# data[].attributes.body
Me parece preocupante que a pesar del tiempo transcurrido desde las protestas en Perú, aún no exista una garantía clara de parte del Estado para evitar que se repitan las graves violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. El informe resalta testimonios muy duros y evidencia la necesidad urgente de justicia y reparación para las víctimas. Es lamentable que muchas familias sigan esperando respuestas, y que no haya una voluntad real de cambio estructural dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos ciudadanos. Creo que este tipo de hechos no deben normalizarse, y como sociedad tenemos que exigir que se protejan los derechos fundamentales, sobre todo en contextos de protesta social.

# data[].attributes.body
Este caso refleja un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales en Perú. La represión sistemática a manifestantes no solo es una tragedia humana, sino una violación estructural al Estado de Derecho. Este tipo de acciones atenta contra principios esenciales del Estado de Derecho, como la legalidad, la rendición de cuentas, y la igualdad ante la ley.

# data[].attributes.body
La noticia trata sobre las protestas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en Juliaca, donde murieron 18 personas en un solo día por acción de las fuerzas del orden. Amnistía Internacional presentó un informe que señala posibles responsabilidades penales de la presidenta Dina Boluarte y altos funcionarios por permitir el uso excesivo de la fuerza. A pesar de las pruebas, las investigaciones están estancadas, y se pide al fiscal de la Nación que actúe con urgencia para lograr justicia y evitar que estos hechos se repitan.

# data[].attributes.body
La defensa de los derechos humanos es esencial en cualquier democracia. Cuando se infringen estos derechos durante las protestas, no solo se perjudica a los manifestantes, sino que también se debilita la confianza en las instituciones y en el estado de derecho. Es vital que el gobierno peruano implemente medidas claras para evitar abusos, asegurando un entorno seguro para la libertad de expresión y el derecho a protestar de manera pacífica. De lo contrario, existe el peligro de que se mantenga un ciclo de violencia y desconfianza en la sociedad.

# data[].attributes.body
Lo más preocupante es que, hasta ahora, no ha habido una verdadera rendición de cuentas. Esto hace que mucha gente en el país pierda confianza en las instituciones y en el mismo gobierno. En este contexto, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales son clave, porque los derechos de las personas, como el de poder protestar pacíficamente, deben ser protegidos siempre, sin importar la situación política.

Es fundamental que se hagan investigaciones justas y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos para evitar que algo así se repita.

# data[].attributes.body
El texto destaca que estas muertes no fueron incidentes aislados atribuibles a agentes descontrolados, sino parte de una respuesta estatal deliberada y coordinada. Amnistía Internacional señala que las decisiones tomadas por la presidenta Dina Boluarte y sus ministros tuvieron consecuencias letales, lo que sugiere una posible responsabilidad penal individual en estos hechos. La organización enfatiza la necesidad de investigar a todos los niveles de la cadena de mando para garantizar que estos crímenes no queden impunes.

# data[].attributes.body
La noticia sobre las violaciones de derechos humanos en Perú es profundamente conmovedora, es inaceptable que, en pleno siglo XXI, quienes alzan la voz en protesta enfrenten represión y violencia. La protesta pacífica es un derecho, no un delito, ninguna persona debería ser maltratada por expresar su opinión o exigir justicia. Es imperativo que las autoridades peruanas garanticen que estos hechos no se repitan y que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.