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La autonomía privada se presenta como un principio del Derecho constitucional civil que consiste en el poder atribuido por la Constitución a las personas individual o colectiva mente, para determinar consecuencias jurídicas como la realización de comportamientos libremente asumidos.

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Para Emilio BETTI, que contestó la definición de negocio jurídico como la declaración de voluntad creadora de efectos jurídicos (Windscheid), la voluntad debería ser puesta en segundo plano y desviada la atención hacia la autonomía privada, que sería un poder de auto-regulación de los propios intereses, en el plano de la vida social, luego, desprovisto de naturaleza jurídica

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En tanto que el Estado no es más que un producto de la cultura humana, y la ley es el auto-consentimiento de los individuos, en cuanto a las limitaciones que contemple sobre la vida privada (10). Que sea la «autonomía privada» una «autorización» estatal, de eso discordamos vehementemente, por cuanto, en los actuales modelos de organización social, el Estado es también un ente creado por una Constitución, a la cual se obliga en sentido formal y material. En la Constitución, el Estado encuentra justificación para el ejercicio de su poder normativo, internamente, imponiendo deberes y obligaciones por intermedio de sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, en nombre del interés público que lo legitima; y, externamente, en la relación con las demás órdenes soberanas y organismos internacionales, mediante tratados y convenios internacionales.

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Los negocios jurídicos derivan de la aplicación de principios constitucionales que confieren derecho a la dignidad, a la libertad, a la propiedad, a la libre iniciativa y al trabajo. Por eso, en los Estados contemporáneos, con el surgimiento de la Constitución, y sólo a partir de entonces se hace adecuado hablar de un derecho al ejercicio de la autonomía privada.

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Así, todo el estudio de la autonomía privada es un estudio sobre las fuentes del Derecho, en la acepción estricta que comporta éste término, del ejercicio del poder para crear normas jurídicas, en el campo de las relaciones privadas.