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El poder punitivo estatal a través del Derecho Penal Económico es esencial para proteger el orden financiero y económico. En el Derecho Penal Económico, se busca proporcionalidad en las penas, enfocándose en la prevención y en la responsabilidad individual y empresarial. Principios como legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y debido proceso limitan el poder punitivo, garantizando justicia equitativa. El principio de "lesividad" es clave, asegurando persecución de delitos que causen daño real o riesgo concreto.

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El principio de "lesividad" o "ofensividad" es un pilar fundamental del Derecho Penal Económico, y establece que para que una conducta sea considerada delictiva en este ámbito, debe causar un daño real o un peligro concreto a un bien jurídico protegido por la ley. Esto significa que no basta con que una acción sea contraria a las normas económicas, sino que debe tener un efecto lesivo sobre intereses económicos relevantes.

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- Proporcionalidad en las penas

- Prevención y disuasión

- Protección de los intereses económicos

- Responsabilidad individual y empresarial

- Investigación especializada

- Protección del bienestar general

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Iuslatin. (16 de mayo de 2023). Derecho a la Protesta: ¿comete delito aquel que bloquea una carretera? [Casación 1464-2021, Apurímac]. Recuperado de https://iuslatin.pe/derecho-a-la-protesta-comete-delito-aquel-que-bloquea-una-carretera-casacion-1464-2021-apurimac/ [Consulta: 5 de agosto de 2023].

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Enfoque derecho. (19 de mayo de 2023). La Corte Suprema declara que la protesta no es un derecho, sino un acto ilícito. Recuperado de https://www.enfoquederecho.com/2023/05/19/nota-corte-suprema-declara-que-la-protesta-no-es-un-derecho-sino-un-acto-ilicito/ [Consulta: 05 de agosto de 2023].

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Hemos visto al principio de lesividad correlacionado con el derecho a la libertad de expresión y de reunión, el principio de lesividad se ve activado con el valor punitivo siempre y cuando exista violencia de por medio frente las manifestaciones que estos realizan y que trascienden la esfera de derechos de los protestantes o manifestantes, es importante que se ponga en investigación e identificar que se está vulnerando frente a principios y los derechos humanos.

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SENTENCIA N° 1

SALA PENAL PERMANENTE

CASACIÓN N.° 1464-2021/Apurímac

En la presente casación interpuesta por los acusados contra la sentencia la cual se resolvió condenando a los referidos como coautores responsables del delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos fueron detenidos por participar en una manifestación que bloqueó la carretera hacia la mina de Las Bambas ubicada en Apurímac la cual impidió el paso de camiones que transportaban cobre. Por esta razón, en marzo de 2019 fueron condenados a una pena suspendida de dos años de reglas de conducta y a pagar una reparación civil de 2 mil soles por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. (Art. 283 Código Penal).

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La defensa técnica de los encausados invocó la causal de casación e infracción de precepto material los cuales denunció como agravios concretos, en primera instancia la cual en la sentencia vista anteriormente, al interpretar y aplicar el tipo penal previsto en el primer párrafo del (Art 283 del Código Penal);

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●     No tomaron en consideración el principio de lesividad el cual hemos seleccionado para el presente trabajo, este principio habilita el poder punitivo sólo ante la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, en el presente caso no se pone en peligro nada de lo antes mencionado ya que si estamos hablando de una protesta, manifestación, marcha o movilización como elementos desencadenantes no deben ser necesariamente violentas, pudiendo ser pacíficas, es decir se convierte en un delito de peligro concreto si la protesta o movilización es definitivamente violenta y atenta contra la vida o integridad física de las personas, o causa graves daños a la propiedad pública o privada;

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●     Referente a ello señalan que no se puede criminalizar el cierre de calles o espacios públicos por grupos de personas las cuales se encuentran protestando de una manera pacífica ya que se les estaría afectando el derecho al ciudadano a expresar su opinión, los cuales señalaron además que se ocupó por tiempo breve solo parte de la carretera con la finalidad de protesta comunal con efectos de expresar sus reclamos no con el fin de impedir el libre tránsito de los ciudadanos.

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Los tópicos propuestos para el desarrollo correcto de la doctrina jurisprudencial en conexión con los agravios son i) que se obtenga una interpretación correcta del primer párrafo del Art. 283 del Código Penal en observancia del artículo iv del título preliminar del mismo, el cual regula el principio de lesividad; ii) la afirmación de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la protesta social y a la libre expresión y de reunión.

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Con la presente casación los acusados solicitan que se conceda el recurso de casación y se declare nula la sentencia de segunda instancia, absolviendo a los mismos de los cargos en su contra. Además, realmente el motivo casacional que reviste interés es que se solicita la necesidad de obtener una correcta interpretación del delito previsto en el Art. 283 del Código Penal a la luz del principio de lesividad y que se determine su vinculación y relación con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

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Finalmente, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República deciden declarar bien concebido el recurso de casación frente a los acusados Alejandro Huillca, Julian Ochoa, Alejandra Ochoa y Rodmy Cabrer, contra la sentencia de vista el 19 de mayo del 2021, con base en el motivo casacional fijado en el fundamento mencionado en el párrafo anterior (fundamento undécimo dentro de la resolución).

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El desarrollo del principio de "lesividad" o "ofensividad" es el siguiente:

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Daño o peligro concreto:

Para que una conducta sea considerada delictiva en el ámbito económico, debe provocar un daño efectivo o generar un riesgo real y concreto sobre un bien jurídico protegido. No se trata de meras infracciones administrativas, sino de actos que tengan una repercusión significativa en el ámbito económico.

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Bien jurídico protegido:

El principio de "lesividad" se centra en proteger bienes jurídicos relevantes en el ámbito económico, como el patrimonio público y privado, la confianza en el sistema financiero, la libre competencia, la estabilidad económica, entre otros.

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Evitar criminalización excesiva:

Este principio busca evitar que conductas de menor gravedad o relevancia económica sean objeto de persecución penal, evitando una criminalización excesiva y garantizando la proporcionalidad en las sanciones.

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Delimitación precisa:

El principio de "lesividad" implica la necesidad de establecer con precisión los elementos del delito económico, así como los criterios para determinar cuándo una conducta afecta de manera significativa los intereses económicos protegidos.

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Protección de la economía y la sociedad:

La aplicación del principio de "lesividad" tiene como objetivo principal proteger la economía y la sociedad en su conjunto, evitando que conductas dañinas afecten negativamente el bienestar general.

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En resumen, el principio de "lesividad" o "ofensividad" en el Derecho Penal Económico establece que para que una conducta sea considerada delictiva, debe causar un daño real o representar un peligro concreto para bienes jurídicos relevantes en el ámbito económico. Este enfoque busca asegurar que la persecución penal se centre en actos verdaderamente perjudiciales para la economía y evite la criminalización excesiva de conductas de menor gravedad.

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El Derecho Penal Económico es una rama del derecho penal que se encarga de regular y sancionar las conductas ilícitas relacionadas con el ámbito económico y financiero de una sociedad. Su objetivo principal es proteger y salvaguardar el correcto funcionamiento del orden económico, así como preservar los intereses públicos y privados involucrados en las relaciones comerciales, financieras e industriales.

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Este campo del derecho se enfoca en la represión y prevención de delitos que afectan el desarrollo económico y financiero del país, como la evasión fiscal, el fraude empresarial, el lavado de activos, la corrupción en el ámbito público y privado, la competencia desleal, entre otros. El Derecho Penal Económico busca evitar que determinadas conductas dañinas socavar la confianza en el sistema económico, perjudiquen a los ciudadanos, empresas y al Estado, y pongan en riesgo la estabilidad financiera.

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Frente a ello nos encontramos de acuerdo con los resultados de la casación, porque no se tomaron en cuenta un principio de lesividad ya que no está existiendo un daño a un bien jurídico o daño a los ciudadanos con las marchas y cierres de vías con la protesta que el grupo de manifestantes realizan, más bien hablamos de un derecho a la libertad de expresión y de reunión siempre y cuando estos sean realizados de forma pacífica como el presente caso.

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De acuerdo, al análisis realizado en la Sentencia N° 2, el delito de Peculado por Extensión, se aplica bajo los términos de haberse apropiado ilícitamente de bienes pertenecientes al Estado. Sin embargo, nos encontramos bajo una disyuntiva, si es necesario aplicar el Derecho Penal, cuando este podría ser atendido bajo otros medios de control, como el Derecho Administrativo Sancionador; como se sabe el Principio de Lesividad, cumple un rol importante de limitar el poder punitivo del Estado y que este pueda ser aplicado cuando los demás medios de control no hayan cumplido su función. Entonces podemos concluir, que es necesario analizar cada caso en particular, para que no se vulneres los Derechos Constitucionales de la persona.

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Diez claves para reconocer el delito de peculado (13/08/2019). Recuperado de https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/10-claves-para-reconocer-el-delito-de-peculado/ [Consulta: 04 de agosto de 2023].

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SENTENCIA N° 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

R.N. N° 269 - 2013 CAJAMARCA

A la presentación del caso, contra el procesado Javier Arturo Ramirez Vera, se le imputa el delito de peculado por extensión. Este caso ocurrido se deriva de un convenio realizado entre FONCODES, quien se compromete a financiar el proyecto, y el Núcleo Ejecutor del Proyecto “Red Secundario San José JBIC III”, representado por Segundo Israel Delgado Barboza y Héctor Arévalo Burga; del cual se firma un Contrato de Locación de Servicios con el procesado a raíz de desempeñarse como residente en el ejercicio de dicho proyecto.  Al término de la obra la jefatura de FONCODES en su capacidad financiadora solicita la liquidación final de la obra, sin embargo, los investigados hasta la fecha no han entregado la Liquidación Final, a pesar de los innumerables notificaciones y requerimientos notariales.  Cabe resaltar que, en la Liquidación Final deberán ser sustentadas cada uno de los gastos realizados con documentos fehacientes de que el dinero otorgado haya sido utilizado en su totalidad en el proyecto. Asimismo, se describe en la demanda que el supuesto importe apropiado, siendo ésta no justificado con un documento contable, del cual se le imputa, es de S/ 197 soles.

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Fundamentos del Recurso de Nulidad:

El procesado interpone el recurso de nulidad a dicha sentencia, que entre los fundamentos declara que no se configuraron los elementos objetivos de delito de peculado, así mismo se incumple el principio de imputación de los hechos. Sumado a ello, en el escrito se señala que se vulnera el derecho constitucional a la presunción de inocencia, puesto que el Ministerio Público no ha concurrido con los elementos típicos del delito mediante medios probatorios suficientes que puedan quebrantar este derecho.

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En cuanto al delito de peculado por extensión, está configurado en el Código Penal Art. 387°, en el que se configura cuando el sujeto activo, funcionario público, se vincule con el caudal o efectos que se hallen en posesión material o jurídica del bien, apropiándose, usando o sustrayendo de la esfera pública. Sin embargo, para el caso se configura bajo el Art.  392° del Código Penal en la que se amplía el campo de sujetos activos, que hayan sido cometidas por particulares que se encuentren vinculados temporal o circunstancialmente con la Administración Pública, tal como el caso del procesado. En efecto, para el presente caso en cuestión se identifica que el importe del cual se presume el delito de peculado es de S/197 soles, y que la norma no especifica o exige un monto mínimo para que se configure o tipifique el delito; pero resulta un tanto cuestionable que la apropiación de bienes públicos de valor escaso pudiera ser evaluado en lo particular bajo el principio de mínima intervención, ultima ratio, y subsidiariedad.

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Asimismo, cabe resaltar que, de igual forma, se vulnera el principio de lesividad y la presunción de inocencia. Bajo el principio de lesividad se puede afirmar que es el principio rector del Derecho Penal mediante el cual se limita la arbitrariedad del ius puniendi del Estado, en el que se establece que para que una conducta sea considerada delictiva en el ámbito económico, debe provocar un daño o peligro concreto y real sobre un bien jurídico protegido. Sin embargo, es necesario señalar que a efectos del presente caso se debe tomar en cuenta que, bajo el principio de intervención mínima, el Derecho Penal solo debe intervenir no exista otro modo de protección menos invasiva; que para efectos del mismo se podría aplicar el Derecho Administrativo Sancionador.

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De igual forma, es necesario tener en cuenta que, bajo el principio de lesividad, se debe considerar la posible magnitud o gravedad que pudiera haber afectado el bien jurídico por el importe de S/197 soles, ante la ejecución y culminación de la obra en forma satisfactoria. Es por ello, cabe señalar que la cuestión en sí, no resulta grave al bien jurídico de la Administración Pública.

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Sumado a este principio, también se configura el principio de presunción de inocencia, en la que se resalta que, ninguna persona puede ser declarado responsable de un acto antijurídico que se fundamenta en apreciaciones arbitrarias y subjetivas o en medios de prueba en cuya valoración existen dudas razonables sobre la culpabilidad del procesado.

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Bajo los fundamentos presentados, la Corte Suprema declara HABER NULIDAD en la sentencia anterior; así como ABSUELVE al procesado Javier Arturo Ramirez por el delito de Peculado por Extensión.