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La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante
en los últimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva
peligrosidad.La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública, así mismo va contra las buenas costumbres establecidas y aceptadas por la sociedad.

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La desintegración familiar, la mala lectura, los medios de comunicación, la falta de oprtunidades de empleo, de educación, de espacios para la cultura y el deporte componen el contexto en el que nace y crece la delicuencia juvenil.

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A nivel internacional se han hecho grandes esfuerzos para garantizar la protección y el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. En este sentido, se han diseñado instrumentos jurídicos y políticos –plasmados en diferentes convenios y declaraciones– en los cuales se consagran los principios y obligaciones para la prevención y el tratamiento de esta problemática.

Colombia ha ratificado diversos instrumentos internacionales, al tiempo que ha adoptado y generado una normatividad interna propia, con elobjeto de construir un sistema especializado y diferencial específicamente para los adolescentes,velando además por la justicia restaurativa que garantice a las víctimas del delito, la reparación del daño.

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Al relacionar los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la prevención de la conducta punible en adolescentes y jóvenes, es posible clasificar su relación en tres niveles:

a) deberes de comportamiento adecuado y respeto a los derechos de manera general

b) respeto a los derechos específicos de los demás

c) derechos de los jóvenes que al volverse infractores se podrían ver vulnerados.

La prevención de la conducta punible propende de manera general por el respeto de los derechos humanos, dado que, por un lado ayuda a que se garanticen la autonomía, la libertad, la dignidad y los demás derechos de las personas que hacen parte de la comunidad, los cuales se estarían viendo vulnerados con la delincuencia juvenil, y por el otro, serviría como medio para evitar la realización de comportamientos inadecuados con los otros.

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En cuanto a la protección de derechos específicos que busca garantizar la declaración propenden por el respeto al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser interferido de manera arbitraria en su vida privada, familiar ni en su domicilio, a no ser objeto de ataques a su honra y reputación, a la libertad de circulación y a la propiedad, todos los cuales constituyen bienes jurídicos protegidos por el derecho penal

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Define al niño como todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su lado, el deber del Estado de velar por los derechos de los niños y garantizar su protección y cuidado; de manera específica y menciona los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Cabe resaltar que en la Convención aparece consagrado el principio del interés superior del niño, Por otro lado, consagra la obligación del Estado de no separar al niño de sus padres, salvo cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para el interés superior del niño, situación que tendría lugar cuando los menores de edad son privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal en su contra.