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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la entrada en vigencia del tratado fiscal con Chile que evita la doble tributación y favocerá las inversiones en

En un momento en el que los países compiten por el litio, un metal importante para los teléfonos inteligentes y las baterías, muchas empresas estadounidenses aumentaron su presencia en Chile, pero hasta ahora se veían sometidas a una doble tributación.

El tratado, aprobado por abrumadora mayoría por el Senado estadounidense en junio, "reducirá las barreras fiscales a las inversiones transfronterizas entre Estados Unidos y Chile", afirma el Tesoro en un comunicado.

Además las autoridades tributarias de ambos países intercambiarán información, añade.

Según el departamento de Estado estadounidenses, " tasas impositivas más bajas permitirán a las entidades que hacen negocios en ambos países ahorrar dinero".

Este acuerdo, defendido durante mucho tiempo por las asociaciones industriales, permitirá que las empresas chilenas "sean más competitivas" en Estados Unidos y viceversa, precisa en una nota.

Para Washington se trata de no quedarse rezagado frente a China, un socio comercial clave en América Latina y que posee un tratado tributario con Chile. Y de mejorar su acceso al litio, conocido como el oro blanco y vital ahora que el mundo, intenta alejarse de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático.

Estados Unidos tiene 57 tratados fiscales integrales, que abarcan más de 60 países de todo el mundo.

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Litio: EEUU y Chile reducen impuestos para estimular las inversiones

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A partir de ahora entró en vigencia un tratado aprobado por el Senado de EEUU para evitar doble tributación entre los países.

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Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos abordan un avión antes de un salto combinado con el Ejército colombiano en la base militar de Tolemaida (Archivo REUTERS/Jonathan Drake)

(Desde Montevideo, Uruguay) La Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos (SFAB, por su sigla en inglés) fue creada en 2017 como una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico. Se ha instalado en algunos países de América Latina y su llegada al continente generó algunos enfrentamientos públicos, como el del partido de las FARC, que lo consideró un plan para desestabilizar la paz regional y agredir a Venezuela.

Pero más allá de esa polémica, la SFAB se instaló finalmente en Colombia, Honduras y Panamá. Este año mantuvo una "presencia fuerte" en estos tres países y en breve prevé expandirse a Ecuador, Perú y Uruguay, según un documento del Ejército de Estados Unidos, del 21 de agosto, informado este jueves por Búsqueda.

La misión principal de las SFAP es realizar operaciones de asesoramiento, apoyo, enlace y evaluación de los países en los que está. La unidad está conformada por personas especializadas en ayudar en esas operaciones.

Una unidad de apoyo del ejército de Estados Unidos desembarca en Uruguay en 2024 (REUTERS/Jonathan Drake)

"El Comando Sur del Ejército está trabajando en concretar la primera oportunidad de intercambio con Uruguay durante 2024 para continuar fortaleciendo la asociación entre nuestros ejércitos y avanzar en los objetivos compartidos de seguridad nacional", declaró la consejera de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Kerri Spindler-Ranta, al medio uruguayo.

La funcionaria explicó que las SFAB funcionan enviando pequeños equipos a los países socios que colaboran con sus ejércitos. Las brigadas se vinculan con las ramas educativas y con los niveles de mando de las fuerzas, como las academias de servicio, escuelas superiores de guerra, comandos de fuerzas especiales, batallones de ingenieros y escuelas de mantenimiento de paz.

Estas fuerzas originalmente funcionaron en Afganistán e Irak y fueron diseñadas para actuar dentro de la campaña militar de Estados Unidos contra el terrorismo en Medio Oriente. En 2020 arribaron por primera vez a América Latina, cuando desembarcaron en Colombia.

El documento del Ejército de Estados Unidos afirma que el incremento de la presencia de las SFAB ayudará a contrarrestar la influencia de otras naciones en la región y permitirá "establecer relaciones vitales para los intereses" de ese país.

Uruguay y Estados Unidos tienen diversos programas en marcha en el combate al lavado de activos, la ciberseguridad y los puertos. La embajadora Heide Fulton señaló en una entrevista con Búsqueda que intentará "capitalizar las herramientas" de los dos países para combatir a los narcotraficantes, la droga y la criminalidad.

Uruguay pretende que una oficina de la DEA se reinstale en el país (REUTERS/Marco Bello)

"El desafío con los narcotraficantes y con los elementos criminales es que tienen muchos recursos y son muy creativos, y puede ser desafiante para los gobiernos hacerles frente. Pero sé que hay mucha voluntad en Uruguay para hacerlo. Nosotros estamos muy enfocados en una cantidad de iniciativas para construir capacidades", indicó la embajadora de Estados Unidos en Uruguay.

En una reunión que Fulton mantuvo con el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés (un funcionario de confianza del presidente Luis Lacalle Pou), el jerarca del gobierno le planteó el interés del país por aumentar la cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico, informó El Observador.

Uno de los pedidos que Uruguay hace a Estados Unidos es que vuelva a instalar la oficina de la Administración del Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) que en 2019 se retiró del país en el marco de una redistribución de recursos en la región.

En otro encuentro que la diplomática había tenido con legisladores de Uruguay, Fulton opinó que el país necesita mejorar el combate al narcotráfico, principalmente porque se encuentra en una región en la que el crimen organizado se consolidó. En ese encuentro, puso como ejemplo a países como Ecuador y Costa Rica, que vieron deteriorada su situación de seguridad en los últimos años y advirtió que eso podría pasar en Uruguay también.

Fulton llegó en febrero a Uruguay. Previo a su desembarco, se ocupó en el Departamento de Estado de programas de combate a drogas ilícitas y crimen organizado en el hemisferio occidental.

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Estados Unidos desplegará por primera vez en Uruguay su fuerza militar de élite para asesorar al Gobierno en seguridad

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La brigada de apoyo a la lucha contra el narcotráfico norteamericana busca expandirse también en Ecuador y Perú, luego de consolidar su presencia en Colombia, Honduras y Panamá

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Este reportaje fue actualizado el 1 de diciembre del 2020 para incluir nuevos datos sobre la deforestación en Brasil.

Durante agosto del 2019, el aumento de los incendios en Brasil y Bolivia volvió a poner el Amazonas en el punto de mira.

Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación.

A pesar de las promesas del gobierno de que pondría fin a la deforestación, los incendios en el bosque volvieron a ocurrir durante el mismo periodo de 2020.

Expertos atribuyen como las causas principales el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera en estos dos países.

Esta práctica, junto a la minería y la explotación económica descontrolada, entre otras, son responsables de las tasas de deforestación crecientes en los nueve países amazónicos (contando con Guayana Francesa, un territorio francés de ultramar).

Aquí radica el punto de fricción entre gobiernos, ambientalistas, empresas e indígenas: el deseo de desarrollar actividades económicas choca en muchas ocasiones con la preservación del Amazonas y de sus pueblos nativos.

Saltar "pueblos nativos"

En todo el Amazonas viven más de 33 millones de personas (cerca del 8% de la población de Sudamérica) entre ciudades, comunidades ribereñas y pueblos indígenas. Hay al menos 100 tribus con las que se tiene poco o ningún contacto.
Final de "pueblos nativos"
"No podemos demonizar las actividades económicas. Si tenemos claro qué queremos hacer con esta región, podemos buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación", dice Natalia Hernández, experta de la Fundación Gaia Amazonas y RAISG.

Saltar "RAISG"

Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada
Final de "RAISG"
"Hasta ahora lo que tenemos son discursos y proyectos de infraestructura contradictorios, que contribuyen a la deforestación y no resuelven los problemas reales de la gente que vive en el Amazonas", añade.

Los procesos de deforestación que tienen lugar en estos países, independientemente de las políticas de cada gobierno, afectan al ecosistema en toda la región, incluso a aquellos países sin la Amazonía.

Esto se debe al rol esencial que tiene este gigante verde: suministrar humedad a Sudamérica, regular el clima de la región y capturar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO ₂), el principal gas de efecto invernadero.

"El cuadrilátero formado entre el centro-sur de Brasil y la cuenca del Río de la Plata sería un desierto si no fuera por el Amazonas", le dijo a BBC Mundo el climatólogo Antonio Donato Nobre, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

"La gente no tiene idea de lo que significa perder este magnífico sistema hidrológico", advirtió.

Si no se revierten estos niveles de deforestación y degradación, dicen los científicos, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta.

Saltar "degradación"

Fenómeno producto de los eventos climáticos, como las sequías, y de la acción humana, como las quemas o la tala ilegal de madera, que deja el bosque más vulnerable y menos capaz de ejercer sus funciones.
Final de "degradación"
¿Qué actividades provocan esta deforestación? ¿Cuánto bosque original ha perdido cada Estado? ¿Qué están haciendo los gobiernos?

Estas son algunas de las cuestiones que exploramos en este especial interactivo.

Los incendios en Bolivia, que comenzaron en mayo de 2019, destruyeron casi dos millones de hectáreas de bosque (el equivalente a 13 veces el tamaño de Ciudad de México), según la Fundación Amigos de la Naturaleza, una ONG de monitoreo.

Y casi la mitad ocurrieron en áreas protegidas, conocidas por su alto índice de biodiversidad.

El gobierno de Evo Morales firmó un decreto autorizando la tala de árboles y las quemas para actividades agrícolas en el Amazonas, lo que provocó protestas de grupos indígenas.

Los ambientalistas también acusaron a Morales de haber estimulado la deforestación con la política de vender más tierras de la región amazónica a empresarios y distribuirlas a campesinos.

La expansión acelerada de la frontera agrícola es principalmente para destinarla a la siembra de soja y la cría de ganado, con la expectativa de exportar estos productos al mercado chino.

En agosto de 2019, Morales festejó la exportación del primer lote de carne de res a China. La misma región fue responsable de casi la mitad de la producción de soja en Bolivia en el 2018, y fue la más afectada por los incendios el año pasado.

En respuesta a las críticas que recibió durante la crisis de los incendios, Morales interrumpió la venta de tierras en Chiquitanía, lo que llamó "pausa ecológica".

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia fue cuestionado sobre su estrategia actual para controlar las quemas y reducir la deforestación, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.

En septiembre de 2020, los incendios volvieron a afectar el Amazonas boliviano, también en la región de Chiquitanía. Esta vez, el gobierno de la presidente interina Jeanine Áñez declaró emergencia nacional y revocó el decreto de Morales que permitía las quemas para la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, grupos activistas dicen que las medidas son insuficientes y piden la invalidación del conjunto de leyes aprobadas durante los gobiernos de Morales y de Áñez que, según ellos, estimulan la deforestación.

Bolivia ya perdió cerca del 8% de su bosque original.

Brasil recibió elogios a nivel internacional por el brutal descenso de la deforestación entre 2004 y 2012. La caída acumulada llegó a un 80% en casi 10 años.

Pero la pérdida de bosque volvió a crecer desde entonces.

En noviembre de 2019, el gobierno presentó datos que confirmaban las predicciones de los expertos: entre la mitad de 2018 y la mitad de 2019, la deforestación en el Amazonas aumentó casi un 30% en relación al año anterior.

Se deforestaron alrededor 9.800 km² (980.000 hectáreas), el área deforestada más grande desde 2008.

Estos números aún no cuentan con las cifras de agosto de 2019, en que los incendios en el Amazonas fueron más agresivos.

Durante ese mes, el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) registró casi 30.901 focos de fuego en el bioma amazónico, un número superior a la media histórica para el período entre 1998 y 2018.

Correlación entre los fuegos y la deforestación

A pesar de que el gobierno de Jair Bolsonaro afirmó que eran consecuencia de la época seca, una investigación del IPAM y la Universidad Federal de Acre, en Brasil, contradice la explicación del gobierno con resultados contundentes.

De acuerdo al informe, el número de incendios en la Amazonía está directamente relacionado a la deforestación.

"Los diez municipios amazónicos que más reportaron brotes de incendios también fueron los que tenían las tasas de deforestación más altas. Estos municipios son responsables del 37% de los brotes de incendios en 2019 y del 43% de la deforestación registrada hasta julio", dice el texto.

La práctica de quemas controladas es común después de deforestar un área de bosque, según Erika Berenguer, experta en selvas tropicales de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

"Tras ser talado, se deja secar unos meses y se le prende fuego para limpiar toda la vegetación. En general, lo usan para plantar capín y hacer pasto", dice.

Al principio de la crisis, el presidente dijo que los datos del INPE eran "mentira" y acusó al director del Instituto, Ricardo Galvão, de estar "al servicio de alguna ONG". La reacción de Bolsonaro provocó reacciones negativas dentro y fuera de Brasil.

La especulación de tierras y la ganadería

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona directa o indirectamente con la ganadería.

Brasil es el mayor exportador de carne de res del mundo, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. y de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne de Res.

Esta actividad corresponde al 7% del PIB del país y supone el 4,6% de sus exportaciones.

En el último año, las áreas que tuvieron las mayores tasas de deforestación están cerca de las ciudades donde está la mayor concentración de cabezas de res de Brasil y son también las regiones que sufrieron más incendios, según el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM).

Actualmente, cerca del 40% del ganado del país está en los estados amazónicos.

Pero esto es solo parte de la historia.

El primer uso que se da a tierras deforestadas en Brasil es la ganadería. Pero el objetivo no es necesariamente ganar dinero con la producción de carne, sino con la venta de tierras". Marcelo Stabile, IPAM

El Amazonas brasileño tiene cerca de 60 millones de hectáreas que son consideradas áreas públicas, o sea, no tienen uso legal definido por el gobierno.

"No son áreas de conservación, ni territorios indígenas, por ejemplo. Las personas acaparan esas tierras, las deforestan y ponen cabezas de res, ya que es la manera más barata de ocuparlas", dice Stabile, ingeniero agrónomo y investigador del IPAM, a BBC Mundo.

Alexander Lees, de la Red Amazonía Sustentable, coincide.

"Un tramo de tierra sin árboles vale más en el mercado. Por eso, los acaparadores deforestan y ponen ganado ahí, mientras encuentran una forma de venderlo, ya sea a agricultores o a otros ganaderos", dice Lees.

El próximo paso en esta cadena, según Stabile, es conseguir ilegalmente un título de propiedad de la tierra y venderla. Acto seguido, los acaparadores buscan otro trecho de bosque, y así sucesivamente.

"Muchas veces esas tierras son vendidas a grandes ganaderos, que pueden saber qué es tierra deforestada ilegalmente y qué no", explica.

Este proceso se repite en otros países amazónicos como Colombia, Perú y Ecuador.

Los nuevos datos de deforestación muestran que la proporción de áreas grandes (con más de 500 hectáreas) deforestadas entre 2018 y 2019 fue la mayor en 10 años. Y eso, según los expertos, puede indicar que grandes productores también pueden estar involucrados en el acaparamiento de tierras.

"Obviamente el tamaño del área deforestada indica el poder de quien lo está haciendo. Deforestar 500 o mil campos de fútbol no es una tarea barata. Se necesitan máquinas, gente para hacerlo", dice el investigador del IPAM.

Pero, según Stabile y otros investigadores, Brasil podría duplicar o hasta triplicar sus rebaños sin deforestar ni un hectárea más de Amazonas.

"Lo que ocurre ahí es especulación de tierras, ese es el gran impulsor de la deforestación. Si el gobierno determinara un destino a esas tierras públicas, eso dejaría de ser algo lucrativo".

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Ambientalistas e investigadores dicen que las declaraciones y políticas del gobierno de Bolsonaro están estimulando la tala de bosques y la persecusión a indígenas. Bolsonaro niega esas acusaciones.

Desde que llegó a la presidencia, Bolsonaro dijo que acabaría con lo que tildó como "industria de multas ambientales" y dijo que el país tenía demasiadas áreas de conservación. El gobierno también quiere empezar a permitir la minería en territorios indígenas.

Entre enero y septiembre de 2019, los ataques e invasiones a tierras indígenas en Brasil subieron más de un 40% en relación al año anterior, según datos del Consejo Indigenista Misionero.

Los ataques son atribuidos a acaparadores de tierras y personas involucradas en la minería y en la tala de madera ilegal.

El Ministerio del Medio Ambiente brasileño fue cuestionado sobre su estrategia para reducir la deforestación y el acaparamiento de tierras en el Amazonas, pero no contestó a la solicitud de BBC Mundo hasta la publicación de este reportaje.

En enero, Bolsonaro anunció la creación de un Consejo del Amazonas y de una Fuerza Nacional Ambiental para la "protección, defensa y desarollo sostenible de la Amazonía", pero no dio detalles de cómo funcionaría.

Desde entonces, el ejército realizó misiones en la región para impedir quemas y otras actividades ilegales en el bosque. Sin embargo, su eficiencia ha sido cuestionada por expertos. Alegan que la deforestación registrada ha seguido aumentando a pesar del alto costo de las operaciones militares.

Según los datos más recientes del Inpe, el Amazonas brasileño perdió 11.088 km² a causa de la deforestación entre agosto de 2019 y julio de 2020. Estos son los primeros datos de deforestación obtenidos durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

El área deforestada es un 9,5% más grande que en el período anterior y es la mayor desde 2008.

Brasil perdió aproximadamente 18% de su Amazonas original.

En 2017, la deforestación de Colombia fue una de las mayores de la región amazónica y la más alta en la historia del país. Se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosque, el doble que el año anterior.

El punto álgido de la tala fue consecuencia del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, que dejó un vacío de ocupación en las áreas forestales.

Junto con el desarme, el acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos se tradujo en el abandono de las áreas ocupadas por las FARC en el territorio nacional, la mayoría de ellas en la selva.

Los líderes comunitarios dijeron a los medios locales que las FARC funcionaban como una especie de autoridad ambiental, imponiendo reglas a los campesinos sobre cuánto se permitía deforestar o quemar para la agricultura o la ganadería.

"Antes, los agentes del gobierno no se acercaban a la región amazónica debido a la presencia de las FARC que, para su protección, tenían interés en mantener el bosque en pie. Por lo tanto, establecían límites estrictos", le dijo a BBC Mundo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

Colombia ahora ve una carrera por el acaparamiento de tierras en la Amazonía que involucra a grandes agricultores, autoridades locales, narcotraficantes y otros grupos paramilitares aún armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según Botero.

"En la punta de esta cadena de deforestación están los pequeños agricultores, pero las tierras son compradas por grupos con poder económico, sean de narcotraficantes o empresarios. Hay un mercado de tierra y el gobierno no puede frenarlo", afirma.

Para lidiar con este problema, el gobierno colombiano creó, en 2018, un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el grupo trabaja para identificar núcleos de deforestación y sus causas y para recomendar las acciones necesarias.

Una resolución de 2018 también pasó a considerar que la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente pasan a ser prioridades de la estrategia de seguridad nacional, según dijo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano a BBC Mundo.

Ahora, por ley, el gobierno podrá intervenir en parques nacionales amazónicos cuando sean afectados por actividades ilegales.

Las áreas a priorizar contienen importantes reservas de recursos naturales que deben ser protegidos. Ahí se concentran actividades ilícitas que los destruyen, fundamentalmente ligadas al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y al aprovechamiento ilegal y tráfico de flora y fauna". Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

Entre las acciones del gobierno también están las operaciones militares contra acaparadores de tierra en parques nacionales y programas para generar incentivos financieros a la conservación.

En 2018, la tasa de deforestación en el Amazonas cayó, pero solamente un 4%. Según el propio gobierno, casi la mitad de la destrucción se debe al acaparamiento de tierras.

La región amazónica colombiana perdió hasta 2018 cerca de un 11,7% del bosque original. De este total, el 14% fue deforestado en los últimos ocho años.

Hay señales de que las acciones en contra de la deforestación pueden estar teniendo buenos resultados. En 2019, según datos de Global Forest Watch, hubo una caída en la pérdida de bosques primarios en el país. Aun así, la tasa de deforestación fué más grande que la de cualquier año registrado antes del acuerdo de paz.

En el norte de Ecuador, el cultivo de palma aceitera es la principal amenaza, según expertos.

Este aceite es utilizado mundialmente en la producción de alimentos industrializados como chocolates, cosméticos, productos de limpieza y combustibles.

Ecuador es el segundo productor de palma aceitera en América Latina y el sexto mayor del mundo. La producción en la Amazonía corresponde aproximadamente al 13% del total.

La expansión de las fronteras de cultivo de palma y de cacao en los últimos diez años es la principal causa de deforestación, dicen Global Forest Watch y el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap).

Eso es especialmente preocupante porque, a pesar de ocupar solo el 2% del bioma amazónico, Ecuador tiene uno de las partes más diversas del bosque. En una sola hectárea en el Parque Yasuní, se registraron 670 especies de árboles, más que en toda América del Norte.

Y, según un estudio del Instituto Nacional de Biodiversidad del país, cerca de entre el 40% y el 60% de las especies de árboles del Amazonas ecuatoriano aún son desconocidas.

La creciente minería

El Mirador, una mina abierta de cobre, oro y plata que será instalada en dos provincias amazónicas, es el mayor proyecto de este tipo en el país, pero no el único.

El gobierno dice que la minería industrial en la región, llevada a cabo por una empresa china, será ejecutada de manera responsable y los ingresos permitirán invertir en infraestructura en la región.

Sin embargo, varios investigadores creen que la actividad puede conllevar problemas graves para el Amazonas.

"Las minas están en áreas donde las consecuencias pueden ser muy negativas. Más allá de la deforestación, no sabemos exactamente dónde van a poner las represas, ni cómo se va a monitorear", le dijo a BBC Mundo Carmen Josse, la directora científica de la Fundación EcoCiencia.

Son áreas de topografía accidentada y con mucha biodiversad. No queremos un accidente como el de Brumadinho, en Brasil". Carmen Josse, Fundación Ecociencia

El gobierno de Ecuador fue cuestionado sobre su estrategia para prevenir que la minería contribuya a la deforestación en la región, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.

Hasta ahora, Ecuador ha perdido un 10% de su bosque amazónico.

La selva amazónica cubre aproximadamente el 95% de Guayana Francesa, un territorio de ultramar de Francia.

Y alrededor del 75% de esa cobertura es bosque primario (el que tiene poca o ninguna intervención humana), según los datos de Global Forest Watch en 2016, el último año disponible.

Tiene el mayor porcentaje de bosques en áreas protegidas - alrededor del 50% - y la tasa más baja de deforestación de los nueve países amazónicos.

Sin embargo, representantes de pueblos nativos y ambientalistas han expresado su preocupación por el avance de la minería legal e ilegal en el área preservada.

A principios de 2019, el presidente francés Emmanuel Macron suspendió un megaproyecto de extracción de oro dentro del Parque Nacional Parque Amazónico de Guyana.

Él mismo lo había apoyado a principios de su gobierno, pero lo suspendió tras campañas nacionales e internacionales en contra.

A pesar de eso, la minería ilegal es la principal amenaza del parque. Las fuerzas de seguridad han detectado un aumento en el número de minas ilegales en la zona desde 2017.

Con una población de menos de 300.000 personas, Guayana Francesa tiene entre 8.000 y 10.000 mineros ilegales. El aumento en los precios del oro desde la crisis de 2008 también ha provocado una carrera por el metal en el país.

"Los buscadores suelen ser niños pobres de Brasil que buscan dinero fácil. Viven en el bosque durante meses y meses", le dijo a BBC News el capitán Vianney, líder de las operaciones de la Legión Extranjera contra la minería de oro.

El Ministerio de Ultramar de Francia, responsable de los territorios franceses, fue cuestionado sobre su estrategia para combatir la deforestación en la Guayana, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.

La Guayana Francesa perdió cerca del 3% de su bosque original.

El 95% de Guyana está cubierto por el bioma amazónico.

El país plantea dos formas de tratar la selva que, para muchos, parecen irreconciliables. Por un lado, busca cómo explotar económicamente el bosque, y por el otro, venderse al mundo como un "Estado verde" que conserva el Amazonas.

La tasa anual de deforestación de Guyana es una de las más bajas de la región: 0,051% en 2018, según el gobierno.

Parte del éxito se debe a estrategias como la creación de una comisión de manejo forestal, que decide qué árboles pueden o no pueden ser cortados.

Aun así, la tala legal de madera, aunque administrada por el gobierno, es considerada un factor que facilita la deforestación.

Según ambientalistas, las licencias para grandes madereras internacionales dan acceso a áreas vírgenes del bosques y esto es aprovechado para llevar a cabo minería ilegal.

La Comisión Forestal de Guyana le dijo a BBC Mundo que, desde 2015, no se abrió ninguna nueva área de bosque para la tala legal de madera.

De hecho, algunas áreas fueron expropiadas de las empresas que tenían licencias para explotarlas y pasaron a ser dedicadas a la conservación". Gobierno de Guyana

La minería ilegal - principalmente de oro - es responsable de casi el 85% de la pérdida de bosques, según dijo la Comisión Forestal de Guyana. El oro es el principal producto de exportación del país.

El gobierno dice tener una "estrategia de desarrollo de Estado Verde" para el país, que incluye más inversión en ecoturismo y en energía renovable, límites más rígidos a las emisiones de CO ₂ y el aumento de la conservación de los bosques.

Todo esto financiado por acuerdos internacionales para la preservación de la Amazonía y por el descubrimiento de enormes reservas marinas de petróleo.

Hasta ahora, Guyana ha perdido un 1% de su bosque originario.

La agricultura a pequeña escala ha sido tradicionalmente la principal causa de la deforestación en Perú. Pero, en los últimos años, el cultivo de palma aceitera, de cacao y de coca están ganando terreno.

Un estudio de 2018 dice que, a pesar de que corresponde solo a un 4% de los cultivos en el Amazonas, la palma fue responsable del 11% de la deforestación entre 2007 y 2013. El aceite se usa mundialmente en la producción de alimentos, cosméticos y combustible.

"Después de que algunas empresas productoras de aceite fueran multadas por deforestación, empezaron a comprar tierras a pequeños agricultores que ya habían talado el bosque ilegalmente", le dijo a BBC Mundo la ingeniera geógrafa Sandra Ríos, del Instituto del Bien Común (IBC Perú).

El Estado está tardando mucho en construir los mecanismos para monitorear, controlar y sancionar la deforestación por estas y otras actividades". Sandra Ríos, IBC Perú

Al Ministerio del Medio Ambiente peruano se le preguntó cuál es la estrategia para reducir la deforestación, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.

La minería ilegal de oro también amenaza cada vez más el Amazonas peruano.

Perú es el mayor exportador de oro en América Latina y el sexto del mundo. Sin embargo, los expertos dicen que hasta el 25% de la producción anual del país proviene de la minería ilegal.

Desde 2006, Perú vive un nuevo fervor por la explotación de oro en la Reserva Natural Tambopata, una de las más biodiversas de la región, impulsada por el aumento del precio del metal y por la construcción de la Ruta Interoceánica Brasil-Perú.

La carretera, además de facilitar el transporte, dio acceso a áreas antes poco accesibles de la selva. Ahí se formó un núcleo de mineros conocido como "La Pampa", que llegó a tener más de 5.000 personas.

Los mineros quitan la vegetación del suelo amazónico para buscar oro. Para separar el metal precioso de otras impurezas usan mercurio, que contamina las aguas e intoxica a los animales.

En el 2017, la pérdida de bosque causada por la minería alcanzó su punto más alto desde 1985, según un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia).

En marzo de 2019, el gobierno declaró estado de emergencia por 60 días para realizar una operación militar contra los mineros en La Pampa.

Hasta hoy, Perú ha perdido alrededor del 8% de su bosque original.

Con aproximadamente el 94% del territorio ocupado por el Amazonas, Surinam es uno de los países de la región con el mejor desempeño en conservación del bioma.

Sin embargo, desde el 2012 el país registra un aumento de pérdida forestal, estimulada principalmente por la minería de oro.

Entre 2000 y 2014, según un informe del Equipo de Conservación del Amazonas (ACT), la extensión del territorio minero, generalmente a pequeña escala, ya sea industrial o artesanal, creció un 893%.

Según la Fundación para el Manejo y Control de la Producción Forestal del gobierno de Surinam, la minería representa el 73% de la deforestación en el país.

A pesar de su pequeño tamaño, Surinam ocupa el décimo lugar en el mundo en producción de oro proporcional a su territorio (sin incluir la producción de minería ilegal).

La mayor parte de la minería ilegal en el país tiene lugar en áreas remotas del bosque, y también lejos de las organizaciones de fiscalización. Según ACT, se estima que hasta el 60% de los mineros de oro en Surinam son brasileños que cruzaron la frontera ilegalmente.

En algunos de los territorios más grandes de indígenas y de descendientes de esclavos, la minería se ha convertido en la principal fuente de ingresos para las familias.

Surinam perdió aproximadamente 4% del bosque amazónico.

No hay datos oficiales disponibles sobre la deforestación actual en Venezuela, pero el monitoreo por parte de organizaciones científicas locales e internacionales muestra que la pérdida de bosques aumentó en los últimos años, especialmente después de la creación del Arco Minero del Orinoco, que hizo explotar la minería en los estados amazónicos.

Con la caída drástica de los precios y la producción de petróleo venezolano desde 2014, el gobierno de Maduro ha dirigido su atención a los estados ricos en minerales.

Venezuela tiene la sexta reserva natural de oro más grande del mundo, con alrededor de 7.000 toneladas.

En 2016, el presidente Nicolás Maduro creó el Arco Minero, que permite la concesión de licencias para explotar metales como el oro, el diamante y el coltán (mezcla de columbita y tantalita utilizada en la industria de los celulares) en un territorio de 112.000 km ², alrededor del 12% de la superficie total de Venezuela.

El área también abarca monumentos naturales, reservas forestales, un parque nacional amazónico y al menos cuatro territorios indígenas reconocidos.

"La zona del Orinoco es tradicionalmente una zona minera, y hasta los pueblos indígenas lo hacían", dijo a BBC Mundo el ecólogo Carlos Peláez, de la ONG Provita.

"Pero el decreto, en cierta manera, legalizó las formas de minería que ya existían y no hizo que disminuyera la actividad. Esta tiene un impacto enorme en el medio ambiente y en las poblaciones locales."

El plan de Maduro era otorgar concesiones a compañías mineras extranjeras, que tendrían que formar empresas conjuntas con compañías estatales para explorar el área.

En la práctica, según Peláez, lo que sucedió fue un aumento exponencial de la minería a pequeña escala.

Solo en 2018, según el Banco Central de Venezuela, el Estado compró 9,2 toneladas de oro en el mercado interno, lo que equivale a la cantidad total que compró entre 2011 y 2017.

La actividad tiene un efecto devastador en la región.

"El oro que existe allí es de muy poca calidad, es sucio. Y la cantidad de oro que se saca de esta región es muy pequeña", explica.

La gente destruye el bosque y cava hasta donde puede. Y deja una arena estéril donde no puede crecer nada. La deforestación en esta zona es irreversible". Carlos Peláez, Provita

La minería está produciendo toneladas de sedimentos que se acumulan en los principales ríos del país, según los científicos. Y el mercurio, usado para separar el oro de las impurezas, está contaminando ríos y pueblos indígenas.

Este país encabeza el número de minas ilegales en la Amazonía, según una encuesta de Raisg. Hay 1.899 puntos mineros clandestinos, concentrados en el Arco Minero del Orinoco.

En medio de la crisis política en el país, la Asamblea Nacional intentó derogar la ley que creó el Arco Minero del Orinoco e incluso lo consideró un "ecocidio" o crimen contra el medio ambiente.

BBC Mundo cuestionó a tres ministerios venezolanos sobre la estrategia para reducir la deforestación en la zona, pero no contestaron hasta la publicación de este reportaje.

Venezuela perdió cerca de 4% de su bosque original.

Créditos

Reportaje: Camilla Costa

Texto: Camilla Costa y Carol Olona

Diseño y gráficos: Cecilia Tombesi

Programación: Marta Martí y Marcos Gurgel

Proyecto liderado por Carol Olona

Agradecimientos: Carlos Nobre, Antonio Nobre, Red Amazonía Sustentable, Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (Raisg), Júlia Jacomini, Gustavo Faleiros, Infoamazônia, Thiago Medaglia, Erika Berenguer, Rodrigo Botero, Mikaela Weisse, Global Forest Watch.

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Especial BBC Mundo: las principales amenazas para el Amazonas en cada uno de los 9 países que comparten la mayor selva tropical del mundo - BBC News Mundo

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El acaparamiento de tierras, la expansión de la ganadería y la minería son solo algunas de las causas de los altos índices de deforestación de este gigante verde.

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Luego de la polémica que se generó a raíz de la firma del acta de inicio del memorándum de entendimiento entre los ingenieros civiles que gestionan la hidrovía del río Misisipi, en Estados Unidos, y la Administración General de Puertos (AGP), el Presidente de Paraguay dio a conocer la postura oficial de ese país.

Hace 15 días el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, junto al representante del Cuerpo de Ingenieros Adrien McConnell, firmaron el Acta de Inicio con el nuevo interventor de la empresa estatal, Gastón Benvenuto. Allí destacaron "la expectativa por el trabajo en conjunto con el gobierno argentino y la AGP".

Polémica por los peajes en la hidrovía: Paraguay habla de "sorpresa y desagrado" con Argentina

"Nuestros países reconocen los objetivos compartidos de garantizar operaciones portuarias de vías navegables eficientes y transparentes en medio de dinámicas ambientales en evolución, incluyendo las realidades del cambio climático y la necesidad de mejorar las medidas de seguridad para combatir actividades ilícitas en las operaciones de vías navegables ", sostenía el comunicado del encuentro.

HIDROVÍA: LA MIRADA DE PARAGUAY

Santiago Peña jugó de local en el reciente sorteo de la Copa Libertadores, en Luque. Allí se encuentra la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde se realizó la gala de presentación del certamen continental.

Consultado por la prensa local, el mandatario aprovechó para dar su mirada sobre distintos temas y habló sobre la Hidrovía.

" Es una decisión soberana de la Argentina, no hay absolutamente nada que nosotros podamos cuestionar, a nosotros también nos tocó tener conversaciones con el Gobierno americano, con el cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas", planteó Peña en una breve rueda de prensa.

Sobre estos hechos, Peña sostuvo que los profesionales norteamericanos, especialistas en la dinámica fluvial que tiene asentamiento en el extenso río Misisipi del sur de Estados Unidos, "tienen una gran experiencia". Incluso explicó los pormenores de por qué no prosperó un acuerdo de su país con Estados Unidos en relación a este tema.

"Teníamos listo (NdR: un acuerdo bilateral) el año pasado para reenviar al Congreso, y yo decidí pedir que no se trate aún esto porque lo que quería es que haya una conversación amplia dentro de los cinco países que conforman la hidrovía, y no que Paraguay avance de manera unilateral", expresó.

Se trata del camino que, entienden, está realizando la Argentina por estos días en su relación con los Estados Unidos. Peña sin embargo eligió no criticar esta decisión del Gobierno de Javier Milei.

"Nosotros lo podemos hacer, no hay ninguna restricción y es lo que está haciendo Argentina; en el caso de Argentina, ellos tenían ya hace varios años con mucha preocupación de nosotros una fuerte influencia de empresas de origen chino operando en la hidrovía en el sector de ellos", especificó.

Por eso, sostuvo: "Celebramos que estén en conversaciones con el Gobierno americano, creo que puede sumar muchísimo para la región, mi conversación con los presidentes Lula, Milei, Lacalle y también Arce, porque esto también le afecta a Bolivia, es que podamos sentarnos entre los cinco países y podamos visualizar una Hidrovía mucho más moderna e integrada que nos permita incrementar la carga porque esto significará mucho más trabajo para los paraguayos".

YACYRETÁ: UN ELOGIO A MEDIAS

El mandatario paraguayo, que fue uno de los que vino a la Argentina para la asunción del Presidente Milei en diciembre pasado, evaluó el duro momento económico.

" El gobierno de Argentina está haciendo un proceso de ajuste muy pero muy fuerte. Necesario desde mi opinión, lo hablé con el presidente Milei. Argentina necesita disminuir de manera dramática el déficit fiscal que es la razón por a cual la inflación se ha mantenido persistentemente tan alta", expresó.

Sin embargo explicó los efectos que observan desde Paraguay acerca de esa situación. Puntualmente hizo foco en la sociedad binacional que ambos países mantienen en torno a la imponente represa de Yacyretá, instalada sobre el cauce del río Paraná a la altura de Ituzaingó, Corrientes.

" Estamos super preocupados. Y eso nos ha afectado en esta relación binacional así que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para administrar esta situación. Argentina está transfiriendo muy poco de lo que le debe al tesoro paraguayo y la sociedad binacional tiene que enfrentar los costos operativos. Recibimos muy pocos recursos", lamentó.

EMBAJADA EN ARGENTINA

Actualmente la representación paraguaya en la Argentina no cuenta con una designación formal. Peña aportó más datos sobre quién puede llegar a ser la persona elegida, pero no dio nombres.

"Tenemos una propuesta de una embajadora de carrera y estamos en el proceso de recibir el plácet de parte de Argentina y luego enviarlo al Congreso", sostuvo.

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Guiño de Paraguay al desembarco de Estados Unidos en la Hidrovía: "Había fuerte influencia china" - Infocampo

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Santiago Peña, Presidente de Paraguay, sostuvo que "es una decisión soberana de la Argentina" el acuerdo de colaboración impulsado por el Gobierno argentino. Críticas por fondos para Yacyretá.

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Joe Biden intentará continuar como presidente de Estados Unidos, en las elecciones de noviembre del 2024 - crédito composición Infobae / EYNG

El 18% de peruanos afirma que Estados Unidos es el país que más admiran del mundo. Además, consideran que esta nación debería invertir más. De acuerdo con una reciente encuesta de Datum Internacional, los entrevistados también ubican a EE. UU. como el segundo país "más amigo" del Perú, por debajo de Argentina.

Asimismo, su presidente, Joe Biden, es considerado como el líder internacional que más les genera simpatía (16%), superando al mandatario argentino, Javier Milei (7%).

Asimismo, en la pregunta sobre cómo votarían en las próximas elecciones estadounidenses de noviembre, si pudieran, los ciudadanos respondieron que apoyarían al líder demócrata (45%), en lugar de Donald Trump (29%), aunque un 26% no estuvo de acuerdo con ninguna de las dos opciones.

El embajador desea que los inversionistas para Corío sean de Estados Unidos - crédito Infobae/El Comercio/Perú Retail

"Más allá de cómo se autodenomine cada peruano, lo que sí se tiene claro es que quisieran que esas economías estén en su país, produciendo", dijo el exministro David Tuesta a El Comercio.

A nivel latinoamericano, Nayib Bukele obtuvo el respaldo del 42% de este grupo de personas, a pesar de las conocidas denuncias a su Gobierno por presuntas violaciones a los derechos humanos y por no llevar a cabo elecciones democráticas durante su reelección.

Por otro lado, el 85% y 82% de peruanos está de acuerdo con impulsar el libre comercio y que el país tenga una apertura total al mundo.

Los peruanos ven a Joe Biden como un político mundial que les genera simpatía - crédito composición Infobae Perú / Andina / AFP

Recientemente, las autoridades estadounidenses manifestaron su preocupación sobre el incremento de la influencia china en la infraestructura del Perú. El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, símbolo de la colaboración entre la nación asiática y sudamericana, ha sido el punto central de esta discordia.

El embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, ha señalado a Bloomberg que se está buscando equilibrar esta situación, fortaleciendo la conexión con la nación norteamericana, a través de inversiones en la infraestructura portuaria. En este contexto, se contempla la construcción del Megapuerto de Corío en la provincia de Islay, Arequipa, como una oportunidad para atraer inversión estadounidense y así distribuir de manera más equitativa las influencias geopolíticas.

Además, Ferrero enfatizó que Perú no se inclina exclusivamente por inversionistas de EE. UU. No obstante, su intención es captar el interés de estos empresarios para que consideren gestionar proyectos en el litoral peruano, teniendo en cuenta la importancia geográfica de la región sur y su posibilidad de fomentar acuerdos comerciales con Argentina, Bolivia y Chile.

Gustavo Adrianzén rechazó delcaración conjunta de embajadas y delegaciones internacionales - crédito composición Infobae

El puerto de Chancay, por otro lado, es una de las principales iniciativas del país, especialmente tras la recesión económica de 2023. Su apertura está programada para el último trimestre del año y se espera que mejore significativamente las conexiones comerciales y reduzca los costos de transporte con Asia, posicionándose como un centro importante en la costa del pacífico.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respondió a la preocupación expresada por 16 embajadas y delegaciones internacionales acerca de las enmiendas propuestas a la Ley 27692, que regulan la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el impacto potencial en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) financiadas desde el exterior.

El premier recalcó que el objetivo del proyecto de ley del Congreso es aumentar la transparencia y supervisión de los recursos gestionados por la APCI. Sin embargo, diversas asociaciones civiles como Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han manifestado que se podría restringir la libertad de organización y operación de las ONG.

El 5 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, encabezada por Alejandro Aguinaga, aprobó el dictamen con 12 votos a favor y uno en contra. Las bancadas de Fuerza Popular y sus aliados respaldaron la propuesta, mientras que el único voto disidente fue del legislador Luis Kamiche, quien argumentó que la medida vulnera el derecho constitucional de libre asociación.

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Estados Unidos es el país que más admiran los peruanos y el que más desean que invierta en el país

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El presidente estadounidense, Joe Biden, es considerado como el líder internacional que más genera simpatía (16%), superando al mandatario argentino, Javier Milei (7%)

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La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó hoy un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país, y casi el doble respecto a las más de 4 mil producidas un año antes.

La aparatosa toma del canal de televisión TC, la sospechosa fuga de la cárcel de dos narcotraficantes, diversos actos de violencia cometidos por organizaciones delictivas en la Universidad de Guayaquil y en distintos centros comerciales fueron el detonante para que Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ordenada al Ejército el inmediato restablecimiento del orden en todo el país.

Para ello apeló a la caracterización de la actual crisis que atraviesa el país andino como un "conflicto armado interno", una fórmula que, sin duda, remite a la extensa crisis sufrida por Colombia en el enfrentamiento armado entre fuerzas militares, guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico.

De igual modo, el presidente identificó y denunció a más de una veintena de bandas criminales de distinto volumen y presencia territorial como "organizaciones terroristas" y como "actores no estatales beligerantes". Esta denominación no es gratuita y las derivaciones políticas y militares de esta decisión resultan altamente preocupantes para toda la región.

La lectura oficial asegura que en la actualidad en Ecuador se produce el enfrentamiento de dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que operarían a partir de distinto tipo de organizaciones satélite.

Más allá de la veracidad de este relato, lo que resulta indudable es que podría posibilitar la intervención militar de los Estados Unidos para la preservación de la paz y el orden, y la protección de sus intereses internacionales.

En este sentido, el último viaje del ex presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos, realizado a fines de septiembre de 2023, resultó clave para la firma de dos acuerdos internacionales que no, no casualmente, no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado.

Mientras que el primer acuerdo permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, el segundo directamente fija las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes el representante republicano Dan Crenshaw, que preside el "Grupo de Trabajo del Congreso para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos", así como también altos funcionarios de la Guardia Costera y del Departamento de Defensa.

La participación de fuerzas militares extranjeras en Ecuador estaría fundamentada también en varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden.

En primer lugar, se encuentra la "Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad", emitida en abril de 2022 y en la que se pretende atacar "la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas transnacionales y otras perturbaciones significativas".

Por otra parte, debe mencionarse la "Estrategia de Seguridad Nacional (NSS-2022)", publicada por la Casa Blanca en octubre de 2022, y en la que se presenta la idea "disuasión integrada" como elemento fundamental de la política de defensa estadounidense, al mismo tiempo en que se plantean los desafíos de China y Rusia para la geopolítica diseñada desde Washington.

Por último, no es menor el aporte realizado por el mencionado congresista Crenshaw quien, junto con el también republicano Mike Waltz, en enero de 2023 presentaron el proyecto denominado "Autorización para el uso de la Fuerza Militar" contra los carteles mexicanos. Una propuesta que luego fue complementada por la senadora republicana Lindsey Graham a través del proyecto "Fin Narcos" para designar a nueve cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras".

En caso de prosperar, la participación militar estadounidense estaría a cargo de las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), creadas en 2017 para asesorar y acompañar a los ejércitos de Afganistán e Irak.

A diferencia de lo ocurrido hasta hace pocas décadas, no se trataría de establecer formaciones a largo plazo (como en Ecuador aseguraba la permanencia en el tiempo de la base de Manta) sino de proporcionales un carácter dinámico y móvil, reforzando los lazos técnicos, ideológicos y formativos con las organizaciones militares locales.

La voluntad colaborativa de Ecuador, y la estrategia a ser utilizada, fueron confirmadas el 3 de octubre por el canciller Gustavo Manrique quien aseguró que se contemplaba que las tropas estadounidenses participen en "operativos de corta duración" enmarcados en la lucha "contra el narcotráfico, el crimen transnacional y otros delitos", en principio, en espacios marítimos.

Para erradicar cualquier duda, Manrique recalcó: "No es que vienen a instalarse tropas. Entran (los militares estadounidenses) en periodo de corta duración, hacen los operativos y se retiran". Asimismo, el ministro agregó que las autoridades ecuatorianas estarán presentes en las embarcaciones estadounidenses, "para no perder soberanía".

En la actualidad, Ecuador es una pieza cada vez más importante en la geopolítica con la que Estados Unidos quiere recuperar influencia y terreno en los países del Pacífico, frente a la amenaza representada por China, principalmente, en el área económica y comercial. Sin descartar, claro está, la actuación de Rusia en la región, a la que dos años de conflicto militar en Ucrania y de bloqueo económico por parte de las potencias de la OTAN no han conseguido doblegar.

Con programas de seguridad como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida ya enterrados en el pasado, desde Estados Unidos se desenvuelven nuevas estrategias para asegurar la intervención de sus ejércitos en el contexto latinoamericano.

Una combinación funesta de inoperancia y corrupción de las fuerzas policiales y de seguridad, junto con la reprobable voluntad política de los últimos gobiernos neoliberales que manifestaron su interés indiscutible en el alineamiento irrestricto con Washington, podría ser hoy determinante para la inminente llegada de fuerzas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano.

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Ecuador se abre a la intervención militar de Estados Unidos

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Daniel Kersffeld La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país.

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El Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América cumple 12 años de existencia.

Se firmó el 22 de noviembre de 2006, pero comenzó a tener efecto a partir del 15 de mayo de 2012.

El país norteamericano desempeña un papel de suma importancia como mercado de exportación para Colombia. En primer lugar, la magnitud del mercado estadounidense brinda a los exportadores colombianos una plataforma amplia y diversificada para comercializar sus productos.

Así lo detalló un comunicado de la Asociación Nacional del Comercio Exterior (Analdex) del país sudamericano.

La alta demanda de bienes y servicios en Estados Unidos crea oportunidades para que Colombia diversifique sus exportaciones y fortalezca su base productiva.

No solo es un importante impulso para los sectores tradicionales, como el petróleo y el café, sino que también fomenta la innovación y la expansión hacia nuevas áreas de exportación.

Por su parte, la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales con Estados Unidos proporcionan un ambiente de negocios más seguro y predecible para los exportadores colombianos.
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En pro de un comercio fluido

La existencia de acuerdos comerciales, como tratados de libre comercio, crea un marco legal que promueve el comercio fluido y reduce las barreras arancelarias, lo que beneficia directamente a las empresas exportadoras, añadió el documento.

Durante los dos primeros años de vigencia del Acuerdo, Colombia mantuvo superávit comercial con Estados Unidos, impulsado fundamentalmente por los altos precios de productos como el petróleo.

Desde 2014, el valor superior de las importaciones que provienen desde Estados Unidos demuestra que dicho país es un gran socio comercial de Colombia en términos de importaciones, fundamentalmente de combustibles, aviones y maíz duro amarillo.

La Analdex presentó una tabla con los 10 principales productos exportados en 2023 hacia el país norteamericano y su variación con el 2012, año en que entró en vigor el acuerdo.

Como se observa, algunos sectores/productos han crecido significativamente y el organismo hizo un análisis breve de los motivos que de ese impulso.

Agro, alimentos y bebidas

Azúcar

Uno de los grandes ganadores de la negociación del TLC con Estados Unidos es el azúcar de caña o de remolacha, el cual ha tenido una tendencia creciente (a pesar de la fuerte reducción de las exportaciones en 2013, de aproximadamente -97%), como consecuencia de la caída de la producción nacional.

Desde entonces, el crecimiento medio de las ventas externas de estos bienes ha sido superior a los dos dígitos.

Colombia se ha posicionado como el tercer principal proveedor de estas mercancías a Estados Unidos.

Hierbas aromáticas

Uno de los sectores más interesantes que ha experimentado un notable crecimiento tras la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos ha sido el sector de hierbas aromáticas colombianas.

La mayor parte de estas hierbas se venden al resto del mundo mediante una subpartida arancelaria residual.

Durante este periodo, esta subpartida ha experimentado un crecimiento medio de 10.5%, pasando de USD FOB 15.7 millones en 2012 a 52.4 millones de dólares estadounidenses FOB en 2023.

El valor FOB es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.

Limón Tahití

Después del banano, el limón Tahití se ha posicionado como la segunda fruta colombiana más exportada hacia el mercado estadounidense, pasando de 0.3 millones de USD FOB exportados en 2012 a 59 mdd FOB en 2023, con un crecimiento sustancial en los últimos tres años.

Filetes de tilapia

Desde la entrada en vigor del Acuerdo bilateral, esas exportaciones han incrementado a un ritmo promedio anual de 14%, pasando de 20.1 millones de USD FOB en 2012 a 67.8 mdd FOB en 2023.

Uchuva

La uchuva ha sido uno de los grandes ganadores del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unido: las exportaciones hacia el mercado estadounidense están experimentando una rápida expansión.

Tras una caída en 2019, el sector no ha parado de exportar hacia ese país, llegando a USD FOB 6.8 millones en 2023.

Aguacate hass

A pesar de una caída del 39% en 2023 frente al año inmediatamente anterior, el aguacate hass es sin duda uno de los productos exportados con mayor protagonismo en los últimos años y proyección para los siguientes.

Estados Unidos se ha consolidado como el segundo principal destino de las exportaciones colombianas de aguacate hass (11.6% de participación en 2023), cifra significativa teniendo en cuenta que existen grandes jugadores en este mercado, como lo son Perú o México, fundamentalmente.

Manufacturas

Puertas y ventanas

Las exportaciones de puertas y ventanas son las que han experimentado un mayor aumento desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos, creciendo a un ritmo promedio anual de 37%, con una única reducción en el valor exportado durante 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Durante 2023, EU aumentó las importaciones de este sector un 32% con respecto al año inmediatamente anterior.

Tarjetas inteligentes

A pesar de la desaceleración económica y al menor consumo por parte de los agentes económicos en Estados Unidos, durante 2023 continuaron creciendo las exportaciones de tarjetas inteligentes, que completa dos años con tendencia creciente luego de un leve decrecimiento en 2021.

En 2023, el valor exportado ascendió a USD FOB 31.9 millones.

Es un dato significativo teniendo en cuenta que en 2012 este producto no era exportado.

Neumáticos

A pesar de una reducción del 24.5% en 2023 frente a los USD FOB 50.4 millones exportados en 2022, los neumáticos son uno de los productos manufacturados que ha ganado una importante participación en el mercado estadounidense.

Principales productos importados desde Colombia a Estados Unidos

Al analizar la canasta de importación, se puede evidenciar que los 15 principales productos representan aproximadamente la mitad del valor de las compras externas colombianas.

Resaltan productos como derivados del petróleo, maíz y bienes de alto valor agregado como aviones, teléfonos inteligentes, medicamentos, máquinas para el análisis de datos o vehículos para el transporte de personas.

Lo anterior demuestra que Estados Unidos es un socio comercial fundamental no solamente en lo concerniente a la importación de bienes de consumo, sino también de bienes de capital y materias primas.

El aprovechamiento de un acuerdo comercial se mide, además de la dinámica de sus cifras de exportación e importación, por la diversificación de productos, remarcó el texto.

Para medir ese efecto, se puede analizar la evolución en el número de subpartidas arancelarias en el año previo a la entrada en vigor del acuerdo y compararlas con el número de 2023.

Para el caso de Estados Unidos, el número de subpartidas pasó de 1.154 en 2011 a 1.517 en 2023, un cambio absoluto de 413 nuevas, que representan una variación del 35.8%.

Por su parte, el aprovechamiento comercial en términos de nuevas empresas exportadoras desde el año previo a la entrada en vigor muestra cifras sólidas para el Acuerdo con Estados Unidos.

La variación de empresas exportadoras 12 años atrás es del 38.3%.

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TLC entre Colombia y Estados Unidos: impacto a 12 años de su creación

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Cumplió 12 años el TLC entre Colombia y Estados Unidos; así han cambiado las exportaciones y las importaciones.

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Author, Guillermo Olmo

Role, BBC Mundo

El alivio de las sanciones de Estados Unidos a la Venezuela de Nicolás Maduro abre una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

Washington anunció hace unos días el levantamiento de algunas de las restricciones que pesaban sobre las exportaciones de petróleo y otros activos venezolanos en respuesta al acuerdo que el gobierno de Maduro y una delegación de la oposición venezolana firmaron en Barbados y que contempla la celebración de elecciones presidenciales en país en 2024.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un régimen autoritario y lleva años exigiéndole "el restablecimiento de la democracia". El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, describió el acuerdo como "un paso necesario" en esa dirección.

Las primeras consecuencias visibles del nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países fueron la liberación de seis opositores encarcelados en Venezuela y la llegada a Caracas de los primeros vuelos con venezolanos indocumentados deportados desde Estados Unidos.

Las sanciones se levantan en principio solo por seis meses y quedan muchas incógnitas por despejar en el camino hacia una normalización política plena en Venezuela, como la suerte de María Corina Machado, elegida candidata de unidad de la oposición en las recientes elecciones primarias pero sobre la que aún pesa una inhabilitación que le impide participar en la carrera a la presidencia.

Washington advirtió que las sanciones podrían reestablecerse si Maduro no sigue dando pasos como la liberación de "presos políticos" y el fin de las trabas a los dirigentes opositores.

Desde esa perspectiva, los acontecimientos de los últimos días arrojan dudas sobre el futuro de este proceso. Los máximos dirigentes del chavismo, incluyendo a Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y al vicepresidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, han cuestionado la elección opositora catalogándola de "fraude".

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Venezuela ha abierto una investigación en contra de Jesús María Casal y Mildred Camero, principales responsables de organizar la votación opositora.

Por su parte, Estados Unidos -que felicitó a la oposición y a Machado por las primarias- ha recordado al gobierno de Maduro que espera ver antes de finales de noviembre más medidas para garantizar que las presidenciales de 2024 sean libres, justas y competitivas.

Pero, con todas las cautelas, la relajación de las sanciones supone un cambio significativo en la estrategia de "máxima presión" que Estados Unidos ha seguido hacia Caracas desde 2019 y abre un escenario diferente al de los últimos años.

Qué significa el levantamiento de las sanciones para Venezuela

Una serie de licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizaron a Venezuela a producir y exportar petróleo sin limitaciones durante seis meses.

El Departamento del Tesoro también levantó restricciones a la exportación de gas y otras que pesaban sobre la minera estatal venezolana, Minerven, que exporta oro y otros minerales.

Esto facilitará las actividades comerciales en el exterior del Estado venezolano.

Venezuela ha sufrido durante la presidencia de Nicolás Maduro una de las peores crisis económicas de la historia reciente, que ha destruido cerca de tres cuartas partes de su Producto Interno Bruto y empujado a emigrar más de 7 millones de venezolanos, cerca de una cuarta parte de la población.

En esas circunstancias, aumentar la venta de petróleo, que, según las estimaciones de los expertos, representa dos tercios de los ingresos totales del Estado venezolano, se vuelve especialmente urgente.

Sobre todo, para Nicolás Maduro que, si bien ha resistido en el poder estos años de crisis, ha visto como las encuestas recogían una caída en picado de su popularidad.

Conseguir un aumento de los recursos disponibles para el gobierno precisamente en un año electoral, como parece que será el próximo, es crítico para el gobierno, ya que podría destinarlos a los subsidios y programas asistenciales que cimentaron la imagen del fallecido expresidente Hugo Chávez y que se han resentido por las penurias en la era de Maduro.

El líder venezolano necesita dinero, más después de que su última gira por China terminara con palabras de amistad y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, pero sin compromisos económicos significativos de Pekín.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía en América Latina del Instituto Baker de Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que "la primera consecuencia será que parte del petróleo que Venezuela tiene que vender en el mercado negro a compradores chinos ofreciendo descuentos superiores al 20% para sortear las sanciones se desviará ahora hacia las refinerías estadounidenses del Golfo de México, donde podrá obtener precios significativamente superiores".

Los expertos esperan también un moderado aumento de la producción petrolera venezolana.

"Podemos esperar un aumento de la producción, pero no inmediatamente. Habrá que esperar por lo menos hasta 2024 porque la industria petrolera necesita una inversión importante y muchos cambios. El escenario más factible es que estemos en 1.050.000 barriles para 2024", señaló en conversación con BBC Mundo Luis Oliveros, profesor de Economía Petrolera en la Universidad Central de Venezuela.

Esa cifra superaría los 800.000 barriles diarios en torno a los que parece haberse estabilizado la producción de crudo venezolano en los últimos años, pero seguiría estando muy lejos de los cerca de tres millones y medio que llegó a generar el país en la década de 1990.

De llegar, el aumento de la producción no lo hará de la noche a la mañana.

La dirección de la estatal PDVSA fue renovada en marzo de este año en medio de un inusual escándalo de corrupción que le costó el cargo al entonces vicepresidente y ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami.

La compañía arrastra años de mala gestión e ineficiencia y los esfuerzos del gobierno por devolverle la capacidad productiva perdida chocan con los fallos en el suministro eléctrico frecuentes en Venezuela y las dificultades para encontrar materias primas con las que mezclar el pesado crudo venezolano.

Los expertos pronostican que el aumento inminente es el que llegará de la estadounidense Chevron, que participa en proyectos con PDVSA y ya se había beneficiado de una exención anterior de las sanciones.

La energética aumentó gracias a ella su actividad en el país e incrementó en unos 100.000 barriles diarios su producción.

"Otras empresas extranjeras presentes, como las europeas Repsol, ENI y Maurel & Prom podrían tener un aliciente para reiniciar sus actividades ante la posibilidad de cobrar parte de la deuda que PDVSA tiene con ellas y el alto precio actual del petróleo", explica Oliveros.

Pero los expertos descartan una recuperación súbita y pronunciada del sector petrolero venezolano.

Monaldi señala que "se requerirá una gran inversión para reflotar la industria petrolera y probablemente las compañías extranjeras no estén dispuestas a realizarla hasta que no haya mayor claridad sobre el futuro político y económico del país".

Qué significa el levantamiento de las sanciones para Estados Unidos

La presión migratoria en la frontera sur de EE.UU., donde se registran un número casi récord de indocumentados detenidos, se ha convertido en uno de los principales problemas domésticos del presidente Joe Biden.

La posibilidad de deportar a los venezolanos que migran clandestinamente es una manera de aliviarla y de contrarrestar las críticas de sus rivales republicanos que, con Donald Trump a la cabeza, le acusan de no actuar frente al "caos fronterizo".

Biden da muestras de estar endureciendo la política migratoria de los primeros años de su mandato después de que incluso desde estados demócratas como Nueva York, Illinois o Massachusetts, las autoridades denunciaran que la llegada masiva de migrantes amenazaba con saturar sus servicios asistenciales.

El creciente malestar de gobernadores y alcaldes demócratas puede haber sido una de las claves de la decisión de la Administración Biden de buscar la colaboración del gobierno de Maduro en el programa de deportaciones.

La suerte de los ciudadanos estadounidenses que continúan presos en cárceles venezolanas es otra de las prioridades de Washington.

Aunque no hay un compromiso específico sobre ellos en el acuerdo, lo dejó claro en el comunicado de su Departamento de Estado en el que se aseguraba que se espera que Maduro dé pasos hacia la liberación de todos ellos y del resto de "presos políticos" antes de que termine noviembre.

Washington también dijo esperar avances en la situación de los opositores inhabilitados.

Por otra parte, las sanciones llevaban años en vigor y había quedado clara su ineficacia a la hora de conseguir su objetivo de forzar a Maduro a hacer concesiones a la oposición y participar en un nuevo proceso electoral con garantías después del de 2018, que ganó en medio de acusaciones de irregularidades y el rechazo de la oposición a participar.

En el campo energético, según explica, José Toro Hardy, "Venezuela siempre había actuado como un proveedor alternativo fiable para Estados Unidos en momentos de inestabilidad en Medio Oriente".

Y la guerra ahora en curso en Gaza hace temer una posible escalada que implique a otros grandes productores de la región, como Irán o Arabia Saudí. A lo que se suman los recientes recortes de producción decididos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que han contribuido a un encarecimiento del crudo en los últimos meses.

Todo ello hace interesante reactivar el flujo petrolero venezolano. Como dice Oliveros, "Venezuela es el gigante dormido del mercado petrolero mundial y América Latina siempre ha sido visto por Estados Unidos como su patio trasero".

Biden busca la reelección en las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024 y la historia enseña que pocas cosas dañan más la imagen de un presidente en Estados Unidos que unos precios de la gasolina altos.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la aportación venezolana al suministro mundial de crudo será "residual" y esperan que, al menos inicialmente, no tengan más que un impacto leve en el precio de la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses.

Monaldi subraya que "en las previsiones más optimistas estamos hablando de que Venezuela podría inyectar 300.000 barriles en el mercado y la producción mundial de petróleo actualmente está en más de 100 millones de barriles, por lo que esa aportación venezolana no supondría más que un 0,2 o un 0,3% del total".

Lo que podría sumar Venezuela es mucho menos de lo que han recortado su producción países como Arabia Saudita o Rusia.

El experto indica que "una Venezuela saneada y con un marco institucional renovado podría acercarse a los 3 millones de barriles, pero eso requiere inversiones improbables en el contexto actual".

La evolución de los acontecimientos y su impacto económico dependerán de que se consoliden los avances.

La recuperación del petróleo venezolano llevará tiempo y la continuidad del alivio temporal de las sanciones está supeditada a que se resuelvan asuntos como la viabilidad de la candidatura de María Corina Machado, en el que un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana parece aún lejano.

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Venezuela y Estados Unidos: cómo se benefician ambos países del levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro - BBC News Mundo

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El acuerdo entre gobierno y oposición en Barbados abre la puerta a un nuevo capítulo de desenlace incierto en las relaciones entre Caracas y Washington.

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Author, Redacción

Role, BBC News Mundo

La privilegiada ubicación geográfica de Panamá determinó su historia y, de paso, la de Colombia.

Ambos países eran uno solo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el territorio panameño empezó a ser muy codiciado.

Su atractivo era el acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, pues le permitiría albergar al que, para ese entonces, era un proyecto de canal que prometía ser una gran obra de ingeniería que cambiaría el mercado mundial.

En esa época se dio una especie de puja internacional por Panamá, en la que Colombia, a pesar de tener varias ventajas, terminó perdiendo. El que fue su territorio, se convirtió en una tupida frontera por la que hoy transita una migración masiva hacia el norte del continente americano.

Pero, cómo ocurrió esa separación entre Panamá y Colombia.

En BBC Mundo revisamos la historia para entender cómo una guerra sangrienta, una idea revolucionaria y un tratado enredado, llevaron a que Panamá dejara de ser parte de Colombia hace 120 años.

Panamá en Colombia

En el siglo XIX y tras la independencia de España se creó la Gran Colombia. Un país que incluía parte de lo que hoy son Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia.

Luego, en 1830, Venezuela y Ecuador se separaron de esa Gran Colombia y el país pasó a llamarse Nueva Granada y, después, Colombia.

Entre 1850 y 1880, Colombia fue un país federal, que garantizaba la libertad de culto y basaba su organización política y administrativa en la inmensa diversidad cultural y económica de su territorio, que incluía a Panamá.

"Panamá fue muy importante para Colombia y recibió considerable atención del gobierno central. Los panameños también jugaron un papel importante en la historia colombiana. Fueron incluso presidentes", explicó a BBC Mundo la historiadora panameña Marixa Lasso.

Sin embargo, a finales del siglo XIX llegó al poder un partido conservador que impuso un modelo de Estado centralizado, generó un vínculo estrecho con la Iglesia Católica y defendió el legado de los colonizadores españoles.

A ese periodo se le conoce como Regeneración y dio paso, en 1886, a una Constitución que fue altamente cuestionada.

La principal objeción es que debilitó el poder de los nueve Estados Soberanos que componían el país, pues pasaron a ser entidades político-administrativas dependientes del gobierno central en Bogotá, la capital.

Una de esas entidades era el istmo de Panamá, ese accidente geográfico ubicado entre los océanos Atlántico y Pacífico, que tampoco se alineaba con la hegemonía conservadora.

"Panamá jugó un lugar protagonista en la historia del federalismo colombiano. Los panameños tenían una gran vocación federalista, autonomista y resentían los gobiernos centralistas colombianos", explica Lasso, quien es autora del libro Historias Perdidas del Canal de Panamá.

Y fue esa tensión política, que se extendía por toda Colombia, la que sirvió de antesala a una guerra civil que facilitaría más tarde la injerencia internacional.

La guerra

En Colombia, los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, se han enfrentado históricamente de formas muy violentas.

Pero quizás el enfrentamiento más emblemático fue la guerra que ocurrió entre 1899 y 1902 y que se conoce como la Guerra de los Mil Días.

Fueron tres años de sangrientas batallas que se dieron como resultado de la reacción de conservadores moderados y liberales que estaban en contra de la Regeneración y de la Constitución del 86, por considerarla autoritaria.

Una percepción que compartían los panameños. "Panamá tenía una población mayoritariamente liberal. Y a finales del siglo XIX había un enorme cansancio con el centralismo conservador de la Constitución de 1886", explica Lasso.

Al final, los conservadores ganaron la guerra y se inició lo que se conoce como la hegemonía conservadora.

"El fin de la guerra con la victoria oficial de los conservadores y con el asesinato judicial del general liberal Victoriano Lorenzo, quien era un indígena panameño, solo aumentó el descontento en las mayorías liberales", afirma Lasso.

A eso se sumó que el saldo de la guerra fue nefasto. Murió un 3% de la población, la infraestructura y la industria quedaron destruidas, se dispararon la inflación y la deuda externa; y miles de personas abandonaron las ciudades.

En ese punto de la historia estaba claro que la unidad de un país centralizado por una élite bogotana era bastante frágil.

Así que cualquier intento de separación de cualquiera de las regiones podía tener probabilidades de éxito.

La idea de unir los océanos

Es en ese contexto de tensión política y postguerra que se materializa la visionaria idea de cruzar del océano Atlántico al Pacífico por el territorio centroamericano.

Pero no es que antes no se hubiera pensado. Desde la Colonia existieron proyectos que buscaron unir los océanos.

A finales del siglo XIX ya existían ferrocarriles, pero en ese momento la revolución industrial estaba en auge y las grandes potencias capitalistas como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, empezaron a presionar para conectar los océanos.

Ese proyecto de canal representaba la joya de la corona porque permitiría, a quien lo administrara, tener el dominio de una ruta que transformaría el comercio mundial.

La primera gran apuesta ocurrió en 1880, cuando Bogotá otorgó la concesión para la construcción del canal al ingeniero Fernando de Lesseps, un francés que venía de construir el Canal del Suez en Egipto.

Pero las enfermedades de los trabajadores, muchos de ellos esclavos africanos, la humedad del territorio y las constantes lluvias llevaron al proyecto francés a la quiebra.

Y es ahí cuando se unen el interés de Estados Unidos en esa ruta marítima con la dificultad del Estado colombiano de tener control sobre su territorio.

Más aún cuando una de sus regiones, la panameña, estaba separada del centro administrativo por un inmenso e intransitable complejo selvático llamado el Tapón del Darién.

El papel de Estados Unidos

En esa época, Estados Unidos era una potencia emergente que venía de quedarse con el control de Puerto Rico y Cuba, y que supo leer la crisis interna colombiana como su gran oportunidad.

El país norteamericano propuso pagar US$40 millones para quedarse con la concesión de la construcción del canal.

Ese acuerdo se materializó con el tratado Herrán-Hay entre Colombia y EE.UU., en el que se establecían las pautas de la concesión y que fue pactado entre el Secretario de Estado estadounidense, John Hay, y el ministro colombiano Tomás Herrán.

Fue una negociación compleja en la que también contemplaron construir el canal en Nicaragua, pero debían tener en cuenta a los franceses que habían hecho una inversión inicial en Panamá.

Así, finalmente se decidió que el canal se construiría en Panamá con el capital de EE.UU. que a su vez le pagaría a Colombia y a la compañía francesa.

Pero el 5 de agosto de 1903 el gobierno colombiano, luego de que el Congreso objetara varios puntos del tratado bajo el argumento de que violaba la soberanía del país, informó que lo rechazaba.

Esa última decisión de Colombia terminó de dar vía libre a la separación de Panamá.

"Cuando Colombia rechaza el tratado Herrán-Hay, y había muy buenas razones para rechazarlo, se combinan varios factores a favor de la independencia de Panamá de Colombia", afirma Lasso.

Por un lado, explica la historiadora, los panameños salían de la crisis causada por la Guerra de los Mil Días y el canal se veía como una salvación ante sus problemas internos.

Por otro, había un gran descontento en Panamá con el gobierno conservador y con la derrota liberal en la guerra.

Finalmente, Estados Unidos encontró en ese descontento panameño "una excelente oportunidad para obtener el tratado que querían sin la injerencia de Colombia".

Y es ahí cuando Panamá hizo caso omiso al rechazo del tratado y, en alianza con EE.UU. que dijo que intervendría si había represalia militar de Colombia, declaró su Independencia el 3 de noviembre de 1903.

"Ese día, ocho acorazados norteamericanos se encontraban estacionados en los océanos Atlántico y Pacífico bajo las órdenes del vicealmirante Coghlan y el almirante Glass", describe el historiador colombiano Alfonso Múnera en su texto Fronteras Imaginarias.

Y cita el informe de general colombiano Rafael Reyes para reconstruir la escena. Escribe Múnera que Reyes "no pudo pisar Panamá y preocupado escribió al presidente aconsejándole mucha prudencia, para evitar así que 40 barcos de guerra norteamericanos se tomaran, además de Panamá, las ciudades de Medellín y Cali".

11 años después, en 1914, Colombia pactó con EE.UU. el reconocimiento de Panamá y resolvieron los litigios territoriales y fronterizos. Esto a cambio de una indemnización por US$25 millones.

Hoy, más de un siglo después, esta es una historia en la que el rol que jugó Estados Unidos sigue siendo fuente de debates.

Al parecer, entre más relevancia se le da al papel de ese país, menos heroica parece la independencia de Panamá.

"Los panameños han enfatizado su agencia en esta separación. Aunque se reconoce el papel que jugó Estados Unidos, se recuerda que la independencia de 1903 fue el último intento de una larga lista de intentos separatistas que se dieron a lo largo del siglo XIX y que Panamá tuvo a lo largo de ese siglo una vocación autonomista y federalista basada en las particularidades de su historia y posición geográfica", concluye Lasso.

Si quieres ver esta historia explicada en video, puedes dar clic aquí

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Por qué se separaron Panamá y Colombia (y qué papel jugó Estados Unidos) - BBC News Mundo

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El proceso que lleva a la separación territorial entre Panamá y Colombia tuvo distintas causas que se gestaron durante décadas. En BBC Mundo reconstruimos ese suceso histórico y las implicaciones que trajo para la región, ahora que se cumplen 120 años.

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Magda Luisa Arias Rivera maluarivera@yahoo.es

Política Internacional

ISSN: 1810-9330

ISSN-e: 2707-7330

Periodicidad: Trimestral

Recepción: 13 Julio 2021

Aprobación: 17 Agosto 2021

Resumen: El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba responde a un marco político y administrativo punitivo de carácter dinámico, que debido a su dispersión, extensión y complejidad debe ser mejor conocido. Las características antes mencionadas exigen el seguimiento sistemático de las normas jurídicas y de su aplicación práctica por el impacto que tienen en la vida del pueblo cubano. Este trabajo resume los rasgos esenciales del mismo, calcula los daños que provoca y explica la posición defendida por Cuba durante más de seis décadas. Utiliza el método histórico para sintetizar el análisis de diferentes fuentes. Concluye que esas medidas coercitivas unilaterales deben cesar por su carácter ilegítimo y genocida, el elevado costo económico que tiene y el rechazo que concita en la opinión pública.

Palabras clave: Bloqueo, guerra económica, relaciones Cuba-Estados Unidos, relaciones económicas internacionales.

Abstract: The economic, commercial and financial blockade of the United States against Cuba responds to a punitive political and administrative framework of a dynamic nature, which due to its dispersion, extension and complexity should be better known. The aforementioned characteristics require systematic monitoring of legal norms and their practical application due to the impact they have on the life of the Cuban people. This work summarizes its essential features, calculates the damage it causes and explains the position defended by Cuba for more than six decades. Use the historical method to synthesize the analysis from different sources. It concludes that these unilateral coercive measures must cease due to their illegitimate and genocidal nature, the high economic cost they have and the rejection that they arouse in public opinion.

Keywords: Blockade, economic war, Cuba-United States relations, international economic relations.

INTRODUCCIÓN

En la actual coyuntura es necesario actualizar lo ocurrido respecto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que nunca ha sido pretexto ni justificación para el avance de la nación. Su contenido legal, la sistematicidad y rigor de su aplicación, así como los efectos que produce en la economía y la sociedad, son muchas veces desconocidos. Sin embargo, los daños causados y frente a ellos, la voluntad y acciones emprendidas por el gobierno y el pueblo para contrarrestarlos, expresan una decisión irreductible de mantener y desplegar su propio proyecto socialista de desarrollo nacional.

Aquí se describe el entramado político y administrativo de carácter punitivo que se aplica contra Cuba. Se señalan los momentos que distinguen su sistemática aplicación y se exponen los argumentos defendidos por el gobierno y el pueblo de la Isla cuando los medios y las redes sociales tergiversan su esencia.

Se emplea del método histórico-lógico para presentar el análisis de la revisión bibliográfica. La estructuración del contenido centra la atención en los elementos más discutidos. Cada epígrafe comparte argumentos de forma sintética para demostrar la esencia del bloqueo, su carácter ilegítimo, el elevado costo económico que representa y el rechazo que despierta en la opinión pública internacional.

DESARROLLO

Un acto de guerra

El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz impuesto unilateralmente por EE.UU. contra Cuba. Este ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 60 años. Comenzó con la cancelación de la cuota azucarera en el mercado estadounidense en junio de 1959, y se oficializó el 7 de febrero de 1962 con la aplicación de la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, que estaba vigente desde septiembre de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy vedó totalmente la importación de mercancías de origen cubano. Posteriormente, se fueron sumando otras medidas coercitivas.

En 1992, la Ley Torricelli codificó por primera vez las contravenciones del bloqueo, haciéndolo extraterritorial, lo cual significa fijar sanciones a terceras naciones donde radiquen subsidiarias de empresas estadounidenses y a los barcos que comerciaran con Cuba. La Ley Helms-Burton lo recrudeció, internacionalizó y afianzó en 1996. Con posterioridad, otros actos legislativos como las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000, incorporaron otras interdicciones, como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la negativa de viaje de ciudadanos de aquel país como turistas.

Durante el gobierno de Donald Trump se adoptaron, adicionalmente, otras 243 medidas contra Cuba. Entre ellas, la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas a toda la Isla, exceptuando a La Habana; cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países; impedimento de transacciones bancarias; limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados) y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Union; las sanciones a empresas cubanas; la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla. El colofón de todo ello fue la inclusión de Cuba en una lista arbitraria y unilateral de estados que, según Washington, patrocinan el terrorismo internacional, lo cual tiene efectos importantes en las relaciones financieras externas de nuestro país.

Todas las medidas aplicadas con rigor quirúrgico obligan a recurrir a intermediarios para acceder a determinados productos, pagar más por concepto de seguro y flete, así como encarar el incremento de las comisiones que aplican las entidades bancario-financieras. De esta forma, se produce una elevación sustancial y antinatural de los gastos que deben asumir las empresas cubanas.

Restar apoyo a la Revolución

Hoy el bloqueo incluye un conjunto de medidas de agresión y coacción económica, con la declarada intención de aislar, asfixiar e inmovilizar a Cuba y crear malestar en su población para debilitar su decisión de ser soberanos y continuar por la vía socialista, tratando de restar apoyo a la Revolución. Un memorándum secreto del 6 de abril de 1960 del Subsecretario Asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, fija como estrategia de lucha contra la Revolución Cubana, privar al país de recursos materiales y financieros para generar malestar y lograr la rendición por hambre, sufrimiento y desesperación. Desde entonces, Estados Unidos sigue la misma estrategia.

En el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, en noviembre de 1994, el Comandante en Jefe Fidel Castro explicó: "[...] el bloqueo es una guerra económica contra Cuba, guerra económica; es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo -Estados Unidos trabaja activamente, a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba-; es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso, con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país" (Castro, 1994).

No se trata de un embargo, como algunos refieren y se dice en inglés, porque no es una orden judicial emitida para asegurar mediante la retención de bienes, el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. En realidad es un acto de guerra, adoptado en el marco de la Ley de Comercio con el enemigo de 1917, que le otorga al presidente la facultad para restringir el comercio con países hostiles a Estados Unidos y la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohíbe el comercio con el enemigo o aliados del enemigo durante conflictos bélicos, cuya aplicación no se justifica en tiempo de paz, especialmente de manera sostenida y prolongada (Allard, 2016). Cuba nunca ha sido deudora de aquel país, no ha cometido algún delito contra esa nación, ni representa un peligro para su seguridad nacional. Sin embargo, es el único país para el cual está hoy vigente esta legislación.

El bloqueo contraviene los principios fundamentales del Derecho internacional: la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto a la independencia y libre determinación, el derecho a la nacionalización de bienes por interés público; además de violar de forma masiva y flagrante los derechos humanos de los cubanos (Rivera, Domínguez, & Escudero, 2018). Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, el bloqueo califica también como un "crimen internacional de genocidio".

Daños económicos del bloqueo

Durante su aplicación, el bloqueo ha causado pérdidas que ascienden a 147 mil 853 millones de dólares y el valor en oro de su costo para Cuba ha sido de un billón 377 mil millones (Blanco & Carmenate, 2021). Afecta a todos los sectores de la economía, impide el acceso a materiales, productos y servicios del mercado internacional, y causa daños al sector privado y a terceros países por su carácter extraterritorial.

Las sanciones estadounidenses afectan no solo a los ciudadanos cubanos, sino también a entidades de terceros países que buscan hacer negocios con Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza licencias y sanciona infracciones aplicando responsabilidad civil cuando detecta violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR).

Solo entre los años 2009 y el 2016, durante el gobierno de Barack Obama, fueron impuestas 52 multas por violaciones de los regímenes de sanciones contra Cuba y otros países, por un monto de 14 mil 404 millones 358 mil 605 dólares (CubaMinrex, 2017).

Entre sus daños se encuentran los ingresos dejados de recibir por concepto de exportaciones y servicios, las pérdidas por reubicación geográfica del comercio, el deterioro de la producción y los servicios en el país, la escasez de alimentos, combustibles, medicinas y piezas de repuesto, la dificultad para acceder a tecnologías de punta, la disminución de los servicios a la población, las afectaciones monetarias y financieras, la emigración y eventualmente el fallecimiento de personas a las que se ha negado el acceso a un medicamento o tecnología de salud disponible solo en Estados Unidos (Rodríguez J. L., 2021).

Solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba causó pérdidas en el orden de los 9 157 millones de dólares. Algunos ejemplos de su operatoria son: el Departamento de Transporte de Estados Unidos denegó el 18 de noviembre de 2020 la solicitud de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. También impidió enviar la donación de la empresa Alibaba y la Fundación Jack Ma de mascarillas, kits de diagnóstico rápido y ventiladores -que había logrado llegar a más de medio centenar de países en todo el mundo- porque la empresa estadounidense contratada para hacerlo renunció a última hora ya que las regulaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra el país de destino se lo impedían (Pereira, 2020). De igual forma, un banco involucrado en la transacción de materias primas para producir medicamentos, decidió no realizar el pago por temor a ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

Rechazo internacional y pretextos para bloquear

La resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" ha sido sometida a debate en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 29 ocasiones. Allí, de manera casi unánime, la comunidad internacional rechaza la unilateral política, pero la clase política en el poder lo ignora.

Dentro del gobierno estadounidense hay quienes opinan que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz, que no ha logrado ni logrará su objetivo, y ha terminado por desacreditarlos. No obstante, las sucesivas administraciones insisten en justificarlo, alegando razones tales como la nacionalización no compensada de propiedades, el peligro que la Isla representa para su seguridad por su relación con la extinta Unión Soviética, el ejemplo que personifica para América Latina y el Caribe, el respaldo a los pueblos de África en su lucha de descolonización, el rechazo a asumir la Perestroika como opción al socialismo, el apoyo a Venezuela, por no aplicar el modelo democrático impuesto por Estados Unidos, por supuestas violaciones de derechos humanos, entre otras.

El bloqueo de Estados Unidos se complementa con una intensa campaña de difamación, demonización e injerencia política en los asuntos internos cubanos; con programas de subversión a los que la administración dedica cada año decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos. No es legal ni ético que una superpotencia someta a una nación pequeña, por décadas, a una guerra económica para imponerle un sistema político ajeno y sistema político perfilado a su gusto.

Resistencia cubana

En medio de esta guerra desigual y prolongada, Cuba ha alcanzado logros indiscutibles, tales como erradicar la pobreza extrema y el hambre, ofrecer servicios educativos, culturales y sanitarios universales, gratuitos y de calidad a toda la población, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, invertir cerca de la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) en programas sociales, desarrollar la cultura física y el deporte, masificar la cultura, elevar la esperanza de vida, alcanzar un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), crear una base productiva e industrial nacional, desarrollar la ciencia y la tecnología, promover y practicar la cooperación internacional y erigir capacidades para producir medicamentos y vacunas propios.

El gobierno de Cuba cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Como Estado socialista de derecho y justicia social sometió a referendo libre, directo y universal y adoptó una nueva Constitución en 2019, trabaja en la actualización del modelo económico y social y enfrenta la pandemia de la COVID-19. Todas son tareas complejas y audaces en cualquier circunstancia. Son mucho más difíciles frente a la persistente hostilidad del imperialismo estadounidense. Pero, la voluntad de los cubanos es resistir y continuar haciendo en base a principios y valores acendrados en la cultura nacional.

El 23 de junio pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ratificó: "El reclamo de Cuba es que nos dejen en paz, es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. Demandamos que se ponga fin a la manipulación, la discriminación y cesen los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba y con el país que los vio nacer" (Rodríguez, 2021).

CONCLUSIONES

El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Tiene un carácter ilegítimo y genocida.

La aplicación de las regulaciones vigentes provoca un elevado costo económico que afecta a todos los sectores de la economía e impiden sostener el proyecto económico y social definido. Su objetivo final es alterar el orden constitucional mediante la utilización de la injerencia directa, la subversión y el terrorismo.

Las acciones recientes constituyen un atentado a la soberanía y la autodeterminación de una nación con capacidad para tomar sus propias decisiones y concita el rechazo de la opinión pública.

Una vez más, durante 29 años, la comunidad internacional respalda la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Cuba por los Estados Unidos.

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El bloqueo estadounidense contra Cuba. Una actualización

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The economic, commercial and financial blockade of the United States against Cuba responds to a punitive political and administrative framework of a dynamic ...

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La economía mexicana recibió un récord de casi 36 mil millones de dólares en remesas durante los primeros siete meses de 2023, según un informe del Banco de México, Banxico, mostrando así un incremento del 9,4% respecto al año anterior.

México recibió 35.895 millones de dólares entre enero y julio de este año, un aumento del 9,4 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco de México, Banxico. La cifra representa en más de 3.000 millones de dólares los 32.817 millones de dólares que el país azteca recibió en los primeros siete meses de 2022.

El dato de julio muestra que México captó 5.651 millones de dólares en remesas solo ese mes, un avance interanual de 6,6 % y uno mensual de 1,5 %. La remesa promedio individual entre enero y julio fue de 392 dólares, levemente superior a los 389 dólares del mismo periodo de 2022.

En este lapso, el número de operaciones que el emisor registró creció un 8,8 % al pasar a 91,66 millones desde una cifra previa de 84,27 millones, el 99 % de ellas transferencias electrónicas.

El envío de remesas hacia México viene rompiendo récords desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia del Covid-19, con cerca de 40 meses con incrementos interanuales consecutivos, y ya se convirtió en la principal fuente de ingresos externa del país.

En 2022, México rompió un récord al recibir 58.497 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento del 13,4% en comparación con el año anterior. De hecho, este fue el noveno año consecutivo de incrementos en estos ingresos.

Al menos 38 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, la mayoría de los cuales envían estas remesas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los ha llamado "héroes" y estima que estas contribuciones benefician a cerca de 10 millones de familias en situación de pobreza.

Con EFE

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Economía - México supera los USD 35.000 millones en remesas recibidas en lo corrido de 2023

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La economía mexicana recibió un récord de casi 36 mil millones de dólares en remesas durante los primeros siete meses de 2023, según un informe del Banco de México, Banxico, mostrando así un incremento...