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En marzo de 2024, se reveló un caso de corrupción dentro de la UNGRD, entidad encargada de gestionar recursos para la mitigación de desastres naturales en Colombia. La investigación, liderada por el director Javier Pava, identificó una red de corrupción que involucraba la adjudicación irregular de contratos millonarios a empresas con conexiones políticas, sin el debido soporte presupuestal.

el monto de los fondos comprometidos es mas de 320,000 millones de pesos, la region afectada es la Mojana, la cual esta sujeta a severas inundaciones.

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Denuncia

El país está con el agua al cuello por el invierno y la UNGRD, entidad encargada de enfrentarlo, parece haber caído en manos de los corruptos. Su director advierte de una red criminal entre funcionarios y políticos. ¿Qué dice la Contraloría?

La advertencia está hecha, Colombia enfrentará una tragedia por el invierno. Para afrontarla, el presidente Gustavo Petro decretó el desastre natural, pero lo que emergió es que la entidad encargada de atenderla, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está inundada de corrupción.

Así lo denunció su director, Javier Pava, quien sin tapujos señaló que en la entidad hay una poderosa red de corrupción en la que estarían involucrados funcionarios y dirigentes políticos.

Pava le contó a SEMANA sobre el descubrimiento de un cartel de contratistas que se queda con los millonarios recursos que deberían ir a los damnificados, l o que está incluido en un informe de auditoría que pone al descubierto numerosas órdenes de servicio sin soporte presupuestal, de maquinaria amarilla, por más de 320.000 millones de pesos. Y lo peor es que no hay plata con qué pagarles.

Las zonas de La Mojana y San Jorge están bajo el agua. | Foto: Tomada del Twitter @Dayanacalderonn - API

La Mojana

Una de las alertas es la concentración de 11 contratos que benefician a Carlos Francisco Diazgranados, representante legal de CFD Ingeniería S. A. S. Él es primo del exalcalde de Santa Marta y exviceministro del Interior, Juan Pablo Diazgranados, y familiar cercano de Carlos Francisco Diazgranados Martínez, hasta hace poco senador.

El análisis de datos que realizó la Diari fue el que arrojó la alerta por esos contratos que coincidencialmente favorecen al familiar de una de las casas políticas de la región. Esto, advierte la Diari, "puede generar un riesgo por concentración de contratos y una incapacidad de reacción ante un desastre inesperado en uno o varios de los proyectos".

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en visita a La Mojana | Foto: UNGRD

La firma C. F. D., en unión temporal con otra firma, conformó el año pasado el Consorcio Protección La Mojana, que estuvo al frente de una polémica obra, en la que una poderosa creciente del río Cauca rompió un jarillón y el boquete causó graves inundaciones.

Para arreglarlo, C. F. D. firmó otro contrato con la UNGRD por 18.800 millones de pesos en septiembre pasado, y tuvo una adición en marzo por 9.300 millones.

Ahí viene otra alerta de la Diari, que advierte el riesgo de pérdida de 3.141 millones de pesos, porque el contratista no deja claro qué obras hará con los recursos. También señala que la adición se hizo para comprar materiales y reparar el boquete, pero "no se evidencia aumento de personal ni maquinaria para acelerar el proceso constructivo, lo que genera riesgo de la pérdida de recursos por los retrasos y el aumento del caudal que puede causar más daños y emergencias".

Sobre las alertas de la Diari, Diazgranados le dijo a SEMANA que no hay irregularidades, que la adición al contrato no se concretó y que está dispuesto a demostrar en qué se invirtió cada peso.

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Inundados en corrupción: SEMANA destapa la olla podrida de los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

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El país está con el agua al cuello por el invierno y la UNGRD, entidad encargada de enfrentarlo, parece haber caído en manos de los corruptos. Su director advierte de una red criminal entre funcionarios y políticos. ¿Qué dice la Contraloría?

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Las zonas de La Mojana y San Jorge afectadas por lluvias. | Foto: Tomada del Twitter @Dayanacalderonn - API

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La corrupción en la UNGRD ha tenido un impacto devastador en el progreso de las obras, con solo 400 metros de los 2,200 requeridos completados en un año. Esta falta de avance significativo no solo refleja la ineficiencia en la ejecución de proyectos críticos, sino que también aumenta el riesgo de pérdida de recursos y la vulnerabilidad a desastres naturales.

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Mojana inundada

FOTO:
Cortesía: Arcesio Paredes

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La limitada progresión de las obras no solo representa una pérdida de recursos públicos, sino que también deja a las comunidades en riesgo. Con un alto riesgo de pérdida de recursos, la corrupción en la UNGRD no solo afecta la economía del país, sino que también pone en peligro la seguridad y el bienestar de miles de personas en regiones vulnerables a desastres naturales.

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Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

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El presidente Gustavo Petro reconoció abiertamente la existencia de corrupción en la UNGRD y expresó su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Además, prometió implementar medidas correctivas para abordar el problema. Este enfoque es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Javier Pava ante la situación, tomó la decisión de suspender las obras hasta que se aclare el uso de los fondos y se garantice la correcta ejecución de los proyectos. Esta medida demuestra una postura firme contra la corrupción y la negligencia en la gestión de obras públicas.

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La existencia de una red de corrupción que involucra contratos millonarios sin justificación presupuestal y la adjudicación de contratos a empresas por influencias políticas, como en el caso de CFD Ingeniería S.A.S., demuestra cómo los intereses personales pueden prevalecer sobre el bienestar de la población afectada. Esto no solo conlleva una pérdida significativa de recursos públicos, sino que también aumenta la vulnerabilidad de las comunidades a futuros desastres naturales.

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Inhabilidad para Contratar con el Estado: Las personas naturales y jurídicas involucradas en actos de corrupción pueden ser inhabilitadas para contratar con el Estado por un período que puede variar de 5 a 20 años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Multas Económicas: Se pueden imponer multas significativas que pueden alcanzar hasta el 200% del valor del daño causado o del beneficio obtenido a través de actos corruptos. Estas multas buscan recuperar los recursos públicos mal utilizados y disuadir futuras conductas corruptas.

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Inhabilidad para Contratar: Las empresas y personas naturales implicadas en los contratos fraudulentos, como CFD Ingeniería S.A.S. y otros actores involucrados, podrían ser inhabilitados para contratar con cualquier entidad del Estado durante un período significativo.

Multas: Se podrían imponer multas económicas a las empresas y personas responsables, calculadas en función del daño económico causado por la corrupción, que en este caso asciende a más de 320,000 millones de pesos.

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Sanciones Penales: Los actos de corrupción también pueden dar lugar a sanciones penales, incluyendo penas de prisión para los individuos responsables. Las penas pueden variar según la naturaleza y el impacto del delito, pero pueden ser severas para reflejar la gravedad del daño causado a la sociedad y al Estado.

Reparación del Daño: Además de las multas, los responsables pueden ser obligados a reparar el daño causado. Esto incluye la restitución de los fondos mal utilizados y la realización de las obras pendientes, garantizando así que los proyectos de infraestructura se completen adecuadamente.

Publicación de las Sanciones: Como medida adicional para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, las sanciones impuestas se deben publicar en medios oficiales. Esto tiene un efecto disuasivo y aumenta la conciencia pública sobre las consecuencias de la corrupción.

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Proteger al comprador e incrementar las medidas de seguridad de las edificaciones en el país, son algunas de las medidas que trae

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Contexto Legal

La Ley 1796 de 2016, conocida como la "Ley Anticorrupción de Infraestructura", establece medidas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la ejecución de proyectos de infraestructura en Colombia. El artículo 16 de esta ley se centra en las sanciones por incumplimiento de los principios y normas establecidas para la contratación pública, incluyendo la gestión de recursos en proyectos de infraestructura

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Sanciones Penales: Los individuos que han facilitado o participado activamente en los actos corruptos podrían enfrentar procesos penales que podrían resultar en penas de prisión.

Reparación del Daño: Las empresas y personas responsables podrían ser obligadas a devolver los fondos mal utilizados y completar las obras de infraestructura pendientes, como la reparación del jarillón roto en La Mojana.

Publicación: Las sanciones impuestas y los detalles del caso deben ser publicados para asegurar la transparencia y para que sirvan como una advertencia para futuros actos de corrupción.