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Las sustancias psicoactivas son compuestos que, al ingresar en el cuerpo, alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, afectando el estado de ánimo, la percepción, la cognición, la conducta y el comportamiento. Estas sustancias pueden ser naturales o sintéticas.

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Con base en la problemática social del consumo de psicoactivos en personas de diferentes edades, ya es obsoleto la ley de prohibición de drogas que está en la constitución, es una realidad en nuestra sociedad el consumo de diferentes sustancias. En sentido de justicia, los valores que se enseñan a las nuevas generaciones en cuanto a este tema no son los suficientes, se necesita cambiar la narrativa para promover el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad de elegir qué es lo correcto para sus vidas, un buen inicio sería la información necesaria de que son las sustancias psicoactivas, como funcionan en el cuerpo, las diferentes dosificaciones y de que están compuestas, para el día en que decidan realizar el consumo de alguna sustancia, tengan conocimientos previos acerca de la reacción que tendrán en sus cuerpos. Esta información brinda un mayor panorama para que la decisión sea tomada con total consciencia ética y no con ignorancia.

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Acceso a tratamiento integral de salud: La Constitución y la Ley Estatutaria de Salud garantizan el derecho a la salud, lo que incluye el acceso a servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación para usuarios de sustancias psicoactivas. Esto abarca no solo la atención médica, sino también el apoyo psicológico y social.

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No discriminación y respeto a la dignidad: La Constitución colombiana establece la igualdad y prohíbe cualquier tipo de discriminación. Esto implica que los usuarios de sustancias no deben ser estigmatizados ni discriminados en espacios como el trabajo, la educación y los servicios públicos.

Protección jurídica y defensa de derechos: Los usuarios deben tener acceso a una defensa adecuada en casos de abuso o maltrato por parte de las autoridades o terceros, especialmente en contextos de violencia policial o discriminación. Además, deben contar con mecanismos de denuncia accesibles.

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Enfoque de reducción de daños: Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y varios tratados de derechos humanos, Colombia puede garantizar un enfoque de reducción de daños, que incluye el acceso a programas de información y cuidado para reducir los riesgos asociados al consumo, como la provisión de jeringas limpias o programas de sustitución de opioides para personas dependientes de drogas inyectables.

Participación y empoderamiento comunitario: Los usuarios de drogas tienen derecho a participar en la construcción de políticas públicas que los afectan directamente. La participación activa en grupos de apoyo y en proyectos comunitarios es fundamental para su inclusión y permite que las políticas respondan mejor a sus necesidades.

Implementar estas garantías de manera efectiva exige un cambio en la visión y un enfoque integral de salud pública y derechos humanos, y no de criminalización del consumo.

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Protección de derechos de menores usuarios: Para los adolescentes y niños en situación de consumo, la Ley de Infancia y Adolescencia establece la protección y rehabilitación como prioridad. Los menores deben recibir atención especializada en entornos de rehabilitación y apoyo, no en centros penitenciarios, garantizando su desarrollo y derechos educativos y familiares.