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1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

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Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

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Este mural es un espacio para que añadas los diferentes artículos de la DUDH (los que te hayan tocado) y las noticias que hayas encontrado en los que se vulneran. Puedes añadir un enlace, una foto, un dibujo, un vídeo o lo que se te ocurra.

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Este mural es un espacio para que añadas los diferentes artículos de la DUDH (los que te hayan tocado) y las noticias que hayas encontrado en los que se vulneran. Puedes añadir un enlace, una foto, un dibujo, un vídeo o lo que se te ocurra.

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1. TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DERECHOS.

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1. TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DERECHOS.

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``Las españolas tienen que trabajar 52 días más al año para ganar lo mismo que los hombres´´
Un informe elaborado por Oxfam asegura que el 14% de  la brecha en España se queda sin explicar y sólo puede atribuirse a la discriminación directa o indirecta por razón de género. A nivel europeo las mujeres enfrentan una mayor brecha salarial pues esta aumenta a los 59 días, un 16% menos que los hombres.

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4. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre.

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4. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre.

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La Policía Nacional pretende concienciar de que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, de un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio.

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Vídeo: "Sin clientes no hay trata", el mensaje de la Policía Nacional contra la explotación sexual

La Policía Nacional ha lanzado un nuevo vídeo en el que carga contra los consumidores de prostitución y les llama "esclavistas" en una palabra al fomentar la explotación sexual: "Si eres cliente, pagas su esclavitud".

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, los agentes advierten con contundencia en esta campaña contra los clientes de la prostitución. La Policía Nacional pretende concienciar de que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, de un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio.

Son mujeres captadas por mafias que les prometen un trabajo digno en España aprovechando la situación de extrema necesidad que viven en sus países de origen. Para conseguir esa supuesta nueva vida, las víctimas pagan grandes cantidades de dinero, en ocasiones todo lo que tienen, sin ser conscientes de que ese capital nunca se destinará a tal fin. Una vez en España, las organizaciones criminales les informan de que han contraído una elevada deuda que deberán saldar ejerciendo la prostitución de manera forzosa, por lo que se verán obligadas a prostituirse durante años.

Durante el año 2019, la Policía Nacional realizó un total de 515 operaciones relativas a explotación sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 921 personas, de las que 896 eran mujeres.

En estas operaciones fueron detenidos 481 autores de este delito. Durante los primeros ochos meses de 2020, ya se han realizado 333 operaciones similares. En algunas ocasiones, entre las víctimas se encuentran menores de edad que también fueron captadas por las organizaciones de proxenetas.

Este delito genera beneficios millonarios tanto en España como a nivel mundial, con lo que se convierte en uno de los negocios ilícitos más rentables, sólo equiparable al tráfico de drogas y de armas.

La Policía Nacional mantiene activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos.
Ver los comentarios

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La Policía carga contra el consumidor de prostitución: "Si eres cliente, pagas su esclavitud"

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Más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen de forma forzosa tras ser engañadas en su país de origen por grupos criminales. En 2019 la Policía Nacional liberó a 921 -de las que 896 eran mujeres- víctimas de trata y detuvo a 481 personas

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4. NADIE ESTARA SOMETIDO A ESCLAVIITUD NI SERVIDUMBRE

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4. NADIE ESTARA SOMETIDO A ESCLAVIITUD NI SERVIDUMBRE

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Articulo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas... Mujeres yazidies vendidas como esclavas sexuales, violadas diariamente y pasadas de propietario en propietario

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6.Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica

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6.Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica

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Aproximadamente 135 millones de niños, en la región de Asia, no son registrados al nacer eso supone su "invisibilidad legal y la ausencia de todos sus derechos"

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Irán:  dos hombres el 14 de noviembre de 2018 son condenada a ejecución tras un juicio injusto y además lo hacen publico en televisión sin que ellos tenga derechos de ayuda de los tele espectadores. Son declarados por delitos económicos que lo hicieron por pura supervivencia.

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“En casa sólo entran aquellos en quienes confiamos”, dice el anuncio de una aseguradora en televisión. A veces es al revés. Mujer de menos de 30 años, quién sabe con qué carrera universitaria, en una capital de provincias de las más afectadas por la pandemia. Su trabajo, por cuenta de una conocida inmobiliaria, consiste en visitar a familias que quieran comprar o vender su piso; la misión de la “asesora inmobiliaria” (así se la denomina en la tarjeta de visita) es facilitárselo a cambio de un salario mileurista (alrededor de 1.100 euros netos mensuales) y una comisión por cada operación....

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Tener empleo ha perdido poco a poco su relevante papel de garantizar la inclusión social

Un camarero barre la terraza de un bar en el centro de Madrid el pasado viernes. Manu Fernandez/AP Photo /

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Tener empleo ha perdido poco a poco su relevante papel de garantizar la inclusión social

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Valencia:  La asociación d Kellys de Benidorm denuncia que muchos camareras de hotel fueron despedidas injustamente sin derecho a tenerlas paradas en el paro aun siendo fijas, fueron directamente echadas por el estado de alarma.

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E.E.U.U: Donald Trump amenaza con suspender el congreso para imponer el nombramiento con la ayuda de su poder y la "excusa" de el estado de alarma cuando es el de los últimos en querer activar el estado de alarme

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Supuestamente esta ley significa que todos somos iguales ante la ley, en realidad no es tal y como dicen.
todos tenemos derecho a tener un abogado y a defendernos , pero en el caso de Ángel Carromero, no fue asi.
Ángel Carromero hombre español fue acusado y condenado siendo inocente.

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Ángel Carromero ha estado en Espejo Público donde ha presentado su libro en el que cuenta lo que ocurrió durante cinco meses, por qué fue a Cuba, cómo vivió un "secuestro", un "juicio farsa" y cómo logró volver a España. "Es una historia para hacer justicia a lo que pasó en Cuba que es la desaparición de la persona más importante de la disidencia cubana".

Asegura que su partido se portó bien con él, y resalta la figura de la presidenta del Partido Popular de Madrid: "Esperanza Aguirre se portó muy bien conmigo".

Por otra parte, apunta que "la posición de los Gobiernos es complicada en estos asuntos". Pero insiste en que "la familia de quien falleció también pidió el indulto para mí y aún continuamos a la epsera".

Carromero recuerda lo difícil de la situación que vivió. "Fue dramático, tenía 26 años, fui a Cuba a ayudar y me vi envuelto en una operación en la que el objetivo era que desaparecieran los líderes de la oposición", recuerda.

Asegura que en Cuba no hay Derechos Humanos, y que "a Oswaldo le hicieron lo mismo dos meses antes cuando viajaba con su mujer, ese es el día a día allí".

Hoy en día, Ángel Carromero lleva una pulsera telemática que "me restringe la libertad, yo no soy libre". Continúa cumpliendo una condena. "Una persona que es inocente está cumpliendo una condena", apunta refiriéndose a sí mismo, y añade que si la propia familia del fallecido pide su libertad, por algo será. "Tengo una libertad restringida".

Por último, recuerda que cuando estuvo en Cuba no pudo hablar con nadie solas y que al llegar a España y contó todo lo ocurrido, que era exactamente lo mismo que había contado la familia de Oswaldo durante seis meses.

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Ángel Carromero: "Soy inocente y estoy cumpliendo una condena"

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Ángel Carromero, en una entrevista en Espejo Público, ha presentado un libro en el que cuenta cómo vivió un "secuestro", un "juicio farsa" y cómo logró volver a España. Asegura que se trata de "una historia para hacer justicia".

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8. TODA PERSONA TIENE DERECHO A DEFENDERSE ANTE LOS TRIBUNALES 

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8. TODA PERSONA TIENE DERECHO A DEFENDERSE ANTE LOS TRIBUNALES 

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El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia.

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Entiende la Sala que el acusado se vio privado de una defensa efectiva en el juicio, toda vez que, como éste argumenta, no le fueron notificados el auto de transformación en procedimiento abreviado, ni los escritos de acusación y tampoco el auto de apertura del juicio oral, no se le nombró abogado hasta que se acordó la transformación del procedimiento, y la abogada de oficio designada no se comunicó con él hasta pocos minutos antes del juicio porque se encontraba en prisión en Cádiz y el juicio se desarrollaba en Irún, por lo que se vio imposibilitado para realizar una defensa efectiva y proponer pruebas en su defensa, no habiéndosele dado tampoco posibilidad de designar abogado particular. Las decisiones de la Audiencia Provincial relativas a la denegación de la nulidad interesada por indefensión material del acusado durante la tramitación del procedimiento y a la inadmisión de su solicitud de que se le permitiese designar un letrado de confianza, ordenando la continuación del juicio con el letrado proveniente del turno de oficio, sin admitir la posibilidad de practicar prueba alguna adicional, quebrantaron el derecho de defensa del recurrente, al impedir que dispusiera de una defensa efectiva.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia 821/2016, de 02 de noviembre de 2016

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 733/2016

Ponente Excmo. Sr. CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON

En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil dieciséis.

En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional que ante Nos pende, interpuesto por Benjamín, contra sentencia de fecha 23 de febrero de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Primera, en causa seguida al mismo por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, y estando dicho recurrente representado por el Procurador D. Joaquín Pérez de Rada González de Castejón, y como recurrido Fermín, representado por la Procuradora D.ª Imelda Marco López de Zubiria.
I. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 4 de Irún instruyó Procedimiento Abreviado con el num. 623/2014, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Primera, que con fecha 23 de febrero de 2016, dictó sentencia que contiene los siguientes

HECHOS PROBADOS: "PRIMERO.- El acusado Benjamín, mayor de edad, en la fecha de los hechos trabajaba como camionero para la empresa Transportes Peñalver e Hijos SL, utilizando camiones propiedad de la misma en su actividad profesional.

El día 11 de mayo de 2013 el acusado realizando uno de los servicios de transportes de mercancías, conducía el vehículo tracto camión de la marca Volvo FH500, con placas de matrícula....-FVD, con num. de bastidor NUM000, propiedad de la empresa.

Sobre las 18.50 horas de ese día el acusado, cuando se encontraba en el aparcamiento del polígono Zaisa, situado en la localidad de Irún (Gipuzkoa), desenganchó el remolque de la cabeza tractora y abandonó el lugar sin atender a las indicaciones que le había efectuado su empleador Fermín, haciendo suya la cabeza tractora con la intención de obtener un beneficio patrimonial.

El tracto camión que no ha sido recuperado por su propietario se encuentra valorado en la cantidad de 74.000 euros.

SEGUNDO.- El acusado ha sido condenado ejecutoriamente por Sentencia firme, de fecha 22 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Penal num. 4 de Sevilla en el Procedimiento Abreviado num. 639/2009, a la pena de un año de prisión por la comisión de un delito de estafa".

SEGUNDO- La Audiencia de instancia, dictó la siguiente Parte Dispositiva:

FALLAMOS: "1.- Condenamos a D. Benjamín como autor de un delito de apropiación indebida, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y a la multa de nueve meses y un día con una cuota diaria de dos euros, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del CP para el caso de impago.

2.- Absolvemos a D. Benjamín del delito de daños del que era acusado.

3.- Condenamos a D. Benjamín al abono de la mitad de las costas causadas en este procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

4.- En concepto de responsabilidad civil, D. Benjamín deberá indemnizar a la empresa Transporte Peñalver e hijos S.L. en la cantidad de 74.000 euros, más los intereses legales del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes, previniéndoles que contra la misma podrán preparar recurso de casación en esta Sección para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a dicha notificación".

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se preparó contra la misma recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional por la representación de la recurrente, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- La representación de Benjamín formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Infracción del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, a no sufrir indefensión, a la defensa en su aspecto del derecho a la libre designación de abogado defensor, del art. 24 de la Constitución y doctrina de nuestro Tribunal Supremo. SEGUNDO: Infracción del derecho fundamental a proponer los medios de prueba pertinentes del art. 24 de la Constitución y doctrina del Tribunal Supremo. TERCERO: Infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.2 de la Constitución Española. CUARTO: Infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

QUINTO.- Instruidas las partes de sus respectivos recursos, quedaron los autos conclusos pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo cuando en turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento han tenido lugar la votación y fallo prevenidos el 25 de octubre pasado.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia impugnada, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa con fecha 23 de febrero de 2016, condena al recurrente como autor de un delito de apropiación indebida a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión y multa. Frente a ella se alza el presente recurso, fundado en cuatro motivos por vulneración de derechos constitucionales.

Los hechos declarados probados consisten, en síntesis, en que el acusado trabajaba como camionero para una empresa de transportes con domicilio en Salobreña (Granada), utilizando camiones propiedad de la misma en su actividad profesional. El 11 de mayo de 2013 el acusado, que tenía su domicilio en Motril (Granada), conducía un camión propiedad de la empresa, habiendo surgido determinados conflictos con su empleador. Cuando se encontraba en un aparcamiento de la localidad de Irún (Guipuzcoa), donde tenía que efectuar un cambio de remolque, desenganchó de la cabeza tractora el remolque que transportaba y abandonó el lugar así como el remolque, con dirección a Andalucía, sin atender a las indicaciones que le había efectuado su empleador, llevándose la cabeza tractora del camión que no ha sido recuperada por su propietario y está valorada en 74.000 euros.

El recurrente admitió que esa tarde se fue del polígono de Irún conduciendo la cabeza tractora, tras desenganchar el remolque, y se dirigió al sur, pero mantiene que lo hizo por discrepancias con su empleador que le llevaron a abandonar el trabajo y que se llevó el camión para poder volver a su domicilio, por lo que transcurridos dos días comunicó a su entonces jefe que había dejado estacionado el camión en un aparcamiento de Bailén (Jaén), utilizado habitualmente como base por la empresa de transportes para la que trabajaba

SEGUNDO.- El primer motivo de recurso, por vulneración constitucional al amparo del art 5 4.º LOPJ, alega infracción del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, a no sufrir indefensión y a la defensa, en su versión del derecho a la libre designación de abogado defensor. Argumenta el recurrente que no le fueron notificados el auto de transformación en procedimiento abreviado, ni los escritos de acusación y tampoco el auto de apertura del juicio oral, que no se le nombró abogado hasta que se acordó la transformación del procedimiento, y que la abogada de oficio designada no se comunicó con el propio recurrente hasta pocos minutos antes del juicio porque el recurrente se encontraba en prisión en Cadiz y el juicio se desarrollaba en Irún, por lo que se vió imposibilitado para realizar una defensa efectiva y proponer pruebas en su defensa, no habiéndosele dado tampoco posibilidad de designar abogado particular.

En el segundo motivo, específicamente por vulneración del derecho fundamental a proponer las pruebas pertinentes para la defensa, garantizado en el art 24 CE, se alega que la incomunicación entre el acusado y su defensa impidió que pudiera proponer prueba alguna para acreditar que el acusado había devuelto el camión en menos de 48 horas al depositarlo en un aparcamiento vigilado y utilizado habitualmente por la empresa, señalando expresamente que existían pruebas de singular relevancia para ello como la concurrencia de testigos que podían acreditar que el acusado dejó el camión en la base que la empresa tenía en Bailén, así como que el camión disponía de un GPS como todos los vehículos dedicados al transporte internacional que permitía localizarlo, que la base de Bailén se encuentra vigilada por cámaras durante las 24 horas del día por lo que podía acreditarse a través de ellas y del personal de seguridad que el acusado dejó en ella el camión, así como otras pruebas destinadas a acreditar que supuestamente la denuncia encierra un fraude del empleador, pruebas que el recurrente detalló minuciosamente en el juicio oral, incluso concretando los datos de identificación de los testigos, pero que no fueron aceptadas por no haberse propuesto con anterioridad, lo que no fue posible por la indefensión del recurrente.

En el tercer motivo se alega vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva por falta de motivación en relación con la desestimación de las cuestiones relativas a la indefensión del acusado, que fueron planteadas como cuestión previa en el juicio y solo fueron respondidas verbalmente, sin que en la sentencia conste razonamiento alguno que justifique la desestimación de lo que se considera como una cuestión relevante generadora de indefensión material al acusado, hoy recurrente.

Y, en el cuarto motivo, se alega vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, al estimar la parte recurrente que la Sala llega a la conclusión de que el acusado se llevó el camión con intención de apropiárselo en función exclusivamente de las declaraciones del denunciante, argumentando que correspondía al acusado acreditar que había dejado el camión en la base de Guarromán (Bailén), pero sin embargo no ha permitido al recurrente aportar las pruebas que la propia Sala razona que debería haber aportado, dada la indefensión en que se ha encontrado al no disponer de una defensa efectiva.

Dado que los cuatro motivos se refieren, en realidad, a la misma cuestión, la indefensión del acusado por carecer de una defensa letrada efectiva, procederemos a analizarlos y resolverlos conjuntamente, como también hace el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- Derecho de defensa.- La cuestión formulada impone destacar y reiterar el reconocimiento de la especial relevancia que tiene el sagrado derecho de defensa en el proceso penal, siguiendo lo ya expresado por esta Sala en las sentencias 79/2012, de 9 de febrero y 263/2013, de 3 de abril.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en la Sentencia de 14 de septiembre de 2010 (Gran Sala), (Caso Azko y Akcros/Comisión), que "... el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión...". La máxima aplicada con carácter general al derecho sancionador es aplicable al proceso penal, con mayor razón, dado la naturaleza de las sanciones imponibles.

El proceso penal del Estado de Derecho se estructura sobre la base del principio acusatorio y de la presunción de inocencia. Para que su desarrollo respete las exigencias de un proceso justo, o en términos del artículo 24.2 de la Constitución, de un proceso con todas las garantías, es necesario que el imputado conozca la acusación y pueda defenderse adecuadamente de la misma. De esta forma, el derecho de defensa, como derecho reconocido a cualquier imputado, resulta esencial, nuclear, en la configuración del proceso.

En este marco, los principios de contradicción e igualdad de armas y de prohibición de la indefensión, actúan, a través del derecho de defensa, como legitimadores de la jurisdicción, de manera que ésta solo puede operar en ejercicio del poder judicial dadas determinadas condiciones de garantía de los derechos de las partes, y especialmente del imputado.

CUARTO.- Derecho a la defensa letrada.- El derecho de defensa, desarrollado sustancialmente a través de la asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la CE, y del imputado, con el mismo carácter aunque no exactamente con el mismo contenido, en el artículo 24. Su especial relevancia se destaca porque no se encuentra entre los que el artículo 55 de la CE considera susceptibles de suspensión en casos de estado de excepción o de sitio.

En el artículo 24 aparece junto a otros derechos que, aunque distintos e independientes entre sí, constituyen una batería de garantías orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un proceso con garantías, a un proceso equitativo, en términos del CEDH; en definitiva, a un proceso justo. De forma que la pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de Derecho.

QUINTO.- Instrucción de la FGE. - Por su parte, la Instrucción 8/2004 de la Fiscalía General del Estado, recuerda que la Constitución española reconoce el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia de letrado sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (Art. 24.2 ).

Recuerda también que el Art. 6.3 c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 dispone que todo acusado tiene, como mínimo, el derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan.

Y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 27 abril 1977, dispone en su Art. 14.3 b ) que toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a comunicarse con un defensor de su elección y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

Añadiendo la citada Instrucción que " El derecho de defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagrado de todos los derechos en la justicia penal" ( SSTS 2320/1993 y 851/1993 ).

SEXTO.- Libre elección de Letrado.- Directamente relacionados con la defensa y la asistencia letrada, aparecen otros aspectos instrumentales pero esenciales para su efectividad. En primer lugar, la confianza en el letrado de libre elección.

El TC ha señalado (entre otras en STC 1560/2003 ) que " la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas de su Letrado ocupa un lugar destacado en el ejercicio del derecho de asistencia letrada cuando se trata de la defensa de un acusado en un proceso penal".

Pero también ha señalado que este derecho no es absoluto, dado que la necesidad de contar con la confianza del acusado no permite al Letrado disponer a su antojo el desarrollo del proceso (STC 16291999. de 27 de septiembre), ni elegir, sin restricción alguna, cuándo se retira o se mantiene la misma, pues el Tribunal Constitucional ha expresado reiteradamente, desde la STC 47/1987, " que el ejercicio del derecho de asistencia letrada entra en ocasiones en tensión o conflicto con los intereses protegidos por el derecho fundamental que el Art. 24.2 C. reconoce en relación con el proceso sin dilaciones indebidas. De esta forma, es posible imponer limitaciones en el ejercicio de la posibilidad de designar Letrado de libre elección en protección de otros intereses constitucionalmente relevantes, siempre y cuando dichas limitaciones no produzcan una real y efectiva vulneración del derecho de asistencia letrada, de manera que queden a salvo los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho" ( SSTC 11/1981, 37/1987 y 196/1987 ).

SÉPTIMO.- Indefensión material.- La doctrina constitucional ( SSTC. 25/2011, de 14 de marzo y 62/2009 de 9 de marzo, entre otras muchas) recuerda que la indefensión constituye una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales.

Es decir que " para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado" ( STC 185/2003, de 27 de octubre; y STC 164/2005 de 20 de junio).

OCTAVO.- Por su parte la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea enumera los derechos básicos que la Unión ha de respetar, así como los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, y constituye un instrumento jurídicamente vinculante, elaborado para reconocer formalmente y dar visibilidad al papel que desempeñan los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Unión. En su artículo 48 2.º " garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa".

El artículo 3 1 de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, establece expresamente que "Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva ".

Esta referencia a la efectividad del derecho de defensa pone de relieve que los órganos jurisdiccionales no solo deben velar por el cumplimiento formal de una serie de reglas procedimentales, sino que están obligados a garantizar la efectividad práctica del derecho. Como ha señalado el TEDH no basta con que exista un reconocimiento formal del derecho de defensa, sino que debe velarse porque el mismo constituya una garantía real y efectiva (casos Artico y Pakelli).

Es claro que la efectividad del derecho de defensa requiere, al menos y entre otras garantías que ahora no son relevantes, una posibilidad de comunicación entre el acusado y su letrado, que permita a aquel conocer el contenido de la acusación que se formula contra a él y de las pruebas presentadas en su contra, y poder proporcionar a su abogado los instrumentos necesarios para que éste pueda articular su defensa, incluido el conocimiento de las pruebas que puede proponer a estos efectos.

NOVENO.- Aplicando esta doctrina al caso actual debe ya anticiparse que procede la estimación del recurso, pues valorando el conjunto de circunstancias concurrentes ha de concluirse que el acusado no dispuso de una defensa efectiva, como consecuencia de la combinación y acumulación de las tres razones alegadas para ello por la parte recurrente.

Denuncia la parte recurrente infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, con indefensión, en primer lugar por haber encomendado el Tribunal la defensa del recurrente a una Abogada de oficio del lugar donde se desarrollaba el proceso (Irún), sin haberle dado posibilidad de designar abogado de su elección al no haberse notificado al recurrente el auto de apertura del juicio oral, ni habérsele requerido, por tanto, para la designación de abogado, ignorando el propio imputado, que residía en Andalucía, que se le seguía este proceso, que se le había designado abogado y quien ejercía su defensa, hasta llegar al momento del juicio.

Denuncia además, en segundo lugar, que la abogada de oficio designada en Irún no se comunicó con el recurrente hasta momentos antes del juicio porque el acusado se encontraba ingresado en la prisión de Cadiz y el juicio se desarrollaba en Guipuzcoa, y que no le fueron notificados personalmente ni el auto de transformación en procedimiento abreviado, ni los escritos de acusación ni el auto de apertura del juicio oral, por lo que la totalidad del proceso se desarrolló a sus espaldas.

Y denuncia, en tercer lugar, que como consecuencia de esta incomunicación y de la decisión del Tribunal de negar la suspensión del juicio cuando renunció en este acto a la abogada de oficio, y de desestimar la cuestión previa de nulidad planteada, se encontró sin defensa efectiva y en una manifiesta situación de indefensión por no haber podido aportar prueba alguna de que había devuelto el camión dejándolo aparcado en la base que la empresa tenía en Bailén.

DÉCIMO.- Comenzando por la primera alegación, muy relacionada con las otras dos por lo que conviene analizarlas conjuntamente, debemos recordar que la doctrina de esta Sala (STS 774//2016, de 16 de octubre, entre las mas recientes) conecta la cuestión de la inadmisión de la renuncia al abogado de oficio con la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una "defensa efectiva", concepto que constituye el canon de valoración relevante para determinar si se ha producido, o no, vulneración del derecho constitucional de defensa.

Señala esta doctrina que la capacidad de todo imputado de designar a un Abogado de su confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa ( STS 816/2008, de 2 de diciembre ). En el mismo sentido, las SSTS 1989/2000, 3 de mayo, 1732/2000, 10 de noviembre y 327/2005, 14 de marzo, señalan que la facultad de libre designación implica a su vez la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses, si bien tal derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ.

Tal modulación, en aras de asegurar otros intereses de la justicia, es igualmente explicitada por el TEDH, que si bien reconoce a todo acusado, de conformidad con el art. 6.3.c) del CEDH, el derecho a la asistencia de un defensor de su elección (asunto Pakelli c. Alemania, de 25 de abril de 1983) y pese a la importancia de las relaciones entre abogado y cliente, precisa que tal derecho no es absoluto y está forzosamente sujeto a ciertas limitaciones, pues corresponde a los Tribunales decidir si los intereses de la justicia exigen dotar al acusado de un defensor de oficio (asunto Croissant c. Alemania de 25 de septiembre de 1992, § 29); criterio que reitera en Meftah y otros c. Francia [GC], § 45, de 26 de julio de 2002; Mayzit c. Rusia, § 66, de 20 de enero de 2005; Klimentïev c. Rusia, § 116, de 16 noviembre de 2006; Vitan c. Rumania, § 59, de 25 marzo de 2008; Pavlenko c. Rusia, § 98, de 1 de abril de 2010; Zagorodniy c. Ucrania, § 52, de 24 de noviembre de 2011; y Martin c. Estonia, § 90, de 30 de mayo de 2013).

Y asimismo, precisa el TEDEH que al contrario del supuesto de la denegación del acceso al letrado, un criterio menos exigente se aplica cuando se alega el problema menos grave del rechazo de la elección de letrado (asunto Dvosrki c. Croacia, de 20 de octubre de 2015).

Asimismo en Kamasinski c. Austria, de 19 de diciembre de 1989, el TEDH, entiende que no supone quebranto del art. 6 CEDH, la denegación del cambio del abogado designado de oficio, si desarrollaba su labor de asistencia; si su defensa, con independencia del criterio con que la llevase, no suponía dejar sin ayuda letrada; en definitiva, si resultaba efectiva, criterio que corresponde determinar al Tribunal, y explicitar en sentencia la concurrencia de esa efectividad.

Los supuestos en que el cambio del abogado designado puede ser denegado por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable, bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el Tribunal, bien porque las carencias manifestadas por el propio acusado aparecen como irrelevantes o injustificadas (cifr. STDH Janyr c. República Checa, § 68, de 31 de octubre de 2013; Czekalla c. Portugal, § 66, de 10 de enero de 2003; o Pavlenko c. Rusia, § 99, 1 de abril de 2010).

DECIMOPRIMERO.- En consecuencia debemos reiterar como resumen de la doctrina del TEDH, TC y TS que:

1.º.- El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses.

2.º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ.

3.º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en un criterio general rutinario para denegar la solicitud de cambio de letrado, pues constituye un límite en el ejercicio de un derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser respetado.

4.º.- Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable: a) bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el Tribunal, b) bien porque las carencias o desacuerdos alegados por el propio acusado respecto de la defensa realizada por su abogado aparecen como irrelevantes o manifiestamente injustificadas, c) bien porque se ponga de manifiesto una estrategia dilatoria al demorar injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio o d) bien porque se aprecie una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa.

5.º.- En todo caso al Tribunal le corresponde explicitar en sentencia la motivación de esa denegación, si se ha realizado en el juicio oral.

6.º.- En definitiva, el canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una "defensa efectiva".

DECIMOSEGUNDO.- En el caso actual, y valorando todas las circunstancias concurrentes, podemos apreciar fácilmente que las decisiones de la Audiencia Provincial relativas a la denegación de la nulidad interesada por indefensión material del acusado durante la tramitación del procedimiento y a la inadmisión de su solicitud de que se le permitiese designar un letrado de confianza, apoyada por su abogado de oficio, ordenando la continuación del juicio con el letrado proveniente del turno de oficio, sin admitir la posibilidad de practicar prueba alguna adicional, quebrantaron el derecho constitucional de defensa del recurrente, al impedir que dispusiera de una defensa efectiva.

En efecto, en primer lugar esta denegación aparece inmotivada. La sentencia no contiene argumentación alguna para justificar esta doble denegación, de nulidad y de cambio de letrado, ni incorpora justificación alguna acerca las razones que pudieron llevar al Tribunal a estimar que las solicitudes de la defensa incurrían en abuso de derecho, o que la defensa del acusado, pese a las manifiestas deficiencias puestas de manifiesto en el juicio, podía ser calificada de efectiva. Tampoco se ha dictado auto alguno para resolver esta vulneración constitucional del derecho de defensa, denunciada en el juicio como cuestión previa, auto que podría subsanar la deficiencia motivadora de la sentencia.

En segundo lugar, si se analizan los supuestos en que el cambio del abogado designado puede ser desatendido por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho cabe fácilmente apreciar que no concurren en el caso actual. Las peticiones del acusado no fueron inmotivadas ni motivadas de forma irrazonable. La defensa de oficio reconoció en el juicio oral que su incomunicación con el acusado hasta pocos minutos antes de la celebración del propio juicio había determinado que no pudiese proponer unas pruebas que razonablemente se presentan como relevantes en atención a las circunstancias del caso. El propio acusado pone de manifiesto que la totalidad del procedimiento se practicó a sus espaldas, ni se le notificó el nombramiento de su abogado, ignorando quien era y como ponerse en contacto con él, ni el auto de transformación del procedimiento, ni los escritos de acusación y las pruebas propuestas por la acusación pública y privada, ni el auto de apertura del juicio oral, ni siquiera conoció el escrito de calificación formulado por su defensa, por lo que sus alegaciones de indefensión no pueden ser calificadas de irrelevantes o manifiestamente injustificadas. Tampoco se ha puesto de manifiesto una estrategia dilatoria por demorar injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio, pues consta que el acusado no la pudo formular antes dado que estaba en prisión, a mas de mil kilómetros de distancia de donde se tramitaba el procedimiento contra él y no se le notificó resolución alguna hasta el momento del juicio. Y tampoco se aprecia una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa, pues si bien es cierto que el acusado no extremó su diligencia tras prestar declaración como imputado en las diligencias previas, también lo es que al no haber recibido ninguna otra noticia del procedimiento pudo estimar razonablemente que se había archivado, sin que se le pueda exigir como carga la indagación personal del estado de un procedimiento penal en el que la Constitución le reconoce un derecho efectivo de defensa letrada.

DECIMOTERCERO.- Es cierto que al Tribunal tampoco le compete subsanar las deficiencias técnicas de la defensa, y que el artículo 768 de la Lecrim establece que en el procedimiento abreviado el abogado designado por la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención del procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral, por lo que puede recibir notificaciones para su defendido. Pero no se trata aquí de señalar ningún defecto formal de tramitación imputable al Instructor o al Tribunal sentenciador, sino de apreciar que, atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes, lo cierto es que resulta manifiesto que el acusado no dispuso de una defensa efectiva, y el Tribunal de Instancia no subsanó dicha circunstancia al serle puesta de relieve en el acto del juicio oral, por lo que deben estimarse los motivos de casación interpuestos que, con fundamentos diversos pero acumulativos, denuncian la vulneración del derecho fundamental de defensa.

Cabría también valorar que, según conocida doctrina constitucional " para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado", y en el caso enjuiciado el propio acusado ha reconocido que se llevó el camión sin autorización de su propietario. Pero lo cierto es que la posición del acusado es que dejó aparcado el camión antes de 48 horas en un lugar de fácil localización para el propietario, lo que podría constituir una devolución indirecta a los efectos de lo prevenido en el art 244 CP (hurto de uso de vehículos), sancionado con una pena inferior a los tres años y seis meses de prisión a los que ha sido condenado por delito de apropiación indebida, que requiere un ánimo de apropiación definitiva. Es decir que no puede descartarse que una defensa efectiva del acusado pudiera haber conducido a una condena por una calificación delictiva mas favorable al acusado.

No se trata de entrar, en absoluto, en valorar la credibilidad de esta versión exculpatoria, desestimada razonadamente por el Tribunal sentenciador. Simplemente se trata de constatar que el ejercicio efectivo del derecho constitucional de defensa debe permitir al acusado comunicarse con su Letrado para informarle de la existencia de pruebas favorables a su versión de los hechos, con el fin de que éste pueda proponerlas y el Tribunal atender al resultado de su práctica. Si esta comunicación no se produjo en momento alguno a lo largo del proceso, es claro que se ha producido un supuesto de indefensión material, pues la propia Sala sentenciadora descarta la versión del acusado argumentando, entre otras razones, que " habría de ser el acusado quien acreditara que dos días después estacionó la cabeza tractora en el referido lugar, sin que la simple manifestación exculpatoria, no refrendada de ningún modo, pueda surtir efecto".

Desconocemos el resultado de las pruebas que el acusado alega disponer para acreditar que acudió acompañado a devolver el vehículo a un aparcamiento utilizado como base por la compañía propietaria del vehículo y que puede aportar testigos de ello, así como otras pruebas relativas a este hecho. Pero es lo cierto que no las pudo proponer, y no llegaron a practicarse en momento alguno, ante la falta de conocimiento por su parte del estado del procedimiento y ausencia de comunicación con su abogado, pese a encontrarse localizado en prisión por otras causas, por lo que ha de apreciarse que se ha producido un menoscabo real y efectivo de su derecho de defensa, que implica indefensión material.

DECIMOCUARTO.- Procede, por todo ello, la estimación del recurso, decretando la nulidad de lo actuado desde que se produjo inicialmente el menoscabo efectivo de su derecho de defensa, es decir desde la ausencia de notificación personal del auto de transformación del procedimiento, pues es en ese momento cuando se puede subsanar la indefensión material padecida, en todas sus vertientes, requiriéndole para el eventual nombramiento de letrado de confianza, e informándole, en su caso, del nombramiento de abogado de oficio para poder comunicar con el mismo.

No se trata de fundar la indefensión material en esta ausencia de notificación personal, pues es conocido de esta Sala que la norma procesal concede representación al abogado para recibir las comunicaciones ( art 768 Lecrim ). Pero si de apreciar que esta norma no puede amparar supuestos excepcionales como el presente de ausencia de defensa efectiva por la concurrencia acumulada de una serie de circunstancias, ya reseñadas, que en caso de producirse y ser denunciadas ante el Tribunal de enjuiciamiento, no pueden ser ignoradas.

Por lo que la infracción cometida en el acto del juicio, al desatender inmotivadamente la alegación de nulidad fundada en indefensión, debe retrotraerse el momento procesal en el que pueda ser subsanada eficazmente la vulneración constitucional apreciada. Ya que carecería de sentido retrotraer el procedimiento al momento del juicio oral, para que por la Audiencia se tuviese que acordar, en todo caso, la retroacción a un momento anterior en el que se pudiera subsanar eficazmente la vulneración constitucional producida.

DECIMOQUINTO.- La estimación del recurso debe determinar la declaración de oficio de las costas del mismo.
III. FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución, esta Sala ha decidido

Declarar HABER LUGAR al recurso de casación por infracción constitucional interpuesto por Benjamín contra sentencia de fecha 23 de febrero de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de San Sebastián, Sección Primera, en causa seguida al mismo por delito de apropiación indebida, anulando dicha resolución y retrotrayendo las actuaciones al auto de transformación del procedimiento, que deberá notificarse personalmente al investigado requiriéndole para el eventual nombramiento de letrado de confianza, e informándole, en su caso, del nombramiento de abogado de oficio para poder comunicar con el mismo, siguiendo a continuación el procedimiento, debiendo señalarse y celebrarse el juicio en su momento con una composición personal diferente de la Sala de instancia. Se declaran de oficio las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Candido Conde-Pumpido Touron, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.

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El TS aprecia vulneración del derecho de defensa de un acusado que fue condenado sin que se le permitiese nombrar a un abogado de su confianza

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Entiende la Sala que el acusado se vio privado de una defensa efectiva en el juicio, toda vez que, como éste argumenta, no le fueron notificados el auto de transformación en procedimiento abreviado, ni los escritos de acusación y tampoco el auto de apertura del juicio oral, no se le

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11. Derecho a la presunción de inocencia

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11. Derecho a la presunción de inocencia

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En 2009, Diego Pastrana, un joven de 24 años, fue detenido por supuestamente haber abusado sexualmente y maltratado a la hija de su novia, la cual murió antes de la detención del mismo, ante esta noticia Diego fue socialmente acribillado. No obstante, fue puesto en libertad días después sin cargos, tras desmentir el primer informe médico, en el cual se detectaban golpes, quemaduras y rastros de abusos sexuales, gracias a la autopsia de la pequeña que demostró que su muerte fue causada por las heridas que sufrió tras caer de un columpio días atrás y la mala atención médica que recibió tras el accidente.

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Diego Pastrana trata de pensar que lo sucedido en la última semana forma parte de un mal sueño. El joven de 24 años que fue detenido en Tenerife acusado de abusar sexualmente y maltratar hasta la muerte a la hija de su pareja, cuando en realidad la pequeña de tres años murió por las heridas que sufrió tras caer de un columpio días atrás y la mala atención médica que recibió tras el accidente, ha vuelto a su casa en Costa del Silencio donde con la medicación y la ayuda de un psiquiatra trata de superar los duros momentos que ha vivido.
"Me han tratado peor que a un perro y un terrorista en los medios de comunicación y en todos lados", dijo ayer en declaraciones a Canarias Radio La Autonómica. Paro anunció que "vamos a por todas, primero los médicos, luego la prensa... todos lo van a pagar". Detalló que lo que más le ha dolido es oír frases como "asesino, te vamos a matar", así como que le llegaran a enseñar una foto de la niña muerta. "Ha sido lo peor, lo peor, lo peor, para mí lo peor que me ha pasado en mi vida".
Diego está acompañado en todo momento de su hermano Juan Miguel y su cuñada, Natalia, que también residen en el sur de Tenerife. De hecho, fue por ellos que Diego y su novia Belén (madre de la niña fallecida) eligieron hace un mes Tenerife como lugar para iniciar su nueva vida fuera de Madrid y lejos del padre de la pequeña Aitana, con el que la madre tenía problemas por la custodia.
La joven pareja vivía con la pequeña en un apartamento de alquiler en Costa del Silencio, un pequeño barrio de Arona. El hermano de Diego vive cerca con su familia, en Las Galletas, el pequeño barrio de pescadores de Arona en el que se aglutinan todos los servicios de la zona, como el colegio al que acudía Aitana.
En el corto plazo, Diego piensa viajar a Parla en los próximos días, cuando se encuentre mejor y ver a Belén, la madre de la pequeña, con la que no habla desde que sucedió todo. Sabe que va a necesitar mucho tiempo para olvidar lo que ha vivido y recuperar su vida. Aunque es consciente de que ya nada será igual sin la pequeña Aitana. Él, que está en el paro, se encargaba de cuidarla mientras su madre, Belén, trabajaba en una tienda de ropa en Santa Cruz de Tenerife. Diego se encargaba de llevarla al colegio, de recogerla la mayoría de las veces, de llevarla al parque y jugar con ella.
Ahora que Aitana no está, Diego no sabe si regresará a vivir a Madrid o se quedará en Tenerife. Tampoco sabe qué hará Belén cuando ya no tiene motivos para quedarse en la isla. Y es que la pareja decidió irse a Tenerife a raíz de los problemas que la madre tenía con el padre natural de Aitana por la custodia de la niña, según relató el hermano de Diego a la Guardia Civil.
Al parecer, la pareja se separó hace poco más de un año tras una década de relación sin haberse puesto de acuerdo en la custodia. De hecho, se habían denunciado mutuamente por problemas con los días de visita, según relató a la Benemérita su padre. Este desconocía en el momento de la muerte de la pequeña el paradero de su hija. Según indicó a la Guardia Civil, desde hacía mes y medio no sabía nada ni de su hija ni de su madre, ya que tras ir al colegio de Aitana le dijeron que había sido trasladada a otro centro.

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Diego Pastrana trata de pensar que lo sucedido en la última semana forma parte de un mal sueño.

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En Kenia, las autoridades violaron el derecho internacional de los refugiados cuando cerraron la frontera a miles de personas que huían de conflictos armados en Somalia. Los solicitantes de asilo fueron detenidos ilegalmente en la frontera de Kenia, sin cargos ni juicio y obligados a regresar a Somalia.

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``España rechaza dos de cada tres peticiones de asilo mientras las solicitudes se duplican´´
-CEAR denuncia el ``colapso´´ en el sistema, con casi 39.000 solicitudes aún pendientes de resolver. La mayoría, más de 10.000, proceden de ciudadanos venezolanos. En 2017, 31.120 peticiones de asilo fueron contabilizadas y sólo 13.350 fueron resueltas, rechazando a más de la mitad pero esto sólo supone un 4% del total que recibió la Unión Europea y está muy lejos de Alemania, quien recibió 222,560, Italia con 128.850 y Francia con 98.635 .

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Son los derechos de las personas y empresas a obtener,poseer,controlar....etc. El concepto de  propiedad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia.

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Sudán- la inteligencia nacional y fuerzas de seguridad arrestaron y torturaron a decenas de defensores de derechos humanos
Rusia- reprimió la disidencia política, presionó y cerró los medios de comunicación independientes y acosó organizaciones no gubernamentales. Desde el año 2000 no se ha resolvido los asesinatos de 17 periodistas(hubo asesinatos porque hubo grandes manifestaciones)
Irak- asesinaron a 38 empleados iraquíes de las redes de medios de comunicación en 2008 y 235 desde la invasión de marzo de 2003(es uno de los países más peligrosos para los periodistas)

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En el confinamiento del covid-19

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A la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto, la sala de lo contencioso del Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por un particular.
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente la orden ministerial que reguló los desplazamientos de los menores durante el estado de alarma al considerar que el derecho a la vida y a la integridad física prevalecen frente a la libertad de reunión o circulación.

A la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Sala de lo Contencioso ha rechazado la medida cautelar solicitada por un particular, en la que, además de la suspensión de la orden ministerial de Sanidad, pedía que se le reconociese su derecho a circular con su hija menor, a reunirse con sus amigos y a ir a su segunda residencia en la localidad de Alp (Girona), dejando sin efecto la limitación de edad de 14 años.

"En caso de que accediéramos a la pretensión que se formula, existirían riesgos de contagio", dice el Supremo en su auto, que "irrogarían daños que podrían afectar en forma indudable a la integridad física del recurrente, a su propia vida, a la de su hija o a la de terceros".

No discute la Sala que "existe interés público" en que la menor "pueda circular libremente" y, en caso de que la futura sentencia sea estimatoria, "ese interés no quedaría totalmente satisfecho".

Sin embargo, deben ponderar otros derechos fundamentales, como el de la integridad física y el derecho a la vida, que considera "prevalentes y superiores a la libertad de circulación o de reunión que se invoca".

Por ello, la Sala sigue el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y acuerda denegar por el momento la petición del recurrente a la espera de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la orden ministerial recurrida, "en un plazo razonable".

A principios de mayo, el Alto Tribunal inadmitió su recurso contra el decreto que declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas por ser competencia del Tribunal Constitucional, pero accedió a tramitar el que interpuso contra la orden de Sanidad.

El recurrente, que considera que no se pueden regular derechos fundamentales a través de órdenes ministeriales, recurrió dicha inadmisión y además pidió ampliar su recurso a una segunda orden ministerial, la que flexibilizaba algunas restricciones en aplicación de la fase 1 del plan de desescalada, explican fuentes jurídicas.

El Supremo ha dado cinco días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre la ampliación del recurso, explica Efe.

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El derecho a la vida prevalece frente a la libertad de circulación

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A la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto, la sala de lo contencioso del Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por un particular. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente la orden ministerial que reguló los desplazamientos de los menores durante el estado de alarma al considerar que el derecho a la vida y a la integridad física prevalecen frente a la libertad de reunión o circulación.

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Toda persona tiene derecho a  participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

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Este mes la Cámara de Diputados votó positivamente, y en unanimidad, la solicitud que le realizarán al gobierno de Michelle Bachelet para que incorpore la abdominoplastía al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE), para el tratamiento de obesidad mórbida y post embarazo.

En una primera lectura, es para aplaudir la iniciativa, pues debemos reconocer que nos hemos transformado en un país de obesos. Pero si analizamos cómo están funcionando las cosas en materia de salud, esta buena noticia podría transformarse en una más de cientos de iniciativas que son reales en el papel, pero humo en la práctica.

Le cuento. En 2016, para una consulta nueva de especialidad existió una espera de 1.552.205 pacientes; sí, más de un millón y medio de chilenos, cuyo promedio de días de espera fue de 444, es decir, más de un año. Sin embargo, los rangos más altos superaron los 666 días, o sea, un poco menos de dos años. ¿Se imagina usted esperando ese tiempo para ser operado del corazón? Bueno, con estas esperas no es de extrañar que murieran casi 25 mil personas el año pasado a la espera de ingresar a un hospital.

Tanto fue el desastre, que se tuvo que instalar un hospital modular del Ejército en Recoleta, para operar principalmente vesículas, hernias y cataratas. Esto logró disminuir en más de 100 días la espera para una consulta de especialista a nivel nacional y en dos meses la de una cirugía. Con esta realidad de país tercermundista, ¿usted cree que una gordita logrará su cometido? Imagino que no, y espero además, que no sea de las más de 11 mil personas en lista de espera AUGE que han muerto desde 2005.

Más que seguir incluyendo nuevas patologías, que claramente suenan rimbombantes para los noticieros de la noche y matinales, vamos al fondo: que se cumpla la ley y la Constitución, porque no está de más recordarle a la autoridad que en el artículo 1° de nuestra carta magna dice "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". ¿Está teniendo la señora Juanita igualdad de derechos cuando tiene que esperar hasta casi dos años por una consulta con un especialista, para que le examine una rodilla que no la deja caminar? Impresentable.

Pero peor aún, en plena democracia se están violando los derechos humanos de miles de compatriotas que debieran estar resguardados en el artículo 19 de la Constitución: "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas".

Y claro, el nuevo presupuesto 2018 formulado por el gobierno incluye, entre otros, hasta 259 autos nuevos, aumento en los viáticos, contratación de 13.374 nuevos funcionarios públicos, etc... Si yo leyera esto haciendo la cola en el hospital, lo mínimo que pensaría es que este gobierno izquierdista me engañó.
Rosario Moreno C., periodista y licenciada en Historia UC
FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO

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Este mes la Cámara de Diputados votó positivamente, y en unanimidad, la solicitud que le realizarán al gobierno de Michelle Bachelet para que incorpore la abdominoplastía al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE), para el tratamiento de obesidad mórbida y post embarazo.

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Millones de personas desarrollan su trabajo en condiciones forzosas, bajo amenaza o coacción, incluso en los países más ricos (según la OIT). Los cálculos de esta organización establecen que personas que se hallan bajo la tiranía, como Myanmar o Corea del Norte, o grupos militares, como en el caso de conflictos africanos, son víctimas de trabajos forzosos.

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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas alumbró un texto destinado a convertirse en un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Llegó bajo los peores auspicios, con un mundo desangrado por la II Guerra Mundial y muchas zonas sometidas al yugo de la colonización. Una mujer, Eleanor Roosevelt, estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos encargada de proclamar los 30 artículos de la Declaración Universal. Han pasado 60 años y cada día observamos que sus postulados frecuentan más el limbo de la teoría que la crudeza de la práctica. Éste es un viaje alrededor del planeta, ilustrado con espectaculares fotografías, en busca del rostro de los principios inspiradores de la comunidad internacional.
1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
En los países en desarrollo nacen cada año más de 20 millones de niños con insuficiencia de peso. Alrededor de 923 millones de personas se encuentran en situación de subalimentación en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Doscientos millones de familias malviven con el presupuesto de un dólar diario; 100 millones de personas lo hacen con 50 céntimos al día y morirán si no se actúa con urgencia. Más de mil millones de personas del Tercer Mundo ni siquiera tienen acceso a agua potable. De los más de 30 países que se enfrentan a graves carencias alimenticias, al menos 24 son africanos. En la imagen, dos chicos de la tribu Xhosa en Suráfrica, con sus cuerpos decorados para el rito de pasaje que les convertirá en hombres, tras ser circuncidados y permanecer un tiempo aislados sin comida ni bebida. Todavía mueren algunos durante el trámite.
2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. (...)
Asha Ibrahim tenía 14 años cuando murió lapidada en Somalia en octubre de este año; había sido condenada por mantener relaciones sexuales sin estar casada tras ser violada por tres hombres. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o maltratada a lo largo de su vida, según Amnistía Internacional. En la imagen, mujeres relajándose en Teherán (Irán).
3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El año pasado fueron asesinadas legalmente al menos 1.252 personas en 24 países, y otras 3.347 fueron condenadas a muerte. Amnistía Internacional estima que entre 18.000 y 27.000 personas siguen condenadas a la pena capital en todo el mundo; por el contrario, al menos 128 países han abolido este castigo en su legislación o en la práctica. En los últimos 18 años, 40 personas han sido ejecutadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. En la imagen, niños en un centro de acogida para menores en Kinshasa (República Democrática del Congo).
4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. (...)
Dos siglos después del comienzo de la abolición de la esclavitud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera tiranizadas a 12,3 millones de personas (si bien otras organizaciones que trabajan de manera directa con esta realidad elevan la cifra a 27 millones). En sus estimaciones sobre el tráfico humano, el Departamento de Estado de Estados Unidos estima que entre 600.000 y 800.000 personas están sometidas al tráfico a través de las fronteras internacionales anualmente; el 80% son mujeres y niñas, y el 50%, menores. Free the Slaves calcula que de esta explotación se obtienen beneficios en torno a 32.000 millones de dólares cada año. En la imagen, la joven Sa Keena en un centro de acogida para mujeres explotadas en Pakistán.
5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Durante el año pasado, Amnistía Internacional documentó casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en más de 81 países. En el mismo periodo, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) prestó asistencia a 111 víctimas de torturas, estimando 812 casos en 25 países. Al menos en 45 países permanecen encarcelados presos y presas de conciencia. Entre los abusos más escandalosos y denigrantes cometidos por los soldados estadounidenses en Irak han trascendido las vejaciones a las que sometieron a los presos de la cárcel de Abu Ghraib, desveladas por el periodista Seymour M. Hersh. En la imagen, casi un centenar de reclusos hacinados en una celda de apenas 25 metros cuadrados en una prisión brasileña donde las temperaturas alcanzan los 50º en verano.
6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Éste es el ambiente donde se desarrolla el interrogatorio a un traficante de heroína, atado de pies y manos, en una prisión policial de Myanmar (antigua Birmania). El mismo país cuya Junta Militar se encargó de aplastar brutalmente las manifestaciones encabezadas el año pasado por estudiantes y monjes budistas para protestar por la subida de combustibles, que acabó bautizada como revolución azafrán. Como símbolo de la resistencia a la represión militar birmana ha permanecido encarcelada, 13 de los últimos 19 años, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, la más célebre de los más de 2.000 presos políticos del país y cofundadora de la Liga Nacional para la Democracia, el principal partido de la oposición. En la actualidad, se encuentra en condición de arresto domiciliario.
7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. (...)
Al menos 23 países desarrollan leyes que discriminan a las mujeres, según estimaciones de Amnistía Internacional; otros 15 mantienen vigente una legislación discriminatoria para los migrantes y 14 legislan contra las minorías. La homosexualidad todavía se persigue en 70 países del mundo y en algunos se castiga con la muerte. Más de 30 albinos como el niño que aparece en la imagen, tomada en un colegio para ciegos y discapacitados de Bangalore (India), han sido asesinados en lo que va de año en Tanzania. El albinismo es considerado como una maldición en muchas partes de África.
. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo
ante los tribunales nacionales competentes. (...)

El Consejo General del Poder Judicial ha cifrado este año 269.450 sentencias penales pendientes de ser aplicadas en España, según un informe elaborado por su servicio de inspección que ponía de relieve una grave situación de atasco judicial e inseguridad jurídica. En la imagen, perspectiva del hall del edificio de la Corte de Justicia de El Cairo, en Egipto. En este país murieron durante los seis primeros meses de 2007 más de 200 mujeres a manos de sus esposos o familiares, y Amnistía Internacional calcula que dos mujeres eran violadas cada hora.
9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Más de 800 personas han sido encarceladas en el centro de detención estadounidense en la base de Guantánamo (Cuba) desde su apertura en enero de 2002. Hoy permanecen privados de libertad 250 prisioneros sobre los que no pesa acusación ni se encuentran pendientes de juicio.

El recién elegido presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado su intención de cerrar este infame limbo jurídico orquestado por su antecesor en el cargo, el presidente saliente George W. Bush. En la imagen, presa chechena en una cárcel de Grozni.
10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. (...)
El informe anual de Amnistía Internacional examina 54 países en los que durante el año pasado se celebraron juicios sin las debidas garantías procesales. En la imagen, prisioneros recién llegados a la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, donde se hicieron mundialmente conocidas las torturas que infligían a los reclusos los soldados estadounidenses encargados de su vigilancia. En este país árabe permanecen hoy retenidas alrededor de 25.000 personas por la Fuerza Multinacional.
11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías. (...)
En febrero de este año, más de mil agentes de la policía francesa tomaron la pequeña localidad de Villiers-le-Bel, 20 kilómetros al norte de París, para detener a docenas de sospechosos (como el encapuchado de la imagen) de mantener tiroteos con otros policías en noviembre de 2007.

Reprieve, la ONG que investiga los vuelos ilegales de la CIA, ha presentado nuevas pruebas sobre 17 buques de armada estadounidense utilizados para interrogar a presuntos terroristas islamistas, lejos de testigos incómodos.
12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. (...)
Un marine escanea la huella ocular de un iraquí durante una operación de censo de habitantes llevada a cabo durante el año pasado por las fuerzas de ocupación en el vecindario de Gazoliya, al oeste de Bagdad. El Gobierno de Irak ha aprobado en noviembre el acuerdo de seguridad con Estados Unidos que establece la permanencia del Ejército estadounidense en el país árabe hasta finales de 2011. Las tropas deberán retirarse de los centros urbanos en verano del próximo año, y del país, a finales de 2011. Estados Unidos mantiene hoy a 152.000 soldados en Irak.
13.Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. (...)

Durante el año pasado, Amnistía Internacional contabilizó más de 550 puestos de control y bloqueos del Ejército israelí que restringían la circulación de la población palestina entre ciudades y pueblos de Cisjordania o se la impedía. Este año, el Parlamento Europeo ha aprobado mediante mayoría aplastante la Directiva de Retorno (rebautizada desde distintos ámbitos sociales como directiva de la vergüenza), que permite, entre otros aspectos, mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses e impide a los expulsados de la UE volver a entrar en cinco años. En la imagen, una joven en un ferry, con Ellis Island al fondo, donde permanecían en cuarentena los inmigrantes recién llegados a EE UU hasta comienzos del siglo XX.
14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho
a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. (...)

La Organización Internacional para las Migraciones estima que alrededor de 200 millones de personas viven fuera de su país de origen, el 3% de la población mundial; de todos ellos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que casi diez millones son refugiados; 740.000, solicitantes de asilo, y 12.794.000, desplazados internos. En la imagen, un inmigrante en el puerto de Calais (Francia), a la espera de cruzar al Reino Unido en septiembre de 2005. Éste es un punto de encuentro para sin papeles de Irán, Afganistán, Irak...
15.Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad. (...)
Desde ACNUR, se calcula que 5,8 millones de personas tienen la condición de apátridas. Sin embargo, el total real se estima en 15 millones. Ante la pasividad de la comunidad internacional, 160.000 saharauis malviven en campamentos levantados en Tinduf (Argelia) 33 años después de la retirada española del territorio. Aminetu Haidar quiso visitar en 1987 una delegación de la ONU que se encontraba en El Aaiún (Sáhara Occidental) y la policía marroquí la detuvo por los panfletos que llevaba. Permaneció detenida y sometida a torturas hasta 1991 en la cárcel negra de El Aaiún. En la imagen, una mujer iraquí y su bebé se mezclan con un documento de identidad del país.
16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. (...) 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. (...)

Como consecuencia de las desigualdades y la discriminación por razón de sexo, Unicef calcula que más de 60 millones de mujeres entre los 20 y los 24 años se han casado o comenzado a vivir en unión libre antes de cumplir 18 años (el 34% de las integrantes de este grupo de edad en el mundo en desarrollo). La yemení Nejoud al Ahdal fue forzada a contraer matrimonio con 12 años. Como ha relatado este año en El País Semanal, durante casi dos meses fue violada cada día por su marido. En la imagen, una nepalí de 15 años llora de camino a casa de su marido.
17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
En febrero de 2000, tras perder a su marido y a sus hijos en la segunda guerra de Chechenia, el Ejército ruso concedió tan sólo cinco minutos a la mujer de la imagen para reunir sus objetos más preciados (entre ellos, el retrato de su marido asesinado) y abandonar la zona antes de dinamitar su casa del barrio de Minutka, en Grozni. Entre los cerca de 10 millones de refugiados que ACNUR calcula en el mundo, se estima que alrededor de 250.000 se han unido en el último mes al millón que huye de la violencia al este de la República Democrática del Congo, donde más de cuatro millones de personas han muerto en los conflictos que la han asolado en la última década.
8. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (...)
Amnistía Internacional ha documentado 45 países donde existen presos y presas de conciencia detenidos. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), calificada como ilegal por el Gobierno de la isla, tiene registrados 219 casos de presos políticos y posiciona a la autoridad de su país como que "mantiene la mayor cantidad a escala planetaria, en cifras absolutas, de prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional". En la imagen, un hombre lleva a cabo un rito que persigue la paz con la naturaleza en una isla de Indonesia.
19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. (...)
A 21 de marzo de 2007, Reporteros Sin Fronteras calculaba la existencia de 137 periodistas y 60 ciberdisidentes encarcelados por hacer su trabajo. Esta organización ha registrado desde 1992 la muerte de 500 periodistas asesinados por mafias o sicarios de políticos corruptos. Amnistía Internacional denuncia que en 77 países se restringe la libertad de expresión y prensa. Irak, donde han muerto asesinados 212 periodistas desde 2003, es el país más letal para ejercer esta profesión. En la imagen, plaza de Tiananmen (Pekín), lugar de la masacre de 1989.
20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. (...)
Miles de personas fueron detenidas el año pasado durante la represión de la Junta Militar de Myanmar (antigua Birmania) a las manifestaciones de estudiantes y monjes budistas bautizadas como revolución azafrán; Amnistía Internacional cree que alrededor de 700 siguen reclusas. En la imagen, refugiados en un campo de las Naciones Unidas en Kenia, donde permanecen acogidas 70.000 personas que han huido de la violencia y los conflictos en Sudán. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que más de 500.000 sudaneses se encuentran en el exilio, repartidos por los países limítrofes, tras huir de su país; más de cinco millones permanecen desplazados en el interior de Sudán.
21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes. (...)
En el último informe sobre el Índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional ha denunciado que 7 de cada 10 países suspenden si se valora la honestidad de sus funcionarios y políticos. Entre los peores lugares de la lista se encuentran Estados como Somalia, Irak, Afganistán o Haití, y dictaduras como Myanmar (antigua Birmania). Esta organización estima el coste de la corrupción en los países más pobres en 35.000 millones de euros, la mitad de la ayuda destinada al desarrollo. En la imagen, mujeres afganas ejerciendo su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2004.
22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. (...)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto en su Informe sobre la salud en el mundo 2008 que las diferencias de acceso a la sanidad entre ricos y pobres determinan variables en la esperanza de vida que superan los 40 años. Según la OMS, de los 136 millones de mujeres que darán a luz este año, unos 58 millones no recibirán atención médica de ningún tipo durante el parto y posparto, dejando en peligro sus vidas y las de sus hijos. En la imagen, damnificados por el huracán Katrina, que en 2005 dejó anegada Nueva Orleans a su paso por Estados Unidos, provocando más de 1.500 muertos y 55.000 millones de euros en pérdidas económicas.
23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. (...)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el número de desempleados en el mundo podría aumentar de los 190 millones de 2007 a 210 a finales de 2009. Unicef calcula que alrededor de 246 millones de niños y niñas trabajan en todo el mundo; más del 70% se dedican a la agricultura, pero 1,2 millones de niñas están expuestas al tráfico de menores; 5,7 millones corren el riesgo de trabajar en condiciones de servidumbre o esclavitud, y 1,8 millones pueden ser obligadas a ejercer la prostitución o actividades relacionadas con la pornografía infantil. En la imagen, granjeros albaneses en Tirana.
4. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. (...)

Más de 12 millones de personas desarrollan su trabajo en condiciones forzosas, bajo amenaza o coacción, incluso en los países más ricos, según la OIT. Los cálculos de esta organización establecen que 8 de cada 10 personas sufren la explotación de entes privados; el 20% de las víctimas de trabajo forzoso se halla bajo la tiranía de Estados (como Myanmar o Corea del Norte) o por grupos militares (como en el caso de conflictos africanos). En la imagen, jóvenes solazándose en Banana Beach, Tel Aviv (Israel).
25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. (...)
Treinta y tres países del mundo, en su mayoría africanos, malviven en una situación "de hambre alarmante", según el Índice global contra el hambre publicado por el Instituto Internacional para la Investigación de Políticas Alimentarias. Esta institución evalúa en 14.000 millones de dólares la inversión adicional necesaria para cumplir los Objetivos del Milenio de reducir el hambre a la mitad en 2015. En la imagen, manufactura de mosquiteras en Tanzania para prevenir la malaria, enfermedad que acaba con más de un millón de personas cada año.
26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
Más de 70 millones de niños en el mundo no están escolarizados, según la ONG Educación Sin Fronteras, y 23 países corren el riesgo de no alcanzar la universalización de la educación en los próximos años. Según los Objetivos del Milenio de la ONU, 56 millones de niños de África y Asia ni siquiera han recibido educación primaria. Naciones Unidas eleva la cifra de menores sin escolarizar a más de 100 millones, cuyas tres quintas partes son niñas; dos tercios de los alrededor de 800 millones de analfabetos del mundo son mujeres. En la imagen, niños de camino a una clase en Beit Hanoun, en la franja de Gaza (Palestina), tras un bombardeo del Ejército israelí en noviembre de 2006.
27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad. (...) 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

El II Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual ha puesto de manifiesto este año que hasta 300.000 empleos del ámbito cultural podrían perderse como consecuencia de la piratería. La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual calcula las pérdidas que provoca la piratería en la industria audiovisual y de videojuegos española en 1.100 millones de euros en 2007 y un 20% menos de espectadores en los cines. En la imagen, visitantes en una de las salas del Museo del Louvre de París.
28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Las manchas que dominan el centro de la escena corresponden al campo de refugiados de Djabal, en Chad, que ha acogido durante los últimos años a 14.000 refugiados a causa de la violencia en el polvorín sudanés de Darfur, agonizante desde 2003, con un saldo devastador de 300.000 muertos y 2,5 millones de refugiados. Los últimos en incorporarse a este asentamiento este año han sido alrededor de 10.000 desplazados internos del este de Chad, uno de los países más pobres del mundo, que llegaron huyendo de los ataques de la milicias rebeldes sudanesas yanyauid.
29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. (...)
En los últimos 30 años, se han destruido 700.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica por el comercio de maderas preciosas, la agricultura y la explotación ganadera. La deforestación mina las condiciones de vida de alrededor de 20 millones de personas y la mayor biodiversidad del planeta; sus seis millones de kilómetros cuadrados de extensión, repartidos entre nueve países latinoamericanos, ostentan el 23% de toda el agua potable del mundo y constituyen su mayor selva virgen. Por cada kilómetro cuadrado destruido a causa de la deforestación, se producen 22.000 toneladas de CO2.
30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Un niño se balancea en el cañón de un tanque abandonado en Managua (Nicaragua), ajeno a estos 30 artículos y a la mayor o menor observancia de su cumplimiento por parte de la comunidad internacional. Han pasado 60 años desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Basta salir un momento a la calle para comprobar que sus postulados están más presentes en los difusos dominios de la teoría que en la crudeza de la práctica.

I. Un ideal común para la humanidad
Por Juan Antonio Yáñez
Diciembre de 1948: el mundo acaba de salir dolorido y traumatizado de la II Guerra Mundial, un gran conflicto planetario que a su vez ha venido precedido por una prolongada depresión económica, unida al auge de los totalitarismos y todo su cortejo de persecuciones y horrores. En este ambiente sombrío, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una naciente organización mundial que en ese momento apenas cuenta con unos sesenta Estados miembros, se reúne en París, en el palacio de Chaillot, sede del Museo del Hombre. De esa asamblea surgen dos documentos que, junto con la Carta fundacional de las Naciones Unidas, van a representar un nuevo punto de partida, desde una perspectiva política, jurídica y moral, para el mundo de la posguerra: la Convención contra el Genocidio (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

No es exagerado afirmar que ese paso trascendental tenía -y de ello eran sin duda conscientes los contados países que rehusaron unirse al consenso en la adopción de la declaración, entre ellos, la Unión Soviética, Suráfrica y Arabia Saudí- un alcance revolucionario. Se trataba nada menos que de dejar atrás una tradición centenaria de las relaciones internacionales basada en una concepción rígida de la soberanía absoluta del Estado en el orden interno, incluso cuando ello conduce a toda clase de tropelías contra los seres humanos.

Cumpliendo ese designio, la Carta de San Francisco (1945), por la que se establece la Organización de las Naciones Unidas, pone en su frontispicio a los pueblos del mundo (antes que a los Estados), que se declaran resueltos a "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres...", así como a "promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad".

Dentro de la nueva Organización de las Naciones Unidas, cupo a la viuda del desaparecido presidente, Eleanor Roosevelt, llevar adelante el cometido de presidir, al frente de la recién establecida Comisión de Derechos Humanos, la elaboración y aprobación del documento que recogería solemnemente esos derechos. No resultó fácil. Se enfrentaban diversas concepciones políticas, culturas jurídicas y sociales, tradiciones filosóficas y religiosas, y el ambiente enrarecido de la posguerra complicaba notablemente la tarea. Su empeño, junto con la pericia, el buen hacer y la habilidad de un puñado de personas comprometidas, hizo posible ese milagro.

Hay que registrar, porque es de justicia, los nombres de algunos de los que más trabajaron para que la Declaración Universal fuera una realidad: el canadiense John Humphrey, el francés René Cassin, el libanés Charles Malik, el chileno Hernán Santa Cruz, el filipino Carlos Rómulo, el chino Peng-chun Chang, el paquistaní Muhammad Zafrulla Khan... Es oportuno también recordar los diversos orígenes de los autores; demasiado a menudo se oyen voces que pretenden que su contenido es de inspiración "demasiado occidental", y que habría que revisarla para ajustarla al mundo más amplio y complejo de hoy.

Por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos se ha ido completando y desarrollando, y, al hacerlo, todos los Estados que se han ido sumando a las Naciones Unidas han podido dejar su impronta. A la Declaración Universal se

han sumado los dos pactos internacionales (1966), de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con otras declaraciones y convenciones que perfilan mejor el alcance de los derechos humanos en una serie de ámbitos: desde la lucha contra la discriminación racial (1965) o la discriminación contra la mujer (1979), hasta la protección de los derechos del niño (1989) o, más recientemente, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad (2006). Resulta significativo que en todos esos documentos se reafirma el valor y la continua relevancia de la Declaración Universal. Otra cosa es que, demasiadas veces, los derechos humanos son más ensalzados en la teoría que respetados en la práctica.

La comunidad internacional se ha ido dotando de instituciones y órganos de supervisión, bien sea en el ámbito universal (actualmente, el Consejo de Derechos Humanos y los diversos comités especializados) o en el ámbito regional (como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus correspondientes interamericano y africano). Y no hay que olvidar la permanente e indispensable labor de vigilancia, denuncia y alerta de las asociaciones nacionales e internacionales de defensores de los derechos humanos.

Al igual que en 1948, la Declaración Universal sigue siendo hoy, según reza su cláusula inicial, un "ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse...". Hemos de verla, por tanto, como un patrón de conducta y como un reto constante para todos nosotros, en cuanto ciudadanos de nuestro propio país y en cuanto ciudadanos del mundo entero.

Juan Antonio Yáñez es embajador y representante

permanente de España ante la ONU.

II. Los derechos humanos son el camino
Por Irene Khan
No fue un parto fácil, pero los máximos dirigentes mundiales mostraron capacidad de liderazgo y consiguieron ponerse de acuerdo en la incipiente ONU para aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 nació un texto destinado a cambiar la conciencia del ser humano. Como corresponde a una hija de la guerra, vino al mundo bajo los peores auspicios. Europa estaba aniquilada y extensas zonas del mundo aún vivían bajo el yugo de la colonización. Estados Unidos había lanzado la primera bomba nuclear. El mundo se dirigía hacia la guerra fría.

Pero ocurrió. Por primera vez en la historia, un grupo de dirigentes actuó movido por el convencimiento de que sólo un sistema multilateral de valores universales, basado en la igualdad, la justicia y el Estado de derecho, podría hacer frente a los retos de futuro. Resistieron las presiones políticas, y reconocieron que la universalidad de los derechos humanos -todos los seres humanos nacen libres e iguales- y su indivisibilidad -todos los derechos se deben satisfacer con idéntico compromiso- son la base de nuestra seguridad colectiva y de nuestra humanidad común.

Sesenta años después, y a pesar de los avances, la injusticia, la desigualdad y la impunidad siguen siendo los rasgos distintivos de nuestro mundo, y los Gobiernos arrastran un triste legado de traición a estos principios. Muchos de ellos han mostrado más habilidad en ejercer el abuso de poder que en respetar los derechos de las personas a quienes gobiernan. Tras seis decenios de promesas incumplidas, los derechos humanos están en riesgo.

Es cierto que se han creado multitud de normas, sistemas e instituciones de derechos humanos, y que se ha avanzado gracias a ellos. El número de países que brindan protección constitucional y jurídica a los derechos humanos es mayor que nunca. La pena de muerte se dirige hacia la abolición total, el mercado internacional de armas va camino de ser regulado, y desde la detención de Augusto Pinochet por acción de un juez español, el mundo es un lugar cada día más pequeño para los perpetradores de crímenes atroces contra las personas. Y sin embargo, ante las numerosas y acuciantes crisis que salpican el planeta, no existe una visión común entre los líderes mundiales para hacer frente a los retos contemporáneos en materia de derechos humanos.

Mientras los mercados financieros mundiales se tambalean, los intereses de los pobres e indefensos corren el riesgo de caer en el olvido. La pobreza es la más grave y extendida crisis de derechos humanos que vivimos, pero no hay voluntad política para hacerla frente. Al menos dos mil millones de conciudadanos siguen viviendo en la pobreza, luchando para conseguir agua, alimentos y vivienda. El cambio climático nos afecta a todos, pero los más pobres serán los más perjudicados, ya que perderán sus medios de vida. En julio de 2007 se alcanzó el ecuador del calendario fijado por la ONU para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Es muy improbable que esos objetivos se cumplan. Otra promesa traicionada.

Los conflictos muy arraigados -visibles en Irak, Afganistán y Oriente Medio, u olvidados en lugares como la República Democrática del Congo y Somalia, por citar sólo dos- continúan cobrándose un gran número de víctimas. Mientras tanto, los dirigentes mundiales avanzan con dificultad en sus esfuerzos por decidir el camino a seguir. El pasado mes de noviembre, sólo un día antes de que Barack Obama ganara la presidencia de Estados Unidos, un nuevo error de las tropas estadounidenses se cobraba la vida de 40 civiles inocentes en la provincia afgana de Kandahar. Otro ejemplo es el conflicto en Israel y los territorios palestinos ocupados, una crisis de derechos humanos de largo recorrido marcada por la ausencia de un liderazgo internacional efectivo.

Hoy es más necesario que nunca reconstruir la unidad de propósito. Los derechos humanos internacionalmente reconocidos siguen proporcionando el mejor marco para afrontar estas situaciones: representan un consenso global sobre los límites aceptables y los defectos inaceptables de las políticas y las prácticas de los Gobiernos. Y la Declaración Universal es un plan de acción tan acertado para un liderazgo clarividente como lo fue en 1948. La diferencia es que ahora existe un movimiento global de ciudadanos que pide a sus dirigentes que adquieran de nuevo el compromiso de respetar y promover los derechos humanos. Amnistía Internacional nació en 1961 en solidaridad con las personas que no tienen voz. Hoy somos un movimiento presente en 150 países. Sabemos que el poder de la gente para infundir esperanza y generar cambios está más vivo que nunca. Al parecer, los líderes mundiales han decidido no escuchar. Nuestra tarea es que lo hagan.

Irene Khan es secretaria de la organización para la defensa de los derechos humanos de Amnistía Internacional.

III. Hacer realidad un sueño visionario
Por Mary Robinson
El próximo 10 de diciembre, el mundo celebrará el 60º aniversario de la declaración fundacional del sistema internacional de derechos humanos. Cuando repasamos las últimas seis décadas, es evidente que la puesta en práctica de las obligaciones relacionadas se ha quedado muy lejos de los compromisos que se adquirieron. Desgraciadamente, se puede afirmar que las deficiencias en esa puesta en práctica se han vuelto aún mayores en los últimos años. Esto se ha debido, en parte, a que ha surgido un entorno político mundial más condicionado por la seguridad desde los atentados contra Estados Unidos en septiembre de 2001. Igual de preocupante resulta que las antiguas divisiones de la guerra fría puedan estar resurgiendo y que nuevas formas de polarización entre el norte y el sur en asuntos políticos clave como el comercio, la ayuda y el medio ambiente hagan que las medidas nacionales y la cooperación internacional eficaces sean más difíciles en aquellos asuntos relacionados con los derechos humanos.

¿Qué se puede hacer hoy en día, en vísperas del 60º aniversario de la declaración, para que el mundo se mueva en una dirección que nos ofrezca más esperanzas de avanzar en el camino de hacer realidad los derechos humanos?

Para empezar, debemos mirar atrás y reflexionar sobre nuestra historia. Debemos recordar que la Declaración Universal mantiene un cuidadoso equilibrio entre las libertades individuales, la protección social, las oportunidades económicas y las obligaciones hacia la comunidad. Es frecuente que se pase por alto el enfoque integral de la declaración, a pesar de que es todavía más importante en la actualidad, en medio de una crisis mundial económica, alimentaria y climática, de lo que lo era hace 60 años.

Deberíamos también recordar al extraordinario grupo de personas de distintos orígenes, tradiciones y creencias que, bajo la dirección de Eleanor Roosevelt, fueron capaces de formar un frente común reconociendo la dignidad inherente y los derechos de todos los pueblos. Es un triste hecho que las naciones de África, que se formaron tras la adopción de la Declaración Universal, no participaran en su creación. Y, lamentablemente, las voces de África siguen viéndose marginadas demasiado a menudo hoy en día. Pero yo paso gran parte de mi tiempo en el continente africano y sigo sintiéndome esperanzada al ver cómo la sociedad civil (y la inmensa mayoría de los gobiernos) acoge la Declaración Universal como propia. Sólo hay que recordar las palabras de Nelson Mandela cuando reflexionaba sobre la experiencia de Suráfrica: "(...) Las sencillas y nobles palabras de la Declaración Universal fueron un repentino rayo de esperanza en uno de nuestros momentos más sombríos. (...) Este documento nos ha servido de faro luminoso e inspiración. (...) Era la prueba de que no estábamos solos, sino que formábamos parte de un movimiento mundial en contra del racismo y el colonialismo, y a favor de los derechos humanos y la justicia".

También resulta esencial que recordemos que la declaración, y el sistema internacional de derechos humanos que emana de ella, nunca ha pretendido imponer a los gobiernos y sociedades un modelo único de lo que constituye la conducta correcta. Más bien proporciona un "estándar común de éxito" que debería ser llevado a la práctica de diversas formas en los distintos países. ¿Cómo podemos además avanzar y fijarnos nuevos compromisos para el futuro? ¿Cómo volver a reclamar el mensaje unificador de la Declaración Universal y volver a comprometernos en la labor de hacerla realidad? ¿Qué podemos hacer para conseguir que los derechos humanos formen parte de las políticas y prácticas empresariales dominantes?

En The Elders, organización de la que formo parte, hemos tratado de aprovechar este año del aniversario para recordar al mundo los derechos y libertades que los gobiernos se han comprometido a hacer realidad para todos, y para poner el poder de los derechos humanos en manos de personas y comunidades de todo el planeta. The Elders ha promovido la campaña Todo ser humano tiene derechos, que, a lo largo del último año, ha representado a un único y poderoso colectivo de organizaciones, reunidas para llamar la atención sobre la necesidad de renovar el compromiso de garantizar un futuro más esperanzador para todos.

A pesar de los retos pendientes, hay motivos para la esperanza. Disponemos de mejores herramientas para comunicarnos y exigir justicia que las que ha tenido cualquier generación anterior. Tenemos objetivos mundiales y destinos compartidos que nos conectan unos a otros. Podemos decidir ser la generación que verdaderamente haga realidad el poder de la familia humana, unida en "dignidad y derechos". Comprometámonos a desafiar las divisiones, a propagar el mensaje de los derechos humanos y a perseverar en nuestro esfuerzo hasta que el lema Todo ser humano tiene derechos sea algo más que una promesa: hasta que sea el sueño hecho realidad de aquellos visionarios que redactaron la Declaración Universal hace 60 años.

Mary Robinson es presidenta de Realizing Rights: The Ethical

Globalization Initiative, miembro de The Elders y ex presidenta de Irlanda.

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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas alumbró un texto destinado a convertirse en un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Llegó bajo los peores auspicios, con un mundo desangrado por la II Guerra Mundial y muchas zonas sometidas al yugo de la colonización.

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En Liberia se encuentra el mayor porcentaje de niños sin escolarizar, con casi dos terceras partes de niños en edad de recibir educación primaria que no van a la escuela.
El segundo país de la lista es Sudán del sur , donde el 59% de los niños se están quedando sin el derecho a una educación primaria y donde una de cada tres escuelas ha cerrado sus puertas por el conflicto.

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29. DERECHO A LAS LIBERTADES Y AL RESPETO DE LA COMUNIDAD

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29. DERECHO A LAS LIBERTADES Y AL RESPETO DE LA COMUNIDAD

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La sala II del tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la sala de Apelación de la Audiencia Nacional que condenó a 6 meses de prisión a 12 miembros del grupo de rap ' La Insurgencia ' por el delito de enaltecimiento del terrorismo , por ensalzar en las letras de sus canciones a los GRAPO y sus integrantes.