones administrativas, aplicando los principios de contradicción y publicidad de los procesos, y en una red de órganos administrativos de control interno a los que pueden apelar los interesados en caso de controversia, todo ello sin perjuicio del control definitivo de los órganos judiciales.
3.3.4. Formación y desarrollo del Derecho Administrativo en España
En España tardó décadas en incorporarse a la corriente del liberalismo. A partir de 1830, no existió acuerdo sobre el modelo a seguir, particularmente en lo relativo a las relaciones de la Administración con la Justicia. Se sucedieron las reformas administrativas, inspiradas en el modelo francés y se intentó poner en pie una Administración centralizada, jerárquica y profesional. La hegemonía del gobierno tuvo como consecuencia la creación de un Consejo Real con jurisdicción retenida y unos Consejos Provinciales, a los que se asignó el enjuiciamiento de los recursos y reclamaciones contra la Administración.

En la Restauración se llegó a una solución de compromiso, Ley de 1888 que puso fin al régimen de justicia retenida y "judicializó" en parte el control de la Administración, pues atribuyó los asuntos contencioso-administrativos a unos Tribunales Provinciales, integrados en la organización judicial, compuestos por mitad de funcionarios y a una sala de Justicia del Consejo de Estado.

En 1904 se transfirió a una Sala especializada del Tribunal Supremo, pero el recurso contencioso-administrativo se reguló con muchas limitaciones, no todos los asuntos podían ser conocidos por esa Jurisdicción. Para conseguir en España un régimen de control judicial de la Administración más acabado habrá que esperar hasta la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, con graves limitaciones para la protección de las libertades públicas, que se superaron en 1978.

Aunque desde el S. XIX, en contacto con la doctrina francesa en especial, se construyeron nuestras instituciones de Derecho administrativo (expropiación, dominio público, contratación pública,...) por obra de la legislación y bajo el impulso doctrinal más que por creación jurisprudencial.
3.4. Transformaciones del Derecho Administrativo en el S. XX 3.4.1. El "Estado Administrativo"
El Derecho administrativo experimento a lo largo del S. XX una transformación espectacular al modificarse sus bases políticas y constitucionales. La causa fundamental de esta evolución reside en el cambio de las funciones asumidas por el Estado y de sus relaciones con la sociedad. Desde finales del S. XIX, por la presión de las clases trabajadoras y de sus partidos y sindicatos y como instrumento de los nacionalismos y también para asegurar la estabilidad y el desarrollo económico, el Estado empezó a intervenir cada vez más en múltiples sectores a través de políticas sociales y económicas. El Estado crea y va extendiendo a toda la población unos servicios públicos básicos: la enseñanza, la sanidad, la previsión o seguridad social,... que directa o indirectamente, llega a asumir la responsabilidad de garantizar a todo ciudadano una asistencia vital mínima, desde que nace hasta que muere, denominándose Estado Social o Estado del Bienestar.

El Estado asume también la cualidad de empresario productor de bienes y servicios destinados al mercado, ya sea por razones estratégicas, para salvar y reflotar empresas en crisis, o para suplir las carencias de la iniciativa privada. Mas allá, la Administración adopta una función directiva, de impulso y regulación de los procesos económicos, fomentando ciertas actividades y desincentivando otras, asegurando la estabilidad de los mercados y del sistema monetario y financiero, estableciendo ciertos límites y controles de las actividades privadas por razones de protección social o, más tarde, ambiental, planificando el desarrollo en conjunción con los agentes económicos y las organizaciones sociales. Esta evolución ha elevado el gasto público de muchos países alrededor del 50 % de su PIB.

Interesan las trascendentales consecuencias sobre la Administración y el Derecho administrativo como la centralidad del Poder Ejecutivo y el conjunto de poderes públicos que la Administración ha asumido. Un papel tan central que lo denomina Estado administrativo, pues la Administración ha pasado a desempeñar a lo largo del S. XX una pluralidad de tareas de enorme importancia y diversidad, adquiriendo un volumen extraordinario. De ahí los cambios en su estructura, en sus poderes y formas de actuación, sus relaciones con los particulares y demás poderes públicos.
3.4.2. Descentralización y diversificación de estructuras
Por otro lado, la organización administrativa en cada nivel de gobierno territorial no se funda ya en un patrón uniforme, burocrático y jerarquizado. Por motivos de eficacia, sectores de la organización se han separado del tronco común de la Administración general para adquirir personalidad jurídica propia y ser dotadas de cierta autonomía de decisión para la gestión de los servicios y de los recursos que se ponen a su disposición de muy distinto tipo: órganos administrativos, entes de regulación y gestión de servicios, autoridades independientes, agencias,.... Además, es frecuente la utilización instrumental de formas jurídico-privadas de organización ( sociedades y fundaciones).

Junto a la descentralización territorial ha tenido lugar un proceso de descentralización funcional. Esta situación plantea problemas específicos, pues en el entramado de entes, organismos y sociedades, las responsabilidades políticas y los sitemas de control pueden perder eficacia.
3.4.3. Democracia y Estado de Derecho
Las funciones de la Administración son tan extensas que es difícil que la ley pueda regularlas con detalle y en profundidad, por ello se remiten ampliamente a reglamentos gubernativos o a planes y normas. A estos efectos las leyes reconocen a la Administración facultades discrecionales de actuación y en algunos campos una capacidad de iniciativa propia para la prestación de servicios. Desde luego, la Administración se halla subordinada a la ley, no puede intervenir por su propia decisión limitando los derechos individuales sin previa autorización de la ley, pues existe una reserva de ley. Pero eso no excluye que las propias leyes confieran a Gobiernos y Administraciones amplios poderes sobre la base de principios generales o de límites legales abstractos y reducidos. El margen de libertad es en muchos casos muy extenso.

Las limitaciones reales de la ley para conformar y ordenar la actividad administrativa tienen una doble consecuencia. Por un lado se afirma la subordinación de la Administración no sólo a la ley sino también al Derecho (incorpora un conjunto de principios generales que, incluso en ausencia de norma escrita, deben ser respetados por la Administración en toda su actuación). Por otro lado, las limitaciones prácticas del legislador acentúan la preocupación por establecer reglas democráticas de funcionamiento interno de la propia Administración. Por ello adquiere mayor importancia la forma o procedimiento en que la Administración elabora sus decisiones.
3.4.4. Administración y sociedad
El intervencionismo público ha diversificado en las relaciones jurídicas entre la Administración y la sociedad en el S. XX, una sociedad que también ha cambiado notablemente.

En el marco del Derecho administrativo clásico, el esquema de relaciones jurídicas era bastante sencillo y se ordenaba sobre el acto administrativo unilateral de la Administración (órdenes, autorizaciones, licencias,...). Con posterioridad, junto a esas formas de relación jurídica tradicionales que se mantienen han aparecido otras bilaterales, mediante las que tiene lugar entre unas y otras Administraciones públicas.

La situación jurídica del ciudadano frente a la Administración se ha vuelto más compleja. Además, tiene un conjunto de situaciones activas, que consisten en derechos a recibir prestaciones públicas, a exigir de la Administración una determinada conducta activa, a oponerse a su inactividad en su caso.

La Administración no sólo debe respetar los derechos subjetivos e individuales de los ciudadanos reconocidos por las leyes, sino tener en cuenta también sus intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos. Derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en los textos constitucionales (derechos económicos, sociales, ambientales, políticos y civiles). La Administración debe, ya no sólo respetar el ejercicio individual de tales derechos, sino desarrollar funciones activas de garantía y protección frente a las vulneraciones y amenazas que provienen de la actuación de terceros.
3.4.5. La justicia administrativa
En el sistema de control de las Administraciones públicas, la piedra angular sigue siendo el Juez Contencioso-Administrativo. Su función ha adquirido nuevos matices, pues, ante los cambios en la relación entre la ley y la Administración, el desarrollo cuantitativo de la legislación escrita, legal y reglamentaria y la ampliación del margen de discrecionalidad de la Administración, se demanda con mayor insistencia una mayor justicia material con principios generales sustantivos. Así, los Tribunales encargados del control de la Administración asumen un mayor protagonismo en la creación del Derecho.

La Justicia Administrativa se ha convertido en una justicia de masas, ya que las relaciones de los ciudadanos con la Administración son múltiples y constantes, como consecuencia hay un incremento exponencial y extraordinario del número de recursos contencioso-administrativos (más de 200.000 cada año), por ello se han creado nuevas instancias judiciales, se ha restringido el acceso al desbordado Tribunal Supremo, y se concede más importancia a las medidas cautelares que garanticen la situación provisional más adecuada a los intereses durante la larga tramitación de los procesos.
3.5.- En Bolivia.-
Durante la colonia, el territorio de hoy en Bolivia estaba Administrada por la Audiencia de Charcas que dependía directamente del rey de España, aconsejaba a los virreyes y podría reemplazarlos en caso de ausencia o muerte; trazaba sus planes de gobierno y administraba justicia, siendo representada por los gobernadores en los diferentes distritos, a quienes asesoraba un cuerpo colegiado denominado Cabildo El gobierno Local se ejercía por los corregidos.El cabildo era un órgano similar al Ayuntamiento Español de la Edad Media y está integrada por un alcalde, regidores y otro funcionarios, cuyo número fluctuaba entre 6 y 24, según la importancia de la ciudad. Se ocupaba de administración, impuestos, salubridad y era así mismo tribunal de primera instancia.Los primeros estudios sobre la materia se iniciaron en nuestro país a mediados del siglo XIX. El Estatuto Orgánico de las Universidades, promulgado por el presidente José Ballivian y por el ministro de Instrucción Pública. Don Tomas Frías, disponía que "los que quieran obtener el grado de doctor harán un año más de estudio de derecho público y Civil en sus relaciones con la Administración del Estado". La reimpresión de la obra del mexicano Teodosio Lares "Lecciones de Derecho Administrativo". Hecha en Sucre, en la imprenta López, en 1857,para que sirviera de texto de estudio en la Facultad de Leyes de la Universidad de San Francisco Xavier, fue la primera publicación hecha en Bolivia en esta materia. En 1862, en la misma ciudad, apareció el folleto "Breves apuntes dl Derecho Administrativo de Bolivia". Basada en la obra del profesor español Manuel Colmeiro Don José Santos Quintero público en 1874. Hasta entonces formaba parte del estudio del Derecho Público, y con posterioridad a ese año fue unidad al Derecho Constitucional, como ocurría en la Facultad de Derecho de Cochabamba hasta el 1948, año en que comenzó su enseñanza como materia independiente.

a. Derecho administrativo orgánico: Encargado del estudio sobre las formas y principios de organización administrativa.

b. Derecho administrativo funcional: Encargado del estudio sobre la disfunción administrativa.

c. Derecho procesal administrativo: Normas sobre control administrativo y jurisdicción en la materia.

d. Responsabilidad del Estado: Estudia las causales y procedencia del deber de la Administración de reparar los males causados por ella.

e. Derecho municipal o local: Estudio sobre el régimen legal de las municipalidades o corporaciones similares.

f. Derecho ambiental: Encargado de las normas sobre protección del medio ambiente.

g. Derecho urbanístico: Encargado sobre las normas de construcción y planificación urbana.

h. Derecho vial: Encargado sobre las normas de tránsito y caminos.

i. Derecho aduanero: Encargado sobre las aduanas.

j. Derecho migratorio: Encargado sobre el control migratorio.

4. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho administrativo es la parte más extensa del Derecho público que atribuye a la Administración determinadas prerrogativas y poderes que la sitúan en posición de supremacía sobre los sujetos privados para que pueda cumplir su misión de servicio a los intereses generales, pero sometiéndola en contrapartida a una vinculación más estricta a la ley y al Derecho que la que se impone a los sujetos privados, a mayores límites y responsabilidades y a un régimen de controles igualmente más estricto.

El Derecho administrativo se aplica como regla general en nuestro ordenamiento a las relaciones jurídicas en que interviene al menos una de ellas. La aplicabilidad del Derecho administrativo no se ajusta a un riguroso patrón dogmático sino que una parte de la organización y de la actividad materialmente administrativa se rige instrumentalmente por normas de Derecho privado.
4.1. Aplicación del Derecho administrativo a determinadas actividades de órganos constitucionales que no forman parte de la Administración pública.
Los órganos que constituyen el Poder Legislativo son las Cortes Generales y las

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, órganos dependientes (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas,...), Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales.

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El alumno contara con elementos para: Conocer los antecedentes del Derecho Administrativo. Definir y clasificar al Derecho Administrativo. Conocer el objeto, características, funciones y las ramas del derecho administrativo. Distinguir las diversas fuentes del Derecho Administrativo. Conocer las relaciones que guarda el Derecho Administrativo con otras ramas del Derecho.

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“El derecho Administrativo es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones:”
Bibliografía: http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf

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El Derecho Administrativo será aquél que regule:
a) La estructura y organización del Poder encargado normalmente de realizar la función administrativa.
b) Los medios patrimoniales y financieros de que la Administración necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación.
c) El ejercicio de las facultades que el Poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa.
d) La situación de los particulares con respecto a la Administración.
Bibliografía:
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf