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¿Mala suerte o mala práctica? (Violación al derecho a la vida)

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¿Mala suerte o mala práctica? (Violación al derecho a la vida)

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¿Mala suerte o mala práctica? | Plaza Pública

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Leticia González le habla al oído a su hermano Edgar. Tototo, le susurra, el apodo cariñoso que las cuatro hermanas le pusieron durante su infancia. Sabe que no puede oírla pero cuando lo visita cada domingo en el hospital no deja de aferrarse a la posibilidad de que ocurra lo imposible y de que un…

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¿Mala suerte o mala práctica? (Violación al derecho a la vida)

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¿Mala suerte o mala práctica? (Violación al derecho a la vida)

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¿Mala suerte o mala práctica? | Plaza Pública

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Leticia González le habla al oído a su hermano Edgar. Tototo, le susurra, el apodo cariñoso que las cuatro hermanas le pusieron durante su infancia. Sabe que no puede oírla pero cuando lo visita cada domingo en el hospital no deja de aferrarse a la posibilidad de que ocurra lo imposible y de que un…

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La mala calidad de la atención de salud mata (Violación al derecho a la vida)

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La mala calidad de la atención de salud mata (Violación al derecho a la vida)

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Por Andrea Proaño Calderón.
El reclamo por alcanzar la cobertura de salud universal se oyó fuerte y su eco llegó a los líderes de los gobiernos que, en un afán por tratar de marcar al menos ese Objetivo de Desarrollo Sostenible como "alcanzado", lo convirtieron en bastión de sus políticas públicas de salud. En la carrera por construir más hospitales y centros de salud, comprar más equipos o contratar más personal para ese propósito, se perdió de vista el elemento clave sin el cual airear la bandera de la salud universal no cuenta para mucho: la calidad.
Un asunto de vida o muerte
En salud, una atención de calidad es tan importante, que su ausencia tiene repercusiones no solamente sobre la eficiencia del sistema de salud o la percepción que los ciudadanos tienen de él, sino que, literalmente, puede costarles la vida. Un nuevo reporte del Lancet Global Health Comission sobre los sistemas de salud de alta calidad revela que en los países de pequeños y medianos ingresos-que son la mayoría en América Latina y el Caribe-mueren más de 8 millones de personas por enfermedades que pudieran ser perfectamente tratables por los sistemas de salud.

De acuerdo al reporte, 60% de las muertes que podrían haberse tratado médicamente son consecuencia de una baja calidad de atención. Cabe reparar por un momento sobre las implicaciones: la mala calidad de la atención de salud es, actualmente, un mayor obstáculo para reducir la mortalidad que la falta de acceso a servicios de salud. En otras palabras, aún si se logra asegurar el acceso a un determinado servicio de salud, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, el progreso queda anulado si no tiene la capacidad de salvar vidas - y mejorarlas.

Según los autores, los sistemas de salud de alta calidad tienen el potencial de prevenir, cada año:

-> 1 millón de muertes de neonatos

-> 50% de las muertes maternas

-> 2,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares

-> 900.000 muertes por tuberculosis

La atención de mala calidad es un desperdicio enorme de recursos, y puede ser un problema aún en países de ingresos altos como Estados Unidos. En 2015 solamente, las muertes ocasionadas por enfermedades tratables significaron una pérdida de 6 billones de dólares para la economía estadounidense.
La atención desde la perspectiva de los pacientes
Naturalmente, la consecuencia del derroche y la ineficiencia del gasto en salud deteriora la confianza de los pacientes en los sistemas de salud. Según una nueva publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza las experiencias de la atención primaria de salud en la región desde la perspectiva del paciente, 98% de los brasileños considera que su sistema de salud debe ser reformado. Y no es únicamente un asunto de percepción. La baja calidad asistencial puede resultar en condiciones de salud peores, agravamiento y persistencia de síntomas, pérdida de funcionalidad e inclusive recelo de regresar al centro de atención.

Hay problemas de calidad en todos los países - y para todas las enfermedades. Sin embargo, la intensidad del problema es variable; sigue siendo mucho peor en los países de bajos y medianos ingresos y, al interior de esos países, entre los grupos más vulnerables, como aquellos que viven en situación de pobreza o están marginados de los sistemas de salud por distintas razones.

En estos países,

las mujeres y niños reciben el tratamiento o seguimiento clínico recomendado para visitas preventivas o curativas típicas solamente la mitad de las veces;

los diagnósticos con frecuencia son errados para enfermedades graves como infarto de miocardio o asfixia en un recién nacido;

el tratamiento para condiciones crónicas y mentales suele ser deficiente o alcanza los estándares mínimos,

y la atención puede ser demasiado lenta en casos que requieren acción inmediata.

¿Cómo resolverlo?
Mejorar la calidad de la atención de salud no será fácil y demandará la acción de todos los actores del sistema. Un lugar donde empezar, y probablemente el más importante, es enfocar las intervenciones en esfuerzos para capacitar mejor a los profesionales de la salud, además de implementar reformas estructurales que se reflejen en todo el sistema.

Lo positivo es que hemos identificado el problema y le hemos dado a la calidad el sitio que se merece, al menos en teoría, en su rol para alcanzar una verdadera salud universal. Lo que queda por completar es la acción. Ojalá este reporte sirva como una guía útil, práctica y realista para los profesionales de la salud y tomadores de decisiones con voluntad de ofrecer la mejor atención posible a los ciudadanos.

Para conocer más sobre los hallazgos y recomendaciones de la Comisión para alcanzar sistemas de salud de calidad, lee el reporte ejecutivo en español.

¿Cómo es la calidad del sistema de salud en tu país? Comparte tu opinión en la sección de comentarios o mencionando a @BIDgente en Twitter.
Andrea Proaño Calderon es consultora en comunicaciones para la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.

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La mala calidad de la atención de salud mata - Gente Saludable

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Por Andrea Proaño Calderón. El reclamo por alcanzar la cobertura de salud universal se oyó fuerte y su eco llegó a los líderes de los gobiernos que, en un afán por tratar de marcar al menos ese Objetivo de Desarrollo Sostenible como "alcanzado", lo convirtieron en bastión de sus políticas públicas de salud.

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Salud: Sí, hay malas condiciones en centros para atender adicciones pero no nos corresponde cambiarlas (Violación al derecho a la vida)

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Salud: Sí, hay malas condiciones en centros para atender adicciones pero no nos corresponde cambiarlas (Violación al derecho a la vida)

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El viceministro de Salud Pública, José Roberto Molina Barrera, descarta que las personas que sufren de adicciones son invisibilizadas en Guatemala. Sobre la revelación de Nómada acerca de cómo funciona el negocio de las casas de rehabilitación religiosas, el funcionario asegura que vienen mejoras, pero no de inmediato.

Foto: MSPAS
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Nómada publicó recientemente un reportaje que documenta los abusos y las condiciones en los centros de rehabilitación para las personas que sufren de una adicción en Guatemala. La comida podrida, condiciones antihigiénicas e inhumanas y el castigo físico son algunos de los abusos que sufren los pacientes en estos establecimientos.

Los centros funcionan como centros de salud privados pero dependen de la autorización del Ministerio de Salud y el cumplimiento de normas mínimas para su funcionamiento.

Antes de publicar la investigación, se solicitó una entrevista al viceministro del MSPAS, José Roberto Molina Barrera, para saber cómo respondía ante los hallazgos que fueron documentados en los Centros de Atención Integral para Personas con Problemas de Adicciones (CAIPA) y la falta de supervisión.

El viceministro ya tenía conocimiento de las condiciones en esos centros, los que describe como "deplorables"; sin embargo, no considera que es responsabilidad ni de él ni del MSPAS cambiarlas.

Al viceministro le faltó sensibilización en el tema. No supo con qué palabra describir a las personas en dichos centros, a pesar de ser un establecimientos de salud; también dijo que los mismos pacientes son los responsables por la falta de higiene en los centros.

***

-A través de testimonios de personas que han estado en estos centros, y luego de visitar algunos lugares, documentamos que las condiciones en los CAIPA son muy...
-¡Deplorables! Sí. Partamos de una cosa: no dependen del Ministerio de Salud. ¿Qué hace el Ministerio con ellos? Autorizarlos, osea, la licencia sanitaria, dar supervisión y monitoreo, y dejar recomendaciones para la mejora de los hallazgos a través del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud.

Uno de los problemas más frecuentes que se encuentran durante las supervisiones es la falta de higiene. Obviamente, esto va de la mano por el tipo de pacientes que se... (el viceministro hace una pausa) es que la palabra de pacientes, como que... de población atendida.

-¿Y cuál sería la palabra adecuada? Algunos usan pacientes, otros internos, internados. Parece ser común que sea un tema invisibilizado si ni siquiera existe una palabra para definir de qué tipo de personas estamos hablando.
-Es que si digo "adictos" va a resultar algo así como presidiarios (se ríe) entonces hay que buscar otra palabreja (sic). No se me viene. No son ni clientes...

["Usuarios", le propone con discreción la encargada de comunicación social que acompaña al viceministro]

-Usuarios podría ser.

***

La adicción es una enfermedad crónica, donde la sustancia entra al cerebro y genera cambios. Por ende, las personas que sufren de una adicción son pacientes al igual que cualquiera que sufre de una enfermedad, aclara Ximena Soto, psiquiatra y experta en el tema de adicciones, que fue consultada para el reportaje Así funciona el negocio de los centros de rehabilitación evangélicos en Ciudad de Guatemala. La médica agrega que en muchos casos se relaciona con otros problemas de salud, por ejemplo trastornos mentales como la depresión, y hasta se puede considerar el uso continuado de una sustancia como un suicidio lento.

***

El viceministro Molina continúa. No está de acuerdo que las adicciones y la carencia de un tratamiento adecuado es un tema invisibilizado en Guatemala. Como la responsabilidad de estos pacientes no es del Ministerio, según él, considera que es la sociedad la que no pone suficiente atención al fenómeno.

-Yo no lo veo como invisibilizado. Yo lo veo con poca atención de parte de la sociedad. Es cierto hay oenegés que se dedican a esto, pero también llevan otros fines. Yo pensaría que hasta en estos años que ya la Organización Mundial de Salud lo está tratando de visibilizar porque las consecuencias sobre la salud son bastante fuertes. Entonces, se comienza a trabajar, ya en serio pues, ya tomamos esto como cuestión de Estado y tiene una secretaría encargada de coordinar las acciones para combatir las adicciones.

Se refiere a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), una dependencia de la Vicepresidencia que lleva dos años trabajando en una nueva política nacional para la prevención y el tratamiento de las adiciones junto al Ministerio de Salud.

El viceministro Bonilla explica que el objetivo sería conocer el fenómeno a fondo, documentar y hacer registros; y, tener lugares en específico para el tratamiento de adicciones. Existe un único centro público que ofrece tratamiento para pacientes con adicciones en Guatemala, es manejado por la SECCATID y es ambulatorio.

El día de esta entrevista, el viceministro Molina estuvo acompañado por el médico Gustavo Batres, otro representante del Ministerio de Salud, quien por momentos parece contradecir al funcionario:

-Muchos hospitales tienen sus psiquiatras y sus clínicas de psiquiatría. Lógicamente, estos pacientes se atienden en esas clínicas. La situación es que es más el volumen de consultas que quienes puedan darse esos tratamientos. Si llegas con esta enfermedad adictiva mental, en la parte aguda te dan tratamiento, pero recordate que eso es el principio. Son tratamientos a largo plazo, en los cuales definitivamente muchos de esa gente se va y se retira. ¿Por qué? Porque necesita un tratamiento especializado que salga de su mismo grupo en el cual se encuentra, porque si no vuelve a caer. Si esa misma persona no va a querer salir, va a ser muy difícil.

El viceministro vuelve a tomar la palabra y continúa:

-Es que si los centros, sean de apoyo, sean de alojamiento, sean de hospitalización, es cuestión de la propia persona tomar la decisión si sale o no sale. Puedes estar cinco años en un grupo de Alcohólicos Anónimos, y después vas a caer. De verdad. ¡Eso es pura decisión ya!

Para la psiquiatra Soto lo afirmado por el viceministro no es correcto. Es mucho más complejo. Hay que identificar qué llevó a un paciente para que consumiera y entenderlo como la enfermedad lo afecta.

-En una adicción llega un momento en el que tu cerebro ya no piensa más que en consumo. Después ya no se consume por placer, sino se llega a consumir para no sentirse mal. El cerebro comienza a necesitar de la sustancia para poder funcionar-, explica Soto.

La profesional resalta que la metodología de "castigar para curar" a personas con adicciones que se ve en los centros de rehabilitación, igual que la falta de regulación y protocolos adecuados de parte de las autoridades, provienen de este mismo desconocimiento sobre el tema.

Lo que normalmente se recomienda para este grupo de pacientes -dice Soto- es internamiento con atención de un equipo de profesionales de salud multidisciplinario.

La recomendación de la psiquiatra le parece utópica al viceministro, hasta risible:

-El ministerio debe en el futuro contar con centros, pero no para alojamiento (dice riéndose) sino solo para tratamiento. Por supuesto, habría que buscar en algún momento, que si se necesita alojamiento, pues deberíamos contar con uno o dos. Pero vamos más a la prevención.

-¿Estos serían ambulatorios? Aunque las recomendaciones son de centros residenciales?
-Ambulatorios. Comenzamos con eso. Ya con el tiempo podremos ampliar esta cartera de servicios.

-¿Y este futuro está cerca?
-Yo quisiera la semana entrante, pero eso lleva un proceso. Primero tenemos que definir el problema, hacer la estrategia, y luego cómo se va a implementar. Con dejar las bases y que a fin de año ya tengamos por lo menos una unidad. Estaríamos ya con el primer paso.

-¿Habrá centros nuevos este año?
-No-, y vuelve a reírse.

***

Se le vuelven a mostrar al viceministro los hallazgos del trabajo periodístico acerca de los centros de rehabilitación, donde Nómada pudo documentar no solo las condiciones en las que viven los pacientes internados, también casos de menores en centros para adultos, hacinamiento, falta de higiene y castigos físicos. También se recolectó testimonios de violaciones, comida podrida, etcétera.

Pero el viceministro alude a la falta de denuncias y repite que son problemas que no le corresponde al Ministerio.

-¡Ojo! Me hablabas de los problemas de violaciones. No hay denuncias. O por lo menos al ministerio no han llegado denuncias. Aparte es una cosa que hay que judicializar. Entonces la denuncia debería existir, y es el Ministerio Público el que debería de dar seguimiento a esas cuestiones. La denuncia la pone el afectado. No te estoy diciendo que no ocurren problemas, ¿sí? Pero que nosotros tengamos conocimiento y que nos competa, no.

El médico Batres vuelve a intervenir:

-Por ley, la denuncia la debe declarar el primer funcionario que se da cuenta de dicha acción. El que no la denuncia, entra en omisión de denuncia. Sea cualquiera.

En los informes de los supervisores del DRACES aparecen varios comentarios de menores en los centros, pero no existe documentación de que los centros hayan sido denunciados o que hayan rescatado a los menores.

Hay también registros de tratamiento con alcohol, una práctica utilizada en varios centros para controlar el síndrome de abstinencia o para prolongar la estadía y así el ingreso económico del centro. En el informe de supervisión al centro "Regalito de Dios" ubicado en la zona 12 de la capital, el supervisor aprueba supervisión bajo la palabra que se detenga este tratamiento. Eso a pesar de que el facilitador del DRACES, Luis Armando Rosales, fue claro en decir que ellos no se meten en el tratamiento médico que se aplica en cada centro. Igual que el viceministro.

-Así es. Puedo autorizar un hospital, como DRACES, pero no me puedo meter al tratamiento. No puedo decir a un pediatra, en la sección de cirugía, o a los ginecólogos qué tienen que hacer. Lo que sí debe condenarse es si los médicos no asisten. Se supone que tienen un médico, que es el último responsable.

En papel los centros se registran con un médico de referencia para obtener la autorización, pero la mayoría no cumple con el requerimiento de realizar una evaluación médica a cada paciente nuevo, según un estudio realizado en los centros de rehabilitación en 2013 por un representante del DRACES y un consultor.

Aparte de este estudio, no existen datos sobre los centros de rehabilitación autorizados por el Ministerio de Salud. Ni el DRACES ni el propio Ministerio los piden, simplemente porque no está legislado.

El equipo del DRACES que es responsable de supervisar que los centros cumplen con las normas mínimas, cuenta solamente con once personas. Once personas para 65 centros de rehabilitación y otros 18 mil establecimientos de salud a nivel nacional.

-Con una capacidad tan limitada de personal para realizar las supervisiones, pareciera que esto permite que los centros puedan seguir funcionando de forma impune, como negocio y bajo engaños. El encargado de uno de los centros reconoció que ellos no curan la adicción, solo trabajan en bajar los síntomas. Por eso, dijo él, es un buen negocio, porque saben que van a regresar.
-Es que esto es un negocio. Si cobran o no cobran es cosa de cada chunche (sic) de estos. De alguna manera tienen que subsistir, y el ministerio no subsidia a ninguno de ellos. Si viene el médico Batres y pone un centro de rehabilitación, tiene que cobrar. ¿Sí? Ahora depende de cada persona, si es honesta o deshonesta. ¿Quien tiene que sancionarlos? No es DRACES, ni el Ministerio. Lo tiene que hacer un ente de afuera.

Sin datos es imposible tener un estimado de cuántas personas sufren de una adicción en el país y entender si este fenómeno de salUd pública va en aumento. El viceministro tampoco se atreve a adivinar, pero Argumenta que en muchos casos las adicciones comienzan temprano por la publicidad, por ejemplo respecto a los cigarros.

-Enfoquémonos en los casos de los pacientes más afectados, donde la adicción ya no le permite ser funcional. Por ejemplo, pacientes que llevan meses sustituyendo la comida por el alcohol.
-El médico Batres, toma whiskey. ¿Se toma una botella? No, ni la media botella. Toma tres tragos y ya tranquilo. Pero él sabe qué whiskey compra. Ya tiene sus marcas preferidas aunque le pasas un montón de publicidad. A cambio si se lo pasas a un patojo, obviamente, él tiene una gama de oferta de qué va a beber y qué va a fumar.

Por supuesto, el médico Batres no es adicto. Que te tomes un trago o dos o te fumes un cigarrillo no te hace adicto. Pero el consumo consecuente, sí. El fenómeno de la adicción a las drogas, ojalá solo fuera el tabaco y alcohol, pero es enorme y tenemos que entrarle. También hay que ver las drogas de mayor calibre. Hacen mucho daño al individuo, sino al país. Ha hecho ingobernable partes del país. Tenemos que entrarle a estos cuestiones.

-Pero todavía está pendiente. Si alguien llega con una persona que tiene una adicción, aquí al Hospital Roosevelt, no hay quien pueda decir que necesita tal cosa.
-Es que ningún hospital te va a aceptar un alcohólico para que le quites la goma. Que hay un departamento de salud mental que lo puede seguir después, eso sí. Pero algo como tal, dedicado específicamente para adicciones de drogas, no es una oferta que esté fija, sino depende de los médicos de parte dirigencial.

-Usted dice que antes de terminar el año se dejará una base para, ojalá, mejorar las cosas. Sin embargo, sorprende que estos centros sigan gozando de un sello de autorización del Ministerio de Salud.
-Para funcionamiento, sí.

-Sean como sean las condiciones adentro. ¿Esto no deja mal al ministerio?
-Tal vez más que todo caemos aquí en la parte del monitoreo. Vuelvo a insistir, ni DRACES ni el ministerio pueden influir en los tratamientos.

-Pero sí en las condiciones.
-Eso sí.

La encargada de comunicación social repite que el ministerio no puede actuar sin una denuncia. Eso a pesar de que se trate de un grupo altamente estigmatizado. También a pesar de tener conocimiento de las condiciones en los centros a través de su propia dependencia, DRACES, el estudio de 2013 y los casos documentados por Nómada.

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Salud: Sí, hay malas condiciones en centros para atender adicciones pero no nos corresponde cambiarlas - Nómada, Guatemala.

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El viceministro de Salud Pública, José Roberto Molina Barrera, descarta que las personas que sufren de adicciones son invisibilizadas en Guatemala. Sobre la revelación de Nómada acerca de cómo funciona el negocio de las casas de rehabilitación religiosas, el funcionario asegura que vienen mejoras, pero no de inmediato.

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Libertad de expresión, bajo constante asedio (Violación al derecho de Libertad de Expresión)

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Libertad de expresión, bajo constante asedio (Violación al derecho de Libertad de Expresión)

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Libertad de expresión, bajo constante asedio

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La prensa crítica incomoda y en el contexto actual de intolerancia y funcionarios de paso que quieren ser omnímodos, aún más.

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Comunidad indígena desalojada en Guatemala denuncia la quema de sus casas (Violación del derecho a tus propias posesiones)

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Comunidad indígena desalojada en Guatemala denuncia la quema de sus casas (Violación del derecho a tus propias posesiones)

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Cubilgüitz (Guatemala), 18 ago (EFE).- Una comunidad indígena q'eqchi' guatemalteca de unas 60 familias (más de 330 personas) denunció este martes la quema de algunas de sus casas y el desalojo extrajudicial del que fueron víctimas el fin de semana en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país.

Ubicada dentro de un complejo de terrenos propiedad de la familia cafetalera Dieseldorff Grimler, a unos 250 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala, la comunidad Urbana Dos, dentro de la finca Cubilgüitz, se pronunció ante el ataque de al menos un centenar de personas armadas que sufrieron el sábado por la noche y el domingo por la madrugada, orillados a huir ante la inminente amenaza de muerte.

El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de la comunidad Urbano Dos, Édgar Choc Ico, de 42 años, narró a medios internacionales este martes que a las 22.00 hora local del sábado (04.00 GMT, del domingo), lo despertó el grito de los invasores seguido de unos disparos y explosiones.

"De repente, a las 10 de la noche en adelante la gente que estaba invadiendo la parte de las fincas se juntó y vino a atacarnos con mortero, a disparar con diferentes calibres de armas", dijo Choc Ico, quien subrayó que los atacantes mencionaron que iban de parte de dos organizaciones que defienden la tierra: la Fundación Turcios Lima y el Consejo Campesino del Altiplano (CCDA).

"Dijeron que venían a sacarnos, dijeron que eran los dueños de la finca y que 'si no salen de sus viviendas aquí se mueren todos'", recordó Choc, quien se apresuró a despertar a sus hijas y a su esposa y huir de la comunidad junto a los demás centenares de habitantes del lugar, ubicado en el municipio de Cobán.

Tras resguardarse en una montaña, el líder comunitario volvió a ver qué había pasado. "Regresé escondidito para ver qué iba a suceder con mi casa y de repente esos señores rociaron de gasolina mi casa y reventaron morteros ahí, donde agarró fuego", contó y señaló las cenizas del sitio donde antes vivía.

Choc Ico aseguró este martes que es un mozo colono de la finca, así como el resto de personas despojadas de su casa el fin de semana y subrayó que construyó su hogar hace 21 años. Dijo que así como su padre, de 68 años de edad, su abuelo nació y trabajó la tierra en Cubilgüitz.

El líder comunitario aseguró que las 60 familias son "agricultores, venden sus cosechas y también trabajan en la finca. Son 330 personas y fueron 17 casas dañadas y seis en su totalidad calcinadas. Lo que hicieron ellos (los agresores armados) fue juntar la ropa en las camas, rociarlas de gasolina y le prendieron fuego".

Efe constató que algunas de las imágenes religiosas de las casas fueron descabezadas o dañadas por los agresores. También que había paneles solares destruidos y quejas de los lugareños del robo de otros paneles, toneles para captar agua y bombas para fumigar.

Las familias, organizadas a la orilla de la carretera de tierra que pasa frente a la comunidad Urbano Dos, temen un nuevo ataque. Una de las habitantes, identificada como Ofelia Chuc, con seis hijos, lamentó la quema de su casa y, al igual de Edgar Choc, dijo temer por su vida, su familia y su comunidad.

CONFLICTIVIDAD AGRARIA

El lunes, el Consejo Campesino del Atliplano (CCDA) se pronunció en contra del ataque a las familias en Cubilgüitz y además de negar la atribución del desalojo extrajudicial y el incendio a las propiedades, señaló a la familia Dieseldorff de haber "promovido las acciones violentas en contra de las comunidades", integradas por "mozos colonos al servicio de la finca".

Agregó, en un comunicado, que los terratenientes del país centroamericano "utilizan actualmente un nuevo modelo que consiste en armar pequeños grupos de paramilitares para desalojar a los comunitarios; por un lado los encarcelan, por otro los criminalizan, y por otro los desalojan".

CRUCE DE SEÑALAMIENTOS

El exdiputado Leocadio Juracán, directivo de la comisión política del CCDA, negó a Efe un vínculo señalado por la familia Dieseldorf a la organización campesina y enfatizó que grupos de poder han "generado estigmatización y criminalizado a compañeros en el territorio", por lo que dijo estar preocupado por ellos.

La Familia Dieseldorff Grimler, fundadora de la marca de café Dieseldorff Kaffee, aseguró el domingo que las acciones fueron "organizadas por grupos criminales y clandestinos que operan ilegalmente y en contra de las leyes constitucionales del país".

Además, esgrimió que "no existe conflicto laboral abierto en contra de la finca Cubilgüitz", que hay cuatro fincas vecinas "usurpadas" entre marzo de 2019 y abril de este año y señaló al CCDA y a la Fundación Turcios Lima de "acompañar" las "usurpaciones", dejando "anarquía en la región, que es insostenible".

El Frente Indígena Campesino Iximulew, compuesto por el CCDA, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch'orti' Nuevo Día y la Unión Verapacense de Organización Campesinas (Uvoc) también se pronunciaron el domingo.

La organización indicó que, "luego de muchos años de trabajar para la familia Dieseldorff, fueron despedidas sin el pago de sus prestaciones salariales" y advirtió que las familias de campesinos "han reclamado que se les entregue tierra en pago de sus prestaciones", a lo que los dueños "se han negado".

La Fundación Turcios Lima no se pronunció al respecto pese a los intentos de Efe por contactar a su director, Julio César Macías, conocido como "comandante César Montes", uno de los protagonistas de la guerrilla guatemalteca que participó en el conflicto armado acaecido entre 1960 y 1996. EFE

ecs-eb/jcm/laa

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Comunidad indígena desalojada en Guatemala denuncia la quema de sus casas

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Cubilgüitz (Guatemala), 18 ago (EFE).- Una comunidad indígena q'eqchi' guatemalteca de unas 60 familias (más de 330 personas) denunció este martes la quema de algunas de sus casas y el desalojo extrajudicial del que fueron víctimas el fin de semana en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país.

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“Hay desalojos ilegales auspiciados por el sistema judicial”, afirma abogado. (Violación del derecho a tus propias posesiones)

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“Hay desalojos ilegales auspiciados por el sistema judicial”, afirma abogado. (Violación del derecho a tus propias posesiones)

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El fin de semana circularon fotografías de un desalojo violento en Alta Verapaz. Detrás del hecho hay acciones ilegales y un patrón de criminalización de comunidades en conflictos con grandes empresas y terratenientes por la propiedad de las tierras.

La noche del sábado 15 de agosto, 40 familias q'eqchi' fueron desalojadas de la finca Cubilgüitz, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. En redes sociales circularon fotografías de casas en llamas, en medio de la noche. El Ministerio Público está investigando quién o quiénes estuvieron detrás.

En un comunicado de prensa, el Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que las familias fueron desalojadas de forma violenta y sin orden judicial. Los afectados son ex trabajadores de la finca propiedad de la familia Dieseldorff Grimler.

Según el CUC hace más de 15 años los trabajadores fueron despedidos sin que se les pagaran sus prestaciones laborales y, para reclamar sus derechos, se asentaron en la finca con la demanda de que la tierra les fuera entregada a cambio del dinero adeudado.

"Tuvieron mesas de diálogo con el Ministerio de Trabajo, pero la dueña de la finca, Dorothee Anne Diesseldorff Neal de Glimderse, perteneciente a la familia de terratenientes que más tierra tiene en la región, se ha negado a responder a estas demandas y ha ofrecido compensaciones que no cubren las demandas laborales de los ex trabajadores", aseveró el CUC en su comunicado.

La familia Diesseldorff publicó su propia versión de los hechos asegurando que no existe ningún conflicto laboral y que cuatro fincas ubicadas en la misma zona están siendo usurpadas.

"En estas usurpaciones se han destruido plantaciones productivas, instalaciones, maquinaria, equipo e inventarios, necesarios para la generación de empleos (...). Estas usurpaciones iniciaron con el acompañamiento de César Montes y posteriormente con el Comité Campesino del Altiplano -CCDA-. La anarquía en el área es insostenible", aseveró la familia.

Para entender mejor el contexto de la comunidad Cubilgüitz, el antropólogo Diego Vásquez compartió en sus redes sociales estos datos etnográficos:

4 Tz'ikin:

Algunos datos etnográficos e históricos sobre el desalojo de hoy:

Kub'ilwitz (Cubilgüitz) es un poblado Q'eqchi' ubicado a medio camino entre Cobán y Chisec. Se trata de un mercado regional que sirve de entrada entre el altiplano de la Verapaz y sus tierras bajas, al pic.twitter.com/EJWfQbMqgx

- Diego Vásquez Monterroso (@diegovasquezmo) August 16, 2020

Zona de criminalización

Del conflicto lo certero es que el desalojo fue violento y ocurrió en circunstancias ilegales. Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, conoce la zona y el sistema de justicia de la región porque defiende a líderes comunitarios que han sido procesados penalmente a raíz de un conflicto de tierra.

"Algunos campesinos son denunciados y procesados por empresas de palma africana y otros problemas de supuestas usurpaciones de tierra. El sistema judicial de Cobán es muy efectivo para capturarlos y procesarlos", expresó.

Uno de esos casos es el de Bernando Caal, un líder de la resistencia a la hidroeléctrica OXEC, ubicada en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Fue detenido en 2018 y condenado a 7 años de cárcel por supuestas detenciones ilegales y robo agravado contra trabajadores de la empresa.

La organización Amnistía Internacional (AI) revisó el expediente del caso y detectó que el Ministerio Público basó el caso en testimonios contradictorios y que no analizó el contexto del conflicto de la comunidad con la hidroeléctrica,ni el papel del líder comunitario. El pasado 17 de julio AI envió una carta a la Fiscal General Consuelo Porras pidiendo que revise el trabajo de los fiscales de Alta Verapaz que estuvieron a cargo del caso.

Aminstía Internacional envió una carta a la Fiscal General Consuelo Porras donde pide que revise el trabajo de los fiscales del caso contra Bernardo Caal, líder comunitario detenido en 2018 y condenado a 7 años de cárcel. La organización detectó irregularidades en el expediente. pic.twitter.com/TDHtzTNLYe

- Jody García (@JodyNomada) July 17, 2020

"Hay un patrón en la región de no resolver este tipo de conflictos por otras vías del derecho, sino metiendo presa a la gente y provocando desalojos ilegales auspiciados por el sistema judicial del país", añadió el abogado Pérez.

Según el director del Bufete de Derechos Humanos, el desalojo en la finca Cubilgüitz fue ilegal porque ocurrió en horas de la madrugada y según la ley, esto solo puede ejecutarse entre 6 de la mañana y 6 de la tarde.

Los efectos de las actuaciones ilegales y la desconfianza en el sistema de justicia de Alta Verapaz, provocan crisis humanitarias, ya que las familias desalojadas se quedan sin lugar donde vivir y sin recursos para subsistir.

Uno de los ejemplos de esas crisis humanitarias es el caso de Laguna Larga, una comunidad de 111 familias que lleva tres años viviendo entre el lodo de la frontera de Guatemala y México. Fueron desalojados de una esquina de la Biósfera Maya y desde 2017 han hecho peticiones al Estado que no han sido escuchadas.
Puedes leer: 450 personas que viven entre el lodo de la frontera, demandan ayuda de Giammattei
El Ministerio Público anunció que la Fiscalía de Alta Verapaz está a cargo de la investigación. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) condenó los desalojos violentos y pidió al gobierno asistir de manera urgente a las familias que sufrieron la pérdida de sus viviendas y bienes. Además de no desatender la conflictividad laboral, social y de acceso a tierras en esa región.

#ComunicadoPDH | El @PDHgt @JordanRodas condena el ataque violento contra 40 familias en la finca Cubilgüitz, Cobán, #AltaVerapaz y recomienda al @MPguatemala esclarecer lo más pronto posible los hechos pic.twitter.com/tRR2G1cUuD

- PDH Guatemala (@PDHgt) August 16, 2020

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"Hay desalojos ilegales auspiciados por el sistema judicial", afirma abogado. - Nómada, Guatemala.

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El fin de semana circularon fotografías de un desalojo violento en Alta Verapaz. Detrás del hecho hay acciones ilegales y un patrón de criminalización de comunidades en conflictos con grandes empresas y terratenientes por la propiedad de las tierras. La noche del sábado 15 de agosto, 40 familias q'eqchi' fueron desalojadas de la finca Cubilgüitz, ubicada en Cobán, Alta Verapaz.

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Emergencia por pandemia es utilizada en Guatemala para realizar desalojos ilegales (Violación al derecho a tus propias posesiones)

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Emergencia por pandemia es utilizada en Guatemala para realizar desalojos ilegales (Violación al derecho a tus propias posesiones)

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Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.

Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. "Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos", detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento "Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala".

Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.

Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. "Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años", subrayó el integrante de Udefegua.

La comunidad de Dos Fuentes, en la Sierra de las Minas, Guatemala.

En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi' de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.

"Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales", destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.

En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.

Palma de aceite, un factor más para los desalojos

Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.

El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.

Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.

Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. "La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (...) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales" señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.

Desalojos "en apego a la ley"

Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q'eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.

De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.

Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.

De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.

Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.

Para el abogado Peláez, "no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente".

El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.

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Emergencia por pandemia es utilizada en Guatemala para realizar despojos ilegales

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Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

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Inseguridad de los periodistas en Venezuela (Violación al derecho de libertad de expresión)

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Inseguridad de los periodistas en Venezuela (Violación al derecho de libertad de expresión)

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La ONG de Venezuela Espacio Público denunció este martes una "escalada de violencia" de las fuerzas de seguridad del Estado contra los periodistas y medios de comunicación durante el mes de noviembre, cuando se computaron 103 violaciones a la libertad de expresión.

Según la organización, las más frecuentes fueron la intimidación, la censura y las restricciones administrativas, "acciones que buscan reducir la posibilidad ciudadana de buscar, recibir y difundir información".

Con el dato del mes recién terminado, Espacio Público computó 453 violaciones a la libertad de expresión desde que comenzó 2021 hasta el 30 de noviembre,

Con estas cifras, el 2021 acumula 453 violaciones hasta el 30 de noviembre, correspondientes a 236 casos, de los que el 44,44 % tuvieron como víctimas a periodistas, un 20,83 % a medios de comunicación y un 10 % a ciudadanos, detalló la ONG, que no precisó a qué ámbitos corresponde el 24,73 % restante.

Destacó que durante las elecciones locales y regionales del pasado 21 de noviembre, se registraron 54 violaciones a la libertad de expresión en los estados Aragua, Lara, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Portuguesa, Carabobo, Falcón, Bolívar, Caracas, Trujillo, Monagas y Cojedes.

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Denuncian "escalada de violencia" contra periodistas y medios en Venezuela

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La ONG de Venezuela Espacio Público denunció este martes una "escalada de violencia" de las fuerzas de seguridad del Estado contra los periodistas y medios de comunicación durante el mes de noviembre, cuando se computaron 103 violaciones a la libertad de expresión.

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el grito contra los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Guatemala (Violación al derecho de seguridad)

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el grito contra los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Guatemala (Violación al derecho de seguridad)

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#TengoMiedo, el grito contra los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Guatemala

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En lo que va de año se han producido 159 feminicidios y casi 20.000 denuncias por violencia machista en este país de Centroamérica, donde la justicia es incapaz de dar una respuesta efectiva a estos delitos

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EE. UU. expresa preocupación por la corrupción (Violación del derecho a un mundo justo)

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EE. UU. expresa preocupación por la corrupción (Violación del derecho a un mundo justo)

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EE. UU. expresa preocupación por la corrupción en Centroamérica

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La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Emily Mendrala, afirmó este jueves que a su país le preocupa la situación d…

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Desnutrición y poco acceso al agua (Violación al derecho de seguridad social)

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Desnutrición y poco acceso al agua (Violación al derecho de seguridad social)

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Hoy, amigo lector, le escribo sobre el tema del agua, en el marco del Día Mundial del Agua celebrado el 22 de marzo. También escribo sobre la desnutrición que agobia a tantas familias guatemaltecas de escasos recursos. En ambos casos, tengo la esperanza de que usted posee un alto grado de conciencia y un buen corazón para discernir que el sufrimiento de otros puede a la larga repercutirle también.

Hace unos días fui invitada por Catherin Chomali a conocer una iniciativa espectacular en un pequeño y remoto lugar de Guatemala. Ella es una exitosa empresaria que busca disminuir la desnutrición de niños desfavorecidos y lo lleva a cabo junto al Dr. Mark Arellano, quien dirige en Guatemala "Passion Asociación". Con su titánica lucha y la ayuda de buenos guatemaltecos ha logrado poner de pie el "Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y Prevención Humana" localizado en el caserío Asunción Chivoc, San Juan Sacatepequez. La intención de ambos fue invitarme para que conociera de cerca como están mejorando las condiciones de salud, educación y nutrición de 400 niños, cuyo proyecto considero digno de imitarse en el resto del país.

Lo que más me impresionó fue descubrir que hay pocos padres en el caserío. En su mayoría han abandonado a sus mujeres, por lo que para que los niños sean aceptados en dicho centro deben llegar con sus madres con el fin de que ambos se capaciten y participen de los programas que se ofrecen.

Es terrible aceptar que Guatemala ocupa el sexto lugar a nivel mundial con desnutrición crónica, ya que el 52% de los menores de 5 años padecen de esta deficiencia nutricional. Este hecho, a la larga, repercute en sus estudios, merma su potencial intelectual y emocional, y les pone en riesgo de una muerte prematura. Eso, sin contar que estos niños son los futuros ciudadanos, y si crecen sin la debida alimentación mermará su capacidad intelectual, lo que repercutirá en el desarrollo de Guatemala.

Según Unicef, tres millones de guatemaltecos no tienen acceso a servicios de saneamiento, y casi cuatro millones no cuentan con servicio de agua potable. En materia educativa, el asunto no mejora, ya que cuatro de cada 10 niños que comienzan el ciclo escolar jamás lo terminan. Si seguimos en pobreza extrema, la consecuencia directa es, evidentemente, la desnutrición y la falta de servicios de saneamiento. Prueba de ello es que en el área rural solo el 30% de los hogares tienen acceso al líquido vital.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) por mucho tiempo ha atendido el problema de agua potable y saneamiento, por ser un determinante ambiental para la salud y clave para la paz y la gobernanza. Y hablando de paz, la artista guatemalteca de la plástica Mariana Siebold fue nombrada embajadora de Cultura de Paz por el príncipe Damien Dematra de Indonesia, para fomentar la cultura como herramienta para lograr la paz entre naciones. Guatemala participa junto a otros 99 países y Mariana se ha sumado al centro para reducir la desnutrición crónica. Para ello, tiene una novedosa forma de promoverlo con el idioma internacional de la paz a través del arte, donde conciencia a las personas a que trabajen en su metro cuadrado; es decir, dentro de su interior, para luego contagiar positivamente a los demás.

Tanto el tema del agua como el de la desnutrición crónica en Guatemala están íntimamente relacionados y ya es hora de que dejemos de estar de brazos cruzados o desviar la vista hacia otro lado cuando nuestros hermanos sufren, sino todo lo contrario, que nos sumemos como voluntarios o donantes a causas nobles como esta.

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Desnutrición y poco acceso al agua agobian a Guatemala

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Hoy, amigo lector, le escribo sobre el tema del agua, en el marco del Día Mundial del Agua celebrado el 22 de marzo. También escribo sobre la desnutrición que agobia a tantas familias guatemaltecas de escasos recursos.

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Los corruptos de Guatemala amenazan con socavar el legado anticorrupción (Violación al derecho de un mundo justo y legal)

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Los corruptos de Guatemala amenazan con socavar el legado anticorrupción (Violación al derecho de un mundo justo y legal)

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Durante la década pasada, la ciudadanía de Guatemala vivió algo sin precedentes en el país: un movimiento popular de anticorrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente sui géneris respaldado por las Naciones Unidas que ha funcionado como un apoyo independiente al Ministerio Público, llevó a los guatemaltecos en una serie de casos de corrupción de alto impacto que involucraron a personas poderosas de los sectores político y económico del país.

El movimiento ha tomado pasos importantes encaminados a fortalecer el sistema de justicia. El Ministerio Público, con apoyo de la CICIG, investigó más de de corrupción de alto perfil, procesó judicialmente a 660 personas, y ha obtenido la condena de más de 400 de ellas. A su vez, la Comisión propuso o ayudó a implementar una docena de reformas que modernizaron los métodos y herramientas de investigación, y fortalecieron las instituciones de justicia. Las encuestas más revelan que la CICIG recibió más del 70 por ciento del apoyo popular del pueblo de Guatemala.

En particular, mientras estaba siendo investigado por el Ministerio Público y la CICIG por financiamiento electoral ilícito, el presidente anunció que su administración no renovaría el mandato de la Comisión. Aunque la Corte de Constitucionalidad dictaminó que la decisión del presidente de terminar unilateralmente el mandato de la CICIG era ilegal, la administración de Morales ignoró el fallo y procedió con su decisión. En septiembre de 2019, la CICIG cerró sus puertas después de una década de trabajo histórico.

Pero para la coalición de actores corruptos, la salida de la CICIG no fue suficiente. Hoy, estos grupos buscan revertir muchos de los avances alcanzados en los últimos 12 años y así poder recuperar el control de las instituciones del Estado. Esto pone en grave riesgo algunos temas claves relacionados con el Estado de derecho y la justicia en Guatemala, incluyendo la independencia del Ministerio Público y demás instituciones de justicia, el proceso de selección de las altas cortes del país, la seguridad de los individuos y organizaciones quienes luchan por el fortalecimiento de las instituciones del Estado y una mayor rendición de cuentas. Después de una década histórica de progreso, el riesgo de que las instituciones guatemaltecas sean totalmente cooptadas de nuevo por grupos criminales es alto.

El Ministerio Público y La Fiscalía Especial Contra la Impunidad

El futuro de los casos actualmente en curso

Un número importante de caso de corrupción de alto impacto están actualmente moviéndose en las cortes, sin embargo, sin un compromiso claro para continuar investigando la corrupción, el futuro de muchos de estos casos emblemáticos es incierto.

A continuación, un resumen de casos importantes para seguir observando:

Este es uno de los casos anticorrupción más emblemáticos de Guatemala, ya que tanto a un ex presidente como a una vicepresidenta. El Ministerio Público y la CICIG descubrieron evidencia de que la administración de Otto Pérez Molina estaba operando una sofisticada red de contrabando en las aduanas del país. Según las investigaciones, el personal aduanero involucrado daba a importadores tasas impositivas reducidas a cambio de sobornos. Los sobornos fueron para el entonces Presidente Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti y ascendieron a millones de dólares , según el juez que lleva el caso. La investigación de La Línea 88,920 escuchas telefónicas, 5,900 correos electrónicos interceptados y 175,000 documentos.

En octubre de 2017 el juez Miguel Ángel Gálvez encontró evidencia suficiente para enviar a 28 personas a juicio, incluyendo a otros funcionarios de alto nivel de la administración de Pérez Molina. El juicio está programado a iniciar en marzo de 2020, en medio de la creciente frustración del público por los retrasos en los procedimientos. El tribunal que preside el caso, el Juzgado de Mayor Riesgo D, ha enfrentado una presión creciente para absolver a los acusados, lo que sería un duro golpe para la lucha contra la corrupción en Guatemala.

El caso involucra a Gustavo Herrera , un poderoso guatemalteco con conexiones políticas que le han permitido influir significativamente en los procesos de selección de altos funcionarios de justicia durante la última década. Según las , Herrera coordinó una red que intentó malversar unos $50 millones de dólares de fondos públicos de la Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La jueza que preside el caso, Erika Aifán, ha que recibe cada vez más amenazas desde que comenzó a manejar este caso.

Blanca Stalling y el "Bufete de Impunidad"

La ex magistrada de la Corte Suprema de Guatemala, Blanca Stalling, fue acusada de tráfico de influencias por buscar proteger a su hijo de enjuiciamiento. Según la investigación, Stalling se acercó al juez Carlos Ruano Pineda buscando presionarlo para evitar una sentencia condenatoria en contra de su hijo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los enlaces de Stalling con redes de corrupción presuntamente van más allá del caso anterior. Un de Plaza Pública arrojó luz sobre los diversos vínculos de Stalling con el "Bufete de Impunidad", un caso que implica una gran red de abogados y jueces que utilizaron sus conexiones e influencias para garantizar resultados legales favorables para sus clientes a cambio de un recompensa financiera. El caso expuso la corrupción generalizada dentro del poder judicial, su papel en garantizar la impunidad, y sirvió como evidencia del papel fundamental de la Fiscalía y la CICIG.

Caso Construcción y Corrupción y Alejandro Sinibaldi

En 2017, el ex candidato presidencial y ministro del ex presidente Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, fue acusado de administrar una red de lavado de dinero y corrupción. Sinibaldi está acusado de recibir $10 millones de dólares en sobornos de empresas de construcción nacionales que canalizó a través de compañías fantasmas. A cambio, otorgó a estas compañías un trato preferencial en los contratos durante su tiempo como Ministro de Vivienda, Infraestructura y Comunicaciones.

Además, nueva evidencia ha revelado un esquema de corrupción aún más amplio y complejo que conduce a la segunda fase del caso de Construcción y Corrupción. Esta fase identifica una gama de nuevos actores que se involucraron en la corrupción transnacional a través de pagos realizados a compañías offshore, pagos por contratar asesoramiento, pagos de sobornos por financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes. Alrededor de una docena de miembros del sector privado y tres han sido condenados en la segunda fase del caso, algunos de los cuales permanecen en libertad.

En diciembre de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó públicamente a Sinibaldi debido a su participación en la corrupción, eliminando la posibilidad de que él y su familia ingresen a los Estados Unidos.

Caso Financiamiento Electoral Ilícito

El caso de financiamiento electoral ilícito , también bajo la dirección de la jueza Aifan, involucra al partido político conservador Frente Convergencia Nacional ( ). Actores vinculados a este caso incluyen a miembros de las élites económicas más poderosas del país acusados de haber financiado la campaña política de Jimmy Morales sin haber reportado dichas contribuciones conforme la ley.

Sin la presencia de la CICIG, no se sabe cuál será la postura de la parte acusadora, ya que en una audiencia anterior el MP pidió el cierre del caso, tomando en cuenta que los personajes sindicados fueron quienes comandaron las campañas contra la CICIG a nivel nacional e internacional.

Manipulación del proceso de selección de las altas cortes

El Congreso había considerado cambiar la ley una vez más para remover algunos de los estándares adoptados en el 2016, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad accedió a la solicitud de la Fundación Mack y el proceso se reinició y se estableció un cronograma. Las evaluaciones de los 346 candidatos se realizaron desde la resolución de la corte, aunque los resultados no son públicos. Los críticos que la forma apresurada de llevar a cabo el proceso bajo la actual administración para mantener ciertas alianzas, aun poco probable, ha resultado en un proceso improvisado. Un nombre preocupante que aún figura en la lista de candidatos es el juez Víctor Cruz, quien ha sido por el Ministerio Público de malversación y por los medios de investigación de recibir sobornos para perseguir a la ex Fiscal General Thelma Aldana. Otro candidato, el juez Mynor Moto, ha sido el centro de controversia por las decisiones de liberar a los acusados ​​en casos importantes de corrupción como el caso del Bufete de Impunidad .

Más allá de los esfuerzos para manipular el proceso, las amenazas y contra jueces individuales, específicamente aquellos que supervisan casos de corrupción de alto perfil, están en aumento. Las amenazas y ataques denunciados contra jueces aumentaron un 22 porciento entre 2017 y 2018 y muchos no son investigados . Erika Aifán, una jueza que actualmente preside algunos de los casos de corrupción más delicados, se ha enfrentado a múltiples ataques , además de tener una serie de denuncias espurias en su contra ante la fiscalía de delitos administrativos. En un momento memorable, el día en que la CICIG finalizó su mandato, amigos y familiares de funcionarios públicos acusados ​​de corrupción manifestaron frente a la sede de la CICIG con carteles con su rostro.

Es importante tener en cuenta que sin la presencia de la Comisión, y con una reacción continua y poderosa de sectores de la sociedad guatemalteca interesados en frenar la lucha anticorrupción y prohibir la creación de cualquier instrumento que se asemeje a la CICIG, más de 100 empleados nacionales altamente capacitados de la CICIG luchan por encontrar estabilidad laboral dada la estigmatización contra el organismo internacional.

Ataques contra el movimiento anti-corrupción

Además de las y los jueces que presiden los casos de corrupción de alto nivel, muchos defensores de derechos humanos y líderes sociales también se encuentran en un mayor estado de riesgo. Actores prominentes de la sociedad civil que jugaron un rol crítico durante el proceso de paz, denunciaron la violencia posconflicto e impulsaron importantes reformas del sector justicia para que los graves abusos contra los derechos humanos pudieran ser sancionados, también han jugado un importante papel en impulsar la agenda anticorrupción. Guatemaltecos poderosos interesados en mantener el estatus quo están actuando coordinadamente desde el Congreso, en las redes sociales, en los tribunales y en las calles para intimidar a muchas organizaciones e individuos que defienden la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

"El Presidente de Guatemala ha manifestado públicamente su hostilidad a las organizaciones de derechos humanos; varios proyectos de ley que examina el parlamento y están impulsados por entidades del sector privado tienen por objeto restringir la labor de las organizaciones no gubernamentales y de los medios sociales, estigmatizar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos y tildarlos de delincuentes y terroristas contrarios al desarrollo."

Más allá de los operadores de justicia independientes, algunos de los objetivos más vulnerables de los ataques incluyen:

El Procurador de Derechos Humanos (PDH) Jordan Rodas ha sostenido una serie de ataques después de criticar la campaña de la administración de Morales de socavar los esfuerzos anticorrupción. El presidente ha personalmente al Procurador, mientras que miembros del Congreso aliados al presidente han utilizado su tiempo durante sesiones oficiales para buscar la destitución de Rodas de su cargo. Desde el otoño del año pasado, el ejecutivo ha retenido parte de los fondos públicos aprobados para la Procuraduría de Derechos Humanos para cerrar el año. Luego de varias acciones judiciales, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Finanzas otorgar los fondos al PDH por lo que ahora es el Congreso quien debe desembolsarlos pero ante la insistencia en el retraso, el PDH ha planteado otra acción legal.

Destacados líderes de organizaciones de la sociedad civil con raíces profundas en los derechos humanos. A principios de 2019, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, fue objeto de vigilancia e intimidación cuando cuatro hombres armados llegaron al mismo restaurante donde cenaba y procedieron a tomar fotografías y videos. En medio de continuas intimidaciones y amenazas, en una acción sin precedentes, fundadora y presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos - Guatemala, UDEFEGUA, Claudia Samayoa y José Manuel Martínez, miembro del grupo de la sociedad civil Justicia Ya, fueron acusados ​​por el jefe de la Corte Suprema de tres delitos penales en represalia por un denuncia presentada ante la Corte de Constitucionalidad.

Los defensores de los derechos humanos fuera de la ciudad capital son particularmente vulnerables dada la débil presencia del Estado en estas regiones, lo que dificulta su capacidad de contener la violencia y las amenazas contra ambientalistas y defensores de los derechos de la tierra. Hasta septiembre de 2019, UDEFEGUA ha documentado 402 agresiones hacia defensores de derechos humanos, incluyendo 14 asesinatos.

Bajo la administración de Morales, medios independientes y periodistas se encuentran en un ambiente hostil. Funcionarios públicos abiertamente critican a ciertos periodistas y medios con lenguaje estigmatizante, y en algunos casos, han emprendido acciones legales para silenciar a medios que los retratan de manera negativa. En un de noviembre de 2019, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) concluye que el gobierno de Morales empleó cada vez más una estrategia difamatoria de "noticias falsas" contra los principales medios de comunicación como Guatevision, Prensa Libre y La Hora, al mismo tiempo que creaba cuentas de medios falsas para atacar su oposición.

Agenda regresiva del Pacto de Corruptos en Congreso

Si bien es menos factible, el Congreso ha estado considerando otra legislación preocupante. Aún hay riesgo que el actual Congreso intente aprobar otras acciones erosivas como la eliminación del acuerdo que estableció los juzgados de mayor riesgo o enmendar o revocar algunas leyes contra la impunidad, como la Ley de Extinción de Dominio o la Ley de colaboración eficaz que lleva a cabo métodos sofisticados de investigación y reutiliza los activos incautados. El Congreso también tenía contemplado la aprobación del proyecto de ley 5257, el cual intenta limitar las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Las organizaciones de la sociedad civil argumentan que la ley impondría límites excesivos en la forma en que se procesan los fondos internacionales, otorgando al gobierno guatemalteco una autoridad indebida para restringir o incluso cerrar las operaciones de una organización llamada fuera del "orden público". El temor es que la ley impondría requisitos de registro onerosos que obstaculizarían las actividades de las ONG ubicadas en el interior de Guatemala. La "ley de ONG" propuesta también parece violar las normas internacionales de derechos humanos, como la libertad de asociación, que otorga a las personas el derecho de organizarse colectivamente sin interferencia.

Existe la preocupación de que uno de los principales propósitos de esta comisión del Congreso es explorar formas en que los implicados en las investigaciones de la CICIG ahora pueden llevar a cabo acciones legales contra el personal de la CICIG o miembros de la sociedad civil que han apoyado la lucha anticorrupción.

Implicaciones Regionales

Los nuevos desafíos de la lucha anticorrupción en Guatemala tienen implicaciones importantes para las políticas y los intereses de Estados Unidos. El Departamento del Estado ha dicho que sus objetivos en Guatemala incluyen ayudar a institucionalizar la democracia y el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. Además, coordinar con las autoridades Guatemaltecas para combatir el lavado de dinero, la corrupción, el crimen transnacional. Estas metas son imposibles de lograr sin una alianza confiable en la región e instituciones locales fuertes.

Mientras aplaude a los líderes guatemaltecos por entrar en un acuerdo migratorio equivocado, la administración Trump ha ignorado algunos de los elementos más importantes que impulsan la migración: el crimen organizado basado en la impunidad y un gobierno negligente.

Estados Unidos ha invertido años en mejorar las capacidades de fiscales y jueces muchos de los cuales han realizado un trabajo invaluable en el enjuiciamiento de la corrupción, la lucha contra el tráfico de cocaína y opioides y la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, estos operadores del sector de justicia se sienten abandonados por los actores internacionales, dada la salida de la CICIG y las reacciones tibias de la administración de Trump.

Mientras aplaude a los líderes guatemaltecos por entrar en un acuerdo migratorio equivocado, la administración Trump ha ignorado algunos de los elementos más importantes que impulsan la migración: el crimen organizado basado en la impunidad y un gobierno negligente. Los líderes corruptos en Guatemala se congraciaron con el gobierno de Trump mientras debilitaban simultáneamente el Estado de derecho, socavando su propia democracia. Las implicaciones a corto y largo plazo para la estabilidad y la seguridad en la región son graves. Ya es hora de que los políticos estadounidenses se pregunten si están dispuestos a ver años de importantes esfuerzos para profesionalizar el sector de justicia de Guatemala ser traídos abajo por esta oleada regresiva que pretende deshacer los esfuerzos anticorrupción.
Álvaro Montenegro es miembro de los grupos de la sociedad civil JusticiaYa y Alianza por las Reformas. Como tal, Montenegro fue uno de los fundadores del movimiento anticorrupción provocado en 2015 por la investigación y renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, y desde entonces ha participado en una serie de procesos de reforma legislativa. Montenegro es autor de libros y escribe columnas para aclamados medios regionales como El Faro y Plaza Pública. Adriana Beltrán contribuyó significativamente a este artículo.

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Los corruptos de Guatemala amenazan con socavar el legado anticorrupción

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Durante la década pasada, la ciudadanía de Guatemala vivió algo sin precedentes en el país: un movimiento popular de anticorrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente sui géneris respaldado por las Naciones Unidas que ha funcionado como un apoyo independiente al Ministerio Público, llevó a los guatemaltecos en una serie de casos de corrupción de alto impacto que involucraron a personas poderosas de los sectores político y económico del país.

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Guatemala, un país que naufraga en un mar de corrupción (Violación al derecho de un mundo justo)

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Guatemala, un país que naufraga en un mar de corrupción (Violación al derecho de un mundo justo)

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Manifestantes frente al edificio del Congreso en Ciudad de Guatemala, el pasado 22 de noviembre. LUIS ECHEVERRIA (Reuters)

Los guatemaltecos enfrentan el reto de superar la cooptación del Estado por grupos de poder, cuyos orígenes se remontan a la época de la colonia y con el expolio a las arcas convertido en cultura. El robo se practica desde los más altos cargos políticos, hasta el último conserje. La sabiduría popular lo resume plásticamente al señalar que quien busca un empleo en el Gobierno no pide un trabajo, sino un hueso al que se aferra con uñas y dientes.

"El nacimiento del Estado de Guatemala deriva de los intereses de los grupos dominantes para promover la emancipación de la Corona española y, así, mantener el poder político y económico. Esto se consolidó en el siglo XIX con la formación de un Estado liberal, que creó un modelo patrimonial, destinado a proteger los privilegios de la élite", explica el historiador José Cal. Añade además que, ya en la época contemporánea y tras los acuerdos de paz que en 1996 pusieron fin a una guerra de guerrillas de 40 años, un Estado debilitado permitió el surgimiento de una nueva clase cuyo fin es el expolio del Estado por medio de negocios lesivos, con el narcotráfico como denominador común.

Expulsar del poder a estos grupos no será tarea fácil, pero ahora existe una toma de conciencia de la población que puede marcar el inicio del cambio. "Existe una fatiga generalizada ante el régimen de impunidad y de robo descarado. La paciencia se consume cada vez con mayor velocidad, aunque, como sociedad, todavía nos hace falta organización e inteligencia sectorial. No sabemos votar", comenta el analista Edgar Gutiérrez, quien desde su cargo como ministro de Exteriores (2000-2004) fue el principal impulsor la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que el expresidente Jimmy Morales logró expulsar del país con el apoyo de las mafias.

Gutiérrez puntualiza que el ejercicio ciudadano se hace particularmente cuesta arriba cuando la democracia está secuestrada, con miles de millones de dólares circulando en cada campaña. No obstante, el hartazgo ciudadano logró echar al Gobierno del general Otto Pérez en septiembre de 2015, mismo espíritu que el pasado sábado se hizo presente en la Plaza Mayor de la capital guatemalteca, con réplicas en todo el país, y acorraló al Gobierno. "Me impresiona la debilidad del Gobierno. A pesar de que tienen cooptados a todos los poderes del Estado, el sábado ganó la población, que hizo recular al Congreso y a un Gobierno que llegó a convocar la Carta Democrática de la OEA. Patético", agrega el excanciller.

Para Gutiérrez, el futuro inmediato de Guatemala es caótico: "La Administración de Giammattei no tiene ni la voluntad ni la capacidad para enfrentar esta crisis. Es un Gobierno que tiene muchas facturas que pagar, lo que limita su capacidad de acción, así quisieran actuar correctamente. Están muy condicionados, lo que explica que en el Gabinete existan cantidad de ministros incapaces de superar la prueba más sencilla de cultura general".

Analistas de Transparencia Internacional como Manfredo Marroquín comentan que la corrupción en Guatemala es una amenaza permanente para el sistema democrático. "En la medida en que continúe como la matriz del sistema, la inestabilidad continuará", señala. "El Gobierno tendría que dar muestras de cambiar el rumbo, o las protestas ciudadanas serán el pan de cada día, porque la gente está convencida de que estamos en poder de mafias políticas". Marroquín hace énfasis en que el país ya no soporta más inestabilidad. "La economía se vería afectada, algo que no tolerarían los agentes económicos, algo que obligaría a la salida del poder de Alejandro Giammattei", cierra.

Al caer la tarde de este lunes, el divorcio entre Giammattei y su vicepresidente, Guillermo Castillo, parecía agudizarse. El número dos, que sigue sin ser atendido por el presidente, ha calificado como "precipitada" la decisión de invocar la Carta Democrática de la OEA para superar la crisis. "Creo que a través del diálogo lo podemos manejar", ha señalado.

Paralelamente, diputados de los partidos opositores Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Semilla, de la ex fiscal general Thelma Aldana, pidieron la renuncia de la Junta Directiva del Legislativo, "por la forma unilateral" con que decidieron suspender el trámite de la Ley del Presupuesto, cuando una decisión de esa naturaleza solo puede ser resuelta por el pleno del Congreso.

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Guatemala, un país que naufraga en un mar de corrupción

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El expolio al Estado por los grupos de poder es una cultura que se remonta a los años de la colonia

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Guatemala: Ataques a la libertad de prensa (Violación al derecho de libertad de expresión)

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Guatemala: Ataques a la libertad de prensa (Violación al derecho de libertad de expresión)

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(Nueva York) - Durante su primer año, el gobierno del Presidente Alejandro Giammattei en Guatemala ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron hoy Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas ( Committee to Protect Journalists, CPJ). A su vez, hubo escasos avances en las investigaciones sobre las amenazas, los ataques y los dos asesinatos de periodistas durante este período.

Los ataques verbales del gobierno contra periodistas se tornaron más frecuentes y descarados luego de que el Covid-19 comenzó a propagarse en Guatemala en marzo de 2020. Las autoridades también han restringido el acceso a información sobre la pandemia. El gobierno no ha garantizado que la fiscalía cuente con los recursos necesarios para realizar investigaciones oportunas y efectivas sobre los ataques contra periodistas. Según Human Rights Watch y el CPJ, es urgente que el gobierno deje de hostigar a periodistas independientes, asegure que haya fondos suficientes para investigar los ataques contra ellos y proporcione a la población guatemalteca acceso a información oportuna y completa sobre las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19.

"Desde que asumió hace un año, el gobierno de Giammattei ha actuado con hostilidad hacia los medios, incluso limitando selectivamente su acceso a información importante sobre salud pública", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Una prensa libre y el acceso oportuno a la información son fundamentales para abordar efectivamente la pandemia".

Desde que comenzó la pandemia, Human Rights Watch y el CPJ han documentado múltiples casos en los cuales el Presidente Giammattei y otras autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron u hostigaron a periodistas. Las organizaciones también han documentado casos en los cuales policías y soldados han vigilado, intimidado, detenido, robado y golpeado a periodistas que daban cobertura a manifestaciones o que investigaban hechos de corrupción.Asimismo, se han registrado hechos de violencia contra mujeres periodistas, aparentemente debido a su género, que en general consistieron en amenazas misóginas e insultos en las redes sociales.

Los medios de comunicación han informado que policías atacaron a varios periodistas a fines de noviembre, cuando manifestantes salieron a las calles en repudio al presupuesto de 2021 y para exigir la renuncia de Giammattei. Los periodistas también sufrieron ataques físicos y verbales cometidos por manifestantes violentos.

"El gobierno de Guatemala debe brindar la información precisa y oportuna necesaria para la protección y promoción de derechos fundamentales, y garantizar el derecho de los periodistas que cubren la pandemia y acontecimientos políticos a trabajar de manera segura", expresó Natalie Southwick, coordinadora de programas de América Central y del Sur del CPJ. "En lugar de hostigar a periodistas o de limitar su trabajo, las autoridades deberían concentrarse en investigar las amenazas contra la prensa, proporcionar información de salud pública esencial y permitir que los periodistas trabajen".

Hace menos de un año, el CPJ publicó un informe sobre libertad de prensa en Guatemala, en el cual concluyó que el gobierno no había investigado situaciones de violencia ni amenazas sufridas por periodistas, ni tampoco había ofrecido protección adecuada a quienes habían sido amenazados. El informe sostiene que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas no respondió con rapidez ni actuó con eficacia contra la impunidad, aparentemente debido a falta de capacidad más que de voluntad. La fiscalía no cuenta con suficiente personal ni recursos, y se encuentra totalmente sobrepasada de trabajo, concluyó el CPJ.

La investigación que las organizaciones han realizado desde marzo de 2020 sugiere que los desafíos que planteó la pandemia, incluidas las restricciones a viajes dentro del país, el hecho que las oficinas públicas trabajen con capacidad reducida, y las demoras y problemas de programación de citas del sistema judicial, han agravado aún más dichas dificultades.

Human Rights Watch y el CPJ también concluyeron que los guatemaltecos han tenido acceso limitado a información sobre las medidas adoptadas en relación con el Covid-19 y los casos existentes. Según varios periodistas, a principios de abril, el gobierno dejó de ofrecer informes diarios sobre la pandemia, por lo cual se hizo más difícil dar seguimiento de la cantidad de casos de Covid-19 confirmados o identificar las zonas del país más afectadas. A su vez, en abril, las autoridades expulsaron a varios periodistas de los chatsde WhatsApp con autoridades gubernamentales, que hasta entonces habían sido la única manera de obtener datos actualizados de manera directa.

El Presidente Giammattei justificó el silencio gubernamental acusando a los periodistas de haber solicitado datos personales sobre los ciudadanos con Covid-19. Sin embargo, los periodistas manifiestan que solamente pidieron los datos que necesitaban para identificar patrones, como el número de casos en una determinada región. Las autoridades podrían haber respondido tales preguntas sin comprometer la confidencialidad ni los datos personales en temas de salud, señalaron Human Rights Watch y el CPJ.

Los pequeños pasos dados en los últimos tiempos por algunas autoridades para compartir información son insuficientes para proteger los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Si bien algunos periodistas sostienen que últimamente ha mejorado el acceso a información pública, incluso mediante chats de WhatsApp, sigue habiendo retrasos en las comunicaciones o la información entregada es incompleta. Las autoridades continúan limitando la cobertura de eventos oficiales. Las conferencias de prensa son pocas, y con frecuencia se les niega a los periodistas, en especial a aquellos a quienes se considera críticos del gobierno, la oportunidad de realizar preguntas. Aunque algunas restricciones sean necesarias por motivos de salud pública, no deben discriminar contra medios independientes o críticos o tomar represalias contra ellos.
Recomendaciones
Para proteger los derechos a la libertad de expresión y a la salud, así como la libertad de prensa, Human Rights Watch y el CPJ reiteran las recomendaciones incluidas en el informe publicado por el CPJ en marzo de 2020, y, en especial, exhortan al gobierno guatemalteco a adoptar las siguientes medidas:

ordenar a las instituciones públicas que, de inmediato, se ponga a disposición del público y de los periodistas la información pertinente sobre el Covid-19 de manera accesible, y que respondan a los pedidos de acceso a la información pública dentro de un plazo razonable;

garantizar que los funcionarios electos y las fuerzas de seguridad no hostiguen ni impongan restricciones arbitrarias a periodistas que llevan a cabo su labor, e investigar a quienes lo hagan;

recabar información y datos confiables y exhaustivos sobre amenazas y actos de violencia contra periodistas y sobre violaciones a la libertad de los medios de comunicación, incluida información sobre el género y otras características demográficas de la víctima, y poner tal información a disposición del público; y

trabajar con el Congreso para que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas cuente con fondos y recursos suficientes y con personal capacitado que se concentre exclusivamente en delitos contra periodistas, de modo que puedan investigar los ataques físicos y digitales contra periodistas. La capacitación que reciban debe prestar atención a consideraciones de género, la pertenencia a comunidades indígenas y otras características de identidad de la víctima.

Ver más abajo información adicional sobre amenazas y hostigamiento, así como sobre la falta de acceso a información sobre el Covid-19.
Durante 2020, Human Rights Watch y el CPJ revisaron informes de medios de comunicación, declaraciones emitidas por organizaciones que protegen la libertad de prensa, declaraciones oficiales y comunicados de prensa de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Human Rights Watch recabó testimonios directos sobre ataques sufridos por cuatro periodistas independientes y revisó videos que corroboraban otros ataques a la prensa. Para el informe del CPJ de marzo de 2020 sobre libertad de los medios de comunicación en Guatemala, el personal entrevistó a más de 20 periodistas y defensores de la libertad de prensa. La comunicación constante con los periodistas que sirvieron como fuentes para ese informe también contribuyó a los nuevos hallazgos.
Amenazas y hostigamiento
En abril, más de 100 periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales cuestionaron públicamente las medidas oficiales que perjudican al periodismo en Guatemala. Citaron problemas para acceder a información que debía ser pública, así como hostigamiento, ataques e intimidaciones contra periodistas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido quejas de periodistas que acusaban a agentes de la Policía Nacional de exigirle a quienes trabajaban en las calles que mostraran sus identificaciones profesionales sin motivo alguno, de fotografiar o filmar a periodistas, o de ordenarles que borraran imágenes o videos que habían tomado como parte de su trabajo. El 30 de noviembre, el Día Nacional del Periodista, la Procuraduría de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por los ataques contra los medios y el acceso limitado a información relacionada con el Covid-19 durante el año.

Hasta diciembre, la organización no gubernamental Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) había registrado más de 149 actos de agresión o restricciones contra periodistas y trabajadores de medios desde que asumió Giammattei, por parte de particulares, agentes de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, en comparación con 85 durante todo 2019. Las denuncias, que en algunos casos fueron corroboradas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, incluyen amenazas, robo, abusos contra periodistas o trabajadores de medios comunitarios y el asesinato de dos periodistas.

En algunos casos, los afectados eran periodistas comunitarios que cubrían asuntos relevantes para su comunidad o mujeres periodistas que trabajaban sobre delitos de género. En algunas de las denuncias se alega que se negó información o acceso a conferencias de prensa a algunos periodistas por la simple razón que criticaban políticas gubernamentales, una conducta incompatible con el respeto del pluralismo y la independencia en los medios.

Muchas de las denuncias describen amenazas, actos de intimidación y acoso por parte de militares y miembros de la Policía Nacional Civil. Además de actos de agresión perpetrados por policías y soldados, los ataques anónimos en las plataformas digitales y las agresiones físicas y verbales de particulares han propiciado un clima hostil para el ejercicio del periodismo.

El 27 de febrero de 2020, un hombre armado no identificado disparó a Bryan Guerra, del canal de noticias de cable TLCOM. Murió cinco días más tarde debido a las heridas sufridas. La Policía Nacional y la Fiscalía municipal de Chiquimula no habían respondido rápidamente cuando Guerra indicó haber recibido amenazas a través de redes sociales, según informó la Asociación de Periodistas de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas no han identificado un posible móvil ni anunciado avances en la investigación del asesinato de Guerra. Es el decimoctavo periodista guatemalteco asesinado desde el año 2000.

El periodista Junior Cordero de Canal 12 informó que, el 14 de abril, policías lo obligaron a borrar fotos y videos que había tomado de un hombre mientras estaba siendo detenido por violar el toque de queda impuesto por el Covid-19 en Malacatán, San Marcos. Tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como la Fiscalía de Delitos contra Periodistas están investigando el hecho.

El presidente también ha realizado declaraciones intimidatorias y hostiles hacia los periodistas. El 18 de marzo de 2020, el presidente Giammattei roció a periodistas que estaban frente al Congreso con lo que, al parecer, sería una sustancia bactericida, y señaló que se trataba de un spray "antiperiodistas". El 21 de marzo, al referirse al toque de queda establecido para combatir la pandemia, el presidente expresó: "Quisiera poner en toque de queda a los medios, pero no se puede".

En mayo, cerca del Palacio Presidencial en Ciudad de Guatemala, la policía filmó, fotografió y registró las pertenencias de Sonny Figueroa, del proyecto periodístico VoxPopuli, y de Marvin Del Cid, que pertenece a la asociación por la libertad de prensa Artículo 35. Ambos periodistas habían estado informando sobre el círculo de influencia de Giammattei y el uso que este hacía de bienes públicos.

Del Cid informó que el Presidente Giammattei había expresado durante una conferencia de prensa en enero de 2020, antes de los ataques, que el periodismo de Del Cid se "extralimitaba". También dijo que el Presidente Giammatei ha desacreditado en forma pública el trabajo de los dos periodistas, calificándolo de "chismes de cantina", y se había referido a ellos como "el combo", en alusión a que frecuentemente trabajan juntos.

Del Cid y Figueroa han informado sobre señalamientos de corrupción que involucran a varios funcionarios públicos. También publicaron un informe sobre el personal de la ex Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, que hasta el 31 de diciembre de 2020 se ocupaba de tareas de coordinación, apoyo y asesoramiento a ministerios, y sobre su director, Miguel Martínez, un empresario próximo al presidente. Martínez anunció que había presentado una denuncia penal por acoso, amenazas y extorsión contra periodistas del medio en línea Plaza Pública que publicaron una investigación sobre sus nexos con el presidente el 9 de septiembre.

Figueroa tuvo otro incidente con la policía en septiembre, cuando fue detenido por agentes que lo acusaron de causar un escándalo en la vía pública después de que le robaran sus artículos personales. Lo arrestaron y lo mantuvieron detenido varias horas. Dos policías implicados en el incidente han sido detenidos y están siendo investigados por abuso de poder. Uno de ellos había registrado y fotografiado a Figueroa y a Del Cid en mayo.

El 7 de diciembre, Del Cid encontró una carta en el buzón de su vivienda en Ciudad de Guatemala, según contó al CPJ. En la carta se advertía a los periodistas que se abstuvieran de investigar y publicar su trabajo, o de lo contrario "ya verán". En la carta no se mencionaban temas específicos en los que trabajan Del Cid o Figueroa.

El 23 de junio, en Quiché, varios soldados rodearon a otro periodista, Juan Carlos Botón, mientras tomaba fotografías de cinco soldados que no usaban mascarillas. Los soldados amenazaron a Botón, según el Procurador de los Derechos Humanos, y le ordenaron que entregara su teléfono celular. El Procurador de los Derechos Humanos pidió que se llevara a cabo una investigación penal, y la Fiscalía de Delitos contra Periodistas abrió una.

El 18 de septiembre, organizaciones de derechos humanos alertaron sobre amenazas y hostigamiento en redes sociales contra cuatro mujeres periodistas que trabajaban sobre temas de violencia de género. Una de las periodistas dijo a Human Rights Watch que había presentado al menos tres denuncias en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Señaló que una de las investigaciones se cerró a fines de 2020 sin ninguna resolución, y que no contaba con información sobre el estado de las otras denuncias.

El 22 de septiembre en Quiché, la policía arrestó a Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV. Mejía es miembro de la comunidad indígena maya k'iche' y había dado cobertura a una manifestación del 24 de agosto contra el alcalde de Joyabaj, sobre la cual informó en directo a través de la página de Facebook de Xol Abaj TV. La manifestación culminó en disturbios, saqueos y un incendio en el edificio de la alcaldía.

En la cobertura periodística que realizó Mejía el 24 de agosto se presentaron denuncias comunitarias, como señalamientos de corrupción contra el alcalde, y no se instigó a la violencia. Sin embargo, se le acusó de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado. Estuvo arbitrariamente en prisión preventiva más de un mes, como resultado de sucesivas postergaciones de su audiencia preliminar. El 28 de octubre, un juez dispuso su liberación y detención domiciliaria después de que pagara una fianza de 20.000 quetzales (cerca de USD 2.565). Se encuentra a la espera de la fecha del juicio por los delitos de sedición y atentado con agravaciones.

Entre el 26 y el 28 de septiembre, dos mujeres periodistas recibieron mensajes hostiles y amenazas luego de cubrir actividades para visibilizar el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Los autores de los mensajes se refirieron a ellas como "promotoras de las abortistas", les advirtieron que podrían ser golpeadas y les desearon que las "violaran".

El 21 de noviembre, en el contexto de protestas en Ciudad de Guatemala, un policía golpeó con un tolete en la cabeza al periodista y fotógrafo Carlos Sebastián mientras este estaba fotografiando la detención de un manifestante, como se observa en un video que difundió el Procurador de los Derechos Humanos. El 28 de noviembre, al menos cinco periodistas fueron agredidos verbal y físicamente por manifestantes encapuchados y violentos mientras cubrían la protesta, señalaron los medios. Entre ellos estaba Jovanna García del medio feminista virtual Ruda, quien fue golpeada con un hierro en la clavícula y el hombro por un individuo no identificado que la llamó "feminista infiltrada" y la insultó. Llevaba puestos el casco y la acreditación de prensa.
Acceso limitado a información, incluso sobre el Covid-19
Según los periodistas, el acceso a información precisa, oportuna y actualizada sobre el Covid-19 y sobre las medidas del gobierno para combatir la propagación del virus es insuficiente, a pesar de que ha habido varias mejoras luego del reemplazo de algunos funcionarios clave en junio.

Cuando la pandemia comenzó en marzo, el gobierno proporcionaba actualizaciones diarias detalladas a todo el país por televisión nacional. Sin embargo, a principios de abril, dejó de producir estos informes diarios. Por ello, tanto a los periodistas como a los ciudadanos de a pie les resultaba difícil conocer cuántos casos confirmados de Covid-19 había e identificar cuáles eran las regiones más afectadas.

Desde entonces, algunos funcionarios han denunciado deficiencias en los datos oficiales. Durante su primera conferencia de prensa como ministra de Salud, el 26 de junio, la Dra. Amelia Flores confirmó que su equipo había detectado incongruencias en los datos oficiales. Observó errores en la cantidad de casos positivos en relación con el total de personas a quienes se les había realizado la prueba de diagnóstico. El 1° de julio, Edwin Asturias, quien preside la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, presentó un informe al Congreso con conclusiones preliminares. El informe concluyó que los resultados de las pruebas de Covid-19 del Sistema Gerencial en Salud (SIGSA) eran distintos de aquellos comunicados al público, y que las cifras informadas se habían modificado artificialmente para aplanar la curva.

Si bien el reconocimiento oficial de estas imprecisiones representa un avance importante, el público aún tiene poco acceso a información sobre la cantidad total de casos y las áreas más afectadas. El gobierno volvió a publicar datos oficiales diarios tras el informe de Asturias al Congreso. Sin embargo, la versión actual de los datos solo está disponible en línea y su presentación es sumamente técnica, por lo cual resulta de difícil comprensión para quienes no cuentan con conocimientos avanzados de estadística o medicina, incluidos periodistas.

Según el testimonio de dos periodistas, si bien el Congreso aprobó un decreto en el cual se le exige al gobierno cumplir con el plazo de 10 días para responder a los pedidos de información pública durante la pandemia, las respuestas proporcionadas por el Ministerio de Salud y la Presidencia han sido tardías e incompletas. En respuesta a las quejas de los periodistas, el Procurador de los Derechos Humanos ha estado interpelando al ministro de Salud Pública y Asistencia Social para que cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual se establece el plazo. Incluso si, debido a las restricciones vinculadas con la pandemia, algunas demoras fueran necesarias, estas no deberían ser arbitrarias ni convertirse en un pretexto para evitar difundir información pública.

Quizás en respuesta a los esfuerzos del Procurador de los Derechos Humanos para hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, el Congreso está intentando reemplazar la Procuraduría de los Derechos Humanos por una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública para realizar este ejercicio de supervisión. El actual Procurador de los Derechos Humanos ha enfrentado reiterados intentos del Gobierno de debilitar su función de velar independientemente por el respeto de los derechos humanos, los cuales han incluido amenazas de destitución y de acciones penales.

De acuerdo con esta propuesta, el Congreso podría destituir al director de este nuevo organismo de control por mayoría simple. Si este cambio entra en vigencia, la independencia de quienes están a cargo de garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública estaría en peligro, señalaron Human Rights Watch y el CPJ. El partido gobernante controla el Congreso, y quien intente hacer cumplir la ley podría ser destituido fácilmente si sus acciones disgustaran al gobierno.

A la luz del vacío informativo, el distanciamiento social, las medidas de confinamiento y otras restricciones establecidas para frenar la propagación del Covid-19, la capacidad de los periodistas para informar sobre las condiciones y los casos en áreas rurales es limitada. Por ello, contar con información oficial precisa, oportuna y accesible sobre la pandemia es aún más importante.

Además de las demoras y limitaciones al acceso a información en general, el gobierno ha impedido que determinados periodistas reciban actualizaciones sobre la pandemia en lo que parece ser una represalia por ejercer un periodismo independiente. Las autoridades han "retirado a periodistas que cuestionan las prácticas oficiales de los grupos de WhatsApp a través de los cuales difunden información", manifestó la Alianza Regional, una red de organizaciones no gubernamentales que promueven el acceso a la información y la libertad de expresión en la región.

Por ejemplo, el medio Nómada informó el 12 de abril que uno de sus periodistas fue expulsado de un grupo de WhatsApp del Ministerio de Salud. También en ese mes, se establecieron restricciones en dos grupos de WhatsApp administrados por el entonces secretario de Comunicaciones, Carlos Sandoval, impidiendo a los periodistas realizar preguntas o solicitar comentarios.

Durante los primeros días de la pandemia, las conferencias de prensa se cancelaron, por lo que los grupos de WhatsApp resultaban una fuente fundamental de comunicación e información oficial. Francis Masek, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, quien asumió en junio, ha mostrado una mayor predisposición para compartir información, pero dos periodistas le dijeron a Human Rights Watch que el acceso a la información sigue siendo limitado y que esta situación se ve agravada debido a que la cuenta oficial de Masek en Twitter es privada, lo cual limita el escrutinio habitual que es fundamental en la tarea periodística de dar seguimiento a la labor de los funcionarios públicos.

En octubre, tres periodistas señalaron que, con la nueva ministra de Salud y la nueva secretaria de Comunicaciones, volvieron a realizarse conferencias de prensa y algunos grupos de WhatsApp se reactivaron. Aún así, desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el gobierno ha limitado la participación de ciertos periodistas en las pocas conferencias de prensa que ha dado el presidente Giammattei. En las conferencias de prensa con otros funcionarios, no se permite a los periodistas formular determinadas preguntas. Estas medidas parecen aplicarse para determinados periodistas en función de su labor independiente más que en virtud de criterios objetivos, lo cual ha afectado de manera desproporcionada a periodistas independientes críticos del gobierno.

El 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron que los países debían "proporcionar proactivamente información veraz y fidedigna sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia". Señalaron que los funcionarios habían llevado a cabo campañas de estigmatización en contra de periodistas en varios países, incluyendo Guatemala, y citaron denuncias de un conjunto de periodistas que dijeron haber sido descalificados por el presidente y otros funcionarios y que se habrían restringido los canales virtuales para formular preguntas sobre la respuesta al Covid-19.

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Guatemala: Ataques a la libertad de prensa

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(Nueva York) - Durante su primer año, el gobierno del Presidente Alejandro Giammattei en Guatemala ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron hoy Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas ( Committee to Protect Journalists, CPJ).

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Desnutrición en Guatemala (Violación al derecho de seguridad social)

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Desnutrición en Guatemala (Violación al derecho de seguridad social)

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Los casos de desnutrición aguda se incrementaron en un 80 por ciento en Guatemala en 2020 con relación a 2019, según estadísticas divulgadas por las autoridades de seguridad alimentaria del país.

De acuerdo con la última actualización del Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA), hasta la semana 51 del 2020 (falta por contabilizar una) se registraron un total de 27 mil 847 casos de desnutrición aguda, es decir 12 mil 357 casos más que los 15 mil 485 que se reportaron en el mismo periodo de 2019, equivalente a un ascenso del 80 por ciento.

Las autoridades atribuyen el aumento de la desnutrición aguda a la implementación del traslado automático de datos que aún no han podido verificarse en las áreas de salud del país, debido al covid-19.

La mayor proporción de casos se presenta en niños de 12 a 24 meses (43.1 por ciento del total), seguido de los de 6 a 12 meses (22.2%), 6 meses (12.5%), de 2 a 3 años (11.4%), de 3 a 4 años (5.5%) y más de 4 años (5.2%), detalló la actualización de datos.

Según las autoridades, de los 27 mil 842 casos de desnutrición aguda contabilizados el año pasado, 19 mil 982 son moderados y el resto severos.

Los departamentos con mayores índices de desnutrición aguda son Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Izabal, Zacapa y Guatemala.
Lea más: Guillermo Castillo publica polémico tuit dirigido a Giammattei y la lucha contra la desnutrición
Escuintla, con un total de tres mil 878 casos, y San Marcos, con tres mil 813, son los departamentos que registraron la mayor cantidad de menores con desnutrición aguda en Guatemala el año pasado.

La tasa de niños desnutridos pasó de 67 por cada diez mil menores en 2019 a 120.5 en el 2020, explica el SIGSA.

En Guatemala el 59 por ciento de sus 16.3 millones de habitantes viven bajo el umbral de pobreza, según datos oficiales. Además, uno de cada dos niños que nace en el país centroamericano sufre de algún tipo de desnutrición, de acuerdo a informes de organismos internacionales.

La lucha contra la desnutrición fue una de las promesas del actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, al tomar posesión como mandatario el 14 de enero del año pasado.

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Los casos de desnutrición aguda en Guatemala crecieron 80 % durante 2020

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Los casos de desnutrición aguda se incrementaron en un 80 por ciento en Guatemala en 2020 con relación a 2019, según estadísticas divulgadas por las autoridades de seguridad alimentaria del país.