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Leyes Constitucionales de la República Mexicana

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Leyes Constitucionales de la República Mexicana

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(Siete leyes)

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"El constante caos generado por los militares y eclesiásticos -señala Emilio O. Rabasa-, desprestigió el régimen federal, encaminando a la república al constitucionalismo centralista".

El primer paso que se dio en ese sentido fue atacar las leyes liberales impulsadas por Valentín Gómez Farías. El 25 de mayo de 1834, los conservadores -al grito de ¡Religión y fueros!-, difundieron el Acta del Plan de Pronunciamiento de la Villa de Cuernavaca.

En enero de 1835 inició sesiones la VI legislatura -cuyos miembros eran en su mayoría conservadores-, cuya tarea consistió en revisar lo hecho por sus antecesores y expedir, el 28 de febrero, una ley por la que se desconoció la autoridad del vicepresidente, Valentín Gómez Farías, cesándolo de sus funciones.

En septiembre de 1835, el Congreso de la VI legislatura -violando las disposiciones de la Carta Magna de 1824-, se declaró Congreso Constituyente, investido para modificar la forma de gobierno. El 23 de octubre de ese mismo año expidió las Bases para la nueva Constitución, lo que derivó en las Siete Leyes o Constitución de régimen centralista.

La primera de las siete leyes se promulgó el 15 de diciembre de 1835. Las seis restantes fueron aprobadas sucesivamente. La Constitución centralista se terminó el 6 y se promulgó el 29 de diciembre de 1836. Con ésta se pensó que se resolverían los problemas de la nación. Sin embargo, la realidad fue muy diferente: el sistema centralista motivó a Texas y a otras regiones, como Yucatán, a declarar su independencia.

En enero de 1839, Santa Anna regresó a la Presidencia de la República y de inmediato envió al Congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales. El 28 de septiembre de 1841 se proclamaron las Bases de Tacubaya, con el objetivo de derrocar al presidente Anastasio Bustamante y desconocer a los cuatro poderes constitucionales del gobierno centralista. El 11 de diciembre de 1842, los habitantes de Huejotzingo, Puebla, se pronunciaron, desconociendo al Congreso Constituyente. Ocho días después, el gobierno expidió un decreto que facultó al gobierno para nombrar una junta de notables para que formaran las bases que organizaran a la nación. Y el 6 de enero de 1843 quedó formalmente instalada la Junta Nacional Legislativa.

El 12 de junio de 1843 se sancionaron las Bases Orgánicas de la República Mexicana (202 artículos y XI títulos); y el 22 se publicaron. Ahí reiteraron la independencia de la nación y la organización en república centralista; se conservó la división territorial establecida en 1836, se suprimió al Supremo Poder Conservador -creado en 1836, cuya finalidad era fungir como mediador entre los demás poderes y con suficiente poder para vetar leyes-; se declaró que el país profesaba y protegía la religión católica; y se condicionó la ciudadanía a la percepción de una renta anual.

Las Bases Orgánicas robustecieron los principios conservadores signados en 1836. No obstante, Mariano Paredes y Arrillaga lanzó, el 14 de diciembre de 1845, el Plan de San Luis, que destituyó al presidente José Joaquín Herrera y convocó a un Congreso Extraordinario.

José Antonio Aguilar Rivera, investigador del CIDE, comenta que el Plan formó parte de una conspiración encabezada por Lucas Alamán, entre otros, para instaurar una monarquía constitucional en México.

El 4 de agosto de 1846 -tres años después de publicadas las Bases-, Mariano Salas y Valentín Gómez Farías proclamaron el Plan de la Ciudadela, convocando a un Congreso con representantes nombrados popularmente; además de excluir la forma de gobierno monárquica y proponer el regreso de Santa Anna. El Congreso congregado el 6 de diciembre de 1846, cargó sobre sí la difícil situación del país; y a él concurrieron personajes de la talla de Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez.

Algunos datos sobre el periodo centralista son:

Antonio López de Santa Anna asumió once veces la Presidencia de la República.

Santa Anna vivió desterrado en Cuba, Saint Thomas y Estados Unidos. Murió el 20 de junio de 1876, en la Ciudad de México.

En 1935, al disolverse las legislaturas de los estados, se inauguró la etapa centralista.

Las Siete Leyes, señalan, a grandes rasgos:

Primera: Promulgada el 15 de diciembre de 1835, contenía 15 artículos y se refería a los Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República.

Segunda: Compuesta de 23 artículos, fue toda una innovación, pues contempló la creación del Supremo Poder Conservador.

Tercera: Contenía 58 disposiciones y trataba sobre el Poder Legislativo.

Cuarta: Con 34 artículos, se refirió a la organización del Supremo Poder Ejecutivo,

Quinta: Incluía 51 puntos que trataban sobre el Poder Judicial de la República mexicana.

Sexta: En 31 artículos se abordó la División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos. Y se estableció que la República se dividiría en departamentos.

Séptima: Con 6 artículos y 8 transitorios, estipuló que en seis años no se le podrían hacer modificaciones a la Constitución.

En la Declaración del pueblo de Tejas, fechada el 17 de noviembre de 1835, se determinó que en virtud de haberse disuelto por la fuerza a las instituciones federales de México, el pueblo de Tejas tomaba las armas en defensa de sus derechos, libertades y de los principios republicanos de la Constitución federal de México de 1824.

Diecinueve gobiernos diferentes se sucedieron a partir de 1834 y hasta 1846.

El Tratado de Paz y Amistad suscrito el 28 de diciembre de 1836, entre nuestro país y España; y publicado el 2 de mayo de 1837, reconoció a México como nación libre, soberana e independiente.

El 30 de noviembre de 1838, se publicó una ley por la que se declaró que la nación se encontraba en estado de guerra con el gobierno francés; y el 9 de marzo de 1839 se firmó el tratado de paz. Esto a causa de la reclamaciones de indemnizaciones sobre daños causados a establecimientos de franceses radicados en México, durante los disturbios provocados por la reducción de la moneda de cobre, decretada el 8 de marzo de 1837.

En 1940 Yucatán intentó independizarse. En 1941 se instaló el Congreso Constituyente del Estado y en marzo se publicó la Constitución Política yucateca, donde aparecen, por vez primera, el juicio de amparo y la libertad de cultos.

Las tensiones internas del país se agudizaron y surgieron de nuevo las ideas monárquicas. El propio Santa Anna manifestó a los gobiernos de Inglaterra y Francia su convicción de que el restablecimiento de una monarquía constitucional traería estabilidad al país.

En abril de 1846, el gobierno estadounidense inició la invasión a México. El conflicto llegó a su fin con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848.

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#RumboAlCentenario La República centralista, las Constituciones de 1836 y 1843

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Al promulgarse la Constitución Federal de 1824 se pensó que sería la panacea a la violencia y desorden; no sucedió, al contrario México se adentró a un periodo de constantes enfrentamientos entre diversos grupos que deseaban imponer su visión de nación. En esta etapa destacó el hombre que se levantó contra el Imperio: Antonio López de Santa Anna.

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Acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 15 de junio del año de 1843, y publicadas por bando nacional el día 14 del mismo

EL C. Valentín Canalizo, General de División, Gobernador y Comandante general del Departamento de México.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación se me ha dirigido, con fecha 12 del actual, el decreto que sigue:

"Antonio López de Santa-Anna, Benemérito de la Patria, General de División y Presidente provisional de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que la Honorable Junta Nacional Legislativa, instituida conforme a los supremos decretos de 19 a 23 de Diciembre de 1842, ha acordado, y yo sancionado con arreglo a los mismos decretos, las siguientes

Bases de la organización política de la república mexicana

Artículo 1.- La Nación Mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos, como independiente, libre y soberana, adopta para su gobierno la forma de República representativa popular.

Artículo 2.- El territorio de la República comprende lo que fue antes virreinato de Nueva España, capitanía general de Yucatán, comandancias de las antiguas provincias internas de Oriente y Occidente, Baja y Alta California, y las Chiapas, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares.

Artículo 3.- El número de los Departamentos y sus límites se arreglarán definitivamente por una ley, continuando por ahora como existen. Las Californias y Nuevo-México podrán ser administrados con sujeción más inmediata a las supremas autoridades, que el resto de los Departamentos, si así pareciere al Congreso, el cual dará las reglas para su administración. Lo mismo podrá verificarse en uno u otro punto litoral que así lo exigiere por sus circunstancias particulares.

Artículo 4.- El territorio de la República se dividirá en Departamentos, y estos en distritos, partidos y municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme a la segunda parte del Artículo anterior, se denominarán territorios.

Artículo 5.- La suma de todo el poder público reside esencialmente en la Nación y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No se reunirán dos o más poderes en una sola corporación o persona, ni se depositará el legislativo en un individuo.

Artículo 6.- La Nación profesa y protege la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra.

Artículo 7.- Son habitantes de la República todos los que residen en puntos que ella reconoce por su territorio.

Artículo 8.- Son obligaciones de los habitantes de la República observar la Constitución y las leyes, y obedecer a las autoridades.

Artículo 9.- Derechos de los habitantes de la República.

I. Ninguno es esclavo en el territorio de la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase de libre, quedando bajo la protección de las leyes.

II. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones: todos tienen derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa calificación o censura. No se exigirá fianza a los autores, editores o impresores.

III. Los escritos que versen sobre el dogma religioso o las sagradas escrituras se sujetarán a las disposiciones de las leyes vigentes: en ningún caso será permitido escribir sobre la vida privada.

IV. En todo juicio sobre delitos de imprenta intervendrán jueces del hecho, que harán las calificaciones de acusación y de sentencia.

V. A ninguno se aprehenderá sino por mandato de algún funcionario a quien la ley dé autoridad para ello; excepto el caso de delito infraganti, en que puede hacerlo cualquiera del pueblo, poniendo al aprehendido inmediatamente en custodia a disposición de su juez.

VI. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y firmado, y solo cuando obren contra él indicios suficientes para presumirlo autor del delito que se persigue. Si los indicios se corroboraren legalmente, de modo que presten mérito para creer que el detenido cometió el hecho criminal, podrá decretarse la prisión.

VII. Ninguno será detenido más de tres días por la autoridad política sin ser entregado con los datos correspondientes al juez de su fuero, ni este lo tendrá en su poder más de cinco sin declararlo bien preso. Si el mismo juez hubiere verificado la aprehensión, o hubiere recibido al reo antes de cumplirse tres días de su detención, dentro de aquel término se dará el auto de bien preso, de modo que no resulte detenido más de ocho. El simple lapso de estos términos hace arbitraria la detención, y responsable a la autoridad que la cometa, y a la superior que deje sin castigo este delito.

VIII. Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trate. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad, según las leyes vigentes.

IX. En cualquier estado de la causa, en que aparezca que al reo no puede imponerse pena corporal, será puesto en libertad dando fianza.

X. Ninguno podrá ser estrechado por clase alguna de apremio o coacción a la confesión del hecho por que se le juzga.

XI. No será cateada la casa, ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.

XII. A ninguno podrá gravarse con otras contribuciones que las establecidas o autorizadas por el Poder Legislativo, o por las Asambleas departamentales en uso de las facultades que les conceden estas bases.

XIII. La propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que le corresponda según las leyes, ya consista en cosas, acciones o derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley. Cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación, se hará esta, previa la competente indemnización, en el modo que disponga la ley.

XIV. A ningún mexicano se le podrá impedir la traslación de su persona y bienes a otro país, con tal que no deje descubierta en la República responsabilidad de ningún género, y satisfaga por la extracción de sus intereses los derechos que establezcan las leyes.

Artículo 10.- Los extranjeros gozarán de los derechos que les concedan las leyes y sus respectivos tratados.

Artículo 11.- Son mexicanos:

I. Todos los nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y los que nacieren fuera de ella de padre mexicano.

II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821 y no hubieren renunciado su calidad de mexicanos: los que siendo naturales de Centro-América cuando perteneció a la Nación Mexicana se hallaban en el territorio de esta, y desde entonces han continuado residiendo en él.

III. Los extranjeros que hayan obtenido u obtuvieren carta de naturaleza conforme a las leyes.

Artículo 12.- Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, y fuera de ella de padre mexicano que no estuviere en servicio de la República, para gozar de los derechos de mexicano, han de manifestar que así lo quieren. La ley designará el modo de verificar esta manifestación y la edad en que deba hacerse.

Artículo 13.- A los extranjeros casados o que se casaren con mexicana, o que fueren empleados en servicio y utilidad de la República, o en los establecimientos industriales de ella, o que adquirieren bienes raíces en la misma, se les dará carta de naturaleza sin otro requisito, si la pidieren.

Artículo 14.- Es obligación del mexicano, contribuir a la defensa y a los gastos de la Nación.

Artículo 15.- Es derecho de los mexicanos que se les confieran exclusivamente los empleos y comisiones de nombramiento de cualquier autoridad, cuando para su ejercicio no se exija la calidad de ciudadano: si se requiere la circunstancia de pericia, serán preferidos los mexicanos a los extranjeros en igualdad de circunstancias.

Artículo 16.- Se pierde la calidad de mexicano:

I. Por naturalizarse en país extranjero.

II. Por servir bajo la bandera de otra nación sin licencia del Gobierno.

III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del Congreso.

Artículo 17.- El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabilitado por el Congreso.

Artículo 18.- Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho años, siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto. Los Congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los Departamentos, la renta que en cada uno de estos haya de requerirse para gozar los derechos de ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante los que llegaren a la edad que se exige para ser ciudadano, además de la renta dicha antes para entrar en ejercicio de sus derechos políticos, es necesario que sepan leer y escribir.

Artículo 19.- Son derechos de los ciudadanos mexicanos el de votar en las elecciones populares, y cuando en ellos concurran los requisitos señalados por las leyes, el de ser nombrados para los cargos públicos y los de elección popular.

Artículo 20.- Son obligaciones del ciudadano:

I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad.

II. Votar en las elecciones populares.

III. Desempeñar los cargos de elección popular cuando no tengan impedimento físico o moral, o excepción legal.

Artículo 21.- Se suspenden los derechos de ciudadano:

I. Por el estado de sirviente doméstico.

II. Por el de interdicción legal.

III. Por estar procesado criminalmente, desde el acto motivado de prisión, o desde la declaración de haber lugar a formación de causa a los funcionarios públicos hasta la sentencia, si fuere absolutoria.

IV. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago, o por tener casa de juegos prohibidos.

V. Por no desempeñar las cargas de elección popular, careciendo de causa justificada, en cuyo caso durará la suspensión el tiempo que debería desempeñar el encargo.

Artículo 22.- Se pierden los derechos de ciudadano:

I. Por sentencia que imponga pena infamante.

II. Por quiebra declarada fraudulenta.

III. Por mala versación, o deuda fraudulenta contraída en la administración de cualquier fondo público.

IV. Por el estado religioso.

Artículo 23.- Para que un ciudadano se tenga por suspenso en los casos 2, 4 y 5 del Artículo 21, o privado de los derechos de tal en el 3 del Artículo anterior, se requiere declaración de autoridad competente en la forma que disponga la ley.

Artículo 24.- El ciudadano que haya perdido sus derechos puede ser rehabilitado por el Congreso.

Artículo 25.- El Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, y en el Presidente de la República por lo que respecta a la sanción de las leyes.

Artículo 26.- Esta Cámara se compondrá de diputados elegidos por los Departamentos, a razon de uno por cada setenta mil habitantes: el Departamento que no los tenga elegirá siempre un diputado.

Artículo 27.- También se nombrará un diputado por cada fracción que pase de treinta y cinco mil habitantes, y por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

Artículo 28.- Para ser diputado se requiere:

I. Ser natural del Departamento que lo elige, o vecino de él con residencia de tres años por lo menos.

II. Estar en ejercicio de los derechos de ciudadano.

III. Tener treinta años de edad cumplidos al tiempo de la elección.

IV. Tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de capital físico o moral.

Artículo 29.- No pueden ser elegidos diputados por ningún Departamento: el Presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los magistrados de la Suprema Corte de justicia y marcial. Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, Gobernadores de Mitras, Provisores y Vicarios generales, Gobernadores, y los Comandantes generales no pueden serlo por los Departamentos donde ejerzan su jurisdicción o autoridad.

Artículo 30.- La Cámara de diputados se renovará por mitad cada dos años, saliendo los segundos nombrados por cada Departamento en la primera renovación. Si fuere número impar, saldrá primero la parte mayor, y seguirán después alternándose la parte menor y la mayor. Los Departamentos que nombraren un solo diputado, lo renovarán cada dos años.

Artículo 31.- Esta Cámara se compondrá de sesenta y tres individuos.

Artículo 32.- Dos tercios de senadores se elegirán por las Asambleas departamentales, el otro tercio por la Cámara de diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, en la forma que se dirá después.

Artículo 33.- Cada Asamblea departamental elegirá cuarenta y dos senadores por la primera vez, y en lo sucesivo el número que le corresponda para el tercio de senadores que hubiere de renovarse.

Artículo 34.- Las actas de las elecciones, de que habla el Artículo anterior, se remitirán por duplicado en la primera elección al consejo de representantes, y en lo sucesivo a la Cámara de senadores, o diputación permanente.

Artículo 35.- Por la primera vez el consejo de representantes, y en lo sucesivo la Cámara de senadores computará los votos dados por las Asambleas departamentales, y declarará senadores a los que hayan reunido el mayor número hasta completar los que deben ser elegidos. En caso de empate entre dos o más individuos, decidirá la suerte.

Artículo 36.- Para la elección del tercio de senadores que corresponden postular a la Cámara de diputados, al Presidente de la República, y a la Suprema Corte de justicia, sufragará cada una de estas autoridades un número igual al de los que hayan de ser elegidos, y la acta de elección se remitirá a la Cámara de senadores o a la diputación permanente.

Artículo 37.- Esta Cámara elegirá de entre los postulados el número que corresponda, después de haber declarado senadores a los que hubieren reunido los sufragios de las tres autoridades postulantes

Artículo 38.- Por esta primera vez el Presidente de la República en elección definitiva, y no por postulación, nombrará el tercio de senadores que en lo futuro ha de ser elegido según el Artículo 32 y con las calidades que exige el Artículo siguiente.

Artículo 39.- La Cámara de diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de justicia, postularán para senadores precisamente sujetos que se hayan distinguido por sus servicios y méritos en la carrera civil, militar y eclesiástica.

Artículo 40.- Las Asambleas departamentales elegirán los senadores que les corresponde, nombrando precisamente cinco individuos de cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios o comerciantes, y fabricantes. La elección de los demás recaerá en personas que hayan ejercido alguno de los cargos siguientes: Presidente o Vice-presidente de la República, secretario del despacho por más de un año, ministro plenipotenciario, gobernador de antiguo Estado o Departamento por más de un año, senador al Congreso general, diputado al mismo en dos legislaturas, y antiguo Consejero de gobierno, o que sea Obispo o General de División.

Artículo 41.- Al computarse los votos de las Asambleas departamentales, se hará con separación la de cada una de las clases expresadas en el Artículo anterior, sin mezclar los votos que resulten a favor de la de una con los de la otra.

Artículo 42.- Para ser senador, se requiere: ser mexicano por nacimiento, o estar comprendido en la parte segunda del Artículo 11, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, y tener una renta anual notoria, o sueldo que no baje de dos mil pesos, a excepción de los que se elijan para llenar el número asignado a las cuatro clases de agricultores, mineros, propietarios o comerciantes y fabricantes; los cuales deberán tener además una propiedad raíz que no baje de cuarenta mil pesos.

Artículo 43.- La Cámara de senadores se renovará por tercios cada dos años, eligiéndose por la de diputados, por el Presidente de la República, por la Suprema Corte de justicia y por las Asambleas departamentales la parte que respectivamente les corresponda.

Artículo 44.- Para la primera renovación se sacará por suerte de entre todos los senadores el tercio que deberá salir: para la segunda se verificará de entre los dos tercios que hayan quedado en la primera, y para lo sucesivo saldrán los más antiguos.

Artículo 45.- En cualquiera renovación de la Cámara de senadores se procederá de modo que siempre resulten completos los dos tercios que toca elegir a las Asambleas departamentales, y el tercio que deben nombrar las supremas autoridades, y que resulten igualmente completas las clases de que habla el Artículo 40.

Artículo 46.- Cualquier vacante que ocurra en el Senado se cubrirá por el nombramiento que hagan las autoridades a quienes corresponda, y si estas fueren las Asambleas departamentales, lo harán según la clase a que pertenezca la vacante. El nuevamente nombrado durará el tiempo que faltaba el que va a reemplazar.

Artículo 47.- Tendrá el Congreso dos períodos únicos de sesiones en el año: cada uno durará tres meses: el primero comenzará el 1 de Enero, y el segundo el 1 de Julio.

Artículo 48.- Solo será convocado el Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo exija algún negocio urgente.

Artículo 49.- El segundo periodo de sesiones se destinará exclusivamente al examen y aprobación de los presupuestos del año siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos, y al examen de la cuenta del año anterior que presente el Ministerio.

Artículo 50.- Sin embargo de que el Congreso general cierre sus sesiones, continuará las suyas el Senado hasta por treinta días, si tiene leyes pendientes en revisión.

Artículo 51.- Puede el Congreso prorrogar las sesiones ordinarias del segundo periodo por el tiempo necesario.

Artículo 52.- El Congreso y las Cámaras en el tiempo de prórroga de sesiones, y en las extraordinarias, pueden también ocuparse en sus funciones electorales, económicas y de jurado.

Artículo 53.- Corresponde la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República, a los diputados y a las Asambleas departamentales en todas materias, y a la Suprema Corte de justicia en lo relativo a la administración de su ramo.

Artículo 54.- No podrán dejar de tomarse en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial, las que dirigiere una Asamblea departamental sobre asuntos privativos de su Departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las Asambleas.

Artículo 55.- Toda iniciativa de ley se presentará en la Cámara de diputados.

Artículo 56.- Los proyectos de ley o decreto aprobados en la Cámara de diputados pasarán al Senado para su revisión.

Artículo 57.- Si el Senado los aprobare, modificare o adicionare, volverán a la Cámara de su origen.

Artículo 58.- Para la discusión de toda ley o decreto en cualquier Cámara se necesita la presencia de la mitad y uno más del total de sus individuos, y para su aprobación, la mayoría absoluta de los presentes. En la segunda revisión se requieren los dos tercios de la Cámara iniciadora para ser reproducido el proyecto, y si en la Cámara revisora no llegare a dos tercios el número de los que reprobaren, modificaren o adicionaren, se tendrá por aprobado.

Artículo 59.- Aprobado un proyecto de ley o decreto en primera o segunda revisión se pasará al Presidente de la República para su publicación.

Artículo 60.- Todas las leyes las publicará el Presidente de la República en la forma acostumbrada, dentro de seis días de su sanción. Las demás autoridades políticas las publicarán dentro de tercero día de su recibo. Los decretos, cuyo conocimiento corresponda a determinadas autoridades o personas, bastará que se publiquen en los periódicos del Gobierno.

Artículo 61.- Cuando el Senado reprobare o reformare una parte del proyecto, la Cámara de diputados se ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar en manera alguna los Artículos aprobados por el Senado.

Artículo 62.- Las proposiciones y proyectos desechados no pueden volver a proponerse en el mismo año, a no ser que sean reproducidos por nueva iniciativa de diverso origen que la primera.

Artículo 63.- En la interpretación, modificación, o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos, que deben observarse en su formación.

Artículo 64.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto.

Artículo 65.- Las leyes y decretos se publicarán bajo la siguiente fórmula: N.N. (aquí el nombre y apellido del Presidente) Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Nacional ha decretado y el Ejecutivo sancionado lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Artículo 66.- Son facultades del Congreso:

I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia.

II. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse.

III. Examinar y aprobar cada año la cuenta general que debe presentar el Ministerio de Hacienda por lo respectivo al año anterior.

IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la Nación y los de los Departamentos.

V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra, y el de la milicia activa; fijar el contingente de hombres respectivo a cada Departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su servicio y organización.

VI. Designar cada año el máximun de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre las armas.

VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y arbitrios para amortizarla.

VIII. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijando bases y designando garantías.

IX. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras.

X. Aprobar para su ratificación los concordatos celebrados con la Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación.

XI. Decretar la guerra por iniciativa del Presidente; aprobar los convenios y tratados de paz, y dar reglas para conceder patentes de corso.

XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero y de cabotaje, y dar al Gobierno bases y reglas generales para la formación de los aranceles de comercio.

XIII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de pesos y medidas.

XIV. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida de tropas nacionales fuera del país.

XV. Conceder indultos generales y amnistías cuando el bien público lo exija.

XVI. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones, y fijar las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones.

XVII. Reprobar los decretos dados por las Asambleas departamentales cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes, y en los casos prevenidos en estas bases.

XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujeción al Artículo 198 en los dos únicos casos de invasión extranjera, o de sedición tan grave que haga ineficaces los medios ordinarios de reprimirla. Esta resolución se tomará por dos tercios de cada Cámara.

XIX. Dar leyes excepcionales para la organización política de alguno o algunos Departamentos, por iniciativa del Presidente de la República.

Artículo 67.- No puede el Congreso:

I. Derogar, ni suspender las leyes prohibitivas de la introducción de géneros y efectos perjudiciales a la industria nacional sin el consentimiento previo de las dos terceras partes de las Asambleas departamentales.

II. Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie directa ni indirectamente.

A la ley solo corresponde designar con generalidad las penas para los delitos.

III. Dar a ninguna ley efecto retroactivo.

IV. Suspender o minorar las garantías individuales, si no es en los casos y modo dispuestos en el Artículo198.

Artículo 68.- Corresponde a cada una de las Cámaras, sin intervención de la otra, el arreglo de sus respectivas oficinas, el nombramiento, designación del número y dotación de los empleados en ellas, a quienes expedirá sus despachos el Presidente de la República, y cuanto a cada una resuelva por sí en estos puntos tendrá fuerza de ley: les corresponde asimismo arreglar la policía interior del local de sus sesiones: calificar las elecciones de sus individuos: resolver las dudas que ocurran sobre ellas, y todo lo que tenga relación con el desempeño de sus funciones.

Artículo 69.- Toca exclusivamente a la Cámara de diputados:

I. Vigilar, por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto desempeño de la contaduría mayor.

II. Nombrar los jefes y empleados de la contaduría mayor, a los cuales dará sus despachos el Presidente de la República.

Artículo 70.- Toca a la Cámara de senadores aprobar los nombramientos de plenipotenciarios, ministros y demás agentes diplomáticos y cónsules, y los de oficiales superiores del ejército y armada desde coronel inclusive arriba, y desempeñar las funciones que les señalan los Artículos 36 y 37.

Artículo 71.- Todo lo relativo a juntas preparatorias, ceremonial, orden de debates y demás puntos conexos con el desempeño de las funciones encomendadas a las Cámaras, se fijará en el reglamento interior del Congreso.

Artículo 72.- Mientras el Congreso forma su reglamento, se regirá por el de 23 de Diciembre de 1824.

Artículo 73.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que viertan y votos que emitan en el desempeño de sus funciones, sin que en ningún tiempo, ni por autoridad alguna puedan ser molestados por esta causa.

Artículo 74.- Los diputados y senadores no podrán ser juzgados en sus causas criminales y civiles durante su encargo y dos meses después, sino en la forma prevenida por la Constitución y las leyes.

Artículo 75.- No pueden los diputados ni senadores obtener empleo o ascenso de provisión del Gobierno, sino fuere de rigurosa escala; mas podrán, obtener del mismo, con permiso de la Cámara respectiva, y consentimiento del nombrado, comisiones o encargos de duración temporal, en cuyo caso el interesado cesará en sus antiguas funciones durante el encargo.

Artículo 76.- Cada una de las Cámaras conocerá de las acusaciones que se hicieren contra sus respectivos individuos, para el efecto de declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

Artículo 77.- Cualquiera de las dos Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado, para el efecto de declarar si ha o no lugar a la formación de causa, en las acusaciones por delitos oficiales o comunes de los secretarios del despacho, ministros de la Corte Suprema de justicia y marcial, consejeros de gobierno y de los Gobernadores de Departamento.

Artículo 78.- Las dos Cámaras reunidas formarán jurado, con el objeto arriba expresado, en las acusaciones contra el Presidente de la República por los delitos oficiales especificados en el Artículo 90, y en las que se hagan por delitos oficiales contra todo el Ministerio, o contra toda la Corte Suprema de Justicia o la marcial.

Artículo 79.- Se reunirán las dos Cámaras para computar los votos y declarar quién es Presidente de la República, y magistrados de la Suprema Corte de justicia en el tiempo y modo dispuesto por estas bases, y para abrir y cerrar las sesiones.

Artículo 80.- El día antes de cerrarse las sesiones de cualquier período del Congreso, la Cámara de senadores elegirá cuatro individuos y las de diputados cinco.

Artículo 81.- Los individuos de que habla el Artículo anterior, formarán la diputación permanente, que deberá durar hasta el periodo que sigue.

Artículo 82.- La diputación permanente tiene por objeto hacer la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando lo decrete el Gobierno; recibir las actas de elecciones de Presidente de la República, senadores y ministros de la Suprema Corte de justicia, citar a la Cámara respectiva para el desempeño de sus funciones cuando haya de ejercerlas según la ley, y ejercer las económicas que le señale el reglamento.

Artículo 83.- El Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un magistrado, que se denominará Presidente de la República. Este magistrado durará cinco años en sus funciones.

Artículo 84.- Para ser Presidente se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de cuarenta años y residir en el territorio de la República al tiempo de la elección.

II. Pertenecer al estado secular.

Artículo 85.- El Presidente es jefe de la administración general de la República, y le están encomendados especialmente el orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior.

Artículo 86.- Son obligaciones del Presidente:

I. Guardar la Constitución y las leyes y hacerlas guardar por toda clase de personas sin distinción alguna.

II. Hacer que a los tribunales se les den todos los auxilios necesarios para la ejecución de sentencias y providencias judiciales.

Artículo 87.- Corresponde al Presidente de la República:

I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso nacional y del Senado en su caso.

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho.

III. Nombrar con aprobación del senado ministros y demás agentes diplomáticos y cónsules de la República, y removerlos libremente.

IV. Expedir órdenes, y dar los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, sin alterarlas ni modificarlas.

V. Decretar que se convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, designando los únicos asuntos de que deberá ocuparse.

VI. Nombrar los empleados y funcionarios públicos, cuyo nombramiento no esté cometido a otra autoridad, y en la forma que dispongan las bases y las leyes.

VII. Expedir los despachos a todo empleado público cuando por la ley no deba darlos otra autoridad.

VIII. Suspender de sus empleos y privar, aun de la mitad de sus sueldos, hasta por tres meses, a los empleados de gobierno y hacienda infractores de sus órdenes. Si creyere que se les debe formar causa, o que es conveniente suspenderlos por tercera vez, los entregará con los datos correspondientes al juez respectivo.

IX. Cuidar de que se administre pronta justicia por los tribunales y jueces, dirigiéndoles excitativas y pidiéndoles informes justificados sobre los puntos que estime convenientes, para el efecto de hacer que se exija la responsabilidad a los culpables.

X. Hacer visitar, del modo que disponga la ley, a los tribunales y juzgados, siempre que tuviere noticia de que obran con morosidad, o de que en ellos se cometen desórdenes perjudiciales a la administración de justicia: hacer que den preferencia a las causas que así lo requieran para el bien público; y pedir noticia del estado de ellas cada vez que lo crea conveniente.

XI. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos a los que desobedecieren sus órdenes, o le faltaren al respeto debido, arreglándose a lo que dispongan las leyes.

XII. Dar jubilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo a lo que dispongan las leyes.

XIII. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de la moneda.

XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de las rentas generales, distribuyéndolas del modo y en la forma que dispongan las leyes.

XV. Formar los aranceles de comercio con sujeción a las bases que diere el Congreso.

XVI. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, neutralidad armada, y demás convenios con las naciones extranjeras, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación.

XVII. Admitir ministros y demás enviados y agentes extranjeros.

XVIII. Celebrar concordatos con la Silla apostólica, sujetándolos a la aprobación del Congreso.

XIX. Conceder el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, o decretar su retención. Esta facultad la usará con acuerdo del Congreso, cuando se versen sobre asuntos generales; con audiencia del Consejo, si son sobre negocios particulares; y con la de la Corte de Justicia si versaren sobre puntos contenciosos. No se extiende dicha facultad a los breves sobre materias de penitenciaría, que, como dirigidos al fuero interno, no estarán sujetos a presentación.

XX. Hacer dentro de treinta días observaciones con audiencia del Consejo a los proyectos aprobados por las Cámaras, suspendiendo su publicación; este término comenzará a contarse desde el mismo día en que los reciba. Si el proyecto aprobado fuere reproducido, el Gobierno podrá suspenderlo con audiencia del Consejo, hasta el inmediato período de sesiones, en que corresponda que las Cámaras puedan ocuparse del asunto, dándoles aviso de esta resolución dentro de igual término. Si fuere reproducido por los mismos dos tercios de ambas Cámaras, el Gobierno lo publicará. Cuando los treinta días de que habla este Artículo concluyan estando ya cerradas las sesiones del Congreso, dirigirá el Gobierno a la diputación permanente las observaciones que hiciere, o el aviso que debe dar. Pasado el referido término sin practicar nada de lo prevenido, se tendrá por acordada la sanción, y la ley o decreto se publicará sin demora.

XXI. Declarar la guerra en nombre de la Nación, y conceder patentes de corso.

XXII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra conforme a los objetos de su institución.

XXIII. Conceder cartas de naturalización.

XXIV. Expeler de la República a los extranjeros no naturalizados, perniciosos a ella.

XXV. Admitir las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de justicia y marcial, de los individuos del Consejo, y de los Gobernadores de los Departamentos.

XXVI. Conceder indultos particulares de la pena capital, en los casos y con las condiciones que disponga la ley.

XXVII. Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores, o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la Nación.

XXVIII. Conceder dispensas de edad y de cursos literarios, en los términos y con las circunstancias que prescriban las leyes.

XXIX. Nombrar oradores del seno del Consejo, que concurran a las Cámaras cuando lo estimare conveniente, para manifestar o defender las opiniones del Gobierno.

XXX. Aumentar o disminuir las fuerzas de policía de los Departamentos, según lo exijan las necesidades de su institución.

Artículo 88.- Además de los casos expresados en estas bases, el Presidente tendrá obligación de oír la opinión del Consejo en los negocios a que se refieren las facultades 4ª, 5ª y 18ª del Artículo anterior.

Artículo 89.- No puede el Presidente:

I. Mandar en personas las fuerzas de mar o tierra sin previo permiso del Congreso. El Presidente cesará en el ejercicio de sus funciones mientras mande las tropas, y solo será reputado como general en jefe.

II. Salir del territorio de la República durante su encargo y un año después sin permiso del Congreso.

III. Separarse más de seis leguas del lugar de la residencia de los Supremos Poderes sin permiso del Cuerpo Legislativo.

IV. Enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte alguna del territorio de la República.

V. Ejercer ninguna de sus atribuciones sin la autorización del secretario del despacho del ramo respectivo.

Artículo 90.- Son prerrogativas del Presidente: No poder ser acusado ni procesado criminalmente durante su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia nacional y forma de gobierno establecida en estas bases. Tampoco podrá ser acusado por delitos comunes, sino hasta pasado un año de haber cesado en sus funciones.

Artículo 91.- En las faltas temporales del Presidente de la República quedará depositado el Poder Ejecutivo en el presidente del Consejo. Si la falta o ausencia pasare de quince días, el Senado elegirá la persona que deba reemplazarlo, la cual deberá tener las cualidades que se requieren para este encargo. Si la falta fuere absoluta, y no ocurriere en el año en que deba hacerse la renovación, se verificará la elección en el modo prevenido en los Artículos 158 y siguientes, y el nombrado durará el tiempo que faltaba a aquel en cuyo lugar entra.

Artículo 92.- El Presidente interino gozará de las mismas prerrogativas, honores y consideraciones que el propietario, sin otra limitación que reducirse a dos meses el término de que habla el Artículo 90. Una ley señalará el sueldo del Presidente y el que deba disfrutar el que le sustituya.

Artículo 93.- El despacho de todos los negocios del Gobierno estará a cargo de cuatro ministros que se denominarán, de relaciones exteriores, gobernación y policía; de justicia, negocios eclesiásticos, instrucción pública e industria; de hacienda, y de guerra y marina.

Artículo 94.- Para ser ministro se requiere ser mexicano por nacimiento, o hallarse en el caso segundo del Artículo 11, y ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 95.- Son obligaciones de cada uno de los ministros:

I. Acordar con el Presidente el despacho de todos los negocios relativos a su ramo.

II. Presentar anualmente a las Cámaras antes del 15 de Enero una memoria especificativa del estado en que se hallen los ramos de la administración pública correspondientes a su ministerio, proponiendo en ella las reformas que estime convenientes.

El ministro de hacienda la presentará el 8 de Julio, y con ella la cuenta general de gastos del año último, el presupuesto general de los del siguiente, y la iniciativa de las contribuciones con que deben cubrirse.

Artículo 96.- Todos los negocios de gobierno se girarán precisamente por el ministerio a cuyo ramo pertenezcan, sin que un ministro pueda autorizar los que correspondan a otro.

Las órdenes que se expidieron contra esta disposición, y las del Presidente que no aparezcan con la debida autorización, no serán obedecidas ni cumplidas.

Artículo 97.- Todas las autoridades de la República, sin excepción alguna, prestarán cumplida obediencia a las órdenes que se les dirijan por los secretarios del despacho, siendo libradas en la forma prescrita por estas bases.

Artículo 98.- Los ministros tienen derecho de concurrir a las Cámaras siempre que así lo disponga el Presidente; deberán hacerlo cuando cualquiera de ellas lo acuerde y les darán de palabra o por escrito todos los informes que les pidan, salvando siempre el caso de que la revelación de un secreto comprometa el éxito de los negocios pendientes.

Artículo 99.- El ministerio formará un reglamento, especificando los negocios que correspondan a cada ramo, y lo presentará al Congreso dentro del primer período de sus sesiones para su aprobación. Este reglamento no podrá reformarse o alterarse sin permiso del Congreso.

Artículo 100.- Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que autoricen con sus firmas contra la Constitución y las leyes.

Artículo 101.- Los ministros se reunirán en junta cuando el Presidente lo disponga, o cuando así lo pidiere el ministro del ramo. Todos firmarán el acuerdo en el libro respectivo, anotándose los que disientan.

Artículo 102.- Serán responsables de las resoluciones que se tomaren en junta de ministros, los que acordaren, y en todo caso lo será el ministro que las autorice.

Artículo.- 103. El Presidente, después de oír las opiniones emitidas por los ministros en la junta, es libre para resolver lo que le parezca.

Artículo 104.- Habrá un Consejo de gobierno compuesto de diez y siete vocales nombrados por el Presidente.

Artículo 105.- Para ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, y haber servido sin nota por lo menos diez años en la carrera pública. El número de los consejeros se escogerá de modo que haya por lo menos tres personas que por su carrera se hayan versado en los negocios peculiares de cada ministerio.

Artículo 106.- El Presidente del Consejo será nombrado a principios de cada año por el Presidente de la República, de entre los vocales que sean mexicanos por nacimiento y del estado secular, a propuesta en terna del mismo Consejo.

Artículo 107.- El cargo de consejero es perpetuo, y solo se perderá por sentencia ejecutoriada que imponga esta pena.

Artículo 108.- Los consejeros no podrán ser diputados ni senadores.

Artículo 109.- Los consejeros serán responsables de los dictámenes que dieren contra la Constitución y las leyes.

Artículo 110.- El Consejo formará su reglamento interior, y lo sujetará a la aprobación del Congreso.

Artículo 111.- Es obligación del Consejo dar su dictamen al Gobierno en todos los asuntos que lo exijan estas bases y en los demás en que le consulte.

Artículo 112.- Es atribución del Consejo proponer al Gobierno los reglamentos y medidas que le parezcan útiles al mejor servicio público en todos los ramos de la administración.

Artículo 113.- Serán consejeros supernumerarios los que hayan ejercido el cargo de Presidente de la República, los declarados beneméritos de la patria, los que hayan sido secretarios del despacho por más de un año, los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, y los jefes superiores de hacienda jubilados que cuenten cuarenta años cumplidos de servicio.

Artículo 114.- Estos suplirán las ausencias y faltas temporales de los propietarios por el orden de antigüedad: y tendrán también voto en los asuntos graves en que el Gobierno quiera oír el dictamen del consejo pleno; o cuando el mismo consejo acuerde la concurrencia de todos sus individuos.

Artículo 115.- El Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales superiores y jueces inferiores de los Departamentos, y en los demás que establezcan las leyes. Subsistirán los tribunales especiales de hacienda, comercio y minería mientras no se disponga otra cosa por las leyes.

Artículo 116.- La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros y un fiscal. La ley determinará el número de suplentes, sus calidades, la forma de su elección, y su duración.

Artículo 117.- Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere:

I. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos.

II. Tener la edad de cuarenta años cumplidos.

III. Ser abogado recibido conforme a las leyes, y haber ejercido su profesión por espacio de diez años en la judicatura, o quince en el foro con estudio abierto.

IV. No haber sido condenado judicialmente en proceso legal por algún crimen, o delito que tenga impuesta pena infamante.

Artículo 118.- Son facultades de la Corte Suprema de Justicia:

I. Conocer en todas instancias de las causas criminales que se promuevan contra los funcionarios públicos, a quienes el Congreso o las Cámaras declaren con lugar a la formación de causa, y de las civiles de los mismos.

II. Conocer en todas las instancias de las causas civiles y criminales en que hagan de actores los funcionarios de que habla la fracción anterior, siempre que el reo lo solicite en cualquier estado del negocio, aun en el acto de citación para sentencia.

III. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales promovidas contra los ministros y demás agentes diplomáticos, y cónsules de la República.

IV. Conocer en todas instancias de las disputas que se promuevan en tela de juicio sobre contratos autorizados por el Supremo Gobierno.

V. Conocer de la misma manera de las demandas judiciales que un Departamento intentare contra otro, o los particulares contra un Departamento, cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso.

VI. Conocer también en todas las instancias de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de la Nación.

VII. Conocer de las causas llamadas de almirantazgo, presas de mar y tierra, y crímenes cometidos en alta mar.

VIII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de los Departamentos.

IX. Conocer de las causas criminales que deban formarse contra los subalternos inmediatos de la Suprema Corte por faltas, excesos, o abusos cometidos en el servicio de sus destinos.

X. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y juzgados de diversos Departamentos o fueros.

XI. Conocer en tercera instancia de los negocios civiles promovidos contra los gobernadores, y de los civiles y causas criminales comunes de los magistrados superiores de los Departamentos.

XII. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia por los tribunales superiores de los Departamentos. Mas si conviniere a la parte, podrá interponer el recurso ante el tribunal del Departamento más inmediato , siendo colegiado.

XIII. Conocer de los recursos de fuerza de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, provisores y vicarios generales, y jueces eclesiásticos; mas si conviniere a la parte, podrá introducirlo ante el tribunal del mismo Departamento, siendo colegiado, o ante el más inmediato que lo sea.

XIV. Oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y juzgándolas fundadas, iniciar la declaración correspondiente.

XV. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la misma Corte, a los que expedirá sus despachos el Presidente de la República.

Artículo 119.- No puede la Suprema Corte de Justicia:

I. Hacer reglamento alguno, ni aun sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales, que alteren o declaren las leyes.

II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación, o de los Departamentos.

Artículo 120.- No pueden los ministros de la Corte Suprema de Justicia:

I. Tener comisión alguna del Gobierno sin permiso del Senado.

II. Ser apoderados judiciales, ni asesores, ni ejercer la abogacía, sino en causa propia.

Artículo 121.- De las causas civiles de los ministros de la Suprema Corte de Justicia conocerá el tribunal de que hablan los Artículos 124 y siguientes.

Artículo 122.- Habrá una Corte Marcial compuesta de generales efectivos y de letrados, nombrados por el Presidente de la República a propuesta en terna del Senado. Estos magistrados serán perpetuos.

Artículo 123.- La organización de la Corte Marcial, y el modo de conocer en las diversas clases de asuntos que le corresponden, será objeto de una ley.

Artículo 124.- Para juzgar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial se elegirá un tribunal en esta forma. Cada bienio el segundo día de las sesiones, se insacularán todos los letrados que haya en ambas Cámaras. La de diputados sacará por suerte doce individuos, y los que resulten formarán el tribunal que conocerá de las causas mencionadas.

Artículo 125.- Este número se distribuirá en tres salas en la forma que disponga el reglamento del Congreso.

Artículo 126.- El acusado y acusador pueden recusar cada uno un juez en cada sala sin expresión de causa.

Artículo 127.- El hueco de las recusaciones se llenará con jueces de la sala siguiente; y para los que falten en la última, se sortearán de los letrados insaculados pertenecientes a la Cámara que no haya hecho la declaración de haber lugar a la formación de causa.

Artículo 128.- Si faltare número de los letrados de que habla el Artículo anterior, se elegirán por la Cámara respectiva de entre los demás individuos las personas que le parezcan para completar el total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos.

Artículo 129.- Si no llegare a veinte el numero de letrados insaculados de ambas Cámaras, se completará con otros individuos de las mismas, elegidos la mitad por cada una si la falta fuere de número par, si no lo fuere, la de diputados nombrará el número mayor, y la de senadores el menor; y si uno solo faltare, lo elegirá la Cámara de diputados.

Artículo 130.- Los que resulten nombrados para jueces no votarán en el jurado de acusación.

Artículo 131.- Cada Departamento tendrá una asamblea compuesta de un número de vocales, que no pase de once ni baje de siete, a juicio por esta vez de las actuales juntas departamentales. El número de suplentes será igual al de propietarios.

Artículo 132.- Para ser vocal de las Asambleas departamentales se requiere la edad de veinticinco años cumplidos, y las demás cualidades que para ser diputado al Congreso, y no estar comprendido en ninguna de sus excepciones.

Artículo 133.- Los vocales mencionados durarán cuatro años en su encargo, y se renovarán por mitad cada dos, saliendo por la primera vez los segundos nombrados, y en lo sucesivo los más antiguos. Si el número fuere impar, saldrá primero el número menor, y seguirán alternándose después la parte mayor y la menor.

Artículo 134.- Son facultades de las Asambleas departamentales:

I. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, o para hacer los extraordinarios que determinen según sus facultades, con aprobación del Congreso, sin perjuicio de llevarlos a efecto inmediatamente que los decreten. El Presidente de la República puede suspender la ejecución de estos arbitrios, dando cuenta sin demora al Congreso.

II. Arreglar la inversión y contabilidad de la hacienda del Departamento.

III. Crear los empleos necesarios para la recaudación y distribución de la hacienda departamental, asignarles sus dotaciones, y reglamentar las obligaciones de los empleados.

IV. Crear fondos para establecimientos de instrucción, utilidad o beneficencia pública, con los requisitos designados en la atribución primera.

V. Decretar lo conveniente, y conforme a las leyes de la adquisición, enajenaciones y permutas de bienes que pertenezcan al común del Departamento. Sobre enajenaciones de terrenos se observarán las leyes vigentes, y lo que determinen las de colonización.

VI. Disponer la apertura y mejora de los caminos del Departamento, y cuidar de su conservación, estableciendo en ellos peajes para cubrir sus costos; entendiéndose esta atribución sin perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre caminos generales.

VII. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos literarios, y sujetándose a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados.

VIII. Crear y reglamentar establecimientos de beneficencia, corrección o seguridad.

IX. Reglamentar el contingente de hombres que para el ejército deba dar el Departamento.

X. Hacer la división política del territorio del Departamento, establecer corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus ordenanzas respectivas, y reglamentar la policía municipal, urbana y rural.

XI. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo conveniente para conservarla.

XII. Fomentar la agricultura, industria y demás ramos de prosperidad, según sus facultades.

XIII. Aprobar los planes de arbitrios municipales, y los presupuestos anuales de los gastos de la municipalidades.

XIV. Establecer y organizar los tribunales superiores y juzgados inferiores, respetando la propiedad de los actuales magistrados y jueces, y reglamentar el ejercicio de sus funciones, sin alterar el orden de procedimientos que disponen o dispusieren las leyes.

XV. Hacer al Congreso iniciativas de ley en uso de la facultad que les da el Artículo 53.

XVI. Consultar al Gobierno en todos los asuntos en que este lo exija, y también en los que deba hacerlo conforme a estas bases y las leyes.

XVII. Proponer al Gobierno Supremo una lista de todas las personas que le parezcan a propósito, y que no sean menos de cinco para el nombramiento de gobernador. En los Departamentos fronterizos no tendrá obligación el Gobierno de sujetarse a esta lista, y sucederá lo mismo cuando en alguno otro Departamento, y en caso extraordinario, lo acordare el Congreso por iniciativa del Presidente.

XVIII. Hacer las elecciones, según estas bases, de Presidente de la República, individuos de la Suprema Corte de Justicia y senadores.

XIX. Decretar la fuerza de policía que debe haber en el Departamento, y reglamentar su servicio, que se reducirá a conservar el orden, cuidar de la seguridad pública, y auxiliar la ejecución de los mandatos de las autoridades políticas y judiciales. Esta fuerza no gozará fuero, y deberá estar distribuida en las poblaciones con proporción a sus necesidades.

Artículo 135.- Son obligaciones de las Asambleas departamentales:

I. Formar anualmente la estadística de su Departamento, y dirigirla al Gobierno Supremo con las observaciones que crea convenientes al bien y progreso del Departamento.

II. Formar los presupuestos anuales de los gastos del Departamento y dirigirlos al Congreso general para que los tenga presentes al revisar los arbitrios que ellas establezcan para completarlos.

Artículo 136.- Habrá un Gobernador en cada Departamento, nombrado por el Presidente de la República a propuesta de las asambleas departamentales, según la facultad XVII del Artículo 134. Durará cinco años en su encargo, contados desde el día que tome posesión.

Artículo 137.- Para ser Gobernador se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, natural o vecino del Departamento, tener dos mil pesos de renta efectiva; y haber servido por cinco años en empleos o cargos públicos.

Artículo 138.- Las faltas temporales de los gobernadores se suplirán por el vocal más antiguo secular de la Asamblea departamental: la falta absoluta se cubrirá por nueva elección en la forma prevenida en estas bases. El nombrado no podrá nunca durar más tiempo que el que faltaba al Gobernador reemplazado.

Artículo 139.- La propuesta para Gobernador, se hará en los diez primeros días de Febrero del año en que debe renovarse.

Artículo 140.- Son obligaciones de los Gobernadores de los Departamentos:

I. Cuidar de la conservación del orden público en lo interior del Departamento.

II. Publicar las leyes y decretos del Congreso Nacional, y los decretos del Presidente de la República, a más tardar, al tercer día de su recibo, haciendo que tengan su cumplimiento dentro del territorio en que ejercen sus funciones.

III. Publicar, y hacer cumplir los decretos de las Asambleas departamentales.

IV. Remitir al Gobierno Supremo los decretos de las Asambleas departamentales.

Artículo 141.- Los gobernadores son el conducto único y necesario de comunicación con las supremas autoridades de la República; exceptuándose los casos de acusación, o queja contra ellos mismos, y la correspondencia oficial de los tribunales superiores con la Suprema Corte de Justicia en materias judiciales.

Artículo 142.- Son atribuciones de los gobernadores de Departamento:

I. Devolver dentro de ocho días a las asambleas departamentales sus decretos cuando los consideren contrarios a estas bases o a las leyes; si insistieren en ellos, los remitirán al Gobierno también dentro de ocho días para los efectos que prescriben la atribución XVII del Artículo 66, suspendiendo entretanto su publicación.

II. Devolver por una vez, dentro de ocho días, a las asambleas departamentales sus decretos que no estén en el caso del Artículo anterior, exponiéndole los motivos que tenga en su contra; si insistieren en ellos, los publicará precisamente.

III. Nombrar las autoridades políticas subalternas del Departamento.

IV. Nombrar los empleados que se establezcan para recaudar y distribuir la hacienda que toque al Departamento. En este nombramiento se respetará la propiedad de los actuales empleados.

V. Presentar ternas al Presidente de la República con acuerdo de las asambleas departamentales para el nombramiento de magistrados superiores, jueces letrados y asesores; oyendo en todo caso los informes de los tribunales superiores.

VI. Ejercer respecto de los empleados del Departamento la misma facultad que da al Presidente de la República la atribución VIII del Artículo 87, e imponer multas a los que le falten al respeto, en los casos y en el modo que dispongan las leyes.

VII. Vigilar para que se administre prontamente justicia en el Departamento de la misma manera que debe hacerlo el Presidente de la República.

VIII. Ser presidente nato de la Asamblea departamental con voto en ella, y el de calidad en caso de empate, no siendo la votación en ejercicio del poder electoral.

IX. Disponer de la fuerza de policía para los objetos de su institución.

X. Ser jefe de la hacienda pública del Departamento, y tener en la general la vigilancia que le concede la ley.

XI. Conceder permisos para el establecimiento de asociaciones públicas literarias, o de beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en ellos cuanto fuere contrario a las leyes o al orden público.

Artículo 143.- A los Gobernadores se les ministrarán por la fuerza armada los auxilios que necesiten para la conservación del orden en sus Departamentos.

Artículo 144.- Las leyes secundarias, y los decretos que las asambleas departamentales expidan en uso de las atribuciones que estas bases les otorgan, designarán las facultades y obligaciones de los gobernadores, según las bases anteriores.

Artículo 145.- Los gobernadores en sus causas civiles serán juzgados en primera y segunda instancia por los tribunales superiores de los Departamentos, en que ejercen sus funciones o de aquellos cuya capital sea más inmediata, a elección del actor.

Artículo 146.- Habrá en los Departamentos tribunales superiores de justicia y jueces inferiores. Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferiores de un Departamento, terminarán dentro de su territorio en todas instancias. Una ley determinará el modo de suplir las segundas y terceras instancias en los Departamentos que no pudieren establecer tribunales superiores.

Artículo 147.- Todas las poblaciones de la República se dividirán en secciones de quinientos habitantes, para la celebración de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán, por medio de boletas, un elector por cada quinientos habitantes. En las poblaciones que no lleguen a este número se celebrarán sin embargo juntas primarias, y se nombrará en ellas un elector.

Artículo 148.- Los electores primarios nombrarán a los secundarios que han de formar el colegio electoral del Departamento, sirviendo de base el nombrar un elector secundario por cada veinte de los primarios que deben componer la junta.

Artículo 149.- El colegio electoral nombrado conforme al Artículo anterior, hará la elección de diputados al Congreso, y de vocales de la respectiva Asamblea departamental.

Artículo 150.- Para ser elector primario o secundario, se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, vecino del partido donde se le elija, y no ejercer en él jurisdicción contenciosa. Los electores primarios deberán ser residentes en la sección en que sean nombrados, y los secundarios en el partido: éstos además deberán tener una renta anual de quinientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo honesto. Los Congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los Departamentos, la renta que en cada uno haya de requerirse para ser elector secundario.

Artículo 151.- Las autoridades políticas harán celebrar las elecciones en el día designado por la ley.

Artículo 152.- Los individuos pertenecientes a la milicia votarán en la sección de su cuartel, y no se presentarán armados ni formando cuerpo.

Artículo 153.- Las juntas electorales calificarán la validez de la elección anterior, y si los individuos en quienes haya recaído tienen los requisitos que exige la ley.

Artículo 154.- En caso de empate decidirá la suerte.

Artículo 155.- Cada seis años se renovará el censo de la población de los Departamentos, y por él se computará el número de sus representantes.

Artículo 156.- Las elecciones primarias se verificarán cada dos años el segundo domingo de Agosto; las secundarias el primer domingo de Setiembre, y las de los colegios electorales para nombrar diputados al Congreso y vocales de las Asambleas departamentales, el primer domingo de Octubre y lunes siguiente.

Artículo 157.- Las Asambleas departamentales calificarán si los vocales nombrados tienen los requisitos que se exigen para serlo. Cualquiera otra calificación sobre validez de estas elecciones quedará comprendida en la que haga la Cámara de diputados según el Artículo 68, sin perjuicio de que los electos entren desde luego a funcionar. Las actuales juntas departamentales harán por esta vez la calificación sobre si los individuos que han de sucederles tienen los requisitos que exige la ley.

Artículo 158.- El 1 de Noviembre del año anterior a la renovación del Presidente de la República, cada Asamblea departamental, por mayoría de votos, y en caso de empate conforme dispone el Artículo 154, sufragará para Presidente por una persona que reúna las calidades requeridas para ejercer esta magistratura.

Artículo 159.- La acta de esta elección se remitirá por duplicado y en pliego certificado a la Cámara de diputados, y en su receso a la diputación permanente.

Artículo 160.- El día 2 de Enero del año en que debe renovarse el Presidente, se reunirán las dos Cámaras y abrirán los pliegos, regularán los votos, calificarán las elecciones conforme a los Artículos 164 y 168, y declararán Presidente al que haya reunido mayoría absoluta de sufragios.

Artículo 161.- Si no hubiere mayoría absoluta, las Cámaras elegirán Presidente de entre los dos que tuvieren mayor número de votos. Si hubiere más de dos que excedan en votos, pero en número igual a los demás, el Presidente será elegido entre estos.

Artículo 162.- Si no hubiere mayoría respectiva, y entre los que reúnan menos votos hubiere dos o más que tengan igual número, pero mayor que el resto, las Cámaras para hacer la elección de Presidente, elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero. Todos estos actos se ejecutarán en una sola sesión.

Artículo 163.- Las votaciones de que hablan los Artículos anteriores se harán por mayoría absoluta de votos; en caso de empate se repetirá la votación, y si volviere a resultar, decidirá la suerte.

Artículo 164.- Los actos especificados para la elección de Presidente serán nulos ejecutándose en otros días que los señalados, a no ser que la sesión haya sido continua y no se haya podido acabar en el día. Solo en el caso de que algún transtorno social imposibilite, o la reunión del Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada Cámara, designará otros días, valiendo este acuerdo extraordinariamente y por aquella sola vez.

Artículo 165.- El Presidente terminará en sus funciones el 1 de Febrero del año de su renovación, y en el mismo día tomará posesión el nuevamente nombrado, o en defecto de éste el que haya de sustituirlo, conforme a estas bases.

Artículo 166.- Las vacantes que hubiere en la Suprema Corte de Justicia se cubrirán por elección de las Asambleas departamentales, haciéndose la computación por las Cámaras en la forma prescrita para la elección de Presidente.

Artículo 167.- Las elecciones de senadores correspondientes al tercio que debe renovarse cada dos años se verificarán por las Asambleas departamentales, Cámara de diputados, Presidente de la República y Suprema Corte de Justicia, el 1 de Octubre del año anterior a la renovación. La elección y computación que debe hacer el Senado con arreglo a los Artículos 37 y 35, se harán el 1 de Diciembre siguiente. Los nuevos senadores y diputados entrarán en posesión de su cargo el 1 de Enero inmediato.

Artículo 168.- Ninguna elección podrá considerarse nula, sino por alguno de los motivos siguientes: 1 Falta de calidades constitucionales en el electo. 2 Intervención o violencia de la fuerza armada en las elecciones. 3 Falta de mayoría absoluta de los que tienen derecho de votar en las elecciones que no sean primarias. 4 Error o fraude en la computación de los votos.

Artículo 169.- El nombramiento de Consejero prefiere al de diputado y senador: el de senador al de diputado: el de senador electo por las Asambleas departamentales al postulado por las primeras autoridades; y el de diputado por vecindad al que lo fuere por nacimiento.

Artículo 170.- Los gobernadores de los Departamentos serán nombrados en todo el mes de Marzo del año en que deben renovarse, y tomarán posesión el 15 de Mayo siguiente.

Artículo 171.- Los decretos que expidan el Congreso y el Senado en ejercicio de sus funciones electorales, conforme a estas bases, no están sujetos a observaciones del Gobierno.

Artículo 172.- El Senado señalará los días en que deben hacerse las elecciones para llenar las vacantes de Presidente de la República, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 173.- Las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y vocales de las Asambleas departamentales, se harán en el año presente en los días designados en estas bases. El primer Congreso abrirá sus sesiones el 1 de Enero inmediato. El Consejo de Gobierno comenzará sus funciones el mismo día, nombrándose al efecto por el Presidente provisional de la República: el Presidente constitucional entrará a funcionar el 1 de Febrero siguiente; y en los diez días primeros del propio mes se hará la propuesta para gobernadores de los Departamentos. Las nuevas Asambleas departamentales comenzarán el 1 de Enero inmediato. Para facilitar las elecciones primarias y secundarias en la primera vez, se observará lo que acerca de ellas está dispuesto en la ley de 30 de Noviembre de 1836, en lo que no se oponga a estas bases.

Artículo 174.- Si en cualquiera de los Departamentos dejaren de celebrarse las elecciones primarias, secundarias o de Departamento en los días designados en estas bases, el Congreso, y en su receso la diputación permanente, señalará el día en que deban hacerse, y por esta vez el Gobierno.

Artículo 175.- Se dispondrán las cárceles de modo que el lugar de la detención sea diverso del de la prisión.

Artículo 176.- A nadie se exigirá juramento en materia criminal sobre hecho propio.

Artículo 177.- Los jueces, dentro de los tres primeros días que esté el reo detenido a su disposición, le tomarán su declaración preparatoria, manifestándole antes el nombre de su acusador, si lo hubiere, la causa de su prisión, y los datos que haya contra él.

Artículo 178.- Al tomar la confesión al reo, se le leerá íntegro el proceso, y si no conociere a los testigos, se le darán todas las noticias conducentes para que los conozca.

Artículo 179.- Queda prohibida la pena de confiscación de bienes; mas cuando la prisión fuere por delitos que traigan consigo responsabilidad pecuniaria, podrán embargarse los suficientes para cubrirla.

Artículo 180.- La nota de infamia no es trascendental.

Artículo 181.- La pena de muerte se impondrá sin aplicar ninguna otra especie de padecimientos físicos que importen mas que la simple privación de la vida.

Artículo 182.- Cualquier falta de observancia en los trámites esenciales de un proceso produce la responsabilidad del juez, y en lo civil además la nulidad para solo el efecto de reponer el proceso. La ley señalará los trámites que son esenciales en cada juicio.

Artículo 183.- En ninguna causa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, podrá haber más de tres instancias. La ley fijará el número de las que en cada causa debe haber para que la sentencia quede ejecutoriada.

Artículo 184.- Los magistrados y jueces que hubieren fallado en una instancia, no podrán hacerlo en otra.

Artículo 185.- Los litigantes tienen derecho para terminar sus pleitos civiles, y los criminales sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya sentencia será ejecutada conforme a las leyes.

Artículo 186.- Para entablar cualquier pleito civil, o criminal sobre injurias puramente personales, debe intentarse antes el medio de la conciliación, en la forma y con las excepciones que establezca la ley.

Artículo 187.- Los códigos civil, criminal y de comercio, serán unos mismos para toda la Nación, sin perjuicio de las variaciones que en algunos lugares podrá hacer el Congreso por circunstancias particulares.

Artículo 188.- Los magistrados de los tribunales superiores y los jueces letrados serán perpetuos.

Artículo 189.- Los magistrados y jueces no podrán ser suspensos sino en los casos comprendidos en la parte 7ª del Artículo 142, o en el Artículo 191, o por auto judicial; ni privados de sus cargos sino por sentencia ejecutoriada que imponga esta pena.

Artículo 190.- Si el Presidente de la República, por resultado del uso de las atribuciones IX y X contenidas en el Artículo 87, o por quejas fundadas contra cualesquiera magistrados o jueces, creyere que se les debe exigir la responsabilidad, reunirá los datos convenientes, y oído el dictamen de su Consejo, pasará todo al juez respectivo, dejando al acusado suspenso de su empleo. No se entiende lo prevenido en este Artículo respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial.

Artículo 191.- El Congreso general, por sí, o excitado por el Presidente de la República, podrá decretar con respecto a la Suprema Corte de Justicia y a la Marcial las mismas visitas que se previenen en la facultad 10 del Artículo 87 respecto de los tribunales superiores y juzgados inferiores, y si de la visita resultare que debe exigirse la responsabilidad a alguno o algunos magistrados, se pasarán los datos conducentes a la sección del Gran Jurado de alguna de las Cámaras.

Artículo 192.- Podrá el Congreso establecer, por determinado tiempo, juzgados especiales fijos o ambulantes, para perseguir y castigar a los ladrones en cuadrilla, con la circunstancia de que estos juzgados sean de primera instancia, y que la confirmación de las sentencias se haga por los tribunales de segunda y tercera instancia del territorio donde dieren su fallo.

Artículo 193.- Una ley general fijará el modo de proceder de estos tribunales, y podrá también abreviar los trámites de las segundas y terceras instancias, sin que en caso alguno puedan admitirse pruebas privilegiadas, ni privarse a los reos de los recursos que conceden las leyes para su defensa.

Artículo 194.- Se establecerán fiscales generales cerca de los tribunales para los negocios de Hacienda y los demás que sean de interés público.

Artículo 195.- En los delitos de imprenta no hay complicidad en los impresores; pero serán responsables si no se aseguran en la forma legal de la responsabilidad del editor o escritor, o si imprimieren escritos contra la vida privada, no entendiéndose por tales los que versen sobre crímenes o faltas de los funcionarios públicos, relativos al cumplimiento de sus deberes. La ley señalará el tiempo que debe durar la responsabilidad del impresor.

Artículo 196.- Una ley determinará los casos en que abusa de la libertad de imprenta, designará las penas y arreglará el juicio, no pudiendo señalar otros abusos que los siguientes: contra la religión, contra la moral y buenas costumbres; provocación a la sedición y a la desobediencia a las autoridades; ataques a la independencia y forma de gobierno que establecen estas bases, y cuando se calumnie a los funcionarios públicos en su conducta oficial.

Artículo 197.- Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería, produce acción popular contra cualquier funcionario público que la cometiere.

Artículo 198.- Si en circunstancias extraordinarias la seguridad de la Nación exigiere en toda la República, o parte de ella, la suspensión de las formalidades prescritas en estas bases, para la aprehensión y detención de los delincuentes, podrá el Congreso decretarla por determinado tiempo.

Artículo 199.- La Hacienda pública se dividirá en general y departamental. En el primer período de sesiones del primer Congreso se dará la ley, distribuyendo las rentas en las dos partes expresadas, de modo que las asignadas a los Departamentos sean proporcionadas a sus gastos, incluyendo en estos el pago de las dietas de sus respectivos diputados.

Artículo 200.- Una ley, que iniciará el Gobierno en el primer período de sesiones del primer Congreso, arreglará la Hacienda general, y establecerá como base señalar los medios de amortizar la deuda pública, y los fondos con que debe hacerse.

Título XI. De la observancia y reforma de estas bases

Artículo 201.- Todo funcionario público antes de tomar posesión de su destino, o para continuar en él, prestará juramento de cumplir lo dispuesto en estas bases. El Gobierno reglamentará el acto del juramento de todas las autoridades.

Artículo 202.- En cualquier tiempo podrán hacerse alteraciones o reformas a estas bases. En las leyes que se dieren sobre esta materia, se observará todo lo prevenido respecto de las leyes comunes, sin más diferencia que para toda votación, sea la que fuere, no se han de requerir ni más ni menos de dos tercios de votos en las dos Cámaras. El Ejecutivo tendrá en estos casos la facultad 20 del Artículo 87.

Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo provisional para los efectos consiguientes. Sala de sesiones de la Honorable Junta Legislativa en México, a 12 de Junio de 1843. Manuel Baranda, presidente.- Cayetano Ibarra, vicepresidente.- Dr. José María Aguirre.- Ignacio Alas.- Basilio Arrillaga.- José Arteaga.- Pedro Agustín Ballesteros.- Pánfilo Barasorda.- José Ignacio Basadre. Manuel Diez de Bonilla-. José de Caballero.- Sebastián de Camacho.- Tiburcio Cañas.- Martín Carrera.- Crispiniano del Castillo.- José Fernández de Celis.- Luis G. de Chávarri.- José Florentino Conejo.- José Gómez de la Cortina.- Mariano Domínguez.- Pedro Escobedo.- Rafael Espinosa.- Pedro García Conde.- Simón de la Garza.- Juan de Goríbar.- José Miguel Garibay.- Antonio de Icaza.- Juan Manuel, Arzobispo de Cesarea.- José María Iturralde.- Juan Icaza.- Manuel Larraínzar.- Joaquín Lebrija.- Francisco Lombardo.- Diego Moreno.- Dr. Manuel Moreno y Jove.- José Francisco Nájera.- Juan Gómez de Navarrete.- Francisco Ortega.- Juan de Orbegoso-. Antonio Pacheco Leal.- Manuel Payno y Bustamante.- Manuel de la Peña y Peña-. Tomás López Pimentel.- Manuel, Arzobispo de México.- Andrés Pizarro.- José María Puchet.- Andrés Quintana Roó.- Santiago Rodríguez.- Romualdo Ruano.- Juan Rodríguez de San Miguel.- Gabriel Sagaseta.- Vicente Sánchez Vergara-. Vicente Segura.- Gabriel de Torres.- Gabriel Valencia.- José Mariano Vizcarra.- Hermenegildo de Viya y Cosío.- José Manuel Zozaya.- Luis Zuloaga.-. Miguel Cervantes.- Manuel Dublan.- Mariano Pérez Tagle.- Urbano Fonseca.- Manuel Rincón.- Juan José Quiñones, vocal secretario.- Juan Martín de la Garza y Flores, vocal secretario.- José Lázaro Villamil, vocal secretario.- José María Cora, vocal secretario.

Yo Antonio López de Santa-Anna, Presidente provisional de la República, sanciono las bases orgánicas, formadas por la Junta Nacional Legislativa, con arreglo a lo prevenido en los decretos de 19 y 23 de Diciembre de 1842, y en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferirme, hoy 12 de Junio de 1843.-Antonio López de Santa-Anna.- José María Bocanegra, Ministro de Relaciones y Gobernación.- Pedro Vélez, Ministro de Justicia e Instrucción pública.- Ignacio Trigueros, Ministro de Hacienda.- José María Tornel y Mendívil, Ministro de Guerra y Marina.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno general en México, a 12 de Junio de 1843. Antonio López de Santa-Anna.- Al Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Y lo comunico a V.E. para su inteligencia y exacto cumplimiento.

Dios y libertad. México, Junio 12 de 1843.- Bocanegra.- Exmo. Sr. Gobernador del Departamento de México".

Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique por bando en esta capital y en las demás ciudades, villas y lugares de la comprensión de este Departamento, fijándose en los parajes acostumbrados y circulándose a quienes toque cuidar de su observancia. Dado en México, a 14 de Junio de 1843.- Valentín Canalizo.- Luis G. de Chávarri, secretario.

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Bases orgánicas de la República Mexicana de 1843

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Acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 15 de junio del año de 1843, y publicadas por bando nacional el día 14 del mismo EL C.

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Gobiernos centralistas (1835 - 1836) y la constitución de 1836

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Gobiernos centralistas (1835 - 1836) y la constitución de 1836