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DIRECTRIZ D.G.D.A. GESTIÓN POBLACIONES FELINAS

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DIRECTRIZ D.G.D.A. GESTIÓN POBLACIONES FELINAS

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GUÍA PARA ACTUACIÓN DE SERVICIOS POLICIALES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL

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GUÍA PARA ACTUACIÓN DE SERVICIOS POLICIALES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL

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ALBERT LLORET  V Jornadas Felinas Andaluzas

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Se obliga a pagar gastos veterinarios al Ayuntamiento.

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Legislación consolidadaEste texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
La consolidación consiste en integrar en un solo texto, sin valor oficial, las modificaciones, correcciones y derogaciones de carácter expreso que una norma ha tenido desde su origen, con el objetivo de facilitar el acceso al Derecho vigente. Para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial.

Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 15/10/2015"

[Bloque 1: #preambulo]

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el ámbito estatal, el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento. Casi veinte años después, esta Ley se ha visto desbordada por la realidad de la acción voluntaria y se hace necesario un nuevo marco jurídico que responda adecuadamente a la configuración y a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI.

Es de justicia reconocer que la situación del voluntariado en la actualidad es el resultado de la acción continuada, entregada y responsable de personas, que desde hace largo tiempo, tanto en España, como en el extranjero, y con diferentes motivaciones o desde distintas creencias, como, singularmente, es el caso de los misioneros, han invertido su esfuerzo, su dedicación y sus capacidades para consolidar la acción voluntaria.

En ese contexto, la presente Ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad.

Esta Ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir, ningún ámbito de actuación en los que en estos años se ha consolidado su presencia y favorece que pueda promoverse no sólo en el Tercer Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, las universidades o las propias Administraciones públicas.

Asimismo, se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos años han emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas globales o a largo plazo o las que se llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado.

La norma tiene especialmente en cuenta que entre las motivaciones que llevan a las personas a ser voluntarias influyen los intereses personales, las creencias, los deseos y la satisfacción de sus expectativas y promueve, además el voluntariado a lo largo de toda la vida; las previsiones específicas respecto a las personas menores y mayores son dos claros ejemplos de ello.

Se pretende, en suma, que el nuevo marco legal sea útil y que en él se sientan acogidos todo tipo de organizaciones, cualquiera que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación y todas los voluntarios, con independencia de cuál sea su motivación y el alcance de su compromiso.

II

La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y las diferentes normas de voluntariado de las comunidades autónomas coinciden en gran medida en las notas configuradoras y en los principios que inspiran la acción voluntaria: solidaridad, voluntariedad y libertad, gratuidad y vinculación a la entidad de voluntariado y a un programa de voluntariado.

Estos principios también han sido recogidos en los diferentes informes internacionales del voluntariado, tales como el Dictamen de 13 de diciembre de 2006 del Comité Económico y Social Europeo "Actividades de voluntariado, su papel en la sociedad europea y su impacto" o el Estudio sobre el voluntariado en la Unión Europea "Study on Volunteering in the European Union. Final Report", elaborado por la Education, Audiovisual & Culture Executive Agency presentado el 17 de febrero de 2010, que incorpora nuevas perspectivas de actuación en la acción voluntaria. Además, como conclusiones del Año Europeo del Voluntariado 2011, se aprobaron diferentes documentos, tales como la Comunicación de la Comisión Europea de 20 de septiembre de 2011, sobre "Políticas de la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfronterizas" o las Resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2012, sobre el "Reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE" y de 10 de diciembre de 2013, sobre "El voluntariado y las actividades de voluntariado". La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los "Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación "au pair" de 2013" también debe ser tenida en cuenta.

Más recientemente, el Reglamento (UE) núm. 375/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria ("iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE") y su Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1244/2014, de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, han diseñado un nuevo marco europeo para el desarrollo del voluntariado humanitario durante el periodo 2014-2020.

La presente Ley no sólo no se aparta de ese núcleo esencial del actuar voluntario, sino que lo refuerza y lo adapta a las necesidades de un voluntariado del siglo XXI.

III

Tras delimitar en el Título Preliminar su objeto y ámbito de aplicación, y teniendo en cuenta las competencias de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades locales, en el Título I se define el voluntariado y se fijan sus requisitos. Para completar esta delimitación se añaden a las exclusiones ya contempladas en Ley 6/1996, de 15 de enero, la de los trabajos de colaboración social, las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación, las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas académicas externas.

El interés general como elemento central del concepto de voluntariado y referente principal para deslindar la acción voluntaria, se erige en uno de los pilares fundamentales de la Ley. Referenciado a la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias de la acción voluntaria y de la sociedad en general o del entorno, el marco de actuación del voluntariado se completa con la enumeración de los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria y con la descripción de los diversos ámbitos de actuación.

Por otra parte, la Ley impide que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el privado, con independencia de la modalidad contractual utilizada, o que pueda sustituir a las Administraciones públicas en funciones o servicios públicos a cuya prestación estén obligadas por ley.

IV

Más adelante, la Ley recoge el régimen jurídico del voluntariado diseñado para las entidades de voluntariado y los voluntarios, si bien la actividad de voluntariado carecería de sentido si no se protegiesen al máximo los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria, por lo que también se incluyen diversas previsiones al respecto.

Se abordan, en primer lugar, en el Título II, los requisitos que ha de reunir el voluntario para tener tal condición, haciendo una especial referencia a los menores de edad y a las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores.

En relación con los menores de edad se ha tenido especialmente en cuenta la ratificación por España en 2010 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil que sustituye a la Decisión Marco 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003.

Así, para determinados programas de voluntariado se requiere que los voluntarios no hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores y, en otros casos, se establece que no puedan tener la condición de voluntarios aquellas personas que hayan cometido delitos especialmente graves.

Seguidamente, se regulan el régimen de incompatibilidades, tanto, en el ámbito privado como en el público, y los derechos y deberes de la persona voluntaria.

Especial importancia se concede al acuerdo de incorporación, que se erige en el principal instrumento de definición y regulación de las relaciones entre el voluntario y la entidad de voluntariado, tanto en el momento de incorporación de aquélla, como el desarrollo posterior de su actuación voluntaria, que permitirá diferenciar al voluntariado de otras formas de prestación de servicios afines.

A continuación, se regulan en el título III las entidades de voluntariado y se fijan sus requisitos. Como novedad a destacar, se establece que en todo caso tendrán tal consideración las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado.

El régimen jurídico del voluntariado se cierra con la regulación de los derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria en el título IV.

V

A diferencia de otros modelos legislativos, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, no tuvo el carácter de legislación básica sino que vino a sumarse, en función de sus competencias, al panorama de la normativa existente en las comunidades autónomas definida por sus Estatutos de Autonomía y por su legislación específica. La presente Ley no pretende alterar en modo alguno esa distribución competencial, pero reclama un marco de cooperación entre las diferentes Administraciones públicas que sea especialmente proclive a la consolidación y desarrollo del voluntariado. Con ese propósito, se apuesta por fijar los medios y los sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, así como la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar las actuaciones de todas las Administraciones públicas en aquellos ámbitos donde ha sido tradicional su presencia en materia de voluntariado.

Para lograr ese objetivo, y con la misma vocación de cooperación, la Ley enumera en el título V las funciones de la Administración General del Estado. Para su ejecución se prevé, en la disposición adicional segunda, la regulación reglamentaria de dos órganos: una Comisión Interministerial de Voluntariado cuya función será, siempre respetando las competencias de las comunidades autónomas, entidades locales y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, coordinar la actuación de los departamentos ministeriales con competencia sobre el voluntariado y un Observatorio Estatal del Voluntariado, con funciones de recogida, análisis, difusión y estudio de la información relativa al voluntariado en España.

El régimen legal se completa con la referencia, en el título VI, a las tradicionales actividades de fomento, como la subvención y los convenios de colaboración.

La cada vez mayor presencia del entorno empresarial y de la universidad en el ámbito del voluntariado tiene su reconocimiento en la ley. A tal efecto, se establecen las condiciones en las que las empresas y las universidades podrán promover y participar en programas de voluntariado que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.

Además, y como novedad, se recoge la llamada a empresas y Administraciones públicas a propiciar, de acuerdo con la legislación laboral y de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva, mecanismos de adaptación del tiempo de trabajo que permitan a los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos participar en labores de voluntariado. A este respecto, la negociación colectiva se presenta como el cauce más apropiado para concretar y regular, dentro de los anteriores límites, estos mecanismos que faciliten a los ciudadanos compatibilizar y conciliar sus obligaciones laborales con su actividad de voluntariado. Asimismo, es igualmente novedosa la introducción de un sistema objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario.

Finalmente, la ley concluye con tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y siete finales. En primer lugar, se recoge una disposición adicional primera relativa al régimen legal del voluntariado en el ámbito de la protección civil cuya regulación se remite a la normativa específica; una segunda prevé la regulación por vía reglamentaria de una Comisión Interministerial de Voluntariado y de un Observatorio Estatal de Voluntariado y la tercera, la participación de personal del Sistema Nacional de Salud en emergencias humanitarias.

La disposición transitoria única se refiere a la adaptación de las entidades de voluntariado existentes a la nueva situación que se deriva de la ley.

Por su parte, la disposición derogatoria única deja sin efecto Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 11 de octubre 1994, por la que se regula la actividad de voluntariado en los centros públicos que impartan enseñanzas de régimen general y la Orden del Ministerio de Cultura, de 9 de octubre de 1995, por la que se regula el voluntariado cultural.

Por último, se incluyen siete disposiciones finales. La primera se refiere a la modificación del artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en cuanto concierne a la homogeneidad de baremos de méritos, la segunda al necesario respeto a las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la presente Ley; la tercera al alcance de la remisión que efectúa el artículo 4.1 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación; la cuarta al título competencial; la quinta a la ausencia de incremento de gasto público; la sexta a la habilitación para el desarrollo reglamentario y la séptima, y última, a la entrada en vigor de la presente ley.

[Bloque 3: #a1]

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto:

a) Promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del territorio del Estado y de acuerdo con los valores y principios del voluntariado.

b) Fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado.

c) Describir la cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a cabo las Administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía en materia de voluntariado.

d) Determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado.

[Bloque 12: #a8]

Artículo 8. De los voluntarios.

1. Tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que decidan libre y voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades definidas en el artículo 3.2.

2. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos:

a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales.

b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral.

3. Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad universal de los voluntarios mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, de manera que puedan ejercer, en igualdad de condiciones respecto del resto de los voluntarios, los derechos y deberes que les correspondan de acuerdo con esta Ley, erradicando cualquier posible forma de discriminación.

En estos casos, el consentimiento para su incorporación a la entidad de voluntariado, la información y formación y las actividades que se les encomienden, se deberán llevar a cabo en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, siguiendo las pautas marcadas por los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles.

4. Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.

5. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.

[Bloque 18: #a13]

Artículo 13. De las entidades de voluntariado.

1. Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros competentes, de acuerdo con la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la Unión Europea de aplicación.

b) Carecer de ánimo de lucro.

c) Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura asalariado necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones que requieran un grado de especialización concreto.

d) Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado diseñados y gestionados en el marco de las actividades de interés general, que respeten los valores, principios y dimensiones establecidos en el artículo 5 y se ejecuten en alguno de los ámbitos recogidos en el artículo 6.

2. En todo caso tendrán la consideración de entidades de voluntariado las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito estatal o autonómico o de la Unión Europea.

[Bloque 30: #a22]

Artículo 22. De la promoción del voluntariado desde las universidades.

1. Las universidades, responsables de la formación universitaria de personas jóvenes y adultas, podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación propios como son la formación, la investigación y la sensibilización de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación.

2. Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la formación y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado y podrán promoverse desde la propia universidad o con la participación de entidades de voluntariado. La intervención de los integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será libre y voluntaria y no supondrá la sustitución de la Administración en las funciones o servicios públicos que esté obligada a prestar por ley.

3. Las universidades fomentarán la docencia y la investigación en todos sus niveles en torno al voluntariado. Para ello, podrán suscribir convenios de colaboración con las Administraciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados, quienes a su vez podrán solicitar a las universidades cursos, estudios, análisis e investigaciones.

4. Las universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos establecidos en la correspondiente normativa de aplicación en materia de ordenación universitaria, y respeten los valores y principios del voluntariado establecidos en la presente Ley.

[Bloque 45: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 14 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

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INFORME AVATMA SOBRE TRASLADO COLONIAS FELINAS

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INFORME AVATMA SOBRE TRASLADO COLONIAS FELINAS

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Consecuencias de la captura y reubicación de gatos ferales fuera de su colonia de origen El control de colonias felinas urbanas mediante el método CES es considerado actualmente el mejor sistema pa…

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Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

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Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

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Cuando hay maltrato animal.

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PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO

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MANUAL GESIÓN DE COLONIAS FELINAS EDITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DERECHOS DE LOS ANIMALES

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MANUAL GESIÓN DE COLONIAS FELINAS EDITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DERECHOS DE LOS ANIMALES

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CÓDIGO CIVIL (A los animales les es aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas...)

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CÓDIGO CIVIL (A los animales les es aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas...)

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LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (Se entiende por emergencia aquella situación de riesgo que pone en peligro a personas o bienes).

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LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (Se entiende por emergencia aquella situación de riesgo que pone en peligro a personas o bienes).

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ABRIL 2.024 - VI JORNADAS FELINAS ANDALUZAS

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ABRIL 2.024 - VI JORNADAS FELINAS ANDALUZAS

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José Ramón Becerra.-Avances y retos para consolidar la gestión de las colonias felinas en España

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Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.

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Omisión del Deber de Perseguir Delitos y la Inactividad de la Administración en casos de maltrato y abandono animal

¿Dónde se regula la Omisión del Deber de Perseguir Delitos y la Inactividad de la Administración Pública?

Artículos 404 y 408 del código penal

a) denuncias por delito de maltrato y/o delito de abandono animal y

b) denuncias administrativas por incumplimiento de la normativa administrativa de protección animal

se regula en los artículos 404 y 408 del código penal.

De todos es bien conocido (sobre todo por parte de todas aquellas personas vinculadas a la protección animal, en cualquiera de sus vertientes), el hecho de que en un importante número de casos:

2. Ocurra demasiado tarde o

3. no seamos atendidos,

ante una llamada de solicitud de auxilio, al evidenciar un caso de maltrato animal o abandono de un animal.

No recibir respuesta de la Administración o...

No recibir respuesta de la Administración ante la que se ha presentado una denuncia administrativa o

recibirla demasiado tarde,

genera para la ciudadanía una sensación de impunidad ampliamente expandida en nuestra sociedad actual.

La lentitud del engranaje administrativo y también del judicial.

La falta de formación de los distintos interlocutores intervinientes en el proceso.

El colapso por el elevado número de procedimientos a tramita.

Y en muchos supuestos la falta de medios,

Y lo mismo sucede, en ocasiones, cuando se formula una denuncia administrativa incluso con medidas provisionales.

(Generalmente solicitando el rescate urgente de un animal maltratado ).

Supuestos de tercera categoría o ...

Dándose a entender que estos casos, de cara a la Administración tienen la consideración, presuntamente, de

"supuestos de tercera categoría" o de

"menor importancia",

generando con ello ante la sociedad, una sensación de absoluta desidia a la hora de interponer una denuncia ante agentes de la autoridad o incluso a la hora de utilizar la vía judicial.

¿Tiene un Agente de la Autoridad alguna responsabilidad cuando se le informa de un caso de maltrato y/o abandono animal y no actúa ?

Sí, tiene el deber de actuar cuando....

Vamos a ver cuándo debe actuar un Agente de la autoridad y en qué supuestos.

¿En qué supuestos tiene que actuar un Agente de la Autoridad?

Tanto si el caso de maltrato animal o abandono, sucede en la vía pública como si ocurre en un inmueble particular, como por ejemplo, cuando el animal está encerrado en una vivienda, sin ningún tipo de atención.

Es decir, cuando estamos siendo TESTIGOS DIRECTOS de un animal con
(Tal y como citaré más adelante, a modo de ejemplo)
Incluso aportamos pruebas, como por ejemplo, imágenes y testigos sobre los mismos hechos, el agente de la autoridad tiene el deber de actuar, tal y como regula la legislación y jurisprudencia que se analiza en este artículo.

Motivos alegados por algunos agentes que se niegan a recoger una denuncia

Y pese a ello,..

Algunos agentes se niegan a recoger nuestra denuncia alegando, alguno/s de estos motivos:

Falta de competencia.

Falta de efectivos, por ser un día de puente o algún otro tipo de festividad.

Nos emplacen para otro momento.

Ralenticen/pospongan la intervención por no considerarla urgente.

Ni siquiera realicen las primeras diligencias de investigación y/o de prevención.

O incluso alerten al posible maltratador.

De tal forma, que en pocos días el animal haya desaparecido o aparezca muerto.

Casos en los que el animal, maltratado o abandonado, desaparece o aparece muerto

En especial, en los siguientes casos, que cito a modo de ejemplo:

Perros "utilizados" para la caza en asentamientos clandestinos, es decir, instalaciones ilegales.

Animales abandonados en una carretera. Cuando alguien baja de un coche a su animal dejándolo completamente abandonado a su suerte en una carretera.

Animales abandonados en una vivienda. Cuando una persona se marcha de viaje dejando encerrados en una vivienda a sus animales durante semanas con el riesgo de morir de inanición.

Animales amarrados a árboles a la intemperie.

¿Tiene alguna responsabilidad el Ayuntamiento o la Administración Provincial, si la hubiere, o la Administración Autónomica?

¿ Tiene alguna responsabilidad el Ayuntamiento, la Administración Provincial, si la hubiere, o la Administración Autonómica, ante la que presentamos, una denuncia administrativa sobre animales, si ésta no la tramita?.

Sí

Vamos a ver la normativa y la jurisprudencia que así lo regula y también algunos supuestos.

En la inspección de oficio o a instancia de parte (denuncia) de instalaciones ilegales (sin licencias administrativas)

Por ejemplo, cuando se solicita la inspección de unas instalaciones que presuntamente carecen de las licencias administrativas oportunas, en casos de :

Criaderos de perros clandestino.

Centros de adiestramiento canino irregular.

Núcleos zoológicos sin las preceptivas autorizaciones medioambientales.

Casos en los que, incluso además, se solicita el decomiso de los animales de forma provisional (por falta de licencias o por albergar a animales en condiciones insalubres).

Un ejemplo. Denuncia por abandono de un animal en una vivienda

O cuando se presenta una denuncia por un abandono de un animal en una vivienda, y pese a nuestra reiteración en varias ocasiones, al tratarse de un domicilio privado y tener la consideración de denunciante.

Y no de interesado ( artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) en ese procedimiento administrativo, no obtenemos respuesta alguna.

Y resulta que la Administración competente en ese caso, no lleva a cabo actuación alguna o la que realizan es parcial o muy tardía, dando lugar a un acontecimiento irreparable.

Vías legales cuando la Administración competente no actúa o lo hace de forma inadecuada

En estos supuestos, es necesario dejar bien claro que:

La vía penal se iniciaría en caso de existencia de un "menoscabo grave para la salud del animal" o para supuestos más graves.

Y la vía administrativa se iniciaría para supuestos menos graves.

A lo largo de este artículo, intentaré esclarecer esta cuestión, con independencia de que jurídicamente proceda un análisis más pormenorizado, dada la complejidad del abanico de posibilidades que pudieran suceder suceder.

Deber de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 404 del código penal)

Teniendo como indiscutible premisa la DOBLE CONDICIÓN que tiene el animal respecto a ser considerado jurídicamente como:

en un caso de delito de maltrato animal y/o delito de abandono.

Bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal. El Animal

De tal modo que el animal es el Bien Jurídico protegido.

Obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en casos de presunto delito maltrato animal

Motivo por el cual, es obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la protección y adopción de medidas.

Actuación de oficio y/o a instancia de parte

Igual que en cualquier otro delito de carácter público

Exactamente igual que se haría con cualquier otro delito de carácter público.

Problema. La inexistencia de protocolos y falta de formación especializada

Un dato positivo. Formación, concienciación y actuaciones brillantes de algunos agentes

No obstante, he de adelantar que cada vez hay más formación y concienciación por parte de los mismos, yendo en aumento las brillantes y fructíferas actuaciones llevadas a cabo.

Leyes y artículos aplicables a los agentes y a las Administraciones Públicas que les obligan a actuar en casos de animales

El apoyo normativo en que fundamentar nuestra petición de actuación a un agente de la autoridad y/o a una Administración Pública, ante un caso de maltrato, abandono de un animal o la comisión de otro tipo de infracciones administrativas relacionadas con animales, lo encontramos, entre otros preceptos en los siguientes, a cuyo texto nos remitimos:

En el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En el artículo 333 bis apartados 1 y 2 del Código Civil donde reconocen a los animales como "Seres Sintientes" y "Seres dotados de Sensibilidad".

En los artículos 337, 337 bis y 408 del Código Penal.

En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente en sus artículos 5.2.c), 5.4, 11.b), 11.g),11.3, 11.4, 53.e) y g).

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 13, 262, 282, 553,770, 795 y 796.

En los artículos 18 y 24.1 de la Constitución Española.

En la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana en sus artículos 2, 3, 4, 15, 16, 19, 21, 45, 47 y 49.

En la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común en los artículos 18, 20, 56 y 100.

En las leyes autonómicas de protección animal.

En las normativas municipales de protección animal.

Vamos a ver qué dice el código penal.

Inactuación o actuación parcial de Agentes de la Autoridad o Administraciones Públicas en casos de animales (artículo 408 del código penal)

En estos casos esta inactuación o actuación parcial podría encuadrarse en el tipo previsto en el artículo 408 del código penal que dice lo siguiente.

Artículo 408 del código penal

"La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo,

dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables,

incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

¿ Qué dicen los jueces en casos de incumplimiento de actuación, cuando tienen el deber de hacerlo, agentes de la autoridad y/o Administraciones Pública?

Vamos a verlo.

Jurisprudencia. Sentencias

Son de interés resoluciones como las que cito a continuación.

Auto nº 149/2020. de la Audiencia Provincial, sección nº 3 de Mérida, de 5 de Mayo de 2020

"...El artículo 408 del Código Penal incorpora en el tipo objetivo

una conducta omisiva por parte de la autoridad o funcionario público

que faltando a los deberes de su cargo

se abstiene de promover la persecución de los delitos ".

Lo que se castiga no es la

"...no persecución de un delito ya calificado,

sino la abstención en el deber de todo funcionario de dar a la "notitia criminis" de cualquier delito

el tratamiento profesional que exige nuestro sistema procesal"

Sentencia del Tribunal Supremo nº 198/2012, de 15 de marzo

El Tribunal Supremo indica que:

"...el delito se consuma en el instante mismo en que conocen el delito [los funcionarios públicos] y no actúan ..."

Sentencias del Tribunal Supremo nº 1547/98, de 11 de diciembre y nº 342/2015, de 2 de junio

Es un delito de mera actividad que no requiere resultado concreto posterior a la infracción del deber de actuar.

Sentencia del Alto Tribunal nº 542/2016, de 20 de junio

Es más, el Tribunal Supremo ni siquiera exige que exista certeza previa de la comisión del delito con todos sus elementos jurídicos, en cuanto que esto es una forma de prevaricación omisiva

Sentencia nº 342/2015, de 2 de junio

Ni la efectiva existencia del delito, sino la noticia de su existencia ( sentencia nº 1273/2009, de 12 de diciembre)..."

Sentencia nº 175/2020 Audiencia Provincial de Tarragona de 11 de marzo de 2020

"...Inicio mi exposición con la Sentencia del Tribunal Supremo nº 542/2016 de 20 de junio (RJ 2016, 2787)

que nos recuerda y condensa la doctrina de la sala Segunda

respecto al tipo previsto en el artículo 408 del Código Penal (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777) .

Y al respecto señala "en relación al delito de omisión del deber de perseguir delitos, el artículo 408 del Código Penal

(RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777)
castiga a la autoridad o funcionario público
que faltando a la obligación de su cargo,
dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos
de que tenga noticia o de sus responsables.

Se trata por tanto de un delito de omisión puro

en el que el sujeto activo ( autoridad o funcionario público que tenga entre sus atribuciones legales la de promover la persecución del delito y de sus responsables)

debe haber conocido, por cualquier vía, la perpetración del delito.

Se añade que la porción de injusto que abarca este precepto no puede obtenerse sin la referencia interpretativa que ofrece el vocablo "noticia" que no implica que haya de conocer de forma detallada de todas las circunstancias de la infracción.

STS nº 342/2015 de 2 de junio (RJ 2015, 3551) y STS nº 773/2013 de 22 de octubre (RJ 2014, 1833) .

La no persecución de un agente de una "Notitia Criminis"

Es decir, no se trata de la no persecución de un delito ya calificado,

sino la abstención en el deber de todo funcionario de dar a la "notitia criminis' de cualquier delito,

el tratamiento profesional que exige nuestro sistema procesal.

El verbo "promover" que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, lo define en dos de sus acepciones como:

Impulsar el desarrollo o la realización de algo o

Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo.

Por ello, incluso la parcial persecución es compatible con la parcial falta de promoción, que no deja ser típica por parcial ( STS de 20 de octubre de 2010 , RJ 2010, 7870, EDJ 264941).

Esto sucederá tanto si la investigación se circunscribe a algunos de los eventuales responsables, con elusión de otros, como si se demora en el tiempo la efectividad de la persecución.

Por ello, el tipo subjetivo se integra con dos componentes:

El conocimiento de la existencia de una acción presuntamente delictiva, sea cual fuera la forma en que esa noticia se recibe y,

la intencionalidad como configuración específica del dolo requiere que sea intenso, no bastando un dolo eventual.

(STS 17/2005 de 3 de febrero (RJ 2005, 665) .

Y, por tanto el delito se consuma, es decir, el deber de promover la persecución - en los funcionario públicos -, tan pronto como tiene noticia de su comisión - artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcr. 1882, 16).

Por lo que el delito se consuma en el instante mismo en que se conoce el delito y, no se actúa.

Delito de mera actividad

Por tanto, estamos ante un delito de mera actividad.

No requiere un resultado concreto posterior a la infracción del deber de actuar.

Sentencia N°254 Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, de 29 de Junio de 2018

"...Respecto al delito de omisión del deber de perseguir delitos tipificado y penado en el artículo 408 del Código Penal, la STS 14/7/2016 (RJ 2016, 3560) señala:

"La reciente STS 542/2016 de 20 de junio (RJ 2016, 2787) condensa la doctrina de esta Sala respecto al tipo previsto en el artículo 408 CP .

Y al respecto señala en relación al delito de omisión del deber de perseguir delitos,

el artículo 408 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)

castiga a la autoridad o funcionario que,

faltando a la obligación de su cargo,

dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.

Y tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 342/2015 de 2 de junio (RJ 2015, 3551) y 773/2013 de 22 de octubre (RJ 2014, 1833) que se trata de

un delito de omisión pura

en el que el sujeto activo ( autoridad o funcionario público que tenga entre sus atribuciones legales la de promover la persecución de los delitos y sus responsables)

debe haber conocido, por cualquier vía, la perpetración del delito.

Delito de omisión pura

Tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias nº 342/2015 de 2 de junio (RJ 2015, 3551) y nº 773/2013 de 22 de octubre (RJ 2014, 1833) que se trata de un delito de omisión pura en el que el sujeto activo (autoridad o funcionario público que tenga entre sus atribuciones legales la de promover la persecución de los delitos y sus responsables) debe haber conocido, por cualquier vía, la perpetración del delito.

Cuando el agente o funcionario tiene conocimiento de una "Notitia Criminis"

Se añade que la porción del injusto abarcada por este precepto no puede obtenerse sin la referencia interpretativa que ofrece el vocablo "noticia"

el tratamiento profesional que exige nuestro sistema procesal.

Y es que tratándose de funcionarios públicos afectados por la obligación de promover la persecución de un delito,

lo que reciben aquéllos son precisamente noticias de la comisión de un hecho aparentemente delictivo,

nunca un hecho subsumido en un juicio de tipicidad definitivamente cerrado ( STS. 198/2012 de 15 de marzo (RJ 2012, 4066) .

Cuando el agente tiene indicios de la actividad y no interviene

Por tanto, basta con que el agente tenga indicios de que la actividad que se desarrolla ante él y en la que no interviene, debiendo hacerlo,

es indiciariamente delictiva,

sin que sea necesaria la certeza de que aquella actividad es un delito con todos sus elementos jurídicos (SSTS 330/2006 de, 10 de marzo (RJ 2006, 2279) , 1273/2009 de 17 diciembre (RJ 2009, 7613) .

Por ello, el tipo subjetivo se integra con dos componentes:

1. El conocimiento de la existencia de una acción presuntamente delictiva, sea cual fuera la forma en que esa noticia se recibe.

2. Y la intencionalidad como configuración específica del dolo.

( STS 17/2005 de 3 de febrero (RJ 2005, 6665).

En cuanto a la consumación, el deber de denunciar y promover la persecución de los delitos, surge para los funcionarios policiales,

tan pronto como tienen noticia de su comisión, según dispone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Delito de mera actividad

Por lo que el delito se consuma en el instante mismo en que conocen el delito y no actúen.

Y es entonces, cuando se inicia la posible prescripción del delito STS nº 1547/98 de 11 de diciembre (RJ 1998, 10340).

Es, por tanto, un delito de mera actividad, que no requiere un resultado concreto posterior a la infracción del deber de actuar.

Bien jurídico protegido del artículo 408 del código penal. Correcto desempeño de la función pública

Por último, en cuanto al bien jurídico protegido se destaca en la doctrina que es el correcto desempeño de la función pública..."

Consecuencia jurídica de no perseguir un delito de maltrato animal o de abandono es la aplicación del artículo 408 del código penal

Podemos concluir que la inacción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de la Autoridad, de perseguir un delito de maltrato o abandono animal, previsto en los artículos 337 y 337 bis del Código Penal

es plenamente subsumible en el tipo penal del delito de omisión de perseguir delitos previsto y penado en el artículo 408 del Código Penal.

Encuadrándose en el mismo tanto la conducta omisiva, consistente en la falta de actuación dolosa, como la actuación parcial o la demora en el tiempo que puede mermar su efectividad.

No obstante, sin duda alguna hemos de reconocer que es admirable la profesionalidad que tienen muchos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, pese a la multitud de obstáculos con los que se encuentran en su día a día, luchan con los medios que tienen a su alcance, en la mayoría de las ocasiones escasos.

Dichos agentes realizan, de forma encomiable una actuación para combatir esta lacra social que es el maltrato animal,

no pudiéndose entender esta inactividad de forma generalizada.

La existencia de este tipo de conductas y el desconocimiento de qué hacer o cómo sustentar una posible acción judicial contra la misma, me ha llevado a dar estas breves pinceladas sobre esta realidad.

Obligación de la Administración de contestar. La inactividad de la Administración - Vía de hecho y la Prevaricación Omisiva - (Artículo 404 del código penal)

Tengamos como premisa la obligación de la Administración de dar respuesta a cualquier solicitud/denuncia presentada por un ciudadano.

Obligación de contestar de la Administración Pública, artículo 21 de la Ley 39/2015

Sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga

prescripción,

renuncia,

caducidad o

desistimiento,

o bien la desaparición sobrevenida de su objeto.

Pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido.

Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Responsabilidad del personal de la Administración Pública, artículo 6 de la Ley 39/2015

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que:

" El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos,

así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables,

en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo ".

Pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Quiere decir con ello, que la Administración siempre y en todo caso tiene la obligación de contestar.

Pero, ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los que la Administración, siguiendo el ejemplo con el que se ha iniciado este artículo, no hace absolutamente nada de lo solicitado?

¿Podríamos encuadrarlo dentro del artículo 404 del código penal?

¿Cabe la conducta omisiva de la Administración ante un supuesto de prevaricación del artículo 404 del código penal?

La respuesta debe ser afirmativa.

Teniendo en cuenta la descripción que hace el artículo 404 del código penal con respecto al delito de prevaricación cometido por funcionario público.

El mismo queda referido, a priori a "dictado" de una resolución.

Sí, por comisión por omisión

Inactividad de la Administración Pública

L a falta de tramitación de un expediente administrativo sancionador supone estar ante una posible responsabilidad administrativa por omisión que requiere, no una mera pasividad, sino una inactividad de la Administración, es decir una NO ACTUACIÓN que resulta antijurídica por que previamente existe el deber de actuar, al estar competencialmente obligado.

Doble acción legal para las entidades de protección animal cuyas denuncias administrativas no sean tramitadas por la Administración, artículo 4.2 Ley 39/2015

Vía contencioso - administrativa, artículos 25 y 29 de la LJCA

1. Poder acudir a la vía contencioso administrativa, alegando la i nactividad de la Administración, en base al artículo 25.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación al artículo 29 del mismo texto legal que establece:
"También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley".
Vía penal, artículo 37 Ley 39/2015, artículo 78.1 Ley 7/1985 y artículo 404 del C.P.

2. Poder acudir a la vía penal, en cuyo estudio nos centraremos.

Esta responsabilidad penal viene contemplada en las siguientes normas y preceptos.

El artículo 37 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público:

"La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas,

así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente".

Y también en el mismo sentido, en el artículo 78.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo tenor literal dice:

Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable"
El artículo 404 del código penal.
"...A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años ..."

Jurisprudencia. Sentencias sobre la responsabilidad penal del funcionariado público por delito de prevaricación por omisión, artículo 404 del código penal

Sentencia nº 164/2017, de 19 de Junio de 2017 del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Bilbao

Delito especial propio, artículo 24 del código penal

Bien jurídico protegido del artículo 404 del código penal. Correcto funcionamiento de la Administración Pública y derechos constitucionales (artículos 9.1, 9.3 y 103)

De modo que se respete la exigencia constitucional de garantía de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 CE ).

Con la regulación y aplicación del delito de prevaricación no se pretende sustituir a la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la Jurisdicción Penal.

Bien porque se haya dictado la resolución sin tener la competencia legalmente exigida.

Bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento.

Bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.

Ello implica, sin duda su contradicción con el Derecho, que puede manifestarse, según reiterada jurisprudencia.

Esto es la desviación teleológica en la actividad administrativa desarrollada, una intención torcida en la voluntad administrativa que el acto exterioriza.

En definitiva una distorsión entre el fin para el que se reconocen las facultades administrativas por el ordenamiento jurídico y el que resulta de su ejercicio concreto ( SSTS. Sala 3ª de 20 de noviembre de 2009 y 9 de marzo de 2010 ).

Requisitos para apreciar la comisión de un delito de prevaricación

Para apreciar la comisión de un delito de prevaricación, en definitiva, s erá necesario:

En primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo.

En segundo lugar, que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal.

En tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable.

En cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto.

Y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. ( STS nº 228/2013, de 22 de marzo ).

Prevaricación por omisión

La doctrina de esta Sala ha admitido la posibilidad de cometer el delito de prevaricación por omisión en aquellos casos especiales en que era imperativo para el funcionario dictar una resolución

(Alcalde que no convoca un Pleno para resolver una moción de censura, STS nº de 9 de junio de 1998 ,

Alcalde que por enemistad con un vecino se niega a darle un certificado de empadronamiento,

STS nº 190/1999, de 12 de febrero , STS nº 965/1999, de 14 de junio, STS nº 426/2000 de 18 de marzo, STS nº 647/2002, de 16 de abril , STS 1382/2002, de 17 de julio ,

Alcalde que se niega a convocar una comisión de investigación en el Ayuntamiento y a facilitar datos a un Concejal, STS nº 787/2013, de 23 de octubre , STS nº 771/2015, de 2 de diciembre , etc.)

Prevaricación como delito de infracción de un deber (acción u omisión)

Considerada la prevaricación como delito de infracción de un deber, éste queda consumado en la doble modalidad de acción u omisión con el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, convirtiendo su comportamiento en expresión de su libre voluntad, y por tanto en arbitrariedad.

Es cierto que no toda omisión puede constituir el comportamiento típico de un delito de prevaricación porque no cualquier omisión de la autoridad o funcionario puede considerarse equivalente al dictado de una resolución.

La posibilidad de prevaricación omisiva concurre en aquellos casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelida al dictado de una resolución,

bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio de la autoridad o funcionario equivalga legalmente a una denegación de la petición,

o bien porque exista una norma que de forma imperativa imponga la adopción de una resolución, y la Administración haya realizado alguna actuación tras la cual sea legalmente preciso dictar dicha resolución, de manera que la omisión de la misma equivalga a una resolución denegatoria, implicando de alguna manera un reconocimiento o denegación de derechos (ver STS nº 771/2015 , de 2 de diciembre )."

Respecto a los requisitos que debe reunir una actuación para que pudiere entrar dentro del tipo penal, traemos a colación la

Sentencia nº 244/2021 de la Audiencia Provincial de la sección nº1 de la La Coruña

que recoge:

"Repite la STS nº 258/2019, de 22 de mayo, que para la comisión del delito recogido en el artículo 404 del código penal, es necesario que la autoridad o funcionario público realice un acto que suponga una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran.

En este sentido la sentencia de este Tribunal nº 723/2009, de 1 de julio de 2009 establece que no toda resolución administrativa ilegal es arbitraria por el mero hecho de resultar contraria a las disposiciones del ordenamiento jurídico.

De esta forma, es necesario de la actuación que sea manifiestamente arbitraria, esto es, carente de justificación alguna mediante las interpretaciones que tengan cabida en el ordenamiento jurídico.

Prevaricación administrativa

Conforme reiteradamente viene señalando esta Sala, para que pueda apreciarse prevaricación administrativa, no basta la mera ilegalidad a este respecto.

No existen estos delitos cuando la resolución correspondiente es sólo una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho;

se precisa una discordancia tan patente y clara entre esta resolución y el ordenamiento jurídico que cualquiera pudiera entenderlo así por carecer de explicación razonable.

Es decir, l a injusticia ha de ser tan notoria que podamos afirmar que nos encontramos ante una resolución arbitraria.

También es reiterada la doctrina sobre lo que debe entenderse por el contenido de la injusticia o arbitrariedad, que puede provenir tanto en

la absoluta falta de competencia del funcionario o autoridad,

en la inobservancia de alguna norma esencial del procedimiento,

o en el propio contenido sustancial de lo resuelto ( sentencia nº723/2009, de 1 de julio )".

STS nº 411/2013, de 6 de mayo

Son requisitos para afirmar la existencia del delito (en este sentido STS nº 411/2013, de 6 de mayo).

En primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo.

En segundo lugar, que la resolución dictada sea contraria al derecho, es decir, ilegal.

En tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancias de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico - jurídica mínimamente razonable.

En cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto.

y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.

STS nº 244/2015, de 22 de abril. Prevaricación omisiva

Con referencia a la prevaricación omisiva hemos de citar la STS nº 244/2015, de 22 de abril.

Esta cuestión ha sido abordada varias veces por la jurisprudencia de esta Sala sobre todo a partir del Pleno no Jurisdiccional de 30 de Junio de 1997.

Que resolviendo discrepancias existentes al respecto, así lo entendió.

Se pronunció en el sentido de que la prevaricación recogida en el artículo 404 del Código Penal puede ser cometida por omisión.

Otras sentencias sobre la prevaricación omisiva

En todo caso, el Alto Tribunal (por todas, SS TS nº 82/2017, de 13 de febrero y nº 575/2017, de 19 de julio) ha señalado que:

Convirtiendo su comportamiento en expresión de su libre voluntad, y por tanto, en arbitrariedad.

En concreto, la posibilidad de la prevaricación omisiva concurre en aquellos casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelida al dictado de una resolución.

Bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio de la autoridad o funcionario equivalga legalmente a una denegación de la petición.

O bien porque exista una norma que de forma imperativa imponga la adopción de una resolución, y la Administración haya realizado alguna actuación tras la cual sea legalmente preciso dictar dicha resolució n.

De manera que la omisión de la misma equivalga a una resolución denegatoria, implicando de alguna forma un reconocimiento o denegación de derechos".

" el delito de prevaricación solo puede cometerse dolosamente. Ni siquiera resultaría suficiente un dolo eventual. - A sabiendas - reza el artículo del 404 del código penal, enfatizando esa idea".

De conformidad con lo expresado, la STS nº.766/1999, de 18 mayo, puntualiza que con el uso de la locución a sabiendas, expresión del elemento subjetivo:

"se puede decir que se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal,

cuando la autoridad o funcionario,

teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración".

Conclusión

Pese a encontrarnos con un sistema administrativo y judicial, en muchísimas ocasiones, inoperante y cómplice del maltrato animal, tanto en su forma activa como omisiva, he intentado esquematizar con la mayor claridad posible las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Para que desde nuestra situación podamos intentar impulsar el único engranaje que tenemos en nuestro estado de derecho utilizando los medios normativos y los agentes que deben implicarse en la protección animal.

Nuestra pasividad y la falta de denuncia nos hace cómplices de la situación por la que miles de millones de seres sintientes están viviendo en nuestro planeta.

Por eso, siempre animo a la acción y a dar un paso adelante.
Y denunciar cualquier situación respecto de la que tengamos conocimiento.

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Omisión del Deber de Perseguir Delitos e Inactividad de la Administración en casos de Maltrato y Abandono Animal

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La Omisión del Deber de Perseguir Delitos e Inactividad de la Administración, en denuncias de delito de maltrato y/o delito de abandono animal

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Control de colonias felinas | Octavio Pérez Luzardo, catedrático de Veterinaria en la  ULPGC

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Las poblaciones de gatos comunitarios, conocidos popularmente como "callejeros", han formado parte de nuestros pueblos y ciudades desde hace siglos, en una convivencia inseparable de la sociedad humana. Durante décadas, las administraciones han gestionado esta realidad de dos maneras: ignorándola o eliminando a los gatos, con escasos resultados a largo plazo.

En la última década, ha tomado fuerza un enfoque distinto: el método Captura-Esterilización-Retorno (CER). Impulsado por entidades de protección animal y ayuntamientos pioneros, este sistema de control no letal ha demostrado ser la única estrategia efectiva para estabilizar y reducir estas poblaciones.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, conocida como Ley de Bienestar Animal, la gestión de los gatos comunitarios mediante CER se convirtió en un mandato legal en todo el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la evidencia científica y los resultados contrastados a nivel internacional, el método sigue siendo cuestionado, e incluso desafiado, por algunos sectores. Pero el problema no es el CER en sí, sino la falta de compromiso institucional para aplicarlo correctamente.

¿Cuántas veces hemos escuchado que el método CER no funciona?

Los argumentos en contra del método CER (acrónimo de Captura-Esterilización-Retorno) suelen repetirse como un mantra: que los gatos siguen cazando, que su población no disminuye lo suficientemente rápido, que la gestión de colonias es inviable o que es un "parche" sin solución definitiva. Pero todos estos cuestionamientos parten de una premisa errónea: no analizan los resultados del CER cuando se implementa de manera correcta, con compromiso, recursos y rigor técnico.

Porque la verdadera pregunta no es si el CER funciona o no, sino qué ocurre cuando una Administración realmente quiere que funcione.

En este artículo analizamos dos modelos de gestión de colonias felinas basados en nuestras investigaciones recientemente publicadas a nivel internacional. Córdoba representa el caso de éxito: un programa CER bien estructurado, con respaldo institucional y planificación a largo plazo, que ha logrado estabilizar la población felina y reducir su impacto de forma efectiva. Canarias, en cambio, ilustra el escenario opuesto: la imposición de trabas administrativas que paralizan cualquier solución real, perpetuando el problema y afectando tanto a la biodiversidad como a la convivencia social.

Los datos hablan por sí solos: el CER funciona, pero solo cuando se aplica de manera rigurosa y siguiendo criterios científicos. El CER no es simplemente capturar gatos, esterilizarlos y retornarlos. Es una estrategia integral, con una base científica sólida y protocolos bien establecidos. Sin embargo, no siempre que se habla de CER se está aplicando realmente este método. En muchos casos, se usa la etiqueta para justificar intervenciones desordenadas: esterilizaciones sin planificación y/o insuficientes, falta de continuidad, falta de seguimiento sanitario o alimentación inadecuada. El problema no es el método, sino su aplicación deficiente.

Cuando las administraciones quieren que el CER funcione: el caso de Córdoba

Si preguntamos a cualquier persona con un mínimo de interés en el tema si el método CER funciona, la respuesta dependerá más de su postura ideológica que de los datos. Para algunos, no es más que una solución a medias, un intento fallido de controlar una población que, según ellos, nunca dejará de crecer. Para otros, es la única estrategia viable para gestionar los gatos comunitarios de manera ética y efectiva.

Pero si la pregunta se la hacemos a quienes gestionan colonias felinas donde el CER se ha implementado correctamente, la respuesta será tajante: ¡claro que funciona! No tendrán dudas ni vacilaciones y podrán explicar con todo lujo de detalles cómo ha evolucionado su colonia en los últimos años. Sabrán cuántos gatos han sido esterilizados, cuántos han sido adoptados, cuántos han fallecido por causas naturales y cuántos siguen allí, sin que la población aumente de forma descontrolada. Quien está en el terreno, día tras día, no necesita teorizar sobre si el CER funciona o no. Lo ha visto funcionar.

La pregunta clave, por tanto, no es si el CER funciona, sino dónde y cómo se aplica. Porque cuando hay voluntad política, recursos y una estrategia bien diseñada, el método no solo funciona, sino que transforma la realidad de los gatos, de las personas, de la convivencia urbana y del medioambiente. Córdoba es un ejemplo de ello.

Hasta hace unos años, la gestión de los gatos comunitarios en la ciudad seguía el mismo patrón que en la mayoría de los municipios de España: voluntarios desbordados, intervenciones esporádicas, colonias sin control y administraciones que miraban hacia otro lado. Hasta que algo cambió.

En 2020, el Ayuntamiento, a instancias de las asociaciones de protección animal, decidió abordar el problema desde una perspectiva realista y efectiva. No como una cuestión de animalismo ni como un debate teórico sobre si los gatos deberían estar o no en la ciudad, sino como una cuestión de gestión pública. Los gatos estaban ahí, ignorarlos no haría que desaparecieran y las estrategias previas habían demostrado ser ineficaces. Así que, en lugar de seguir en la inacción, optaron por aplicar un modelo basado en la coordinación entre distintos actores.

La empresa municipal SADECO aportó la infraestructura y los recursos administrativos; el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba facilitó acuerdos con veintitrés clínicas veterinarias para realizar las esterilizaciones; las asociaciones FdCATS y FAPAC pusieron su experiencia en la coordinación técnica del proyecto, y, lo más importante, la ciudadanía organizada dejó de ser mera espectadora y pasó a ser un engranaje clave del sistema. Lo que antes dependía exclusivamente de voluntarios desbordados, ahora se convertía en un programa con apoyo institucional, planificación a largo plazo y con metodología y seguimiento rigurosos.

Y funcionó.

En solo cuatro años, el programa ha conseguido estabilizar la población felina en la ciudad. Se han gestionado 225 colonias, más de 5.000 gatos, con un índice de esterilización del 95%, un porcentaje que garantiza que el número de gatos ya no crece sin control. Y los datos, lejos de ser anecdóticos, han sido contrastados y publicados recientemente en una prestigiosa revista científica internacional. No es una percepción subjetiva: es ciencia.

Pero más allá de los números, lo realmente significativo es que el problema ha dejado de ser un conflicto sin solución para convertirse en un desafío manejable. Las quejas vecinales han disminuido, la presión sobre la biodiversidad urbana se ha reducido y la convivencia con los gatos ha mejorado notablemente. Y todo esto con un coste casi simbólico en comparación con otras partidas municipales: 0,60 euros por habitante al año. Para ponerlo en perspectiva, eso supone una cantidad equivalente a lo que una ciudad como Córdoba gasta en unos pocos minutos de fuegos artificiales durante las fiestas locales a lo largo del año.

Córdoba no es una excepción ni un milagro. No ha funcionado porque tenga unas condiciones extraordinarias o porque sus gatos sean distintos a los de otras ciudades. Ha funcionado porque se ha hecho bien.

Lo que nos lleva a la pregunta inevitable: si en Córdoba ha funcionado, ¿por qué en otros lugares no?

La otra cara de la moneda: cuando las administraciones ponen trabas e impiden la gestión de los gatos

Si el éxito del CER en Córdoba demuestra que una gestión eficaz es posible cuando hay compromiso y recursos, el caso de Canarias ilustra el escenario opuesto: cuando la Administración impone barreras burocráticas, la solución fracasa y el problema se agrava.

La Graciosa, una pequeña isla del archipiélago canario incluida en la Red Natura 2000, ha sido durante años el epicentro de un conflicto mal gestionado. Es evidente que, en un espacio protegido de estas características, no debería haber gatos comunitarios. Sin embargo, la realidad es que los hay, y las soluciones deben partir de este hecho en lugar de ignorarlo. La presencia de gatos en la isla no es nueva. Durante más de un siglo y medio, los propios gracioseros han convivido con ellos, alimentándolos con los restos del pescado que secaban al sol. Sin embargo, en los últimos tiempos, estos animales han sido señalados por su impacto en la biodiversidad insular, sin que se haya implementado una estrategia clara de control poblacional.

Pero La Graciosa tiene una particularidad: con apenas 750 habitantes, la implicación de la comunidad es determinante. De hecho, proporcionalmente, hay más personas cuidadoras de colonias en la isla que en Córdoba, con aproximadamente una por cada diecisiete gatos.

Y aquí entra en juego la política

Mientras en Córdoba se apostó por una solución efectiva, en Canarias se optó por un entramado normativo que, en la práctica, paraliza cualquier intento de gestión ética.

En julio de 2024, precisamente por lo delicado del ecosistema y la parálisis administrativa, un equipo multidisciplinar de voluntarios e investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria llevó a cabo una intervención histórica en la isla, logrando esterilizar en apenas cuatro días al 82,5 % de los gatos comunitarios y al 95 % de los gatos con responsable legal. La campaña contó con el respaldo del área de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Teguise (municipio al que pertenece la isla), pero se enfrentó a la oposición frontal del resto de administraciones con competencias en este entorno protegido.

Pese a ello, la intervención, diseñada y ejecutada con rigor técnico y respaldo científico, demostró que una acción bien planificada puede marcar la diferencia. Los datos previos confirmaban que la inmensa mayoría de los gatos se concentraban en los dos únicos núcleos habitados de la isla, dependiendo casi exclusivamente de la alimentación humana, directa o indirectamente. Estos datos reflejan una dinámica que, aunque en un contexto insular, natural y protegido, no es tan distinta de la de muchas ciudades en las que los gatos comunitarios subsisten gracias a la interacción con los humanos.

Sin embargo, en lugar de dar continuidad a este avance, las restricciones impuestas por el Gobierno de Canarias han bloqueado cualquier posibilidad de consolidar los progresos alcanzados, perpetuando el problema en lugar de solucionarlo.

Porque el problema no es la existencia de gatos, sino la inacción institucional

En lugar de aprender del éxito de Córdoba, el Gobierno de Canarias ha optado por un enfoque que dificulta la aplicación del método CER. En diciembre de 2024, la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad emitió una resolución que establece "criterios básicos" para la gestión de colonias felinas en el medio natural. En teoría, el documento busca "armonizar" la Ley 7/2023 con la normativa de conservación. En la práctica, introduce una serie de obstáculos administrativos que convierten la gestión en un laberinto burocrático sin salida.

El texto enfatiza los efectos negativos de los gatos en la biodiversidad, pero omite por completo la evidencia científica que respalda la eficacia del CER en la reducción de estas poblaciones a largo plazo. Además, impone una serie de restricciones que, lejos de solucionar el problema, condenan a la mayoría de las colonias felinas de toda Canarias a una parálisis administrativa: se exige que cada intervención pase por una evaluación de impacto ambiental, se limita la actuación a determinados espacios y, lo más significativo, no se asigna ningún presupuesto específico para su aplicación. En otras palabras: se establecen tantas condiciones que, en la práctica, la gestión se vuelve inviable.

El resultado es el peor escenario posible

No se permite aplicar el CER de forma efectiva, pero tampoco se proponen alternativas viables. Los gatos siguen ahí, reproduciéndose, mientras la Administración perpetúa un problema que podría resolverse con voluntad política y de la mano de la ciudadanía. La paradoja es evidente: la propia normativa que se redactó para proteger la biodiversidad acaba perpetuando un modelo fallido que, a la larga, perjudica tanto a la fauna autóctona como a los propios gatos.

Frente a este bloqueo institucional, los datos de La Graciosa son contundentes: la intervención de julio de 2024 fue la primera que tuvo un impacto real en la población felina de la isla. Y lo logró precisamente porque aplicó el método CER con rigor, planificación y recursos adecuados. Sin embargo, en lugar de dar continuidad a esta estrategia y consolidar los avances, el Gobierno regional optó por paralizar el proyecto.

El propósito inicial de aplicar el método CER en este delicado ecosistema era claro: servir como un "tapón" que frenara la reproducción descontrolada mientras se desarrollaban soluciones complementarias para reducir progresivamente la población de gatos comunitarios de la isla. Pero, sin seguimiento, cualquier avance se diluye. En apenas seis meses, la falta de acción ha permitido el nacimiento de al menos diez nuevas camadas -unos cuarenta gatos más-, mientras la Administración sigue sin ofrecer una alternativa viable.

No es una cuestión de debate, es una cuestión de responsabilidad

La gestión de los gatos comunitarios no es un problema de recursos ni de viabilidad técnica. Es una cuestión de voluntad política.

Cuando las administraciones deciden gestionar, los resultados llegan. Cuando no quieren hacerlo, imponen trabas burocráticas que solo perpetúan el problema. No hay excusas: los gatos están ahí, su gestión es ineludible y las herramientas para hacerlo de forma ética y efectiva existen.

Algunas administraciones han entendido esto y han aplicado soluciones basadas en la ciencia, la planificación y la colaboración institucional. Otras, sin embargo, han preferido disfrazar la inacción de falsa protección de la biodiversidad, condenando a los gatos a una situación insostenible y perjudicando también a la fauna que supuestamente quieren proteger.

El resultado de este bloqueo no es la desaparición de los gatos ni la recuperación de la fauna autóctona, sino el mantenimiento del problema, la frustración de la ciudadanía y la perpetuación del conflicto.

La pregunta no es si el método CER funciona. Ya sabemos que funciona. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que la falta de voluntad política impida aplicar la única solución viable?

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No es cuestión de relatos, sino de datos: el método CER funciona

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Los gatos están ahí. Ignorarlos no los hace desaparecer. En Córdoba, la Administración apostó por una gestión integral eficaz basada en Captura-Esterilización-Retorno (CER) y ha logrado reducir la población felina de forma ética y efectiva. En Canarias, en cambio, las trabas burocráticas han paralizado cualquier intento real de solución, perpetuando el problema.

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